Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00179-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00179-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00179-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: P.E.D.R. y L.C.D.R.
Parte accionada: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
y otros.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00179-00.
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Se declara la carencia actual de
objeto por sustracción de materia y la improcedencia por no cumplir con el
requisito de la subsidiariedad.
Sentencia de primera instancia
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
y la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
A) Respecto del expediente 11001-03-15-000-2025-08064-00
1.1. La parte accionante presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado
• Sección Segunda - Subsección A y Sección Tercera - Subsección B, la
Arquidiócesis de Bogotá, la Diócesis de Girardot y la Parroquia Nuestra
Señora del Carmen de Reventones, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales de petición, vida digna, información, igualdad y
debido proceso.
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00179-00
1.2. El conocimiento de la anterior acción constitucional le correspondió a la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que, en auto
de 19 de diciembre de 2025 la inadmitió con el fin de que los actores
determinaran cuál es la relación directa entre los hechos planteados y las
pretensiones formuladas frente a las entidades accionadas.
B) Respecto del expediente 11001-03-15-000-2025-06404-00/01
1.1. Los accionantes presentaron acción de tutela contra la Fiscalía General
de la Nación, la Junta de Acción Comunal de Reventones, la Alcaldía de
Anolaima, el Concejal de Anolaima Edgar David Martínez Bermúdez, la
Personería de Anolaima, la Parroquia Santa Ana de Quipile y los señores
Carlos David Rodríguez Tiguaque, José Joaquín Bermúdez y Julio César
Vera Espitia.
1.2. Mediante sentencia de 6 de noviembre de 2025, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado negó las pretensiones de
amparo solicitada por los aquí actores.
1.3. Inconforme con la decisión anterior los actores presentaron impugnación,
la cual le correspondió conocer a la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
2.1. Respecto del expediente 11001-03-15-000-2025-08064-00
La parte actora manifestó que la autoridad accionada al inadmitir su
mecanismo de amparo “[…] prolongó el tiempo de esta tutela por más tiempo
por lo que considero vulnerado mi derecho al debido proceso y seguridad
personal al ni siquiera proteger mi igualdad y seguridad personal […]”.
2.2. Respecto del expediente 11001-03-15-000-2025-06404-00/01
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00179-00
La parte accionante manifestó que en este proceso se le vulneró su derecho
fundamental al debido proceso “[…] toda vez que no se vincularon a todas las
entidades accionadas y que fueron accionadas dentro del proceso 11001-03
15-000-2025-06404-00 y donde se radicó una acción de tutela el pasado (10)
de octubre del año (2025), actuación donde se pueden encontrar varias
irregularidades violatorias al debido proceso de las partes y de la cual hubo
fallo el seis (6) de Noviembre del año (2025) […]”.
Adujo que la sentencia de primera instancia fue proferida “[…] sobrepasando
los términos de ley de más de (10) días, negando la demanda y ni siquiera
analizó la situación planteada […]”.
Comentó que se efectuaron indebidamente unas notificaciones a entidades
que no hacen parte del proceso y se omitió vincular a otras que señaló como
accionadas. Al respecto, enfatizó lo siguiente:
“[…] En los anteriores términos considero una violación a mis derechos
fundamentales incoados y discriminados por la Sala del Consejo de
Estado Sección Segunda Subsección A al no haber valorado pruebas,
historias clínicas, notificar a todas las partes accionadas y salvaguardar
mi derecho a la igualdad, razón suficiente para alegar una violación al
debido proceso dentro de la admisión de la demanda al no notificar a
todas las ACCIONADAS dentro de la demanda del Dr. JORGÈ IVÀN
DUQUE GUTIERREZ CONSEJO DE ESTADO -SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÒN A, en el PROCESO: 11001-03-15-000-2025-06404-00
[…]”. [Sic en toda la cita].
