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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00183-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00183-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declarar improcedente la acción de tutela promovida por la Sociedad Acerías Paz del Río. SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.» 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Acerías Paz del Río Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Despacho No. 5 Radicado: 11001-03-15-000-2026-00183-00 TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00183-00

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

5 de marzo de 2026

Demandante: Acerías Paz del Río
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Despacho No. 5
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00183-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., cinco (05) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00183-00
Demandante: ACERÍAS PAZ DEL RÍO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ – DESPACHO No.
5

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional y subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio de
la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución y de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La Sociedad Acerías Paz del Río, por intermedio de apoderado judicial, presentó
solicitud de tutela1 contra el Tribunal Administrativo de Boyacá – Despacho No. 5
con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de defensa y contradicción, de acceso a la administración de justicia y a
la doble instancia.

Consideró vulneradas tales garantías con ocasión de los autos de 26 de mayo, 27
de junio y 4 de agosto de 2023 y 10 de octubre de 2025, que ordenaron el archivo
del proceso y declararon no presentado el recurso de apelación interpuesto contra
la sentencia proferida por la autoridad judicial accionada en el marco del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-23-31-005-
2011-00095-00.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el actor solicitó:

1. DECLARAR la procedencia de la acción de tutela para garantizar los derechos
fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción, acceso a la

1
El 15 de enero de 2026.

1
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administración de justicia, al derecho fundamental a la doble instancia de la Sociedad
ACERÍAS PAZ DEL RIO.

2. DECLARAR que el Tribunal Administrativo de Boyacá vulnero las garantías
procesales de mi Representada, en tanto, AMPARAR los derechos fundamentales
invocados y ordenar al Tribunal REVOCAR los Autos proferidos los días 26 de mayo
de 2023, 27 de junio de 2023, 04 de agosto de 2023 y el día 10 de octubre de 2025
mediante los cuales declaró como no presentado el Recurso de Apelación
interpuesto oportunamente en contra de la Sentencia de Primera Instancia.

3. En consecuencia de lo anterior, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Boyacá
conceder el Recurso de Apelación interpuesto en la oportunidad procesal
correspondiente en contra de la Sentencia de Primera Instancia2.

1.3. Hechos

En el escrito de la tutela la sociedad accionante mencionó los siguientes supuestos
fácticos:

El 13 de abril de 2023 el Tribunal Administrativo de Boyacá – Despacho No. 5
profirió sentencia en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 15001-23-31-005-2011-00095-00, la cual fue notificada
por correo electrónico el 19 de abril de 2023.

En ese mensaje de datos se indicó que el correo electrónico de la Secretaría del
tribunal «es de uso único y exclusivo de envío de notificaciones y si tiene alguna
solicitud o respuesta a alguna notificación hecha por esta dirección de correo […]
envíenos un correo electrónico a la siguiente dirección
correspondenciatadmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co».

Mencionó que la sentencia de primera instancia no dispuso un canal de radicación
determinado, razón por la que las partes contaban con la discrecionalidad de
acudir a la radicación de documentos por correo electrónico o por la plataforma
SAMAI el cual, según su criterio, no era obligatorio para ese momento.

La accionante manifestó que el 4 de mayo de 2023, estando dentro del término
legal, radicó recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia a la
dirección de correo electrónico
correspondenciatadmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Argumentó que: i) el Consejo Superior de la Judicatura profirió el Acuerdo
PCSJA23-12068 del 16 de mayo de 2023 con el cual se dispuso la obligatoriedad
del uso de la plataforma SAMAI en la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo; ii) el 17 de mayo de 2023, las redes sociales oficiales del Tribunal
Administrativo de Boyacá informaron al público que el Consejo Superior de la
Judicatura dispuso el uso obligatorio de la plataforma SAMAI en la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo; y, iii) el 25 de mayo de 2023, la página web de la
Rama Judicial registró la noticia sobre la obligatoriedad del uso de la plataforma
SAMAI en esa jurisdicción.

Señaló que posterior a la fecha de radicación del recurso de apelación
mencionado, se comunicó con el tribunal para confirmar la anotación del recurso

2
Trascripción literal del original con posibles errores.

2
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en la plataforma SAMAI y la secretaría le informó que esa actuación no se había
registrado pues los correos electrónicos «habían sido sin previo aviso inhabilitados
por el tribunal». Asimismo, indicó que la secretaría le reprochó que la radicación
del recurso de apelación se hubiere realizado por correo electrónico y no por la
plataforma SAMAI, pese a que en el correo de notificación de la sentencia del 13
de abril de 2023 se le manifestó expresamente que ese correo seguía habilitado
para radicar y presentar memoriales y recursos.

