Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-00173-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-00173-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-00173-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00173-01
Accionante: Ángel Armando Espinoza Suárez
Accionados: Tribunal Administrativo de Nariño
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirmar la decisión de declarar improcedente la acción de tutela por
falta de relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por el señor Ángel Armando Espinoza Suárez contra la
sentencia proferida el 12 de marzo de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela por falta de
relevancia constitucional.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El señor Ángel Armando Espinoza Suárez, en calidad de patrullero de la Policía
Nacional fue vinculado al proceso disciplinario con radicado 2015-26, en el que se
analizó si incurrió en la conducta del numeral 26 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006
que prevé: «consumir o estar bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias que
produzcan dependencia física o psíquica, durante el servicio».
3. Al respecto, la jefe de Control Disciplinario Interno, mediante sentencia del 24 de
septiembre de 2015, impuso el correctivo disciplinario de destitución e inhabilidad
general por diez (10) años, al encontrar demostrado que el servidor público se
encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes el 1° de enero de 2015, lo que le
impidió cumplir su turno de vigilancia en la Subestación de la Policía Espriella, decisión
confirmada por el inspector delegado región 412, a través de la sentencia del 5 de julio
de 2016.
4. Por lo anterior, la Policía Nacional, mediante la Resolución 05717 del 8 de septiembre
de 2016, materializó la sanción disciplinaria impuesta al señor Espinoza Suárez,
consistente en su destitución e inhabilidad por diez (10) años.
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Accionante: Ángel Armando Espinoza Suárez
5. En consecuencia, el señor Espinoza Suárez interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, con la finalidad de que se declarara la nulidad de las sentencias proferidas
en el proceso disciplinario y la Resolución 05717 de 2016. A título de restablecimiento
del derecho, solicitó que se ordenara su reintegro sin solución de continuidad en la
prestación del servicio y el reconocimiento de las acreencias dejadas de percibir.
6. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Pasto, mediante sentencia del 19 de
diciembre de 2019, negó las pretensiones de la demanda, al no encontrar configurada
ninguna de las causales de nulidad del acto administrativo demandado. Además, estimó
que la dosificación de la sanción resultó adecuada y ajustada a derecho, pues i) la
conducta reprochada se encuentra tipificada como falta gravísima en el numeral 26 del
artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 y ii) la sanción correspondió al mínimo legal previsto
para faltas gravísimas dolosas conforme al artículo 39 ibidem.
7. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo de Nariño, a través de la sentencia
del 26 de septiembre de 2025, confirmó la decisión judicial anterior.
2.2. Fundamento jurídico
8. La parte accionante consideró que las autoridades judiciales accionadas, incurrieron
en los siguientes defectos:
• Fáctico: debido a que se valoraron las declaraciones testimoniales del
comandante E de la Subestación de Policía de la Espriella y los demás
servidores públicos que ingresaron a su alojamiento sin autorización ni
consentimiento y la minuta de guardia, en la que se consignaron dichos hechos,
cuando debieron ser excluidas conforme al inciso final del artículo 29 de la
Constitución Política y el artículo 140 de la Ley 734 de 2002.
Asimismo, consideró que no se valoró en debida forma la conducta desplegada
por el actor, pues este no se encontraba en servicio.
• Sustantivo: por indebida aplicación del numeral 26 del artículo 34 de la Ley 1015
de 2006, que dispone «consumir o estar bajo el efecto de bebidas embriagantes
o sustancias que produzcan dependencia física o psíquica, durante el servicio»,
pues el actor no se encontraba prestando el servicio. Por ende, sostuvo que la
conducta se adecuaba en realidad al numeral 5 del artículo 35 ibidem, que reza:
«realizar, promover o permitir actividades tendientes a paralizar total o
parcialmente la prestación del servicio que corresponde a la Institución» y la cual
no se contempla como falta gravísima sancionable con destitución e inhabilidad.
