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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00212-01

Fecha
29 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00212-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia del 5 de marzo de 2026 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. 9 Rad icad o: 11001-03-15-000-2026-00212-01 Segundo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-00212-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

29 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00212-01
Accionante: Fundación Misión Archipiélago de San Andrés
Accionado: Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina

Tema: Derecho al debido proceso y presunción de inocencia. Tutela
contra providencia judicial. Proceso de Nulidad electoral.
Requisito de subsidiariedad. CONFIRMA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la Fundación Misión Archipiélago de
San Andrés, quien actúa mediante su representante legal, en contra de la sentencia
del 5 de marzo de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta,
mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela, por no cumplir el requisito
de subsidiariedad.

ANTECEDENTES

El accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la presunción de inocencia y «los derechos de la comunidad étnica», los
cuales considera vulnerados por el Tribunal Administrativo del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con la sentencia del 21
de abril de 2025, proferida dentro del medio de control de nulidad electoral con
radicado núm. 88001-23-33-000-2023-00067-00 acumulado al 88001-23-33-000-
2023-00059-00/01/02.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

1

Rad icad o: 11001-03-15-000-2026-00212-01

Los señores Gilbert Kenin Bush Brown y Evis Eulalia Livingston Howard instauraron
demanda de nulidad electoral en contra de la elección del señor Alex Alberto
Ramírez Nuza como alcalde del municipio de Providencia y Santa Catalina Islas
para el periodo 2024-2027, porque consideraron que incurrió en la causal prevista
en el numeral 8 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.

El Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, en auto del 31 de julio de 2024, ordenó tener a la
Fundación Misión Archipiélago de San Andrés como coadyuvante de la parte
demandada, así como a la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, y el 21
de abril de 2025, profirió sentencia, en la que declaró la nulidad de la elección del
señor Alex Alberto Ramírez Nuza, al determinar que se demostró la configuración
de la causal de doble militancia.

Los señores Huffington Robinson Hon Lenny y Alex Alberto Ramírez Nuza, la
Asociación Colombiana de Ciudades Capitales y la Fundación Misión Archipiélago
de San Andrés interpusieron recurso de apelación, los cuales fueron concedidos por
el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, por auto del 5 de agosto de 2025.

El actor considera que el Tribunal incurrió en los defectos i) fáctico, por cuanto valoró
las pruebas digitales de forma subjetiva y no se sujetó a parámetros tecnológicos
verificables como los metadatos y el análisis forense digital; agregó que ignoró las
conclusiones del informe UID que advierten la mala práctica en la recolección,
incumplimiento de protocolos y alteración en su estructura interna y ii) sustantivo,
porque aplicó erróneamente las reglas del Código General del Proceso relacionadas
con las pruebas documentales e ignoró que «según el artículo 2° de la Ley 527 de
1999 y el artículo 247 del CGP, los videos MP4 son mensajes de datos que
requieren un estándar de prueba más riguroso».

Que «[a]l existir dudas técnicas sobre la autenticidad e integridad de las pruebas
digitales, la decisión de anular la elección no superó el estándar de "más allá de
toda duda razonable».

Que un magistrado de la Sala del Tribunal salvó el voto, con sustento en que se
apartaba de la valoración que se hizo de las videograbaciones aportadas al proceso,
en tanto «argumenta que la mayoría incurrió en un error al valorar los videos como
"documentos" y no como "mensajes de datos" regidos por la Ley 527 de 1999, y que
debió existir una duda razonable que impidiera la nulidad de la elección ».

PRETENSIONES

Solicitó que se amparen los derechos invocados; se deje sin efectos la sentencia
del 21 de abril de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; y, en consecuencia, se
ordene a la autoridad judicial accionada que emita una nueva decisión que «valore
correctamente las pruebas digitales de acuerdo con los estándares de la Ley 527
de 1999 y el salvamento de voto, garantizando el debido proceso».

