Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00173-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00173-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00173-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00173-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
12 de marzo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00173-00
Demandante: Ángel Armando Espinosa Suárez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 12 de marzo de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00173-00
Demandante: ÁNGEL ARMANDO ESPINOSA SUÁREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
Temas: Contra providencias judiciales dictadas en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Improcedencia de la acción de tutela.
Relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Ángel Armando Espinosa
Suárez contra el Tribunal Administrativo de Nariño y el Juzgado Cuarto Administrativo de
Pasto.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 15 de enero de 2026, en ejercicio de la acción de tutela, por conducto de apoderado,
el señor Ángel Armando Espinosa Suárez pidió la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la dignidad humana y de acceso a la
administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de las sentencias del
19 de diciembre de 2019 y del 26 de septiembre de 2025, dictadas por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Nariño y el Tribunal Administrativo de Nariño, respectivamente, que
denegaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 52001-33-33-004-2018-00081-00/01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
5.1.Sírvase H. Magistrado(a), tutelar a favor de la parte accionante, los derechos constitucionales
fundamentales al DEBIDO PROCESO, LA DIGNIDAD HUMANA, IGUALDAD, ACCESO EFECTIVO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, postulados constitucionales relacionados con la BUENA FE,
CONFIANZA LEGITIMA, SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD, derechos que le asisten al accionante
y que le han sido conculcados por las entidades infractoras, mediante la sentencia de fecha 26/09/2025
proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO.
5.2. En consecuencia, se declare que la sentencia de fecha 26/09/2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño vulneró los derechos fundamentales mencionados y la misma declaración se
solicita respecto de la sentencia del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Pasto de fecha
19/12/2019.
5.3. Que se deje sin efectos las sentencias de fecha 26/09/2025 proferida por el Tribunal Administrativo
de Nariño y del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Pasto de fecha 19/12/2019.
5.4. Con ocasión de la declaración que precede, ordenase, al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
NARIÑO, a proferir nueva decisión, incorporando las razones y argumentos contenidos en el fallo de
tutela, que servirá́ como reemplazo dentro del expediente No. 2018-00081 promovido por el señor
ÁNGEL ARMANDO ESPINOZA SUÁREZ en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
POLICIA NACIONAL.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00173-00
Demandante: Ángel Armando Espinosa Suárez
5.5. Como consecuencia del amparo, ordenar las medidas de reparación integral a que haya lugar,
incluyendo el reconocimiento de los perjuicios morales causados, o disponer que estos sean
determinados y reconocidos por la autoridad competente, conforme a los parámetros constitucionales y
jurisprudenciales vigentes.
5.6. Sírvase, prevenir a la Entidad accionada que el incumplimiento de la eventual sentencia estimatoria,
acarreará sanciones estatuidas por los artículos por los artículos 27, 52 y siguientes del Decreto No.
2591 de 1991. (sic para toda la cita)
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El demandante estuvo vinculado a la Policía Nacional en calidad de patrullero desde el 8
de junio de 2012 hasta el 22 de septiembre de 2016.
Con ocasión de unos actos de indisciplina por parte de integrantes de la subestación de
Policía de Espriella – Tumaco, que tuvieron lugar el 1 de enero de 2015 y en los que se
vio involucrado el accionante, se inició un proceso disciplinario en su contra bajo el
radicado No. 2015-26.
Dentro del proceso disciplinario, se dictó sentencia de primera instancia del 24 de
septiembre de 2015, que impuso el correctivo disciplinario de destitución e inhabilidad
general al demandante, decisión que fue confirmada en segunda instancia mediante fallo
dictado el 5 de julio de 2016.
Por medio de la Resolución 05717 de 8 de septiembre de 2016, se materializó la sanción
disciplinaria impuesta al demandante, consistente en su destitución e inhabilidad por el
término de diez años.
Por lo anterior, el señor Ángel Armando Espinosa Suárez promovió demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional
para que se declarara la nulidad de la Resolución 05717 de 8 de septiembre de 2016 y
del fallo disciplinario que se adelantó en su contra y a título de restablecimiento del
derecho, se ordenara su reintegro sin solución de continuidad en la prestación del servicio
y el reconocimiento de primas y prestaciones sociales dejados de percibir y de perjuicios
morales y materiales causados con los actos administrativos demandados.
