Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00181-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00181-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00181-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00181-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: GARY HUMBERTO CALDERÓN NOGUERA
TESIS: SE AMPARA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN FRENTE A LA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO TODA VEZ QUE NO DIO
RESPUESTA A LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL ACTOR. SE DENIEGAN LAS
DEMÁS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, LAS ACCIONADAS CONTESTARON
LAS PETICIONES PRESENTADAS POR LA PARTE ACTORA, INCLUSO ANTES DE
INSTAURARSE LA ACCIÓN DE TUTELA DE LA REFERENCIA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: PETICIÓN Y DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL DEL CONSEJO
DE ESTADO1, el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA2, la
IMPRENTA NACIONAL, la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE
COMUNICACIONES3, la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO
Y REGISTRO4, la EDITORIAL LA REPÚBLICA S.A.S.5, el DIARIO
EL ESPECTADOR6 y EL TIEMPO CASA EDITORIAL S.A.7.
1
En adelante el Consejo de Estado.
2
En adelante el Consejo Superior.
3
En adelante la Comisión.
4
En adelante la Superintendencia.
5
En adelante la República.
6
En adelante el Espectador.
7
En adelante el Tiempo.
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Actor: GARY HUMBERTO CALDERÓN NOGUERA
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor GARY HUMBERTO CALDERÓN NOGUERA, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales de petición y debido proceso, los cuales
estima vulnerados por el CONSEJO DE ESTADO, el CONSEJO
SUPERIOR, la IMPRENTA NACIONAL, la COMISIÓN, la
SUPERINTENDENCIA, la REPÚBLICA, el ESPECTADOR y el
TIEMPO, por cuanto no ha recibido una respuesta de fondo, clara y
concreta a la solicitud que les envió, vía electrónica, el 21 de abril de
2025, en la que pidió información respecto a la publicación de los
edictos emplazatorios de la liquidación de herencias y sociedades
conyugales ante notario, en periódicos de amplia circulación
nacional.
I.2. Hechos
Manifestó que es abogado litigante en el círculo notarial de Neiva y
ciudades circunvecinas.
Sostuvo que en el ejercicio de su profesión, ha advertido que
respecto de los trámites de liquidación notarial de herencias, no se
ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los decretos núms. 902 de
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19888 y 1729 de 19899 que, disponen las publicaciones de los edictos
emplazatorios en diarios de amplia circulación nacional, pues en el
departamento de Huila y en otros, las publicaciones se están
efectuando en diarios locales que no cuentan con la suficiente
cobertura, impidiendo que la información sea extensiva a los
interesados.
Mencionó que el 21 de abril de 2025, presentó ante las entidades
accionadas sendos derechos de petición en los que solicitó
información relacionada con el cumplimiento de la normatividad y la
publicación de los edictos emplazatorios de la liquidación de
herencias y sociedades conyugales ante notario, en periódicos de
amplia circulación nacional.
I.3. Fundamentos de la solicitud
Aseguró que hasta la fecha de la presentación de la acción de tutela
de la referencia no había recibido respuesta clara y de fondo por parte
de las entidades accionadas, quienes han efectuado traslados a otras
entidades de las cuales aún espera respuesta.
Afirmó que “[…] por la complejidad del asunto, los varios traslados
de una entidad del gobierno a otra y de otra a otra y de otra a otra,
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“Por el cual se autoriza la liquidación de herencias y sociedades conyugales vinculadas a ellas ante
notario público y se dictan otras disposiciones”.
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“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto-ley 902 de 1988”.
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lo mismo que la necesidad de obtener una respuesta de fondo para
hacerla valer en todas las entidades, proponemos esta acción de
tutela […]”.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,
en consecuencia:
“[…] PRIMERA. Tutelar los derechos fundamentales de petición de
información, del debido proceso y demás conexos vulnerados por
las entidades accionadas, Consejo de Estado, Consejo Superior de
la Judicatura, Imprenta Nacional, Comisión de Regulación de
Comunicaciones, Superintendencia de Notariado y Registro, Diario
El Espectador y Diario La República, ante su omisión al entregar
una respuesta eficiente y de fondo a lo peticionado.
SEGUNDO. Conceder a la entidad y/o diario tutelado, un término
expedito para que procedan a dar respuesta de fondo a la solicitud.
TERCERO. Requerirlos, por último, para en el evento de no tener
la información requerida, que se le dé el tratamiento a este derecho
de petición, acorde con la línea jurisprudencial nacional e
internacional, esto es enviándolo a la entidad competente, pero con
la advertencia de que dicha remisión corresponde a una orden de
tutela y que por lo tanto debe ser de cumplimiento inmediato […]”.