2

Rad icad o: 11001-03-15-000-2026-00212-01

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 5 de febrero de 2026, se admitió la tutela; se vinculó a los señores Gilbert Kenin
Bush Brown, Evis Eulalia Livingston Howard, Alex Alberto Ramírez Nuza y Hon
Lenny Huffington Robinson, al Partido Liberal Colombiano, a la Registraduría
Nacional del Estado Civil y a la Asociación Colombiana de Capitales, como terceros
con interés; y se ordenó notificar a las partes y a los vinculados.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina afirmó que contra la sentencia del 21 de abril de 2025 se interpuso
recurso de apelación que cursa actualmente ante el Consejo de Estado, autoridad
judicial que deberá determinar si los alegatos planteados por el hoy accionante
prosperan o no.

Señaló que en este caso la acción de tutela constituye un ejercicio abusivo del
derecho, pues el proceso ha sido sistemáticamente obstruido por conductas
dilatorias y temerarias. Por lo anterior, pidió que se declare improcedente la acción
constitucional.

POSICIÓN DEL VINCULADO

La Registraduría Nacional del Estado Civil expresó que no tiene injerencia en las
decisiones adoptadas por los jueces y magistrados, por lo que solicitó su
desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación por pasiva.

El señor Alex Alberto Ramírez Nuza afirmó que la sentencia controvertida incurrió
en los defectos i) fáctico, por la valoración que se realizó de los archivos digitales
como pruebas documentales, lo que desconoció los criterios establecidos en la Ley
527 de 1999, y ii) sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, en tanto
la Corte Constitucional ha señalado que las causales de la nulidad electoral deben
interpretarse restrictivamente por su impacto en la democracia, para lo cual invocó
las sentencias C-490 de 2011 y SU-316 de 2021.

La señora Evis Eulalia Livingston Howard, a través de apoderado judicial, expuso
que la acción de tutela se interpuso con la finalidad de dilatar el proceso ordinario
que está en trámite de segunda instancia.

Los demás vinculados guardaron silencio.

3

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SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia del 5 de marzo de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela, por incumplimiento del requisito
de subsidiariedad, pues se presentó paralelamente al proceso de nulidad electoral,
en el que no se había proferido sentencia de segunda instancia.

Que la Fundación no invocó la configuración de un perjuicio irremediable y si bien
se mencionó en la solicitud de medida provisional presentada por el señor Alex
Alberto Ramírez Nuza, lo cierto es que la sustentó en el hecho de que era necesario
suspender los efectos de la sentencia de 21 de abril de 2025 del Tribunal
Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, lo que
no permitía deducir un perjuicio con dicha connotación.

Adujo que los efectos de la sentencia cuestionada en esta sede se encuentran
suspendidos en virtud del recurso de apelación que se interpuso y que el proceso
está en trámite ante la Sección Quinta del Consejo de Estado.

IMPUGNACIÓN

El accionante considera que el juez constitucional de primera instancia incurrió en
una dilación injustificada, al tardar varios meses en declarar la improcedencia de la
acción de tutela por subsidiariedad, pues, a su juicio, dicha conclusión podía
adoptarse de plano. Afirmó que la demora permitió la consolidación del daño dentro
del proceso de nulidad electoral.

Expresó que se presentó una supuesta ruptura del deber de imparcialidad, derivada
de vínculos de amistad entre magistrados de la Sección que conoció la tutela y la
que profirió la decisión ordinaria cuestionada.

Afirmó que el fallo impugnado ignoró la existencia de un presunto fraude procesal
técnico, sustentado en un dictamen pericial que, según el actor, daría cuenta de la
manipulación del material audiovisual. Señaló que existen investigaciones penales
en curso relacionadas con los hechos, lo cual, en su criterio, desvirtúa la presunción
de legalidad de la sentencia de nulidad electoral.

Reiteró su desconfianza en la objetividad del trámite y de las elevadas multas, lo
cual interpreta como una sanción al ejercicio del derecho de defensa y un indicio de
persecución institucional.