El 26 de mayo de 2023 el tribunal accionado ordenó archivar el proceso, omitiendo
dar trámite al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
instancia. Contra esta decisión el accionante presentó recurso de reposición el
cual fue resuelto mediante auto del 27 de junio de 2023 que rechazó la solicitud
pues esta no estaba dirigida en contra de una providencia. No obstante lo anterior,
el tribunal requirió a la secretaría de la Corporación para que rindiera informe
respecto de los correos habilitados para el recibo de correspondencia3.

El 26 de julio del 2023, el Operador de Sistemas G11 adscrito a la secretaría del
Tribunal Administrativo de Boyacá rindió el informe solicitado en el que precisó lo
siguiente:

i) La dirección de correo electrónico
correspondenciatadmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co se encontraba
deshabilitada formalmente desde el 7 de octubre de 2022. Lo anterior se produjo
por orden de la Presidencia del Tribunal Administrativo de Boyacá para poner en
marcha la ventanilla virtual;
ii) El cambio que sobrevino se socializó a través de las redes sociales del
Tribunal Administrativo de Boyacá y de la publicación obligatoria en el micrositio
de la secretaría de esa Corporación (en video que se subió indicó que no recibirían
correos electrónicos y que a partir del 5 de octubre del 2022 el medio adecuado
para radicaciones sería la ventanilla virtual);
iii) Las notificaciones judiciales se efectúan a través de la cuenta de correo
electrónico sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co que es la única habilitada para
tal finalidad;
iv) Debido a la inhabilitación del correo electrónico no es posible recibir ningún
correo electrónico a la cuenta
correspondenciatadmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co, en caso de recibirse algún
correo a esa cuenta el servidor judicial envía en forma automática una respuesta
de rebote;
v) El demandante hizo uso de la ventanilla virtual el 9 de noviembre del 2022,

3
Las preguntas realizadas a la secretaría del tribunal se refirieron a:
a) Indique si el correo correspondenciatadmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co se encuentra
habilitado para trámites de correspondencia, notificación y recepción de diligencias y actuaciones
judiciales.
b) Si, por el contrario, el correo anteriormente mencionado no se encuentra habilitado, circunstancia
en la cual, deberá aclarar la fecha y las razones de la inhabilitación y si ello fue informado al público,
precisando a través de qué medio.
c) Indique a través de qué correo electrónico se notificó a las partes de la sentencia del 13 de abril
de 2023.
d) Informe si recibió correo electrónico por parte ivan.paez@ppulegal.com el día 4 de mayo de 2023
a las 4:10 PM al correo correspondenciatadmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co
e) De ser así, informe si, se emitió alguna respuesta automática desde el correo electrónico
correspondenciatadmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co con destino al correo electrónico
ivan.paez@ppulegal.com, o a cualquier otro, precisando la dirección.

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por lo que, la herramienta no le era desconocida.

El 1° de agosto de 2023 la sociedad accionante se pronunció sobre el informe
rendido por la secretaría del tribunal e indicó que no era cierto que el correo del
tribunal estuviera deshabilitado desde el 7 de octubre de 2022 pues el mismo
despacho notificó la sentencia de primera instancia por ese medio electrónico y
que de conformidad con la trazabilidad del correo «este, no solo fue recibido, sino
también leído por parte del Despacho». En ese mismo escrito solicitó nuevamente
al tribunal que concediera el recurso de apelación, solicitud que fue negada en
auto de 4 de agosto de 2023.

El 9 de agosto de 2023, la Mesa de Ayuda de correo electrónico del Consejo
Superior de la Judicatura – CENDOJ también rindió informe sobre la trazabilidad
del correo electrónico remitido desde la cuenta ivan.paez@ppulegal.com. En esa
oportunidad se afirmó que «[u]na vez efectuada la validación en servidor de correo
electrónico de la Rama Judicial, se confirma que el mensaje descrito “NO” fue
entregado al servidor de correo del destino, en este caso el servidor con dominio
“com” el mensaje con el ID” en la fecha y hora 5/4/2023 9:09:54 PM».