• Violación directa del artículo 29 de la Constitución Política, relacionado con
el derecho fundamental al debido proceso, pues se desconoció que la sanción
disciplinaria se fundamentó en pruebas presuntamente ilícitas e
inconstitucionales, obtenidas con violación de sus derechos, en particular, i) el
artículo 15, relativo a la intimidad e inviolabilidad del domicilio, en la medida en
que las pruebas testimoniales se obtuvieron con ocasión del ingreso de
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superiores a su alojamiento, sin autorización ni consentimiento y ii) el artículo
16, sobre el libre desarrollo de la personalidad, toda vez que se sancionaron
comportamientos realizados en un ámbito estrictamente personal y privado,
cuando el accionante no se encontraba en servicio.
• Decisión sin motivación: por omitir analizar la presunta ilicitud de las pruebas
testimoniales obtenidas al interior del proceso cuestionado, pese a que
vulneraron sus derechos fundamentales.
• Desconocimiento del precedente judicial: en relación con la Sentencia de
Unificación del 9 de agosto de 2016, proferida por el Consejo de Estado con
radicado 11001-03-25-000-2011-00316-00 (2011-1210) y reiterada en la
Sentencia de Unificación del 6 de febrero de 2020 con radicado 11001-03-25-
000-2016-00703-00(3095-16), según las cuales el control judicial de los actos
disciplinarios debe ser integral, sin limitarse a los cargos formulados en la
demanda, sino extendiéndose a la verificación material de la legalidad y
constitucionalidad de toda la actuación administrativa, pues admitió las pruebas
obtenidas con vulneración de sus derechos fundamentales.
2.3. Pretensiones
9. La parte accionante solicitó:
«5.1. Sírvase H. Magistrado(a), tutelar a favor de la parte accionante, los derechos
constitucionales fundamentales al DEBIDO PROCESO, LA DIGNIDAD HUMANA,
IGUALDAD, ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
postulados constitucionales relacionados con la BUENA FE, CONFIANZA
LEGITIMA, SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD, derechos que le asisten al
accionante y que le han sido conculcados por las entidades infractoras, mediante
la sentencia de fecha 26/09/2025 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE NARIÑO.
5.2. En consecuencia, se declare que la sentencia de fecha 26/09/2025 proferida
por el Tribunal Administrativo de Nariño vulneró los derechos fundamentales
mencionados y la misma declaración se solicita respecto de la sentencia del
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Pasto de fecha 19/12/2019.
5.3. Que se deje sin efectos las sentencias las sentencia de fecha 26/09/2025
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño y del Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Pasto de fecha 19/12/2019.
5.4. Con ocasión de la declaración que precede, ordenase, al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, a proferir nueva decisión, incorporando las
razones y argumentos contenidos en el fallo de tutela, que servirá como reemplazo
dentro del expediente No. 2018-00081 promovido por el señor ÁNGEL ARMANDO
ESPINOZA SUÁREZ en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
POLICIA NACIONAL.
5.5. Como consecuencia del amparo, ordenar las medidas de reparación integral
a que haya lugar, incluyendo el reconocimiento de los perjuicios morales
causados, o disponer que estos sean determinados y reconocidos por la autoridad
competente, conforme a los parámetros constitucionales y jurisprudenciales
vigentes21.
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5.6. Sírvase, prevenir a la Entidad accionada que el incumplimiento de la eventual
sentencia estimatoria, acarreará sanciones estatuidas por los artículos por los
artículos 27, 52 y siguientes del Decreto No. 2591 de 1991». (Sic en toda la cita)
2.4. Intervenciones
10. Por medio del auto del 20 de enero de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Nariño
y al Juzgado Cuarto Administrativo de Pasto como accionados y al Ministerio de
Defensa Nacional y a la Dirección General de la Policía como terceros interesados en
el resultado del proceso.
11. El Tribunal Administrativo de Nariño afirmó que efectuó una valoración crítica y
de manera conjunta del material probatorio que obra en el expediente, otorgándole el
valor que correspondía, lo que le permitió arribar a las conclusiones expuestas en la
decisión, sin vulnerar los derechos fundamentales invocados. En consecuencia, solicitó
que se denieguen las pretensiones de la acción de tutela.
