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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00178-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00178-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Pedronel Montenegro Perafán. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00178-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

5 de marzo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00178-00
Demandante: Pedronel Montenegro Perafán

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00178-00
Demandante: Pedronel Montenegro Perafán
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá
Temas: Contra providencia judicial de nulidad y restablecimiento del
derecho. Relevancia constitucional.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada, a través de apoderado, por el señor
Pedronel Montenegro Perafán contra el Tribunal Administrativo de Caquetá,
conforme a lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 13 de enero de 2026, el señor Pedronel Montenegro Perafán, a través de
apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caquetá
por estimar vulnerados los derechos fundamentales de acceso a la administración
de justicia, al debido proceso, a la igualdad frente a la ley y de la dignidad humana,
y los principios de la buena fe, de confianza legítima y de seguridad jurídica. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«CUARTO: Revocar la Sentencia de segunda instancia del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CAQUETA SALA DE DECISIÓN SEGUNDA, colegiatura en la
cual el recurso fue resuelto finalmente mediante dentro del radicado del 29 de octubre
de 2025 radicado No 18001-33-33-004-2021-00393-01.

QUINTO: En consecuencia, ordenar a los accionadas, para que en el término de 15
días contados a partir de la notificación que se la sentencia se haga, profieran un nuevo
fallo, ajustado a derecho de acuerdo a los argumentos mentados en la acción de
tutela.»

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Hechos que dieron origen al medio de control

El demandante ingresó a la Escuela de la Policía Nacional el 5 de febrero de 2003,
donde obtuvo el grado de patrullero el 1.° de noviembre de ese mismo año. Durante
su carrera en la institución, laboró en los Departamentos de Policía de Amazonas y
Caquetá, donde realizó diversas actividades propias de su grado, así como cursos
en distintas áreas del conocimiento y recibió múltiples condecoraciones y distintivos
otorgados por entidades nacionales y gubernamentales.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00178-00
Demandante: Pedronel Montenegro Perafán

El 8 de abril de 2021, el director general de la Policía Nacional expidió la Resolución
01066 por medio de la cual retiró del servicio activo de la institución a personal del
nivel ejecutivo, dentro de los cuales se encontraba el aquí tutelante.

Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

El señor Pedronel Montenegro Perafán presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, por considerar que la Policía
Nacional vulneró principios constitucionales y legales al retirarlo del servicio activo
mediante la figura de llamamiento a calificar servicios.

Argumentó que el acto carecía de motivación válida y de finalidad de mejoramiento
del servicio, pues desconoció su trayectoria impecable, reconocimientos e
idoneidad. Además, alegó que la decisión incurrió en desviación de poder derivada
de la persecución y acoso laboral por parte de un superior, vulnerando el debido
proceso y constituyendo un trato discriminatorio y arbitrario.

En consecuencia, solicitó que se declarara la nulidad de la Resolución 01066 del 8
de abril de 2021 y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenara su reintegro
al cargo que ocupaba al momento del retiro.

El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo de
Florencia (Rad. 18001-33-33-004-2021-00393-00), autoridad que, mediante
sentencia del 29 de septiembre de 2023, negó las pretensiones de la demanda.

El despacho consideró que el acto de retiro no vulneró normas superiores, toda vez
que el llamamiento a calificar servicios (previsto en el artículo 1.° del Decreto 754
de 2019) exige únicamente el cumplimiento del tiempo mínimo para acceder a la
asignación de retiro, sin requerir la evaluación de la historia laboral ni la verificación
de un mejoramiento del servicio.

Asimismo, precisó que tanto la recomendación del comandante del Departamento
de Policía del Caquetá como la resolución de retiro se ajustaron a derecho, pues,
aunque el actor alegó situaciones de acoso laboral, no se demostró que estas
circunstancias fueran la causa de su desvinculación ni que hubieran influido en la
decisión del nominador.

Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación. En
su sustentación, argumentó que el juez de primera instancia no valoró
correctamente las declaraciones extraproceso aportadas, las cuales debieron
entenderse aceptadas conforme al artículo 222 del Código General del Proceso, al
no ser objeto de solicitud de ratificación por parte de la entidad demandada.

Afirmó que, si bien cumplía con los requisitos objetivos para el llamamiento a
calificar servicios, el acto estaba viciado por desviación de poder al haber sido
impulsado por el Capitán Diego Alejandro Restrepo Naranjo como represalia por
denuncias de acoso laboral.

Sostuvo que este patrón de persecución estaba respaldado probatoriamente y que
el retiro obedeció a un propósito personal de perjudicarlo, no a una necesidad
institucional ni de renovación jerárquica. Agregó que la inactividad investigativa de
la Policía frente a las quejas constituía un indicio adicional de dicha desviación.

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Demandante: Pedronel Montenegro Perafán

El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante sentencia del 29 de octubre de
2025, confirmó la decisión apelada. Consideró que, si bien existían indicios de un
ambiente laboral hostil (denuncias de acoso, antecedentes médicos y declaraciones
extrajuicio), no se demostró que estas circunstancias fueran la causa real y
determinante del retiro.

Por el contrario, encontró acreditado que el actor cumplía con el tiempo de servicio
exigido para la asignación de retiro y resaltó que la recomendación formal fue
elevada por un superior distinto al señalado como presunto acosador.

En consecuencia, concluyó que esta circunstancia desvirtuaba el nexo causal entre
el acoso alegado y el acto administrativo, por lo que no se probaron los vicios de
desviación de poder ni de falsa motivación, manteniendo así la presunción de
legalidad de la resolución.

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo del Caquetá omitió ejercer un
control integral de legalidad sobre el acto administrativo de retiro. Al respecto,
reprochó que la autoridad judicial se limitó a validar la aplicación del Decreto 754 de
2019, sin analizar la vigencia, jerarquía y aplicabilidad del Decreto Ley 1791 de
2000. En particular, cuestionó que no se estudiara si la Policía Nacional tenía la
potestad de aplicar una norma de menor jerarquía para desvincular a un miembro
del nivel ejecutivo que aún no cumplía los 20 años de servicio exigidos por el
estatuto de carrera.

Adicionalmente, argumentó que el tribunal desconoció el precedente judicial
obligatorio (en especial, la sentencia de unificación dictada por el Consejo de Estado
(SU-00316 de 2016), la cual fijó pautas estrictas para el control de este tipo de actos
administrativos. A su juicio, el Tribunal ignoró su deber de verificar la finalidad de la
medida, su proporcionalidad y el respeto por el estatuto de carrera, apartándose de
manera injustificada del precedente vertical y vulnerando con ello el derecho a la
igualdad en la aplicación de la ley.

De otra parte, censuró que el juez de segunda instancia avalara una supuesta
derogatoria tácita del artículo 57 del Decreto Ley 1791 de 2000 por virtud del
Decreto 754 de 2019. Explicó que esta hermenéutica resulta jurídicamente inviable,
toda vez que la primera norma posee fuerza material de ley al haber sido expedida
en ejercicio de facultades extraordinarias, mientras que la segunda es un decreto
ordinario de carácter administrativo. Para sustentar esta tesis sobre jerarquía
normativa, invocó las sentencias C-511 de 1992 y C-608 de 1992 de la Corte
Constitucional.

En esa misma línea, señaló que el Tribunal incurrió en una interpretación
contraevidente al asumir que el Decreto 754 de 2019 regulaba el mismo ámbito
material que el Decreto Ley 1791 de 2000. Precisó que, mientras el primero rige
materias relacionadas con el régimen prestacional y de asignación de retiro, el
segundo regula el estatuto de carrera y los requisitos de permanencia del nivel
ejecutivo. En su sentir, la omisión de diferenciar el alcance de ambas normativas
derivó en la aplicación de una disposición impertinente, convalidando un retiro ilegal
ante la ausencia del requisito objetivo de los 20 años de servicio.

