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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00227-00

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00227-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por la señora Lorein Elizabeth Osses Méndez. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00227-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00227-00
Accionante: LOREIN ELIZABETH OSSES MÉNDEZ
Accionados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B Y OTROS

Tema: Falta de legitimación en la causa por activa para alegar mora
judicial – Improcedencia de la acción ante la falta de
agotamiento de mecanismos de defensa en procedimiento
administrativo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para conocer la acción de tutela presentada por la parte
actora en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, la
Comisión Nacional del Servicio Civil, el Ministerio del Trabajo, la Universidad
Libre y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591
de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los
decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 22 de enero de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. La señora Lorein Elizabeth Osses Méndez, actuando en nombre propio,
interpuso acción de tutela en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda,

1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2
Índice 4 Samai. Se precisa que se notificó como accionados a la Comisión Nacional del Servicio Civil,
al Ministerio del Trabajo, a la Universidad Libre, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B y al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. A su vez, se vinculó
a los señores Rubén Darío Robayo Ortiz, Alfonso de Jesús Cardona Vanegas, Javier Enrique Rosas
Walteros, Xavier José Mercado Mejía, Jorge Uribe Quintero, Andrea Lilian Uribe Peña, Olga Marina
Espitia Castillo, Ana Patricia Gil Montoya, Margarita María Osorio Arango, Nidia Estela Graciano
Ramírez9 y Daniel Alfonso Linares Gonzales10 y a los participantes del Proceso de Selección 2618
de 2024. Adicionalmente, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los
términos del artículo 610 del Código General del Proceso.

1
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Accionante: Lorein Elizabeth Osses Méndez
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00227-00

Subsección B, la Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante CNSC), el
Ministerio del Trabajo, la Universidad Libre y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B. Con la solicitud de amparo
pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al «debido proceso,
principio del mérito, a la unidad de materia, al contenido programático y aritmético
del acuerdo, derecho al trabajo y estabilidad laboral, entre otros».

2. La transgresión de sus garantías constitucionales se la adjudica a: i) unas
presuntas irregularidades que tuvieron lugar en el marco del Proceso de
Selección 2618 de 2024 para proveer empleos en vacancia definitiva del Sistema
General de Carrera Administrativa de la planta de personal del Ministerio del
Trabajo, las cuales están relacionadas con el método para determinar los valores
porcentuales de las preguntas correspondientes al examen de conocimiento; ii)
la presunta mora judicial injustificada en dos procesos judiciales3 adelantados
ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B, y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, los cuales guardan
relación con la controversia suscitada.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

5.1. Principales.

5.1.1. Que se amparen mis derechos fundamentales al Debido proceso, igualdad
de oportunidades en el acceso a la función pública, principio del mérito, A la unidad
de materia, al contenido programático y aritmético del acuerdo, derecho al trabajo
y estabilidad laboral, entre otros.

5.1.2. Que como consecuencia de las irregularidades mencionadas que afectan de
manera grave y sustancial el desarrollo del proceso de selección, se ordene a la
Comisión Nacional del Servicio Civil ajustar el anexo técnico y el acuerdo, a efectos
de dejar las reglas claras sobre los valores de cada pregunta y la explicación de la
formula no incluida.

5.1.3. Cumplido lo anterior y, como consecuencia de las irregularidades
mencionadas que afectan de manera grave y sustancial el desarrollo del proceso
de selección, se ordene a la Comisión Nacional del Servicio Civil dejar sin efecto
la prueba escrita realizada el día 18 de agosto de 2025, y en su lugar, se
nuevamente la inscripción del proceso de selección y su respectiva valoración.

5.1.4. Cumplido lo anterior y, como consecuencia de las irregularidades
mencionadas que afectan de manera grave y sustancial el desarrollo del proceso
de selección, se ordene a la Comisión Nacional del Servicio Civil dejar sin efecto
la prueba escrita realizada el día 18 de agosto de 2025, y en su lugar proceda a
realizar la citación y se lleve a cabo nuevamente la presentación de la prueba
escrita del citado proceso.

