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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00235-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00235-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia del 12 de febrero de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, presentada por el señor Carlos Enrique Andrade Cárdenas. SEGUNDO: Notificar a las partes y a los terceros en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y enviar copia de esta al despacho de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00235-01

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

16 de abril de 2026

Demandante: Carlos Enrique Andrade Cárdenas
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00235-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00235-01
Demandante: CARLOS ENRIQUE ANDRADE CÁRDENAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SALA DE
DECISIÓN A

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Improcedencia de
la acción por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional. Confirma decisión de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide la impugnación instaurada por la parte actora contra la sentencia
del 12 de febrero de 2026, por la cual la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir
el requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El señor Carlos Enrique Andrade Cárdenas, por medio de apoderado judicial,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
Decisión A, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.

Estimó vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de la
providencia del 23 de octubre de 2025, mediante la cual la autoridad judicial
confirmó la sentencia del 4 de agosto de 2025 proferida por el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla que declaró probada la
excepción de inepta demanda.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora pretende:

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Demandante: Carlos Enrique Andrade Cárdenas
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00235-01

1.- Tutelar al señor CARLOS ENRIQUE ANDRADE CARDENAS los
derechos constitucionales fundamentales AL DEBIDO PROCESO, Y AL
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. Como consecuencia de
lo anterior, dejar sin efecto la sentencia proferida por EL TRIBUNAL DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA DE
DECISIÓN ORAL A-Magistrada Ponente: Dra. JUDITH ROMERO
IBARRA, expediente radicado con el número 08-001-33-33-012-2023-
00132-01 JR.

2.- Ordenar consecuencialmente, se sirva ordenar a la accionada proferir
sentencia respetando en la misma los antecedentes jurisprudenciales
contenidos en las sentencias referidas en todas las actuaciones de este
proceso, proferidas a favor de la parte actora en esos procesos por hechos
y pretensiones exactamente iguales a las que se pretenden en este
proceso1.

1.3. Hechos

Revisada el expediente se hallaron los siguientes supuestos fácticos que, a juicio
de la sala, resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar en el presente
asunto.

El señor Carlos Enrique Andrade Cárdenas fue vinculado en el año 20072 a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, delegación Atlántico [en adelante RNEC]
en calidad de auxiliar administrativo bajo la modalidad de provisionalidad.
Posteriormente, el 18 de agosto de 20213, ascendió por mérito al cargo de
Secretario, igualmente en provisionalidad.

Explicó que entre el 29 de octubre de 2021 y el 3 de octubre de 2022, la RNEC
expidió cinco resoluciones sucesivas [0543, 0074, 0329, 0597 y 0814] mediante
las cuales prorrogó de manera consecutiva su nombramiento en el cargo de
Secretario.

Relató que el 2 de noviembre de 2022, la RNEC dio por terminado el vínculo
laboral mediante un acto administrativo que, a su parecer, carecía de motivación,
después de haber prestado sus servicios de manera continua durante quince
años y cinco meses.

Contó que, a raíz de la desvinculación ocurrida, interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho. Alegó que la entidad excedió el límite legal de
nombramientos en provisionalidad y que el acto de retiro careció de motivación
jurídica.

1 Transcripción literal del escrito de tutela presentado, con posibles errores.
2 Resolución 112 del 28 de mayo de 2007 por medio de la cual se nombró al actor como auxiliar

administrativo código 5120-grado 04 en provisionalidad.
3 Resolución 422 del 18 de agosto de 2021 por medio de la cual fue ascendido al cargo de

secretario 5140-06. Hasta el día 17 de noviembre de 2021.
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Demandante: Carlos Enrique Andrade Cárdenas
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A
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El proceso correspondió al Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla4, el cual declaró probada la excepción de inepta demanda a favor de
la entidad demandada. Fundamentó su decisión en que la terminación laboral no
se originó en la comunicación de despido del 2 de noviembre de 2022, sino en la
Resolución 814 del 3 de octubre de 2022, que autorizaba el nombramiento
discrecional únicamente hasta esa fecha. Al no cuestionarse la legalidad de dicha
resolución, sino solo el acto posterior, el juez concluyó que la demanda resultó
inepta.