Igualmente, indicó que:
“[…] Dentro del escrito de IMPUGNACIÒN se hace un amplio y extenso
escrito manifestando los hechos y actos discriminatorios y las fallas en la
violación al debido proceso cometidos por el fallador de primera instancia
en el PROCESO: 11001-03-15-000-2025-06404-00 al no notificar a todos
los accionados y presuntamente FAVORECER Y ENCUBRIR los hechos
demandados y como se prueba ante la falta de valoración de pruebas y
ante la equivocada notificación a la PARROQUIA SANTA ANA del
Municipio de Quipile y cuya entidad no fue accionada dentro del proceso
que le correspondió en primera instancia al Dr. JORGÈ IVÀN DUQUE
GUTIERREZ con radicado y PROCESO: 11001-03-15-000-2025-06404-
00, es así que se le solicita al JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA anule
dicho fallo y se admita una medida cautelar para salvaguardar la
SEGURIDAD PERSONAL E IGUALDAD DE LOS ACTORES y realice
informes posteriores, sin embargo dicha solicitud de nulidad ha guardado
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silencio e incluso el termino para decidir el fallo y la solicitud de nulidad e
impugnación ha sobrepasado términos y esto a repercutido en
consecuencias para los accionantes en cuanto a su seguridad personal.
Por consiguiente a este despacho se le solicito revocar tal sentencia o
declarar la nulidad de todo lo actuado y decidido por el Dr. JORGÈ IVÀN
DUQUE GUTIERREZ, CONSEJERO DE LA SECCION SEGUNDA
SUBSECCIÒN A DEL H. CONSEJO DE ESTADO -SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO dentro del PROCESO: 11001-03-15-
000-2025-06404-00, sin embargo dado al silencio del despacho y el
aumento de discriminación por parte de páginas de las ACCIONADAS Y
POR PARTE DE LAS ACCIONADAS en esa actuación que aquí se
demanda ; se hace saber que quienes obran como demandados en los
mencionados procesos y despachos accionados han actuado de forma
más discriminatoria y con un trato desigual y abusivo con consecuencias
físicas, morales y psicológicas contra el actor y su progenitora ante actos
de rechazo. […]”. [Sic en toda la cita]
3. Pretensiones
La parte actora planteó las siguientes pretensiones respecto de las
autoridades aquí accionadas:
“[…] PRIMERA: Solicito RESPETUOSAMENTE SE TUTELEN MIS
DERECHOS FUNDAMENTALES AL DERECHO DE PETICIÓN,
DERECHO A LA VIDA FAMILIAR DIGNA, INFORMACIÓN, IGUALDAD Y
DEBIDO PROCESO Y POR CONSIGUIENTE SE ORDENE A LAS
ACCIONADAS:1. H. MAGISTRADO PONENTE: Dr. JORGÈ IVÀN
DUQUE GUTIERREZ CONSEJO DE ESTADO -SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA en el
PROCESO: 11001-03-15-000-2025-06404-00; H. MAGISTRADO
PONENTE: Dra. RAFAEL FRANCISCO SUARES:Dr. CONSEJO DE
ESTADO -SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA EN EL PROCESO 11001-03-15-000-2025-06404-01 se
declare nulidad en la actuación procesal o se rehaga el proceso para
garantizar mi derecho al DEBIDO PROCESO Y ADMINISTRACIÒN DE
justicia RESPECTIVAMENTE vulnerados o se vinculen los informes de
los entes accionados no notificados y se anule la vinculación de la
PARROQUIA SANTA ANA DE QUIPILE toda vez que no hacia parte de
las accionadas.
[…]
TERCERO: Solicitar A SU DESPACHO SE ORDENE lo que considere
respecto a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA y a la COMISIÒN DE
ACUSACIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES , pues como
lo expuse y pruebo en los anexos presente debidamente las denuncias y
las entidades se abstuvieron de recibir ya abrir los procesos penales u
disciplinarios de acuerdo a sus competencias contra el Consejero de
estado :H. MAGISTRADO PONENTE: Dr. JORGÈ IVÀN DUQUE
GUTIERREZ CONSEJO DE ESTADO -SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA en el PROCESO: 11001-03-15-
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00179-00
000-2025-06404 00 y el no recibido por la Comisión de Acusaciones de la
denuncia contra el NO ACUSE DE RECIBIDO DE LA CAMARA DE
REPRESENTANTES DE MI DENUNCIA ENVIADA en Noviembre y
Diciembre del (2025) como consta en los anexos; pero si su señoría
considere pertinente respetuosamente requiera un informe de fondo,
congruente y detallado de porque se abstienen de actuar conforme a sus
competencias y de no abrir las investigaciones pertinentes o dar respuesta
de fondo a las denuncias presentadas ante dichas entidades desde los
correos: luiscarlosdominguezramirez0@gmail.com y
oficinajuridicacentrointel@gmail.com y en especial en el mes de
Noviembre y Diciembre del año (2025) ; porque incluso durante años ha
pasado esta situación y mas en lo referente a la denuncia que anexe por
el no recibido de una denuncia contra la COMISION DE ACUSACIONES
DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES Y CONTRA EL MAGISTRADO
PONENTE DE LA SECCIÒN SEGUNDA SUBSECCIÒN A- H.
