Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00225-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00225-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00225-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00225-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-00225-01
Demandante YANILSE DEL ROSARIO ROVIRA PADILLA1
Demandada TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Y OTROS
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad de la acción. La inmediatez. Medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho. Pensión de invalidez.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora Yanilse del Rosario Rovira
Padilla contra el fallo de tutela de 13 de febrero de 2026, proferido por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A que dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora
Yanilse del Rosario Rovira Padilla contra el Tribunal Administrativo del Magdalena y otros, por
lo razonado en la parte motiva».
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 14 de enero de 2026, la señora Yanilse del Rosario Rovira Padilla interpuso
acción de tutela, mediante apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del
Magdalena, el Distrito de Santa Marta, Secretaría de Educación Distrital de Santa
Marta y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante, FOMAG),
Fiduciaria la Previsora S.A (en adelante, Fiduprevisora). Lo anterior por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, salud
y dignidad humana con ocasión de la sentencia de 19 de julio de 2023 proferida en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 47001-33-33-005-
2017-00397-01.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA. Que se ampare el derecho fundamental al debido proceso administrativo, el
derecho a la seguridad social, el derecho a la salud y el derecho a la dignidad humana de la
señora YANILSE ROVIRA PADILLA vulnerados parcial y conjuntamente por HONORABLE
TRIBUNAL CONTENCIOSO DEL MAGDALENA DESPACHO 03 MP. ADONAY FERRARI de
igual forma contra DISTRITO DE SANTA MARTA, SECRETARIA DE EDUCACION
DISTRITAL DE SANTA MARTA y el FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO FOMAG – FIDUPREVISORA.
SEGUNDA. Que se modifique el numeral tercero de la sentencia de segunda instancia del
proceso 47001333300520170039701, proferida por HONORABLE TRIBUNAL
CONTENCIOSO DEL MAGDALENA, con aplicación plena de las normas más favorables a la
accionante afectada YANILSE ROVIRA PADILLA primando el mayor porcentaje de mesada
pensional posible y la efectividad del pago de las mesadas pensionales retroactivas causadas
desde el momento de estructuración de la invalidez con sus respectivos intereses de mora.
TERCERA. Sin perjuicio de los numerales anteriores, que se deje sin efectos la Resolución
PS No. 1126 del 28 de octubre del 2024, por contener disposiciones vulneradoras a los
1
Se precisa que en la presentación personal del poder otorgado para la interposición de la presente acción de tutela, el
nombre de la accionante aparece como “Yanilse del Rosario Rovira Padilla”.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00225-01
Demandante: Yanilse del Rosario Rovira Padilla
derechos al debido proceso administrativo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la
salud y el derecho a la dignidad humana de la señora YANILSE ROVIRA PADILLA.
CUARTA. Que se ordene a DISTRITO DE SANTA MARTA - SECRETARIA DE EDUCACION
DISTRITAL DE SANTA MARTA y el FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO FOMAG – FIDUPREVISORA proferir dentro de termino prudencial un acto
administrativo de pago de pensión de invalidez plenamente acorde a las disposiciones
resueltas en la segunda instancia y respetando las prerrogativas constitucionales y legales
adquiridas por la accionante a través de este fallo.
QUINTA: Que se decida de conformidad con la sentencia T-104 de 2018 para emitir fallos de
tutela extra y ultra petita, cuando de la situación fáctica de la demanda puede evidenciar la
vulneración de un derecho fundamental» (transcripción literal).
2. Hechos
Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes:
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
2.1. La señora Yanilse del Rosario Rovira Padilla interpuso demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
Ministerio de Educación, FOMAG y el Distrito de Santa Marta, en la que solicitó
la declaratoria de nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se
negó la pensión de invalidez.