El 10 de agosto de 2023 la sociedad accionante radicó recurso de reposición
contra la decisión del 4 de agosto de 2023 el cual fue resuelto el 10 de octubre de
2025 que negó lo solicitado y confirmó lo decidido en el auto del 4 de agosto de
2023 en el sentido de no conceder el recurso de apelación contra el fallo de
primera instancia y se ordenó el archivo del expediente.

1.4. Sustento de la vulneración

A juicio del accionante, la autoridad judicial accionada desconoció sus derechos
fundamentales invocados con los autos acusados al no tener como presentado el
recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia dictado el 13 de abril
de 2023. A su juicio esas providencias incurren en los siguientes defectos:

i) Defecto procedimental absoluto. Manifestó que el tribunal actuó por fuera
del procedimiento establecido en la Ley 2213 de 2023 (con la cual se adoptó de
manera permanente la implementación de medidas tecnológicas de la información
y las comunicaciones en las actuaciones judiciales) y el Acuerdo PCSJA23-12068
del 16 de mayo de 2023 del Consejo Superior de la Judicatura.

Al respecto indicó que la administración de justicia se encuentra sujeta a los
procedimientos previamente establecidos, teniendo vedado establecer una
prohibición de actuar por fuera de estos, asunto que ocurrió cuando el tribunal
desconoció la posibilidad discrecional, que para ese momento los usuarios tenían,
de acudir a la tecnología disponible para hacer la radicación del recurso de
apelación, considerando especialmente que para el momento en que se radicó no
era obligatorio el uso de la plataforma SAMAI.

Consideró que el tribunal publicó el Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura
el 17 de mayo de 2023, esto es, con posterioridad a la radicación del recurso de
apelación, es decir, que se apartó del precepto normativo en cita, en la medida que
no le permitió a la sociedad accionante acceder a los canales digitales disponibles
para ese momento -más aun cuando, en su criterio se le informó previa y

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expresamente que estos sí podían ser utilizados-.

ii) Error inducido. Al respecto indicó que la radicación del recurso de apelación
se realizó al correo correspondenciatadmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co en
obediencia y atención del correo del tribunal del 19 de abril de 2023. En ese
sentido, el mismo tribunal lo indujo en error al indicarle como medio autorizado para
radicar memoriales ese buzón electrónico, el cual posteriormente y sin previo aviso
fue inhabilitado y luego se reusó a tener como presentado el recurso dentro de la
oportunidad procesal correspondiente.

Consideró que la instrucción del tribunal se dio antes de la entrada en vigor del
Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura respecto de la obligatoriedad del
uso de la plataforma SAMAI. En ese entendido, no podía el accionado desconocer
lo informado mediante correo del 19 de abril de 2023 y negar a la sociedad, a partir
de una reglamentación posterior y que por lo mismo no le resulta vinculante, la
oportunidad de impugnar la sentencia de primera instancia.

iii) Violación directa de la Constitución. Al respecto señaló que la decisión
adoptada por el tribunal vulneró de manera directa el debido proceso, el derecho
de defensa y contradicción, de acceso a la administración de justicia y a la doble
instancia, consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política. Lo
anterior por cuanto se tuvo como no presentado el recurso de apelación
oportunamente interpuesto mediante los buzones electrónicos expresamente
autorizados por el tribunal por el solo hecho de no haberse presentado mediante
la plataforma SAMAI -la cual no era exigible para ese momento según el Acuerdo
PCSJA23-12068 del 16 de mayo de 2023 del Consejo Superior de la Judicatura-.
En ese sentido, a su juicio, el despacho desconoció la validez del canal de
comunicación vía buzón electrónico, aun cuando el mismo tribunal notificó la
sentencia recurrida por correo electrónico el 19 de abril de 2023.

Sobre la vulneración al derecho de acceso de la administración de justicia
mencionó que no le asiste razón al tribunal al afirmar que, a la fecha de la
radicación del recurso era obligatorio el uso de la plataforma SAMAI, puesto que
el Acuerdo PCSJA23-12068 mediante el cual se declaró la obligatoriedad del
aplicativo SAMAI en la parte considerativa indicó lo siguiente: «Que mediante oficio
CE-Presidencia-OFI-INT-2023-1198 del 10 de abril de 2023, el presidente del
Consejo de Estado solicita, al Consejo Superior de la Judicatura, que se adopte
“([…]) mediante acuerdo, la obligatoriedad del uso de SAMAI para la gestión de los
procesos judiciales de toda la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo hasta
tanto entre en operación el Sistema Integrado Único de Gestión Judicial (SIUGJ)».