La demanda se adelantó bajo el radicado 52001-33-33-004-2018-00081-00 y
correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo de Pasto que, por sentencia del 19 de
diciembre de 2019 denegó las pretensiones al estimar que no se vulneró el derecho al
debido proceso del señor Ángel Armando Espinosa Suárez dado que la actuación
disciplinaria que adelantó la Policía Nacional se surtió en debida forma, dando
cumplimento a cada una de las etapas en las que el accionante tuvo la posibilidad de
solicitar, aportar y controvertir las pruebas y, concluyó que la valoración de las mismas
fue integral y razonable.
Inconforme, el demandante apeló y manifestó que el a quo había incurrido en una
indebida valoración probatoria, puesto que no analizó todos los medios de prueba que
permitieran dilucidar su responsabilidad, dado que, como su sanción de destitución se
fundamentó en el artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, consistente en <<consumir o estar
bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias que produzcan dependencia física
o psíquica durante el servicio>>, la prueba idónea para demostrar dicho estado es la de
alcoholemia, sin embargo, ésta fue excluida por no ser tomada por el personal técnico
idóneo, lo que conlleva a que exista duda sobre su estado, y que debía resolverse a su
favor. Que, en todo caso, si existía una conducta reprochable, ésta debía ser considerada
como grave, no como gravísima.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00173-00
Demandante: Ángel Armando Espinosa Suárez
En sentencia dictada el 26 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Nariño
confirmó la decisión apelada1, al considerar que no había evidencia de que el operador
disciplinario no hubiera realizado una valoración integral o indebida valoración de las
pruebas que obraban en el plenario, toda vez que sí obraban pruebas que daban cuenta
de la ocurrencia de la conducta atribuida al accionante que dio lugar a su destitución e
inhabilidad.
Señaló que los argumentos expuestos en el fallo de primera y segunda instancia resultan
congruentes y lógicos con el material probatorio que reposaba en el proceso disciplinario
y las conclusiones a las que llegaron los operadores disciplinarios se soportan en el
análisis de los informes y pruebas testimoniales que permiten arribar a un juicio sobre lo
ocurrido, dando certeza de la existencia de la falta y de la responsabilidad del
disciplinado.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, señaló que las providencias cuestionadas
incurrieron en:
Defecto fáctico porque las decisiones cuestionadas tuvieron en cuenta pruebas que
debieron ser excluidas dado que se obtuvieron por violación directa de los derechos
fundamentales del demandante previstos por los artículos 15 y 16 de la Constitución,
comoquiera que para la fecha de ocurrencia de los hechos el accionante no se
encontraba en servicio, pues estaba en su alojamiento, el cual goza de la misma
protección constitucional que su domicilio y en esa medida, los testimonios del cargo y la
minuta de guardia debieron ser excluidos del plenario, por consiguiente, al no existir plena
certeza de la comisión de la infracción debía aplicarse el in dubio pro disciplinado y
decretar la nulidad del acto administrativo acusado.
Defecto sustantivo por indebida aplicación de la conducta típica desplegada por el
demandante, dado que para la fecha de ocurrencia de los hechos el accionante no se
encontraba en servicio y estaba en su lugar de descanso, por lo que la conducta
reprochable debió ser la descrita en el numeral234 del mismo ordenamiento.
Violación directa del artículo 29 de la Constitución dado que tras el decaimiento de la
prueba técnica de embriaguez, los únicos medios probatorios con los cuales se
acreditaba tal condición son los testigos y las anotaciones en la minuta vigilancia; sin
embargo, por un lado, dichas pruebas debieron ser excluidas por cuanto se obtuvieron
con violación de los derechos fundamentales del accionante toda vez que como los
mismos deponentes afirmaron, sorprendieron al sujeto disciplinable en su alojamiento y
por otro lado, ninguna de las pruebas precisa las condiciones en las que se encontraba
el actor por lo que resultan insuficientes para acreditar su estado, de modo que al no
tener certeza de la conducta se debió dar aplicación al principio pro disciplinado.
Desconocimiento del precedente desarrollado por el Consejo de Estado, que afirma,
es sobre la procedibilidad de argumentos nuevos o mejores ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
Al respecto, adujo que se desconocieron las sentencias de 19 de octubre de 2006 con
radicación no. 05001-23-31-000-2000- 00116-01 (15147), 3 de diciembre de 2009 con
1 Comunicada por correo electrónico el 6 de noviembre de 2025.
2 Artículo 35. Faltas graves. Son faltas graves: (...)
5. Presentarse al servicio bajo los efectos de bebidas embriagantes o cualquier otra sustancia que produzca dependencia física o
Psíquica.