12. El Juzgado Cuarto Administrativo de Pasto sostuvo que las sentencias
cuestionadas no contrarían el ordenamiento jurídico, ni transgreden los derechos
fundamentales de la parte accionante. Por el contrario, adujo que cumplieron con las
etapas procesales establecidas en la ley. Por ende, solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela.
13. El Ministerio de Defensa – Policía Nacional señaló que no se vulneraron los
derechos fundamentales del accionante ni se alegó la existencia de un perjuicio
irremediable. Por consiguiente, solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de
tutela.
2.5. Sentencia impugnada
14. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 12 de marzo de
2026, declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, en
la medida en que se insistió sobre los argumentos planteados y con posterioridad,
resueltos en el proceso ordinario.
15. Al respecto, la autoridad judicial accionada consideró que, aunque se alegó la
configuración de múltiples defectos, su intención es insistir en que debió declararse la
nulidad del acto administrativo que lo destituyó e inhabilitó del cargo, así como en que
el proceso disciplinario en su contra incurrió en valoración indebida de las pruebas,
desconocimiento de la conducta típica desplegada y vulneración de su derecho
fundamental al debido proceso.
16. En relación con el presunto desconocimiento del precedente judicial indicó que las
sentencias invocadas cuentan con supuestos de hechos diferentes a los analizados en
el caso concreto y, en todo caso, alude a los argumentos expuestos dentro del proceso
ordinario.
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2.6. Impugnación
17. La parte accionante interpuso recurso de impugnación contra la decisión judicial
anterior, al considerar que no se pretendía reabrir una controversia ya resuelta, sino
poner de presente la vulneración de derechos fundamentales derivada de la admisión
de pruebas presuntamente ilícitas que sustentaron la responsabilidad disciplinaria.
Además, reiteró sus argumentos sobre la supuesta configuración de los defectos
fáctico, sustantivo, decisión sin motivación, violación directa de la Constitución Política
y desconocimiento del precedente judicial.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
18. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20191 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
Si bien la parte accionante alegó un presunto defecto por falta de motivación o decisión
sin motivación, en el que argumentó que la autoridad judicial accionada omitió analizar
la presunta ilicitud de las pruebas testimoniales obtenidas al interior del proceso
cuestionado, pese a que vulneraron sus derechos fundamentales, lo cierto es que dicho
planteamiento fundamentó de igual manera los supuestos defectos fáctico y violación
directa de la Constitución Política, por lo que no se encuentra mérito suficiente para
abordar su análisis.
3.3. Problema jurídico
19. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en determinar
si la acción de tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad, especialmente
el de relevancia constitucional que no fue acreditado en primera instancia. En caso
afirmativo, deberá establecerse si el Tribunal Administrativo de Nariño incurrió en los
defectos fáctico, sustantivo, violación directa de la Constitución Política y
desconocimiento del precedente judicial, al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 52001-33-33-004-2018-00081-00/01.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
20. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015. Fue creada para
proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando estos
sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por particulares en los
casos expresamente señalados en el primer decreto anotado.
1 Reglamento interno del Consejo de Estado.
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21. Lo anterior, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial
para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter
de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
22. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus
derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial,
los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio
entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces
para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.
3.4.1. Del requisito de subsidiariedad
23. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de subsidiariedad
como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determinó que «[e]sta
acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de
1991.
24. Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que resultan
idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran
amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.
25. Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia.
26. No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el cual
se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos
fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados,
momento en el cual la tutela se torna procedente para precaver la eventual
conculcación de estas garantías de orden superior.
3.3.1.1. Análisis del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso
concreto
27. Los defectos fáctico y violación directa de la Constitución Política no cumplen el
requisito de subsidiariedad para cuestionar una decisión judicial. Si bien la parte
accionante indicó en el escrito de tutela que las pruebas testimoniales se obtuvieron
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con violación de sus derechos fundamentales, en especial la intimidad e inviolabilidad
del domicilio y el libre desarrollo de la personalidad, de modo que se debieron excluir y
ante la insuficiencia probatoria aplicar el principio in dubio pro disciplinado, lo cierto es
que este argumento no fue expuesto en el recurso de apelación, circunstancia que le
impidió a la autoridad judicial accionada pronunciarse y emitir una decisión de fondo
sobre el asunto. Por ende, no resulta procedente que el juez constitucional estudié los
defectos aludidos.
