Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00188-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00188-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00188-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00188-01
Accionante: YULY LIZZETTE MURCIA TORRES
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Temas: Tutela contra autoridad judicial. Solicitud de pago de prestaciones
sociales. Requisito de subsidiariedad cuando no se agota de manera
oportuna el medio idóneo
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la señora Yuly Lizzette Murcia Torres, quien actúa en nombre propio,
contra la sentencia de 12 de febrero de 2026, dictada por la Sección Primera del
Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 15 de enero de 2026, la parte demandante solicitó al juez constitucional la
protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad, y a la
igualdad, supuestamente vulnerados por la autoridad accionada.
En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:
“Se reconozca y pague mis prestaciones, del año 2024 y 2025, según lo
dispuesto por la legislación, ya que su violación atenta contra los derechos
mínimos vitales”.
2. Hechos
La accionante relató que fue nombrada en el cargo de Juez de Pequeñas Causas y
Competencia Múltiple de Soacha. Posteriormente, refirió que durante todo el año
2024 estuvo incapacitada, situación que se mantenía en la actualidad. Asimismo,
precisó que debido a su enfermedad se le reconoció pensión por invalidez, decisión
que fue notificada en el mes de febrero de 2025. Y agregó que en marzo de 2025
renunció al cargo.
Sostuvo que a la fecha de presentación de la tutela no se le habían consignado las
cesantías ni los intereses correspondientes al año 2024, ni tampoco se le había
pagado la liquidación de las prestaciones sociales correspondientes. Por esa razón,
refirió que presentó solicitud en ejercicio del derecho de petición ante el Consejo
Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
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Accionante: Yuly Lizzette Murcia Torres
Judicial de Bogotá, en la que pidió el pago las cesantías y demás prestaciones
sociales.
Precisó que el 23 de mayo de 2025, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá le informó que al haber estado incapacitada por
más de 180 días durante el año 2024, no tenía derecho al pago de las prestaciones.
Sin embargo, señaló que “en el mes de septiembre de 2025, nuevamente enviaron
comunicación donde manifestaban que consignarían las cesantías e inclusive
enviaban el monto que consignarían”. No obstante, sostuvo que a la fecha no se
había realizado dicha consignación.
En ese orden de ideas, indicó que se comunicó telefónicamente con la entidad,
quienes manifestaron que “no consignaban porque ellos no estaban obligados a
pagar ya que ella había estado incapacitada”. Asimismo, sostuvo que “la respuesta
fue negativa y se negó el pago de las prestaciones sociales basándose en que se
había pagado incapacidades”.
Finalmente, refirió que es una persona enferma con necesidades y madre de
menores de edad, a quienes debía sostener en su calidad de madre cabeza de
familia.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora manifestó que se le vulneraron derechos fundamentales como el
mínimo vital, la dignidad humana, “la protección especial de las personas en
condición de discapacidad”, así como los principios de solidaridad e igualdad, en la
medida en que se negó el reconocimiento y pago de prestaciones sociales a las que
tenía derecho.
Precisó que en el marco normativo aplicable se estableció que el tiempo de
incapacidad no era descontable para efectos del reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales. En consecuencia, señaló que mientras el vínculo laboral
permaneció vigente y hasta el momento de su terminación, el empleador estuvo en
la obligación de liquidar y pagar todas las prestaciones sociales, las cuales debían
calcularse con base en el salario devengado por el trabajador antes del inicio de la
incapacidad.
Asimismo, refirió que de conformidad con el Decreto 648 de 2017, que modificó y
adicionó el Decreto 1083 de 2015, se regulaban las situaciones administrativas en
las que podía encontrarse un empleado público durante su relación legal y
reglamentaria, incluyendo el servicio activo, las licencias, los permisos, las
comisiones, entre otras. Y dentro de esas se contemplaban las licencias por
enfermedad como una situación administrativa válida, durante la cual el empleado
conservaba su calidad de servidor público, sin que ello implicara la pérdida de sus
derechos derivados de la relación laboral.
En ese sentido, concluyó que la incapacidad no suspendía el vínculo laboral, por lo
que dicho periodo no podía ser descontado para ningún efecto. Explicó que el
tiempo de incapacidad no afectaba el reconocimiento ni el pago de las prestaciones
sociales ni de las vacaciones, por lo que el empleador debía proceder a su
liquidación y pago con base en el último salario devengado antes del inicio de la
incapacidad.
