Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00220-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00220-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00220-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
23 de abril de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00220-00
Demandante: Banco de Bogotá S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00220-00
Demandante: Banco de Bogotá S.A.
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura- Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá
Tema: Derecho fundamental de petición-levantamiento medida cautelar
de embargo
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada, por conducto de apoderada, por el
Banco Bogotá S.A. contra el Consejo Superior de la Judicatura- Dirección Seccional
de Administración Judicial de Bogotá, de conformidad con lo establecido en el artículo
1° del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 13 de enero de 2026, la parte actora interpuso acción de tutela contra el Consejo
Superior de la Judicatura- Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
por estimar vulnerado el derecho fundamental de petición. En consecuencia, formuló
las siguientes pretensiones:
PRIMERA: Se ampare el derecho fundamental de petición y cualquier otro del
mismo rango que se determine como violado.
SEGUNDA: Con el fin de garantizar mi derecho fundamental de petición,
respetuosamente solicito a su despacho, ordenar al Consejo Superior de la
Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá.,
que en el término máximo de (48) Cuarenta y Ocho Horas, contado a partir de la
Notificación del fallo de primera instancia, proceda a resolver de fondo la Petición
presentada en el 11 de diciembre de 2025 por la suscrita ante la mencionada
entidad.
2. Hechos
De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:
El 11 de diciembre de 2025, a través de correo electrónico, el Banco de Bogotá S.A.
elevó petición ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá con el fin de que se le informara lo siguiente:
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00220-00
Demandante: Banco de Bogotá S.A.
1. Se informe el número de radicado del proceso por medio del cual, mediante oficio Nro.
3616 de fecha 17 de marzo de 2020, se ordenó a la Secretaria de Transporte y movilidad
– Sede operativa de Ricaurte, la inscripción de la medida cautelar de embargo sobre el
vehículo UFX967.
2. Se informe cuales fueron los fundamentos probatorios y fácticos por los cuales se inició
dicho proceso coactivo.
3. Se Informe de conformidad con lo establecido en el Decreto 806 de 2020 hoy ley 2213
de 2022, si se comunicó, mediante mensaje de datos, a la Secretaria de Transporte y
movilidad – Sede operativa de Ricaurte el oficio por el cual se ordena el levantamiento de
la medida cautelar de embargo sobre el vehículo UFX967.
4. En caso contrario, solicito se informe el motivo por el cual se omitió remitir el oficio del
levantamiento de la medida cautelar señalada en el numeral anterior.
5. En caso de no haberse realizado lo descrito en el numeral tercero de la presente
petición, solicito se remita el respectivo oficio la Secretaria de Transporte y movilidad –
Sede operativa de Ricaurte y a la suscrita, con el fin de realizar la liquidación de los
derechos de registro.
La petición la recibió la secretaría del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá
que, en la misma fecha la remitió a la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Bogotá al siguiente correo electrónico:
medesajbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte actora informó que el Consejo Superior de la Judicatura- Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá adelantó un proceso coactivo en su
contra.
Como consecuencia de ese proceso, señaló que mediante oficio 3616 de 17 de marzo
de 2020, esa dirección seccional ordenó a la Secretaria de Transporte y Movilidad –
Sede operativa de Ricaurte, la inscripción de la medida cautelar de embargo sobre el
vehículo con placas UFX967.
No obstante, advirtió que el referido proceso de cobro terminó y aún no se habían
tramitado los oficios de levantamiento de la medida cautelar ante la Secretaría de
Transporte y Movilidad – Sede operativa de Ricaurte.
Señaló que radicó petición ante el Consejo Superior de la Judicatura- Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá para que informara sobre el proceso
de cobro coactivo iniciado en su contra y el envío del oficio de levantamiento de la
medida cautelar de embargo sobre su vehículo. Sin embargo, ha transcurrido más de
un mes sin que la entidad demandada haya resuelto tal petición, por lo que se vulneró
el derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política.
4. Trámite procesal de la acción de tutela
Inicialmente, la demanda de tutela se repartió al Juzgado Treinta y Siete de Familia
de Bogotá que, en auto de 14 de enero de 2026, la remitió por competencia a esta
Corporación.
Recibido el expediente, en auto del 22 de enero de 2026, el despacho sustanciador
avocó conocimiento de la acción de tutela; empero se inadmitió con el fin de que la
apoderada del Banco de Bogotá S.A. allegara los documentos que acreditaran la
calidad de su poderdante, como representante legal de la entidad financiera y su
facultad para otorgar el respectivo poder.
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Demandante: Banco de Bogotá S.A.
Cumplido el anterior requerimiento y verificada la calidad del poderdante, por auto de
9 de febrero de 2026, se admitió la acción de tutela, se ordenó notificar a la parte
demandante y al Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, en calidad de demandado.