(Destacado pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- El CONSEJO DE ESTADO señaló que en los hechos y
consideraciones expuestos en la presente acción de tutela, no se
observa injerencia alguna por su parte.
Informó que la solicitud presentada en su momento por el actor fue
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radicada ante la Secretaría General de la Corporación, que mediante
Oficio núm. JFS-2062 de 21 de abril de 2025, otorgó respuesta en la
que se le indicó el traslado por competencia al Consejo Superior.
I.5.2.- El CONSEJO SUPERIOR solicitó denegar las pretensiones de
la demanda, pues en virtud del traslado por competencia que efectuó
el Consejo de Estado, mediante Oficio núm. 25 de abril de 2025
brindó respuesta a los planteamientos formulados por el actor, en la
que se le indicó que no fungía como órgano de consulta y, además,
corrió traslado por competencia a la IMPRENTA NACIONAL.
I.5.3.- La IMPRENTA NACIONAL informó que en virtud del
traslado efectuado por parte del CONSEJO SUPERIOR, emitió
respuesta escrita al derecho de petición presentado por el actor el 13
de mayo de 2025 a través del oficio núm. 20251400004221 de
12/05/2025, en la que se manifestó que la entidad carece de
competencia para suministrar información que no hace parte de sus
funciones, por lo que en aras de garantizar una respuesta de fondo
trasladó la solicitud a la COMISIÓN y a la SUPERINTENDENCIA,
para que en el marco de sus competencias den trámite y resolución
formal al asunto.
I.5.4.- La COMISIÓN manifestó su oposición a las pretensiones de
la demanda, al considerar que no obra en el expediente sustento
fáctico, ni jurídico que demuestre un acción u omisión en la presunta
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vulneración de las garantías constitucionales del actor.
Aseguró que la IMPRENTA NACIONAL le dio traslado de la petición
formulada por el actor, la cual fue debidamente atendida a través del
Oficio núm. 2025514778 de 16 de mayo de 2025, en la que se le
informó la imposibilidad de atender su solicitud, ya que dentro de las
funciones y competencias asignadas, no se encuentra ninguna
relacionada con lo pretendido por el actor.
I.5.5.- El TIEMPO señaló que la solicitud de amparo debe ser
denegada, por cuanto no ha vulnerado los derechos fundamentales
invocados.
Aseguró que frente al derecho de petición radicado por el actor,
procedió a dar respuesta el 5 de mayo de 2025, en la que se le
manifestó al peticionario la imposibilidad de atender los
requerimientos ya que no es competente para emitir las
certificaciones solicitadas.
I.5.6.- El ESPECTADOR señaló que la solicitud de amparo debe
denegarse ante la inexistencia de la vulneración de los derechos
deprecados.
Resaltó que respecto de la petición formulada por el actor, mediante
Oficio de 22 de enero de 2026 otorgó una respuesta de fondo,
informándole al interesado que no tiene competencia para emitir
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certificaciones relacionadas con la circulación nacional de los otros
diarios.
I.5.7.- La REPÚBLICA aseguró que en el presente asunto se
configuró la carencia actual de objeto por hecho superado,
comoquiera que de la petición formulada por el actor se brindó
respuesta el pasado 22 de enero de 2026, precisando que es un
medio de comunicación privado que no ejerce funciones públicas, ni
regulatorias, por lo que no contaba con la facultad para expedir las
certificaciones solicitadas.
I.5.8.- La SUPERINTENDENCIA, pese a ser notificada del presente
trámite, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
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La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 1991. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor instauró la acción
de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales de petición y debido proceso, los cuales estima
vulnerados por el CONSEJO DE ESTADO, el CONSEJO SUPERIOR,
la IMPRENTA NACIONAL, la COMISIÓN, la
SUPERINTENDENCIA, la REPÚBLICA, el ESPECTADOR y el
TIEMPO, por cuanto no ha recibido una respuesta de fondo, clara y
concreta a la solicitud que les envió, vía electrónica, el 21 de abril de
2025, en la que pidió información respecto a la publicación de los
edictos emplazatorios de la liquidación de herencias y sociedades
conyugales ante notario, en periódicos de amplia circulación
nacional.
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Los disensos del actor radican en que hasta la fecha de la
presentación de la acción de tutela de la referencia, no había recibido
respuesta clara y de fondo por parte de las entidades accionadas,
quienes han efectuado traslados a otras entidades de las cuales aún
espera respuesta.
