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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00194-01

Fecha
2 de julio de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00194-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Negar las solicitudes de desvinculación elevadas por las Secretarías de Hábitat y de Gobierno de Bogotá - Alcaldía Local de Barrios Unidos y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. SEGUNDO: Confirmar la sentencia de 22 de abril de 2026 proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela presentada por la señora Luz Alba Farfán Casallas. TERCERO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00194-01

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

2 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00194-01
Demandante: LUZ ALBA FARFÁN CASALLAS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN B Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de subsidiariedad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra
la sentencia de 22 de abril de 2026, por medio de la cual la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado declaró improcedente la acción
constitucional de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Luz Alba Farfán Casallas, actuando por intermedio de apoderado
judicial, promovió la tutela1 contra el Juzgado Doce Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a los
principios de prevalencia del interés general, seguridad jurídica, supremacía
constitucional y cosa juzgada, con ocasión de la audiencia de seguimiento y
verificación de cumplimiento celebrada el 15 de julio de 2025, en el trámite de
ejecución de los fallos proferidos en el marco de la acción popular con radicado
11001-33-35-012-2021-00121-01.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora elevó las siguientes pretensiones:

PRIMERO. - TUTELAR los derechos fundamentales al DERECHO AL DEBIDO
PROCESO, DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE COSA JUZGADA, PRINCIPIO
DE SEGURIDAD JURÍDICA, DERECHO FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD,

1 El 18 de diciembre de 2025.

Demandante: Luz Alba Farfán Casallas
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00194-01

PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL INTERES GENERAL, PRINCIPIO DE
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL vulnerados por el JUZGADO 12
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTA.

SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTOS, de manera parcial y exclusivamente en lo
pertinente, el Acta No. 117 del 15 de julio de 2025, correspondiente a la audiencia
de seguimiento y verificación del cumplimiento, en cuanto el Juzgado Doce (12)
Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá omitió declarar el incumplimiento
del fallo proferido dentro de la acción popular, pese a reconocer de manera
expresa que las órdenes judiciales impartidas no habían sido ejecutadas de forma
material, oportuna e integral.

Así mismo, dejar sin efectos las actuaciones judiciales posteriores que se deriven
directa y exclusivamente de dicha audiencia, en la medida en que reproducen y
consolidan la omisión decisoria advertida, por cuanto la actuación cuestionada
adolece de defectos procedimentales, fácticos y sustantivos que vulneran los
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la tutela judicial efectiva de las partes.

TERCERO. - ORDENAR al Juzgado 12° Administrativo del Circuito de Bogotá que,
dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente sentencia de
tutela, y en ejercicio de sus funciones como juez de cumplimiento de la acción
popular No. 2021_121, proceda a:

• Resolver de manera expresa, clara y congruente la solicitud presentada por la
accionante el 28 de marzo de 2025, adoptando las medidas concretas que resulten
procedentes respecto del corredor vial de la calle 66 entre las Carreras 21 Y 24, e
impartiendo el requerimiento correspondiente a la SECRETARÍA DISTRITAL DE
MOVILIDAD DE BOGOTÁ para que informe de manera detallada y precisa las
acciones específicas que se implementarán en dicho tramo vial, en cumplimiento
de lo ordenado en las sentencias de primera y segunda instancia de la acción
popular.

• Realizar una nueva audiencia de seguimiento y verificación de cumplimiento, con
observancia estricta de los principios de cosa juzgada, eficacia de las sentencias
judiciales y tutela judicial efectiva, en la cual el despacho ejerza de manera plena
su función jurisdiccional de control y no la sustituya por mecanismos de
concertación o mediación ajenos a la etapa de ejecución.

• Declarar de manera expresa y motivada el estado real de cumplimiento del fallo.
Declarar de forma expresa, clara y debidamente motivada si las órdenes
impartidas en la sentencia de acción popular se encuentran cumplidas o
incumplidas, con base en una verificación material, objetiva y directa, y no
exclusivamente en informes administrativos o manifestaciones unilaterales de las
entidades obligadas.

• Realizar verificación efectiva y directa del cumplimiento. Disponer las actuaciones
probatorias necesarias, incluyendo inspecciones judiciales, requerimientos
técnicos y verificación in situ, orientadas a constatar el cumplimiento real y efectivo
de las órdenes judiciales, garantizando el derecho de contradicción de las partes.

• Fijar plazos ciertos, concretos y perentorios. En caso de constatarse el
incumplimiento, fijar plazos claros, determinados y razonables para la ejecución
integral del fallo, evitando fórmulas abiertas o indeterminadas que permitan su
postergación indefinida.

• Adoptar medidas judiciales efectivas para garantizar el cumplimiento Adoptar las
medidas judiciales necesarias y proporcionales para asegurar la ejecución del
fallo, incluyendo, de ser procedente, órdenes directas, requerimientos compulsivos
y mecanismos de seguimiento, conforme al rol activo que la Constitución y la
jurisprudencia asignan al juez de cumplimiento en las acciones populares.

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• Verificación de manera directa y objetiva, mediante inspección judicial o visita “in
situ”, el estado real de cumplimiento de las órdenes judiciales impartidas en la
sentencia de acción popular, constatando materialmente la implementación de las
medidas de señalización, control de invasión del espacio público, regulación del
parqueo y presencia de autoridades de tránsito en el corredor vial y en el sector
del barrio siete de agosto objeto de la acción popular.

CUARTO. REQUERIR DE MANERA ESPECÍFICA Y DIRECTA a la POLICÍA DE
TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTÁ para que, dentro del término de
CINCO (5) DÍAS contados a partir del requerimiento judicial, aporte al expediente
informes detallados, verificables y documentados que acrediten de manera
objetiva:

• El número de operativos realizados semanalmente en los corredores viales objeto
de la acción popular durante los últimos SEIS (6) MESES.