2.2. En sentencia de 30 de noviembre de 2022, el Juzgado Quinto Administrativo
de Santa Marta (radicado 47001-33-33-005-2017-00397-00) negó las
pretensiones. Explicó que la estructuración de la condición de invalidez se
presentó un año después del retiro del cargo como docente del distrito. Por lo
tanto, no se cumplen con los presupuestos del artículo 60 del Decreto 1848 de
1969, según el cual tendrá derecho a la pensión de invalidez todo empleado
oficial que se halle en situación de invalidez, transitoria o permanente.
Agregó que son aplicables las normas vigentes con anterioridad a la Ley 812
de 2003, cuya publicación se dio el 27 de junio de 2003, en el entendido que
la accionante fue vinculada como docente del distrito el 1 de marzo de 2003.
Por lo tanto, consideró que el derecho a la pensión de invalidez reclamado
debía estudiarse a la luz del Decreto Ley 3135 de 1968 y el Decreto
reglamentario 1848 de 1969.
2.3. La anterior providencia fue apelada por la señora Yanilse del Rosario Rovira
Padilla.
2.4. Mediante sentencia de 19 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo del
Magdalena revocó el fallo de primera instancia.
Coincidió con el juez de primera instancia en que a la accionante le eran
aplicables los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, dado que se incorporó
al servicio docente el 17 de marzo de 2003 y la Ley 812 de 2003 entró a regir
a partir del 27 de junio de dicha anualidad. Teniendo en cuenta lo dispuesto
en tales normas, aquella no cumple con los requisitos allí dispuestos para el
reconocimiento de la pensión de invalidez, pues para el momento en que se
estructuró esa condición ya no se encontraba activa en el servicio docente.
Por ende, consideró que al caso debía aplicarse la Ley 100 de 1993, en virtud
del principio de favorabilidad. Bajo tal normativa debe acreditarse la cotización
de por lo menos 25 semanas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de
estructuración de la invalidez. Requisito que la accionante cumplió. A lo cual
se suma que su pérdida de capacidad laboral se determinó en un 96%.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00225-01
Demandante: Yanilse del Rosario Rovira Padilla
Por consiguiente, concluyó que la demandante tenía derecho a una pensión
de invalidez a partir del 9 de marzo de 2012 (fecha de estructuración de la
invalidez), equivalente al 54% del ingreso base de liquidación (IBL), conforme
lo establece el artículo 40 de Ley 100 de 1993 que regula el monto de la
pensión.
Por lo expuesto, dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: REVOCAR en su integridad la sentencia proferida por el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Santa Marta en calenda treinta (30) de noviembre del año dos
mil veintidós (2022), por medio de la cual se denegaron las súplicas de la demanda, y en su
lugar se dispone:
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No.
0392 del 11 de junio de 2014, por medio de la cual la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DISTRITO DE SANTA MARTA denegó el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez
solicitada por la señora “YANILSE DEL ROSARIO ROVIRA DE ESCANDON”2, de conformidad
a las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente proveído.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho CONDENAR a la NACION- MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL- FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO a reconocer y pagar una pensión de invalidez en favor de la señora “YANILSE
DEL ROSARIO ROVIRA DE ESCANDON” a partir del 09 de marzo de 2012 (fecha de
estructuración de la invalidez), equivalente al 54% del ingreso base de liquidación, sin perjuicio
de que en el evento de que resulte inferior al salario mínimo legal mensual vigente, se deba
acudir a lo previsto en el inciso tercero el artículo 40 de la Ley 100 de 1993. Las sumas
reconocidas serán indexadas, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia».
Cumplimiento de la sentencia de 19 de julio de 2023
2.5. En el año 2024, la señora Rovira interpuso acción de tutela contra la Nación,
FOMAG, Fiduprevisora y el Distrito de Santa Marta, Secretaría de Educación
Distrital con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales de
petición y debido proceso.