Posteriormente, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A
conoció el proceso en segunda instancia. Confirmó el fallo de primera instancia y
profirió un pronunciamiento inhibitorio5. Fundamentó su decisión en que el
demandante dirigió la acción contra el acto equivocado, dado que el acto que
definió la situación jurídica del trabajador fue la Resolución 814 del 3 de octubre
de 2022. En consecuencia, al no haberse demandado dicho acto administrativo
se configuró un defecto sustancial que impidió la emisión de un pronunciamiento
de fondo.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora sostuvo que la entidad y las autoridades judiciales actuaron de
manera irregular. En relación con la RNEC, afirmó que se configuró un abuso y
desviación de poder al dar por terminada una relación laboral continua de más
de quince años mediante un acto administrativo inmotivado, negando al
exfuncionario la fundamentación legal necesaria para ejercer sus derechos de
contradicción y defensa.

Además, señaló que la entidad excedió el límite legal de seis meses para los
nombramientos provisionales discrecionales, lo que calificó como un manejo
político ajeno a las necesidades reales del servicio.

La parte actora consideró que el tribunal incurrió en defectos constitutivos de vía
de hecho al emitir su fallo inhibitorio. Señaló que tales irregularidades sustentaron
la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia. Los yerros endilgados fueron:

• Exceso ritual manifiesto, al considerar que la autoridad judicial de segunda
instancia sacrificó el derecho sustancial del trabajador al optar por una
interpretación estrictamente formalista de la excepción de inepta demanda. Con
esta postura, el juez evitó pronunciarse de fondo sobre la legalidad del despido.

4 Sentencia del 4 de agosto de 2025, Radicado 08-001-33-33-012-2023-00132-00. Juzgado Doce

Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla. Juez: Ayda Luz Campo Pernet.
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 12 de febrero de 2026, con

radicado 11001-03-15-000-2026-00235-00. M.P Fredy Ibarra Martínez.
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• Desconocimiento del precedente, al ignorar de manera injustificada la
jurisprudencia unificada y vinculante, en particular la Sentencia SU-917 de 2010
de la Corte Constitucional y fallos análogos de otros tribunales. Dichos
precedentes exigían que el retiro de empleados en provisionalidad estuviera
debidamente motivado y establecían que el simple vencimiento del término del
nombramiento no constituía razón suficiente. Igualmente, omitió el precedente
que ordenó a los jueces dictar fallos de fondo y limitar las decisiones inhibitorias
a casos excepcionales [SU-424 de 2016 de la Corte Constitucional].

• Defecto material o sustantivo, al considerar que el juez de segunda
instancia fundamentó su fallo en normativas e interpretaciones contrarias a la
Constitución. Señaló que se presentó una contradicción evidente entre los
argumentos expuestos y la decisión final de inhibirse.

• Violación directa de la Constitución, al discurrir que las actuaciones y
omisiones contenidas en la providencia del tribunal configuraron una decisión
ilegítima. Sostuvo que el fallo superó el concepto de vía de hecho y transgredió
de manera inmediata los derechos fundamentales del accionante.

1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia

Mediante auto del 20 de octubre del 2025, la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela, ordenó notificar al presidente y a
los magistrados integrantes del tribunal y vincular al titular del Juzgado Doce
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla y al registrador nacional del
servicio civil.

1.6. Contestaciones

1.6.1. Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC

Renato Rafael Contreras Ortega en su condición de jefe de la Oficina Jurídica de
la RNEC rindió informe6 en los siguientes términos.

Señaló que el accionante intenta utilizar la acción constitucional como una tercera
instancia frente a un caso ya resuelto por jueces competentes, sin demostrar las
causales excepcionales exigidas por la jurisprudencia.

En cuanto a la falta de legitimación en la causa, la RNEC alegó que los hechos
denunciados no guardaban relación con las funciones y facultades que la
Constitución y la Ley le asignan.

6 Índice 14 de Samai.

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Afirmó que no tuvo injerencia en las decisiones judiciales y que no existió acción
u omisión de su parte que vulnerara los derechos del accionante. Finalmente,
solicitó su desvinculación de la acción de tutela.

1.6.2. Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla

La autoridad judicial se limitó a dar alcance al requerimiento y proporcionó el link
del proceso con radicado 08-001-33-33-012-2023-00132-00.

