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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00248-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00248-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar la solicitud de desvinculación propuesta por la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. 2. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00248-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

5 de marzo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00248-00
Demandante: Andrea Marcela Enciso Gaitán

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 5 de marzo de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00248-00
Demandante: ANDREA MARCELA ENCISO GAITÁN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN A Y OTRO

Temas: Contra providencias judiciales dictadas en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Relación laboral encubierta o
subyacente. Rechazo de demanda. Improcedencia de la acción de
tutela. Relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Andrea Marcela Enciso Gaitán
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y el
Juzgado Décimo Administrativo de Bogotá.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 16 de enero de 2026, en ejercicio de la acción de tutela, por conducto de apoderado,
la señora Andrea Marcela Enciso Gaitán pidió la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de los autos del 30 de
mayo de 2024 y 11 de julio de 2024, dictados por el Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, que inadmitió y rechazó la demanda, respectivamente y el
auto del 8 de septiembre de 2025, dictado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que confirmó la decisión de rechazo de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-010-
2024-00108-00/01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO. Que se amparen los derechos fundamentales de la señora ANDREA MARCELA ENCISO
GAITÁN, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, y, en consecuencia
SEGUNDO. Se declare la nulidad del Auto que inadmitió́ rechazo de la demanda contencioso
administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho, fechado el día 30 de mayo de 2024.
TERCERO. Se declare la nulidad del Auto que rechazo de la demanda contencioso administrativa de
nulidad y restablecimiento del derecho, fechado el día 11 de julio de 2024.
CUARTO. Se ordene al Juzgado Décimo Administrativo Oral Del Circuito Judicial De Bogotá́ requerir a
su apoderado judicial para adecuar el respectivo medio de control a las formalidades propias del derecho
administrativo. (Sic para toda la cita)

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00248-00
Demandante: Andrea Marcela Enciso Gaitán

El 1° de septiembre de 2021, Andrea Marcela Enciso Gaitán presentó demanda ordinaria
laboral en contra de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. – CIAC
S.A. con el fin de que se declarara la existencia de un contrato realidad y se reconocieran
las acreencias laborales surgidas con ocasión de la suscripción sucesiva de varios
contratos de prestación de servicios.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado 29 Laboral del Circuito de Bogotá, bajo
el radicado 11001310502920210036700, que por auto de 12 de octubre de 2021 la
admitió; el 11 de enero de 2023 tuvo por contestada la demanda y fijó fecha para
audiencia y, el 22 de enero de 2024, declaró su falta de competencia para conocer del
proceso y ordenó su remisión a los Juzgados Administrativos de Bogotá para su
conocimiento con fundamento en el Auto 492 de 2021 dictado por la Corte Constitucional.

El proceso fue asignado por reparto al Juzgado 10 Administrativo de Bogotá, bajo el No.
11001-33-35-010-2024-00108-00 que, por auto del 30 de mayo de 2024 inadmitió la
demanda para que la parte actora la readecuara de conformidad con los requisitos
previstos por el artículo 162 del CPACA., además de aportar los actos administrativos
demandados, acreditar que se agotaron los recursos procedentes en sede administrativa
con su constancia de publicación, comunicación, notificación o ejecución, allegar la
reclamación administrativa que dio origen a los actos demandados y aportar un poder
especial conferido por el demandante a su abogado para incoar el medio de control ante
la jurisdicción Contencioso Administrativa. Para subsanar los aspectos advertidos, la
autoridad judicial le otorgó a la actora el término de diez días.

El auto que inadmitió la demanda fue notificado por estado del 31 de mayo de 2024 y
comunicado a los correos electrónicos de la accionante y de su apoderado principal y,
por auto dictado el 11 de julio de 2024, el juzgado de conocimiento rechazó la demanda
por no haber sido subsanada.

El 12 de julio de 2024, la parte actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de
apelación en contra del auto que rechazó la demanda, manifestó que el a quo no cumplió
con la obligación legal de notificar en debida forma al apoderado actual el auto
inadmisorio y el de rechazo de la demanda y que la demanda no se debió inadmitir dado
que esta etapa ya se había surtido dentro del proceso laboral y conservaba plena validez,
por lo que, quien debe adecuar las pretensiones es el juez de conocimiento y tener como
acto demandado el oficio CIAC/140/GRAJU/ No. 20211400014121 de 31 de mayo de
2021.

Por auto dictado el 11 de junio de 2025, el juzgado no repuso el auto proferido el 11 de
julio de 2024 que rechazó la demanda al considerar que el auto inadmisorio se había
notificado en debida forma y la parte demandante tenía la carga procesal de adecuar la
demanda a las exigencias que señala el CPCA y no lo hizo. Además, concedió el recurso
de apelación interpuesto por la demandante.