2.6. En sentencia de primera instancia del 13 de agosto de 2024 (radicado 47001-
33-33-004-2024-00204-00), el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta
amparó los derechos invocados y ordenó «(…) a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DISTRITAL DE SANTA MARTA - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO (FOMAG), un término máximo de (30) días, siguientes a partir de la notificación
de la presente providencia, para que procedan con la expedición del acto administrativo a
través del cual se incluirá en nómina la pensión de invalidez reconocida mediante orden judicial
a la señora YANILSE ROVIRA».
2.7. Si bien dicha decisión fue impugnada; esta última no fue concedida3.
2.8. La señora Rovira promovió incidente de desacato, por considerar incumplido
el fallo de tutela de 13 de agosto de 2024.
2.9. En auto de 17 de octubre de 2024, el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa
Marta sancionó a la secretaria de educación distrital de Santa Marta, a la
directora del FOMAG y al director de prestaciones económicas del FOMAG,
con multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por
considerar que estos incurrieron en desacato a la orden impartida en el fallo
de tutela de 13 de agosto de 2024.
2.10. En providencia del 28 de octubre de 2024, en el marco del grado jurisdiccional
de consulta, el Tribunal Administrativo del Magdalena impuso sanción
únicamente a la secretaria de educación distrital de Santa Marta pues, si bien
«la Secretaría de Educación del Distrito de Santa Marta mediante informe presentó constancia
2
Se precisa que en la presentación personal del poder otorgado para la interposición de la presente acción de tutela, el
nombre de la accionante aparece como “Yanilse del Rosario Rovira Padilla”.
3
Información obtenida de Samai bajo el radicado 47001-33-33-004-2024-00204-00. Allí, sin embargo, solo es posible
visualizar las anotaciones de las actuaciones, más no su contenido ni archivos del expediente.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00225-01
Demandante: Yanilse del Rosario Rovira Padilla
de haber hecho envió de los documentos requeridos por la Fiduprevisora, y que esta última
allegó concepto de aprobación de la prestación solicitada por la actora, aún no se cumple con
lo ordenado en la sentencia de tutela, que fue la expedición y notificación del acto
administrativo definitivo que incluya en nómina la pensión de invalidez reconocida a la señora
Rovira de Escandón» (transcripción literal).
A su vez, modificó la sanción pecuniaria de cinco (5) salarios mínimos
mensuales legales vigentes a uno (1).
2.11. Mediante la Resolución 1126 de 28 de octubre de 2024, la Alcaldía de Santa
Marta dispuso lo siguiente:
«ARTÍCULO PRIMERO: PAGO ÚNICO. Reconocer y pagar una pensión de invalidez a la
señora YANILSE DEL ROSARIO ROVIRA PADILLA, (…), teniendo en cuenta que al momento
del estudio de la prestación no se evidenció dictamen posterior al del año 2012, en su calidad
de docente con vinculación DISTRITAL, Fuente de Recursos: Situado Fiscal/presupuesto Ley
91, y de acuerdo a la liquidación efectuada en Excel por la Fiduprevisora S.A. en nueve (9)
folios, con una base de liquidación a fecha de efectos para un valor por valor de $ 842.939 y
efectivo el reconocimiento a la pensión de Invalidez por fallo contencioso a partir del
24/11/2014 hasta el 09/03/2015.
ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer el valor de las mesadas atrasadas por la diferencia entre
el valor de la mesada pagada y el valor de la nueva mesada por valor de $ 4.064.606 liquidadas
desde el 24/11/2014 al 09/03/2015 (Fecha de estudio), tal como se refleja en la liquidación
efectuada en Excel y que se anexa a este acto administrativo en nueve (9) folios, emanada de
la entidad Fiduciaria La Previsora S. A. "Fomag" por las diferencias del reconocimiento de la
pensión de invalidez por Fallo Contencioso».