En esa medida, advirtió que el tribunal no tenía ni la competencia ni la facultad para
declarar la obligatoriedad del uso de la plataforma SAMAI, puesto que tal como se
evidenció, era una facultad única del Consejo Superior de Judicatura. Teniendo en
cuenta lo anterior, consideró que el tutelado no podía deshabilitar el correo
institucional hasta tanto el órgano competente estableciera el aplicativo como
obligatorio.

El accionado ignoró que la sentencia fue notificada por el correo institucional de
esa corporación, lo cual es evidencia de que no es cierto que estuviera
deshabilitado el buzón electrónico. En consecuencia, la radicación del recurso por

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parte de la sociedad fue válida y ajustada a derecho.

Concluyó que existían dos canales de radicación para memoriales y escritos: (i) la
plataforma SAMAI; y, (ii) el buzón electrónico, sin que uno fuera excluyente del
otro. A pesar de que la sociedad acreditó la trazabilidad de la radicación del recurso
de apelación, el tribunal mantuvo su negativa de concederlo, sin ofrecer alguna
justificación jurídica ni técnica válida que sustentara la decisión.

Señaló que al declarar como no presentado el recurso, el tribunal negó la
posibilidad de que la sociedad accionante interpusiera el recurso de queja,
mecanismo procesal previsto precisamente para controvertir la negativa de
conceder la apelación.

Frente a la vulneración al derecho a la doble instancia indicó que la decisión del
tribunal de declarar como no presentado el recurso de apelación interpuesto por la
tutelante sin una justificación jurídica valida o por lo menos un previo aviso, vulnera
directamente este principio, puesto que impide que el Ad quem conozca el asunto,
frustrando su posibilidad de obtener una revisión integral de la decisión de primera
instancia.

iv) Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. A su juicio el tribunal
priorizó el cumplimiento de las formalidades procesales por encima de la garantía
de los derechos fundamentales, desconociendo el principio de prevalencia del
derecho sustancial sobre lo formal. Al declarar como no presentado el recurso de
apelación interpuesto por la sociedad accionante, basándose exclusivamente en
la supuesta obligatoriedad del uso de la plataforma SAMAI, sin considerar
elementos sustanciales que evidencian la validez de la actuación procesal.

Argumentó que este tipo de actuaciones judiciales priorizan la aplicación de las
formalidades procesales sobre las garantías fundamentales, desconociendo el
principio de tutela judicial efectiva. La actuación del tribunal desnaturaliza la función
jurisdiccional, la cual debe orientarse a la resolución efectiva de las controversias
jurídicas y a la protección de derechos fundamentales. Concluyó que la negativa
del Tribunal se fundamentó en una interpretación restrictiva y excesivamente
formalista sobre el uso del aplicativo SAMAI.

1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante auto de 11 de febrero de 2026 se admitió la solicitud de tutela y se ordenó
notificar esta decisión a la parte actora y como demandados a los magistrados que
integran el Tribunal Administrativo de Boyacá – Despacho No. 5 y al director de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” como tercero con
interés en las resultas del proceso.

Remitidas las respectivas comunicaciones se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ

El secretario general y jurídico de esta corporación indicó que a la accionante no
se le han vulnerado sus derechos fundamentales, toda vez que la renuencia del

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tribunal accionado en la concesión del recurso de apelación no resulta arbitraria ni
caprichosa pues corresponde a las consecuencias procesales del descuido en el
que la tutelante incurrió al radicar dicho recurso en un canal distinto al autorizado
para ello. Lo anterior pese a que era de su conocimiento que los memoriales
debían ser allegados a través del aplicativo SAMAI, tal y como se le indicó en los
autos proferidos con anterioridad a la sentencia de primera instancia. Prueba de
ello es que los alegatos sí fueron radicados por la actora mediante esta plataforma,
circunstancia que evidencia que ya tenía conocimiento sobre la existencia y
funcionamiento de la misma.

Por lo anterior señaló que Acerías Paz del Río no se puede valer de su propio error
para revivir términos que dejó fenecer por su descuido y negligencia. En ese
sentido, acceder a lo pretendido generaría una carga desproporcionada a la
administración de justicia al imponer la revisión de todos los correos institucionales
para verificar si se radican o no memoriales de los procesos judiciales.