28. Ahora bien, respecto al supuesto desconocimiento del precedente judicial, esta
Subsección advierte que tampoco se cumple el requisito de subsidiariedad, toda vez
que la parte accionante no demostró haber agotado todos los mecanismos judiciales
de defensa con la finalidad de que se le garantice la unidad de la interpretación del
derecho, en particular, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
29. En ese sentido, la Sala anticipa que confirmará frente a los defectos fáctico, violación
directa de la Constitución Política y desconocimiento del precedente judicial, la decisión
judicial proferida el 12 de marzo de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela, pero por la falta del
requisito de subsidiariedad.
3.4.2. Del requisito de relevancia constitucional
30. En lo que tiene que ver con el requisito de relevancia constitucional la Corte
Constitucional, ha establecido que se entiende satisfecho cuando la controversia
objeto de tutela trata de un asunto que involucra algún debate jurídico al contenido,
alcance y goce de un derecho fundamental o un principio constitucional y ha precisado
que es imperativo que se demuestre de forma marcada e indiscutible que se cumple
con el referido requisito2. La finalidad de esta exigencia es la de preservar la
independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional e
impedir que la acción de tutela se torne en una instancia o recurso adicional de los
procesos ordinarios.
31. Sobre el particular, el alto tribunal en materia constitucional, en Sentencia SU-215
de 2022, estableció los siguientes criterios para determinar si se cumple con el referido
requisito:
32. Que la controversia verse sobre un asunto constitucional, mas no meramente legal
y/o económico. Es decir, que el caso no se circunscriba a la determinación de aspectos
legales de un derecho, derivados de la correcta interpretación o aplicación de una
norma de rango legal o reglamentario, y que el debate no sea estrictamente monetario
ni connotaciones particulares o privadas que no representen un interés general. 3
33. Asimismo, que el caso verse sobre un debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental. Dicho de otro modo, no
basta con que la parte actora alegue la violación al debido proceso, a la administración
2 Cfr. Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-136 de 2015, SU-573 de 2019, SU-073 de 2019 y T-140 de
2022, proferidas por la Corte Constitucional.
3 Cfr. Sentencias T-610 de 2015, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y T-410 de 2022.
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de justicia o a la igualdad, sino que debe ir más allá «de la mera adecuación del caso
a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales», lo cual supone
justificar de manera razonada y clara la «existencia de una restricción
desproporcionada a un derecho fundamental»4.
34. Además, que la acción de tutela no sea empleada como una tercera instancia o un
recurso adicional para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios. Sobre este
punto, el máximo órgano constitucional ha expresado que la tutela contra providencias
judiciales no es un juicio de corrección sino de validez del fallo cuestionado. Por ende,
la intervención del juez constitucional solo se justifica si se verifica la existencia de
«una actuación ostensible arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de
las garantías básicas del derecho al debido proceso».5
35. Finalmente, que la solicitud de amparo que pretenda la protección de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados, no se haya originado en el comportamiento
negligente u omisivo del accionante en el procedimiento judicial.6
3.3.2.2. Análisis del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en
el caso concreto
36. La parte accionante sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos sustantivo por indebida aplicación del numeral 26 del artículo 34 de la Ley
1015 de 2006, dado que no desplegó ninguna conducta reprochable mientras se
encontraba en servicio.
37. De la revisión del expediente digital y el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho consignado en SAMAI se observa que la parte demandante interpuso recurso
de apelación contra la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2019 por el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Pasto, cuyo argumento de indebida aplicación del
numeral 26 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 cuenta con una coincidencia
sustancial con el presunto defecto sustantivo alegado en la acción de tutela objeto de
análisis.
