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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00195-00

Fecha
13 de febrero de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00195-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, de conformidad con lo razonado en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00195-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

13 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00195-00
Accionante: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Improcedencia por falta de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala se pronuncia en relación con la acción de tutela instaurada por la Agencia
Nacional de Infraestructura, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 333
de 20211.

ANTECEDENTES

La demanda

1. El 13 de enero de 2026, la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- solicitó la
protección de su derecho fundamental al debido proceso, el que considera vulnerado
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Hechos relevantes

2. La ANI presentó demanda de repetición contra las señoras Andrea Milena Vera
Pabón, Delia Alexandra Rodríguez Zambrano y el señor Carlos Andrés Montoya
Arteaga, con el fin de recuperar las sumas pagadas a raíz de la condena que el
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto le impuso a la entidad, en el proceso
ejecutivo con radicado 52001-31-03-003-2014-000-01. La condena tuvo su causa en
los intereses de mora que se causaron, a su vez, por el pago tardío del saldo de la
indemnización ordenada en el proceso de expropiación que se tramitó en el mismo
despacho judicial.

3. Según la demandante, «resultaba un despropósito fundar una defensa dentro del
proceso ejecutivo a sabiendas de que se trataría de una causa injusta que
claramente prolongaría en el tiempo el perjuicio económico para la entidad estatal»,
pues la ANI sabía que debía cancelar el saldo pendiente de la indemnización
ordenada en el proceso de expropiación.

1
El asunto ingresó al despacho el 30 de enero de 2026. Ver índice 17 de Samai.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00195-00
Accionante: Agencia Nacional de Infraestructura
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

4. La demanda de repetición se dirigió contra los agentes estatales que tenían el
deber contractual y legal de garantizar el pago oportuno de la condena impuesta en
el proceso de expropiación, en los plazos definidos en ese proceso, para evitar
mayores gastos por el pago de intereses moratorios, como ocurrió.

5. El proceso de repetición fue conocido en primera instancia por el Juzgado 62
Administrativo de Bogotá, en el radicado 11001-33-43-062-2021-00046-00. En
sentencia de 7 de septiembre de 2023, el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá negó
las pretensiones, por cuanto consideró que no se cumplió uno de los requisitos de
procedibilidad del medio de control instaurado, pues no se verificó la existencia de
una condena judicial que respaldara la petición de repetición.

6. La accionante interpuso recurso de apelación contra esa decisión. Alegó que el
proceso de repetición es procedente cuando el Estado es obligado a pagar intereses
moratorios dentro de un proceso ejecutivo, por la culpa grave o dolo de sus agentes,
porque, en ese caso, el pago surge de una condena judicial, con independencia de
que la ejecución haya sido seguida de sentencia.

7. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia
de 9 de octubre de 2025, confirmó la decisión recurrida. Señaló que los intereses
moratorios son una forma de indemnización por el incumplimiento en el pago de una
obligación dineraria y es susceptible de ser recuperada a través del proceso de
repetición; sin embargo, estimó que el auto que libró mandamiento de pago no
resolvió una controversia, más bien se limitó a ejecutar una obligación ya establecida,
por ende, no se trataba de una condena judicial autónoma, ni de una conciliación u
otra forma de terminación de conflictos.

Pretensiones

8. La accionante solicita lo siguiente (transcripción literal):

Se ruega al Honorable CONSEJO DE ESTADO que, como protección del
derecho fundamental de mi representada, ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, proferir sentencia de reemplazo que
considere la satisfacción del requisito de procedencia de la acción de
repetición, dentro de la demanda presentada por mi representada, dentro del
proceso radicado 11001 33 43 062 2021 00046 00, como quiera que debe
tenerse acreditado este requisito con el auto que libró mandamiento de pago y
las demás piezas procesales que demuestran la terminación del proceso por
pago por parte de la entidad estatal, reconociendo intereses moratorios.

