Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00258-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00258-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00258-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
20 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00258-01
Accionante: Manuel Alejandro Manjarrés Correa
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de una acción de cumplimiento / DECLARA IMPROCEDENCIA –
Falta de relevancia constitucional sobre varios defectos alegados / NIEGA AMPARO
– No se acredita ocurrencia defecto fáctico en su dimensión negativa.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 12 de febrero de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, mediante la cual declaró la improcedencia de la acción de tutela.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 23 de diciembre de 2025, el señor Manuel Alejandro Manjarrés Correa promovió
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de
Oralidad, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido
proceso, defensa, acceso a la administración de justicia, estabilidad laboral
reforzada, no discriminación, y trabajo en condiciones dignas y justas.
2.
Solicitó que se dejara sin efectos la sentencia de 24 de junio de 2025 emitida
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho1 que promovió contra
la Nación – Rama Judicial – Juzgado Promiscuo Municipal de Vegachí, y el Consejo
Superior de la Judicatura, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia
y Comité de Convivencia Laboral del Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia, encaminado a que se anularan las Resoluciones 017 y 021 de 2019
mediante las cuales se declaró la insubsistencia de su nombramiento en el cargo de
escribiente, el cual ejercía en el juzgado demandado.
1 Expediente 05001-33-33-022-2019-00466-00/01.
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Accionante: Manuel Alejandro Manjarrés Correa
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad
3.
Mediante la providencia acusada se confirmó la decisión adoptada el 10 de
diciembre de 2020 por el Juzgado 22 Administrativo Oral de Medellín, que negó las
pretensiones del actor. Consideró que la declaratoria de insubsistencia del
nombramiento del demandante obedeció a su deficiente desempeño laboral, además
no se logró probar ninguno de los argumentos que sustentaban los cargos de falsa
motivación y desviación de poder, tales como el aumento injustificado de la carga de
trabajo y que la desvinculación tuviera como causa la queja de acoso laboral
presentada por el señor Manjarrés.
4.
La parte actora alegó que la autoridad accionada incurrió en defecto fáctico
porque omitió valorar integral y razonadamente las pruebas que demostraban que el
acto de insubsistencia del nombramiento fue expedido dentro del término de
protección especial previsto en el artículo 11 de la Ley 1010 de 2006. También
endilgó al Tribunal demandado el acaecimiento de un defecto sustantivo y una clara
violación directa de la Constitución por inaplicación injustificada del artículo 11
ejusdem, y con ello, avalar un acto administrativo expedido en abierta contradicción
de los principios de la dignidad humana, debido proceso y demás derechos
fundamentales invocados.
5.
Finalmente, afirmó que se incurrió en desconocimiento del precedente por
apartarse sin justificación de la jurisprudencia constitucional reiterada sobre la
protección reforzada de los trabajadores que denuncian acoso laboral y el alcance
del debido proceso en estos casos.
B. Sentencia de primera instancia
6.
Mediante sentencia de 12 de febrero de 2026, la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró improcedente el presente trámite constitucional al no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional. Concluyó que los argumentos que sustentan
la tutela carecen de carga argumentativa para ser estudiados, en el marco de la
trasgresión de derechos fundamentales, además de ser una reiteración de lo
manifestado por el accionante en el proceso ordinario. El amparo se interpuso con el
fin de controvertir las conclusiones a las que arribó el Tribunal accionado e imponer
el criterio de la parte actora, sin que fuera procedente reabrir el debate ya definido
por el juez natural.
C. La impugnación
7.
El accionante pidió revocar la anterior decisión judicial en atención a que es un
error considerar que el asunto carece de relevancia constitucional. Lo alegado no se
circunscribe a una simple discrepancia en la valoración probatoria o normativa, sino
que se pretende la protección de los derechos fundamentales invocados, vulnerados
por la autoridad demandada al incurrir en defecto fáctico y desconocimiento del
precedente constitucional en materia de estabilidad laboral reforzada por fuero
derivado de la presentación de una queja por acoso laboral, debidamente conocida
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y tramitada por el Comité de Convivencia Laboral de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Medellín -DSAJM- y la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Antioquia -CSDJA-.
8.
El actor ahondó en los argumentos sobre cada uno de los yerros judiciales
alegados en el escrito de tutela. Precisó que el Tribunal demandado incurrió en
defecto fáctico en su dimensión negativa, al no valorar el acta de no conciliación
suscrita al interior del proceso adelantado tras la queja laboral que presentó (con
fecha del 10 de mayo de 2019), aportada como prueba con el escrito a través del
cual descorrió el traslado de la excepción propuesta por la parte demandada.
9.
