Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00241-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00241-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00241-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00241-01
Accionante: EISENHOWER D’JANON ZAPATA VALENCIA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Tema: Tutela contra providencia judicial – revoca y declara
improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala es competente para resolver la impugnación presentada por el
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 23 de febrero de
2026 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Lo anterior, de
conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con
el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025,
así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 20 de enero de 20262, la referida autoridad judicial admitió la acción
constitucional y, mediante la providencia del 17 de abril de 2026 concedió la
impugnación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Eisenhower D’janon Zapata Valencia, mediante apoderada
judicial, presentó acción de tutela en contra del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia.
2. La vulneración de sus garantías se las adjudica a la sentencia del 17 de
julio de 2025, proferida por la accionada al interior del medio de control de nulidad
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que el juez de primera instancia notificó
en calidad de accionado al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. A su vez, ordenó
la vinculación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas y del Tribunal Administrativo de Risaralda.
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Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
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y restablecimiento del derecho identificado con el radicado número 66001-23-33-
000-2019-00713-01, adelantado por el accionante contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
(UAEGRTD). Mediante dicha providencia, la autoridad judicial revocó la decisión
de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda y, en su lugar,
las negó.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO y
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de EISENHOWER ZAPATA
DEJANON.
SEGUNDO: En su lugar, ORDENAR a la TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
RISARALDA que, en el término improrrogable de 48 horas, emita nueva
SENTENCIA en al cual se reconozcan los DERECHOS LABORALES de
EISENHOWER ZAPATA DEJANON.3
1.2. Hechos
4. El señor Eisenhower D’janon Zapata Valencia prestó sus servicios a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
de manera continua e ininterrumpida entre el 24 de enero de 2014 y el 31 de
diciembre de 2016, mediante contratos de prestación de servicios profesionales.
5. Al respecto manifestó que las funciones que desempeñó eran
equiparables a las de un funcionario de planta nombrado en un cargo de directivo
grado 19. Asimismo, agregó que durante la ejecución de esas actividades estuvo
sometido a un horario de trabajo y a directrices e instrucciones generales y recibía
de manera mensual una remuneración a título de honorarios por el servicio
prestado.
6. El 22 de febrero de 2019, el señor Zapata Valencia radicó reclamación
administrativa ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión De Restitución
de Tierras Despojadas, la cual, mediante oficio URT–URT–DTVC–01975 de 27
de junio de 2019 negó el reconocimiento y pago de los derechos laborales.
7. El 25 de octubre de 2019, el accionante, por conducto de apoderado
judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad del referido
oficio de 27 de junio de 2019 y, en consecuencia, se reconociera la existencia de
una relación laboral con el correspondiente pago de prestaciones sociales. El
asunto le correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de
Risaralda, bajo el radicado No. 66001-23-33-000-2019-00713-00.
8. El 30 de septiembre de 2021, el tribunal profirió sentencia de primera
instancia en la que declaró la nulidad del acto administrativo impugnado y
3 Transcripción literal que puede contener errores.
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condenó a la Unidad Administrativa Especial al pago de las prestaciones sociales
correspondientes. Para el efecto, concluyó que entre el demandante y la entidad
existió una verdadera relación laboral al encontrar acreditados sus elementos,
pese a la suscripción formal de contratos de prestación de servicios.
9. Para arribar a dicha conclusión, consideró que las funciones desarrolladas
por el actor eran propias, permanentes y necesarias para el cumplimiento del
objeto misional de la entidad, pues comprendían actividades de asesoría,
coordinación, apoyo jurídico y administrativo relacionadas con la política de
restitución de tierras, las cuales hacían parte del giro ordinario de la entidad.
Asimismo, destacó que la vinculación se extendió de manera sucesiva durante
casi tres años mediante contratos con objetos similares, lo que desvirtuó el
carácter excepcional y temporal.
10. En relación con la subordinación, evidenció que el demandante debía
cumplir órdenes y directrices impartidas por el director territorial, desarrollar sus
funciones en las instalaciones de la entidad, sujetarse a dinámicas institucionales
y atender horarios y actividades ordinarias de la administración, circunstancias
incompatibles con la autonomía e independencia propias del contratista.
11. Inconforme con la decisión, la Unidad Administrativa Especial interpuso
recurso de apelación. Sostuvo que la vinculación del demandante se desarrolló
exclusivamente mediante contratos de prestación de servicios, sin que en la
ejecución contractual se configurara una relación laboral, pues no se acreditaron
sus elementos constitutivos. Indicó que la contratación se realizó al amparo del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, ante la inexistencia de personal de planta para
desarrollar las actividades requeridas, circunstancia respaldada por
certificaciones expedidas por el área de talento humano.
12. Además, señaló que los pagos efectuados correspondían a honorarios y
no a salario, y que en el proceso no se demostró la existencia de subordinación.
En ese sentido, afirmó que las actividades desarrolladas por el actor
evidenciaban únicamente el cumplimiento de obligaciones contractuales y no la
pérdida de la autonomía técnica y administrativa propia del contrato de prestación
de servicios.