• Los registros estadísticos de comparendos impuestos por invasión del espacio
público y parqueo indebido en el sector.

• Las actas de los operativos de control realizados.

• La presencia permanente, periódica o sistemática de sus uniformados en el área
objeto de la sentencia.

• El plan de acción concreto para garantizar el control permanente del tránsito y
del uso del espacio público en cumplimiento de sus funciones legales y
constitucionales.

QUINTO. EJERCER UN CONTROL JUDICIAL RIGUROSO Y EFECTIVO sobre
la veracidad, suficiencia y correspondencia de los informes que rindan las
entidades distritales obligadas al cumplimiento del fallo, sin conformarse de
manera acrítica con la versión unilateral de la administración, y ordenando de oficio
la práctica de las pruebas que resulten necesarias para verificar la ejecución real
de las órdenes judiciales.

SEXTO. DECLARAR FORMALMENTE EL INCUMPLIMIENTO del fallo de acción
popular, en caso de que, vencidos los plazos perentorios fijados conforme al
numeral 3.2 de esta petición, las entidades obligadas no hayan ejecutado de
manera integral, efectiva y material las medidas ordenadas en la sentencia
ejecutoriada.

SEPTIMO. IMPONER las medidas coercitivas previstas en el artículo 52 de la Ley
472 de 1998 y en el artículo 27 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, en contra de los representantes legales de las
entidades obligadas a que haya lugar.

OCTAVO. ORDENAR al Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Bogotá
abstenerse de permitir la intervención de terceros ajenos al proceso en las
diligencias de seguimiento y verificación del cumplimiento, salvo que ostenten la
calidad de partes, coadyuvantes debidamente reconocidos o autoridades
formalmente vinculadas al trámite, garantizando así el principio de contradicción y
la estructura procesal propia de la acción popular.

NOVENO.- ORDENAR a la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE
BOGOTÁ, a la ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS, al DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO (DADEP) y
a la POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE
BOGOTÁ, que dentro de los plazos perentorios que fije el JUZGADO DOCE (12)
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ en cumplimiento de la presente
sentencia de tutela, ejecuten de manera integral, completa y efectiva todas y cada

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una de las órdenes impartidas en las sentencias de primera y segunda instancia
de la acción popular No. 2021_121, sin condicionamientos, dilaciones ni excusas
de carácter técnico, social, político o presupuestal.2

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que,
a juicio de la sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

El señor Wilson Manrique Castañeda3, en ejercicio de la acción popular demandó
a la Alcaldía Local de Barrios Unidos – Secretaría Distrital de Movilidad –
Dirección de Tránsito y Transporte y al Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público para obtener la protección del derecho e interés
colectivo al goce del espacio público, el cual consideró vulnerado por la invasión
e indebido uso del espacio público en el Barrio 7 de agosto - Localidad Barrios
Unidos de la ciudad de Bogotá.

La demanda correspondió en primera instancia al Juzgado Doce Administrativo
de Oralidad de Bogotá, que en fallo de 17 de noviembre de 2021 amparó el
derecho e interés colectivo al goce del espacio público vulnerado por la Secretaría
Distrital de Movilidad de Bogotá y ordenó a esa entidad que en el término de 1
año, adelantara en los tramos viales indicados, la señalización pertinente y se
efectuaran los respectivos estudios técnicos, socialización e implementación del
estacionamiento en vía, ubicándolos según las posibilidades técnicas y logísticas
que arrojen los estudios realizados.

Contra esta decisión el señor Manrique Castañeda presentó recurso de apelación,
el cual fue resuelto en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B mediante sentencia del 10 de
noviembre de 2022. El ad quem adicionó el fallo apelado en el sentido de: i) instar
a la Policía Nacional para que, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte,
continuara cumpliendo con la orden dada mediante el oficio GS-2021-169458-
MEBOG del 23 de abril de 2021; y, ii) exhortar a la Alcaldía Local de Barrios
Unidos para que continuara dictando los actos y ejecutando las operaciones
necesarias para la protección, recuperación y conservación del espacio público y
al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP
para que participara en la ejecución de operativos de sensibilización o
recuperación del espacio público que lidere esa alcaldía.

Frente a dicha decisión, la señora Luz Farfán Casallas, en calidad de coadyuvante
presentó solicitudes de aclaración y adición, la cuales fueron negadas mediante
proveído del 7 de febrero de 2026 por improcedentes.

Adicionalmente, la misma ciudadana, presentó solicitud de revisión de la
sentencia proferida por el tribunal, la cual fue negada mediante auto del 30 de
marzo de 2023 por no cumplir con los requisitos legales para su procedencia.

2 Trascripción literal del original con posibles errores.
3 La señora Luz Alba Farfán Casallas se hizo parte del proceso de la referencia como coadyuvante

del demandante.

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El 28 de marzo de 2025 la señora Farfán Casallas radicó solicitud ante el Juzgado
Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, con el fin de que se adoptaran
las medidas necesarias y, en consecuencia, se requiriera a la Secretaría Distrital
de Movilidad (en adelante SDM) para que informara las medidas concretas que
se implementarían en el corredor vial de la calle 66, entre las carreras 21 y 24 de
la ciudad de Bogotá, atendiendo a su condición de vía principal.

Nuevamente, el 20 de mayo de 2025, presentó una segunda solicitud ante el
mismo juzgado, encaminada a que se requiriera a la SDM para que le informara
las razones por las cuales se suspendió la implementación de la Zona de Parqueo
Pago en el Barrio Siete de Agosto. En ese mismo escrito solicitó que se aclarara
si dicha implementación había sido condicionada a la realización de mesas de
trabajo con la SDM, o, en su defecto, a solicitudes de comerciantes del sector que
se oponen a la ejecución de la medida.