Por último, sostuvo que dicha interpretación también resultaba aplicable en los
casos en que la incapacidad superaba los 180 días, pues aunque no existiera
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obligación de la EPS ni del empleador de continuar pagando incapacidades más
allá de ese término salvo las excepciones legales, el vínculo laboral se mantenía
vigente hasta tanto se produjera la pensión por invalidez, razón por la cual subsistía
la obligación de reconocer y pagar las prestaciones sociales correspondientes.
4. Oposición
4.1. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
El abogado adscrito a la Unidad de Asistencia Legal de la entidad rindió informe en
el que precisó que la acción de tutela tenía como propósito obtener el
reconocimiento y pago de unas prestaciones sociales y cesantías producto de su
vinculación en la Rama Judicial como Juez Segunda de Pequeñas Causas y
Competencia Múltiple de Soacha y, en ese contexto, sostuvo que presentó petición,
la cual fue radicada por el sistema Sigobius a la mesa de entrada de notificaciones
judiciales de la DEAJ. Asimismo, explicó que la solicitud fue remitida de manera
inmediata el 3 de diciembre de 2025 a la mesa de entrada de la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Bogotá.
Sostuvo que la naturaleza del escrito de tutela y de los derechos reclamados no
involucraba materialmente un interés de la DEAJ, “razón por la cual, no se legitima
la intervención de mi representada en las presentes diligencias para soportar la
presunta amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados por el
actor”.
Precisó que de conformidad con la competencia funcional asignada por la Ley
Estatutaria 270 de 1996, la resolución de situaciones administrativas se encontraba
en cabeza de cada Dirección Seccional y de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (nivel nacional o central), por lo tanto, aquellas situaciones
administrativas relacionadas con las condiciones laborales de la actora debían ser
resueltas por la Dirección Seccional de Administración Judicial a la que se
encontrara adscrita el despacho en el que prestó sus servicios, que en el caso
particular, correspondía a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de
Bogotá.
Por lo anterior, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva y
negar las pretensiones de la demanda.
4.2. Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura
La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura rindió informe en el que solicitó
que se declarara la falta de legitimación en la causa por activa, al considerar que
las Direcciones Seccionales de Administración de Justicia son quienes tienen la
aptitud legal para ser la competente en definir el reconocimiento y pago de los
emolumentos y prestaciones sociales relacionadas con el personal que trabaja en
los despachos judiciales de su jurisdicción territorial, así como la expedición de
certificados, reconocimiento y demás situaciones que deriven del pago o
descuentos de nómina.
Y precisó que “en virtud de la desconcentración de funciones realizada por el órgano
superior (Consejo Superior de la Judicatura), esta Corporación no es la autoridad
responsable, ni cuenta con la aptitud legal para dar solución a la citada controversia
administrativa”.
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4.3. Respuesta de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
El director Seccional de la entidad rindió informe en el que precisó que el 30 de
enero de 2026 dio respuesta a la solicitud presentada por la parte actora, en el que
explicó que “de acuerdo con la normativa laboral y de seguridad social vigente en
Colombia, cuando un trabajador se encuentra incapacitado por más de 180 días
dentro de un mismo año calendario, no se realiza el pago de cesantías
correspondientes a ese período. Esto se debe a que, superados los 180 días de
incapacidad, el trabajador debe pasar por una junta de calificación de invalidez para
determinar si está en condiciones de continuar laborando o si debe ser pensionado
por invalidez. En su caso, al haber cumplido los 180 días de incapacidad en el año
2023, no procede el pago de cesantías correspondientes a ese período, tal como lo
establece el Artículo 253 del Código Sustantivo del Trabajo y las normas
complementarias del Sistema de Seguridad Social (Ley 100 de 1993)”.
En ese contexto, sostuvo que se configuraba una carencia actual de objeto por
hecho superado, toda vez que el 30 de enero de 2026 el área encargada dio
respuesta a la accionante mediante correo electrónico. Por lo tanto, solicitó que se
negaran las pretensiones de la acción de tutela.
5. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia de 12 de febrero de
2026, declaró improcedente la acción de tutela, y resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo
Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración judicial, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión”.