3. Fundamentos de la acción
3.1. La parte actora reprochó que el Tribunal Administrativo del Magdalena haya
dispuesto que la pensión de invalidez sería equivalente al 54% del IBL. En su
criterio, dicha autoridad judicial aplicó un régimen normativo que no era el más
favorable, pues en vez de resolver el caso con el artículo 63 del Decreto 1848
de 1969 empleó las normas de la Ley 100 de 1993. Explicó que la primera de
estas dispone que el valor de la pensión mensual será igual al último salario
devengado cuando la incapacidad sea superior al 95%.
Frente a los requisitos generales de procedibilidad, indicó que se cumple con
el presupuesto de inmediatez, teniendo en cuenta que «el accionante promovió la
acción de tutela en un término razonable frente a la pretensión relacionada a la petición, de
toda vez que la presunta vulneración o amenaza corresponde al actuar impropio y contrario a
derecho por parte de las entidades accionadas mas no del actuar del accionante»
(transcripción literal).
3.2. Por otra parte, aseguró que la tutelante debió obtener el reconocimiento y pago
de su pensión de invalidez, más sus mesadas retroactivas, tan pronto esta le
fue reconocida en el año 2023. Sin embargo, no se ha procedido en debida
forma con el cumplimiento del fallo.
Adujo que la accionante se encuentra en una situación de debilidad manifiesta,
teniendo en cuenta que es una persona con pérdida del 96%4 de capacidad
laboral desvinculada de nómina de docentes y del sistema de salud, así como
por su edad. Consecuentemente, «no puede someterse a la espera de un proceso
ejecutivo sin la celeridad y el apremio que significa su condición de salud». Consideró
injustificado e ineficaz volver a someter a litigio un derecho ya debatido por 8
años y solicitado hace 11 años.
Agregó que «el acto por medio del cual se promovió la vulneración no era susceptible de
recurso por lo que el único medio idóneo y eficaz en desarrollo de la jurisprudencia invocada
es la acción de tutela».
4
Las enfermedades en virtud de las cuales se produjo el dictamen de pérdida de la capacidad laboral fueron diabetes
mellitus, hipertensión arterial, fibromialgia, STC bilateral y obesidad.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00225-01
Demandante: Yanilse del Rosario Rovira Padilla
4. Trámite e intervenciones
4.1. Mediante auto de 21 de enero de 2026, se admitió la acción de tutela
interpuesta por la señora Yanilse del Rosario Rovira Padilla contra el Tribunal
Administrativo del Magdalena, el Ministerio de Educación Nacional, el Distrito
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta y el FOMAG, Fiduprevisora.
Asimismo, se reconoció personería al abogado de la parte actora; y se ordenó
efectuar las notificaciones correspondientes, incluyendo a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado.
4.2. El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta adujo que no ha
vulnerado los derechos fundamentales de la parte demandante. También
indicó que lo pretendido no le corresponde en consideración a que esta última
busca dejar sin efectos una providencia judicial proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena. Es el juez de conocimiento quien tiene el deber
de resolver las solicitudes formuladas por las partes. En suma, lo pretendido
es ajeno a la administración distrital.
De otro lado, indicó que la tutela se está empleando como una tercera instancia
adicional.
Por lo expuesto, solicitó no dictar sentencia contra el alcalde distrital de Santa
Marta, puesto que no existe una conducta negligente de su parte.
4.3. El Ministerio de Educación Nacional manifestó que no es el responsable de
la conducta cuya omisión genera la vulneración alegada; de ahí que no le
corresponde pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la acción de
tutela.
Por otra parte, manifestó que la providencia judicial atacada no puede ser
excluida del ordenamiento jurídico, pues el descontento de la parte accionante
no puede servir de base para abrir la puerta a que la jurisdicción constitucional
actúe en reemplazo del juez natural de la causa. La decisión se profirió en
forma legítima, en virtud del principio de autonomía judicial.
Por ende, solicitó que se declare la improcedencia de la acción.