5. Oposiciones
La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura solicitó la desvinculación del
presente trámite porque no tiene legitimación en la causa por pasiva.
Explicó que es el órgano de gobierno y de administración de la Rama Judicial, por lo
que ejerce funciones netamente administrativas, sujetas al marco normativo dispuesto
en la Constitución Política y en la Ley 270 de 1996. Algunas de las atribuciones propias
han sido desconcentradas en diferentes órganos como los consejos seccionales de la
judicatura y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial junto con sus
seccionales y las ejercen en forma independiente, bajo los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
En relación con la petición elevada por la actora, sostuvo que inicialmente la
competente para dar respuesta es la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a
través de la División de Cobro Coactivo de la Unidad de Asistencia Legal; sin embargo,
esa dirección como superior jerárquico delegó la facultad coactiva a las Direcciones
Seccionales de Administración Judicial para adelantar los procesos persuasivos que
se originen en las decisiones impartidas por las autoridades judiciales que abarque su
jurisdicción territorial.
En ese entendido, sostuvo que la División de Cobro Coactivo de la Unidad de
Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial o de la Dirección
Seccional de Administración Judicial, -dependiendo quien tenga a cargo el asunto-,
son las entidades que tienen la aptitud legal, por ser las autoridades administrativas
que adelantan el proceso persuasivo.
En consecuencia, afirmó que no es el llamado a responder o cumplir las órdenes que
se expidan con el fin de amparar las garantías constitucionales del actor y menos
atribuirle responsabilidad solidaria por actuaciones u omisiones tanto de los Consejos
Seccionales de la Judicatura como de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
y sus Seccionales, máxime cuando la parte actora no aporta prueba con la que se
constatara que radicó petición en los canales de comunicación.
El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá pidió declarar la improcedencia
de la acción de tutela porque no incurrió en omisión o actuación alguna con la que se
haya vulnerado el derecho de petición. Y advirtió, su falta de legitimación en la causa
por pasiva.
No obstante, informó que verificada las bases de datos de registro de correspondencia
externa, el Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivo de Documentos
Oficiales (SIGOBius), correos electrónicos y vigilancias judiciales que tiene a cargo,
encontró que se radicó petición el 11 de diciembre de 2025, por la apoderada judicial
del Banco de Bogotá S.A., pero que la misma se remitió por competencia a la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, a través del correo
medesajbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co. Tal información consta en certificación
CSJBTCER26-26 del 12 de febrero de 2026, expedida por la secretaria general de
ese Consejo Seccional.
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Demandante: Banco de Bogotá S.A.
Precisó las funciones que tienen los Consejos Seccionales de la Judicatura, conforme
a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, para concluir que no tiene
competencia funcional para conocer la petición porque el proceso de cobro coactivo
estaba a cargo del director ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Bogotá
(Art. 103 de la Ley 270 de 1996).
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá guardó silencio
frente a los hechos origen de la acción de tutela, a pesar de haber sido notificada en
debida forma.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Cuestión preliminar. Legitimación en la causa por pasiva
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1° del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en
sede de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige
la acción de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza
del derecho fundamental, cuando esta resulte demostrada.
En la contestación de la acción de tutela de la referencia, el Consejo Superior de la
Judicatura solicitó la desvinculación del presente trámite porque no tiene legitimación
en la causa por pasiva. En igual sentido, se pronunció el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá.
La Sala advierte que accederá a las solicitudes de desvinculación porque les asiste
razón en cuanto no son las competentes para satisfacer la petición formulada por la
tutelante.
Problema jurídico
La Sala analizará si el Consejo Superior de la Judicatura- Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá vulneró el derecho fundamental de petición
invocado por el Banco de Bogotá S.A., ante la presunta falta de respuesta a la solicitud
de información y levantamiento de una medida cautelar de embargo decretada en un
proceso de cobro coactivo adelantado en su contra.
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Demandante: Banco de Bogotá S.A.
La Sala anticipa que concederá el amparo invocado porque la actora no ha recibido
respuesta a la petición radicada el 11 de diciembre de 2025.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá: (i) al derecho fundamental de petición
y (ii) al análisis del caso concreto.
i) Derecho fundamental de petición
En el marco del artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades y también ante organizaciones
privadas, por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta resolución.
Se trata de un derecho de aplicación inmediata según el artículo 85 de la Carta.
La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la connotación
de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales como la
información, la participación política, la libertad de expresión, la seguridad social, el
acceso a documentos públicos, entre otros.
El derecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente
desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia constitucional. De acuerdo con esta
última, son tres los elementos del núcleo esencial de este derecho: i) que la resolución
sea pronta; ii) que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que sea clara,
precisa, congruente y consecuente con lo solicitado; y iii) que la decisión adoptada se
le notifique al peticionario1.