5.1.5. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca dar impulso procesal
al Radicado No. 250002341000202401576-00, que cursa ante la Sección Primera
• Subsección B; y del mismo modo, ordenar dar impulso al Consejo de Estado Sala
de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda – Subsección B en contra de

3
Corresponden a un proceso de nulidad simple identificado con el radicado 11001-03-25-000-2024-
00309-00 y uno de acción popular con radicado 250002341000202401576-00.

2
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Radicación No. 11001-03-25-000-2024-00309-00 (4108-2024), en especial las
medidas cautelares.

5.2. Subsidiarias.

5.2.1. Ordenar a la Universidad Libre: a) Publicar la fórmula completa, constantes
y reglas del “ajuste proporcional”, y recalcular el puntaje del accionante conforme
a reglas claras y verificables; b) Resolver de fondo la reclamación individual
explicando paso a paso el cálculo y el “valor de referencia” aplicado; c) Anular los
ítems impugnados (p. ej., #1, 3, 15, 16, 22, 26, 40, 41, 42, 45), por
desalineación/ambigüedad/contradicción normativa, y asignar puntaje a favor o
recalificar excluyéndolos.

5.2.2. Ordenar que la prueba escrita sea sometida a un segundo calificador, bajo
la vigilancia del Ministerio de Educación; además; de unos delegados del Ministerio
de Trabajo, OIT y, la PGN.

5.2.3. Ordenar a la CNSC: a) Abstenerse de consolidar/usar resultados y no
conformar lista respecto de la OPEC del accionante hasta cumplir lo anterior; b)
Garantizar un mecanismo de verificación pública del cálculo.

1.2. Hechos

4. La CNSC expidió el Acuerdo 20 del 16 de mayo de 2024 «Por el cual se
convoca y establecen las reglas del Proceso de Selección, en la modalidad de
Ascenso y Abierto, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes
al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal del
Ministerio de Trabajo – Proceso de Selección No. 2618 de 2024». A su vez, la
autoridad profirió un documento anexo al acuerdo «Por el cual se establecen las
especificaciones técnicas de las diferentes etapas del “Proceso de selección
2618 de 2024”».

5. Por su parte, el 24 de mayo de 2024, el Ministerio del Trabajo expidió la
Resolución 1780 por medio de la cual modificó el manual de funciones de la
entidad.

6. Los señores Nelson Camilo Neuque Díaz y otros4 presentaron demanda
de simple nulidad5 en contra de la CNSC y el Ministerio del Trabajo, con el fin de
que se declarara la nulidad del Acuerdo 20 del 16 de mayo de 2024 y de la
Resolución 1780 del 24 de mayo de 2024. A su vez, solicitaron como medida
cautelar la suspensión provisional de los actos administrativos cuestionados.

7. Mediante auto del 14 de enero de 2025, la Sección Segunda, Subsección
B del Consejo de estado admitió la demanda y en providencia del 30 de abril del
mismo año, dicha autoridad judicial negó la solicitud de medida cautelar. Los

4
Rubén Darío Robayo Ortiz, Alfonso de Jesús Cardona Vanegas, Javier Enrique Rosas Walteros,
Xavier José Mercado Mejía, Jorge Uribe Quintero, Andrea Lilian Uribe Peña, Olga Marina Espitia
Castillo, Ana Patricia Gil Montoya, Margarita María Osorio Arango y Nidia Estela Graciano Ramírez.
5
Proceso identificado con el número de radicado 11001-03-25-000-2024-00309-00.

3
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actores promovieron recurso de súplica contra esta decisión, la cual fue
confirmada mediante auto del 18 de julio de 2025.

8. De igual forma, el señor Daniel Alfonso Linares González promovió el
medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos 6 contra el
Ministerio del Trabajo y la CNSC, con el fin de que se ampararan las garantías a
la moralidad y el patrimonio públicos, las cuales consideró vulnerados con
ocasión de la convocatoria del Acuerdo 20 del 16 de mayo de 2024. Esta
demanda fue admitida por la Sección Primera, Subsección B del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en auto del 3 de febrero de 2025.