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Finalmente, el tutelante alegó un trato discriminatorio y una afectación al principio
de seguridad jurídica, apoyado en que, frente a un caso con idénticos supuestos
fácticos, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca sí ejerció un control estricto
de legalidad y concluyó que el Decreto 754 de 2019 no podía aplicarse para retirar
a un integrante del nivel ejecutivo que careciera del tiempo mínimo exigido.

En su criterio, esta divergencia jurisprudencial pone en evidencia la inconsistencia
del fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Caquetá y la consecuente
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al
acceso a la administración de justicia.

4. Trámite previo

En providencia del 21 de enero de 2026, el despacho sustanciador admitió la tutela,
ordenó notificar al actor y como terceros interesados en las resultas del proceso a
la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y al Juzgado Cuarto
Administrativo de Florencia.

5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo de Caquetá guardó silencio.

6. Intervención de terceros

El Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia guardó silencio.

Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional enfatizó que
el retiro de Pedronel Montenegro Perafán por la causal de llamamiento a calificar
servicios se ajustó plenamente a la normatividad vigente, pues el actor cumplía el
requisito objetivo del tiempo mínimo de servicio que lo hacía beneficiario de la
asignación de retiro según el Decreto 754 de 2019, y que dicha causal constituye
una forma normal, discrecional y no sancionatoria de terminación de la carrera
policial, avalada reiteradamente por la Corte Constitucional. También destacó que
el retiro responde a criterios institucionales de renovación jerárquica propios de la
estructura piramidal de la Policía Nacional, sin que la idoneidad o el desempeño del
uniformado limiten dicha facultad administrativa.

La entidad argumentó igualmente que no existía vulneración de derechos
fundamentales, pues el acto administrativo se emitió conforme a la ley y al
precedente constitucional, y el accionante no perdió su grado ni quedó
desprotegido, dado que accedió inmediatamente a una asignación mensual de
retiro, lo que descarta cualquier afectación grave o prolongada que justificara la
intervención del juez constitucional. Subrayó que la Corte, en sentencias SU-091 de
2016, SU-217 de 2016 y SU-237 de 2019, había reiterado que esta modalidad de
retiro no requiere motivación adicional y se presume ajustada a razones de
conveniencia institucional.

Finalmente, la Policía Nacional sostuvo que la tutela era improcedente porque el
actor ya había acudido al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, el cual fue decidido en dos instancias, y porque no existía un perjuicio
irremediable dado que el accionante recibe su asignación de retiro y conserva
acceso a los servicios de salud. Con base en ello, solicitó al Consejo de Estado

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negar las pretensiones, señalando que la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia ni reabrir un debate ya resuelto por la jurisdicción administrativa.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

De esta forma, le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de
Caquetá vulneró los derechos fundamentales invocados en la sentencia del 29 de
octubre de 2025, por incurrir presuntamente en defecto fáctico, sustantivo y
procedimental, dado que incumplió su deber de realizar un control integral de
legalidad del acto de retiro al limitarse a aplicar el Decreto 754 de 2019 sin examinar
1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional,
cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia
de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i)
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno
de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido;
(vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho
fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.

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la vigencia, jerarquía ni pertinencia del Decreto Ley 1791 de 2000, lo que permitió
el retiro de un miembro del nivel ejecutivo que no había cumplido los 20 años
exigidos por el estatuto de carrera

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto, se emplea el presente mecanismo como una instancia
adicional para reiterar los argumentos que ya fueron resueltos por el juez natural,
tal como se pasa a explicar.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos; (i) al
requisito de relevancia constitucional; (ii) del análisis del requisito de relevancia
constitucional en el caso concreto.