Para resolver el problema jurídico planteado, en primer lugar, la Sala
hará mención del marco legal del derecho fundamental de petición,
para en seguida abordar el estudio del fondo del asunto.
Del derecho de petición
El derecho de petición se encuentra establecido en el artículo 23 de
la Constitución Política, que textualmente indica:
“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales […]”.
Respecto del derecho de petición, la Jurisprudencia de la Corte
Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 201110, estableció
que:
“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos
estructurales esenciales del derecho fundamental de
petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos
se constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
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M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas.
Sobre el particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por
la Sentencia T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y
T-108 de 2006, señaló:
“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala
que conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta
Corporación y que se encuentran contenidas, entre otras, en la
Sentencia T-466 de 2004, el núcleo esencial del derecho de
petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión,
el cual en el asunto de la referencia resulta lesionado puesto que
el Seguro Social, según se ha reseñado, no demostró haber dado
respuesta a la petición del actor formulada el 5 de noviembre de
2003. Esta sola circunstancia impedía al a-quo dar aplicación al
artículo 26 del Decreto 2591 de 1991”.
En igual sentido, en la Sentencia T- 147 de 2006, se dijo:
“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en
materia de características esenciales del derecho de
petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, tiene como presupuesto esencial una
de dos circunstancias: (i) que al accionante no se le permita
presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud
por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del
derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un
agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación
– circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una
petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud
presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).”
De la misma manera, las Sentencias T-1160A de 2001, T-1889
de 2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855
de 2004, T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007, T-243
de 2008, T-325 de 2010, entre muchas otras, han señalado que
el derecho de petición en su contenido comprende los siguientes
elementos: (i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
(ii) una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir
otorgada dentro de los términos establecidos en el ordenamiento
jurídico, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la
materia propia de la solicitud y de manera completa y
congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno
de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo
decidido al peticionario, independientemente de que la
respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe
acceder a lo pedido […]”.
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El derecho de petición es considerado fundamental y determinante
para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos
constitucionales, como el de información, participación política y
libertad de expresión.
Asimismo, que el núcleo esencial de dicho derecho reside en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la
posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva
para sí el sentido de lo decidido.
Que, por ello, la respuesta debe cumplir con estos requisitos: ser
oportuna; debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado; ser puesta en conocimiento del
peticionario. Si la misma no cumple con estos parámetros se incurre
en una vulneración del derecho constitucional fundamental de
petición.
Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 201511 se
ocupó de regular el derecho fundamental de petición y sustituyó el
Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
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“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición, se
refirió así la citada Ley:
“[…] Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de
petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los
términos señalados en este código, por motivos de interés
general o particular, y a obtener pronta resolución completa y
de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades
implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el
artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario
invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá
solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de
una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica,
la prestación de un servicio, requerir información, consultar,
examinar y requerir copias de documentos, formular consultas,
quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse
sin necesidad de representación a través de abogado, o de
persona mayor cuando se trate de menores en relación con las
entidades dedicadas a su protección o formación […]”.
En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley
1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su recepción,
excepto cuando se trate de peticiones de documentos y de
información o consultas a las autoridades en relación con las
materias a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30) días,
respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la petición
en los plazos señalados, la autoridad debe informar esa circunstancia
al interesado, antes del vencimiento del término señalado,
precisando los motivos de la demora y el plazo razonable en que se
dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.
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Descendiendo al caso concreto, visto el marco normativo y
jurisprudencial aplicable al caso bajo estudio, la Sala procede a
realizar el análisis del acervo probatorio allegado al expediente.
De las pruebas obrantes en el expediente se observa que el actor,
presentó, vía electrónica, las peticiones objeto de la solicitud de
amparo de la referencia el 21 de abril de 2025, a través de las
cuales solicitó lo siguiente:
“[…] GARY HUMBERTO CALDERÓN NOGUERA, abogado en
ejercicio, mayor de edad y domiciliado en Neiva, muy
respetuosamente en ejercicio del derecho de petición que consagra
el artículo 23 de nuestra Constitución Política, me permito solicitar
su valiosa colaboración, manifestar y peticionar:
1. Soy abogado litigante en el círculo notarial de Neiva, ciudades y
departamentos circunvecinos.
2. Ha hecho carrera en la región, que en las sucesiones notariales
se reciban publicaciones de los edictos emplazatorios en periódicos
locales, para el caso particular de Neiva en el Diario La Nación y en
el Diario del Huila, entre otros, porque inclusive he observado
publicaciones en periódicos que ni siquiera son diarios sino
sabatinos como Opanoticias y otros.