Por otra parte, mencionó que la presente acción no resulta relevante
constitucionalmente pues la Sociedad al incurrir en error y radicar el recurso de
apelación por un canal distinto al establecido por el despacho dejó fenecer el
término para interponer la alzada, lo que no se le puede atribuir a la autoridad
judicial accionada y evidencia que la finalidad es revivir una discusión que por su
descuido precluyó. Asimismo, manifestó que tampoco se incurrió en irregularidad
procesal pues fue la omisión de la tutelante y su falta de diligencia lo que ocasionó
que el tribunal ordenara el archivo del proceso.

Mencionó que tampoco se cumple con el requisito de inmediatez pues el tribunal
profirió la sentencia de primera instancia el 13 de abril de 2023 y el recurso de
apelación se presentó el 4 de mayo de ese mismo año y el 26 de mayo de 2023
se archivó el proceso. Así, es evidente que entre el momento en que se profirió el
fallo de primera instancia y el momento en que se interpuso esta acción han
transcurrido aproximadamente 3 años por lo que no se advierte la urgencia de la
vulneración.

Ahora bien, respecto de los defectos alegados en la tutela, consideró que no se
configura alguno, pues el tribunal no actuó al margen del procedimiento
establecido ya que fue el descuido de la accionante lo que ocasionó la
consecuencia jurídica que ahora se debate. Además, el accionado no fue víctima
de un engaño por parte de terceros que lo condujera a la toma de una decisión
que afecte derechos fundamentales ni desconoció los postulados constitucionales
para que diera paso a la violación directa de la Constitución.

Finalmente, argumentó que, respecto a la radicación de los memoriales en un
canal distinto al establecido por los despachos judiciales, la jurisprudencia del
Consejo de Estado ha sido clara en sostener que «los memoriales que se radiquen
en un buzón electrónico o canal digital diferente a aquel destinado para su
recepción, y que ha sido debida y previamente informado a las partes, deben
tenerse por no presentados»4.

1.5.2. Tribunal Administrativo de Boyacá – Despacho No. 5

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Sección Tercera, Consejo de Estado. Rad. 11001-03-15-000-2023-01252-00.

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Esta corporación realizó un recuento de las actuaciones adelantadas al interior del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho reprochado y a continuación
informó que, contrario a lo afirmado por la accionante no se ha vulnerado algún
derecho, toda vez que lo que pretende es que se dé tramite al recurso de apelación
interpuesto por medio del correo electrónico que no estaba habilitado para recibir
memoriales.

Lo anterior pese a que la magistrada ponente en auto del 20 de octubre de 2022,
mediante el cual corrió traslado para alegar, indicó en el resolutivo No. 4 lo
siguiente: «Informar a las partes, intervinientes y al Agente del Ministerio Público
que, en lo sucesivo, los escritos que se presenten deberán remitirse a través de la
sección "VENTANILLA DE ATENCIÓN VIRTUAL" del Sistema de Consulta Oficial
– SAMAI. Asimismo, que deberán enviar a través de los canales digitales elegidos
para los fines del proceso, un ejemplar de todos los memoriales o actuaciones que
realicen a los demás sujetos procesales, simultáneamente con copia incorporada
al mensaje radicado a este Tribunal, lo cual deberá estar debidamente
acreditado».

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si el Tribunal Administrativo de Boyacá – Despacho
No. 5 incurrió en alguna irregularidad que atente contra los derechos
fundamentales al debido proceso, de defensa y contradicción, de acceso a la
administración de justicia y a la doble instancia de la sociedad accionante, en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
15001-23-31-005-2011-00095-00.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de
encontrarse superados, iii) el fondo del reclamo.

2.3. Cuestión previa

Como se advirtió de la intervención de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá – CORPOBOYACÁ en la que indicó que la presente tutela no cumple con
el requisito de inmediatez por cuanto la sentencia de primera instancia se profirió
el 13 de abril de 2023 y el recurso de apelación se presentó el 4 de mayo de ese
mismo año y el 26 de mayo de 2023 se archivó el proceso.

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En ese sentido, a su juicio entre el momento en que se profirió el fallo de primera
instancia y el momento en que se interpuso esta acción han transcurrido
aproximadamente 3 años por lo que no se advierte la urgencia de la vulneración.

