Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00198-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00198-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00198-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
5 de febrero de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00198-00
Demandante: JAFETH ANTONIO CABALLERO AMUD
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA QUE IMPUSO
SANCIÓN DISCIPLINARIA A ABOGADO.
Síntesis del caso: la parte demandante consideró que se configuró una vulneración de sus derechos
fundamentales, en el marco del proceso disciplinario con ocasión de los fallos que le impusieron una
sanción sin advertir que no eran competentes para conocer de los hechos. La Sala declarará la
improcedencia de la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de inmediatez, porque se
interpuso por fuera del plazo que la jurisprudencia constitucional ha considerado como razonable.
La Sala decide la acción de tutela1 presentada por el señor Jafeth Antonio Caballero Amud
en contra de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Antioquia para la protección de sus derechos constitucionales del
debido proceso e igualdad, consagrados en los artículos 29 y 13 de la Constitución Política,
presuntamente vulnerados con ocasión de las providencias del 31 de enero de 2022 y 22
de agosto de 2024 proferidas por dichas autoridades judiciales, respectivamente.
I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:
1) El 5 de junio de 2017, la señora Elizabeth Cristina Caballero Jerez presentó queja
disciplinaria en contra del abogado Jafeth Antonio Caballero Amud.
2) El expediente fue asignado a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia,
quien, a través de auto del 23 de junio de 2017, ordenó la apertura del proceso disciplinario,
programó la audiencia de pruebas y calificación provisional y adoptó otras determinaciones.
1 Mediante escrito radicado el 16 de enero de 2026, (índice 1, Samai).
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Expediente: 11001-03-15-000- 2026-00198-00
Demandante: Jafeth Antonio Caballero Amud
Acción de tutela
3) Por medio de edicto fijado el 23 de enero de 20188 y desfijado el día 25 del mismo mes
y año, la Secretaría Judicial emplazó al abogado investigado y le otorgó el término de tres
(3) días para que se notificara del auto proferido el 23 de junio de 2017.
4) Ante la inasistencia del disciplinable a la audiencia de pruebas y calificación provisional
prevista para el 17 de julio de 2018, el magistrado ponente ordenó fijar el edicto
emplazatorio, cuya fijación se surtió el 25 de enero de 2019 y se desfijó el día 29 del mismo
mes y año; a su vez, dispuso designar a la señora Maira Catalina Betancur Monsalve como
defensora de oficio del disciplinado.
5) En la audiencia de pruebas y calificación provisional celebrada el 21 de febrero de 2019,
el magistrado instructor designó a la señora Marly Saldarriaga Zapata como defensora de
oficio del abogado y lo requirió para que en el término de tres (3) días justificara su
inasistencia y, en caso negativo, destacó que se le declararía persona ausente.
6) Mediante edicto fijado el 15 de mayo de 2019 y desfijado el día 17 del mismo mes y año,
se citó al abogado investigado para que compareciera al proceso disciplinario y se le advirtió
que en caso de no indicar las razones de su inasistencia a la audiencia que se programó
para el 21 de febrero de 2019, se le nombraría persona ausente y se continuaría el trámite
con el defensor de oficio.
7) La audiencia de pruebas y calificación provisional se llevó a cabo en las sesiones del 11
de junio de 2019, 26 de abril de 2021, 12 de julio de 2021, 23 y 30 de agosto de 2021; en
esta última oportunidad, la magistrada instructora formuló pliego de cargos contra el
abogado Jafeth Antonio Caballero Amud.
8) El 31 de enero de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia declaró
responsable disciplinariamente al abogado Caballero Amud por la comisión de las faltas
disciplinarias descritas en los artículos 30, numeral 4, y 33, numeral 8, de la Ley 1123 de
2007, a título de dolo, con las cuales infringió los deberes consagrados en los numerales 5
y 6 del artículo 28, ibidem, y le impuso la sanción de suspensión por el término de 36 meses
y multa de 10 SMLMV.
