Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00216-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00216-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00216-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00216-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: ÓSCAR JAVIER CUERVO GUALTERO
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ
QUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE
ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra el JUZGADO CINCUENTA Y UNO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE BOGOTÁ1 y la SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN “D” DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA2.
I – ANTECEDENTES
1
En adelante Juzgado.
2
En adelante Tribunal.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00216-00
Actor: ÓSCAR JAVIER CUERVO GUALTERO
I.1. La Solicitud
El señor ÓSCAR JAVIER CUERVO GUALTERO, actuando a través
de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en
el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales estima vulnerados por el
JUZGADO y el TRIBUNAL, al haber proferido, respectivamente, las
providencias de 20 de febrero y 28 de agosto de 2025, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 2024-00180-01.
I.2. Hechos
Manifestó que el 10 de septiembre de 2021 promovió demanda
laboral contra la CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA
AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A.3, empresa vinculada al
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, con el fin de que se
declarara la existencia de una relación laboral.
Aseveró que la demanda le correspondió por reparto al JUZGADO
CUARENTA Y UNO DEL CIRCUITO LABORAL DEL CIRCUITO DE
BOGOTÁ que, mediante auto de 6 de marzo de 2024, declaró la falta
3
En adelante Corporación.
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Actor: ÓSCAR JAVIER CUERVO GUALTERO
de jurisdicción y competencia y ordenó remitir las diligencias a los
juzgados administrativos del mismo Circuito Judicial.
Aseveró que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 2024-00180-00 y le correspondió por reparto al
JUZGADO que, mediante providencia de 14 de junio de 2024
inadmitió la demanda a fin de que se adecuara el medio de control
conforme a los requisitos previstos en la Ley 1437 de 18 de enero de
20114.
Mencionó que contra esa decisión interpuso recurso de reposición, al
considerar que la decisión pretendía retrotraer las actuaciones
agotadas en el proceso laboral.
Señaló que el JUZGADO mediante auto de 26 de septiembre de 2024
no repuso la decisión inicial, por lo que dentro del término presentó
un escrito adecuando la demanda.
Aseveró que el JUZGADO a través de providencia de 20 de febrero
de 2025, rechazó la demanda, al considerar que no se aportó un
nuevo poder y la constancia del envío de la demanda junto con sus
anexos a la parte allí demandada.
4
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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Actor: ÓSCAR JAVIER CUERVO GUALTERO
Indicó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación
ante el TRIBUNAL que, mediante providencia de 28 de agosto de
2025, confirmó la decisión del a quo.
I.3. Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, las providencias judiciales cuestionadas
incurrieron en desconocimiento del precedente jurisprudencial
fijado en la sentencia C-537 de 2016 de la Corte Constitucional pues,
a su juicio, las autoridades judiciales accionadas no tuvieron en
cuenta los efectos allí establecidos, respecto a la validez de las
actuaciones surtidas antes de la declaratoria de nulidad por falta de
competencia.
Manifestó que también incurrieron en defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, en la medida que el auto de rechazo de la
demanda priorizó las formas procesales ante el derecho sustancial,
pues desconocieron la validez de las actuaciones surtidas
previamente en el juzgado laboral antes de declarar la falta de
competencia funcional.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,
en consecuencia:
“[…] PRIMERO. Que se amparen los derechos fundamentales del
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señor OSCAR JAVIER CUERVO GUALTERO, al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia.
SEGUNDO. Se declare la nulidad del Auto de rechazo de la
demanda contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento
del derecho, fechado el día 20 de febrero de 2025.
TERCERO. Se ordene al JUZGADO CINCUENTA Y UNO (51)
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ admitir la
demanda contencioso-administrativa de nulidad y restablecimiento
del derecho del señor OSCAR JAVIER CUERVO GUALTERO […]”.
(Destacado pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que al resolver la segunda instancia
advirtió que el actor omitió el deber de subsanar en debida forma la
demanda, pues el escrito de subsanación no cumplió con las
exigencias mínimas que dispone la normativa para aportar un nuevo
mandato que le permita acudir a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
Mencionó que en el asunto se dio aplicación a las normas que regulan
la materia, por lo tanto, solicitó denegar la solicitud de amparo, en
la medida que no se vulneraron los derechos fundamentales
invocados por el actor.
I.5.2.- El JUZGADO se limitó a remitir el expediente digital del
medio de control objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento
alguno frente al fondo del asunto.