Mediante auto del 8 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, confirmó el auto que rechazó la demanda al considerar
que la notificación del auto que inadmitió la demanda se surtió en debida forma.

Señaló que la única manera para hacer factible el trámite y decisión de las pretensiones
que se ventilaban en la demanda era a través de la figura de la inadmisión para que se
adecuara a los requisitos establecidos en la Ley 1437 de 2011, sin que fueran de recibo
los argumentos expuestos por la recurrente referentes a que la demanda no debía
inadmitirse.

El auto proferido por el 8 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, tuvo salvamento de voto del magistrado
Néstor Javier Calvo Chaves, quien consideró que se presentó una irregularidad en el
proceso de notificación del apoderado sustituto de la parte demandante, ya que no se le

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00248-00
Demandante: Andrea Marcela Enciso Gaitán

envió el mensaje de datos a su correo electrónico, por lo que habría lugar a revocar la
decisión de primera instancia y declarar la nulidad de la providencia de 30 de mayo de
2024, mediante la cual se inadmitió la demanda.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, señaló que las providencias cuestionadas
incurrieron en:

Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, toda vez que el auto que rechazó
la demanda priorizó las formas procesales sobre el derecho sustancial objeto de
discusión. Destacó la prevalencia de este último como garantía del debido proceso para
indicar que las autoridades accionadas desconocieron que con la actuación adelantada
ante la jurisdicción laboral, la parte demandada en el proceso ordinario ya tenía
conocimiento de las características más relevantes del caso, por lo que solicitar la
adecuación de la demanda constituye una mera formalidad que debe ceder ante la
prevalencia del derecho sustancial objeto de litigio.

Además, afirmó que la decisión de rechazar la demanda produce un perjuicio
irremediable para la accionante al configurarse el fenómeno de caducidad del medio de
control.

Defecto sustantivo, por cuanto en el auto que rechazó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, desconoció el precedente jurisprudencial fijado por la
sentencia C-537 de 2016, que, según el actor, indica que todo lo actuado por el juez
incompetente conserva validez.

Además, dicho proveído desconoció los artículos 16 y 138 del Código General del
Proceso en la medida en que el Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá ya
había surtido la etapa de admisión de la demanda.

De otra parte, le aplicó un test de proporcionalidad al auto dictado 11 de julio de 2024,
dictado por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que
rechazó la demanda, para señalar que los argumentos expuestos en primera y segunda
instancia no satisfacen los parámetros de necesidad e indispensabilidad del test de
proporcionalidad comoquiera que desconocen la actuación surtida ante la jurisdicción
laboral dado que la parte demandada en el proceso ordinario ya tenía conocimiento de
los actos administrativos acusados, de las pretensiones y el medio de control y en esa
medida, la adecuación de la demanda constituye una mera formalidad que debe ceder
ante la prevalencia del derecho sustancial objeto de litigio.

5. Trámite procesal

Por auto del 20 de enero de 2026, el Despacho sustanciador admitió la demanda y, entre
otras cosas, ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, al juez décimo administrativo de Bogotá
y al presidente de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correo electrónico enviado el 22 de enero de
2026.

6. Intervenciones

El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, ponente de la decisión cuestionada, señaló que la acción de tutela
resulta improcedente en la medida en que pretende convertirse en una tercera instancia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00248-00
Demandante: Andrea Marcela Enciso Gaitán

Hizo un recuento de las actuaciones adelantadas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-010-2024-00108-00/01 para
señalar que las mismas se ajustaron a la normatividad procesal vigente y destacó que de
conformidad con el auto de unificación del Consejo de Estado del 29 de noviembre de
2022, el envío de mensaje de datos previsto en el artículo 201 del CPCA tiene carácter
meramente informativo, de modo que su eventual omisión no afecta la validez de la
notificación por estado.

De otra parte, señaló que la acción de tutela no controvierte una actuación atribuible a su
despacho ni se evidencia una vulneración o amenaza actual de los derechos de la
accionante que ameriten la intervención del juez constitucional.

La juez décimaadministrativa de Bogotá hizo un recuento de las actuaciones
adelantadas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado,
11001-33-35-010-2024-00108-00/01, para señalar que no incurrió en violaciones de los
derechos fundamentales de la accionante, por cuanto las actuaciones surtidas se
expidieron con apego a las normas procesales y a los fundamentos legales y
jurisprudenciales aplicables al caso.