9) Inconforme con lo anterior, el abogado interpuso recurso de apelación, en el que, entre
otros fundamentos, afirmó que la jurisdicción disciplinaria no podía hacer ninguna valoración
de los hechos relacionados con su conducta hasta que otras autoridades se pronunciaran
sobre aspectos particulares del caso concreto alrededor del cual se desplegó su actuación
profesional.
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Expediente: 11001-03-15-000- 2026-00198-00
Demandante: Jafeth Antonio Caballero Amud
Acción de tutela
10) La apelación fue desatada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en sentencia
del 22 de agosto de 20242, en la cual modificó la sentencia apelada, en el sentido de i)
decretar la terminación del proceso por la falta descrita en el numeral 4 del artículo 30 de la
Ley 1123 de 2007 y ii) confirmar la responsabilidad por la infracción del deber profesional
previstos en el numeral 6 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y la incursión en la falta
disciplinaria de que trata el numeral 8 del artículo 33 del Código del Abogado, a título de
dolo; además, redujo la sanción a 18 meses y 5 SMLMV.
Fundamentos de la vulneración
La parte demandante señaló que las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus
derechos fundamentales con ocasión de las providencias proferidas el 31 de enero de 2022
y 22 de agosto de 2024, por cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos orgánico y
violación directa de la Constitución.
En cuanto al defecto orgánico, sostuvo que las autoridades judiciales demandadas
asumieron competencia de hechos previos a su entrada en funcionamiento.
El proceso disciplinario lo conoció el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, desde
el año 2017 hasta el 31 de enero del 2022, competencia que le otorgó la misma Constitución
Política mediante el Acto Legislativo 02 de 2015 hasta el día en que se posesionaran los
miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, esto es, el 13 de enero del 2022,
con lo cual se omitió que “las actuaciones de los empleados judiciales ocurridas con
anterioridad a la puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina judicial y
de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial debían ser examinadas por las
autoridades que al momento de su ocurrencia fueran las competentes”.
Quien tenía la competencia para conocer el proceso disciplinario “era el Consejo Seccional
de la Judicatura de Antioquia y no la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Antioquia.”.
Asimismo, señaló que se desconoció que la competencia de la Comisión Nacional y
Seccional de Disciplina Judicial fue dada directamente por la Constitución Política, mediante
el artículo 19 del Acto Legislativo 02 de 2015, el cual establece que “Una vez posesionados,
2 Decisión que fue notificada el 12 de septiembre de 2024.
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Expediente: 11001-03-15-000- 2026-00198-00
Demandante: Jafeth Antonio Caballero Amud
Acción de tutela
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial asumirá los procesos disciplinarios de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Los actuales Magistrados
de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus
funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial.”.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la demandante solicitó que se acceda a las siguientes
súplicas:
“Primero: concédase la acción de tutela en mi favor JAFETH ANTONIO
CABALLERO AMUD, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE DJ Y
SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE ANTIOQUIA, GLORIA ALCIRA
ROBLES CORREAL Y YIRA LUCIA OLARTE ÁVILA MAGISTRADA, por defecto
orgánico y violación de la constitución al avocar conocimiento del proceso referido,
y no respetar la excepción de inconstitucionalidad expresada en la sentencia C –
373 – 2016
Segundo: declarar la nulidad y/o dejar sin efectos de las providencias de fecha 31
de enero del 2022 dentro del proceso de radicado 05001110200020170110800
proferido por la COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL por falta de
competencia funcional por parte de la CNDJ, la CSDJ de A. y la MG YIRA LUCIA
OLARTE ÁVILA MAGISTRADA, de segunda instancia proferido por LA COMISION
NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, del 22 de agosto del 2024, dentro del
proceso de radicado 0500111020002017011082.
Tercero: ordénese la cancelación del registro de las sanciones de suspensión y
multa impuestas en mi contra.