En atención a estas solicitudes, el 15 de julio de 2025 el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, llevó a cabo diligencia de
seguimiento y verificación del cumplimiento de los fallos proferidos dentro de la
acción popular. En dicha diligencia, el despacho concluyó que las entidades
distritales habían adelantado algunas actuaciones orientadas al cumplimiento de
estos, tales como operativos de control, señalización y mesas de trabajo. Sin
embargo, reconoció que la medida principal —la implementación efectiva de la
Zona de Parqueo Pago en el Barrio Siete de Agosto— no se había materializado
plenamente.

La tutelante manifestó que, pese a lo anterior, la jueza no declaró el
incumplimiento de la sentencia, al considerar que la administración continuaba
adelantando gestiones y que persistían factores sociales, técnicos y de seguridad
que incidían en la ejecución de la orden judicial. En consecuencia, dispuso
mantener abierto el seguimiento, promover espacios de concertación y requerir a
las entidades involucradas para que informaran sobre acciones futuras y plazos
estimados, sin que, a juicio de la actora, se fijaran términos perentorios ni se
impusieran medidas coercitivas para asegurar el cumplimiento inmediato del fallo.

1.4. Sustento de la petición

A juicio de la accionante, las actuaciones del juzgado surtidas el 15 de julio de
2025, al interior de la diligencia de seguimiento y verificación del cumplimiento de
los fallos proferidos dentro de la acción popular vulneró el debido proceso en su
dimensión de obtener decisiones congruentes y motivadas. Esto por cuanto ese
despacho judicial omitió resolver de manera expresa la solicitud del 28 de marzo
de 2025 sobre medidas concretas en el corredor de la calle 66, limitándose a dar
respuestas tangenciales que dejaron la petición sin una solución judicial efectiva,
permitiendo que el cumplimiento se postergara indefinidamente.

Expresó que la solicitud de aclaración o adición del acta del 15 de julio de 2025
resulta manifiestamente ineficaz, pues en el presente caso no existe oscuridad o
contradicción alguna en el acta, sino una omisión decisoria clara y deliberada,
pues el juzgado no resolvió la solicitud del 28 de marzo de 2025, no fijó plazos
concretos y no declaró el incumplimiento pese a reconocer la inejecución de la

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orden principal.

Asimismo, aseveró que la omisión no es susceptible de aclaración, “pues no hay
nada que aclarar”. Además, solicitar aclaración de una decisión que no se adoptó
carece de objeto jurídico y constituye un “formalismo inútil” que la jurisprudencia
constitucional ha rechazado de manera reiterada.

Por otra parte, mencionó que la solicitud de apertura del incidente de desacato
contra las entidades obligadas al cumplimiento del fallo resulta jurídicamente
improcedente e ineficaz, por cuanto este procede cuando existe una orden judicial
clara, precisa, determinada y exigible que ha sido incumplida de manera
deliberada por la autoridad o particular obligado y en este caso, el problema radica
en que las órdenes judiciales carecen de plazos perentorios y términos
determinados, por lo que no son temporalmente inexigibles.

A su juicio, el incidente de desacato está dirigido contra las entidades obligadas
(Secretaría de Movilidad, Alcaldía Local, Policía de Tránsito), no contra el juez de
cumplimiento. En ese sentido, argumentó que las vulneraciones alegadas en la
tutela no provienen del incumplimiento de las entidades administrativas, sino de
la omisión del juzgado, que se abstuvo de adoptar las decisiones necesarias para
compeler el cumplimiento.

Sostuvo que se configura un perjuicio irremediable, al concurrir de forma
simultánea los elementos de actualidad, gravedad, inminencia y dificultad de
reparación, dado que la sentencia proferida dentro de la acción popular no ha sido
materialmente cumplida.

Además, consideró que se presentó un defecto fáctico pues el juzgado dio por
cumplidas parcialmente las órdenes basándose solo en informes administrativos,
sin realizar verificaciones in situ ni exigir pruebas objetivas de la presencia de la
Policía de Tránsito. Aseveró también que se configuró una irregularidad por
sustitución del control judicial por mecanismos informales, al permitir que la
ejecución del fallo quedara supeditada a mesas de trabajo, procesos de
concertación y gestiones administrativas indefinidas, sin decisiones exigibles ni
coercitivas.

La accionante argumentó que la actitud "pasiva y deferente" de la jueza frente a
la administración vació de contenido la fuerza vinculante de la sentencia,
convirtiendo un fallo judicial en una mera expectativa sin eficacia real.

Sostuvo que el despacho incurrió en un defecto procedimental al permitir la
intervención de terceros ajenos al proceso durante la diligencia de seguimiento y
verificación de cumplimiento realizada el 15 de julio de 2025, pues algunas
personas intervinieron sin ostentar la calidad de partes procesales, ni ser
coadyuvantes debidamente reconocidos en los términos de la Ley 472 de 1998,
y sin estar vinculadas formalmente al trámite como autoridades obligadas al
cumplimiento del fallo.

Alegó que se presentó un defecto sustantivo por desconocimiento del alcance
vinculante del fallo con fundamento en que el juzgado accionado se apartó del

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ordenamiento jurídico al restarle obligatoriedad a una sentencia ejecutoriada pues
la jueza supeditó el cumplimiento de las órdenes judiciales a la realización de
mesas de trabajo y a la obtención de consensos con comerciantes y habitantes
del sector.

Según la tutelante, lo anterior desconoce el principio de obligatoriedad e
inmutabilidad de las sentencias, ya que la ejecución no puede quedar sometida a
la voluntad de terceros que no fueron parte del proceso original. Esto por cuanto
la sentencia del 17 de noviembre de 2021, confirmada el 10 de diciembre de 2022,
no condicionó su cumplimiento a la realización de mesas de trabajo ni a la
obtención de consensos con la comunidad. Por el contrario, impartió una orden
clara, concreta y determinada: implementar el estacionamiento en vía en los
sectores técnicamente viables, específicamente en los tramos viales de la calle
65 entre carreras 22 y 24 y de la carrera 23 entre calles 65 y 66.

