Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00209-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00209-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00209-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
8 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., ocho (08) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00209-01
Accionante: Saúl Mesa García
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Confirma
improcedencia por falta de inmediatez
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 19 de febrero de 2026 por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud
de amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 13 de enero de 2026, el señor Saúl Mesa García, a través de apoderado judicial,
instauró acción de tutela contra la Sección Segunda del Consejo de Estado, en busca
de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad
y acceso a la administración de justicia.
2. Sostuvo que tales garantías fueron vulneradas por la autoridad judicial accionada
al proferir los autos del 20 de febrero y 5 de junio de 2025 1, dentro del trámite de la
solicitud de revisión eventual que presentó respecto de la sentencia del 17 de julio
de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el marco de
la acción de grupo con radicado 76001-33-31-004-2003-03707-01.
3. A través del proveído del 20 de febrero de 2025, la Sección Segunda del Consejo
de Estado, con ponencia del Magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera,
resolvió no seleccionar la referida providencia para su revisión, al considerar que no
se acreditó ninguna de las causales establecidas en el artículo 273 del CPACA.
Señaló que el solicitante no planteó la existencia de una contradicción o divergencia
interpretativa entre tribunales sobre el alcance de la norma aplicada, ni evidenció la
necesidad de fijar una posición unificadora, sino que se limitó a reiterar los
1 Notificado por estado el 18 de junio de esa misma anualidad.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00209-01
Accionante: Saúl Mesa García
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
argumentos expuestos en el medio de control, ante un simple desacuerdo con lo
decidido por el juez de instancia.
4.El actor formuló solicitud de insistencia. Dicha petición fue negada mediante auto
del 5 de junio de 2025, proferido por la Sección Segunda de la Corporación,
nuevamente con ponencia del consejero Portocarrero, tras estimar que lo pretendido
por la parte accionante era convertir el mecanismo de revisión en una tercera
instancia.
5. Como fundamento del amparo solicitado, la parte accionante cuestionó tanto el
proveído del 20 de febrero como el del 5 de junio de 2025.
6. En cuanto a este último, sostuvo que la autoridad accionada incurrió en un defecto
orgánico y procedimental absoluto, al desconocer el procedimiento establecido en el
artículo 274 de la Ley 1437 de 2011, el cual, según afirmó, fue modificado por el
artículo 72 de la Ley 2080 de 2021. Señaló que dicha disposición establece que el
trámite de insistencia debe ser resuelto por la Sala de Selección competente y no
por el magistrado sustanciador de la sección de origen.
7. En ese sentido, adujo que, al resolver la solicitud de insistencia, el fallador actuó
sin competencia, en desconocimiento de la garantía de juez natural e imparcialidad,
las cuales impiden que el operador judicial sea juez y parte de su propio
razonamiento.
8. Agregó que en el ordenamiento jurídico no existe disposición que faculte a la Sala
que decidió sobre la solicitud de revisión para conocer de la insistencia presentada
contra esa misma decisión, por lo que la decisión adoptada por la autoridad
accionada, además carece de motivación.
9. En lo que respecta al auto del 20 de febrero de 2025, aseveró que se configuró un
defecto fáctico, por cuanto la autoridad accionada omitió la necesidad de unificar
criterios sobre la prueba pericial que -a su juicio- permitiría demostrar el daño
alegado en la acción de grupo.
10. Aefectos de acreditar el cumplimiento del requisito general de procedencia
atinente a la inmediatez, manifestó que la vulneración alegada es actual y continua.
Arguyó que si bien la negativa sobre la solicitud de insistencia fue adoptada en junio
de 2025, el hito procesal que consolidó la inmutabilidad de la decisión y la devolución
material del expediente al juzgado de origen se surtió el 11 de julio de esa misma
anualidad.