Cuarto: ordénese la cancelación de toda la información referente desde la emisión
del fallo de primera instancia, y todo el tramite (sic) de segunda instancia,
incluyendo publicaciones de piezas procesales por parte de la rama judicial a fin
de salvaguardar el derecho al buen nombre.”. (índice 2, Samai)
Actuación procesal
La demanda de acción de tutela correspondió, inicialmente, al Juzgado Quinto de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, quien se declaró incompetente y remitió el
proceso a esta Corporación, en la medida que las pretensiones se dirigían en contra de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de Antioquia.
Mediante auto de 21 de enero de 2026 (índice 4, Samai), se admitió la acción de tutela y se
ordenó la notificación al presidente y a los magistrados integrantes de la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Antioquia y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, así como,
a la señora Elizabeth Cristina Caballero Jerez, quien actuó como quejosa en la acción
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Expediente: 11001-03-15-000- 2026-00198-00
Demandante: Jafeth Antonio Caballero Amud
Acción de tutela
disciplinaria, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el
ejercicio de la acción.
Intervenciones de las autoridades demandadas
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial3 afirmó que la acción de tutela es improcedente
en la medida que no se cumple con el requisito de inmediatez, puesto que la sentencia de
segunda instancia se dictó el 22 de agosto de 2024 y se surtió la notificación personal a los
intervinientes el 12 de septiembre siguiente, mientras que la acción de tutela se impetró en
el año 2026, esto es, más de un (1) año después.
En todo caso, manifestó que no se configuró el defecto orgánico, teniendo en cuenta que el
artículo 19 del Acto Legislativo 2 de 2015 dispuso la transformación de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y las Seccionales en la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial,
respectivamente.
El hecho de que el certificado de antecedentes disciplinarios del abogado aparezca con la
anotación del Consejo Superior de la Judicatura obedece a la actualización del documento,
no a que hubiese revivido la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura.
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia4 solicitó que se declare
improcedente la acción por incumplimiento del requisito de inmediatez, dado que el actor
pretende controvertir una providencia disciplinaria de primera instancia proferida el 31 de
enero de 2022 y la apelación resuelta en segunda instancia el 22 de agosto de 2024, es
decir, la decisión quedó en firme hace más de un año y cinco meses de la fecha de la
presentación de esta tutela.
Asimismo, no se cumple con los principios de subsidiariedad y residualidad, debido a que
el demandante pretende que el juez constitucional reemplace al juez natural disciplinario,
reabra el debate jurídico y anule providencias proferidas con observancia de las garantías
procesales, lo que convertiría la tutela en una tercera instancia.
3 Índice 11, Samai.
4 Índice 12, Samai.
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Expediente: 11001-03-15-000- 2026-00198-00
Demandante: Jafeth Antonio Caballero Amud
Acción de tutela
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una
autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o
variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia con el fin
de que se protejan los derechos fundamentales antes mencionados, presuntamente
vulnerados con ocasión de las providencias proferidas el 31 de enero de 2022 y el 22 de
agosto de 2024, por cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos orgánico y violación
directa de la Constitución.
La Sala considera preciso advertir que, si bien la acción de tutela se dirigió indistintamente
contra los fallos de primera y segunda instancia, proferidos en el trámite del proceso
disciplinario, lo cierto es que en este caso el análisis se limitará a este último por cuanto fue
el que definió la situación jurídica particular.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente el
amparo por el incumplimiento del requisito de inmediatez, por las razones que procederán
a exponerse:
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Expediente: 11001-03-15-000- 2026-00198-00
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Acción de tutela
2.1 El presupuesto general de la inmediatez en las acciones de tutela
El requisito de inmediatez constituye una exigencia que reclama la verificación de una
correlación temporal entre la solicitud de amparo y el hecho judicial vulnerador de los
derechos fundamentales.