38. En relación con la supuesta inaplicación de la norma, relativa al consumo o
permanencia bajo los efectos del alcohol durante la prestación del servicio, sostuvo en
el recurso de apelación que las pruebas testimoniales no lograron acreditar el supuesto
de hecho, en la medida en que «nunca consumió bebidas embriagantes en servicio»,
motivo por el cual no incurrió en el tipo disciplinario aludido. Además, señaló que, de
existir una conducta reprochable, esta debía considerarse como grave y no gravísima,
de modo que no resultaba admisible su destitución e inhabilidad.
39. Sobre el particular, el Tribunal accionado argumentó que:
«8.15. Frente al planteamiento del apelante en el sentido de, sin aceptar
responsabilidad, la conducta atribuida debía adecuarse al numeral 5 del artículo
35 de la Ley 1015 de 2006, esto es, “presentarse al servicio bajo los efectos de
4 Cfr. Sentencias SU-439 de 2017, SU-573 de 2019 y T-410 de 2022.
5 Cfr. Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, entre otras.
6 Cfr. Sentencias SU-128 de 2021 y T-410 de 2022.
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bebidas embriagantes o cualquier otra sustancia que produzca dependencia física
o psíquica”, la Sala observa que tal afirmación no resulta de recibo.
8.16. En principio se resalta que este argumento no fue esbozado por el
demandante en el recurso de apelación al fallo de primera instancia dentro del
proceso disciplinario, y tampoco fue objeto de controversia y posterior estudio por
el A quo. En tal sentido, no resulta admisible que el actor pretenda en segunda
instancia incoar argumentos que debieron proponerse en el trámite administrativo.
Sin embargo, respecto de la motivación del acto administrativo acusado, este
Tribunal destaca que, en el caso concreto, la conducta probada trasciende la
simple presencia del disciplinado bajo los efectos del alcohol al momento de
presentarse al servicio. Por el contrario, lo acreditado en el proceso es que el señor
Ángel Armando Espinosa Suárez se encontraba en el alojamiento consumiendo
bebidas embriagantes en compañía de otros uniformados, siendo sorprendido por
su superior inmediato en circunstancias que evidenciaban el estado de
embriaguez, y que, además, omitió comparecer a la formación y al cumplimiento
del segundo turno de guardia asignado a las 07:00 horas en la subestación La
Espriella.
8.17. Al respecto, el Tribunal no comparte el criterio de la parte demandante, como
quiera que, según el numeral 26 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, “consumir
o estar bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias que produzcan
dependencia física o psíquica, durante el servicio”, constituye una falta gravísima.
En consecuencia, fue bajo dicha tipificación que se adelantó la investigación y se
sancionó al actor, de conformidad con lo probado en el proceso».
40. Como se observa, la autoridad judicial puso de presente que el actor no expuso dicho
argumento en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo disciplinario de primera
instancia. Sin embargo, consideró que la conducta reprochada sí se adecuaba al
numeral 26 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, pues encontró demostrado que el
señor Espinoza Suárez se encontraba en circunstancias que evidenciaban el estado de
embriaguez y que le impidieron comparecer a la formación y al cumplimiento del
segundo turno de guardia.
41. Por lo anterior, es evidente que la parte accionante sí expuso el mismo argumento
respecto de la tipificación de la conducta disciplinaria en el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, el cual fue resuelto por el Tribunal accionado de manera
suficiente y sin transgredir los derechos fundamentales invocados y, a pesar de ello, lo
reiteró en la acción de tutela objeto de análisis, con lo cual queda demostrado su
propósito de acceder a una tercera instancia del proceso ordinario.
42. No obstante, se le recuerda al señor Espinzoza Suárez que la acción de tutela contra
providencias judiciales es un mecanismo excepcional que faculta al juez constitucional
a efectuar un estudio de validez, mas no corrección de las mismas, es decir, únicamente
resulta procedente cuando aquellas contrarían el ordenamiento jurídico y, con ello,
generan la vulneración de los derechos fundamentales, circunstancia que no se
evidencia en el presente asunto. Por lo tanto, se confirmará frente a este asunto la
sentencia proferida el 12 de marzo de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela por falta de
relevancia constitucional.
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43. En
mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
IV. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de marzo de 2026 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de
tutela, pero por las razones expuestas en el presente proveído.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
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