3. Con la expedición del decreto 902 de mayo 1988,
complementado por el decreto 1729 de 1989, mediante los cuales
se autorizó la liquidación de herencia y sucesiones conyugales
mediante trámite notarial, al igual que con la sentencia C075 de
2007 se efectuó un ordenamiento sobre estos trámites dentro de
los cuales se exige que las publicaciones sean adelantadas
mediante la publicación en un diario de amplia circulación nacional.
4. La experiencia profesionalmente me indica que la razón de ser,
es para que, como son trámites expeditos no se vulneren derechos
de otros herederos, de legatarios, acreedores y/o demás personas
interesadas, es por ello que se exige esta calidad de la publicación
del enteramiento de personas para garantía de sus derechos
constitucionales, derechos patrimoniales, derecho al acceso a una
efectiva tutela jurisdiccional, etc., etc.
5. Este edicto y los términos de emplazamiento se regulan por el
inciso tercero del decreto ley 1729 de 1989.
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6. Por todo lo anterior se ruega a ustedes darnos claridad sobre
cuáles son los periódicos de amplia circulación nacional a que se
refieren los decretos y normas citadas
PETICIONES
1. Certificar en la República de Colombia qué diario de amplia
circulación nacional tienen esta categoría.
2. Informar cuál es la autoridad, superintendencia o entidad
autorizada para establecer y certificar la categoría de un diario de
que sea de amplia circulación nacional.
3. Certificar la sanción o pena a los trámites notariales de
liquidación superior sucesoral de herencia y de sociedades
conyugales que incumplan la normatividad antes señalada […]”.
De las pruebas obrantes en el expediente se observa que, las
entidades accionadas al contestar la demanda informaron que las
solicitudes presentadas por el actor fueron atendidas, de la siguiente
manera:
• El CONSEJO DE ESTADO, a través de Secretaría General de
la Corporación mediante Oficio núm. JFS-2062 de 21 de abril
de 2025 el cual fue notificado debidamente en esa misma
fecha, al correo electrónico misabogados2@hotmail.com,
otorgó respuesta a la solicitud en la que le indicó al actor el
traslado por competencia al CONSEJO SUPERIOR, así:
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• El CONSEJO SUPERIOR, mediante oficio de 25 de abril de
2025, el cual fue notificado debidamente en esa misma fecha,
al correo electrónico misabogados2@hotmail.com, dio
respuesta a la petición del actor, indicándole que no fungía
como órgano de consulta y corrió traslado por competencia a
la IMPRENTA NACIONAL, así:
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• La IMPRENTA NACIONAL a través del Oficio núm.
20251400004221 de 12/05/2025, el cual fue notificado
debidamente el 13 de mayo de 2025, al correo electrónico
misabogados2@hotmail.com, dio respuesta a la solicitud del actor
en la que le manifestó que carecía de competencia para
suministrar información que no hace parte de sus funciones.
Por lo tanto, en aras de garantizar una respuesta de fondo
trasladó la solicitud a la COMISIÓN y a la
SUPERINTENDENCIA, para que en el marco de sus
competencias dieran trámite y resolución formal al asunto, tal
y como se observa en el siguiente documento:
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• La COMISIÓN a través de Oficio núm. 2025514778 del 16 de
mayo de 2025, otorgó respuesta de fondo a solicitud
presentada por el actor, en el que le informó la imposibilidad
de atender su petición en la medida que dentro de las funciones
y competencias asignadas, no se encuentra ninguna
relacionada con lo pretendido, tal y como se observa en el
siguiente documento:
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Esta comunicación fue notificada vía correo electrónico al actor el 16
de mayo de 2025, tal y como se evidencia en la constancia que se
adjunta a continuación:
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• El TIEMPO mediante escrito de 5 de mayo de 2025, el cual
fue notificado debidamente en esa misma fecha al correo
electrónico misabogados2@hotmail.com, manifestó al
peticionario la imposibilidad de atender los requerimientos, ya
que no era competente para emitir las certificaciones
solicitadas, tal y como se observa en el siguiente documento:
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• El ESPECTADOR mediante escrito de 22 de enero de 2026, el
cual fue notificado debidamente en esa misma fecha al correo
electrónico misabogados2@hotmail.com, otorgó una respuesta
de fondo a lo solicitado por el actor, informándole que el medio
de comunicación no tiene competencia para emitir
certificaciones relacionadas con la circulación nacional de los
otros diarios, tal y como se observa en el siguiente documento:
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• La REPÚBLICA mediante escrito de 22 de enero de 2026, el
cual fue notificado debidamente en esa misma fecha al correo
electrónico misabogados2@hotmail.com, otorgó una respuesta
de fondo a lo solicitado por el actor, en la que precisó que es
un medio de comunicación privado que no ejerce funciones
públicas, ni regulatorias, por lo que no contaba con la facultad
para expedir las certificaciones solicitadas, tal y como se
observa en el siguiente documento:
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Por lo precedente, la Sala encuentra que al actor se le dio respuesta
a las peticiones presentadas, pues, de una parte el CONSEJO DE
ESTADO, el CONSEJO SUPERIOR, la IMPRENTA NACIONAL, la
COMISIÓN y el TIEMPO, le informaron al peticionario la
imposibilidad de otorgar una respuesta a sus requerimientos, por
tanto no contaban con la facultad para expedir certificaciones, ni para
suscribir un concepto acerca de los cuestionamientos formulados en
la petición.