El juzgador de primera instancia indicó que la acción de tutela, en principio, no
procedía para controvertir actos administrativos de carácter particular y concreto,
toda vez que el legislador previó como mecanismos de defensa judicial para
desvirtuar su legalidad el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
y, en su defecto, el de nulidad. No obstante, señaló que la jurisprudencia ha
reconocido que en algunas circunstancias especiales la acción de tutela procede
contra actos administrativos siempre que se cumplan dos condiciones i) que se esté
en presencia de una vulneración de derechos fundamentales, y ii) que como
consecuencia de lo anterior, exista peligro de ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
En ese sentido, precisó que en el caso objeto de estudio la accionante pretendía
que se ordenara a las entidades accionadas a reconocer y pagar las prestaciones
sociales correspondientes a los años 2024 y 2025. Sin embargo, advirtió que si bien
no se solicitó expresamente que se dejara sin efecto la respuesta emitida por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá el 23 de mayo
de 2025, “la realidad es que cualquier pronunciamiento en este asunto se encuentra
centrado a determinar si dicha decisión administrativa vulneró o no sus derechos
fundamentales”.
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Accionante: Yuly Lizzette Murcia Torres
De conformidad con lo anterior, explicó que lo pretendido por la parte actora, en
últimas, era controvertir el acto administrativo mediante el cual se le negó el pago
de las prestaciones sociales contenido la respuesta del 23 de mayo de 2025, la cual
se podía enmarcar en la categoría de acto administrativo definitivo, en tanto se
resolvía de fondo el asunto. Por lo tanto, concluyó que la accionante contaba con
un medio de defensa judicial como lo era el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en la Ley 1437 de 2011, mediante el cual
podía discutir la legalidad del acto administrativo en cuestión, y, además, solicitar
medidas cautelares.
Asimismo, destacó que “esta Sala ha reiterado en oportunidades anteriores que con
la expedición de la Ley 1437 de 2011, ya no es admisible el argumento según el
cual los medios de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la protección
de los derechos presuntamente conculcados en casos como el estudiado”.
Por último, consideró que la acción de tutela era improcedente porque la accionante
debía utilizar los medios ordinarios e idóneos que se encontraban establecidos en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA) para efectos de revisar la legalidad el acto administrativo objeto de
cuestionamiento, comoquiera que no se advertía la existencia de un perjuicio
irremediable que hiciera procedente el mecanismo constitucional, máxime cuando
la señora Yuly Lizzette Murcia Torres era beneficiaria de una pensión de invalidez.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la accionante
impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocará la decisión de
primera instancia y se ampararan los derechos fundamentales a la dignidad humana
y “demás conexos”. Reiteró lo manifestado en el escrito de tutela y señaló que debía
considerarse su condición actual de sujeto de especial protección constitucional y
su situación familiar.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
debe revocar la sentencia de 9 de octubre de 2025, mediante la cual la Sección
Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por
incumplir el requisito de subsidiariedad y, en su lugar, acceder a la protección
constitucional de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad, y a la
igualdad, por la respuesta de 23 de mayo de 2025, mediante la cual la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá negó el pago de las
prestaciones sociales correspondientes al año 2024.
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3. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter
particular
El artículo 86 de la Constitución Política establece que cuando el afectado dispone
de otro medio de defensa judicial, no podrá hacer uso del mecanismo constitucional
de la tutela, salvo que sea utilizado de manera transitoria con el fin de evitar un
perjuicio irremediable.
En efecto, la acción de tutela se caracteriza por su naturaleza excepcional y
subsidiaria, es decir, solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para la protección de los
derechos fundamentales y sea necesario adoptar una medida transitoria para evitar
un perjuicio irremediable.
En tal sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que apunta al requisito de la
subsidiariedad previsto en la norma constitucional mencionada, dispone que la
eficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial será evaluada por el juez de
tutela, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre el accionante.
En el ámbito del derecho administrativo en general y frente a los actos
administrativos en particular, de conformidad con lo precisado por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, “la acción de tutela es improcedente como mecanismo
principal para proteger derechos de rango constitucional o legal que resulten
amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos 1”,
toda vez que para controvertir su legalidad, el legislador estableció diferentes
medios de control en la jurisdicción contencioso administrativa, que se presumen
idóneos y eficaces para restablecer el derecho vulnerado, en los que el interesado
puede solicitar las medidas cautelares previstas en la Ley 1437 de 2011 -CPACA-,
incluidas las de urgencia desde la presentación de la solicitud y sin previa
notificación a la otra parte (art. 234 del CPACA).
En la sentencia SU-067 de 20222, la Corte Constitucional reiteró que “la acción de
tutela no es, en principio, el medio adecuado para reclamar la protección de los
derechos fundamentales cuando estos resultan infringidos por la expedición de un
acto administrativo. Dicha postura ha dado lugar a una línea jurisprudencial pacífica
y reiterada. Su fundamento se encuentra en el hecho de que el legislador ha
dispuesto los medios de control de la Ley 1437 de 2011 como los instrumentos
procesales para demandar el control judicial de los actos administrativos”.