9. A su vez, el 29 de mayo de 2025, la CNSC informó a la ciudadanía sobre
la oferta pública de empleos de carrera (OPEC) en la que se ofertaban 1300
vacantes en virtud de dicha convocatoria.

10. El 4 de abril de 2025, la Licitación Pública 001 de 2025 para adelantar las
distintas etapas del concurso de méritos fue adjudicada a la Universidad Libre.
Esta institución estaría encargada de llevar a cabo lo siguiente: i) verificación de
requisitos mínimos; ii) aplicación de pruebas escritas; iii) pruebas de ejecución
para los empleos y, iv) valoración de antecedentes.

11. La señora Osses Méndez se inscribió al concurso de méritos como
aspirante a uno de los cargos ofertados. El 13 de junio de 2025 se publicaron los
resultados preliminares de la fase de verificación de requisitos mínimos y la
recepción de reclamaciones tuvo lugar el 16 y 17 del mismo mes y año.

12. En virtud de lo anterior, el 8 de julio de 2025 se realizó la publicación de
los resultados definitivos de esta etapa, mediante los cuales se determinó que la
actora fue inadmitida en esta fase, al considerarse que no cumplía con los
requisitos mínimos, específicamente, en lo que concierne a la experiencia laboral.
Inconforme con ello, la señora Osses Méndez elevó la respectiva reclamación y
mediante Oficio de julio de 2025, fue confirmado el estado de «no admitida»,
motivo por el cual se dispuso que aquella no continuaría en el concurso.

13. Frente a dicha decisión, la actora promovió acción de tutela7, proceso en
virtud del cual se ordenó que fuera citada a la siguiente etapa correspondiente a
las pruebas escritas8. No obstante, mediante fallo del 22 de agosto de 2025, el
Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga negó el amparo solicitado por la
señora Osses Méndez, con lo que se dejó en firme la decisión de inadmitirla en
el concurso de méritos, a pesar de que presentó las respectivas pruebas.

6
Proceso identificado con el radicado número 25000-23-41-000-2024-01576-00.
7
Se pone de presente que de este trámite, que se adelantó ante el Juzgado Primero de Familia de
Bucaramanga, se tuvo conocimiento a partir del informe rendido por la CNSC y la Universidad Libre,
puesto que la actora no brindó contexto alguno de la existencia de dicha acción que en su momento
promovió.
8
El 18 de agosto de 2025 se realizaron las pruebas de competencias funcionales y comportamentales,
en las cuales participó la tutelante.

4
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14. El 10 de septiembre de ese año, se publicaron los resultados preliminares
de esta etapa de pruebas escritas, frente a los cuales los aspirantes contaron con
5 días hábiles para presentar las respectivas reclamaciones por medio del
Sistema de Apoyo a la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO). Esto, de
conformidad con los términos del artículo 13 del Decreto 760 de 2005.

15. El 13 de febrero de 2026, la Sección Primera, Subsección B del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia de primera instancia en el
proceso de acción popular adelantado contra el Ministerio del Trabajo y la CNSC,
la cual fue notificada el 18 del mismo mes y año.

3. Sustento de la vulneración

16. La actora puso de presente algunas presuntas irregularidades que han
tenido lugar en el marco del desarrollo del concurso de méritos en relación con:
i]) el acto por medio del cual se estableció la convocatoria al concurso y su
respectivo anexo; ii) la Resolución 1780 del 24 de mayo de 2024 del Ministerio
del Trabajo y, iii) el desarrollo de las pruebas de conocimiento.