Dicho presupuesto propugna porque los afectados sean diligentes en sus reclamos con el
fin de que acudan ante los jueces de manera inmediata a ventilar las situaciones que
vulneren o amenacen sus garantías constitucionales en aras de que se puedan tomar
medidas urgentes y pertinentes para el amparo de tales derechos.
En otros términos, lo que se busca es que la acción de tutela se promueva en un término
prudencial y razonable en la medida que, en tanto mecanismo de protección “inmediata5”
de derechos fundamentales, este amparo constitucional pueda cumplir su cometido y el
paso del tiempo no sea tan significativo, irrazonable ni desproporcionado que torne ineficaz
o inane el control constitucional de la actividad judicial por vía de la acción de tutela.
Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado para explicar el sentido y alcance de
este requisito, así:
“En ese sentido, es necesario promover la acción de tutela contra providencias
judiciales tan pronto se produce la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo contrario la necesidad de la
protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho, ya que no se
entiende por qué si la amenaza o violación del derecho era tan perentoria, no se
acudió al mecanismo constitucional con anterioridad. Como consecuencia de ello,
permitir un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una reclamación
constitucional contra una providencia judicial, puede afectar además el principio de
seguridad jurídica; de tal manera que la inmediatez sea claramente una exigencia
ineludible en la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales6”.
En esos términos, es claro que resulta de la esencia de este medio de defensa judicial la
“urgencia” en la protección de las garantías fundamentales, de ahí que se exija a los
afectados el ejercicio de la acción tan pronto como tengan conocimiento de la vulneración o
amenaza.
5 En efecto, el artículo 86 de la Constitución Política que consagró la acción de tutela establece: “ARTICULO
86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados
o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.”. (negrillas adicionales).
6 Corte Constitucional, sentencia SU-184 de 2019.
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Demandante: Jafeth Antonio Caballero Amud
Acción de tutela
Tal requisito cobra mayor relevancia tratándose de acciones de tutelas contra providencias
judiciales, en tanto que en este caso lo que se pretende es dejar sin efectos una decisión
judicial, de modo que el lapso que transcurra entre la notificación o ejecutoria de la
providencia y la presentación de la acción debe ser razonable, so pena de que como una
de las consecuencias lógicas del principio de seguridad jurídica el solo paso del tiempo
conlleve a que la providencia se proyecte, consolide sus efectos y se legitime.
De lo contrario se generaría una total incertidumbre sobre la firmeza de las decisiones con
la consecuente afectación al principio de la cosa juzgada y los derechos de los terceros,
quienes se verían abocados a tener que esperar de manera indefinida a que su contraparte
no haga uso de esta herramienta o someterse a procesos sempiternos, lo que desde luego
desdibuja la esencia de este mecanismo e implicaría sacrificar principios tan valiosos de
cualquier ordenamiento jurídico como lo son la seguridad jurídica y la cosa juzgada.
Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, la jurisprudencia constitucional también ha sido
enfática en cuanto a que el presupuesto de la inmediatez no puede ser equiparado en toda
su extensión al fenómeno extintivo de caducidad propio de las acciones ordinarias, pues, si
consideramos que la finalidad del primero justamente es erigirse en la principal herramienta
de protección y defensa ante acciones u omisiones que pongan en riesgo o vulneren
garantías iusfundamentales, en ocasiones, aplicar de manera estricta el término de 6 meses
puede resultar en estricto riguroso.
Ello es así, en la medida que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez
a concluir que la acción de tutela se ha presentado de forma tardía ante la posibilidad de
que existan circunstancias especiales que no solo justifiquen que la demanda no se hubiere
presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la omisión que
vulnera el derecho fundamental son permanentes, persisten en el tiempo y hacen que la
violación sea siempre actual.
