Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00225-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00225-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00225-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
13 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00225-00
Accionante: YANILSE DEL ROSARIO ROVIRA PADILLA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede
estudio de fondo por incumplimiento de los requisitos generales / INMEDIATEZ – La
solicitud de amparo se interpuso más de dos años después de la notificación del fallo
cuestionado, sin que se avizore justificación alguna para la tardanza / SUBSIDIARIEDAD –
La accionante interpuso acción de tutela para obtener la inclusión en nómina de la pensión
de invalidez que le fue reconocida en sede ordinaria y, luego del fallo favorable, también
promovió incidente de desacato que se encuentra en curso.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela instaurada por la señora Yanilse del Rosario
Rovira Padilla, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 20211.
ANTECEDENTES
La demanda
1. El 14 de enero de 2026, la señora Yanilse del Rosario Rovira Padilla, mediante
apoderado, presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, de seguridad social, a la
salud, y a la vida digna, los cuales considera vulnerados con ocasión de la sentencia
del 19 de julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que
revocó la sentencia del 30 de noviembre de 2022, emitida por el Juzgado Quinto
Administrativo de Santa Marta, y, en su lugar, ordenó el reconocimiento de la pensión
de invalidez dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 47001333300520170039701.
Pretensiones
2. Solicita la parte accionante lo siguiente (transcripción literal, con posibles errores
incluidos):
PRIMERA. Que se ampare el derecho fundamental al debido proceso
administrativo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud y el
derecho a la dignidad humana de la señora YANILSE ROVIRA PADILLA
1 Que ingresó al despacho para fallo el 30 de enero de 2026.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00225-00
Accionante: Yanilse del Rosario Rovira Padilla
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
vulnerados parcial y conjuntamente por HONORABLE TRIBUNAL
CONTENCIOSO DEL MAGDALENA DESPACHO 03 MP. ADONAY FERRARI
de igual forma contra DISTRITO DE SANTA MARTA, SECRETARIA DE
EDUCACION DISTRITAL DE SANTA MARTA y el FONDO DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO FOMAG –
FIDUPREVISORA.
SEGUNDA. Que se modifique el numeral tercero de la sentencia de segunda
instancia del proceso 47001333300520170039701, proferida por
HONORABLE TRIBUNAL CONTENCIOSO DEL MAGDALENA, con aplicación
plena de las normas más favorables a la accionante afectada YANILSE
ROVIRA PADILLA primando el mayor porcentaje de mesada pensional posible
y la efectividad del pago de las mesadas pensionales retroactivas causadas
desde el momento de estructuración de la invalidez con sus respectivos
intereses de mora.
TERCERA. Sin perjuicio de los numerales anteriores, que se deje sin efectos
la Resolución PS No. 1126 del 28 de octubre del 2024, por contener
disposiciones vulneradoras a los derechos al debido proceso administrativo, el
derecho a la seguridad social, el derecho a la salud y el derecho a la dignidad
humana de la señora YANILSE ROVIRA PADILLA.
CUARTA. Que se ordene a DISTRITO DE SANTA MARTA - SECRETARIA DE
EDUCACION DISTRITAL DE SANTA MARTA y el FONDO DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO FOMAG – FIDUPREVISORA
proferir dentro de termino prudencial un acto administrativo de pago de pensión
de invalidez plenamente acorde a las disposiciones resueltas en la segunda
instancia y respetando las prerrogativas constitucionales y legales adquiridas
por la accionante a través de este fallo.
QUINTA: Que se decida de conformidad con la sentencia T-104 de 2018 para
emitir fallos de tutela extra y ultra petita, cuando de la situación fáctica de la
demanda puede evidenciar la vulneración de un derecho fundamental.
Fundamentos de la demanda de tutela
3. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
4. La señora Yanilse del Rosario Rovira Padilla prestó sus servicios como educadora
oficial desde el 17 de marzo de 2003 hasta el mes de junio de 2011.
5. Con posterioridad a su retiro del servicio, medicina laboral le dictaminó pérdida de
la capacidad laboral del 95%, con fecha de estructuración el 9 de marzo de 2012.
6. Con fundamento en lo anterior, solicitó el reconocimiento de la pensión de
invalidez bajo el régimen docente, que le fue negada en sede administrativa, razón
por la que, instauró el respectivo medio de control de nulidad y restablecimiento.