Finalmente señaló que en el trámite de la audiencia4 mencionada se incurrió en:

i) Falta de motivación, pues el despacho no ofreció razones jurídicas
suficientes para justificar por qué no declaró el incumplimiento del fallo
a pesar de reconocer que la medida principal no se había materializado;
ii) Desconocimiento del precedente constitucional, ya que el juzgado en
lugar de ejercer un control judicial activo, riguroso y efectivo asumió una
postura pasiva, deferente y complaciente frente a la administración,
conformándose con los informes genéricos rendidos por las entidades
obligadas, absteniéndose de verificar de manera directa el
cumplimiento real de las órdenes, y tolerando la dilación indefinida de
la ejecución del fallo mediante gestiones administrativas sin resultados
concretos;
iii) Violación directa de la Constitución, en particular los artículos 29, 228 y
229, al permitir que una sentencia ejecutoriada permanezca sin
cumplimiento real, oportuno y efectivo, vaciando de contenido el
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el principio de
supremacía constitucional; y,
iv) Error inducido por las entidades responsables, quienes suministraron
información inexacta sobre supuestos controles periódicos que no se
reflejan en la realidad del sector.

1.5. Actuaciones procesales en primera y segunda instancia

• Mediante auto de 27 de enero de 2026 se admitió la acción constitucional,
se ordenó notificar esta decisión a la parte accionada y se vinculó a la
Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, a la Alcaldía Local de Barrios
Unidos y a la Dirección de Tránsito y Transporte de Bogotá.

• El 7 de abril de 2026 el despacho sustanciador resolvió solicitud de nulidad
impetrada por la tutelante en la que alegó falta de competencia funcional

4 De conformidad con la contestación a la tutela efectuada por el Juzgado Doce Administrativo del

Circuito Judicial de Bogotá, se advierte que la señora Luz Alba Farfán Casallas en su calidad de
coadyuvante de la acción popular de la referencia no asistió a ninguna de las audiencias de
verificación de cumplimiento de los fallos cuestionados.

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del Consejo de Estado para conocer de la presente acción, pues esta
únicamente estaba dirigida en contra del Juzgado Doce Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, por ende, la autoridad competente para
conocerla era el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El despacho negó la nulidad al considerar que en el escrito de tutela
también se atribuye de manera expresa la vulneración de los derechos al
juez de segunda instancia, esto es, al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, lo cual permitía razonablemente entender que la acción se
dirigía en su contra. Aseveró que, incluso al admitir que la tutela se
promovió solo contra el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá, como se indicó en la solicitud de nulidad, la vinculación del
tribunal resultaba necesaria, en la medida en que se cuestiona la actuación
del juez accionado en la verificación del cumplimiento de una decisión
adoptada en segunda instancia por dicha corporación.

• En segunda instancia, el 11 de junio de 2026 el despacho ponente vinculó,
en calidad de terceros con interés, al señor Wilson Manrique Castañeda, a
los secretarios Distritales de Planeación y de Hábitat y al defensor Distrital
del Espacio Público de Bogotá. Además, se les advirtió de la posible
configuración de la causal de nulidad consagrada en el numeral 8º del
artículo 133 del Código General del Proceso, para los efectos previstos en
el artículo 137 ibidem.

Realizadas las respectivas comunicaciones se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B

El tribunal luego de rendir informe respecto del trámite observado al interior de la
acción popular de la referencia indicó que la totalidad de las actuaciones
adelantadas por ese despacho judicial se circunscribieron estrictamente al trámite
y decisión de los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de
primera instancia y culminaron con la devolución del expediente al juzgado de
origen.

Recordó que, a partir de dicho momento lo relativo a las etapas de ejecución y
seguimiento, de conformidad con los artículos 34 y 41 de la Ley 472 de 1998,
corresponde al juez de conocimiento original del proceso, a quien compete
adoptar las medidas necesarias para la ejecución y vigilar el cumplimiento de las
sentencias proferidas en acciones populares.

Adujo que, los hechos relatados en la demanda constitucional se circunscriben de
manera íntegra a la actuación del juez de primera instancia, lo cual evidencia que
la presunta vulneración alegada no es imputable a ese tribunal ni guardan relación
con ninguno de los trámites adelantados en segunda instancia.

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1.5.2. Secretaría de Movilidad de Bogotá

La entidad afirmó que no ha quebrantado derechos fundamentales como el debido
proceso o el derecho de petición, puesto que la accionante no radicó solicitudes
directas ante esa secretaría respecto al trámite pretendido en la tutela.

Solicitó su desvinculación del proceso, argumentando que las pretensiones de la
acción de amparo se dirigen específicamente contra las actuaciones (u
omisiones) del Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por ende no es la entidad llamada a
responder por las decisiones o demoras judiciales del juez de cumplimiento.

1.5.3. Secretaría de Hábitat de Bogotá

Esta secretaría solicitó su desvinculación del proceso, argumentando que no tiene
responsabilidad en la presunta vulneración de derechos. Sostuvo que sus
funciones se centran en la formulación de políticas de vivienda, gestión de suelo
y servicios públicos domiciliarios. Por lo tanto, carece de competencias legales y
misionales relacionadas con la protección, control o recuperación del espacio
público, así como con la regulación del tránsito o la implementación de zonas de
parqueo pago en el sector del Siete de Agosto.

Señaló que la tutela es improcedente porque la accionante dispone de otros
medios de defensa judicial dentro de la misma acción popular. Específicamente,
mencionó que el mecanismo idóneo para denunciar el incumplimiento de una
sentencia es el incidente de desacato, el cual permite al juez verificar las órdenes
impartidas e imponer sanciones si es necesario.