Considera la sala que no le asiste razón a la autoridad vinculada referente a este
cuestionamiento, por cuanto la decisión que puso fin a la controversia planteada
por la accionante (tener como no presentado el recurso de apelación) data del 10
de octubre de 2025, el cual resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra
del auto del 4 de agosto de 2023. En ese sentido, desde el momento en que se
profirió el mencionado auto y la interposición de la tutela (15 de enero de 2026)
transcurrieron menos de 3 meses, tiempo considerado prudencial para acudir a
este mecanismo constitucional según la jurisprudencia fijada por la Corte
Constitucional en esa materia5.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
2012, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

([…]) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-
10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional,
cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales,
de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta
providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…] fijados hasta el
momento jurisprudencialmente […]». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva.

5
Ver Sentencia T-256 de 2015.

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En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 26 de junio de 2022
explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada,
cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión
judicial «[…]el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar
un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada.»

En ese sentido, el alto tribunal constitucional consideró que la acción de tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del
fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación
de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para
verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

...(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que
la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración

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arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.6

En el presente asunto se observa que la parte actora atribuyó la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a los autos de 26 de mayo, 27 de
junio, 4 de agosto de 2023 y 10 de octubre de 2025 que ordenaron el archivo del
proceso y declararon no presentado el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia proferida por la autoridad judicial accionada en el marco del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-23-31-005-
2011-00095-00. En su criterio, los mencionados autos incurrieron en defecto
procedimental absoluto, error inducido, violación directa de la Constitución y
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

Como se advierte del escrito de la tutela y de los recursos interpuestos contra los
autos que no concedieron el recurso de apelación, estos se centran en argumentar
que: i) para la fecha de radicación del recurso no era obligatorio el uso de
plataforma SAMAI; y, ii) el mismo tribunal hizo que la sociedad accionante
incurriera en error al haberle indicado previamente el correo electrónico autorizado
para la radicación de memoriales y no haberle notificado de la inhabilitación de los
buzones electrónicos dispuestos para ello.

Estas similitudes permiten concluir que la parte actora pretendió trasladar al ámbito
de la tutela una discusión que planteó en los diferentes recursos planteados al
interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con la
finalidad de que el recurso de apelación le fuera admitido, lo cual fue analizado y
confirmado por el Tribunal Administrativo de Boyacá en los autos de 27 de junio, 4
de agosto de 2023 y 10 de octubre de 2025, razón por la que esta colegiatura
advierte que se trata de la reapertura de un debate de interpretación legal zanjado
por el juez natural de la causa.

Nótese que la sociedad accionante se limitó a realizar apreciaciones subjetivas del
por qué el accionado debía darle trámite al recurso de apelación contra el fallo de
primera instancia, sin exponer algún cuestionamiento que realmente evidenciara
que la presunta vulneración de sus garantías iusfundamentales se deriva de la
decisión proferida por la autoridad acá accionada.

Para la sala, la actora no presentó argumentos que permitan evidenciar, prima
facie, la afectación desproporcionada a sus garantías constitucionales invocadas,
sino tan solo las inconformidades que tiene respecto de las decisiones que
declararon no presentado el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
de primera instancia proferida por la autoridad judicial accionada.

Por tanto, se advierte que, si bien la parte actora hizo referencia a unos defectos
específicos (procedimental absoluto, error inducido, violación directa de la
Constitución y defecto procedimental por exceso ritual manifiesto), el asunto
formulado no se relaciona con el alcance, contenido o aplicación de un derecho
fundamental, sino que se refiere al análisis interpretativo aplicable al caso concreto
que efectuó la autoridad demandada en relación con la decisión de declarar no
presentado el recurso de apelación y archivar el proceso.

6
Destacado por la Sala.

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De hecho, la sala advierte que el tribunal resolvió los requerimientos de la tutelante
al explicarle, tanto en el auto del 4 de agosto de 2023 como en el de 10 de octubre
de 2025 que:

i) Conforme con la auditoría efectuada por el área de sistemas de esa
Corporación, a partir del 7 de octubre de 2022, el correo electrónico
correspondenciatadmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co no se encontraba activo,
por lo que los memoriales que se enviaron al mismo generaban un correo de
respuesta que indicaba «Este buzón no recibe mensajes de correo electrónico».
Por lo tanto, el solicitante debió hacer uso de las herramientas tecnológicas
dispuestas por la Rama Judicial y por ese tribunal para remitir en forma correcta el
memorial contentivo del recurso de apelación.