7. La demanda con radicado 47001333300520170039700/01, correspondió por
reparto al Juzgado Quinto Administrativo de Santa Marta, que negó las pretensiones
mediante sentencia del 30 de noviembre de 2022, por considerar que la docente no
tenía derecho a la prestación reclamada bajo el régimen docente, dado que su
invalidez se estructuró después de su vinculación.
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Accionante: Yanilse del Rosario Rovira Padilla
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
8. Inconforme con la decisión la accionante la apeló, y el Tribunal Administrativo del
Magdalena con sentencia del 19 de julio de 2023 la revocó, para en su lugar acceder
a las pretensiones parcialmente, en la medida en que ordenó al Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio, en adelante FOMAG, reconocer a favor de la
docente una pensión de invalidez equivalente al 54% del ingreso base de liquidación,
efectiva a partir del 9 de marzo de 2012, de conformidad con el régimen previsto en
la Ley 100 de 1993, dado que no cumplía los requisitos señalados en el Decreto 1848
de 1969, porque la invalidez se estructuró luego del retiro del servicio.
9. En cumplimiento del fallo, la entidad competente expidió la Resolución 1126 de 28
de octubre de 2024, mediante la cual ordenó un único pago por concepto de
mesadas adeudadas, en razón a que la demandante no se practicó las evaluaciones
médicas periódicas, exigidas cada tres años, de conformidad con el Decreto 1655 de
2015. Se le pagaron las mesadas causadas entre el 24 de noviembre de 2024 (por
efectos de la prescripción) y el 9 de marzo de 2015.
10. La parte actora, señaló que la tutela cumple con los requisitos generales de
procedibilidad. En cuanto a la inmediatez, señala que la acción de tutela se promovió
«(…) en un término razonable frente a la pretensión relacionada a la petición, de toda
vez que la presunta vulneración o amenaza corresponde al actuar impropio y
contrario a derecho por parte de las entidades accionadas mas no del actuar del
accionante».
11. Y, frente a la subsidiariedad, adujo que para el caso concreto, el proceso
ejecutivo no es el mecanismo eficaz e idóneo, dado que «(…) es injustificado e
ineficaz volver a someter a litigio un derecho debatido por 8 años, y solicitado hace
11, si se tiene en cuenta la edad de mi mandante, su condición de salud, la grosa
vulneración de derecho y la espera de la cual ya ha sido afectada». Al respecto, citó
las sentencias STP16800-2022, T-404 de 2018 y T-048 de 2019, a fin de sustentar
que, el proceso ejecutivo no es el mecanismo idóneo y eficaz para obtener el
cumplimiento de providencias judiciales que han reconocido el pago de derechos
pensionales.
12. De la lectura integral de la demanda, la Sala entiende que básicamente, la parte
actora presenta desacuerdo con dos situaciones:
(i) Con la providencia censurada (sentencia del 19 de julio de 2023), en tanto
que reconoció la pensión de invalidez bajo el amparo de la Ley 100 de
1993, con una tasa de remplazo del 54% del IBL, dado que a su juicio, la
actora se encuentra cobijada por el régimen especial docente, puesto que
se incorporó antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y por
ende, la cobija el Decreto 1848 de 1969, que asigna una tasa de remplazo
del 100% del IBL cuando la pérdida de la capacidad laboral es superior al
95%, como sucede en el caso de la accionante. Igualmente, reprocha que
la sentencia cuestionada inaplicó el Decreto 1507 de 2004, para efectos
de establecer la fecha en que se estructuró la invalidez.
(ii) Con la Resolución 1126 de 28 de octubre de 2024, mediante la cual se dio
cumplimiento a la sentencia del 19 de julio de 2023, en tanto ordenó un
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Accionante: Yanilse del Rosario Rovira Padilla
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
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Referencia: Acción de tutela de primera instancia
único desembolso por concepto de mesadas retroactivas, dado que
suspendió el pago de la pensión porque la docente no se sometió al
examen periódico previsto en el Decreto 1655 de 2015.
Trámite impartido
13. Mediante auto de 21 de enero de 2026 se admitió la solicitud de amparo, se
ordenó notificar la decisión a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo
del Magdalena, al Ministerio de Educación Nacional, al Distrito Turístico, Cultural e
Histórico de Santa Marta, al Fomag y la Fiduprevisora S.A, como autoridades
accionadas.