Argumentó que no se cumplen los requisitos para que la tutela proceda como
mecanismo transitorio, ya que los hechos no demuestran la inminencia de un
daño grave, urgente e impostergable que justifique la intervención excepcional del
juez de tutela.

1.5.4. Secretaría de Gobierno de Bogotá - Alcaldía Local de Barrios Unidos

La entidad sostuvo que no existe un nexo causal entre sus funciones y la presunta
vulneración alegada, ya que las quejas se dirigen contra decisiones u omisiones
estrictamente judiciales del despacho encargado del cumplimiento de una
sentencia.

Señaló que la acción de tutela fue promovida superando el término razonable de
seis meses desde la actuación impugnada (audiencia del 15 de julio de 2025), lo
cual evidencia una falta de urgencia en la protección solicitada.

Por otra parte, argumentó que la accionante cuenta con otros medios de defensa
dentro del proceso ordinario, como el incidente de desacato, antes de acudir a la
tutela, la cual no puede usarse como una instancia adicional para debatir
decisiones judiciales

A pesar de solicitar su desvinculación, defendió su gestión en el sector del Siete

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00194-01

de Agosto (específicamente en la Calle 66) dentro de las cuales destacó: i) la
realización de operativos de sensibilización y recuperación de aproximadamente
10 metros de espacio público; ii) suscripción de compromisos con
establecimientos comerciales para evitar la extensión indebida de sus
actividades; y, iii) articulación interinstitucional con la Policía y la Secretaría de
Movilidad, aclarando que el control de tránsito y la imposición de comparendos no
son su competencia directa, sino de dichas autoridades.

Finalmente, solicitó que se declare la improcedencia de la acción y se proceda a
su desvinculación del trámite judicial.

1.5.5. Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional - Dirección de
Tránsito y Transporte

Esta dirección aclaró que su función es de carácter regulatorio y operativo,
orientada a la prevención de accidentes y asistencia técnica en las vías. Además,
precisó que no tiene injerencia en los trámites administrativos de espacio público,
limitándose a la presencia operativa mediante convenios específicos con las
autoridades locales. Reportó que ya se han adelantado acciones y controles en
el sector mencionado (Calle 66), cumpliendo con sus deberes legales y
constitucionales.

Argumentó que, al haberse realizado ya los operativos de control reclamados por
la accionante, se presenta una carencia actual de objeto por hecho superado.
Además, indicó que la tutela es un mecanismo excepcional y subsidiario que no
procede cuando existen otros medios de defensa judicial idóneos para proteger
los derechos amenazados.

Solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, argumentando que la
institución no ha vulnerado ningún derecho fundamental y que las pretensiones
ya han sido atendidas a través de su actividad.

1.5.6. Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

La juez titular del despacho sostuvo que, con miras a lograr el acatamiento de los
fallos proferidos dentro de la acción popular con radicado 11001-33-35-012-2021-
00121-00, ese juzgado realizó 3 audiencias de verificación de cumplimiento: el 1°
de marzo de 2024, el 6 de diciembre del mismo año y el 15 de julio de 2025.

Mencionó que, en el trascurso de dichas diligencias, el despacho adoptó varias
decisiones dirigidas a requerir informes sobre el cumplimiento de la orden judicial
que se considera desatendida. Así, sostuvo que, de acuerdo con el artículo 242
del CPACA, el recurso de reposición procedía frente a tales determinaciones. En
ese sentido, como los autos son proferidos en audiencia, la reposición debía ser
interpuesta y sustentada en dicha oportunidad procesal, en los términos de los
artículos 318 y 319 del C.G.P.

Argumentó que, si la intención de la actora es controvertir las providencias que se
han emitido en las audiencias de verificación, le correspondía, en primer lugar,
asistir a ellas y, una vez proferidas, interponer el recurso que resultaba

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procedente. Sin embargo, la señora Luz Alba Farfán Casallas no asistió a ninguna
de las audiencias en comento, pese a que, previamente, le fueron remitidos los
respectivos links para que se conectara. Lo anterior, no le permitió recurrir las
decisiones del juzgado en la oportunidad procesal correspondiente, situación
atribuible exclusivamente a ella.

Adujo que no es cierto que el incidente de desacato sea improcedente. Esto por
cuanto el artículo 41 de la Ley 472 de 1998 prevé que, cuando se incumpla la
orden judicial proferida en acciones populares se incurrirá en las multas y
sanciones allí previstas. La citada normativa no limita la formulación de incidentes
de desacato, de tal suerte que, si la accionante considera que las entidades
obligadas al cumplimiento de las sentencias emitidas en el proceso 2021-00121
han demostrado desacato, está legitimada para iniciar ante ese juzgado el
respectivo trámite incidental, pues el proceso sigue en fase de cumplimiento.

A la fecha, la señora Farfán Casallas solo ha presentado una petición de desacato
(9 de agosto de 2023), la cual fue negada por medio del auto del 8 de septiembre
de 2023, decisión contra la cual no interpuso recurso alguno.

Por otra parte, mencionó que la tutela fue presentada más de seis meses después
de la última audiencia de verificación (15 de julio de 2025), superando el término
razonable establecido por la jurisprudencia para acudir a este medio.

Aclaró que la implementación de zonas de parqueo estaba sujeta a estudios
técnicos de viabilidad, en esa medida, la Secretaría de Movilidad de Bogotá
determinó que el tramo entre las carreras 21 y 24 no era apto para parqueo pago
por ser una vía arterial con alto flujo vehicular y por las mecánicas comerciales
del sector.

Afirmó que las solicitudes de la accionante sí fueron resueltas en la audiencia del
15 de julio de 2025, donde se explicaron las razones técnicas para no implementar
el parqueo en ciertos tramos y se detallaron los operativos de recuperación del
espacio público ya realizados.

Explicó que no realizó una verificación in situ porque la decisión depende de
conceptos técnicos de expertos en movilidad y diseños de vías y no de una simple
apreciación visual del juez.