MAGISTRADO PONENTE: Dr. JORGÈ IVÀN DUQUE GUTIERREZ DEL
CONSEJO DE ESTADO -SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA en el PROCESO: 11001-03-15-
000-2025-06404-00 dada las irregularidades cometidas dentr de la
admisión d ela demanda y por indebidas notificaciones y no vinculaciones
de todas las partes accionadas y demandadas, donde como ponente del
proceso presuntamente vulnero mis derechos al debido proceso,
administración de justicia e igualdad […]”. [sic en toda la cita]
II. INTERVENCIONES
Mediante auto de 19 de enero de 2026, se escindió la presente acción de
tutela y, en consecuencia, esta Corporación admitió exclusivamente la
acción constitucional respecto de la vulneración atribuida por los actores a
las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Igualmente,
remitió copia del expediente a la Corte Suprema de Justicia y a los
Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá para lo de su competencia.
En auto de 10 de febrero de 2026, se ordenó al “[…] Juzgado Sesenta y
Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá - Sección Primera dar
cumplimiento a la providencia de 19 de enero de 2026 y, en consecuencia,
de manera inmediata le imparta trámite a la acción de tutela promovida por
los señores P.E.D.R. y L.C.D.R. respecto de las accionadas: Arquidiócesis
de Bogotá, Diócesis de Girardot, Parroquia Nuestra Señora del Carmen de
Reventones – Anolaima, Presidencia de la República y Comisión de
Acusaciones de la Cámara de Representantes […]”.
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III. INTERVENCIONES
1. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado manifestó
que la presente acción no cumple los requisitos legales y jurisprudenciales de
procedencia, habida cuenta que la decisión que se acusa como causante de
la presunta lesión de derechos fundamentales fue proferida en otro trámite de
acción de tutela.
Sostuvo que “[…] el auto de inadmisión proferido por este Despacho no
comporta dilación injustificada alguna, y se acompasa con los principios de
eficiencia y seguridad jurídica que son transversales a todas las autoridades
judiciales […]”.
2. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado rindió informe
en el que manifestó que estará “[…] presto a atender lo que disponga la Sala
que decida la acción constitucional […]”.
3. La Asociación de Usuarios del Acueducto Interveredal de Reventones,
Corralejas, Boquerón de Ilo y Veredas Adyacentes adujo que los hechos
expuestos surgieron en el año 2017, por lo que no se cumple con el requisito
de inmediatez.
4. La Arquidiócesis de Bogotá señaló que la Diócesis de Girardot “[…] no es
una institución dependiente ni vinculada de manera presupuestal,
administrativa y judicialmente con la Arquidiócesis de Bogotá […]”, razón por
la cual “[…] la presente acción constitucional debe estar dirigida a la DIÓCESIS
DE GIRARDOT o a la Parroquia que se ubica en el lugar de los hechos, estas
deben ser tomadas como instituciones que gozan de personería jurídica propia
y cuentan con autonomía técnica, jurídica, administrativa y financiera […]”.
5. El Municipio de Anolaima indicó que la vulneración alegada por los actores
no se encuentra acreditada dado que no allegaron pruebas que demuestren
sus afirmaciones, por tanto, solicitó negar el amparo deprecado.
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IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:
B) Determinar si las autoridades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
3. Caso concreto
3.1. Del análisis de la sustracción de materia respecto de la vulneración
atribuida dentro del expediente 11001-03-15-000-2025-08064-00
La Constitución Política de 1991 concibió la acción de tutela como el
mecanismo mediante el cual toda persona, a través de un procedimiento
preferente y sumario, puede solicitar la protección inmediata de sus derechos
fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u
omisión de cualquier autoridad pública; “[…] sin embargo, la alteración o el
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
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desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la presunta
vulneración de los derechos, conlleva a que la acción de amparo pierda
su razón de ser como mecanismo extraordinario de protección judicial […]”2.