(i) Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que
le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces
de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20144, para que
un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes
elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o
de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales»5. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de
la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación
con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de
incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

4
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000
2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
ibidem.

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(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como
un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos
que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea
la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no
se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional
del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

(se destaca)

Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

El demandante ejerció medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, con el fin de
que se declarara la nulidad de la Resolución 01066 del 8 de abril de 2021 y que,
como restablecimiento del derecho, se ordenara su reintegro al cargo que ocupaba
al momento del retiro.

Sustentó esta petición señalando que la Policía Nacional habría transgredido
principios constitucionales y legales al separarlo del servicio mediante la figura de
llamamiento a calificar servicios, sin una motivación legítima ni orientada al
mejoramiento institucional, pasando por alto su trayectoria destacada, sus méritos
y sus condiciones personales. Expuso que el acto administrativo estaría viciado por
desviación de poder, derivada de presuntos hechos de persecución y acoso laboral
por parte de un superior, sin que se hubieran valorado criterios objetivos ni
garantizado el debido proceso. Afirmó además que esta actuación habría generado
un trato arbitrario y discriminatorio, en contravía de la jurisprudencia constitucional,
afectando de manera grave sus derechos fundamentales y los de su familia.

En el trámite de primera instancia, el Juzgado Cuarto Administrativo de
Florencia negó las pretensiones al concluir que el acto de retiro se ajustó al marco
legal y constitucional, pues la figura del llamamiento a calificar servicios únicamente
exige verificar que el funcionario haya cumplido el tiempo mínimo requerido para
acceder a la asignación de retiro, sin imponer la obligación de revisar su trayectoria
laboral o constatar un supuesto mejoramiento del servicio. En esa línea, tanto la
recomendación del Comandante del Departamento de Policía Caquetá como la
resolución que formalizó el retiro se consideraron conformes a las disposiciones
aplicables y aunque el actor alegó haber sido víctima de acoso laboral, el juzgado
determinó que no existía prueba de que tales hechos hubieran motivado su
desvinculación o influido en la decisión administrativa, razón por la cual concluyó
que la resolución se expidió conforme a las normas y criterios jurisprudenciales
vigentes, especialmente la causal prevista en el artículo 1 del Decreto 754 de 2019.

El señor Montenegro Perafán interpuso recurso de apelación6 contra la referida
decisión con fundamento en que:

6
Resumen del recurso de apelación transcito de la sentencia de segunda instancia proferida el 28 de febrero de 2025.
Expediente 11001-33-42-050-2019-00534-01.