17. En primer lugar, la señora Osses Méndez cuestionó la legalidad del
Acuerdo 20 del 16 de mayo de 2024 y su anexo técnico, puesto que consideró
que mediante este acto administrativo no se estableció claridad sobre las reglas
ni el método para determinar los valores porcentuales de cada una de las
preguntas de las pruebas de conocimiento del concurso. A su vez, aseguró que
«tampoco se estableció en virtud del derecho comparado, la circular de empleos
que no debían salir a concurso, por encontrarse en situaciones de fueros
especiales como ocurren en los demás concursos».

18. Con respecto a la Resolución 1780 del 24 de mayo de 2024 del Ministerio
del Trabajo, argumentó que, mediante dicho acto, la autoridad modificó su
manual de funciones en contravía de lo dispuesto por «la normatividad que exige
que dichas modificaciones se realicen con una antelación no inferior a seis meses
respecto de la publicación de la convocatoria».

19. Puso de presente que sobre dicho manual de funciones cursa actualmente
una demanda de nulidad simple y aseguró que, en dicho trámite, no se ha
resuelto la solicitud de suspensión provisional. Agregó que esta circunstancia
evidencia la existencia de un litigio pendiente sobre la legalidad del marco
normativo del concurso y que, a pesar de ello, el proceso de selección avanzó.
Al respecto, aseguró que a la fecha de radicación de la presente acción
constitucional no se había proferido una decisión definitiva en los procesos de
nulidad simple y de acción popular que se adelanta contra los actos
administrativos expedidos en el marco del concurso de méritos.

20. Sobre las presuntas irregularidades presentadas en las pruebas de

5
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competencias funcionales y comportamentales que tuvieron lugar el 18 de agosto
de 2025, señaló que hubo una anomalía en la fecha del examen, puesto que a
pesar de que se realizó el 18 de agosto, el cuadernillo tenía como fecha impresa
el 25 de julio de 2025. A su juicio, ello puede ser indicio de que algunos
participantes tuvieron acceso al examen previamente.

21. A su vez, aseguró que se presentaron diversas inconsistencias en la
formulación de las preguntas del examen escrito, tales como la existencia de
preguntas que: i) no correspondían con los ejes temáticos de la convocatoria: ii)
admitían «múltiple opción de respuesta correcta»; iii) no se ajustaban a las
competencias funcionales del cargo ofertado; iv) no tenían ninguna respuesta
que se adecuara «en estricto sentido al planteamiento»; v) estaban redactadas
de forma contradictoria o confusa; vi) la metodología de clasificación fue irregular,
pues afirmó que personas con iguales aciertos, obtuvieron puntajes distintos.

22. Indicó que, a pesar de haber constatado en su hoja de respuestas en la
prueba funcional que obtuvo un puntaje igual o superior a otros participantes que
continúan actualmente en el concurso, su estado actual es que no continúa en
dicho proceso. En tal sentido, consideró que, ante el desconocimiento de la
metodología de calificación, se encontraba en una situación de desigualdad
frente a los demás concursantes.

23. Sostuvo que, de no ser corregidos los puntajes obtenidos en la prueba, se
consolidará una lista de elegibles en la que su derecho a acceder al empleo en
igualdad de condiciones se verá afectado de forma irreversible.

24. Argumentó que las reglas del concurso fueron modificadas con respecto a
lo previamente establecido en la convocatoria y el anexo técnico, lo que implicó
una vulneración a su debido proceso.

25. Alegó que «la fórmula utilizada por la Universidad Libre y la CNSC
distorsiona los resultados y afecta el mérito» al introducirse en el concurso
«factores que generan un efecto discriminatorio y perjudicial frente a quienes
obtuvieron resultados consistentes, pero fueron desfavorecidos por el método de
ponderación».

1.4. Intervenciones

26. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B allegó un informe de las distintas actuaciones adelantadas al
interior del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
promovido por el señor Daniel Alfonso Linares e identificado con el radicado
250002341000202401576-00. Puso de presente que el proceso ingresó el 12 de
diciembre de 2025 al despacho en turno para proferir sentencia y que la
respectiva sentencia será dictada de conformidad con la normativa que regula el
sistema de prelación de turnos. Finalmente, aseguró que al interior del trámite

6
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no se han vulnerado garantías o derechos fundamentales.