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I.5.3.- La CORPORACIÓN pese a ser notificada del presente
trámite, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
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Actor: ÓSCAR JAVIER CUERVO GUALTERO
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
dejen sin efecto las providencias de 20 de febrero y 28 de agosto
de 2025, proferidas, respectivamente, por el JUZGADO y el
TRIBUNAL, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2024-00180-01.
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A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, habida cuenta que, a juicio de actor, las
providencias judiciales cuestionadas incurrieron en
desconocimiento del precedente jurisprudencial fijado en la
sentencia C-537 de 2016 de la Corte Constitucional pues, a su juicio,
pasaron por alto los efectos allí establecidos, respecto a la validez de
las actuaciones surtidas antes de la declaratoria de nulidad por falta
de competencia.
Manifestó que también incurrieron en defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, en la medida que el auto de rechazo de la
demanda priorizó las formas procesales ante el derecho sustancial,
pues desconocieron la validez de las actuaciones surtidas
previamente en el juzgado laboral antes de declarar la falta de
competencia funcional.
Es del caso advertir que aun cuando en la acción de tutela se solicita
dejar sin efectos tanto la providencia de 20 de febrero de 2025
proferida por el JUZGADO, como la dictada el 28 de agosto de ese
año por el TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis de la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados
frente a la decisión de segunda instancia, toda vez que fue esta la
que dio por terminado el proceso.
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Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial; y ii) de superarse tal derrotero,
establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados e incurrió en la vía de hecho alegada.
De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,
la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la
relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
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esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».6
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
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necesarios [10].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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Actor: ÓSCAR JAVIER CUERVO GUALTERO
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
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En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del
juez ordinario.
Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la
presente acción de tutela no cumple con el requisito general de la
relevancia constitucional, en la medida en que lo pretendido por el
actor es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a
consideración del juez natural, como si este mecanismo
constitucional se tratara de una instancia adicional al proceso
ordinario.
En efecto, la inconformidad del actor se sustenta, básicamente, en
que la autoridad judicial accionada al rechazar la demanda, no tuvo
en cuenta las actuaciones procesales que se desarrollaron ante la
justicia laboral ordinaria, previo a la declaratoria de nulidad por falta
de competencia.
Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva
constitucional, gira en torno a la inconformidad con la decisión
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adoptada por el juez natural del asunto, el cual fue resuelto por el
TRIBUNAL, así:
“[…] III. CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL CASO
Corresponde a la Sala determinar si la decisión adoptada por el
A quo en el auto mediante la cual rechazó la demanda porque
no fue subsanada en debida forma, se encuentra ajustada a
derecho o si debe ser revocada y ordenar su admisión. […]
Caso concreto.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Juez de primera instancia tenía
el deber de verificar que la demanda cumpliera con los
requisitos, a efectos de poder continuar con el trámite procesal
que correspondía, tal y como lo hizo en el auto inadmisorio del
13 de junio de 2024. Sobre el particular, el H. Consejo de Estado
resolvió lo siguiente:[…]
Sobre el particular se advierte, que la actuación desplegada por
el Juez de primer grado se enmarca en la jurisprudencia
transcrita, toda vez que no era posible continuar con el trámite
procesal, ya que las pretensiones de la demanda inicial no
guardaban relación con la competencia de esta jurisdicción, es
decir, era necesario que la parte actora las adecuara, además
que era su deber cumplir y aportar los demás requisitos que le
indicaron.
El A quo inadmitió la demanda para que fuera subsanada en los
siguientes aspectos:
1. Adecuara el libelo inicial, al medio de control de nulidad y de
restablecimiento. Como se evidencia en el archivo 033, la parte
demandante adecuó las pretensiones de la demanda y solicitó la
nulidad del oficio CIAC/140/GRAJU N 20211400019301 del 22
de julio de 2021, y como consecuencia de lo anterior solicitó,
entre otros aspectos, se declare que entre las partes existió una
relación laboral. Es decir que este aspecto fue subsanado en
debida forma.
2. Deberá acreditar el envío, por medio electrónico, de la copia
de la demanda con sus anexos a la parte demandada: revisada
la subsanación de la demanda, no se evidencia que la parte
demandante cumpliera con este requisito, ya que no se aportó
la constancia de envió a la entidad accionada.
3. Allegar un nuevo poder atendiendo los lineamientos
establecidos en el Artículo 5 de la Ley 2213 de 2022 para la
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interposición de la demanda en ejercicio del medio de control
procedente: De igual manera y como ocurre con el punto
anterior, la parte demandante no aportó el poder que lo facultara
para actuar en este proceso y para solicitar la nulidad del acto
administrativo demandado.