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«[…] Sea pertinente señalar, que dentro del caso que nos ocupa, las declaraciones extra proceso
que fueron arrimadas al proceso a través del escrito de Demanda, acápite de petición de pruebas
numeral 13 y 14, se les debió dar el valor probatorio correspondiente por parte del fallador de
Primera Instancia, teniendo en cuenta que la Policía Nacional Entidad Demandada en el proceso
NO SOLICITO su ratificación, lo que significa que las ACEPTO, razón por la cual el Ad quo no
debió dejarlas sin valor probatorio, puesto que el artículo 222 del CGP., no lo faculta para no
valorarlas, solo señala que la parte contra quien se aduzcan estos testimonios, podrá solicitar su
ratificación, tal y como se evidencia en la norma ibidem, así: […]
Si bien es cierto, mi Poderdante el señor Intendente (R) PEDRONEL MONTENEGRO PERAFÁN,
al momento de su retiro de la Policía Nacional por LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS,
reunía los requisitos para acceder a una Asignación de Retiro, tal y como lo establece de manera
taxativa el numeral 2 del artículo 55 del Decreto Ley 1791 de 2000, en concordancia con lo
establecido en el artículo 1 del Decreto 754 de 2019, no menos cierto es que, quedo probado en
el proceso, a través del medio de prueba documental, que el Capitán DIEGO ALEJANDRO
RESTREPO NARANJO, actuando en representación de la Policía Nacional configuro el vicio de
DESVIACIÓN DE PODER; amenaza que divulgo en varias oportunidades y que finalmente se
materializo en el Acto Administrativo Acusado Resolución No.01066 del 08 de abril de 2021. La configuración del vicio de DESVIACIÓN DE PODER, inmersa en el Acto Administrativo
Acusado, se encuentra probada con los documentos validados por el A quo a folios 12, 13, 14,
15 y 16, en su acápite denominado “De lo probado en el proceso tenemos”; las mencionadas
pruebas documentales evidencian que mi Poderdante fue víctima de Acoso Laboral por parte del
Capitán DIEGO ALEJANDRO RESTREPO NARANJO, Jefe de Talento Humano; luego entonces
la finalidad de éste Capitán activo y al servicio de la Policía Nacional, no era mejorar el servicio
en ésta Institución, ni continuar con la dinámica Institucional, ni que mi Poderdante accediera a
su Asignación de Retiro, sino por el contrario lo que realmente buscaba a toda costa, era
desestabilizar física, emocionalmente y psicológicamente a mi Poderdante, valiéndose de una
herramienta jurídica como lo es EL LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS, situación que
logro con la expedición del Acto Administrativo Acusado Resolución No.01066 del 08 de abril de
2021, el cual se convierte en ilegal y trae consigo el vicio de Desviación de Poder. […]
Con los anteriores documentos, se quiere demostrar que mi Poderdante fue víctima de Acoso
Laboral por parte del Capitán DIEGO ALEJANDRO RESTREPO NARANJO, Jefe de la Oficina
de Talento Humano del Departamento de Policía Caquetá, quien le ordenaba a mi Poderdante
prestar servicios de los cuales estaba exonerado por recomendaciones médicas, lo trataba con
irrespeto al punto de que mi Poderdante instauro dos quejas ante la Procuraduría General de la
Nación, dejando constancia que lo iban a retirar de la Institución Injustamente como se puede
evidenciar en la queja ante la Procuraduría del día 21 de marzo de 2021; de la misma manera
el mencionado Capitán aprovechándose de su cargo de Jefe de Talento Humano incluyo a mi
Poderdante en una orden de traslado para desestabilizar su núcleo familiar; así mismo propuso
a mi Poderdante para que el Comandante de Departamento de Policía Caquetá lo postulara para
ser retirado de la Policía Nacional por la causal de “Llamamiento a calificar servicios”. Todos
estos elementos CONSTITUYEN una clara desviación de Poder, que se encuentra inmersa en
el Acto Administrativo acusado Resolución No.01066 del 08 de abril de 2021.

Las anteriores acciones, desarrolladas por la Policía Nacional a través del señor Capitán DIEGO
ALEJANDRO RESTREPO NARANJO, Jefe de la Oficina de Talento Humano del Departamento
de Policía Caquetá, van en contravía de la sentada jurisprudencia de la Honorable Corte
Constitucional en la SU-091 del 25 de febrero de 2016 y SU-217 de 2016, puesto que se
evidencia que en el caso particular, la Policía Nacional utilizo el “Llamamiento a calificar
servicios”, en contra de mi Poderdante como una herramienta de persecución y abuso poder. Así las cosas, es claro que mi Poderdante sufrio un acoso laboral continuo y sistemático, además
de una persecución y abuso poder por parte del señor Capitán DIEGO ALEJANDRO RESTREPO
NARANJO, Jefe de la Oficina de Talento Humano del Departamento de Policía Caquetá, hasta
el punto de proponer a mi Poderdante el Intendente PEDRONEL MONTENEGRO PERAFAN,
para que fuera retirado de la Policía Nacional por la causal de “Llamamiento a calificar servicios”,
como efectivamente se hizo en el Acto Administrativo acusado Resolución No.01066 del 08 de
abril de 2021, en el que se CONSTITUYE una clara desviación de Poder, por parte de la POLICÍA
NACIONAL, toda vez que no cumplió con la finalidad de las Sentencias de Unificación expedidas
por la Honorable Corte Constitucional.[…]
Corolario de lo anterior, evidenciamos que la Entidad Demandada si configuro vicios en la
expedición del Acto Administrativo Acusado Resolución No.01066 del 08 de abril de 2021, por el
continuo y sistemático acoso laboral propiciado por el Capitán DIEGO ALEJANDRO RESTREPO
NARANJO, Jefe de la Oficina de Talento Humano del Departamento de Policía Caquetá; luego
entonces el A quo no quiso valorar ni tener en cuenta el acervo probatorio arrimado, el cual en
nuestro criterio prueba y logra desvirtuar la presunción de legalidad del Acto Acusado, para
entonces haber proferido sentencia a favor del Demandante y ordenar el reintegro del mismo a
la Policía Nacional.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00178-00
Demandante: Pedronel Montenegro Perafán