Frente a la queja por la participación de comerciantes y líderes comunales en el
proceso sostuvo que la Ley 472 de 1998 permite la colaboración de diversas
autoridades para obtener el cumplimiento del fallo y la participación de la
comunidad es procedente y necesaria dado el impacto social, comercial y
residencial que tiene la implementación de sistemas de estacionamiento en sus
zonas de vida y trabajo.

Pidió que se declare improcedente la acción de tutela o, en su defecto, se nieguen
las pretensiones, argumentando que no se han transgredido las garantías
constitucionales de la accionante.

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1.5.7. Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

La entidad solicitó ser desvinculada del proceso, argumentando que la presunta
vulneración de derechos no se deriva de ninguna acción u omisión propia.
Sostuvo que las quejas de la accionante se dirigen exclusivamente contra
actuaciones y providencias judiciales adoptadas por el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá dentro del trámite de seguimiento
de una acción popular. Por tanto, esa autoridad carece de competencia funcional
para adoptar las medidas judiciales solicitadas, como fijar términos perentorios o
declarar incumplimientos.

Argumentó que la tutela es improcedente porque el ordenamiento jurídico ya
prevé mecanismos específicos dentro de la etapa de cumplimiento de las
acciones populares (como incidentes y requerimientos ante el juez natural) para
solicitar medidas de impulso. Enfatizó que la tutela no puede convertirse en una
instancia adicional para rediseñar decisiones judiciales en curso.

Advirtió que la acción constitucional fue promovida con una tardanza injustificada,
pues la actuación judicial cuestionada tuvo lugar en una audiencia llevada a cabo
el 15 de julio de 2025 y la accionante no acreditó ninguna circunstancia que
justificara el tiempo transcurrido hasta la presentación de la tutela.

Precisó que esa entidad ha participado activamente dentro del marco de sus
competencias legales (regulación, defensa y administración del espacio público
distrital), en los espacios interinstitucionales para la recuperación del sector
mencionado en el litigio y aclaró que no existe ninguna declaración judicial de
incumplimiento que le sea atribuible.

Finalmente solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela y sea
desvinculada del trámite judicial.

1.6. Sentencia de primera instancia

La Sección Tercera Subsección B del Consejo de Estado en providencia del 22
de abril de 2026 declaró improcedente la acción constitucional de la referencia
tras concluir que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad. Lo anterior toda
vez que, el artículo 41 de la Ley 472 de 1992 prevé un mecanismo judicial idóneo
y eficaz, esto es, el incidente de desacato, a través del cual, el juez puede verificar
el incumplimiento de las órdenes impartidas y, de ser el caso, imponer las
sanciones a que haya lugar.

Señaló que, si bien en el escrito de tutela se indicó que el incidente no se promovió
por no ser un mecanismo idóneo al no existir órdenes claras y determinadas, en
referencia a lo decidido en la audiencia de verificación de 15 de julio de 2025, lo
cierto es que este incidente está previsto para exigir el cumplimiento de las
órdenes contenidas en el fallo popular. Precisó que en este procedimiento, la
accionante podría cuestionar los informes rendidos por las entidades
demandadas, aportar las pruebas que estime pertinentes y solicitar las medidas
correspondientes para que se acredite y supere el incumplimiento alegado.

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Por último, negó la solicitud de desvinculación presentada por la Secretaría
Distrital de Movilidad de Bogotá.

1.7. Impugnación

El 11 de mayo de 2026 la parte accionante impugnó el fallo de primera instancia.
Reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela y agregó que el Consejo
de Estado incurrió en un error jurídico al realizar un análisis puramente formal y
restrictivo de la tutela.

Mencionó que el juez de primera instancia asimiló erróneamente la tutela a un
proceso de ejecución, cuando lo que se busca es el control constitucional sobre
los defectos (fácticos, procedimentales y sustantivos) de las decisiones del juez
popular.

Argumentó que el daño es cierto, inminente y grave pues el juez de primera
instancia manifestó su intención de establecer un cronograma para dar por
terminada la acción popular, lo que extinguiría la única vía de presión judicial para
el cumplimiento de las sentencias. Además, han pasado más de 3 años desde
que se profirieron los fallos de instancia sin evidenciarse resultados reales, lo que
afecta el núcleo esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que una
sentencia “inejecutada” carece de valor real

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte demandante en contra del fallo proferido por la Sección Tercera Subsección
B del Consejo de Estado el 22 de abril de 2026 , según lo previsto en los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, este último modificado por el artículo 1º del Decreto
333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

Las solicitudes de desvinculación elevadas por la Secretaría de Hábitat de
Bogotá, la Secretaría de Gobierno de Bogotá - Alcaldía Local de Barrios Unidos y
el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, la sala
anuncia que se despacharán negativamente por cuanto su vinculación a este
trámite constitucional se realizó como terceros con interés en el asunto, por ser
las entidades encargadas del cumplimiento de la decisión.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo
proferido en primera instancia, para lo cual se debe analizar si la acción de tutela
cumple con los requisitos generales de procedibilidad y, de superarse lo anterior,
deberá verificar si el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
vulneró los derechos fundamentales de la tutelante con ocasión de la audiencia
de seguimiento y verificación de cumplimiento celebrada el 15 de julio de 2025,

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en el trámite de ejecución de los fallos proferidos en el marco de la acción popular
con radicado 11001-33-35-012-2021-00121-01.

Para resolver este problema se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de
encontrarse superados; iii) el fondo del reclamo.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20125, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales
derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios

5 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón
a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en
el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva

2.5.1. Inmediatez6. Este requisito está acreditado en el presente caso, por cuanto
la audiencia de verificación del cumplimiento de las sentencias se realizó el 15 de
julio de 2025 y la presente acción se radicó el 18 de diciembre del mismo año. En
ese sentido, desde el momento en que se realizó dicha audiencia y la interposición
de la tutela transcurrieron un poco más de 5 meses, tiempo considerado
prudencial para acudir a este mecanismo constitucional según la jurisprudencia
fijada por la Corte Constitucional en esa materia.