3 <<Por medio del cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional.>>
4 Artículo 34. Faltas Gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: (...).
26. Consumir o estar bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias que produzcan dependencia física o
psíquica, durante el servicio.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00173-00
Demandante: Ángel Armando Espinosa Suárez
radicación no. 25000-23-24-000-2003- 91185-01 (16183), 16 de septiembre de 2010 con
radicación no. 25000-23-27-000- 2005-01026-01 (16691), 3 de marzo de 2011 con
radicación no. 25000-23-24- 000-2002-00194-02 (16184) y 12 de agosto de 2014 con
radicación no. 08001-23-31- 000-2010-00106-01 (19036).
Además del desconocimiento de la sentencia dictada el 6 de febrero de 2020 por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado No. 11001-03-25-000-
2016- 00703-00 (3095-16)5, que afirma, es sobre las prerrogativas que tiene la jurisdicción
contenciosa administrativa frente a la evaluación de las actuaciones administrativas en el
marco de procedimientos sancionatorios disciplinarios.
5. Trámite procesal
Por auto del 20 de enero de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda y, entre
otras cosas, ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Nariño, al
juez Cuarto Administrativo de Pasto, al ministro de Defensa Nacional y al director general
de la Policía Nacional.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correo electrónico enviado el 22 de enero de
2026.
6. Intervenciones
El magistrado del Tribunal Administrativo de Nariño, ponente de la decisión
cuestionada, solicitó que se desestimaran las pretensiones de la solicitud de amparo
dado que no se configuran los requisitos de procedibilidad frente a tutelas contra
providencias judiciales.
Destacó que la decisión del Tribunal está debidamente motivada en aspectos jurídicos y
fácticos, por lo que no puede calificarse como apartada a derecho; además, para llegar a
la conclusión de la sentencia, se efectuó una valoración crítica del material probatorio que
obra en el expediente, otorgándole el valor que correspondía, pese a que el accionante
no comparta los criterios allí expuestos.
El Juez Cuarto Administrativo de Pasto solicitó que se declarara la improcedencia de
la acción de tutela dado que las providencias censuradas están conforme al
ordenamiento jurídico, no son violatorias de los derechos fundamentales del accionante
y cumplieron con las etapas procesales establecidas en la ley bajo el respeto de las
garantías que integran el debido proceso del accionante.
Afirmó que agotó un estudio integral del acervo probatorio para llegar a la conclusión de
que el juzgador disciplinario excluyó la prueba técnica de alcohosensor por falta de
idoneidad del agente que tomó la prueba, por lo que no se vulneró el debido proceso y,
por el contrario, se salvaguardaron las garantías procesales de las partes en litigio.
El Ministerio de Defensa – Policía Nacional solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela ante la inexistencia de alguna vulneración de sus derechos
fundamentales.
Señaló que el acto administrativo cuestionado goza de plena legalidad dado que se logró
demostrar la existencia de una conducta reprochable al accionante consistente en no
presentarse a la formación, el incumplimiento de su turno de servicio y encontrarse en el
alojamiento ingiriendo bebidas embriagantes, de modo que si el accionante consideraba
que las pruebas allegadas al proceso disciplinario vulneraban sus derechos
fundamentales debió controvertirlas o tacharlas de falsas dentro del mismo proceso, lo
que no hizo.
5 Consejero Ponente, William Hernández Gómez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00173-00
Demandante: Ángel Armando Espinosa Suárez
Por último, sostuvo que lo que pretende el accionante es que el juez constitucional realice
un juicio de valor que ya realizó el juez natural que conoció del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
La Sala empieza por precisar que, si bien la parte actora cuestiona las providencias del
19 de diciembre de 2019 y del 26 de septiembre de 2025, dictadas por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Pasto y el Tribunal Administrativo de Nariño, respectivamente, el
análisis se centrará en la última providencia por ser la que confirmó la decisión de primera
instancia y decidió de manera definitiva sobre la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho.
Siendo así, corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela interpuesta
por el señor Ángel Armando Espinosa Suárez, para dejar sin efectos la providencia del
26 de septiembre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño, en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 52001-33-33-004-2018-00081-
00/01.
La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela porque no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional. La parte actora la utiliza como una
instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho e insiste en
argumentos que ya fueron resueltos por el juez natural.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional, y, finalmente, (iii)
analizará el caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales6 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos7 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-008, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
6 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
7 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
8 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00173-00
Demandante: Ángel Armando Espinosa Suárez
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
En cuanto al cuarto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela para proponer
nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario, la Sala ha explicado
que la acción de tutela no está concebida como un mecanismo que permita a las partes
adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse
ante el juez natural.
Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que, por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
4. Análisis del caso concreto
El señor Ángel Armando Espinosa Suárez cuestiona la providencia de 26 de septiembre
de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño, que confirmó la sentencia de
primera instancia proferida el 19 de diciembre de 2019 por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Nariño que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho dentro del proceso con radicado 52001-33-33-004-2018-
00081-00/01.
Ahora bien, del examen de la solicitud de amparo se observa que el demandante insiste
en los argumentos expuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
En efecto, aunque el accionante alega la configuración de los defectos fáctico, sustantivo,
violación directa de la constitución y desconocimiento del precedente, lo cierto es que lo
hace para insistir en que debió declararse la nulidad del acto administrativo que lo
destituyó e inhabilitó para ejercer el cargo que ocupaba, así como del proceso
disciplinario que se adelantó en su contra, por (i) valoración indebida de las pruebas, (ii)
desconocimiento de la conducta típica desplegada y (iii) vulneración de su derecho
fundamental al debido proceso.
En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la providencia
del 19 de diciembre de 2019, dictada por el Juzgado Cuarto Administrativo de Pasto, se
lee lo siguiente:
«En sentido estricto se encuentra que el despacho de primera instancia no analizó todos los medios de
prueba que permitan dilucidar una responsabilidad para mi representado tal como se desglosará a
continuación:
(…)
Teniendo en cuenta la jurisprudencia anterior, el despacho sostiene que a mi poderdante señor ANGEL
ARMANDO ESPINOZA fue sancionado con destitución inhabilidad por el termino de diez (10) años, al
estar incurso en la falta contemplada en el número 26 del artículo 34 de la ley 1015 de 2006, que cita:
26. Consumir o estar bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias que produzcan dependencia
física o psíquica, durante el servicio.
Sin embargo, más adelante detalla que no hubo vulneración del debido proceso porque la prueba de
alcoholemia realizada a mi poderdante fue descartado de los fallos disciplinarios en primera instancia
debido a que se encontraba viciada al no ser tomada por personal idóneo, para lo cual cita *como vemos
la norma ha establecido que el funcionario que opere el alcohosensor deberá ser idóneo en el manejo
del mismo, siendo este un requisito dentro de la formalidad para la práctica de la prueba, y que
determina la legalidad del procedimiento realizado por funcionario de tránsito quien deberá estar
certificado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Circunstancia esta de la cual adolecen
las pruebas referidas toda vez que el funcionario policial que manejo el aparato medidor de las pruebas
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00173-00
Demandante: Ángel Armando Espinosa Suárez
tomadas a los aquí implicadas no cuenta con el certificado de idoneidad a que se hizo referencia, razón
por la cual, los resultados del procedimiento de medición realizados por él, consistentes en las tirillas
números: 0158, 0161, 0163, 0164, 0165 y 0166 y que fueron arrimados como prueba documental al
expediente, deberán excluirse como prueba, conforme al artículo 140 CDU.”
Lo anterior, generando una duda y una contradicción, porque si mi poderdante Señor ANGEL
ARMANDO ESPINOZA fue sancionado conforme al artículo referenciado, la prueba idónea para
demostrar dicho estado en el que se encontraba para la fecha de los hechos era la de alcoholemia, pero
esta fue excluida por no ser tomada por el personal técnico idóneo, entonces se puede determinar que
si se presentó una duda en relación al estado de mi prohijado, duda que debía resolverse a su favor
conforme al principio de in du bio pro disciplinado (Presunción de inocencia). Circunstancia que el
despacho de primera instancia no profundizó sobre este punto, lo cual era de vital importancia
manifestarse más cuando a folio 8 de la sentencia sostiene que se encuentra demostrado que el Señor
ESPINOSA SUAREZ que con las pruebas testimoniales y documentales se encuentra demostrado que
se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes para el día 01 de enero de 2015, lo cual como
se explicara no es del todo cierto porque los testigos tomados en el proceso disciplinario no dejan
entrever ni aseverar el estado de alicoramiento del Señor ESPINOSA SUAREZ para la fecha de los
hechos, encontrándose demostrado que ninguna de ellas da plena credibilidad y ninguna elimina la
duda acerca de encontrarse desvirtuado la presunción de inocencia así:
El testimonio del señor ANDERSON JAVIER RIOS HENAO no da cuenta ni le consta lo relacionado al
estado de embriaguez del patrullero retirado ESPINOSA SUARES, solo da cuenta de que no se levantó
a prestar el servicio que le correspondía.