ii) El área de sistemas de la Corporación informó que sobre la modificación del
canal de radicación se hizo pedagogía a través del micrositio de la Secretaría, por
lo que los usuarios estaban informados de las modificaciones adelantadas por el
tribunal en aras de utilizar las herramientas tecnológicas dispuestas y
desarrolladas por la Rama Judicial. Evidencia del entendimiento de la parte
demandante en relación con la utilización de la ventanilla virtual, es que, la
radicación de los alegatos de conclusión se efectuó a través de ese medio de
radicación.

iii) Frente a las pruebas de trazabilidad del correo electrónico objeto de la
discusión aportada por la parte demandante, allí se demuestra el envío del mismo,
pero no su recepción a satisfacción. Contrario a ello, la auditoría efectuada por el
área técnica de la corporación informó que dicho correo no se recibió, por cuanto,
al ser enviado se generó una respuesta de rebote, lo que implicó que el recurso no
fue debidamente radicado. El apoderado debió asegurarse de que el memorial
fuera debidamente radicado y para ello contaba con la revisión en el SAMAI de las
anotaciones de la Secretaría de la Corporación y no esperar hasta el archivo del
proceso para dar a conocer la situación.

iv) El mensaje recibido el 19 de abril de 2023 a las 4:16 p.m. se refiere a un
correo electrónico de respuesta automática que derivó de la notificación de la
sentencia realizada desde la plataforma SAMAI que tiene asociado el correo
electrónico sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co.es.

v) La parte recurrente era conocedora de que para esa fecha el canal
habilitado dentro del proceso para desplegar sus actuaciones era la ventanilla
virtual de la plataforma SAMAI, pues ello le fue informado desde el auto que corrió
traslado para alegar de conclusión el 20 de octubre de 2022.

vi) El aludido mensaje automático se trató de una actuación secretarial que de
ninguna manera puede tener el efecto jurídico de invalidar una decisión judicial
para entender de allí una instrucción vinculante de remitir el recurso de apelación
o cualquier otra actuación a determinado correo electrónico, ya que, como se dijo
en precedencia, la magistrada ponente había dado una instrucción clara y expresa
en la providencia que corrió traslado para alegar de conclusión, esto es, que a partir
del mes de octubre del año 2022 la gestión procesal de las partes en el proceso
debía realizarse a través de la ventanilla virtual de la plataforma SAMAI.

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vii) El informe del Operador de Sistemas G11 adscrito a la Secretaría del
Tribunal Administrativo de Boyacá del 26 de julio de 2023, permite evidenciar que
el video informativo publicado en el canal de YouTube de ese tribunal el 26 de
septiembre de 2022 de manera expresa señaló, entre otras cosas, que «El Tribunal
Administrativo de Boyacá y los juzgados administrativos de los circuitos de Tunja,
Duitama y Sogamoso unifican el procedimiento para el registro de la información
por medio de la ventanilla virtual de SAMAI […] tenga en cuenta que la ventanilla
virtual iniciará el uso exclusivo y obligatorio el día 5 de octubre de 2022 y no se
recibirá por correo electrónico.» Incluso, en esa oportunidad una de las piezas
gráficas del video da cuenta que la ventanilla virtual era la única herramienta
disponible para radicar memoriales a partir del 5 de octubre de 2022.

viii) Es cierto que a través del Acuerdo PCSJA23-12068 del 16 de mayo de 2023,
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura se hizo obligatorio el uso de la
plataforma SAMAI en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues de
manera expresa así lo dispone el artículo 1° de dicho acto. No obstante, contrario
a lo expresado por el apoderado recurrente, su uso ya venía autorizado en esta
jurisdicción, tal como expresamente lo reconoce el mismo acuerdo cuando en sus
consideraciones sostiene:

ix) Para el mes de abril de 2023 el mismo Consejo de Estado y el 100% de los
Tribunales del país habían implementado la plataforma SAMAI, actuación que
claramente fue respaldada por el Consejo Superior de la Judicatura, de tal suerte
que, si bien el uso obligatorio se extiende para la totalidad de los despachos y
corporaciones que integran la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en
ese momento tal disposición iba dirigida al 18% faltante del proceso de
implementación.