1.7. Sentencia de primera instancia

La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, mediante sentencia
del 12 de febrero de 2025, declaró improcedente la acción de tutela al considerar
que no cumplía con el requisito de relevancia constitucional y que, además, había
sido utilizada de manera indebida para intentar reabrir asuntos previamente
debatidos y resueltos en el proceso ordinario.

Determinó que el demandante pretendió emplear la tutela como una instancia
adicional para reabrir un debate de mera legalidad frente a una decisión
desfavorable. Dicho debate se centraba en establecer si la comunicación del 2
de noviembre de 2022 constituía un acto administrativo susceptible de control
judicial o una simple comunicación de trámite.

Indicó que, al revisar el expediente, evidenció que los reparos sobre la naturaleza
de ese documento y su supuesta falta de motivación ya habían sido formulados
y evaluados en la demanda inicial, en los alegatos de conclusión y en el recurso
de apelación dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Señaló que la acción de tutela no constituye un juicio de corrección de las
decisiones de los jueces ordinarios ni permite al juez constitucional sustituir la
apreciación probatoria o interpretativa del juez natural. Advirtió que intervenir en
una controversia sin trascendencia constitucional vaciaría de contenido las
competencias de la jurisdicción ordinaria y vulneraría los principios de seguridad
jurídica, autonomía, independencia judicial y cosa juzgada.

Por lo anterior, consideró que los argumentos relativos a un supuesto exceso
ritual manifiesto y al desconocimiento del precedente resultaban insuficientes
para otorgar relevancia constitucional al caso, lo que derivó en la improcedencia
de la solicitud.

La RNEC pidió ser excluida de la acción de tutela, con el argumento de que no
tenía competencia para resolver las pretensiones del actor, las cuales
correspondían al Tribunal Administrativo del Atlántico. La sala decidió mantenerla
vinculada, señalando que su participación era necesaria en calidad de tercero
con interés, dado que había actuado como parte demandada en el proceso
ordinario cuya providencia se cuestionaba.
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1.8. Impugnación

Mediante escrito allegado el 26 de febrero de 2026 la parte actora impugnó la
anterior decisión; afirmó que no buscaba obtener una decisión favorable
mediante la acción de tutela, sino demostrar que las autoridades judiciales
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales a una recta administración
de justicia, de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y al
respeto de los precedentes jurisprudenciales.

Expuso que el Tribunal Administrativo del Atlántico avaló la desvinculación de un
funcionario nombrado en provisionalidad mediante un acto administrativo tácito e
inmotivado, bajo el argumento de que el término de su nombramiento había
concluido.

Indicó que, con base en múltiples sentencias de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado, los actos de retiro de servidores nombrados en
provisionalidad exigían una motivación sustentada en el principio de «razón
suficiente».

Declaró que el simple vencimiento del plazo no constituía una razón válida para
el retiro de un servidor en provisionalidad sin una justificación clara, detallada y
objetiva, incluso tratándose de entidades como la Registraduría Nacional del
Estado Civil.

Aseveró que la sentencia impugnada incurrió en el defecto de desconocimiento
del precedente, al ignorar fallos previos de otros tribunales administrativos [como
el Tribunal Administrativo de Boyacá] y de las altas cortes, en los que se ordenó
el reintegro de funcionarios desvinculados bajo circunstancias fácticas y jurídicas
idénticas.

Finalmente, solicitó a los magistrados revocar la sentencia impugnada y
restablecer los derechos fundamentales que resultaron vulnerados.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591
de 19917, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como por el artículo 25 del Acuerdo 080 de 20198,, de
la Sala Plena de esta corporación.

7 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política.
8 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

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2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala establecer si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el
fallo adoptado en primera instancia, que declaró la improcedencia del amparo de
los derechos fundamentales del señor Carlos Enrique Andrade Cárdenas, en la
solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala
de Decisión A.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de
encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20129, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales
derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

9 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela10; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón
a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en
el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Del requisito de relevancia constitucional