11. Manifestó que desde esa fecha hasta la interposición de la solicitud de amparo
transcurrieron menos de seis meses, periodo que considera razonable y
proporcional, si se tiene en cuenta la complejidad del expediente -que data del año
2003-, el volumen de acervo probatorio y la vacancia judicial de diciembre de 2025.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00209-01
Accionante: Saúl Mesa García
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
B. Sentencia de primera instancia
12. Mediante providencia del 19 de febrero de 2026, la Sección Tercera - Subsección
B del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela, por estimar
que no satisfacía el presupuesto general de inmediatez.
13. Señaló que el auto del 20 de febrero de 2025 fue notificado el 10 de marzo
siguiente, mientras que el mecanismo de amparo se instauró el 16 de enero de 2026,
es decir, cuando ya habían transcurrido más de seis (6) meses desde la notificación
de la providencia cuestionada.
14. A la misma conclusión arribó respecto del proveído del 5 de junio de 2025. Precisó
que dicha decisión fue notificada por estado el 18 de junio del mismo año, de manera
que, al momento de la interposición de la solicitud de amparo, habían transcurrido
seis (6) meses y veintinueve (29) días. En consecuencia, concluyó que los reproches
formulados contra esa providencia también se presentaron tardíamente.
15. Sumado a lo anterior, consideró que las razones expuestas para justificar la
tardanza no resultaban suficientes para flexibilizar el requisito de inmediatez, por
cuanto: (i) el hecho que generó la presunta vulneración fue la notificación del auto
del 5 de junio de 2025, y no la devolución material del expediente al juzgado de
origen, de modo que la decisión quedó definida desde su notificación, momento a
partir del cual era posible advertir la eventual afectación de derechos; (ii) el
mecanismo de amparo no exige el estudio integral del expediente contentivo de la
acción de grupo, sino la formulación de cargos concretos contra una providencia
específica, cuya motivación era conocida desde su notificación; (iii) la vacancia
judicial no suspende ni interrumpe la posibilidad de ejercer la tutela, ya que esta
puede presentarse en cualquier tiempo y; (iv) no se acreditó una transgresión o
amenaza permanente a los derechos fundamentales invocados.
C. Impugnación
16. El apoderado de la parte actora argumentó que la presente acción no tiene por
objeto revivir términos del proceso ordinario, sino obtener la protección de los
derechos vulnerados con ocasión de las decisiones cuestionadas.
17. Por otra parte, aseveró que el juez de primera instancia erró al afirmar que habían
transcurrido "seis meses y 29 días” entre la notificación de la providencia acusada y
la presentación de la acción de tutela, pues desconoció que, conforme el artículo 8
de la Ley 2213 de 2022 y el artículo 205 del CPACA, la notificación se entiende
surtida dos días hábiles después del envío del mensaje. En consecuencia, el término
de la inmediatez empezó a correr desde el 20 de junio de 2025 y, por tanto, la
providencia cobró ejecutoria el 24 de ese mismo mes y año, de modo que el lapso
realmente transcurrido corresponde a seis a (6) meses y veintitrés (23) días.
18. Afirmó que una diferencia de apenas 23 días sobre un estándar que la
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Accionante: Saúl Mesa García
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
jurisprudencia constitucional ha calificado como meramente orientador no puede
constituir una razón suficiente para sacrificar la protección los derechos
fundamentales conculcados, menos aún cuando se trata de una vulneración actual
y permanente, en tanto los efectos de la providencia acusada no han cesado y los
defectos de los que adolece resultan ostensibles.
19. Asimismo, señaló que el requisito de inmediatez no constituye un término de
caducidad, sino que debe analizarse en cada caso concreto, atendiendo a criterios
de razonabilidad y proporcionalidad.
20. En ese sentido, adujo que el a quo se limitó a realizar un cómputo netamente
matemático del tiempo transcurrido, sin efectuar un análisis casuístico que permitiera
valorar los motivos que explicaban el ejercicio tardío de la solicitud de amparo, como
la vacancia judicial y la hospitalización del apoderado judicial.