2.5.2. Subsidiariedad. Según se tiene, el a quo declaró improcedente la tutela de
la referencia tras concluir que no cumple el requisito de subsidiariedad,
presupuesto respecto del cual es oportuno señalar que se encuentra contemplado
en el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución, según el cual, «[e]sta acción sólo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto
Ley 2591 de 1991.7

La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad de la
tutela, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser
resueltos, en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas,
de manera que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando
estas no son idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta
admisible acudir a esta acción constitucional.

En consecuencia, el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la
obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los

6 Sentencia T-438 de 2020. M.P. Diana Fajardo Rivera.
7 «ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no

procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que
se encuentra el solicitante.»

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cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento
de los recursos legales deviene en la improcedencia de este mecanismo.

En el caso que ocupa a la sala, la controversia planteada por la accionante radica
en que, a su juicio, el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
al celebrar audiencia de seguimiento y verificación de cumplimiento de las
sentencias proferidas en el marco de la acción popular con radicado 11001-33-
35-012-2021-00121-01, omitió resolver de manera expresa una solicitud radicada
el 28 de marzo de 2025 ante ese despacho e incurrió en los defectos fácticos,
sustantivo, desconocimiento del precedente, falta de motivación y violación
directa de la Constitución, pues al no establecerse plazos ni medidas concretas
para el acatamiento de los fallos de instancia se impide el cumplimiento efectivo
de estas decisiones.

Bajo este contexto, el juez de primera instancia declaró improcedente la tutela por
no cumplir el requisito de subsidiariedad, con sustento en que la tutelante contaba
con el incidente de desacato, a través del cual, se puede verificar el
incumplimiento de las órdenes impartidas por los jueces de instancia e imponer
las sanciones a que haya lugar. En desacuerdo con el anterior fallo, la parte actora
presentó impugnación, en la cual reiteró los argumentos esbozados en la tutela.

Ahora bien, en cuanto al cumplimiento de los requisitos de procedencia adjetiva,
se comparte la decisión del a quo en cuanto a la configuración de la
improcedencia de la tutela por no superar el requisito de subsidiariedad, por las
razones que pasan a explicarse:

En primer lugar, y tal como lo manifestó el Juzgado Doce Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá en la contestación de la tutela, en el transcurso de la
audiencia de verificación de cumplimiento de los fallos de instancia realizada el
15 de julio de 2025 se adoptaron varias decisiones dirigidas a requerir informes
sobre el cumplimiento de los mencionados fallos. En esa medida, advierte la sala
que la parte actora contaba con la posibilidad de acudir al recurso ordinario
procedente, esto es, el de reposición8, para exponer los argumentos de reproche
y que ahora son planteados en la solicitud de amparo. Dicho recurso era el
escenario adecuado para que el juez natural revisara la decisión o decisiones que,

8 Artículo 242 CPACA. Reposición. El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo

norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el
Código General del Proceso. En concordancia con los artículos 318 y 319 del CGP que disponen:
Artículo 318. procedencia y oportunidades. Salvo norma en contrario, el recurso de reposición
procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles
de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se
reformen o revoquen. El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un
recurso de apelación, una súplica o una queja. El recurso deberá interponerse con expresión de
las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el
auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres
(3) días siguientes al de la notificación del auto. El auto que decide la reposición no es susceptible
de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán
interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos. Los autos que dicten las
salas de decisión no tienen reposición; podrá pedirse su aclaración o complementación, dentro
del término de su ejecutoria. Parágrafo. Cuando el recurrente impugne una providencia judicial
mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del
recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente.
Artículo 319. Trámite. El recurso de reposición se decidirá en la audiencia, previo traslado en ella
a la parte contraria. Cuando sea procedente formularlo por escrito, se resolverá previo traslado a
la parte contraria por tres (3) días como lo prevé el artículo 110.

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a juicio de la tutelante, transgredieron sus garantías iusfundamentales, sin que la
tutela pueda utilizarse para suplir tal medio judicial, pues una interpretación
contraria llevaría a que esta fuera empleada como un instrumento para desplazar
las competencias ordinarias, lo que desnaturalizaría esta acción.

En segundo lugar, también se evidencia que la señora Farfán Casallas tiene a su
disposición el incidente de desacato, el cual se encuentra instituido para cumplir
con el propósito de la protección efectiva de los derechos colectivos protegidos
por decisiones judiciales, e inspira las responsabilidades que la Ley 472 de 1998
le atribuyó al juez de la acción popular en relación con el impulso del proceso y
con la adopción de las medidas necesarias para hacer realidad las órdenes que
en ese sentido se impartan en el respectivo fallo.

La Ley 472 de 1998, en efecto, dotó al juez popular de amplias facultades
oficiosas destinadas a lograr que cada uno de estos momentos -el trámite de la
acción y la fase de cumplimiento del fallo- realicen el principio de eficacia y
privilegien el derecho sustancial sobre cualquier exigencia formal que pueda
obstaculizar la protección del derecho o interés colectivo de que se trate.

Todo esto confirma la variedad de instrumentos con los que cuenta el juez de la
acción popular para lograr que su trámite sea expedito y eficaz, como lo reclama
la trascendencia de los derechos que aspira a proteger. No obstante, la
concreción del principio constitucional de eficacia exige que además de impulsar
el proceso, en ejercicio de las facultades oficiosas que para el efecto le concedió
la Ley 472 de 1998, el juez de la acción popular adopte las medidas necesarias
para que las órdenes de protección que impartió surtan sus efectos9.