El testimonio del señor ALDANA PANTOJA en relación al estado que presentaba el patrullero
ESPINOSA SUAREZ solo sostiene que "al parecer” se encontraba bajo los efectos del alcohol; sin
embargo, también manifiesta que no se acercó a él.
El testimonio del Señor JORGE ANDRES GUTIERREZ PAREJA, menciona que por orden del MAYOR
se pasó uno a uno de los patrulleros que se tomaran la prueba, pero que personalmente no individualizo
quien estaba borracho.
El testimonio del Señor WILLIAM EFRAIN GUERRERO, quien fuera la persona que tomo la prueba de
alcoholemia no individualiza quien presentaba signos de embriaguez o no, y manifiesta de manera
tajante que a pesar de que le manifestó al MAYOR GREGORY AMADO RUEDA que no tenía certificado
de idoneidad para tomar las mencionadas pruebas, el insiste tanto que debió realizarlas.
Estos dos últimos testimonios tomados por la judicatura para determinar que el Señor ANGEL
ESPINOZA si se encontraba en estado de embriaguez lo cual no quedó demostrado ni clarificado porque
ninguno de los dos individualiza a cada uno de los patrulleros ni tampoco hacen aseveraciones que
permitan dilucidar dicho estado, sino que dejan ver ciertas dudas e interrogantes.
Finalmente, se puede determinar que no existe prueba fehaciente para aseverar el estado o no de
alicoramiento del Señor ANGEL ESPINOZA, al descartarse la prueba idónea para ella como es la de
alcoholimetría, dejando en claro que, si bien mi poderdante dice que solo tomo una Cola & Pola, no
presto el servicio fue por solicitud del MAYOR AMADO, el cual sostiene que no se encontraba en
condiciones para ello.
Lo anterior, permitiendo dejar en claro sin que ello implique aceptación de responsabilidad por parte de
mi prohijado que el Señor ANGEL ESPINOZA nunca consumió bebidas embriagantes en servicio, es
decir el incurrió en la conducta atribuida en el artículo 34 numeral 26 de la ley 1015 de 2006, (…).
En conclusión, si existía una conducta de reproche para mi prohijado esta debía ser considerada como
grave no como gravísima la cual no daba para destitución e inhabilidad como ocurrió vulnerándose así
las garantías y derechos fundamentales del Señor ANGEL ARMANDO ESPINOZA, violando de igual
manera el Articulo 14 de la ley 1016 de 2006, que trata FINALIDAD DE LA SANCION DISCIPLINARIA,
que cita *El acatamiento a la ley disciplinaria garantiza el cumplimiento de los destinatarios de esta ley”.
La sanción disciplinaria, por su parte cumple esencialmente los fines de prevención, corrección y de
garantía de la buena marcha de la Institución, e igualmente el Articulo 17. Proporcionalidad. que cita
"La sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida. En la graduación de la
sanción debe aplicarse los criterios que fija esta ley." Lo cual no se cumplió porque se buscó y se ejecutó
la sanción más fuerte ya afanosa no siendo proporcional a la conducta de probarse por parte del Señor
ANGEL ARMANDO ESPINOZA, y más cuando era una persona que no tenía antecedente o llamado de
atención alguno.» (sic para toda la cita)
Por su parte, en la acción de tutela, el actor argumenta lo siguiente:
<<Tanto el operador disciplinario, como en sede jurisdiccional, encontró como, plenamente, probada la
falta disciplinaria, para llegar a esa conclusión tuvo en cuenta la prueba testimonial de cargo obrante
en el plenario, tales declaraciones provienen del comandante (E) de la Subestación del Policía de la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00173-00
Demandante: Ángel Armando Espinosa Suárez
Espriella y los policiales que se encontraban con él; cuando, presuntamente, sorprendieron al
encartado, en su alojamiento, en compañía de otros patrulleros rodeados de envases de licor.
Se tiene como insumo probatorio para acreditar el cargo disciplinario: i) minuta de guardia que da
cuenta del insuceso; ii) declaración de los testigos que dan cuenta de los hechos y, iii) la conducta
asumida por el sujeto disciplinable al momento de ser presuntamente sorprendido.
De tales elementos materiales de prueba se puede extractar que, para la fecha de los hechos el otrora
encartado NO se encontraba en servicio, evidencia de ello es i) la minuta de servicios que arroja que
el policial le correspondía cubrir el 2o turno a iniciar a partir de las 07:00 horas; ii) la anotación en la
minuta de guardia, donde evidencia que tales aconteceres tuvieron lugar antes que el encartado
asumiera su turno y,iii) que, en efecto, el mismo se encontraba en su alojamiento, es decir, en su lugar
de descanso o pernoctación.