Aunado a lo precedente, no es admisible que el A quo no haya valorado el contenido de las dos
declaraciones extraproceso que se arrimaron con el escrito de Demanda, bajo los argumentos
de falta de ratificación; la cual debió ser solicitada por el Apoderado de la Entidad Demandada y
no por solicitud del Demandante, ya que así lo precisa la Ley contenida en el artículo 222 del
CGP, luego entonces este medio de prueba también conduce, prueba y logra desvirtuar la
presunción de legalidad del Acto Acusado. […]
Por otra parte, y en atención a la consideración expuesta por el A quo en el folio 20 de la misma,
me permito señalar que si bien es cierto mi Poderdante el señor Intendente (R) PEDRONEL
MONTENEGRO PERAFAN, se encontraba inmerso en el cumplimiento de los requisitos
establecidos por Ley, para ser retirado del servicio activo de la Policía Nacional por la causal de
LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS, además no existía la necesidad imperiosa de valorar
su historia laboral, no se requería constatar el mejoramiento del servicio tras su retiro como
servidor público de la Entidad; no menos cierto es que en el caso en particular, la Policía Nacional
actuando a través del Capitán DIEGO ALEJANDRO RESTREPO NARANJO, Jefe de la Oficina
de Talento Humano del Departamento de Policía Caquetá, mal utilizaron este herramienta
jurídica de LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIO y la manipularon COMO MECANISMO
DE DESVIACIÓN DE PODER, para poder sacar a mi Poderdante de la Institución. […]»

Es decir, el demandante propuso como cargos de nulidad que el retiro del
Intendente Pedronel Montenegro Perafán estuvo viciado por desviación de poder,
pues, a su juicio, las pruebas aportadas y no valoradas por el juez, el Capitán
Restrepo habría ejercido acoso laboral y utilizado de manera indebida la figura de
llamamiento a calificar servicios para perseguirlo y propiciar su desvinculación, por
lo que las pruebas documentales y testimoniales demostraban que el acto
administrativo era ilegal y que el A quo incurrió en un error al no valorar
adecuadamente dicho acervo probatorio, vulnerando así la presunción de legalidad
del retiro.

Justamente, al resolver los cargos de apelación propuestos por la parte
demandante el Tribunal Administrativo de Caquetá consideró lo siguiente:

«En esta instancia el análisis se centra en determinar si el retiro del servicio activo del señor
Pedronel Montenegro Perafán por llamamiento a calificar servicios obedeció a una finalidad
legítima del servicio o si, por el contrario, estuvo viciado de falsa motivación y desviación de
poder.
Pues bien, como se dijo líneas atrás, el desacuartelamiento por llamamiento a calificar servicios
solo requiere que el oficial o suboficial haya completado los requisitos para el reconocimiento de
la asignación de retiro, lo cual se cumplió en este caso, pues según el acto administrativo
acusado, el demandante contaba con 18 años, 1 mes y 24 días de servicio. Además el
coordinador del centro integral de trámites y servicios de la Policía Nacional certificó que el
derecho (asignación de retiro) fue efectivamente reconocido.
Ahora bien, el demandante argumentó que el acto de retiro fue resultado de una retaliación por
haber denunciado acoso laboral ante la Procuraduría General de la Nación, situación que, según
su dicho, evidencia una desviación del propósito legal del llamamiento a calificar servicios.
En el proceso obran múltiples elementos probatorios: i) las denuncias presentadas por el actor
ante la Procuraduría; ii) los antecedentes médicos que dan cuenta de afectaciones psicológicas
derivadas de su entorno laboral; iii) la historia clínica que refiere alteraciones emocionales
compatibles con episodios de ansiedad y estrés laboral; y iv) la declaración extrajuicio rendida
por el señor Gabriel Leonardo Buendía Hermosa. Todo lo anterior que sugiere un patrón de
hostigamiento por parte del Capitán Restrepo Naranjo en contra del demandante.
No obstante, pese a la gravedad de tales afirmaciones, no se acreditó de manera concluyente
que el acto administrativo demandado fue expedido con fines distintos a los previstos
legalmente. Como se explicó en el marco normativo de esta providencia, la carga probatoria de
la desviación de poder recae en quien la alega, en virtud de lo cual la parte actora debió aportar
medios de convicción suficientes y contundentes para desvirtuar la presunción de legalidad del
acto.
La Sala encuentra que si bien existen indicios de un ambiente laboral complejo y posiblemente
hostil, ello no basta para demostrar que el retiro tuvo origen en razones ajenas al mejoramiento del
servicio. Por el contrario, el cumplimiento del tiempo de servicio y la existencia de una
recomendación formal son elementos que dotan de legalidad al acto cuestionado.

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Demandante: Pedronel Montenegro Perafán

Y es que la causal de nulidad de «desviación de poder» debe estar suficientemente acreditada,
es decir, que se demuestre que la voluntad de la administración se dirigió a fines distintos a los
que la norma indica. […]
Así las cosas, contrario a lo sostenido por la parte actora, el llamamiento a calificar servicios
constituye una forma legítima y decorosa de culminación de la carrera dentro de la Policía
Nacional, y así debe entenderse en el presente caso. No se advierte prueba alguna que permita
afirmar que se trató de una represalia, especialmente si se tiene en cuenta que la recomendación
para el retiro fue elevada por el entonces comandante, Coronel Óscar Andrés Lamprea Pinzón,
quien no es la misma persona a la que el demandante identifica como presunto responsable del
acoso laboral (Capitán Diego Alejandro Restrepo Naranjo), y respecto del cual tampoco se
demostró que hubiese tenido injerencia alguna en la decisión de retiro.[…]
Bajo ese contexto se colige que, más allá de la afirmación del libelista, no obran pruebas que
permitan advertir que la finalidad del acto demandado fue diferente a la prevista en ley y la
jurisprudencia o que la intención del retiro fue ajena al buen servicio y al relevo jerárquico del
mando. En conclusión, no se demostró la configuración de la causal de poder.
Ahora, tampoco se demostró la configuración de la causal de falsa motivación, pues debe
recordar la Sala que esta se materializa cuando el acto administrativo se sustenta en hechos que
no son ciertos o que no se corresponden con la realidad, es decir, cuando existe una
discordancia entre la motivación expresada por la administración y la verdadera causa de su
actuación. En el caso bajo análisis, no se acreditó que los fundamentos que dieron origen al acto
de retiro fueran inexistentes, falsos o distintos a los legalmente previstos. Por el contrario, se
observa que el acto se basó en el cumplimiento del tiempo de servicio y en la recomendación
emitida conforme a los lineamientos normativos aplicables.
No obra en el expediente prueba alguna que permita inferir que la decisión de retiro fue adoptada
con base en hechos erróneos, tergiversados o ajenos a la realidad funcional del demandante.
Incluso si se tuvieran en cuenta los antecedentes del presunto acoso laboral, no se allegaron
elementos objetivos que permitan establecer un nexo causal entre dichas circunstancias y el
acto administrativo acusado, ya que, se insiste, la simple percepción subjetiva de afectación o
injusticia no basta para invalidar un acto que, en apariencia y en fondo, satisface los requisitos
legales y constitucionales. En consecuencia, no puede la Sala predicar la existencia de falsa
motivación cuando no hay prueba fehaciente de que los motivos invocados por la administración
hubieren sido contrarios a la realidad o utilizados como excusa para encubrir una finalidad
distinta.
Así las cosas, resulta forzoso concluir que el retiro por llamamiento a calificar servicios del señor
Pedronel Montenegro Perafán se expidió en los términos dispuestos en el numeral 2° del artículo
55 del Decreto 1791 de 2000, comoquiera que cumplió los requisitos para tener derecho a la
asignación de retiro, además que no logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto
administrativo demandado con las causales de nulidad invocadas.»