4.4. El Tribunal Administrativo del Magdalena explicó que en principio a la
tutelante sí le eran aplicables las disposiciones contenidas en los Decretos
3135 de 1968 y 1848 de 1969, puesto que la Ley 812 de 2003 no entró a regir
sino a partir del 27 de junio de dicha anualidad. Sin embargo, bajo esta
normativa, particularmente el artículo 60, la accionante no cumplía con los
requisitos allí establecidos en materia de pensión de invalidez, pues cuando
adquirió dicha condición aquella ya no se encontraba activa en el servicio
docente.
Aun así aseguró que esa situación «no excluye el derecho pensional» y que por ese
motivo se aplicó la normativa general del Sistema, es decir los artículos 38 y
39 de la Ley 100 de 1993. Indicó que dicho «régimen resulta aplicable y, además,
más favorable a los intereses de la actora». En cuanto a la cuantía, indicó que utilizó
el artículo 40 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual se ordenó el
reconocimiento pensional equivalente al 54% del IBL.
A su juicio, la providencia cuestionada se profirió en ejercicio de la
competencia del juez natural, con observancia de las reglas procesales
aplicables. Se sustentó en un análisis motivado y razonado del caso, a partir
del estudio de los antecedentes relevantes, del material probatorio obrante en
el expediente y del marco normativo pertinente.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00225-01
Demandante: Yanilse del Rosario Rovira Padilla
De otro lado, sostuvo que lo expuesto en el escrito de tutela no se dirige a
demostrar la existencia de un defecto constitucional específico de los
señalados por la Corte Constitucional para la procedencia de la acción, sino a
controvertir el criterio jurídico adoptado por el juez natural respecto del régimen
aplicable y de la cuantía de la prestación reconocida. Por lo tanto, consideró
que la tutela se está empleando como un intento de reabrir un debate ya
resuelto en el medio de control, lo cual desnaturaliza su carácter excepcional,
subsidiario y residual. Se pretende convertir el mecanismo constitucional en
una tercera instancia del proceso ordinario, a fin de obtener un porcentaje
superior de mesada y el reconocimiento de retroactivos e intereses, lo cual ya
fue definido por el juez natural de la causa.
Aunado a lo anterior, señaló que la tutela no cumple el requisito de inmediatez,
dado que se ejerció fuera del término razonable, teniendo en cuenta que la
providencia censurada se notificó el 28 de septiembre de 2023 y la acción se
ejerció en enero de 2026.
En cuanto a la pretensión encaminada a dejar sin efectos la Resolución 1126
de 28 de octubre de 2024, señaló que se trata de un nuevo acto administrativo
posterior expedido por autoridades administrativas. Por ende, no se le puede
atribuir responsabilidad al juez, pues esa decisión es ajena a la función
jurisdiccional. Pretender que se expida un nuevo acto para el cumplimiento de
la sentencia desborda las atribuciones del juez constitucional, pues para tal
propósito el ordenamiento prevé mecanismos ordinarios idóneos y
específicos, particularmente los relacionados con el cumplimiento y ejecución
de la sentencia establecidos en la Ley 1437 de 2011.
Por todo lo anterior, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela,
porque no se reúnen los requisitos para su procedencia, así como tampoco se
observa ninguna vulneración a los derechos fundamentales invocados.
4.5. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el FOMAG,
Fiduprevisora guardaron silencio en el curso de la presente acción de tutela5.
5. Providencia impugnada
Mediante sentencia de 13 de febrero de 2026, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A declaró la improcedencia de la acción de tutela por
considerar que no se cumple con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad.
Explicó que la tutelante presentó dos reproches. Por una parte, manifestó su
inconformidad frente a la sentencia de segunda instancia de 19 de julio de 2023, en
tanto que reconoció la pensión de invalidez bajo el amparo de la Ley 100 de 1993,
con una tasa de reemplazo del 54% del IBL. En criterio de la accionante debió
aplicársele el régimen especial docente, puesto que ella se incorporó antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. Por ende, la cobijaba el Decreto 1848 de
1969 que asigna una tasa de reemplazo del 100% del IBL cuando la pérdida de la
capacidad laboral es superior al 95%.