27. La Universidad Libre solicitó que se declare la improcedencia de la
acción de tutela al no superarse el requisito de subsidiariedad, al contar con el
medio de control de nulidad y restablecimiento para controvertir el resultado de
las pruebas.

28. Informó que la actora no está legitimada para controvertir la etapa del
proceso de las pruebas escritas, puesto que aquella fue declarada «no admitida»
en la fase de verificación de requisitos mínimos, motivo por el cual aquella está
excluida del proceso concursal.

29. Aclaró que, a pesar de que la señora Osses Méndez fue citada
preventivamente a la prueba escrita, en virtud de una tutela que aquella promovió
contra la decisión que la excluyó de tal procedimiento, ello no implicó su
admisión. Agregó que el Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga negó el
amparo solicitado en dicho trámite, motivo por el cual la decisión de excluirla del
concurso quedó en firme y, en tal sentido, los resultados de la prueba escrita no
podían producir efectos jurídicos sobre su situación particular. Expuso que, por
tanto, la tutelante no estaba legitimada para controvertir las pruebas escritas ni
acceder a la etapa de reclamaciones, puesto que este trámite está reservado
exclusivamente para aspirantes formalmente admitidos.

30. Argumentó que la acción no cumple con el requisito de inmediatez puesto
que su exclusión del concurso quedó en firme desde julio de 2025, mientras que
el mecanismo de amparo fue promovido en enero del 2026, motivo por el cual el
lapso se considera como irrazonable e injustificado.

31. Finalmente, expuso a detalle todo el marco normativo que rige el concurso
de méritos y la etapa de pruebas escritas y afirmó que el proceso de selección
ha aplicado criterios razonables y ajustados a derecho.

32. La Comisión Nacional del Servicio Civil solicitó que se declare la
improcedencia de la acción ante el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad. Al respecto, indicó que el presente mecanismo versa sobre una
inconformidad de la señora Osses Méndez con respecto a las normas que rigen
el concurso de méritos y, específicamente, la etapa de pruebas escritas. Agregó
que, por tanto, cuenta con mecanismos judiciales idóneos para cuestionar la
legalidad de los actos que regulan dicho procedimiento, tales como el acuerdo
de convocatoria. Agregó que la actora no acreditó encontrarse en una situación
de perjuicio irremediable que posibilite la procedencia excepcional de la acción.

33. En relación con la situación particular de la actora en el proceso de
selección, reiteró lo expuesto por la Universidad Libre, con respecto a su
exclusión del concurso de méritos al no aprobar la etapa de verificación de
requisitos mínimos.

7
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Accionante: Lorein Elizabeth Osses Méndez
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00227-00

34. La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado solicitó que
se negaran las pretensiones de la acción, en la medida en que no ha vulnerado
los derechos fundamentales de la actora. En relación con el proceso de nulidad
simple objeto de una de las pretensiones formuladas por la señora Osses
Méndez, señaló que no ha incurrido en ninguna dilación injustificada, dado que
el 27 de enero de 2026 se notificó el auto del 12 de diciembre de 2025 por medio
del cual el despacho ponente adoptó la modalidad de sentencia anticipada en
los términos de la Ley 1437 de 2011. Agregó que las pretensiones principales de
la tutelante no están dirigidas contra dicha autoridad judicial, motivo por el cual
el concepto de violación invocado no guarda relación con las actuaciones
surtidas al interior de dicho proceso judicial.

II. CONSIDERACIONES

35. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, pues que se
considera que la actora: i) carece de legitimación en la causa por activa en
relación con la mora judicial alegada con respecto a los procesos de nulidad
simple y de acción popular y, ii) no agotó los mecanismos idóneos con los que
contaba para la defensa de sus derechos.