21. Indicó que, considerando que la providencia censurada cobró ejecutoria el 24 de
junio de 2025, el término de seis (6) meses se cumplía el 24 de diciembre de ese
mismo año, fecha en la cual la Rama Judicial se encontraba en periodo de vacancia
judicial. En ese orden, esgrimió que exigir a un ciudadano o a su apoderado la
presentación de una acción de tutela de alta complejidad técnica en dicha fecha, de
cierre administrativo y festividad nacional, cuando el sistema judicial opera bajo
esquemas de emergencia mínimos, comporta un excesivo rigorismo procesal.
22. Agregó que, al finalizar la vacancia judicial, se presentó una circunstancia de
fuerza mayor, consistente en su hospitalización, que tuvo lugar entre el 4 y el 11 de
enero de 2026, producto de un impasse de salud. Indicó que, además, le fue
otorgada una incapacidad médica por quince (15) días, que se extendió hasta el 19
de enero de 2026, lo cual impidió el ejercicio oportuno de la acción constitucional.
23. Destacó que, a pesar de dicha situación, la acción de tutela fue radicada tres días
antes del vencimiento de la incapacidad médica. Resaltó que, a pesar de que el
dictamen técnico-profesional certificaba que carecía de condiciones mínimas para
laborar, en cumplimiento de su deber profesional y en procura de los derechos
fundamentales de su mandante, presentó la demanda de tutela antes de su
recuperación plena. En ese sentido, sostuvo que no existió inactividad injustificada,
sino una actuación diligente que, incluso, superó sus limitaciones físicas.
24. Por último, aseveró que dicha situación de salud no fue expuesta en la demanda
inicial bajo la premisa de la buena fe procesal. Consideró que el juez, al advertir que
el proceso en el cual se profirió la sentencia cuya revisión se pretendía data del año
2003 y que se alegaba la configuración de un defecto orgánico, privilegiaría la justicia
material sobre un conteo aritmético.
II. CONSIDERACIONES
D. Competencia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00209-01
Accionante: Saúl Mesa García
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
25. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
E. Análisis del caso concreto
26. Esta Subsección confirmará el fallo impugnado, tras constatar que la solicitud de
amparo deviene improcedente, no solo por el incumplimiento del requisito de
inmediatez, sino también porque carece de relevancia constitucional.
27. Previo a abordar el análisis de los referidos presupuestos y, en atención a los
argumentos expuestos en el escrito de impugnación en relación con el requisito de
subsidiariedad, debe precisarse que aun cuando en el fallo de tutela de primera
instancia se hizo mención al carácter subsidiario de la acción de tutela, la falta de
acreditación de dicho presupuesto no constituyó la razón para la declaratoria de
improcedencia del mecanismo de amparo, sino el incumplimiento del requisito
relativo a la inmediatez.
28. En relación con este último, la Sala advierte que si bien el actor cuestionó tanto
el auto del 20 de febrero como el del 5 de junio de 2025, proferidos por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en el marco del trámite de la solicitud de revisión
eventual que presentó respecto de la sentencia de segunda instancia dictada al
interior de la acción de grupo con radicado 76001-33-31-004-2003-03707-01, el
término de la inmediatez debe empezar a contabilizarse a partir de la notificación de
esta última providencia, en tanto fue a partir de dicha decisión que se resolvió de
forma definitiva la discusión relativa a la procedencia del mecanismo de revisión.
29. De la consulta en el aplicativo Samai, se constató que el proveído del 5 de junio
de 2025 fue notificado por estado el 18 de ese mismo mes y año.
30. En este punto, cabe aclarar que, de conformidad con el artículo 201 del CPACA,
modificado por el artículo 50 de la Ley 2080 de 2021, los autos que no requieren
notificación personal, deben notificarse por estado electrónico, el cual debe fijarse
virtualmente con inserción de la providencia en la página web de la Rama Judicial y
adicionalmente se debe enviar un mensaje de datos al canal electrónico de las
partes. En este evento, los términos empiezan a correr al día hábil siguiente a la
desfijación del estado.