Para ello, la jurisprudencia constitucional ha construido varias excepciones que deben
analizarse en cada caso concreto en aras de racionalizar la exigencia de la inmediatez, a
saber:
“(i) que exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes;
(ii) que la inactividad justificada no vulnere el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión;
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Demandante: Jafeth Antonio Caballero Amud
Acción de tutela
(iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado y;
(iv) que el fundamento de la acción de tutela surja después de acaecida la
actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma, en un
plazo no muy alejado de la fecha de interposición”7.
En suma y con la claridad de que tales eventos “no son taxativos8”, el juez debe valorar si
la tardanza en el ejercicio de la acción tuvo origen en razones jurídicamente válidas que
expliquen de manera razonable la inactividad del accionante, hipótesis en las cuales el
amparo constitucional siempre será procedente.
2.2 Verificación del cumplimiento del requisito de inmediatez en el caso concreto
1) En el asunto sub examine, la parte actora alegó que se vulneraron sus derechos
constitucionales fundamentales antes mencionados, con ocasión del fallo del 22 de agosto
de 2024, que lo sancionó disciplinariamente, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos
orgánico y violación directa de la Constitución, en la medida que quien tenía la competencia
para conocer el proceso disciplinario era el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia
y no la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia.
2) En cuanto al requisito de inmediatez, el demandante manifestó que es procedente tener
por superado tal presupuesto, por cuanto la sanción impuesta está en ejecución, pues, va
del 24 de septiembre de 2024 al 23 de marzo de 2026.
3) Sobre el particular, la Sala destaca que no le asiste razón al demandante, pues, el hecho
de que la sanción disciplinaria se encuentre actualmente en ejecución no tiene la virtualidad
de flexibilizar ni de reabrir el término de inmediatez exigido para la procedencia de la acción
de tutela, presupuesto que debe contabilizarse desde el momento en que el demandante
tuvo conocimiento cierto, directo e inequívoco del presunto daño y de la supuesta
vulneración de sus derechos fundamentales, lo cual ocurrió con la notificación del fallo de
segunda instancia que confirmó la sanción impuesta.
4) En efecto, es a partir de dicha decisión definitiva cuando la actuación disciplinaria quedó
en firme y el actor estuvo en posibilidad real de controvertirla por las vías judiciales
correspondientes, de modo que la ejecución material de la sanción constituye apenas una
7 Corte Constitucional, sentencia T-189 de 2009.
8 Ibidem.
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Expediente: 11001-03-15-000- 2026-00198-00
Demandante: Jafeth Antonio Caballero Amud
Acción de tutela
consecuencia del acto sancionatorio y no un nuevo hecho generador que habilite
indefinidamente el ejercicio de la acción constitucional
5) En esa medida, la Sala advierte que en este caso no se cumplió con el presupuesto de
inmediatez, puesto que la providencia cuestionada fue proferida el 22 de agosto de 2024 y
notificada personalmente el 12 de septiembre del mismo año, mientras que la acción de
tutela se presentó el 16 de enero de 2026, esto es, por fuera del plazo de los 6 meses que
se estableció como razonable para presentar el amparo, lo cual permite denotar que se
ejerció extemporáneamente, cuando había transcurrido más de 1 año y 4 meses.
6) Asimismo, la Sala observa que en este caso no se explicó ni justificó la presentación
tardía de la acción, pues la parte actora no esgrimió ningún i) motivo válido o situación
personal que justificara su inactividad; ii) no se aprecia que se esté ante una vulneración o
amenaza permanente; iii) que el fundamento de la acción haya surgido después de acaecida
la actuación violatoria de los derechos; o iv) ninguna otra circunstancia especial que permita
flexibilizar el término de inmediatez.
7) En ese orden de ideas, como la acción de tutela no se presentó en un plazo razonable y
tampoco se avizora la existencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del
juez constitucional o justifique la interposición tardía del proceso de acción de tutela se
deberá declarar improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
inmediatez, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama, telefónica,
electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz
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Expediente: 11001-03-15-000- 2026-00198-00
Demandante: Jafeth Antonio Caballero Amud
Acción de tutela
3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una
vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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