13. Mediante sentencia de 17 de julio de 20254, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia y negó
las pretensiones de la demanda, al considerar que las pruebas documentales y
testimoniales obrantes en el expediente no acreditaban la existencia de
subordinación o dependencia continuada.
14. En particular, señaló que los documentos relacionados con el
funcionamiento de la entidad correspondían a disposiciones generales y no
evidenciaban órdenes concretas ni control específico sobre la ejecución de las
4 Notificada el 25 de agosto de 2025.
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labores del demandante. Asimismo, concluyó que la prueba testimonial
únicamente daba cuenta de dinámicas institucionales y de coordinación propias
del contrato de prestación de servicios, sin demostrar dirección, control o ejercicio
de potestades disciplinarias frente al actor.
1.3. Sustento de la vulneración
15. La parte actora manifestó que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, en la sentencia del 17 de julio de 2025, incurrió en un defecto
fáctico, al realizar una indebida valoración probatoria y omitir valorar la prueba
testimonial y el interrogatorio de parte, pese a que estos demostraban la
existencia de la subordinación a través del cumplimiento de horarios, la recepción
de órdenes e instrucciones permanentes, así como la prestación personal del
servicio y la integración funcional del demandante a la estructura de la entidad.
16. En ese sentido, sostuvo que la decisión vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al
sustentarse en una valoración probatoria aparente y desconectada de la realidad
acreditada en el expediente.
1.4. Intervenciones
17. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas solicitó negar el amparo, al considerar que la parte actora
no acreditó la configuración del defecto fáctico alegado ni cumplió con el requisito
de relevancia constitucional exigido para la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto pretende utilizarse como una
instancia adicional para reabrir un debate ya resuelto por el juez natural.
18. El Tribunal Administrativo de Risaralda se limitó a remitir copia del
expediente digital del proceso ordinario.
19. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, pese
a haber sido debidamente notificada de la acción de tutela, guardó silencio.
1.5. Sentencia de primera instancia
20. Mediante sentencia del 23 de febrero de 2026, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, negó el amparo solicitado al considerar
que la providencia cuestionada no incurrió en el defecto fáctico, pues la autoridad
judicial accionada sí efectuó una valoración expresa e integral del material
probatorio recaudado dentro del proceso ordinario, incluidos los testimonios
rendidos.
21. En ese sentido, indicó que la parte accionada explicó las razones por las
cuales las declaraciones testimoniales no resultaban suficientes para acreditar el
elemento de subordinación, sino que describían directrices generales, así como
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cumplimiento de horarios y dinámicas propias del funcionamiento institucional,
sin evidenciar órdenes concretas, ni control sobre el modo, tiempo o cantidad de
trabajo, ni el ejercicio de potestades disciplinarias frente al actor. Asimismo,
concluyó que los documentos obrantes en el expediente tampoco demostraban
la alteración de la naturaleza contractual del vínculo.
22. Por último, indicó que el desacuerdo del accionante con la valoración
probatoria efectuada por el juez natural no configura, por sí mismo, un defecto
fáctico susceptible de ser corregido mediante acción de tutela, pues la
apreciación de las pruebas hace parte de la autonomía e independencia judicial,
siempre que se ejerza de manera razonable y conforme a las reglas de la sana
crítica y, que en todo caso, en el presente asunto no se advierte vulneración
alguna de derechos fundamentales que haga necesaria su intervención.
1.6. Impugnación
23. La parte actora solicitó que se revoque el fallo de primera instancia, para
que, en su lugar, se conceda el amparo de sus derechos invocados como
vulnerados.
24. Para el efecto, reiteró que la providencia cuestionada incurrió en un
defecto fáctico. Adicionalmente, formuló dos nuevos cargos: i) una motivación
«aparente» o insuficiente, al sostener que la decisión no realizó un análisis real
del contenido probatorio ni justificó suficientemente la conclusión adoptada; y ii)
el desconocimiento del precedente reiterado de la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado en materia de «contrato realidad» y subordinación en el marco
de la contratación estatal.
1.7. Trámite en segunda instancia
25. Encontrándose el asunto en sala, los magistrados Gloría María Gómez
Montoya y Omar Joaquín Barreto Suárez manifestaron su impedimento para
conocer el presente asunto, con fundamento en la causal prevista en el artículo
56.5 del Código de Procedimiento Penal5. No obstante, mediante auto del 4 de
mayo de la presente anualidad se declaró infundadas las aludidas
manifestaciones.
II. CONSIDERACIONES
26. La Sala revocará la decisión del 23 de febrero de 2026, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar,
declarará la improcedencia de la acción de tutela presentada. En ese sentido, se
explicarán las razones por las cuales en el asunto objeto de estudio no se supera
el requisito general de relevancia constitucional.
5 Al indicar que sostienen una amistad íntima con los magistrados Jorge Iván Duque Gutiérrez y
Juan Camilo Morales Trujillo, respectivamente, quienes suscribieron la providencia que se
cuestiona en este litigio constitucional.