El artículo 34 de la norma mencionada precisa que, durante el término prudencial
fijado en el fallo, el juez conserva su competencia para tomar las medidas que
conduzcan a materializar las órdenes de protección, de conformidad con las
disposiciones del Código General del Proceso; y que puede conformar un comité
para la verificación de su cumplimiento, el cual podrá estar integrado por él mismo,
por las partes, por la entidad pública encargada de velar por el derecho o interés
colectivo, por el Ministerio Público y por una organización no gubernamental con
actividades en el objeto del fallo. También lo faculta para comunicar a las
entidades que puedan incidir en el cumplimiento, para que presten su
colaboración en ese sentido10.

En otras palabras, la Ley 472 de 1998 concedió al juez popular conservar su
competencia, después de proferido el fallo, para adoptar las medidas que
conduzcan a hacer efectivo el amparo. Eso explica que el juez de la acción
popular puede convocar a las entidades encargadas de ejecutar las órdenes de
protección, cuantas veces sea necesario; practicar pruebas para establecer los
motivos de su negligencia y adelantar las diligencias que correspondan para
corregir tales obstáculos.11

9 Sentencia T-254 de 2014.
10 Ídem.
11 La Sentencia 85001-23-31-000-2011-00047-01(AP), proferida por la Sección Tercera del
Consejo de Estado el cinco (5) abril de 2013 (C.P. Stella Conto Díaz del Castillo), se refiere al
compromiso que, en atención a la naturaleza de la acción popular, a su origen constitucional y a
la clase de derechos e intereses que protege, adquiere el juez que la tramitó frente a la garantía

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El juez de la acción popular cuenta con una herramienta adicional para esos
efectos: la conformación del comité para la verificación del cumplimiento que
cumple la función de asesorar al funcionario judicial en la formulación de
propuestas que conduzcan a realizar la protección concedida y, además, permite
hacer un seguimiento de las gestiones que los responsables de restablecer el
derecho colectivo vulnerado han adoptado con ese objeto.12

En ese sentido, se advierte que el juez de la acción popular puede valerse de sus
poderes disciplinarios para presionar el cumplimiento de sus decisiones, en el
marco del incidente de desacato. Es decir, este resulta ser el mecanismo idóneo
para que el juez, investido de la competencia que le atribuyó la Ley 472 de 1998,
verifique el cumplimiento de su decisión y aplique los remedios judiciales que
considere apropiados para asegurar que sus órdenes sean cabal y
oportunamente satisfechas.

Con ese fin, puede requerir a los responsables del cumplimiento, solicitarles
informes de su gestión y reclamar la intervención de los organismos de control.
La responsabilidad del juez, en estos casos, no es otra que la de desplegar la
gama de facultades que le fueron conferidas en su condición de director del
proceso, para procurar que la protección que reconoció se concrete de una forma
coherente con los mandatos de celeridad y eficacia que guían el trámite de las
acciones populares.

En conclusión: i) el juez que resuelve la acción popular debe velar por el
cumplimiento efectivo de las órdenes que dictó y garantizar, tanto la satisfacción
del bien que amparó, como la de todos aquellos que resulten involucrados; ii) las
órdenes que se adoptan para el cumplimiento de una acción popular suelen ser
complejas. Por eso, es posible ajustarlas a la situación que se verifique en el curso
del cumplimiento, cuando sea necesario para garantizar la efectividad de los
derechos colectivos protegidos; y, finalmente, iii) tal decisión solo puede adoptarla
quien tiene la dirección del proceso, con el concurso de los afectados.

Por lo tanto, el juez de tutela carece de competencia para modificar u ordenar que
se cambie el fallo de la acción popular, siendo el incidente de desacato el
mecanismo adecuado y eficaz para que la interesada plantee el debate formulado
en la acción de amparo.

En este orden de ideas, el juez constitucional no puede inmiscuirse en la discusión
propuesta por el demandante, ante la existencia de trámites propios que no

del cumplimiento de las órdenes impartidas en aras del restablecimiento del derecho colectivo
vulnerado. El fallo señala, al respecto, que “(...) la supremacía de las normas constitucionales
exige, antes que la evocación de un enunciado formal de prevalencia de los derechos colectivos,
su plena eficacia material. Y a ese objetivo debe orientarse imperiosamente la actividad de las
autoridades, incluyendo la tarea del juez de la acción popular, pues un procedimiento distinto
conduciría al desconocimiento de uno de los fines esenciales del Estado Social, para el efecto de
la participación en la protección de los derechos colectivos con la eficacia que su trascendencia
exige. Sobre ese supuesto, advierte que el rol del juez de la acción popular no puede limitarse a
adoptar una decisión con respecto a los hechos, pretensiones y excepciones alegadas y probadas
por las partes, ya que, por el contrario, “su deber tiene que ver con la adopción de las medidas
que sean necesarias para restablecer las cosas al estado precedente a la vulneración del derecho
o del interés colectivo, de ser ello posible (...)”.
12 Cfr. Sentencia T-443 de 2013.

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Demandante: Luz Alba Farfán Casallas
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00194-01

pueden ser sustituidos por este mecanismo dada su naturaleza subsidiaria y
residual, máxime si se tiene en cuenta que no se demostró cuál puede ser ese
perjuicio irremediable que amerite la intervención de esta corporación y permita
desconocer la existencia del recurso establecido para cuestionar el trámite
mencionado.

Así las cosas, la sala confirmará la sentencia proferida el 22 de abril de 2026 por
la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado que declaró la
improcedencia de la acción constitucional de la referencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Negar las solicitudes de desvinculación elevadas por las Secretarías
de Hábitat y de Gobierno de Bogotá - Alcaldía Local de Barrios Unidos y el
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público.

SEGUNDO: Confirmar la sentencia de 22 de abril de 2026 proferida por la
Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado que declaró improcedente
la acción de tutela presentada por la señora Luz Alba Farfán Casallas.

TERCERO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Ausente con permiso

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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