14. También se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y se tuvieron como prueba los documentos aportados con la demanda.
Intervenciones
15. El Tribunal Administrativo del Magdalena se refirió a los argumentos que
motivaron la sentencia del 19 de julio de 2023, en especial a los fundamentos
normativos que se tuvieron en cuenta para reconocer la pensión de invalidez a favor
de la accionante bajo el amparo de la Ley 100 de 1993 y no del Decreto 1848 de
1969; y con base en ello, sostuvo que la parte actora no sustenta la petición de
amparo en alguno de los defectos señalados por la Corte Constitucional para la
procedencia de la acción, sino que claramente presenta reproches en torno a la
interpretación y aplicación de la normativa, aspectos que no pueden ser
cuestionados a través de este mecanismo constitucional.
16. En consecuencia, estimó que la parte demandante pretende convertir este
mecanismo en una tercera instancia del proceso ordinario, a fin de obtener un
incremento en la tasa de remplazo, lo que ya se definió por el juez natural de la
causa.
17. Aunado a lo anterior, señaló que la tutela no cumple el requisito de inmediatez,
dado que se ejerció fuera del término razonable, teniendo en cuenta que la
providencia censurada se notificó el 28 de septiembre de 2023 y la acción se ejerció
en enero de 2026.
18. En cuanto a la pretensión encaminada a dejar sin efectos la Resolución 1126
de 2024, señaló que se trata de un acto posterior expedido por autoridades
administrativas, por ende, no se le puede atribuir responsabilidad a la autoridad
judicial. En todo caso, indicó que pretender que se expida un nuevo acto para el
cumplimiento de la sentencia, desborda las atribuciones del juez constitucional.
19. Por todo lo anterior, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela de
la referencia.
20. El Ministerio de Educación Nacional, mediante apoderado, solicitó que se
declare la improcedencia de la acción, dado que la parte actora censura una decisión
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Accionante: Yanilse del Rosario Rovira Padilla
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
que se acogió en forma legítima dentro de un proceso ordinario y por lo tanto,
desconoce no solo la autonomía judicial sino también el carácter residual de la tutela.
21. Asimismo, pidió que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva,
toda vez que no tiene competencia para atender las pretensiones de la demanda.
22. El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta adujo que carece de
legitimación para atender las pretensiones de la parte accionante, en consideración
a que busca dejar sin efectos una providencia judicial proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena.
23. En todo caso, argumentó que la tutela es improcedente porque no se fundamenta
en alguna de las causales de procedibilidad específicas señaladas por la Corte
Constitucional para los casos en que se cuestionan providencias judiciales.
24. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en esta
ocasión.
CONSIDERACIONES
Competencia
25. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del
Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de
2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).
Problema Jurídico y metodología de la decisión
26. En primer lugar, la Subsección debe establecer si la acción de tutela de la
referencia satisface los requisitos de procedibilidad formal, en especial los de
inmediatez y subsidiariedad. A este punto deberá examinar si la acción de tutela
contra la providencia judicial objeto de reproche se interpuso en un término
razonable, y si la parte actora contaba con algún mecanismo ordinario para obtener
el amparo solicitado, en especial frente a la pretensión encaminada a dejar sin
efectos la Resolución 1126 de 28 de octubre de 2024, por la cual se dio cumplimiento
a la sentencia del 19 de julio de 2023.
27. En caso de resolver positivamente el anterior interrogante, debe examinar si la
decisión censurada, proferida por la autoridad judicial accionada, incurrió en violación
de los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, seguridad social,
salud, y vida digna de la señora Yanilse del Rosario Rovira Padilla.
De la inmediatez
28. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, uno de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es
la inmediatez. Con base en este requisito, se debe acreditar que el mecanismo de
amparo constitucional se ejerció en un plazo razonable.
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Referencia: Acción de tutela de primera instancia
29. Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección
de las garantías constitucionales, el respeto a la seguridad jurídica y los derechos de
terceros afectados. Por esta razón, debe existir un término razonable entre la
ejecutoria de la decisión judicial que se considera violatoria de los derechos
fundamentales y la presentación de la acción de tutela para reclamar su amparo.
30. Para la Corte Constitucional, esta condición de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales es razonable, pues si se permite su ejercicio
«meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios
de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos»2.