En ese sentido, la Sala advierte que una de las inconformidades del
actor radican en las respuestas obtenidas por parte del CONSEJO
DE ESTADO, el CONSEJO SUPERIOR, la IMPRENTA NACIONAL,
la COMISIÓN y el TIEMPO, razón por la cual es importante precisar
que el hecho de que la respuesta no haya sido favorable a sus
pretensiones no significa que hubo una vulneración al derecho de
petición deprecado, pues le explicaron las razones por las cuales no
se podía acceder a su solicitud, lo que de forma alguna incumple con
los requisitos del núcleo esencial del derecho, pues su requerimiento
se resolvió de fondo, clara, precisa, de manera congruente y fue
comunicada en debida forma.
En consecuencia, teniendo en cuenta que la acción de tutela de la
referencia fue radicada el 13 de enero de 2026, vía electrónica, y
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las solicitudes del actor fueron contestadas por el CONSEJO DE
ESTADO, el CONSEJO SUPERIOR, la IMPRENTA NACIONAL, la
COMISIÓN y el TIEMPO, además le fueron notificadas debidamente
mediante correos electrónicos el 21 y 25 de abril y 5, 13 y 16 de
mayo de 2025, la Sala denegará el amparo solicitado, pues las
peticiones presentadas por aquel el 21 de abril de 2025, ante
dichas entidades ya fueron atendidas de forma clara, completa y de
fondo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
Aunado a lo anterior, frente a los derechos de petición formulados
ante la REPÚBLICA y el ESPECTADOR, la Sala declarará la
carencia actual de objeto por hecho superado, pues las
solicitudes presentadas por el actor, fueron atendidas de forma clara,
completa y de fondo durante el trámite de la acción de tutela
mediante oficios de 22 de enero de 2026, notificados debidamente
en esa misma fecha al correo electrónico misabogados2@hotmail.com,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
Respecto a la SUPERINTENDENCIA, la Sala observa que no
presentó contestación de la demanda pese a que fue notificada en
debida forma y tampoco se encuentra probado que le hubiera
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otorgado al actor la respuesta a su solicitud, la cual le fue trasladada
por competencia por la IMPRENTA NACIONAL el 13 de mayo de
2025, como se observa a continuación:
Consecuente con lo anterior, se le impone a la Sala amparar el
derecho fundamental de petición del actor y ordenará a la
SUPERINTENDENCIA que, en el término de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta providencia, dé respuesta
de fondo, completa, clara, precisa y congruente con lo solicitado en
la petición presentada por el actor el 21 de abril de 2025,
comunicándole debidamente el contenido de la respuesta al correo
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de electrónico autorizado para tal fin.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del actor
y, en consecuencia, ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO que, en el término de cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, den
respuesta de fondo, completa, clara, precisa y congruente con lo
solicitado en la petición presentada por el señor GARY HUMBERTO
CALDERÓN NOGUERA el 21 de abril de 2025, comunicándole
debidamente el contenido de la respuesta al correo de electrónico
autorizado para tal fin.
SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de amparo respecto de la
SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL DEL CONSEJO DE
ESTADO, el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, la
IMPRENTA NACIONAL, la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE
COMUNICACIONES y EL TIEMPO CASA EDITORIAL S.A., por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
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HECHO SUPERADO frente al derecho de petición alegado por el
actor respecto de la EDITORIAL LA REPÚBLICA S.A.S. y el
DIARIO EL ESPECTADOR, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de febrero de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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