Tales aconteceres fueron pasados por alto por el operador disciplinario y por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, puesto que, de haberlos tenido en cuenta, las pruebas testimoniales
recabadas en los términos descritos en el expediente debieron ser excluidas, en tanto, se obtuvieron
con violación a los derechos fundamentales citados; veamos los argumentos (...).
En esa línea de análisis, habida cuenta de que el alojamiento del actor constituye, para esos efectos,
como su domicilio la prueba testimonial recabada en ese contexto, es decir, al interior del alojamiento
del actor, sin autorización o anuencia del entonces sujeto disciplinable, trae como consecuencia la
nulidad de pleno derecho de esos medios probatorios testimoniales, conforme lo prevé expresamente
el inciso final del artículo 29 Constitucional (...).
Tal condición trae como consecuencia, que la conducta, tal como se desarrolló, no se adecuó a la
descripción típica, pues, si bien se satisfacen los primeros elementos, esto es, i) que sea sujeto
cualificado (funcionario público); que, presuntamente, se encuentre bajo los efectos de bebidas
embriagantes, TALES ACTOS NO SE DESARROLLARON EN EL SERVICIO, sino cuando el agente
se encontraba de descanso y que si bien es cierto, se encontraba al interior de las instalaciones de la
Subestación de Policía de la Espriella, esto aconteció por razones de necesidad del servicio, por cuanto
si esto no hubiera sido así, el personal policial, al haber terminado su turno, se habría dirigido a su casa
de habitación, donde, aún cuando se hubiese presentado los mismos hechos, no hubieran tenido
reproche alguno, a menos que se hubiera presentado al servicio bajo los efectos, pero que tal condición
comprendía otra adecuación típica.
Como corolario de lo expuesto, en nuestro sentir, la conducta desplegada por el actor, en los términos
en que se logró́ demostrar en el plenario, aun cuando las pruebas testimoniales quedaran incólumes
frente a los argumentos que preceden, es atípica o en el peor de los casos, de existir, hubo por parte
de operador disciplinario, una errónea adecuación típica de la conducta, debido a que la misma debió
ser catalogada como grave, conforme lo prevé el numeral 5o del artículo 35o ibidem, defecto insalvable
en el escenario donde se discute la presunción de legalidad del acto acusado, ya en sede de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. (...).
Como se expuso inextenso anteriormente, las pruebas testimoniales de cargo, y que sirvieron como
insumo probatorio para demostrar la imputación del cargo disciplinario, contrario sensu lo señalado en
el numeral anterior, son nulas de pleno derecho, en tanto se recabaron con violación a los derechos
fundamentales del actor, dado que como los mismos deponentes afirman, sorprendieron al sujeto
disciplinable EN SU ALOJAMIENTO, consumiendo bebidas embriagantes.
La nulidad de pleno derecho de que trata el inciso 5o del artículo bajo estudio, no es saneable, debido
a que, como lo ha enseñado la máxima corporación en materia constitucional, cuando hizo la distinción
entre prueba ilícita y prueba ilegal, ésta ultima se refiere de aquellas cuando fueron recaudadas con
violación a las reglas propias del proceso, y la otra, cuando para su consecución, se vulneraron
derechos sustantivos de relevancia constitucional o fundamentales. (...).
Tras el decaimiento de la prueba técnica de embriaguez, los únicos medios probatorios con los cuales
se acredita esa condición son: i) las declaraciones de los testigos que dan cuenta de la novedad y ii)
las anotaciones en la minuta de vigilancia, diligenciada por los mismos deponentes, lo que permite
inferir que si sobreviene la exclusión probatoria sobre los testimonios, dada la acreditación de violación
a los derechos fundamentales y también de las anotaciones, porque son fiel representación de esos
aconteceres. (...).
La existencia de dudas al respecto, implica necesariamente que estas se resuelvan en favor del
investigado, en aplicación del principio in dubio pro disciplinado, toda vez que no logró desvirtuarse su
presunción de inocencia, razón por la que estima la defensa que, al haberse excluido las pruebas que
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00173-00
Demandante: Ángel Armando Espinosa Suárez
sustentó el inicio de la investigación disciplinaria (testimoniales y anotaciones en la minuta de
vigilancia), surgieron dudas razonables respecto del estado del disciplinado, debiendo recurrir, para
probar tal situación, a las testimoniales de los policiales que acompañaron posteriormente el
procedimiento, que como se dijo en precedencia, no especifican el estado para el caso particular del
señor Pt. Espinoza, sobre el cual, incluso surgieron dudas dentro del proceso disciplinario, al punto de
decretarse una prueba pericial adicional para determinar si una prueba de alcoholemia puede resultar
positiva por la ingesta de un enjuague bucal. (...)>>.