La Corte Constitucional ha indicado que la carencia actual de objeto se
configura “[…] cuando la orden del juez constitucional no tendría efecto alguno
o “caería al vacío […]”3 y puede presentarse bajo las categorías de (i) daño
consumado, (ii) hecho superado, (iii) situación sobreviniente o (iv) sustracción
de materia.
En cuanto a la sustracción de materia, en la sentencia T-204 del 2013, la
Corte Constitucional señaló que “[…] hay carencia actual de objeto por
sustracción de materia, en aquellos casos en que deja de existir el objeto
jurídico respecto del cual el juez constitucional debe tomar una decisión […]”4.
En concordancia con lo anterior, esta Sección5 precisó lo siguiente:
“[…] En cuanto a la configuración de la carencia de objeto por
sustracción de materia, la Sala Plena de esta Corporación ha
señalado, lo siguiente:
“[…] El Consejo de Estado, en su función de ‘tribunal supremo
de lo contencioso administrativo’, ha entendido por sustracción
de materia la desaparición de los supuestos, hechos o normas
que sustentan un medio de control, antes acción, lo cual
ocasiona que el juez no pueda pronunciarse porque se ha
extinguido la causa que originó el acudir a la jurisdicción…
“De acuerdo con la jurisprudencia contencioso administrativa
de esta Corporación, si las causas que originaron el ejercicio
del medio de control desaparecen, el juez debe declararse
inhibido para resolver el asunto ya que no hay objeto que se
sujete a una sentencia. Lo anterior, porque la sustracción de
materia, admitida por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo como causal para inhibirse, opera cuando la
2 Corte Constitucional. Sentencia SU – 522 del 5 de noviembre de 2019. M.P.: Diana Fajardo
Rivera.
3 Corte Constitucional. Sentencia T-086 del 2 de marzo de 2020. M.P.: Alejandro Linares
Cantillo.
4 Corte Constitucional. Sentencia T-204 del 12 de abril de 2013. M.P.: Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
5 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 26 de agosto de 2021. M.P. Nubia
Margoth Peña Garzón. AT Rad. 11001 03 15 000 2021 02730 00.
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relación sustancial o material que originó la litis ha variado de
sentido, o incluso desaparecido […]”6.
(…)
De lo anterior se colige que la carencia actual de objeto, por
sustracción de materia, se configura en aquellos casos en que deja de
existir el objeto jurídico respecto del cual el juez constitucional debe
tomar una decisión, por lo cual, la protección a través de la tutela
pierde sentido y, en consecuencia, el juez constitucional queda
imposibilitado para emitir orden alguna de protección del derecho
fundamental invocado, tal y como ocurre en el presente caso […]”.
En el presente caso, se advierte que la parte actora le atribuyó la vulneración
de sus derechos fundamentales al auto de 19 de diciembre de 2025 proferido
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro de
la acción de tutela identificada con el número de radicación 11001-03-15-000-
2025-08064-00, mediante el cual se inadmitió el mecanismo de amparo.
Esta Sección procedió a consultar en el aplicativo Samai la acción de tutela
promovida por el actor identificada con el radicado 11001-03-15-000-2025-
08064-00, encontrando que la misma fue rechazada mediante auto de 22 de
enero de 2026 por no haberse subsanado los yerros anotados en el auto
inadmisorio de fecha 19 de diciembre de 2025.
En atención a lo anterior, la Sala considera que se configura la carencia actual
de objeto por sustracción de materia, comoquiera que el proceso dentro del
cual se profirió el auto de 19 de diciembre de 2025 se encuentra finalizado por
una situación diferente a la que se debatió en dicha decisión, por tanto, dejó de
existir el objeto jurídico respecto del cual el juez constitucional debía tomar una
decisión, por lo que, en esas condiciones, cualquier orden que el juez
impartiera respecto de la providencia cuestionada carecería de eficacia
práctica y caería en el vacío.
En consecuencia, la Sala declarará la carencia actual de objeto por sustracción
de materia respecto de la vulneración atribuida al auto de 19 de diciembre de
2025 proferido dentro del expediente 11001-03-15-000-2025-08064-00, como
6 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 19 de julio de 2016, M.P. Sandra Lisset Ibarra
Vélez.