Por lo anterior, pidió que se revoque el fallo de tutela de primera instancia y, en su
lugar, se ordene la suspensión de los efectos de la sentencia de nulidad electoral,
hasta tanto la Fiscalía General de la Nación determine las responsabilidades
penales correspondientes.

Se decidirá previas las siguientes,

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CONSIDERACIONES

Cuestión previa

Estando el expediente a despacho para proferir sentencia, la Fundación Misión
Archipiélago de San Andrés allegó memorial el 22 de abril de 2026, mediante el cual
solicitó la adopción de una medida provisional consistente en la suspensión de los
efectos de la sentencia controvertida en esta sede.

Sin embargo, esta Subsección advierte que la referida solicitud fue presentada
encontrándose el proceso para proferir sentencia de segunda instancia, por lo que
no resulta procedente pronunciarse sobre la medida provisional pretendida. En
efecto, dicha medida tiene carácter preventivo y está orientada a evitar la
consumación de un perjuicio irremediable durante el trámite de tutela, finalidad que
pierde sentido cuando el expediente ya se encuentra a despacho para proferir
sentencia.

De otra parte, se observa que el actor pidió suspender cualquier decisión hasta que
la Corte Constitucional se pronunciara sobre la «revisión y selección de los procesos
conexos»; sin embargo, dicha petición no resulta procedente, pues el análisis de la
presente acción se limita a la verificación de la presunta vulneración de los derechos
del accionante,

Aclarado lo anterior corresponde a la Sala decidir sobre la presunta vulneración de
los derechos fundamentales del accionante, para lo cual abordará los siguientes
temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales; III) requisito de subsidiariedad; y IV) análisis del caso
concreto

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.

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Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (…)

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (…)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido
posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que
haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello. (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. [...]

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

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i. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una
argumentación cualificada4.

[...] “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada” 5. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, [...]. Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite
la intervención urgente del juez de tutela6»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Requisito de subsidiariedad

Al respecto, en el numeral 1.º del artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991 se señala
como causal de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante», en aras de respetar la división de competencias delineada
en la Constitución Política.

Por lo tanto, la exigencia de la subsidiariedad constituye un requisito fundamental
para la procedibilidad de la acción de tutela; frente a eso la Corte Constitucional
estableció que se deben cumplir las siguientes exigencias que: a) el actor no
disponga de otro medio de defensa judicial para proteger de manera inmediata sus
derechos fundamentales vulnerados o b) existiendo otro medio de defensa judicial,
se presente uno de dos eventos: i) que el mecanismo no sea idóneo o eficaz para
el amparo de los derechos afectados o ii) que la tutela se utilice como un mecanismo
transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable 1.

Análisis del caso concreto

1
Consultar Sentencias C-1225 de 2004, SU–544 de 2001, SU-1070 de 2003, T-225 de 1993, T–1670 de
2000, T-827 de 2003, T-698 de 2004 de la Corte Constitucional, entre otras.

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En síntesis, el accionante manifestó su desacuerdo con la decisión de primera
instancia que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de
subsidiariedad, pues, a su juicio, se desconoció la existencia de un presunto fraude
procesal técnico, sustentado en un dictamen pericial que, según el actor, daría
cuenta de la manipulación del material audiovisual dentro del proceso de nulidad
electoral con radicado núm. 88001-23-33-000-2023-00067-00 acumulado al 88001-
23-33-000-2023-00059-00/01/02.

La Sala observa que no se encuentra superada la exigencia de la subsidiariedad en
relación con los defectos que el actor consideró configurados en la sentencia del 21
de abril de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina dentro del proceso de
nulidad electoral.