Fundamentos de la demanda de tutela

9. La ANI considera que la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca adolece de un defecto sustantivo, porque adoptó una interpretación
restrictiva del artículo 2º de la Ley 678 de 2001, para establecer el cumplimiento del
requisito relativo a la existencia de una condena judicial.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00195-00
Accionante: Agencia Nacional de Infraestructura
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

10. Expuso que esa entidad trató de pagar con la mayor celeridad posible la orden
judicial que impuso mandamiento de pago, con la inclusión de los intereses
moratorios causados. Añadió que su propósito es que «se analice la interpretación
amplia que debe darse al artículo 2 de la Ley 678 de 2001, tal como fuera expuesto
por el Honorable Consejo de Estado desde la sentencia de fecha 8 de noviembre de
2007, radicado 25000-23-26-000-2003-00007-01, proferida por la Sección Tercera».

11. Explicó que el precedente referido aceptó la procedencia de la acción de
repetición para el cobro de intereses de mora cancelados en virtud de un proceso
ejecutivo que culminó con sentencia y ese entendimiento está acorde con lo que
razonó la Corte Constitucional cuando analizó la constitucionalidad del artículo 2 de
la Ley 678 de 2001. En el caso analizado, no se cuenta con sentencia, sino con el
auto que libró mandamiento de pago, y esa situación, en el entender de la
accionante:

[I]mplica que el Consejo de Estado valore escenarios fácticos como son el
agravamiento de la condena a la entidad estatal si, en vez de mitigar el impacto
en las finanzas públicas con el allanamiento a la orden de pago judicial, se
sumerge en un debate judicial en torno al proceso ejecutivo, con una alta
probabilidad de pérdida y, consecuentemente, agravando la posterior
liquidación del crédito a cancelar, sin que pueda extender, por obvias razones
de imputabilidad, el incremento en los intereses moratorios al agente estatal
que en principio descuidó el pago oportuno de la condena judicial derivada del
proceso declarativo.

De igual forma, el escenario fáctico que se plantea busca que el Consejo de
Estado determine si para subsumir la procedencia de la acción de repetición al
mandato del artículo 2 de la ley 678 de 2001, cuando quiera que la entidad
estatal busque recuperar intereses moratorios, tenga que hacer valer tal pago
en virtud de un acuerdo transaccional o de una conciliación, imponiéndose así
una carga desproporcionada a la entidad estatal al no ser sólo de su resorte el
determinar la constitución de dichos instrumentos sino requerir del consenso
de quien auspicie como demandante.
(…)

Para la Agencia Nacional de Infraestructura, los jueces de instancia debieron
apelar a criterios interpretativos AMPLIFICADORES de este dispositivo
normativo, considerando que el mandamiento de pago SI PUEDE DAR LUGAR
A UN PROCESO DE REPETICIÓN, CUANDO DEL ALLANAMIENTO DE LA
ENTIDAD ESTATAL A DICHA ORDEN SE DERIVE EL RECONOCIMIENTO
DE INTERESES MORATORIOS, PRODUCTO DE LA CULPA GRAVE O
DOLO DEL AGENTE ESTATAL. Claro está, dicho análisis implica valorar el
mandamiento de pago junto con la providencia proferida en el juicio declarativo
y la prueba del pago efectivo realizado por la entidad estatal. Así las cosas, no
resulta coherente que se reconozca la procedencia de la acción de repetición
para el cobro de intereses moratorios exigidos a la entidad estatal dentro de un
proceso ejecutivo y no tener, por tal forma de terminación del conflicto, el pago
de la condena en virtud del mandamiento de pago.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00195-00
Accionante: Agencia Nacional de Infraestructura
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

12. Adujo, así, que limitar el cumplimiento del título de la condena a la sentencia
del proceso declarativo o a la existencia de una conciliación o transacción
desnaturaliza los presupuestos de procedencia de la acción de repetición y enerva
la posibilidad de que la entidad estatal recupere los recursos del patrimonio público
invertidos para pagar intereses de mora, «no premiando la debida diligencia de la
entidad estatal en advertir que lo menos gravoso resultaba allanarse a la orden
derivada del mandamiento de pago».