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en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
3.2. Del análisis de la subsidiariedad respecto de la vulneración atribuida
dentro del expediente 11001-03-15-000-2025-06404-00/01
La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional7 como del Consejo
de Estado8 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
De acuerdo con las reglas establecidas en la sentencia SU-627 de 2015, la
acción de tutela procede excepcionalmente contra fallos judiciales dictados en
el curso de una acción de tutela, cuando se cumplen los siguientes supuestos:
[…] a) La acción de tutela presentada no comparte identidad procesal
con la solicitud de amparo cuestionada, es decir no se está frente al
fenómeno de la cosa juzgada.
b) Debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada
en una anterior acción de tutela fue producto de una decisión de
fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho
(Fraus Omnia corrumpit),
c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situación, esto es, que
tiene un carácter residual […]9.
7
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
8
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.
9
Sentencia SU-627 de 2015.
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De lo anterior, esta Sala destaca que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra fallos de tutela siempre y cuando se logre acreditar
que los mismos fueron proferidos fraudulentamente y, en consecuencia, se
encuentran revestidos de “cosa juzgada fraudulenta”.
De otra parte, la acción de tutela se caracteriza por ser un instrumento
subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros
medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio,
con miras a evitar un perjuicio irremediable, de conformidad con lo previsto en
el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política y en el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.
El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba
ser conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable,
para neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho10.
De acuerdo con lo expuesto, se tiene que para acudir a la acción de amparo
el interesado debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal
(acción, recurso, incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial
cualquiera que sea su naturaleza11), lo que significa que la parte accionante
tiene la obligación de interponer en tiempo los recursos establecidos en la ley
o las acciones que estén a su alcance.
En el presente caso, la parte actora también le atribuyó la vulneración de sus
derechos fundamentales a la sentencia de 6 de noviembre de 2025 proferida
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, respecto
de la cual reconoció que presentó impugnación alegando la violación del
debido proceso por la falta de vinculación y notificación de unas autoridades
que había señalado como accionadas.
Respecto de lo anterior, la Sala advierte que la providencia de 6 de noviembre
10 Sentencia T-225 de1993, reiterado en la sentencia SU-617 de 2013.
11 Corte Constitucional, auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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de 2025 a la cual la parte actora le atribuyó la supuesta afectación de sus
garantías fundamentales no finalizó la controversia, dado que contra la misma
los actores presentaron impugnación de que trata el artículo 32 del Decreto Ley
2591 de 1991.
De ahí que la Sala encuentra que la presente solicitud de amparo deviene en
improcedente por no satisfacer el requisito de la subsidiariedad, en razón a
que, para el momento de presentación de la acción de la referencia el proceso
dentro del cual se profirió la providencia aquí cuestionada se encontraba en
trámite de segunda instancia y, por ende, la decisión objeto de censura no se
encontraba ejecutoriada.
En este contexto, resulta preciso indicar que si bien es cierto la impugnación
fue resuelta mediante sentencia de 5 de febrero de 2026 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la realidad es que
la vulneración alegada por los actores se centró en cuestionar el fallo de
primera instancia de 6 de noviembre de 2025, por lo que los argumentos aquí
expuestos no pueden ser extensivos a esta última porque se tratan de
decisiones distintas y sus consideraciones difieren indistintamente de que la
resolución sea la misma.
En todo caso, la Sala considera que los argumentos planteados por los actores
tendientes a controvertir el fallo de 6 de noviembre de 2025 no develan que
dicha decisión haya sido proferida a partir de una situación fraudulenta. Por
tanto, se concluye que no concurren los presupuestos de procedencia de la
acción de tutela contra un fallo de igual naturaleza, comoquiera que tal
posibilidad resulta excepcional y su propósito es “[…] revertir o detener
situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una
orden proferida en un proceso de amparo […]”.
Por los anteriores razonamientos, la Sala declarará improcedente el
mecanismo de amparo de la referencia respecto de la vulneración atribuida
dentro del expediente 11001-03-15-000-2025-06404-00/01.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00179-00
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
SUSTRACCIÓN DE MATERIA respecto de la vulneración atribuida al auto de
19 de diciembre de 2025 proferido dentro del expediente 11001-03-15-000-
2025-08064-00, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
sentencia.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente el mecanismo de amparo respecto de
la vulneración atribuida dentro del expediente 11001-03-15-000-2025-06404-
00/01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00179-00
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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