Como derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto de
protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido de
la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho de
petición. Por esto, se ha aclarado que la respuesta negativa en ningún caso significa
vulneración del derecho fundamental de petición, ya que «existe una diferencia entre el
derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido»2. Aun así, la Corte Constitucional ha
aclarado que «una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y
satisface los requerimientos del solicitante»3.
Para que la respuesta sea efectiva debe ser expedida oportunamente, resolver de
fondo la petición de manera clara y congruente con lo solicitado y debe ser notificada
al peticionario. El incumplimiento de estos requisitos implica la vulneración del derecho
fundamental de petición.
ii) Análisis del caso concreto
Como quedó expuesto en el capítulo de antecedentes, el Banco de Bogotá sustenta
la vulneración del derecho de petición en que no ha obtenido respuesta frente a la
solicitud que elevó en relación con un proceso de cobro coactivo adelantado en su
contra y en el que se decretó una medida de embargo sobre un vehículo.
En efecto, en el expediente está acreditado que, vía correo electrónico, el 11 de
diciembre de 2025, la sociedad actora remitió petición a las direcciones electrónicas
medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co, medesajbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co y
csjsabta@cendoj.ramajudicial.gov.co, que corresponden a la Dirección Ejecutiva de
1
Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
2
Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
3
Corte Constitucional. Sentencias T-561 de 2007 y T-556 de 2013.
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Administración Judicial, a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
y al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, respectivamente.
Esa petición busca obtener información sobre: (i) el número de radicado del proceso
de cobro coactivo en el que se ordenó a la Secretaria de Transporte y Movilidad –
Sede operativa de Ricaurte, la inscripción de la medida cautelar de embargo sobre el
vehículo UFX967; (ii) los fundamentos probatorios y fácticos que sustentaron el inicio
del proceso de cobro coactivo; (iii) si ya se informó a esa secretaría el levantamiento
de la medida cautelar y (iv) en caso de que no, cuál es el motivo por el que no se ha
enviado el oficio de levantamiento de la medida de embargo. Y pidió que, si no se ha
enviado tal oficio, proceda con su remisión a la Secretaría de Transporte y Movilidad
para la liquidación de los derechos de registro.
También está acreditado que la secretaría del Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá recibió esa petición y el mismo día (11/12/2025) la remitió a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá al siguiente correo electrónico:
medesajbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co, con copia a la peticionaria, según se
observa del siguiente pantallazo (tomado de los anexos de la demanda de tutela):
La anterior remisión fue informada por el Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá al contestar la presente acción de tutela, al advertir que era la Dirección
Seccional de Administración Judicial la encargada de dar trámite a la petición
formulada. Como soporte allegó la siguiente certificación:
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Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura indicó que la encargada de dar
respuesta a la petición en este caso es la Dirección Seccional de Administración
Judicial, a través de la División de Cobro Coactivo de la Unidad de Asistencia Legal,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo primero del Acuerdo PSAA09-6203 de
2009, que señala la estructura operativa de las direcciones seccionales y entre las
áreas que la componen está la de asistencia legal (cobro coactivo, defensa judicial y
contratación).
Al consultar ese acuerdo la Sala encuentra que en el artículo séptimo están descritas
las funciones del área legal, en relación con el cobro coactivo, así:
ARTICULO SEPTIMO: Son funciones del Área Legal: […]
II. COBRO COACTIVO
1. Adelantar los procesos ejecutivos por jurisdicción coactiva, que sean necesarios para
el recaudo de las rentas de la Rama Judicial en la Dirección Seccional de
Administración Judicial.
2. Informar al Area de Financiera y a la Dirección Ejecutiva sobre la ejecutoria de las
sentencias con condena pecuniaria a cargo de la Nación-Rama Judicial-Consejo
Superior de la Judicatura, previa verificación de las liquidaciones judiciales que se
hayan practicado y controlar la incorporación de las cifras correspondientes en el rubro
del respectivo Proyecto de Presupuesto, para su pago oportuno.
3. Ejecutar el cobro coactivo de las multas que impongan las Corporaciones y despachos
judiciales, realizar una labor persuasiva y propiciar los acuerdos de pago con los
deudores y, elaborar y presentar informes y estadísticas sobre recaudos del nivel
nacional y seccional, estado y número de procesos en trámite y valor de las
obligaciones por cobrar relacionadas con los procesos de cobro coactivo.
4. Atender las excepciones y recursos que se interpongan contra mandamientos de pago
o títulos ejecutivos en los procesos de jurisdicción coactiva competencia de la Dirección
Seccional de Administración Judicial.