4. Identifiquen de manera precisa los actos administrativos
demandados: como se indicó, el profesional del derecho Julián
Andrés Vargas Ochoa indicó que el acto demandado es el oficio
CIAC/140/GRAJU N 20211400019301 del 22 de julio de 2021,
es decir quedó subsanado este aspecto.
Si bien el abogado Julián Andrés Vargas Ochoa manifestó en el
recurso de apelación que las actuaciones adelantadas por el
Juzgado 41 Laboral del Circuito de Bogotá tienen plena validez,
como se resolvió en la jurisprudencia transcrita, era necesario
adecuar el medio de control con el lleno de todas sus
formalidades, para poder continuar con el trámite en esta
jurisdicción a efectos de que más adelante no se viera afecta la
decisión de fondo con una decisión inhibitoria, sin embargo, la
Sala no pierde de vista que la parte actora indicó con claridad el
acto que se debía tener como demandado.
No obstante lo anterior, para poder continuar con el curso del
proceso, el señor Oscar Javier Cuervo Gualtero debió otorgar un
nuevo poder al abogado Vargas Ochoa, con el lleno de los
requisitos exigidos en esta jurisdicción para que tuviera la
facultad de continuar su representación en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, atacar de nulidad el
oficio ya señalado, además de poder realizar las actuaciones
necesarias en el curso del medio de control.
Ahora bien, el profesional del derecho aduce que se debe
continuar el proceso desde la etapa en la que se encontraba, en
atención a la prevalencia del derecho sustancial, la garantía de
acceso efectivo a la justicia y las garantías del debido proceso,
sin embargo, se advierte que él tenía la obligación de acatar en
su totalidad lo ordenado por el Juez de primer grado y ante la
ausencia de su actuación, se rechazó la demanda. […]
Así las cosas, la parte demandante tenía la carga de subsanar
los defectos indicados por el Juez en el auto inadmisorio, dentro
del término otorgado para el efecto, porque la consecuencia es
el rechazo del libelo introductorio tal y como lo dispone el artículo
169 del CPACA.
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en este proveído,
se comparte lo expuesto por el A quo, porque no fue subsanada
conforme a lo requerido, por lo tanto, la Sala confirmará la
decisión adoptada en primer grado. […]”. (Destacado pertenece
al texto).
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De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae
que el TRIBUNAL elaboró un recuento de las pruebas aportadas al
proceso y, a partir de dicho análisis, concluyó que los argumentos
expuestos en el auto cuestionado debían ser confirmados,
comoquiera que el actor no subsanó debidamente la demanda
conforme a los defectos indicados en el auto indamisorio.
En ese sentido, la autoridad judicial accionada advirtió que si bien el
apoderado del actor manifestó en el recurso de apelación que las
actuaciones adelantadas por el Juzgado Cuarenta y Uno Laboral del
Circuito de Bogotá tenían plena validez, también era necesario
adecuar el medio de control junto con todas sus formalidades, esto
es, otorgar un nuevo poder con el lleno de los requisitos legales
exigidos, con la facultad expresa para continuar su representación en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y perseguir la
nulidad del acto administrativo cuestionado, circunstancia que no fue
subsanada por el demandante en la oportunidad legal, lo que
consecuentemente generó el rechazo de la demanda.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la autoridad judicial
accionada se pronunció frente a los aspectos que la parte actora
alude como desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber
actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites
del principio de la autonomía judicial, por lo que el asunto carece
del requisito general de la relevancia constitucional.
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Situación distinta es que la parte actora no comparta la tesis allí
dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que
de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de
conocimiento, el TRIBUNAL decidió el asunto sometido a su
consideración.
Ahora, cabe anotar que la presunta configuración del defecto
del precedente judicial tampoco cumple con la carga
argumentativa que fundamente dicha afirmación, por cuanto la parte
actora se limitó a citar apartes de una sentencia proferida por la Corte
Constitucional, sin precisar la relación fáctica y jurídica que pudiese
existir entre lo allí resuelto y su caso ventilado en el proceso ordinario
cuestionado.
Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa
del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta
Sala16 ha indicado:
“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Resaltado fuera del texto).
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En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia que obedece a la interpretación dada
por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al proceso, en
el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a
la acción de tutela el carácter de un recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia
y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales
inconformidades carecen del requisito general de la relevancia
constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud
de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de febrero de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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