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Nariño, en
sentencia dictada el 26 de septiembre de 2025, en la que se consideró:
«La Sala encontró́ que el estado de embriaguez del señor Ángel Armando Espinosa Suárez quedó
debidamente acreditado mediante pruebas testimoniales, documentales y de informe oficial, las cuales,
valoradas de manera conjunta, resultan suficientes para inferir que el disciplinado no solo consumió
bebidas alcohólicas en el lugar de servicio, sino que además omitió́ presentarse a la formación y al
turno asignado. Tales circunstancias descartan la tesis de la defensa, en el sentido de que la falta debía
subsumirse en el numeral 5 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006, y confirman, por el contrario, que
la conducta encuadra en lo previsto en el numeral 26 del artículo 34 de la misma norma, esto es, una
falta gravísima que compromete de manera directa la disciplina y el buen servicio policial.
En ese contexto, la sanción de destitución e inhabilidad general impuesta en primera instancia se
encuentra plenamente ajustada a derecho y respeta el principio de proporcionalidad, en la medida en
que corresponde a la consecuencia prevista expresamente por el legislador para las faltas gravísimas
dolosas o realizadas con culpa gravísima, de conformidad con el artículo 39 de la Ley 1015 de 2006.
La gravedad de la conducta probada, sumada a la afectación al deber funcional y a la confianza
institucional, justifican la imposición de la sanción más severa dentro del régimen disciplinario aplicable
al personal uniformado.
(…)
Le asiste razón al apelante cuando advierte que además de la revisión de la legalidad del trámite del
proceso disciplinario, también le está permitido al Juez de lo contencioso, al resolver sobre la legalidad
de los fallos disciplinarios, adentrarse en el estudio de la valoración de la prueba que llevaron a declarar
la responsabilidad disciplinaria. (…).
En el recaudo probatorio del trámite disciplinario la ocurrencia o no de tal hecho encuentra sustento en
lo siguiente (…).
Del análisis integral de las pruebas allegadas al proceso disciplinario, se advierte que concurren
múltiples elementos de juicio que, apreciados en conjunto, permiten inferir razonablemente que el
patrullero Ángel Armando Espinosa Suárez se encontraba bajo los efectos del alcohol el 1 de enero de
2015, configurándose así́ la conducta reprochada en el numeral 26 del artículo 34 de la Ley 1015 de
2006. (…).
Aunado a lo anterior, se observa que el disciplinado no compareció́ a la diligencia de declaración, pese
a haber sido notificado oportunamente, omisión que impidió́ controvertir las imputaciones y que, en
aplicación del principio de la carga dinámica de la prueba, refuerza la solidez del material probatorio
recaudado. (…).
Así́ las cosas, en cuanto a la acreditación del estado de embriaguez del disciplinado, la Sala se acoge
a la jurisprudencia del Consejo de Estado, ut supra según la cual la prueba técnica de alcoholemia no
constituye el único medio idóneo para demostrar dicha circunstancia. En efecto, la ausencia de dicha
prueba no impide que el estado de embriaguez pueda demostrarse a través de otros medios de
convicción, tales como la historia clínica, la valoración médica, los exámenes clínicos o los testimonios
de terceros que perciban directamente los signos externos del consumo de bebidas embriagantes,
como sucedió́ en el caso concreto, habida cuenta que existen declaraciones de testigos que estuvieron
en el lugar de los hechos y que incluso practicaron pruebas de alcoholemia que permiten inferir, por el
comportamiento del señor Ángel Espinosa, que el día 01 de enero de 2015, él se encontraba
consumiendo bebidas embriagantes. (…)..
En el sub judice, obra en el expediente el informe rendido por el Subintendente Cristhian Javier
Meneses Burbano, quien no solo dejó constancia en la minuta oficial de la ausencia del disciplinado en
la formación de las 07:00 horas, sino que además lo encontró́ en el alojamiento en compañía de otros
uniformados, rodeados de envases de bebidas alcohólicas, sosteniendo el propio disciplinado una
cerveza en sus manos y reaccionando de manera desafiante al llamado de atención. Dicho testimonio,
en tanto proviene de la autoridad inmediata del actor en el servicio, resulta especialmente relevante y
se encuentra reforzado por el soporte documental de la minuta de guardia. (…).