Por otra parte, controvirtió la Resolución 1126 de 28 de octubre de 2024, mediante
la cual se dio cumplimiento a la sentencia del 19 de julio de 2023, en tanto ordenó
un único desembolso por concepto de mesadas retroactivas y suspendió el pago de
la mesada porque la docente no se sometió al examen médico periódico previsto en
el Decreto 1655 de 2015.
5
A índice 7 en Samai obra la notificación del auto admisorio a las partes. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y el FOMAG, Fiduprevisora fueron notificados a los siguientes buzones electrónicos:
agencia@defensajuridica.gov.co,mailto:notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co , tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co y
notjudicial@fiduprevisora.com.co
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00225-01
Demandante: Yanilse del Rosario Rovira Padilla
Frente al primer motivo de reproche, se explicó que la tutela no satisface la
exigencia de inmediatez, dado que la providencia censurada se profirió el 19 de julio
de 2023 y se notificó el 28 de septiembre de ese año, mientras que la solicitud de
amparo se radicó hasta el 14 de enero de 2026, es decir más de dos años y tres
meses después. Dicho intervalo es excesivo, más aún si se considera que en el
trámite no se acreditó ninguna circunstancia de carácter excepcional que justifique
la demora en la interposición del amparo.
Si bien en el escrito de tutela la parte actora manifestó que interpuso la tutela en un
término razonable porque está cuestionando una actuación «impropia» de la
Administración, lo cierto es que no se acreditó alguna situación que le hubiera
impedido actuar con prontitud para solicitar la garantía de sus derechos
fundamentales.
Resaltó que no era desproporcionado exigirle a la tutelante haber acudido al juez
constitucional con antelación, en especial si se tiene en cuenta que aquella
interpuso acción de tutela contra el FOMAG y la Secretaría de Educación Distrital
de Santa Marta, para obtener el cumplimiento de la sentencia condenatoria del 19
de julio de 2023, en concreto para conseguir su inclusión en la nómina de
pensionados.
En cuanto al segundo punto de inconformidad, el juez de tutela sostuvo que no se
satisface el requisito de subsidiariedad, pues existe otro mecanismo judicial que
está en curso, a través del cual puede discutir su inconformidad con la Resolución
1126 de 28 de octubre de 2024. Este no es otro que el trámite de desacato
adelantado ante el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta. Aseguró que a
dicho juez de tutela le corresponde definir si la autoridad accionada acató a
cabalidad las órdenes judiciales o si, por el contrario, continúa en desobediencia.
6. Impugnación
La parte actora impugnó la sentencia de tutela de primera instancia. Con relación
al requisito de inmediatez, aseguró que «la decisión adoptada no fue cumplida
inmediatamente por la autoridad encarga de cumplirla y se estaba a la espera que la entidad
Secretaria de educación -Distrito de Santa Marta, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio
hiciera el reconocimiento del acto administrativo» (transcripción literal). Asimismo, sostuvo que
debía tenerse en cuenta que la pensión de invalidez reconocida se causa mes a
mes, lo cual denota que la afectación del debido proceso continúa generándose en
el tiempo.
Adujo que no se busca emplear la tutela como una tercera instancia, sino lo que se
persigue es que el Tribunal Administrativo del Magdalena corrija el yerro generado
extra petita frente al IBL, dispuesto en la sentencia de segunda instancia. Insistió
que, si bien judicialmente se reconoció el derecho al disfrute de la pensión de
invalidez, el Tribunal accionado incurrió en un error al ordenar que la pensión se
reconociera con un IBL de 54%, pues las normas aplicables asignan un porcentaje
del 100% del valor del último salario. Esto como consecuencia de que se vinculó
como docente antes de la expedición de la Ley 812 del 2003.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo
6
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00225-01
Demandante: Yanilse del Rosario Rovira Padilla
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales7
y especiales8 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional9 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Es por tal razón que la procedencia de la acción contra providencias
judiciales exige una mejor fundamentación del vicio que se le atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, en principio le correspondería a la
Sala establecer si le asistió razón al juez de primera instancia al declarar la
improcedencia de la acción de tutela a falta de los requisitos de procedibilidad de la
subsidiariedad e inmediatez.