Señaló que la validez del auto que inadmitió la demanda radica en que su notificación se
efectuó por estado y con todo se comunicó la existencia de la actuación a las direcciones
que indicó el apoderado principal en el escrito de la demanda.

De otra parte, afirmó que, conforme se indicó en el auto de 30 de mayo de 2024, la parte
actora tenía la obligación de adecuar la demanda al medio de control previsto en el
artículo 138 del CPCA, en cumplimiento de los requisitos previstos por los artículos 162
y 166 de la misma norma, por lo que al ser reglas de carácter procesal, las que ordenan
el cumplimiento de requisitos para la presentación de las demandas ante esta
jurisdicción, son de orden público y de obligatorio cumplimiento según el artículo 13 del
CGP y en ese orden, los argumentos expuestos por la accionante en los recursos
interpuestos devienen equívocos.

La Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela ante el incumplimiento de los requisitos generales para
su procedencia y, en todo caso, pidió su desvinculación de la acción por carecer de
legitimación en la causa por pasiva.

Destacó que el procedimiento de notificación se ajustó a la ley e indicó que para que sea
factible el trámite de las pretensiones de la demanda ante la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, la única herramienta procesal idónea es la inadmisión de la demanda a
fin de que la actora la adecuara a los requisitos previstos por la Ley 1437 de 2011,
particularmente a la necesidad de individualizar el acto que se impugna, sin que dicha
decisión sea arbitraria, pues obedece a la aplicación estricta y necesaria de la ley
procesal especial.

II. CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa. Legitimación en la causa por pasiva

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00248-00
Demandante: Andrea Marcela Enciso Gaitán

La Corte Constitucional1 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.

En el presente asunto, la parte actora cuestiona los autos del 30 de mayo de 2024 y 11
de julio de 2024, dictados por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, que inadmitió y rechazó la demanda, respectivamente y el auto del 8 de
septiembre de 2025, dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A que confirmó la decisión de rechazo de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-010-2024-00108-00/01.

Por su parte, la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. señaló que
carecía de legitimación en la causa por pasiva y solicitó su desvinculación de la acción.

No obstante, la vinculación de dicha corporación no fue como parte demandada, sino en
calidad de tercero con interés, porque fungió como parte pasiva del proceso objeto de
tutela. En consecuencia, no hay lugar a acceder a la solicitud de desvinculación.

2. Problema jurídico y solución

La Sala empieza por precisar que, si bien la parte actora afirma cuestionar los autos del
30 de mayo de 2024 y 11 de julio de 2024, dictados por el Juzgado Décimo Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá, que inadmitió y rechazó la demanda, respectivamente y
el auto del 8 de septiembre de 2025, dictado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, lo cierto es que todos los argumentos
están encaminados a cuestionar el auto que rechazó la demanda, en consecuencia, el
análisis se centrará en la última providencia por ser la que confirmó la decisión de primera
instancia y decidió de manera definitiva sobre la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, máxime si se tiene en cuenta que el accionante no propone argumentos en
contra del auto que la inadmitió.

Siendo así, corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela interpuesta
por la señora Andrea Marcela Enciso Gaitán, para dejar sin efectos la providencia del 8
de septiembre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-33-35-010-2024-00108-00/01.

La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela porque no cumple con
el requisito general de relevancia constitucional. La parte actora la utiliza como una
instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho e insiste en
argumentos que ya fueron resueltos por el juez natural.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iii)
analizará el caso concreto.

3. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian

1
Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.

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de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

4. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-004, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

En cuanto al cuarto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela para proponer
nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario, la Sala ha explicado
que la acción de tutela no está concebida como un mecanismo que permita a las partes
adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse
ante el juez natural.

Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que, por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

5. Análisis del caso concreto

La señora Andrea Marcela Enciso Gaitán afirma cuestionar los autos del 30 de mayo de
2024 y 11 de julio de 2024, dictados por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, que inadmitió y rechazó la demanda, respectivamente y el auto del 8
de septiembre de 2025, dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, que confirmó la decisión de rechazar la demanda de nulidad y
restablecimiento el derecho dentro del proceso 11001-33-35-010-2024-00108-00/01.; no
obstante, lo cierto es que no propone cuestionamientos en contra del auto que inadmitió
la demanda pues sus argumentos están encaminados a cuestionar el auto que la
rechazó.

Ahora bien, del examen de la solicitud de amparo se observa que la demandante insiste
en algunos de los argumentos expuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. En efecto, aunque el accionante alega la configuración de los defectos
sustantivo y procedimental por exceso ritual manifiesto, lo cierto es que lo hace para
insistir en que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del proceso
11001-33-35-010-2024-00108-00/01 no se debió rechazar, por cuanto del trámite en el

3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
4 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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proceso ordinario laboral era claro lo pretendido y, en esa medida, la juez Décima
Administrativa de Bogotá debió interpretarlo.