No obstante, la Corte ha admitido que en los casos en que se acredite un perjuicio
irremediable, la tutela se torna procedente como mecanismo transitorio de amparo
y, en consecuencia, habilita al juez constitucional para suspender la aplicación del
acto administrativo u ordenar que el mismo no se ejecute, mientras se surte el
respectivo proceso judicial que, en principio, es idóneo y eficaz.
Con sustento en lo anterior, tanto la Corte Constitucional como esta Sala han
sostenido de manera reiterada que, por regla general, la acción de tutela resulta
improcedente cuando lo que se controvierte son actos de carácter particular, toda
vez que ese tipo de decisiones cuentan con los medios de control previstos en la
Ley 1437 de 2011, los cuales permiten realizar un examen integral de legalidad y,
en su caso, obtener la protección efectiva del derecho presuntamente vulnerado.
1 Sentencia T-243 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
2 M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
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En consecuencia, solo de manera excepcional procede el amparo constitucional
frente a estos actos, en aquellos eventos en los que se acredite de forma clara la
inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo o eficaz, o cuando sea
necesario evitar un perjuicio irremediable que haga indispensable la intervención
urgente e inmediata del juez constitucional.
4. Estudio y solución del caso concreto
La señora Yuly Lizzette Murcia Torres, quien actúa en nombre propio, presentó
acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, por la supuesta vulneración de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la dignidad y a la igualdad, con la respuesta de 23
de mayo de 2025, mediante la cual la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá negó el pago de las prestaciones sociales
correspondientes al año 2024.
En primera instancia, la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 12
de febrero de 2026, declaró improcedente la acción de tutela por desatender el
requisito de subsidiariedad, al considerar que la accionante tenía a su alcance los
medios de control previstos en la Ley 1437 de 2011 que eran idóneos y eficaces
para ventilar las pretensiones planteadas en la tutela, y en los cuales podría discutir
la legalidad del acto administrativo reprochado y solicitar medidas cautelares.
En el escrito de impugnación, la accionante reiteró los argumentos del escrito de
tutela, sostuvo que era un sujeto de especial protección constitucional, y que se
debía tener en cuenta su situación familiar.
Descendiendo al asunto bajo examen, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia que declaró la improcedencia porque la acción de tutela no cumple el
requisito de la subsidiariedad, dado que los reparos formulados por la demandante
concernientes a que se le reconozcan y paguen las prestaciones sociales de los
años 2024 y 2025, no pueden ser estudiados en el marco de este mecanismo
constitucional, como pasa a explicarse.
De conformidad con los antecedentes narrados en precedencia, se tiene la señora
Yuly Lizzette Murcia Torres fue nombrada como Juez de Pequeñas Causas y
Competencia Múltiple de Soacha, cargo al cual renunció en marzo de 2025 al
habérsele reconocido pensión de invalidez por reunir los requisitos para acceder a
la prestación económica. En ese orden de ideas, la accionante mediante escrito de
6 de mayo de 2025 solicitó al Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá el pago de sus cesantías
y demás prestaciones sociales correspondientes al año 2024.
El 23 de mayo de 2025, el Grupo de Asuntos Laborales – Talento Humano de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá dio respuesta a
la petición presentada mediante correo electrónico, en el que informó:
“En atención a su solicitud sobre el pago de cesantías del año 2024, me permito informarle lo
siguiente:
De acuerdo con la normativa laboral y de seguridad social vigente en Colombia, cuando un
trabajador se encuentra incapacitado por más de 180 días dentro de un mismo año calendario, no
se realiza el pago de cesantías correspondientes a ese período. Esto se debe a que, superados
los 180 días de incapacidad, el trabajador debe pasar por una junta de calificación de invalidez
para determinar si está en condiciones de continuar laborando o si debe ser pensionado por
invalidez.
En su caso, al haber cumplido los 180 días de incapacidad en el año 2023, no procede el pago
de cesantías correspondientes a ese período, tal como lo establece el Artículo 253 del Código
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Sustantivo del Trabajo y las normas complementarias del Sistema de Seguridad Social (Ley
100 de 1993).
Normativa aplicable:
1. Código Sustantivo del Trabajo (Artículo 253): Establece que las cesantías se liquidan y pagan
anualmente, excepto en casos de incapacidad superior a 180 días.