31. Además, como lo señaló esa misma Corporación, el requisito de la inmediatez
protege los derechos de terceros «que pueden ser vulnerados por una tutela ejercida
en un plazo irrazonable»3; da vigencia al principio de seguridad jurídica, al impedir
que el amparo se convierta en un factor que atente contra ella; y previene el abuso
del derecho, al «evitar el uso de este mecanismo constitucional como herramienta
supletiva de la propia negligencia en la agencia de los derechos»4.
32. Para esta Subsección5, se debe contabilizar el plazo razonable desde la
notificación de la providencia que se cuestiona, por cuanto es a partir de que se
conoce la decisión que se puede advertir la posible vulneración de derechos
fundamentales por la configuración de uno o varios de los defectos que hacen
procedente la acción de tutela contra providencia judicial.
33. De igual forma, esta Sala ha expresado que, excepcionalmente, procede
contabilizar dicho término razonable desde la ejecutoria de la decisión, en los casos
que se hubiera realizado un trámite adicional con ocasión del fallo, como lo sería una
solicitud de aclaración, de corrección o de adición de sentencia o, incluso, una
solicitud de nulidad, siempre que no sean abiertamente improcedentes y puedan
incidir en la decisión que se cuestiona por vía de tutela, por lo que, en principio,
también tendrían que ser objeto de cuestionamiento.
34. De otra parte, la Corte Constitucional ha identificado dos clases de criterios al
momento de valorar el cumplimiento del requisito de inmediatez, unos denominados
como valorativos del plazo y, los otros, justificantes de conducta del accionante6.
35. En cuanto a los criterios valorativos del plazo, se encuentran: (i) la pertenencia
del actor a un grupo vulnerable, (ii) las circunstancias que hayan impedido acudir de
forma inmediata al juez de tutela, (iii) el aislamiento geográfico, (iv) vulnerabilidad
económica, (v) la eventual afectación de derechos de terceros, (vi) la diligencia (o
2 Corte Constitucional. Sentencia T-322 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
3 Corte Constitucional. Sentencia T-594 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4 Ibidem.
5 En este mismo sentido, ver la sentencia del 11 de abril de 2019, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico,
expediente 110010315000201803905-01, demandante: Ruby Yasmín Lasso Chaguendo.
6 Corte Constitucional, sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017.
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Accionante: Yanilse del Rosario Rovira Padilla
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Referencia: Acción de tutela de primera instancia
falta de ella) por parte del accionante, y (vii) la posibilidad de que el amparo
represente una seria afectación a la seguridad jurídica7.
36. Por su parte, los criterios justificantes de la conducta del accionante son: (i) que
se demuestre que la vulneración es permanente, pese a que el hecho que la originó
es «muy antiguo» respecto de la presentación de la tutela, y (ii) que la especial
situación del accionante haga desproporcionado adjudicarle la carga de acudir al
juez8.
De la subsidiariedad
37. De conformidad con el tercer inciso del artículo 86 de la Constitución9 y con el
numeral 1 del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 199110, la acción de tutela tiene un
carácter subsidiario, motivo por el cual resulta improcedente ante la existencia de
otros mecanismos de defensa judicial, salvo que estos no sean eficaces o idóneos,
o que sea necesario evitar la concreción de un perjuicio irremediable.
38. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e
idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
39. La jurisprudencia de la Corte Constitucional11 ha sido reiterada y pacífica en lo
que atañe al requisito de subsidiariedad, y ha precisado que «la acción de tutela es
una vía a la que solamente puede acudirse cuando (i) el afectado no cuenta con otro
medio de defensa judicial; (ii) cuando, pese a que ese mecanismo existe, no es
idóneo o eficaz en las circunstancias del caso concreto; o (iii) cuando se utiliza como
recurso transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Por lo tanto, no es un medio
alternativo, adicional, complementario o facultativo respecto de las demás acciones
judiciales ordinarias, sino un procedimiento urgente e inmediato para la protección
de los derechos fundamentales (…)».
40. En lo que atañe al perjuicio irremediable, la Corte Constitucional en la sentencia
T-1190 de 2024, explicó que, para concluir su configuración, es necesario verificar
lo siguiente: «(i) que sea inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está
por suceder prontamente; (ii) que sea grave, esto es, que el daño o menoscabo
material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) que
las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes;
y (iv) que la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea
7 Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia T-069 de 2015.