De lo anterior se concluye que es la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, por conducto de la Unidad de Asistencia Legal- División de Cobro Coactivo,
la competente para dar respuesta a la petición elevada por el Banco de Bogotá S.A.
en relación con un proceso de cobro coactivo que advierte fue adelantado y se decretó
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medida cautelar de embargo sobre el vehículo de placas UFX967, aplicada por la
Secretaría de Movilidad Contemporánea – Sede Operativa Ricaurte – Gobernación de
Cundinamarca.
No obstante, la referida dirección seccional no dio respuesta a la presente solicitud de
tutela, a pesar de que fue notificada del auto admisorio mediante oficio 23257 de 11
de febrero de 2026, enviado por la secretaria general vía electrónica a los correos:
desajbtanotif@cendoj.ramajudicial.gov.co, csjsabta@cendoj.ramajudicial.gov.co y
notificacioncsjsabta@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Frente a la oportunidad, se observa que han pasado cuatro meses desde la fecha en
que se radicó la petición (11/12/2025).
Así mismo, ante el silencio de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bogotá no es posible tener certeza sobre el proceso o trámite administrativo de cobro
coactivo iniciado y que generó la medida de embargo, cuyo levantamiento finalmente
es lo que pretende el Banco de Bogotá.
Por el contrario, si logró constatarse que el referido embargo se practicó, según se
entiende de la lectura del Oficio GOB-S-CR-2026-0006295 de 15 de enero de 2026,
suscrito por la Dirección de Servicios de la Secretaría de Movilidad Contemporánea
de Cundinamarca- Sede Operativa de Chocontá, con el que se le dio respuesta al
tutelante a una solicitud de cancelación de la anotación de embargo.
Ese oficio lo allegó la actora el pasado 3 de marzo de 2026, junto con escrito en el que
informó que para esa fecha no había recibido respuesta de la demandada ni se había
expedido el oficio de levantamiento de la medida de embargo que debe remitirse a la
citada autoridad de tránsito, por lo que persiste la vulneración del derecho de petición
invocado.
En el mencionado oficio GOB-S-CR-2026-0006295 de 15 de enero de 2026 se le
informa a la actora que no es posible la cancelación de la anotación del embargo que
recae sobre el vehículo de placas UFX967.
En concreto la respuesta dada por la autoridad de movilidad fue la siguiente:
RESPECTO DE SUS PRETENSIONES:
PRETENSIÓN NO.1: Se informa que una vez verificado el expediente vehicular de placa
UFX967 se encontró que el oficio No. 3616 de fecha 17 de marzo de 2020 fue emitido por El
Consejo Superior De La Judicatura, por un proceso administrativos de Cobro Coactivo, dentro
del radicado del proceso No.2017806.
PRETENSIÓN NO.2: Se informa que, verificado el expediente vehicular y control de
correspondencia, no se encontró oficio del juzgado donde emitiera orden de levantamiento de
la medida cautelar.
PRETENSIÓN NO.3: Le indico como se manifestó en la pretensión No.2, la medida descrita
con antelación se encuentra vigente, teniendo en cuenta que no ha llegado orden de
cancelación o levantamiento de la misma, a su vez, se procedió a efectuar verificación de los
anexos presentados en su solicitud, sin encontrar el referido oficio de levantamiento, razón por
la cual; para efectos de dar continuidad con su solicitud, se hace necesario allegue el oficio por
medio del cual la entidad judicial ordenó el levantamiento de la anotación de embargo, dentro
del proceso No. 2017806.
Conforme con lo verificado, resta concluir que la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá vulneró el derecho fundamental de petición del
Banco de Bogotá.
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Demandante: Banco de Bogotá S.A.
En consecuencia, se accederá al amparo del derecho fundamental de petición del
Banco de Bogotá S.A., por lo que se ordenará a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, Unidad de Asistencia Legal- División de Cobro
Coactivo que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta decisión, de
respuesta clara, completa y de fondo a la petición radicada el 11 de diciembre de 2025,
la cual debe quedar notificada a la peticionaria en debida forma, en los términos
previstos en la Ley 1437 de 2011.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Aceptar la solicitud de desvinculación elevada por el Consejo Superior de la
Judicatura y por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por las razones
expuestas en esta providencia.
2. Amparar el derecho de petición del Banco de Bogotá S.A, de conformidad con los
argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia:
3. Ordenar a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Unidad de
Asistencia Legal- División de Cobro Coactivo que, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de la presente providencia de respuesta clara,
completa y de fondo a la petición radicada por el Banco de Bogotá el 11 de diciembre
de 2025, la cual debe quedar notificada a la peticionaria en debida forma, en los
términos previstos en la Ley 1437 de 2011.
4. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Fimado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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