10 El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 5

de junio de 2025, expediente 76001-23-33-000-2025-00141-01, MP. Omar Joaquín Barreto
Suárez. En esta decisión se recordó que excepcionalmente procede la tutela contra sentencias
de la misma naturaleza, ello con fundamento en la sentencia SU-627 de 2015, en la cual, la Corte
Constitucional consideró: «4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la
acción de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela
anteriores o posteriores a la sentencia. // 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de
tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige
contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella. // 4.6.2.
Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. //
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la
Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este
evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la
Corte Constitucional. // 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o
tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y
cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la
solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia
corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación».
[Negrilla con subrayado de la Sala].
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La Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 2022, en cuanto a la
procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, indicó:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del
juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para
determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto
tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política
o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…) (Énfasis
de la Sala)

La sala en sentencia del 29 de septiembre de 202211, modificó la postura que
tenía hasta ese momento sobre el estudio del requisito de relevancia
constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que
los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda
advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible
vulneración de una garantía constitucional.

De esta manera, la sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional
debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional
y acogidos por esta corporación, que en concreto se refieren a:

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que simplemente se aduzca la vulneración de
aquellos;

ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de
un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede
convertirse en una tercera instancia.

Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29

de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia
atacada se presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental
producto de una actuación arbitraria.

Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de
los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que
permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce
este mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre12.

Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.

2.5. Caso concreto

La parte accionante estimó que la decisión adoptada por el tribunal el 23 de
octubre de 2025 vulneró sus derechos al debido proceso y de acceso a la justicia.

Señaló que la autoridad judicial incurrió en exceso ritual manifiesto al confirmar
la excepción de inepta demanda, privilegiando formalismos sobre el fondo del
asunto. Además, sostuvo que el tribunal desconoció precedentes de la Corte
Constitucional, configurando una vía de hecho, una violación directa de la
Constitución y un defecto sustantivo.

Si bien la actora alegó los yerros referidos anteriormente en el escrito inicial, en
la impugnación solamente presento inconformidad frente a lo resuelto por el juez
de primer grado constitucional respecto de los defectos procedimental por exceso
ritual manifiesto y desconocimiento del precedente. En consecuencia, se
estudiarán los últimos en mención.

El a quo constitucional determinó que no se configuró vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso ni de acceso a la administración de justicia,
dado que la controversia no reveló una afectación constitucional grave, concreta
o desproporcionada.

La sala estableció que el actor pretendió reabrir un debate de mera legalidad
mediante la acción constitucional, utilizándola como una tercera instancia.
Asimismo, resaltó que la tutela no constituye un mecanismo para revisar la
interpretación normativa de los jueces ordinarios ni para sustituir su criterio, pues
ello afectaría la cosa juzgada, la independencia judicial y la seguridad jurídica.
Por estas razones, concluyó que los alegatos de exceso ritual manifiesto y
desconocimiento del precedente carecían de relevancia constitucional.

El señor Andrade Cárdenas impugnó la decisión por considerar que la acción de
tutela resultaba procedente, al pretender la protección de derechos

12 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.

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Demandante: Carlos Enrique Andrade Cárdenas
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00235-01

fundamentales vulnerados por una vía de hecho judicial configurada en la
modalidad de desconocimiento del precedente.

Señaló que el Tribunal Administrativo del Atlántico omitió aplicar jurisprudencia
de la Corte Constitucional y de otros tribunales13, al validar la desvinculación de
un servidor en provisionalidad de la RNEC con fundamento exclusivo en el
vencimiento del término de su nombramiento y mediante un acto administrativo
carente de motivación.

Según el actor, la jurisprudencia pacífica exige razones objetivas bajo el principio
de razón suficiente, por lo que la omisión vulneró el debido proceso y el acceso
a la administración de justicia.

Visto lo anterior, la sala anticipa que la presente solicitud de amparo no cumple
con los presupuestos que sirven de criterio para determinar que el asunto tiene
relevancia constitucional, como se indica a continuación.

Como se estableció en líneas anteriores, para determinar si un asunto cuenta con
relevancia constitucional no basta con hacer la simple indicación de su
cumplimiento, pues como presupuesto general de la acción de tutela “…supone
justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie
desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple
relación con aquel…”14. De igual manera, se precisa que dicho requisito tiene tres
finalidades, a saber:

… (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional15 y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad16; (ii) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales17 y, finalmente, (iii) impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces18.