8 Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia SU-499 de 2016.
9 De conformidad con dicho inciso, la acción de tutela «solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable».
10 Según dicho numeral, la acción de tutela no procederá «[c]uando existan otros recursos o medios
de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable».
11 Ver sentencia T-108 de 2024.
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Accionante: Yanilse del Rosario Rovira Padilla
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
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Referencia: Acción de tutela de primera instancia
adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad (énfasis
añadido)».
Caso concreto
41. En el presente asunto, la señora Yanilse del Rosario Rovira Padilla manifiesta su
inconformidad con dos situaciones:
(iii) Con la providencia censurada (sentencia del 19 de julio de 2023), en tanto
que, reconoció la pensión de invalidez bajo el amparo de la Ley 100 de
1993, con una tasa de remplazo del 54% del IBL, dado que a su juicio, la
actora se encuentra cobijada por el régimen especial docente, puesto que
se incorporó antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2013, y por
ende, la cobija el Decreto 1848 de 1969, que asigna una tasa de remplazo
del 100% del IBL cuando la pérdida de la capacidad laboral es superior al
95%, como sucede en el caso de la accionante. Igualmente, reprocha que
la sentencia cuestionada inaplicó el Decreto 1507 de 2004, para efectos
de establecer la fecha en que se estructuró la invalidez.
(iv) Con la Resolución 1126 de 28 de octubre de 2024, mediante la cual se dio
cumplimiento a la sentencia del 19 de julio de 2023, en tanto ordenó un
único desembolso por concepto de mesadas retroactivas, y suspendió el
pago de la mesada porque la docente no se sometió al examen periódico
previsto en el Decreto 1655 de 2015.
42. Frente al primer motivo de reproche, la Subsección encuentra que la solicitud
de amparo no satisface la exigencia de inmediatez, dado que la providencia
censurada se profirió el 19 de julio de 2023 y se notificó el 28 de septiembre
siguiente12, mientras que la solicitud de amparo se radicó hasta el 14 de enero de
2026, esto es, más de dos años y tres meses después. Dicho intervalo resulta
excesivo, máxime cuando en el trámite no se acreditó circunstancia de carácter
excepcional que justifique la demora en la interposición del amparo.
43. En este caso, la parte actora no presenta justificación alguna para su conducta,
y en el escrito de tutela se limita a manifestar que interpuso la tutela en un término
razonable, porque está cuestionando una actuación «impropia» de la
Administración, circunstancia de la cual no es posible establecer que la interesada
se encontrara en alguna situación que le hubiera impedido actuar con prontitud para
solicitar la garantía de sus derechos fundamentales.
44. En suma, sus alegaciones no resultan suficientes para justificar la demora
advertida, en los términos señalados por la Corte Constitucional. Veamos:
45. Frente a los criterios valorativos de la inmediatez, debe advertirse que no está
acreditado en el expediente: (i) que la accionante pertenezca a un grupo vulnerable
y, que en razón de esa situación le hubiese sido imposible acudir con antelación al
12 Samai, proceso con radicado 47-001-3333-005-2017-00397-01, índice 09.
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Accionante: Yanilse del Rosario Rovira Padilla
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Referencia: Acción de tutela de primera instancia
juez de tutela, (ii) que haya atravesado por una circunstancia especial que impidiera
acudir al juez de tutela, (iii) que haya estado aislada geográficamente, (iv) que se
encontrara en estado de vulnerabilidad económica, (v) que se presente la
afectación de derechos de terceros y, por último, (vi) no se advierte diligencia en la
presentación de la solicitud de amparo por parte de la accionante, ni que (vii) la
presente acción de tutela represente una seria afectación a la seguridad jurídica.
46. Tampoco se evidencia algún criterio justificante de la conducta de la accionante,
y no se encuentra desproporcionado exigirle que hubiera acudido al juez
constitucional con premura, en especial, si se tiene en cuenta que, de conformidad
con el material probatorio que adjuntó y en concordancia con la plataforma SAMAI,
se advierte que el 2 de agosto de 2024 interpuso acción de tutela contra el FOMAG
y la Secretaría de Educación Distrital de Santa Marta, para obtener el cumplimiento
de la sentencia condenatoria del 19 de julio de 2023, en concreto para conseguir
su inclusión en la nómina de pensionados13.