2.1. Delimitación de estudio del caso

36. De las pretensiones y argumentos formulados por la actora en el escrito
inicial, la sala concluye que la controversia propuesta gira en torno a dos asuntos:

(i) La presunta mora judicial injustificada en que han incurrido la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado y la Sección Primera,
Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el trámite
de los procesos de simple nulidad (radicado 11001-03-25-000-2024-
00309-00) y de acción popular (radicado 250002341000202401576-00),
respectivamente.

(ii) Las irregularidades alegadas en las que se habría incurrido en las
distintas actuaciones que se han adelantado en el trámite del Proceso de
Selección No. 2618 de 2024.

37. Por tanto, la sala llevará a cabo un estudio bipartito del presente litigio.

2.2. Estudio de la presunta mora judicial

La solicitud de amparo no cumple con el requisito general de legitimación
en la causa por activa

38. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien

8
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promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).

39. Frente al cargo por presunta mora judicial, esta Sección considera que la
solicitud de amparo no cumple con el requisito general de procedibilidad de
legitimación en la causa por activa.

40. De conformidad con lo expuesto, la señora Osses Méndez asegura que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B y el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B han incurrido en mora
judicial injustificada al interior de los procesos de acción popular (radicado
250002341000202401576-00) y de nulidad simple (radicado
50002341000202401576-00) que, respectivamente, adelantan.

41. De la revisión del expediente, del material probatorio allegado y de lo
acreditado por la actora mediante la documentación anexa al escrito de tutela, se
concluye que la interesada no ha sido sujeto procesal en ninguno de dichos
procesos y tampoco ha solicitado ser reconocida como coadyuvante, ni ha
intervenido de forma alguna en los procesos judiciales de los que se predica la
tardanza injustificada.

42. Si bien la actora acreditó que ha participado como aspirante en el proceso
de selección objeto de tales procesos judiciales, se advierte que no está
legitimada para promover la presente acción de tutela contra las autoridades
judiciales que conocen de dichos trámites. Como se afirmó previamente, este
requisito consiste en verificar que quien promueve la acción sea el titular del
derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que
se aducen vulnerados. En el presente caso, la tutelante no acreditó de forma
alguna ser parte de tales procesos, ni tampoco probó haber intervenido o
solicitado ser coadyuvante en dicho trámite.

43. Dado que, en litigios en los que la vulneración alegada se predique de una
tardanza injustificada al interior de un proceso judicial, la titularidad de los
derechos fundamentales está en cabeza, en principio, de los sujetos procesales,
coadyuvantes e intervinientes del trámite respectivo, es necesario concluir que la
señora Osses Mendoza no está legitimada en la causa por activa para promover
la presente acción constitucional en relación con este cargo. Por tanto, se
declarará la improcedencia de la acción por falta de legitimación en la causa por
activa.

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2.3. Estudio de las presuntas irregularidades al interior del Proceso de
Selección No. 2618 de 2024.

La solicitud de amparo no cumple con el requisito general de
subsidiariedad

44. Legitimación en la causa. La Sala advierte que, en relación con este
asunto, la señora Lorein Elizabeth Osses Méndez está legitimada en la causa por
activa, en la medida en que acreditó su participación en el concurso de méritos
llevado a cabo en el marco del Proceso de Selección No. 2618 de 2024, trámite
del cual predica la vulneración de sus garantías constitucionales dadas las
presuntas irregularidades que, a su juicio, se han presentado. A su vez, se
evidencia que la CNSC, el Ministerio del Trabajo y la Universidad Libre están
legitimados en la causa por pasiva al haber adelantado las distintas actuaciones
en el marco de dicho procedimiento, de las cuales se predica la vulneración
alegada mediante este mecanismo de amparo.

45. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de
defensa. En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que
la acción de tutela solo procede en dos casos excepcionales9: i) como mecanismo
de protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de defensa
judicial idóneo10 y eficaz11; y, ii) como mecanismo de protección transitorio.