Trámite en primera instancia

13. A través de auto de 21 de enero de 20262, el despacho sustanciador admitió
la tutela, ordenó notificar la decisión a la parte accionada, a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado y, en calidad de terceros con interés, a los señores
Andrea Milena Vera Pabón, Delia Alexandra Rodríguez Zambrano y Carlos Andrés
Montoya Arteaga. Además, se tuvieron como prueba los documentos allegados con
la demanda, se dispuso la remisión del expediente del proceso de repetición y se
ordenó suspender los términos del asunto desde el 21 de enero de 2026 hasta que
reingresara el expediente al despacho.

Intervenciones

14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B3
adujo que la interpretación que propone el accionante del artículo 2 de la Ley 678 de
2001 no es acertada, pues si bien la Sección Tercera del Consejo de Estado ha
admitido que los intereses de mora constituyen una forma de indemnización por el
retardo en el cumplimiento de una obligación dineraria y que su pago puede ser
objeto de repetición, también ha sido enfática en que para la procedencia de esta
acción deben concurrir de manera ineludible una condena judicial, conciliación,
transacción u otro mecanismo de resolución de conflictos, y el pago efectivo por parte
del Estado.

15. Adicionalmente, la Corte Constitucional ha sostenido que la acción de
repetición no se limita a sentencias condenatorias, pero sí exige un título cierto sobre
la obligación de pago que demuestre «el daño antijuridico cuya indemnización ha
debido asumir la entidad». Ese presupuesto, en su concepto, no se encuentra
reunido pues el auto que libra mandamiento de pago no constituye título de condena
ni suple tal exigencia.

16. Indicó que la acción de tutela no satisface el requisito de relevancia
constitucional, porque los planteamientos del demandante no evidencian la
configuración de un asunto con trascendencia legal o que comprometa el núcleo
esencial de un derecho fundamental; por el contrario, se busca reabrir el debate
jurídico que ya se agotó en la jurisdicción contencioso administrativa. Por lo anterior,
solicitó negar el amparo solicitado.

2
Índice 4 de Samai.
3
Índice 13 de Samai.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00195-00
Accionante: Agencia Nacional de Infraestructura
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

17. El Juzgado 62 Administrativo de Bogotá4 señaló que el proceso de repetición
se adelantó bajo el procedimiento del CPACA y la decisión adoptada se basó en los
medios que prueba que obraban en el expediente. Consideró que se debe declarar
improcedente la tutela por falta de relevancia constitucional, en tanto la controversia
se centra en un tema legal, no en la violación de derechos fundamentales.

CONSIDERACIONES

Competencia

18. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 29 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.

Legitimación en la causa

19. El artículo 86 de la Constitución Política prevé que «toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces (…) la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública».

20. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, por su parte, establece que la acción
de tutela «podrá ser ejercida en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales».

21. En el caso concreto, la ANI se encuentra legitimada en la causa por activa
toda vez que es titular de los derechos fundamentales que estima vulnerados, en su
condición de accionante en el proceso de repetición en el que se profirió la sentencia
cuestionada.

22. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue la autoridad que profirió la decisión
a la que se le atribuye la vulneración de derechos fundamentales.

Problema Jurídico y metodología de la decisión

23. La Subsección debe establecer si la acción de tutela satisface los requisitos
de procedibilidad formal. En caso de que estos se encuentren reunidos, se analizará
si la providencia cuestionada5 vulneró los derechos fundamentales de la accionante,
como se afirmó en la demanda.

4
Índice 14 de Samai.
5
En el primer acápite de la demanda se indicó que la acción de tutela se dirige contra el Juzgado 62
Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; sin embargo, las
pretensiones únicamente se refirieron a la sentencia de 9 de octubre de 2025, proferida por ese

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00195-00
Accionante: Agencia Nacional de Infraestructura
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

24. Con el fin de resolver el problema jurídico, de manera sucinta, la Subsección
reiterará el precedente constitucional sobre la procedencia de tutela contra
providencias y, posteriormente, resolverá el caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

25. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20056, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.

26. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar7; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela8, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que
la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados
en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es
que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su
alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 9 o
que los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para
evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo
que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente
legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta
tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error
no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Análisis de la Sala

Inmediatez

27. La Corte Constitucional ha establecido que uno de los requisitos generales
para la procedencia de la acción de tutela es que esta se haya presentado en un

Tribunal, la que además fue la que definió la controversia en el proceso de repetición. Por
consiguiente, el análisis se centrará en esa providencia de segunda instancia.
6
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
7
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
8
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
9
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00195-00
Accionante: Agencia Nacional de Infraestructura
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

plazo razonable, esto es, justo y moderado. Esta exigencia encuentra su razón de
ser en la naturaleza de esta acción constitucional, creada para proteger eficazmente
los derechos fundamentales sin dilaciones injustificadas; además, como garantía de
los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, y para evitar que se emplee como
una instancia adicional con el propósito de reabrir debates que podrían ventilarse a
través de otros mecanismos procesales10.

28. En sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017, la Corte resaltó que, aunque
la acción de tutela no tiene un término de caducidad legalmente establecido 11, debe
interponerse en un plazo oportuno, so pena de que se desnaturalice su carácter de
medio urgente y excepcional de protección constitucional.

29. En el caso concreto, se cuestiona la sentencia de 9 de octubre de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la acción de tutela se
radicó 13 de enero de 2026. Dicho plazo que se considera razonable.

Subsidiariedad

30. Este requisito se encuentra satisfecho, puesto que la accionante no cuenta
con otro mecanismo judicial, ordinario o extraordinario, para cuestionar el fallo de 9
de octubre de 2025. En efecto, esa decisión se profirió en la segunda instancia del
proceso de repetición, de modo que no era susceptible de recursos ordinarios y
tampoco de los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia, que
tienen causales específicas en las que no se encuadra el asunto sometido al
conocimiento de esta Sala.

Relevancia constitucional

31. Este requisito exige que la cuestión debatida tenga una clara y marcada
importancia constitucional, a fin de evitar que el juez constitucional se adentre en
asuntos confiados a otras jurisdicciones.

32. Esta Subsección ha sido consistente en estimar que el cumplimiento del
requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar los derechos
fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia.
Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima
y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional
a las establecidas por el legislador.

10
Sentencias SU-961 de 1999, T-043 de 2016, T-016 de 2006, T-594 de 2008, T-1028 de 2010 y
SU-499 de 2016, entre otras.
11
En sentencia C-543 de 1992, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los artículos
11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. La razón principal de esa decisión fue «la oposición entre el
establecimiento de un término de caducidad para ejercer la acción y lo estatuido en el artículo 86 de
la Constitución cuando señala que ella puede intentarse en todo momento».

7

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00195-00
Accionante: Agencia Nacional de Infraestructura
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

33. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente12 reiterado de la
Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la
acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela
se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.

34. Pues bien, el asunto que se debate en esta acción de tutela versa sobre la
presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso, por la
interpretación restrictiva que se dio al artículo 2º de la Ley 678 de 2011, lo que llevó
a desestimar la existencia de la condena judicial en el proceso de repetición.

35. La Sala observa que el fundamento de la tutela no reviste relevancia
constitucional, porque, de un lado, constituye una reiteración de los alegatos que en
su momento formuló la ANI contra la sentencia de primera instancia, dictada el 7 de
septiembre de 2023 por el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá y, de otro lado, tiene
por finalidad plantear una tesis novedosa de interpretación extensiva a la norma, lo
que revela un debate meramente legal y el deseo de utilizar esta acción
constitucional como una tercera instancia.