47. Así las cosas, frente a la primera inconformidad esgrimida por la parte actora,
que se concreta en la censura al fallo del 19 de julio de 2023, proferido por el
Tribunal administrativo del Magdalena, la Sala concluye que la tutela resulta
improcedente porque no satisface el requisito de inmediatez.
48. En lo que atañe al segundo reproche, se recuerda que, conforme a lo analizado
en precedencia, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe,
por lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente.
49. En el caso concreto, la actora solicita que se deje sin efectos la Resolución 1126
de 28 de octubre de 2024, porque considera que vulnera sus garantías
fundamentales, y en consecuencia, pide que se ordene a la Secretaría de
Educación de Santa Marta y al FOMAG, junto con la FIDUPREVISORA, que
procedan a expedir un nuevo acto administrativo donde se ordene el pago de la
pensión de invalidez, que a su juicio, sea acorde con lo ordenado por el Tribunal
accionado en la sentencia del 19 de julio de 2023.
50. No obstante, de la revisión de las piezas procesales obrantes en el expediente,
la Subsección advierte que, luego de haber solicitado el cumplimiento del referido
fallo, sin tener respuesta oportuna por parte de la administración, el 2 de agosto de
2024, la señora Rovira Padilla interpuso acción de tutela con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales de petición y debido proceso.
51. Surtido el trámite de rigor, el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta
profirió fallo de tutela de primera instancia del 13 de agosto de 2024, en el que
amparó los derechos invocados y ordenó «(…) a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DISTRITAL DE SANTA MARTA - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
13
Con sentencia del 13 de agosto de 2024 el Juzgado 4º Administrativo de Santa Marta ordenó la
inclusión de la señora Rovira Padilla en nómina de pensionados, providencia que fue confirmada
por el Tribunal Administrativo del Magdalena con fallo del 23 de septiembre de 2024.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00225-00
Accionante: Yanilse del Rosario Rovira Padilla
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG), un término máximo de (30) días,
siguientes a partir de la notificación de la presente providencia, para que procedan
con la expedición del acto administrativo a través del cual se incluirá en nómina la
pensión de invalidez reconocida mediante orden judicial a la señora YANILSE
ROVIRA DE ESCANDON».
52. El 2 de octubre de 2024 la señora Rovira Padilla promovió incidente de desacato
contra la autoridad administrativa correspondiente, por incumplimiento del fallo del
13 de agosto de 2024. Surtido el trámite de ley, con auto del 17 de octubre de 2024
el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta sancionó a Sandra Patricia Muñoz
Dorado, en calidad de secretaria de educación Distrital de Santa Marta, a María
Mercedes Petro, en calidad de directora del FOMAG, y a Carlos Gildardo Cortés
Acuña, como director de prestaciones económicas del FOMAG, al encontrar que
incurrieron en desacato a la orden impartida por esa agencia judicial el 13 de agosto
de 2024.
53. Mediante providencia del 28 de octubre de 2024, al conocer el grado de
consulta, el Tribunal Administrativo del Magdalena modificó la sanción, y decidió
imponer el correctivo únicamente a Sandra Patricia Muñoz Dorado, en calidad de
secretaria de educación Distrital de Santa Marta, tras considerar que «(…) encontró
acreditada la responsabilidad subjetiva y el actuar negligente en cabeza de la Dra.
Sandra Patricia Muñoz Dorado, en su calidad de Secretaria de Educación Distrital
de Santa Marta, en razón a que a pesar que la Secretaría de Educación del Distrito
de Santa Marta mediante informe presentó constancia de haber hecho envió de los
documentos requeridos por la Fiduprevisora, y que esta última allegó concepto de
aprobación de la prestación solicitada por la actora, aún no se cumple con lo
ordenado en la sentencia de tutela, que fue la expedición y notificación del acto
administrativo definitivo que incluya en nómina la pensión de invalidez reconocida
a la señora Rovira de Escandón».
54. Es importante resaltar que, en el curso del incidente, la Fiduciaria dio cuenta del
trámite de aprobación adelantado, y aportó la hoja de revisión, de la que se extrae
que esa entidad «(…) advierte a la Secretaría que la pensión de la accionante,
aunque le fue reconocida será pagada una única vez en tanto se realice la revisión
a su porcentaje de calificación de pérdida de capacidad laboral toda vez que la
entidad señaló no encontrar dictamen posterior al realizado en el año 2012».