Sin embargo, del escrito de impugnación se advierte que los argumentos de
inconformidad frente a la sentencia de tutela de primera instancia aluden
únicamente a la exigencia de inmediatez y a la errada interpretación en que
considera incurrió el Tribunal Administrativo del Magdalena en la sentencia de 19
de julio de 2023, proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. Nada se dijo respecto de la Resolución 1126 de 28 de octubre de 2024
expedida por la Secretaría de Educación de Santa Marta ni de su relación con el
requisito de subsidiariedad.
Por lo tanto, la Sala circunscribirá su análisis al reproche expresado por la parte
actora en la impugnación. En consecuencia, se determinará si había lugar a la
declaratoria de improcedencia de la acción de tutela, a la luz del requisito de
inmediatez. Solo en caso de superar dicho análisis, y de encontrar satisfechos los
demás requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se determinará si al proferir la sentencia de 19 de julio de
2023 se incurrió en alguno de los defectos alegados por la parte actora.
7
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal
en la providencia atacada.
8
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido,
(vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa
de la Constitución.
9
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00225-01
Demandante: Yanilse del Rosario Rovira Padilla
4. Alcance del requisito general de la inmediatez
La Corte Constitucional10 ha señalado que si bien no es posible establecer un
término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela, debe existir un
término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los
derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, ya que la
naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino
también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros
afectados11.
En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en un tiempo
prudencial.
Precisamente, en razón a que el análisis de la procedencia de tutela contra
providencias judiciales debe ser más riguroso, la Sala Plena del Consejo de
Estado12 fijó como plazo razonable para la interposición de la acción, un término de
seis meses contados a partir de la notificación de la providencia judicial enjuiciada,
por considerarlo un término prudencial para que el interesado interponga la acción.
Límite temporal que también ha sido acogido por la Corte Constitucional13.
Dicho término razonable para ejercer la acción de tutela se estableció en
consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela
judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad»14.
Sin embargo, dicha providencia también acudió a unas pautas, para examinar las
excepciones a esa regla general, indicando que «además de tener como pauta el término
de seis meses, se debe analizar también: (…) (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los
accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de tutela
surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier
forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición».
Sobre este punto, en la sentencia SU-391 de 2016, la Corte Constitucional aseguró
que «No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del
plazo, sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a la luz de las circunstancias
de cada caso concreto, lo que constituye un término razonable»15.
Por ende, para analizar si este requisito se cumple o no, la Corte Constitucional
brindó cinco criterios: (i) la situación personal del peticionario; (ii) si la vulneración
de derechos fundamentales se extiende en el tiempo; (iii) la naturaleza de la
vulneración; (iv) la actuación contra la que se dirige la tutela; y (v) los efectos de la
tutela.
Así las cosas, tanto las reglas fijadas en la sentencia SU-391 de 2016 como en la
providencia del Consejo de Estado son válidas para estudiar el presupuesto de la
inmediatez. Por esto, el estudio del requisito de inmediatez, además de considerar
10
Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
11
Corte Constitucional. sentencia T-594 de 2008: «el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los casos
de tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más estricta que
en otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre
indefinidamente».
12
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez. Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
13
Sentencia T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
14
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014.
15
Corte Constitucional. Sentencia de unificación SU-391 de 2016.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00225-01
Demandante: Yanilse del Rosario Rovira Padilla
el lapso de seis meses, debe consultar los demás criterios establecidos en la
jurisprudencia constitucional, de manera tal, que caso a caso se estudie el
cumplimiento de este requisito, atendiendo a sus particularidades, sin que el solo
paso del tiempo constituya el criterio exclusivo para efectuar ese estudio.