En efecto, en el recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto por la
demandante contra la providencia del 11 de julio de 2024, dictada por el Juzgado Décimo
Administrativo de Bogotá, se lee lo siguiente:
«El despacho nunca debió́ inadmitir la demanda, puesto que esta era una etapa ya surtida dentro del
proceso laboral, la cual conserva plena validez, como se expondrá́ a continuación:

En relación con los efectos de la declaratoria de falta de jurisdicción y competencia, el artículo 16 del
C.G.P. señala: (…).

De lo anterior no queda duda que las actuaciones adelantadas por el Juzgado 29 Laboral del Circuito
de Bogotá D.C, tienen plena validez y en esa medida en virtud de la prevalencia del derecho sustancial,
la garantía de acceso efectivo a la justicia y las garantías del debido proceso el Despacho deberá́
continuar con el trámite del proceso, teniendo en cuenta las formas propias de las controversias que se
tramitan ante esta jurisdicción, sin embargo quien debe adecuar las pretensiones es el despacho por tal
razón debe tener como acto administrativo demandado el oficio CIAC/140/GRAJU/ N° 20211400014121
del 31 de mayo de 2021, por medio del cual niega la existencia de una relación laboral con la
demandante. >> (sic para toda la cita)

No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en auto dictado el 8 de septiembre de
2025, en la que se consideró:

«Ahora bien, respecto al argumento de la parte recurrente en punto a que la demanda no debía
inadmitirse puesto que ello ya había sido resuelto por el Juzgado Laboral, es necesario precisar que tal
afirmación no es de recibo, puesto que, al consultar el escrito introductorio radicado inicialmente, en su
texto este se limitó́ a solicitar la declaratoria de existencia de una relación laboral y el reconocimiento
de aquellas consecuencias prestacionales que de tal vínculo eventualmente se generan.

En este orden de ideas, debe resaltarse que, para los efectos del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, que fue al cual se sometió́ el proceso remitido por jurisdicción por parte
del Juzgado Veintinueve Laboral de Bogotá́ ; la única herramienta procesal con la que se cuenta para
hacer factible el trámite y decisión de pretensiones como las que se ventilan en la demanda, es la figura
de la inadmisión de la demanda, para que esta se adecúe a los requisitos establecidos en la Ley 1437
de 2011, y que para el mecanismo que ocupa la atención de la sala, parte de la existencia de una
reclamación que conduce a un acto administrativo, como expresión del presupuesto de privilegio de la
decisión previa, en el marco de la teoría del derecho administrativo.

Fue precisamente conforme a estos lineamientos que, en su momento, el Juzgado Décimo
Administrativo de Bogotá́ requirió́ al extremo activo de la litis para que subsanara dentro del término
legal, de manera que mal podría refutarse tal decisión conforme al equivocado argumento de la parte
recurrente.

En suma, la Sala encuentra que los argumentos de la parte recurrente carecen de vocación de
prosperidad, por lo que resolverá́ confirmar la providencia de 11 de julio de 2024, proferida por el
Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá́ , mediante la cual se rechazó́ la
demanda por no haberse subsanado oportunamente.>>.

Como se ve, la discusión que propone el accionante ya fue resuelta por el Tribunal
Administrativo que concluyó que, la única herramienta procesal con la que se cuenta
para hacer factible el trámite y la decisión de las pretensiones que se elevan en la
demanda, es a través de la figura de la inadmisión para que se adecúe a los requisitos
de la Ley 1437 de 2011, ello, teniendo en cuenta que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho parte de la existencia de una reclamación que conduce a
un acto administrativo y en esa medida la decisión de inadmitir la demanda fue acertada.

En el escenario que propone la demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades demandadas en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-33-35-010-2024-00108-00/01,
finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.

En ese orden de ideas, se constata que los cargos formulados por el tutelante están
encaminados a extender en sede de tutela el debate jurídico zanjado por la providencia

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Demandante: Andrea Marcela Enciso Gaitán

cuestionada de segunda instancia dentro del aludido proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo que denota que la acción de tutela de la referencia no
colma el requisito de relevancia constitucional.

Las anteriores razones son suficientes para declarar improcedente la presente acción de
tutela, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Denegar la solicitud de desvinculación propuesta por la Corporación de la Industria
Aeronáutica Colombiana S.A.

2. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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