55. Ahora bien, en la misma fecha en que el Tribunal modificó la sanción por
desacato, esto es, el 28 de octubre de 2024, la Secretaría de Educación de Santa
Marta profirió la Resolución 1126, en aras de dar cumplimiento a la sentencia del
19 de julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 47-001-3333-005-
2017-00397-01 y de paso, al fallo de tutela del 13 de agosto de 2024, emitido por
el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta dentro del radicado 47-001-3333-
004-2024-00204-01 (recuérdese que allí se ordenó la expedición del acto
administrativo que incluya a la actora en nómina, conforme al reconocimiento de la
pensión de invalidez efectuado en el fallo ordinario). En esa oportunidad, la entidad
competente resolvió:
10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00225-00
Accionante: Yanilse del Rosario Rovira Padilla
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
56. En la acción de la referencia, la parte actora manifiesta su inconformidad con
este acto administrativo (Resolución 1126 de 28 de octubre de 2024), porque
considera que el pago único allí ordenado vulnera sus garantías fundamentales
dado que, desconoce que la docente no pudo ser evaluada en su invalidez en razón
de su retiro del servicio; y además, no efectiviza su inclusión en nómina de
pensionados, lo cual, la excluye de la cobertura del servicio de salud.
57. Es decir que, concretamente la inconformidad de la accionante se relaciona
directamente con el cumplimiento de la orden judicial contenida en la sentencia del
19 de julio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 47-001-3333-005-
2017-00397-01, para lo cual, ya ejerció una acción de tutela, que culminó con fallo
a su favor, en donde se ordenó a la entidad competente expedir el acto
administrativo mediante el cual se incluya en nómina la pensión de invalidez
reconocida en el proceso ordinario.
58. Por lo tanto, su actual inconformidad con el cumplimiento de la orden emitida
por el juez de tutela, aparentemente acatada con la decisión acogida por la
administración mediante la Resolución 1126 de 28 de octubre de 2024, debe ser
ventilada ante el juez competente para realizar el seguimiento al cumplimiento de
la orden de amparo, en este caso, el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta.
59. Es a esa autoridad judicial a quien le corresponde verificar si la entidad
administrativa competente, al proferir la Resolución 1126 de 28 de octubre de 2024,
acató a cabalidad su orden, o, si por el contrario, como lo sostiene la señora Rovira
Padilla, con su expedición, se continúa con la vulneración de sus derechos
fundamentales. Aceptar la procedencia de una nueva acción de tutela, en la que se
insiste en la misma pretensión, podría incluso tenerse como un acto de temeridad.
60. En concordancia con lo anterior, emerge con claridad que, en lo que atañe al
segundo motivo de censura, la acción de tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad, como quiera que, conforme a las actuaciones judiciales
adelantadas por la parte actora previa a la interposición de la acción de la
referencia, se tiene que existe otro mecanismo que ejerció oportunamente y está
en curso, a través del cual, puede discutir su inconformidad con la Resolución 1126
de 28 de octubre de 2024, habida consideración a que, es en el trámite de desacato
adelantado ante el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta, que al juez de
11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00225-00
Accionante: Yanilse del Rosario Rovira Padilla
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
tutela le corresponde definir si la autoridad accionada acató a cabalidad las órdenes
judiciales, o si, por el contrario, continúa en desobediencia.
61. Ahora bien, es relevante señalar que al expediente no se allegó medio de
prueba alguno que indique la finalización del incidente de desacato, y en la
plataforma SAMAI tampoco fue posible determinar la continuidad del mismo. No
obstante, al margen de lo ocurrido en ese escenario, lo cierto es que, para esta
Subsección es claro que, es en ese trámite incidental en el que la parte interesada
debe discutir la decisión acogida por la administración mediante la Resolución 1126
de 28 de octubre de 2024, y por ende, en el asunto de marras no se encuentra
satisfecha la exigencia de subsidiariedad.
62. En conclusión, para la Sala la solicitud de amparo no cumple los requisitos
generales de procedibilidad de inmediatez y subsidiariedad y, en consecuencia,
deviene improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Yanilse del Rosario Rovira Padilla contra el Tribunal Administrativo del
Magdalena y otros, por lo razonado en la parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a
continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente, puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono
celular el código QR que aparece a la derecha.
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