5. Análisis en el caso concreto
5.1. La Sala advierte que en el caso examinado transcurrieron más de seis meses
entre la notificación del fallo proferido por el Tribunal Administrativo del
Magdalena en el medio de control y la interposición de la acción de tutela.
La prueba de esta afirmación consiste en que tal sentencia se profirió el 19 de
julio de 2023 y el mensaje de datos a efectos de realizar la notificación se
remitió a los correos electrónicos el 28 de septiembre de 2023. De acuerdo
con el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, la notificación se entiende realizada
una vez transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje, motivo
por el cual se advierte que la notificación se surtió el 3 de octubre de 202316.
Sin embargo, la acción de tutela se presentó el 14 de enero de 2026.
Lo anterior implica que, entre la notificación de la sentencia de segunda
instancia controvertida y la interposición del amparo constitucional transcurrió
un lapso mayor a dos (2) años y tres (3) meses. Situación que supera el plazo
razonable de seis meses a que alude la jurisprudencia de esta alta corte.
5.2. Esto, en principio, no significa el incumplimiento del requisito de inmediatez,
ya que el solo paso del tiempo no demuestra su inobservancia. Sin embargo,
al revisar las pautas establecidas por la Sala Plena del Consejo de Estado y
de la Corte Constitucional17 no se encuentra acreditada una situación que
explique por qué la acción de tutela se interpuso luego de transcurrido ese
tiempo.
No se desconoce que en el escrito de impugnación se mencionó que se estaba
esperando a que la Secretaría de Educación del Distrito de Santa Marta y el
FOMAG hicieran el reconocimiento pensional a través del respectivo acto
administrativo; y se agregó que, en todo caso, el asunto versa sobre una
prestación periódica. Sin embargo, no se considera que tales circunstancias
constituyan justificaciones válidas para no haber acudido oportunamente ante
el juez de tutela, pues no se trata de verdaderos impedimentos para acudir a
la administración de justicia.
Además, no se advierte razón que le imposibilitara a la parte actora acudir al
juez con antelación, si se tiene en cuenta que en el año 2024 esta última
interpuso acción de tutela a fin de buscar el cumplimiento de la sentencia de
19 de julio de 2023. Esto significa que así como interpuso tal acción, pudo
haber presentado oportunamente una tutela para exponer las inconformidades
frente a la sentencia de segunda instancia de 19 de julio de 2023.
En consecuencia, la Sala considera que no existe motivo fundado que le
hubiese impedido a la parte actora interponer la acción con anterioridad una
vez se le notificó la sentencia de segunda instancia.
5.3. Es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida por un juez
mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los principios
de independencia, autonomía funcional y juez natural. Por consiguiente, a fin
de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una decisión judicial sin
16
La notificación se entiende realizada una vez transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje, conforme lo
establece el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011.
17
Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencias SU-391 de 2016, T-246 de 2015, T-594 de 2008, T-158 de 2006, T-
1110 de 2005, SU-961 de 1999.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00225-01
Demandante: Yanilse del Rosario Rovira Padilla
efectos y tales principios es imperativo que se cumplan con rigor cada uno de
los requisitos generales señalados jurisprudencialmente.
En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales está sujeta al
cumplimiento de una serie de requisitos. Si los generales no se cumplen, no
hay lugar a estudiar el asunto de fondo.
Entonces, es condición imprescindible para analizar los defectos propuestos
por la parte actora que todos los presupuestos generales se cumplan a
cabalidad. Solo así será procedente, proseguir al segundo estadio de análisis
consistente en determinar si las autoridades judiciales accionadas incurrieron
en los defectos planteados por la tutelante.
6. Conclusión
Con base en lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia impugnada en la cual se
declaró la improcedencia de la acción, por las razones previamente expuestas.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia impugnada de 13 de febrero de 2026, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.