De lo anterior se desprende que, para el Tribunal, aunque existían indicios de un
ambiente laboral hostil y denuncias de acoso, no se demostró que el retiro del señor
Pedronel Montenegro Perafán obedeciera a una finalidad indebida. El llamamiento
a calificar servicios se fundamentó en el cumplimiento del tiempo requerido para
acceder a la asignación de retiro y en una recomendación formal válida. Asimismo,
concluyó que no se acreditaron las causales de nulidad por desviación de poder ni
falsa motivación, preservando la presunción de legalidad del acto ante la falta de
evidencia de una intención persecutoria.

Frente a esa decisión, la Sala advierte que la solicitud de amparo no supera el
requisito de relevancia constitucional. En primer lugar, la parte actora propone un
debate que no planteó ante el juez natural, por lo que modificó por completo el litigio
que se suscitó en el proceso ordinario.

Mientras que en el proceso ordinario la discusión se centró exclusivamente en los
hechos de acoso y la desviación de poder, en sede constitucional el actor plantea
un problema jurídico enfocado en el principio de jerarquía normativa y la presunta
derogatoria tácita de normas.

En concreto, argumenta que el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo al aplicar
el Decreto 754 de 2019 (de naturaleza ordinaria) por encima del Decreto Ley 1791
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00178-00
Demandante: Pedronel Montenegro Perafán

de 2000 (con fuerza material de ley). A partir de esta nueva tesis, sostiene que el
retiro solo era válido al cumplir 20 años de servicio y cuestiona, por primera vez, la
diferencia competencial y material entre ambos decretos. Ese argumento no fue
objeto de discusión en el proceso contencioso, por lo que permitir su análisis en esta
etapa desnaturalizaría la acción de tutela, convirtiéndola en un mecanismo para
subsanar omisiones del litigio ordinario.

En segundo lugar, frente al reproche relativo a que el Tribunal accionado habría
desconocido la Sentencia SU-00316 de 2016 al omitir verificar la «finalidad del acto»,
la Sala advierte que este planteamiento pretende utilizar la acción de amparo como
una tercera instancia.

Al revisar la providencia cuestionada, es evidente que el juez natural sí analizó la
finalidad de la medida y concluyó, de manera motivada y razonable, que no existía
nexo causal entre los indicios de acoso y la recomendación de retiro. En
consecuencia, la tutela tampoco procede para imponer la particular valoración
probatoria que el actor hace de los hechos.

Dado que la solicitud de amparo no cumple con el requisito general de relevancia
constitucional (al sustentarse en argumentos nuevos y pretender reabrir debates
fácticos ya superados), no es procedente un pronunciamiento de fondo sobre los
defectos invocados.

En esa medida, se declarará improcedente la acción de tutela interpuesta por el
señor Pedronel Montenegro Perafán.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Pedronel
Montenegro Perafán.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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