31. Por su parte, el artículo 205 del mismo cuerpo normativo establece que la
notificación electrónica exige que las providencias se envíen al canal digital
registrado por los sujetos procesales y se entiende surtida dos (2) días hábiles
después del envío, por lo que los términos empiezan a correr a partir del día hábil
siguiente. En ese orden, el cómputo de los 2 días hábiles allí contemplado no resulta
aplicable respecto de aquellas decisiones que se notifican por estado, como el auto
objeto de reproche constitucional.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00209-01
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
32. De esta manera, no le asiste razón al accionante al afirmar que el proveído del 5
de junio de 2025 debe entenderse notificado dos días hábiles después del envío del
mensaje de datos. Por el contrario, acorde con la normatividad vigente, dicha
providencia se entiende notificada el mismo día de la fijación del estado, esto es, el
18 de junio de 2025, y al haberse desfijado en esa misma fecha, el plazo para acudir
al juez de tutela empezó a transcurrir al día hábil siguiente, es decir, el 19 del mismo
mes y año, debido a que desde ese momento el actor conoció la decisión y pudo
advertir la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.
33. Aunque esta Subsección ha admitido, de forma excepcional, que el cómputo de
la inmediatez se inicie desde la ejecutoria de la providencia censurada y no desde
su notificación, ello ha ocurrido únicamente en aquellos eventos en los que esta ha
sido objeto de recursos o solicitudes adicionales, con la entidad suficiente para
modificar o incidir en el sentido de la decisión, lo que no aconteció en el presente
asunto.
34.Así, el término de los seis meses inició a partir del 19 de junio de 2025, por lo que
feneció el 19 de diciembre de 2025. No obstante, la solicitud de amparo se radicó el
13 de enero de 20262, por fuera del término que la jurisprudencia de esta
Corporación ha estimado como plazo razonable para el ejercicio oportuno de la
acción de tutela contra providencia judicial.
35. Aunque la Corte Constitucional3 ha puntualizado que la razonabilidad del plazo
debe analizarse atendiendo a las particularidades del caso concreto, en especial
cuando concurran circunstancias excepcionales que justifiquen la interposición
tardía de la acción, en el caso bajo estudio la parte actora no ofreció alguna razón
que justifique de forma suficiente su inactividad durante el periodo de tiempo que
transcurrió entre la notificación de la decisión cuestionada y la interposición de la
solicitud de amparo, lo que impide flexibilizar el presupuesto de la inmediatez.
36.Si bien el apoderado del actor alegó que la vacancia de la Rama Judicial impidió
acudir en tiempo al juez de tutela, no explicó de forma concreta cómo dicha situación
limitó de forma real y efectiva la posibilidad de ejercer oportunamente la acción
constitucional, máxime considerando que la vacancia inició con posterioridad al
vencimiento del término de los seis meses.
37.
Como se anotó en precedencia, el plazo de la inmediatez transcurrió entre el 19
de junio de 2025 y el 19 de diciembre de 2026, mientras que la vacancia tuvo lugar
entre el 20 de diciembre de 2025 y el 10 de enero de 2026. Sin embargo, la parte
actora omitió explicar por qué durante los seis meses que transcurrieron desde la
notificación de la providencia censurada no pudo presentar el mecanismo de amparo,
2 Según se evidencia a índice 2 del expediente de primera instancia.
3 Al respecto, ver, entre otras, sentencias SU-391 de 2016, T-716 de 2017, T-087 de 2018 y SU-213 de 2023.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00209-01
Accionante: Saúl Mesa García
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
más aun teniendo conocimiento de que la oportunidad para ejercer la tutela fenecía
el último día antes de que empezara la vacancia.
38. En todo caso, tal como lo señaló el a quo, la vacancia judicial no constituye, por
sí misma, un obstáculo para la interposición de la acción de tutela, en la medida en
que este mecanismo puede ejercerse en cualquier tiempo.
39.