36. Ciertamente, el recurso de apelación de la ANI contra la sentencia de primera
instancia, en el proceso de repetición, se interpuso en los siguientes términos
(transcripción literal):

DE LAS RAZONES DE DISENSO

Atendiendo que la única razón del juez de instancia, para despachar
desfavorablemente las pretensiones del demandante, fue la falta del requisito
de prosperidad consistente en la existencia de una condena judicial o de un
acuerdo conciliatorio (…), la razón de disenso frente a esta consideración es la
siguiente:

• Si bien la decisión que dio lugar al presente proceso, se trató del auto por el
cual se hicieron exigibles mediante mandamiento de pago unos intereses
moratorios a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, dentro del
mismo proceso de expropiación, ello no le quita la entidad de tratarse de una
condena a la Entidad Estatal, dado que tal ejecución bien pudo obviarse su
realización dentro del mismo proceso y hacerse por proceso separado, lo que
demuestra que la entidad de ese auto y las sumas que en virtud del mismo
correspondió pagar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
resultan totalmente independientes a la Sentencia Judicial propia del proceso
de expropiación.

Así las cosas, no advierte el Juez de primera instancia que la acción de
repetición no se trata de ejecutar el pago de la sentencia de expropiación, como
bien señala, sino el pago de los intereses moratorios que sobre tal condena se

12 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103

de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

8

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Referencia: Acción de tutela de primera instancia

causaron para la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, los que
tendría que analizarse de fondo si obedecieron al “comportamiento asumido
por quienes tenían el deber funcional y/o legal de materializar dicha obligación
dineraria, dentro de los términos estipulados (…)”

Conforme el anterior razonamiento es que se entiende la siguiente
argumentación del despacho:

“(…) Ahora, como en el presente caso la suma de dinero reclamada por la parte
demandante no es en sí misma el valor de la condena impuesta a la
administración sino el valor de los intereses moratorios que debió cancelar la
ANI por el pago tardío de la sentencia judicial (…)”

Por último, es reconocido por el Juez de instancia la procedencia de la acción
de repetición frente a procesos ejecutivos “cuando el Estado está obligado a
pagar intereses moratorios dentro de un proceso ejecutivo, por la culpa grave
o dolo de uno de sus agentes y, realiza el pago efectivo, esa obligación surge
de una condena judicial y, con ello se entiende cumplido uno de los supuestos
necesarios para declarar el derecho a repetir contra el agente que dio lugar al
pago de los intereses de mora, en aras de recuperar el patrimonio público (…)”,
que es precisamente el caso que se suscita en esta acción de repetición, con
independencia de que la ejecución, se itera, haya sido seguida de sentencia.

Por las anteriores razones se estima debe revocarse el fallo de primera
instancia y adentrarse en el estudio del elemento subjetivo de la culpa grave o
el dolo de los agentes estatales, tal como se expuso en los correspondientes
alegatos de conclusión.

37. Como se observa, la accionante pidió considerar el auto de mandamiento de
pago, proferido en el proceso ejecutivo, como título válido para solicitar la repetición
de lo pagado por concepto de intereses de mora. El Tribunal resolvió ese cargo de
la apelación, con el siguiente razonamiento:

[L]a repetición procede cuando el Estado ha sido obligado a pagar una suma
de dinero por una condena judicial, la cual, de acuerdo con los
pronunciamientos antes citados 13 , esta debe ser entendida en un sentido
amplio, y por tal razón, si se pagan intereses moratorios en un proceso ejecutivo
debido a la culpa grave o dolo de uno de sus agentes, ese pago puede
considerarse como derivado de una condena judicial, que habilita la repetición
para recuperar el patrimonio público14.