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2.1. Caso concreto
27. El Consejo de Estado6 y la Corte Constitucional7 han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales8 y a la configuración de algún
defecto especial9 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configura el defecto invocado, la
Sala determinará si se superan los presupuestos generales de procedencia.
28. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
29. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales,
como pasa a explicarse.
30. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).
31. La Sala advierte que el señor Eisenhower D’janon Zapata Valencia está
legitimado en la causa por activa, porque conformó la parte demandante al
interior del medio de control en el que se dictó la providencia que se cuestiona
mediante esta vía. A su vez, se evidencia que el Consejo De Estado, Sección
Segunda, Subsección A, está legitimado en la causa por pasiva por haber
proferido la decisión objeto de estudio el presente trámite constitucional.
32. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional10, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 5 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
7 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
8 A saber: (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv)
inmediatez; (v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los
hechos vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la
misma naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública
de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
9 Estos son: (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv)
defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento
del precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
10 Sentencia SU-215 de 2022.
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actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
33. Como se expuso previamente, la parte accionante reprocha la sentencia
proferida el 17 de julio de 2025 por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante la cual revocó la decisión del 30 de septiembre de
2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda Quindío y, negó las
pretensiones de la demanda.
34. Al respecto sostuvo que, la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio al omitir el análisis
de la prueba testimonial y del interrogatorio de parte, pese a que, en su criterio,
dichos medios de convicción acreditaron la subordinación mediante el
cumplimiento de horarios, la recepción continua de órdenes e instrucciones, así
como la prestación personal del servicio y la integración del demandante a la
dinámica funcional de la entidad.
35. Precisado lo anterior, para la Sala resulta claro que la parte actora
pretende reabrir el debate ordinario ya definido por el juez natural de la causa y
propiciar una nueva valoración del acervo probatorio, con el propósito de obtener
una decisión favorable a sus intereses.
36. En efecto, los cuestionamientos formulados por la parte actora se dirigen
a controvertir la valoración del material probatorio y las conclusiones alcanzadas
por el juez ordinario, por encontrarse inconforme con lo decidido en el fallo de
segunda instancia, porque fue adverso a sus pretensiones, sin que se evidencie
una argumentación suficiente orientada a demostrar la vulneración de derechos
fundamentales.
37. Así las cosas, el accionante pretende que el juez de tutela sustituya el
criterio adoptado por la autoridad judicial competente y adelante un nuevo
examen probatorio sobre aspectos ya definidos dentro del proceso ordinario, lo
cual resulta ajeno a la finalidad de la acción de tutela y desborda su carácter
subsidiario y excepcional contra providencias judiciales.
38. En tal medida, la Sala no advierte la relevancia constitucional necesaria
del asunto, que justifique la intervención del juez de tutela. Esto, porque el debate
que propone el accionante implica reabrir debates probatorios ya zanjados por la
autoridad judicial accionada, en el marco de su autonomía e independencia
judicial.
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39. Por otro lado, el actor formuló dos nuevos cargos. De un lado, una
motivación «aparente» o insuficiente y, de otro, el desconocimiento del
precedente reiterado de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en
materia de contrato realidad y subordinación en el marco de la contratación
estatal.
40. Sin embargo, para la Sala tales reproches expuestos corresponden a
cargos nuevos, formulados por la parte actora únicamente en la impugnación,
razón por la que se abstendrá de emitir pronunciamiento al respecto, pues
hacerlo conllevaría desconocer el derecho fundamental de defensa y
contradicción de la autoridad judicial accionada, así como de los demás sujetos
procesales, quienes no tuvieron la oportunidad procesal de cuestionarlos durante
el trámite de primera instancia, estructurando su intervención con fundamento en
los cargos planteados en la solicitud inicial de tutela.
41. Finalmente, se enfatiza en que formular una simple discrepancia contra
una decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no implica que el caso puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial
medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira
en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental. Esto, porque
que la competencia de este juez se restringe a la protección efectiva de las
garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal, o a estudiar una
mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales de la
causa.
42. Lo anterior resulta especialmente relevante cuando se cuestionan
decisiones judiciales proferidas por las Altas Cortes, pues, en estos asuntos, la
procedencia se hace más restrictiva11 al exigirse «que la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos
fundamentales […] o que se configure una anomalía de tal entidad que haga
imperiosa la intervención del juez constitucional»12.
43. Por ende, la Sala revocará la sentencia de primera instancia que negó el
amparo, en su lugar, declarará la improcedencia del mecanismo constitucional
de la referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
11 Al respecto, se ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2017 en la
que concluyó que la providencia objeto de reproche «riñe de manera abierta con la Constitución
y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al
definir el alcance y los límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto
de constitucionalidad».
12 Corte Constitucional. Sentencia T-466 de 2022.
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III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 23 de febrero de 2026. En su lugar,
DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por la parte
actora.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
9
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