x) No estuvo de acuerdo con el argumento del recurrente conforme al cual el
uso de la plataforma SAMAI en los despachos judiciales tenía el carácter de
«opcional u optativo», por cuanto una vez entró en funcionamiento en los distintos
despachos judiciales del país su uso se tornó forzoso u obligatorio en esta
jurisdicción. Admitir ese argumento desconocería los grandes esfuerzos que se
realizaron en el marco de los procesos de transformación digital de la
administración de justicia, en este caso liderada por el Consejo de Estado.

xi) Compartió lo dicho por el Consejo Superior de la Judicatura en su oficio
PCSJO23-894 del 15 de agosto de 2023 cuando afirmó que los despachos
judiciales no podían exigir la implementación obligatoria de SAMAI, en la medida
que para ello estaban sujetos al plan gradual que se estableció, pero una vez

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implementado en el respectivo circuito judicial era esa la herramienta y el canal
autorizado para la gestión judicial de los asuntos y la recepción de memoriales,
conforme a la autorización legal contenida en el artículo 186 del CPACA tanto en
su versión original como luego de la modificación que introdujo la Ley 2080 de
2021.

xii) Concluyó que si la instrucción impartida por el tribunal —previa
socialización— fue la implementación de la ventanilla virtual de SAMAI como único
canal habilitado para la recepción de memoriales y actuaciones, lo cual implicó la
inhabilitación del correo electrónico
correspondenciatadmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co, este último dejó de ser un
medio autorizado para las partes. Más aún cuando la ventanilla virtual cumple
cabalmente con los requisitos establecidos en el artículo 186 del CPACA, al
garantizar la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de la
información. Además, cuenta con un mecanismo de acuse de recibo, tal como se
explicó en el video instructivo publicado.

De modo que los reproches de la sociedad accionante distan del fin de la acción
de amparo, que no es otro que el de proteger garantías constitucionales cuando
se vean vulneradas o amenazadas, lo que no sucede en este caso, pues un
desacuerdo en relación con las conclusiones respecto de las decisiones acusadas
no puede ser razón para que el juez constitucional intervenga en la protección de
los derechos fundamentales, puesto que, aceptar lo contrario, sería invadir la órbita
del competente natural.

En ese orden, la sala se permite destacar que la acción de tutela contra
providencias judiciales no debe ser vista como una tercera instancia para traer a
colación nuevamente los argumentos expuestos dentro del proceso ordinario, sino
que es un medio excepcionalísimo por medio del cual se revalúan decisiones que
recaen en la arbitrariedad, al sobrepasar los principios rectores de la autoridad
judicial.

En las sentencias SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022 la Corte Constitucional
puntualizó que para determinar si el asunto ventilado tiene relevancia
constitucional se debe analizar si la solicitud de amparo trasciende la mera
«inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces», lo cual justamente
se evidencia en el caso particular.

2.5.2. Requisito de subsidiariedad

En lo referente al requisito de subsidiariedad lo primero que resulta importante
señalar es que se encuentra previsto en el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución como un presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el
numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.7

7
«ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos

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La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad de la
tutela, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser
resueltos, en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de
manera que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas
no son idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta
admisible acudir a esta acción constitucional.

En consecuencia, el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la
obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los
cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de
los recursos legales deviene en la improcedencia de este mecanismo.

Bajo el anterior entendido, esta sala encuentra que dicho requisito tampoco se
cumple en el presente caso en razón a que la accionante disponía de otro medio
de defensa judicial para debatir sus inconformidades al interior del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Específicamente, contaba con el recurso de queja, regulado en los artículos 245
del CPACA y 353 del CGP, el cual debe ser interpuesto «ante el superior cuando
no se conceda, se rechace o se declare desierta la apelación, para que esta se
conceda, de ser procedente».

En el asunto bajo análisis, como se dijo, la sociedad pudo interponer el recurso de
queja en subsidio del de reposición contra del auto del 4 de agosto de 2023 y no
lo realizó.

Por consiguiente, se declarará improcedente la solicitud de tutela, toda vez que
carece de los presupuestos de relevancia constitucional y de subsidiariedad, en
atención a que lo pretendido es convertir este mecanismo de amparo en una
instancia adicional al proceso ordinario y a que no hizo uso de los mecanismos
judiciales dispuestos en el ordenamiento jurídico para controvertir las decisiones
que consideró vulneradoras de sus derechos fundamentales.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declarar improcedente la acción de tutela promovida por la Sociedad
Acerías Paz del Río.

SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que
se encuentra el solicitante.»

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TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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