En relación con los intereses moratorios, la Sección Tercera del Consejo de
Estado sostuvo que, son una forma de indemnización por el incumplimiento en
el pago de una obligación dineraria que, según el artículo 1617 del Código Civil,
no requiere prueba del perjuicio, pues se presume por el retardo en el pago y,

13
En un acápite previo al análisis del caso concreto, el Tribunal se refirió la marco normativo y
jurisprudencial de la acción de repetición y, en relación con el requisito objetivo de la condena judicial,
hizo mención a la sentencia de 8 de noviembre de 2007, proferida por la Sección Tercera del Consejo
de Estado, en el proceso con radicado 25000-23-26-000-2003-00007-01(30.327), M.P. Ramiro
Becerra Saavedra.
14
«Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, ocho (8) de
noviembre de dos mil siete (2007), Rad. No. 250002326000200300007 01 (30327), C. P.: Ramiro
Becerra Saavedra».

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00195-00
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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

por lo tanto, si no se permite la acción de repetición en estos casos, el Estado
no podría recuperar integralmente los recursos públicos pagados15.

Posición que comparte la Corte Constitucional sobre las fuentes de la
obligación de pagar la suma de dinero como requisitos de la acción de
repetición: (…)16
Visto lo anterior, si bien, la acción de repetición procede cuando el Estado paga
una suma de dinero por una condena judicial, entendida en sentido amplio, por
lo cual, si se pagan intereses moratorios en un proceso ejecutivo por culpa
grave o dolo de un agente estatal, ese pago puede considerarse como derivado
de una condena judicial, lo que habilita la repetición para recuperar el
patrimonio público, de ninguna manera puede considerarse que, el
mandamiento de pago proferido el 3 de octubre de 2018 por el Juzgado Tercero
(3°) Civil del Circuito de Pasto, resolvió una controversia, toda vez que se limita
ejecutar una obligación ya establecida, por lo que no se trata de una condena
judicial autónoma ni de una conciliación u otra forma de terminación de
conflictos, en los términos del artículo 242 del CPACA.
(…)

Así las cosas, en la medida que no se encuentra acreditado la existencia de
una condena judicial, acuerdo conciliatorio, transacción u otro mecanismo de
resolución de conflictos que hubiere generado una obligación pecuniaria a
cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, la Sala queda relevada
para resolver de fondo.

38. Pese a los argumentos con los que se desestimó el recurso de apelación, la
ANI insiste en su postura, con el propósito de conseguir una nueva revisión del
asunto, sin exponer fundamentos nuevos o diferentes a los que se plantearon en el
proceso de repetición.

39. En efecto, la viabilidad de recuperar lo pagado por concepto de intereses
moratorios a través de la acción de repetición no está en controversia, pues fue
reconocida expresamente en la sentencia cuestionada. Y la petición dirigida a que
se tenga como título de la condena el auto que libró mandamiento de pago en el
proceso ejecutivo, ya fue estudiada y rechazada por el juez natural, con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley 678 de 2001 y en la jurisprudencia del
Consejo de Estado, con indicación expresa de la providencia que la accionante
reputa desconocida.

40. La aludida sentencia, proferida el 8 de noviembre de 2007 por la Sección
Tercera del Consejo de Estado18, no avaló la procedencia de la acción de repetición

15
«Ibídem».
16
«Corte Constitucional, Sentencia C-338 de 2006, M. P.: Clara Inés Vargas Hernández».
17
Artículo 2. Acción de repetición. «La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial
que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su
conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del
Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto.
La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya
ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial. (…)».
18
Rad. 25000-23-26-000-2003-00007-01 (30.327), M.P. Ramiro Saavedra Becerra. En esa decisión,
la Sección Tercera señaló la viabilidad de iniciar el proceso de repetición con base en la sentencia
proferida en un proceso ejecutivo. Así se refirió en esa ocasión:

10

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00195-00
Accionante: Agencia Nacional de Infraestructura
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

con base en situaciones diferentes a una condena judicial, conciliación, transacción
u otro mecanismo de resolución de conflictos que hubiera generado una obligación
pecuniaria a cargo de esa entidad, y tampoco lo hizo la Corte Constitucional19 en las
sentencias en las que declaró la exequibilidad de esa disposición.