En efecto, la acción de tutela se instauró el 15 de enero de 2026, cuando el proceso
ordinario se encontraba en trámite de segunda instancia ante la Sección Quinta del
Consejo de Estado, autoridad que admitió el recurso de apelación, mediante auto
del 28 de noviembre de 2025, y que a la fecha no ha adoptado decisión de fondo,
escenario procesal idóneo para el análisis de los reparos fácticos, probatorios y
jurídicos formulados por el accionante.

Adicionalmente, del sistema para la gestión judicial SAMAI se constata que la última
actuación dentro del proceso de nulidad electoral corresponde al paso del
expediente al despacho para resolver sobre un recurso de súplica, interpuesto por
el hoy accionante en contra del auto del 23 de enero de 2026, mediante el cual se
le impuso una sanción por desplegar conductas que el juez de segunda instancia
consideró dilatorias.

En ese orden de ideas, esta Subsección advierte que el accionante hizo uso de los
mecanismos judiciales previstos en el trámite ordinario, en particular la interposición
del recurso de apelación contra la sentencia cuestionada, por lo que el trámite
judicial se encuentra en curso y pendiente de la sentencia de segunda instancia.

En tales condiciones, la acción de tutela no puede erigirse como un mecanismo
paralelo para resolver las inconformidades que deben ser resueltas al interior del
proceso ordinario, máxime cuando no se observa la probable configuración de un
perjuicio irremediable, teniendo en cuenta que el recurso de apelación en contra de
la sentencia se concede en el efecto suspensivo, acorde con el artículo 292 del
CPACA.

Finalmente, se advierte que el actor ha presentado varios memoriales solicitando la
imposición de una multa, a través de un incidente, por el supuesto retardo en el
trámite de esta acción, al no haberse proferido en primera instancia decisión dentro
de los 10 días; sin embargo, no corresponde al juez de tutela emitir un
pronunciamiento sobre el particular, pues la finalidad de este mecanismo es la
protección de derechos fundamentales, y no la imposición de sanciones; en todo
caso, el accionante puede iniciar las quejas que estime pertinentes directamente
ante las autoridades competentes.

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Por último, se observa que, durante el trámite de esta acción, el solicitante del
amparo pidió traducir cualquier decisión que se adopte en esta acción a la lengua
creole, acorde con la Ley 2471 de 2025.

Sin embargo, no resulta procedente acceder a dicha petición, pues la presente
decisión tiene efectos inter partes y el accionante desde la instauración de esta
acción ha actuado mediante el idioma castellano, por lo cual ha tenido conocimiento
de las decisiones adoptadas durante el trámite y ha podido ejercer su derecho de
defensa, tanto así que ha interpuesto los recursos de ley.

Adicionalmente, el artículo 10 de la Constitución establece el castellano como
idioma oficial de Colombia y aunque reconoce que las lenguas y dialectos de los
grupos étnicos también son oficiales, también determina que tienen dicha condición
en sus territorios.

A su vez, el artículo 104 del Código General del Proceso consagra que en «el
proceso deberá emplearse el idioma castellano» y si bien prevé que el juez puede
designar a un servidor, auxiliar de la justicia o a un particular para prestar la función
de intérprete, lo cierto es que esa actuación resulta aplicable únicamente cuando
sea necesario para garantizar la participación de las partes o intervinientes en el
proceso, lo cual no se requiere en el presente asunto, como quedó expuesto.

Igualmente, se advierte que la Ley 2471 de 2025 invocada como fundamento por el
actor para sustentar su petición tiene por objeto «establecer la cátedra
Afroraizalidad dentro del proyecto educativo Institucional de todos los
establecimientos educativos públicos, privados o mixtos que ofrecen los niveles de
educación preescolar, básica y media, del departamento archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina», lo que no guarda relación con la solicitud
presentada y, en todo caso, aunque a través de su artículo 2.° se determinó el creole
como lengua oficial, también se delimitó al Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina. En consecuencia, no resulta procedente
acceder a dicha petición.

Conforme a lo expuesto, se confirmará la sentencia proferida por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia del 5 de marzo de 2026 proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de
tutela, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

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Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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