46. De igual forma, la Corte Constitucional12 «ha manifestado de forma
reiterada que acudir a la acción de tutela cuando existen mecanismos ordinarios
de defensa, desconoce que los procedimientos administrativos y los procesos
ante la administración de justicia son los primeros y más propicios escenarios
para garantizar la vigencia de los derechos fundamentales». (Énfasis de la sala).

47. Ahora bien, la actora cuestionó la legalidad de diversos actos que se han
dictado al interior del concurso de méritos objeto de este mecanismo: i) el
Acuerdo 20 del 16 de mayo de 202413 y el documento anexo al acuerdo14; ii) La
Resolución 1780 del 24 de mayo de 2024 expedida por el Ministerio del Trabajo;
iii) los resultados de las pruebas de competencias funcionales y
comportamentales del proceso de selección.

9
Corte Constitucional, Sentencia T-183 de 2024.
10
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para producir
el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de 2019.
11
La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está
diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.
12
Ver: sentencia T-241 de 2013.
13
«Por el cual se convoca y establecen las reglas del Proceso de Selección, en la modalidad de
Ascenso y Abierto, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de
Carrera Administrativa de la planta de personal del Ministerio de Trabajo – Proceso de Selección No.
2618 de 2024».
14
«Por el cual se establecen las especificaciones técnicas de las diferentes etapas del “Proceso de
selección 2618 de 2024”»

10
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48. Por motivos metodológicos, se estudiará el cumplimiento del requisito de
subsidiariedad frente a cada uno de los actos que la tutelante cuestiona.

2.3.1. Acuerdo 20 del 16 de mayo de 2024 – y su documento anexo – y
Resolución 1780 del 24 de mayo de 2024}

49. Para la Sala, este requisito no se advierte cumplido en la medida en que
estos actos administrativos que cuestiona son de naturaleza general, impersonal
y abstracta, motivo por el cual el mecanismo judicial idóneo para cuestionar su
legalidad es el medio de control de nulidad simple consagrado en el artículo 137
de la Ley 1437 de 2011. A su vez, la actora cuenta con la posibilidad de solicitar
las medidas cautelares que considere pertinentes, de conformidad con los
artículos 229 y siguientes de dicha normatividad.

50. Ahora bien, tal como fue puesto de presente por la actora, actualmente se
adelantan dos procesos relacionados con el objeto de la controversia suscitada
por la actora: uno de nulidad simple y una acción popular. Mientras que en el
primero no se ha dictado un fallo definitivo, en el segundo se dictó sentencia de
primera instancia el 13 de febrero de 2026. Por tanto, la señora Osses Méndez
también cuenta con la posibilidad de acudir a dicho trámite y solicitar ser
reconocida como coadyuvante en dichos trámites, en los términos del artículo 71
del Código General del Proceso.

51. La existencia de tales procesos que se encuentran en curso y que versan
sobre el objeto del litigio suscitado por la accionante impiden que el juez de tutela
se pronuncie sobre el fondo del asunto, pues ello implicaría trascender su órbita
de competencia. Lo anterior, tomando en consideración que de los argumentos
expuestos en el escrito inicial no es posible advertir alguna amenaza grave e
inminente a las garantías de la actora en su situación particular y concreta, que
habilite excepcionalmente la competencia del juez de tutela para la protección de
garantías fundamentales transgredidas o amenazadas.

52. En virtud de lo anterior, se advierte que frente al cuestionamiento de la
legalidad de tales actos administrativos no se supera el requisito de
subsidiariedad y, por tanto, se declarará la improcedencia de la acción.

2.3.2. Resultados de las pruebas de competencias funcionales y
comportamentales del proceso de selección.

53. En relación con los cuestionamientos dirigidos a los exámenes
desarrollados en el marco del concurso de méritos, es necesario poner de
presente que el 8 de julio de 2025 se realizó la publicación de los resultados
definitivos de la etapa de verificación de los requisitos mínimos, en la que se
determinó que la actora fue inadmitida al proceso de selección, al considerarse
que no cumplía con las exigencias relacionadas con la experiencia laboral. A su
vez, se acreditó que, frente a dicha decisión, la señora Osses Méndez elevó la

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respectiva reclamación. Mediante Oficio de julio de 2025, fue confirmado el
estado de «no admitida» de la actora, motivo por el cual se dispuso que ella no
continuaría en el concurso.