41. La interpretación extensiva del artículo 2º de la Ley 678 de 2001 corresponde,
entonces, a una propuesta de la accionante, que eventualmente podría ser acogida
por el Consejo de Estado o, incluso por la Corte Constitucional en un análisis de
constitucionalidad, en tanto comprende una lectura de la norma que no se
desprende de su tenor literal, pero no por el juez constitucional cuya competencia se
limita a verificar la configuración de violaciones o amenazas a los derechos
fundamentales y la necesidad de adoptar medidas de protección para hacer cesar la
violación o amenaza, o para evitar un perjuicio irremediable.

42. No se puede perder de vista que, en virtud de las restricciones para la
procedencia de la tutela contra providencia judicial, en la cual entran en tensión
reglas y principios como los de seguridad jurídica, cosa juzgada, congruencia,
respeto e independencia por la autonomía judicial, el juez de tutela no puede
sustituir la labor del juez natural para decidir sobre temas deferidos a las diferentes
jurisdicciones. El ejercicio de este mecanismo constitucional no es una oportunidad
más para que otra autoridad judicial revise una decisión o se obtenga una
aprobación a la postura o visión que se tiene dentro de un litigio. Todo lo contrario,
este tipo de tutelas deben estar revestidas de seriedad en la argumentación y de un
estudio preliminar y detallado de las decisiones que se atacan en una perspectiva
eminentemente constitucional.

43. Se recalca, en este punto, que la tutela sólo se justifica en aquellos eventos
en los que exista una discusión de marcada importancia constitucional,
circunstancia que no se satisface con el simple señalamiento de que se están
afectando garantías iusfundamentales, sino porque, en efecto, afloran dudas
razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance de un derecho
fundamental.

«De lo anterior se puede afirmar que, cuando la acción de repetición exige para su prosperidad, entre
otros elementos, la existencia de la obligación de la entidad pública de pagar una suma de
dinero derivada de una condena judicial, ésta debe entenderse en sentido amplio. Por lo tanto,
debe entenderse que cuando el Estado está obligado a pagar intereses moratorios dentro de un
proceso ejecutivo, por la culpa grave o dolo de uno de sus agentes y, realiza el pago efectivo, esa
obligación surge de una condena judicial y, con ello se entiende cumplido uno de los supuestos
necesarios para declarar el derecho a repetir contra el agente que dio lugar al pago de los intereses
de mora, en aras de recuperar el patrimonio público. En efecto, cuando se incumple la obligación de
pagar una suma de dinero, se generan perjuicios al acreedor por la mora en el pago, quien puede
reclamarlos dentro del proceso ejecutivo, para que se obligue al deudor - Estado - a pagar los
respectivos intereses moratorios. Es jurídicamente viable afirmar que el Estado puede repetir
contra su agente cuando con su conducta dolosa o gravemente culposa dio lugar a la condena
judicial en la cual se ordenó el pago de intereses de mora, impuesta a través de una sentencia
ejecutiva» (se resalta).
19
Sentencias C-484 de 2002 y C-338 de 2006.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00195-00
Accionante: Agencia Nacional de Infraestructura
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

44. En ese entendido, es claro que el asunto sometido al conocimiento de esta
Sala no reviste relevancia constitucional, porque el supuesto defecto sustantivo que
se aduce, en realidad, no se deriva del desconocimiento de una norma o de la
aplicación equivocada de esta, y tampoco refiere la inaplicación de una postura
jurisprudencial. Antes bien, lo que sugiere es un entendimiento que la accionante
desearía que se acogiera, con miras a revivir el proceso de repetición en el que
perseguía un interés económico. Dicho objetivo, naturalmente, escapa a la
competencia del juez de tutela.

45. En consideración a lo anterior, se concluye que la acción de tutela es
improcedente porque su finalidad no es proteger un derecho fundamental
amenazado o vulnerado, sino provocar un pronunciamiento sobre asuntos confiados
al juez de la repetición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por la
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, de conformidad con lo razonado en la
parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.

12

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