2. Ley 100 de 1993: Regula el Sistema de Seguridad Social y los procesos de incapacidad e
invalidez.
3. Decreto 4807 de 2011: Define las responsabilidades de empleadores y entidades de seguridad
social en casos de incapacidad laboral.
Le reiteramos que, una vez superados los 180 días de incapacidad, el proceso continúa con la
junta de calificación de invalidez, la cual determinará si usted tiene derecho a una pensión por
invalidez o si debe reincorporarse a sus labores”.
Posteriormente, el Grupo de Asuntos Laborales – Talento Humano de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá mediante correo
electrónico enviado el 1° de septiembre de 2025, le informó a la accionante que las
cesantías serían consignadas en Porvenir S.A. En ese orden ideas, se observa que
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá en el escrito
de contestación de la acción de tutela manifestó que requirió al Área de Talento
Humano para que emitiera informe respecto a lo indicado por la accionante en el
escrito de tutela.
Así las cosas, el Grupo de Asuntos Laborales – Talento Humano de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá mediante correo
electrónico enviado el 30 de enero de 2026, le reiteró a la accionante que al haber
cumplido los 180 de días de incapacidad en el año 2023, no procedía el pago de las
cesantías correspondientes a ese periodo, de conformidad con lo estipulado en el
artículo 253 del Código Sustantivo del Trabajo.
Bajo ese contexto, la Sala advierte que, respecto de la pretensión encaminada al
reconocimiento y pago de las cesantías y demás prestaciones sociales
correspondientes al año 2024, la accionante cuenta con los mecanismos de defensa
judicial previstos en la Ley 1437 de 2011 –CPACA–. En particular, puede acudir al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, escenario en el cual,
además, tiene la posibilidad de solicitar medidas cautelares como un instrumento
idóneo y eficaz para la protección de sus derechos, incluso desde etapas iniciales
del proceso y antes de la notificación del auto admisorio de la demanda.
Así las cosas, la parte actora dispone del precitado mecanismo de defensa judicial,
a través del cual puede solicitar tanto la declaratoria de nulidad del acto
administrativo acusado como el consecuente restablecimiento del derecho, por lo
que la acción de tutela, en virtud de su carácter subsidiario y residual, no está
llamada a sustituir o reemplazar los medios judiciales previstos por el ordenamiento
jurídico, sino que únicamente procede de manera excepcional cuando estos no
resulten idóneos o eficaces para la protección de los derechos fundamentales
invocados, o se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable.
En esa medida, la Sala reitera que la jurisdicción de lo contencioso administrativo
cuenta con herramientas suficientes e idóneas para garantizar la protección de los
derechos fundamentales, incluso en un nivel igual o superior al que ofrece la acción
de tutela, al tratarse de jueces especializados en el conocimiento de este tipo de
controversias.
Así las cosas, la acción de tutela, por su naturaleza residual y subsidiaria, solo
procede en ausencia de otros medios de defensa judicial o, en caso de existir,
cuando se acredite la configuración de un perjuicio irremediable. En el presente
asunto, aun cuando la parte actora alega la condición de sujeto de especial
protección constitucional y de madre cabeza de familia, dichas circunstancias, por
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sí solas, no resultan suficientes para desvirtuar el carácter subsidiario de la acción
de tutela ni para acreditar la inminencia de un perjuicio irremediable.
En efecto, no se acreditan en el expediente elementos objetivos que permitan inferir
la existencia de una afectación grave, urgente, inminente e impostergable de sus
derechos fundamentales que haga necesaria la intervención del juez constitucional
por esta vía residual y subsidiaria. Por el contrario, se encuentra demostrado que la
accionante percibe actualmente una pensión de invalidez, circunstancia que
desvirtúa la alegada afectación de su mínimo vital y evidencia que cuenta con un
ingreso que, en principio, le permite atender sus necesidades básicas y las de su
núcleo familiar. En esas condiciones, no se configura un perjuicio irremediable que
habilite la procedencia excepcional de la acción de tutela ni que justifique el
desplazamiento de los mecanismos ordinarios de defensa judicial.
En suma, la acción de tutela para este caso particular y concreto no procede como
mecanismo de protección definitivo ni transitorio, por la existencia de otro medio de
defensa judicial, que es eficaz e idóneo para debatir ante el juez natural la legalidad
del acto administrativo ahora cuestionado.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de 12 de febrero de 2026,
mediante la cual la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente
la acción de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Confirmar la sentencia proferida el 12 de febrero de 2026, por la Sección
Primera del Consejo de Estado.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salva voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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