La hospitalización del apoderado judicial del accionante, así como la incapacidad
médica que le fue otorgada, tampoco constituyen razones suficientes para justificar
la tardanza. Lo anterior, por cuanto, además de lo expuesto anteriormente, el término
para ejercer la tutela feneció antes de la incapacidad; aunado a que la demanda fue
presentada durante el período en que el profesional del derecho se encontraba
incapacitado, lo cual desvirtúa que dicha circunstancia hubiera representado un
obstáculo real e insuperable para acudir oportunamente a la jurisdicción
constitucional.
40. El argumento relativo a que la vulneración de derechos que se alega reviste un
carácter permanente y actual no resulta de recibo para la Sala. La actuación que el
accionante considera lesiva de los derechos fundamentales que invoca se concretó
en acto único y definido, esto es, la adopción de la providencia que negó la solicitud
de insistencia del mecanismo de revisión. Por tanto, una vez tuvo conocimiento de
la misma, se encontraba en condiciones de acudir al juez de tutela para la
reclamación oportuna de sus derechos. Sin embargo, omitió hacerlo.
41. Aúnsi en gracia de discusión se admitiera flexibilizar el presupuesto de la
inmediatez, la Sala encuentra que la solicitud de amparo también deviene
improcedente por no satisfacer el requisito general de relevancia constitucional,
comoquiera que no cumple con la carga argumentativa exigida para controvertir una
providencia judicial en sede de tutela.
42. Para sustentar la ocurrencia de los defectos endilgados a la providencia acusada,
el accionante alegó la supuesta falta de competencia del magistrado sustanciador
para conocer de la solicitud de insistencia. Fundamentó su reparo en el artículo 274
de la Ley 1437 de 2011, el cual -según afirmó- habría sido modificado por el artículo
72 de la Ley 2080 de 2021, en el sentido de atribuir el conocimiento de dicha
actuación a la Sala de Selección competente y no al magistrado de la sección de
origen.
43. No obstante, se observa que el artículo 274 del CPACA no fue objeto de
modificación por la Ley 2080 de 2021. El artículo 72 de dicha norma en realidad
modificó el artículo 261 del mismo estatuto, que regula lo relativo a la interposición
del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, el cual difiere
sustancialmente del mecanismo de revisión eventual y su insistencia, cuya
procedencia se discutió en el auto cuestionado.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00209-01
Accionante: Saúl Mesa García
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
44. De conformidad con el artículo 274 del CPACA, aplicable al caso concreto, el
conocimiento de la revisión eventual corresponde a la sección que determine el
reglamento interno de la Corporación, de acuerdo con su especialidad. En desarrollo
de dicha disposición, el Acuerdo 80 de 2019 prevé que a la respectiva Sección le
corresponde decidir de manera conjunta tanto sobre la selección eventual como
sobre la solicitud de insistencia respecto de sentencias proferidas en segunda
instancia por los tribunales administrativos en el marco de acciones de grupo.
45. Así las cosas, se advierte que la objeción formulada por la parte actora no se
sustenta ni siquiera en una discrepancia interpretativa sobre las normas aplicables,
sino en una premisa que no se acompasa a la realidad jurídica, en la medida en que
la disposición invocada no conduce, en modo alguno, a la conclusión propuesta por
el accionante.
46. En tales condiciones, el demandante no desplegó un ejercicio argumentativo
suficiente para revelar la ocurrencia de un verdadero defecto que amerite protección
constitucional.
47. Esa insuficiencia argumentativa cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta
que el proveído objetado fue proferido por una Alta Corte, cuyas decisiones gozan
de un margen interpretativo amplio que obliga a aceptar sus interpretaciones, incluso
cuando el juez de tutela discrepe con ellas. Lo anterior, a su vez, impone al actor
una carga argumentativa aún más exigente, encaminada a demostrar la ocurrencia
de un vicio de tal magnitud que resulte manifiestamente contrario al mandato
superior, deber que fue desatendido en esta oportunidad.
48. Por lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia del 19 de febrero de 2026
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación.
49. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 19 de febrero de 2026 por la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00209-01
Accionante: Saúl Mesa García
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE4
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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