En el asunto bajo examen, el accionante sostiene que la autoridad judicial incurrió
en exceso ritual manifiesto al sacrificar el derecho sustancial y el acceso efectivo
a la justicia, amparándose en una interpretación estrictamente formalista de los
requisitos procesales.

Afirmó que, pese a reconocer la doctrina aplicable, el juez profirió un fallo

13 Sentencia del Tribunal administrativo de Boyacá, Sala Virtual No.4 del 26 de mayo de 2020,

sentencia del 26 de febrero de 2020, Sala de Decisión No. 2.
Sentencia del Corte Constitucional: SU-917 de 2010, T-221 de 2014, SU- 054 de 2015, T-147 de
2013, T-753 de 2010 y T-231 de 1994.
Sentencias del Consejo de Estado: Sección Segunda Sentencia del 26 de junio de 2008 y fallo
de tutela del 29 de abril de 2015 de la Sección Quinta.
14 Sentencia SU 573 de 2019.
15 “Sentencia C-590 de 2005.”
16 “Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
17 “Sentencia C-590 de 2005.”
18 “Sentencia T-102 de 2006.”

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inhibitorio bajo el argumento de que se demandó la comunicación y no la
resolución. Con ello, la autoridad judicial ignoró que el retiro laboral se materializó
fácticamente, produciendo efectos jurídicos reales, lo que impidió
injustificadamente una decisión de fondo.

Al respecto el tribunal tras la revisión del proceso consideró que «las pretensiones
de la demanda debieron ser dirigidas al acto administrativo que habría
materializado la desvinculación del actor, o, en su defecto, la parte accionante
debió dirigir sus esfuerzos a que las operaciones administrativas desplegadas
por la demandada para desvincular “de facto” al señor Andrade Cárdenas, se
materializaron en un acto administrativo sujeto de control judicial».

Igualmente, el demandante consideró que el tribunal incurrió en desconocimiento
del precedente, al apartarse de manera radical de pronunciamientos previos de
tribunales administrativos en casos idénticos, en los cuales se ordenó el reintegro
de funcionarios desvinculados sin motivación en el acto administrativo
correspondiente.

Con relación a lo anterior para la sala es claro que no se desarrolló de manera
suficiente la carga argumentativa que permita establecer la presunta vulneración
de las garantías constitucionales impetradas. Igualmente, cabe señalar que la
enunciación de las providencias mencionadas no demuestra por sí misma la
transgresión a los derechos fundamentales de la accionante.

Del estudio de lo planteado se establece que el cargo carece de relevancia
constitucional, pues las objeciones presentadas reflejan únicamente discrepancia
con la decisión adoptada, sin aportar elementos que conduzcan al análisis de los
derechos fundamentales invocados respecto del fallo impugnado.

Se observa que la parte actora centra sus alegaciones en la interpretación
realizada por la autoridad accionada en el caso específico, lo cual se distancia
del propósito de la acción de amparo, orientada a la protección de derechos
fundamentales en situaciones de vulneración o amenaza.

Así, lo que pretende el tutelante, en este caso, es reabrir un debate que se
encuentra superado pues no elevó una argumentación tendiente a demostrar la
grave violación de sus derechos fundamentales y solo plantea un desacuerdo
con lo dispuesto por la autoridad judicial que determinó que la acción de tutela no
era procedente.

En tal medida se destaca que la acción de tutela contra providencias judiciales
no constituye una tercera instancia para reiterar argumentos ya expuestos en el
proceso ordinario, sino un mecanismo excepcional destinado a revisar decisiones
que incurren en arbitrariedad al desconocer los principios rectores de la función
judicial.

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Por ello, esta sala concluye que no se acreditaron los criterios establecidos por
la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para superar el requisito de
relevancia constitucional, pues resulta evidente que, la acción de tutela impetrada
por el actor refleja únicamente una inconformidad con lo decidido por la Sección
Tercera, Subsección B de esta corporación.

En consecuencia, esta sala confirmará la sentencia de 12 de febrero de 2026,
por medio del cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, declaró
improcedente la solicitud de tutela por no cumplir el requisito de procedencia de
relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia del 12 de febrero de 2026 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual se declaró
improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional,
presentada por el señor Carlos Enrique Andrade Cárdenas.

SEGUNDO: Notificar a las partes y a los terceros en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y enviar copia de esta al despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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