8.14.12. En suma, la convergencia de (i) informes oficiales, (ii) testimonios directos de superior y
compañeros, (iii) anotaciones en la minuta, (iv) percepciones de uniformados encargados de verificar
signos de embriaguez y (v) la propia inasistencia del actor al servicio asignado, permiten al despacho
tener por demostrado, con el grado de certeza requerido en materia disciplinaria, que el patrullero Ángel
Armando Espinosa Suárez se hallaba bajo los efectos del alcohol en la fecha de los hechos.
8.14.13. Así́ entonces, conforme lo hasta aquí́ expuesto, contrario a lo al criterio de la parte
demandante, sí existe prueba de la comisión de la conducta disciplinaria por la cual se impuso sanción
al demandante. (…).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00173-00
Demandante: Ángel Armando Espinosa Suárez
8.24. La concurrencia de estos elementos, consumo de alcohol, alteraciones en el comportamiento y
omisión de presentarse al servicio, demuestra que la conducta del disciplinado no puede considerarse
de menor entidad, como lo pretende en su recurso, sino que reviste la máxima gravedad en el ámbito
disciplinario, en tanto compromete de manera directa la disciplina policial, la prestación del servicio y la
confianza ciudadana en la institución.
8.25. Entonces, comparte este Tribunal la verificación que hace el Juzgado de primera instancia en
cuanto a que en el sub judice la actuación fue cometida con culpa gravísima, por violación manifiesta
a las reglas de obligatorio cumplimiento, descartando la culpa grave, por lo que la sanción impuesta se
encuentra dentro de los límites establecidos en el art. 39 de la Ley 1015 de 2006. (…).
8.29. En ese sentido, para el Tribunal, los argumentos expuestos en el fallo de primera y segunda
instancia resultan congruentes y lógicos con el material probatorio que reposa en el proceso
disciplinario, vale decir que la conclusión a la que llegan los operadores disciplinarios, tanto de primera
como de segunda instancia, se soporta en el análisis de los informes y prueba testimonial que permiten
arribar a un juicio certero sobre lo ocurrido, dando certeza de la existencia de la falta y de la
responsabilidad del disciplinado, lo que finalmente permitió́ que el operador disciplinario emitiera un
fallo sancionador.
8.30. Para el Tribunal en el sub examine las pruebas, junto con la normativa sustancial y procesal
disciplinaria, guardan concordancia con la decisión adoptada por la autoridad disciplinaria respecto al
cargo formulado. (…).>>
Como se ve, la discusión que propone el accionante ya fue resuelta por el Tribunal
Administrativo, que concluyó que, sí existía prueba de la comisión de la conducta
disciplinaria por la cual se impuso una sanción al demandante y que la misma revestía
la máxima gravedad en el ámbito disciplinario, por lo que la sanción impuesta se
encuentra dentro de los límites establecidos en el art. 39 de la Ley 1015 de 2006.
Además, hizo un análisis integral de las pruebas obrantes en el proceso disciplinario para
concluir que las mismas resultaban suficientes para inferir que el disciplinado no solo
consumió bebidas alcohólicas en el lugar de servicio, sino que además omitió́
presentarse a la formación y al turno asignado, por lo que concluyó que las pruebas junto
con la normatividad sustancial y procesal disciplinaria guardaban concordancia con la
decisión adoptada por la autoridad disciplinaria sin que se hubiera logrado desvirtuar la
presunción de legalidad de los actos demandados.
En el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades demandadas en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho 52001-33-33-004-2018-00081-00/01, finalidad
para la que no está previsto este mecanismo constitucional.
De otra parte, pese a que la parte actora aduce desconocimiento del precedente judicial,
la Sala advierte que las providencias a las que hace referencia corresponden a supuestos
de hechos diferentes a los aquí estudiados y en todo caso, hace alusión a los mismos,
para reiterar los argumentos expuestos y analizados dentro del proceso ordinario.
En ese orden de ideas, se constata que los cargos formulados por el tutelante están
encaminados a extender en sede de tutela el debate jurídico zanjado por la providencia
cuestionada de segunda instancia dentro del aludido proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo que denota que la acción de tutela de la referencia no
colma el requisito de relevancia constitucional.
Las anteriores razones son suficientes para declarar improcedente la presente acción de
tutela, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00173-00
Demandante: Ángel Armando Espinosa Suárez
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.