54. En el expediente no obra prueba alguna que la interesada hubiera
cuestionado la legalidad de dicha decisión ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. Al respecto, la sala considera que dicha decisión era susceptible
de ser demandada mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, al tratarse de un acto particular y concreto definitivo en relación con
su situación en el concurso de méritos, pues en virtud de este la señora Osses
Méndez quedó excluida del proceso de selección.

55. Ahora bien, de conformidad con los informes rendidos por la Universidad
Libre y la CNSC, en el marco de dicha decisión de la administración, la actora
promovió acción de tutela y, en virtud de este mecanismo, se le permitió presentar
las pruebas escritas que tuvieron lugar el 18 de agosto de 2025. No obstante, se
acreditó que el juez de tutela negó el amparo invocado por la actora15, motivo por
el cual la decisión de su exclusión del trámite de selección quedó en firme, en la
medida en que esta no fue controvertida ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

56. La falta de diligencia de la actora frente a esta decisión de la administración
sería un argumento suficiente para declarar la improcedencia de la acción por no
haber agotado el mecanismo judicial con el que contaba para cuestionar su
legalidad. Sin embargo, dado que se acreditó que la actora participó en las
pruebas escritas que se efectuaron en el proceso de selección, se procederá a
analizar la procedencia de la acción en relación con los cuestionamientos
dirigidos contra los resultados de tales exámenes.

57. De conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, se
tiene que el 18 de agosto de 2025 se realizaron dichas pruebas y el 10 de
septiembre siguiente se publicaron los respectivos resultados. A pesar de que la
actora formuló argumentos mediante los cuales pretendió poner de presente
algunas irregularidades que, a su juicio, tuvieron lugar en el desarrollo de esta
etapa del concurso y que habrían vulnerado sus derechos fundamentales, lo
cierto es que la actora no acreditó haber promovido las respectivas
reclamaciones mediante el sistema dispuesto para el efecto.

58. Dado que la tutelante no acreditó el agotamiento de los recursos con los
cuales contaba ante la administración, se concluye que la pretensión de la acción
de tutela tendiente a cuestionar el desarrollo de las pruebas escritas y los

15
Al respecto, la sala pone de presente que no se cuenta con la información correspondiente a las
distintas actuaciones surtidas al interior de dicho proceso de tutela, dado que en el escrito de tutela no
se puso de presente dicho litigio y las pretensiones y argumentos formulados no versaron sobre aquel
trámite judicial. La existencia de dicho trámite fue advertida a partir de las intervenciones de la
Universidad Libre y la CNSC, quienes lo pusieron de presente e hicieron únicamente referencia al
sentido de la decisión.

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respectivos resultados no cumple con el requisito general de subsidiariedad.

59. Por su parte, se pone de presente que de los argumentos expuestos en el
escrito inicial no es posible advertir alguna amenaza grave e inminente a los
derechos fundamentales al interior del procedimiento administrativo que se
adelanta en el marco del concurso de méritos, puesto que el simple hecho de
haber obtenido una calificación desfavorable a sus intereses no implica, a priori,
una vulneración de sus garantías constitucionales.

60. Aunado a lo anterior, no es admisible que la administrada pretenda que,
mediante la acción de tutela, se ordene la protección de los derechos
fundamentales en el marco de un procedimiento administrativo en el que ni
siquiera intentó acudir a los mecanismos que este le brindaba para el ejercicio y
la efectividad de las garantías constitucionales invocadas.

61. En este orden de ideas, dada la falta de agotamiento de los mecanismos
de defensa con los que contó la actora en el marco del proceso de selección
objeto de la controversia propuesta, esta acción de tutela se torna improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta
por la señora Lorein Elizabeth Osses Méndez.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

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GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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