También se incurrió en defecto fáctico en su dimensión positiva, al concluirse que
no había prueba más allá de las simples aseveraciones del actor relativas a que el
acto administrativo demandado estuvo precedido inmediatamente del conocimiento
de la queja por acoso laboral. En este punto, consideró que se dio un valor probatorio
indebido a lo dicho por el juez accionado sobre la hora en que profirió la resolución
de insubsistencia y el momento en que tuvo conocimiento de la queja, pasándose
por alto que dentro del plenario se aportaron elementos probatorios (acta de no
conciliación previamente enunciada y la constancia de notificación personal de la
resolución de declaración de insubsistencia) con los cuales quedó demostrado que
el 11 de abril de 2019, en horas de la mañana, se notificó por correo electrónico de
la queja y luego, como acto de retaliación, se dio a conocer al actor de la decisión de
desvinculación.
10.
De otro lado, sobre el desconocimiento del precedente, expuso que no se tuvo en
cuenta lo dicho por la jurisprudencia constitucional respecto a que en casos en que
se alegue la vulneración de los derechos fundamentales tales como el debido
proceso, la igualdad y la estabilidad laboral reforzada, es deber del juez adelantar el
análisis del asunto con un estándar probatorio más exigente y dando aplicación al
principio pro homine. Citó lo dispuesto en la sentencia T-262 de 2025 proferida por
la Corte Constitucional en la que se estableció un criterio jurisprudencial que el sector
empresarial debe aplicar para asegurar que sus comités de convivencia laboral
cumplan con su función de manera diligente y efectiva. Esto, acorde a la Resolución
3461 de 2025 y las modificaciones al concepto mismo de acoso laboral introducidas
en el artículo 18 de la Ley 2644 de 2025.
II. CONSIDERACIONES
E. Competencia
11.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19912.
2 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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F. Análisis del caso concreto
12.
La Sala anticipa que en el presente caso se confirmará la decisión del A quo de
declarar improcedente la solicitud de amparo en lo referente a los defectos
sustantivo, fáctico en su dimensión positiva, violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente, porque se comparte que carecen de relevancia
constitucional, por estar indebidamente sustentados. En relación con el defecto
fáctico en su dimensión negativa, se negará el amparo al no encontrarse acreditada
su configuración en el caso concreto.
Presupuestos de procedencia
13.
En los estrictos términos en que se presentó el escrito de tutela, es evidente que
carece de carga argumentativa porque el accionante se limitó a enlistar cuatro
defectos que estima son atribuibles a la sentencia objeto de reproche, sin explicar
debidamente en qué consisten y de qué forma se configuraron.
14.
Se mencionó la ocurrencia de un defecto fáctico por omisión en la valoración
probatoria, sin siquiera enlistar las pruebas que presuntamente no fueron valoradas,
su contenido, y de qué forma podrían haber afectado el sentido de la decisión
adoptada. Tampoco se mencionó cómo el análisis probatorio efectuado por el
Tribunal accionado era irrazonable.
15.
Asimismo, el defecto sustantivo se sustentó en la simple afirmación de la
inaplicación injustificada del artículo 11 de la Ley 1010 de 2006, sin exponer las
razones por las que consideraba que dicha disposición normativa era aplicable a su
caso concreto, ni evidenciar cómo su contenido modificaría la decisión adoptada por
el juez accionado.
16.
Sobre el desconocimiento del precedente el señor Manjarrés no expuso las reglas
jurídicas desconocidas y ni siquiera mencionó una sola decisión judicial que las
contenga. Era su deber citar los radicados de las sentencias que componen la línea
jurisprudencial que considera desconocida, así como: su fecha de expedición, la
autoridad judicial que las profirió y la similitud de hechos, causa y pretensiones entre
su caso y aquellos en los que se profirieron las decisiones judiciales que se aducen
desconocidas.
17.
Lo mismo se concluye en relación con la presunta violación directa de la
Constitución, defecto sustentado únicamente en que el Tribunal demandado avaló
un acto administrativo que vulnera diversas prerrogativas constitucionales, sin
explicar el contenido de dichos derechos y principios, y de qué manera se vulneraron
con la decisión atacada.
18.
Bajo esta perspectiva, es razonable la decisión del a quo de declarar
improcedente el amparo por falta de relevancia constitucional ante la carencia de
carga argumentativa de los defectos alegados. La omisión injustificada del
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demandante impidió que el juez de tutela encontrara acreditada la vulneración de los
derechos fundamentales invocados.
19.
En el escrito de impugnación contra el fallo de tutela de primera instancia, el
demandante profundizó en la sustentación de dos de los yerros judiciales alegados
en la tutela, y puntualizó que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en
defecto fáctico en su dimensión positiva, al haber dado mayor valor probatorio al
testimonio del juez demandado en relación con el momento en que conoció de la
queja por acoso laboral, respecto de otras pruebas que reposaban en el expediente
con las que se contradecía su dicho, específicamente, el acta de no conciliación del
10 de mayo de 2019 y la constancia de notificación de la resolución contentiva de la
declaratoria de insubsistencia, en la que consta la hora de recepción del acto
administrativo. A su vez, alegó que incurrió en defecto fáctico en su dimensión
negativa al haber omitido valorar lo dicho en la acta de no conciliación mencionada,
de cuyo contenido podía concluirse que el juez accionado conoció de forma previa a
la declaración de insubsistencia, la queja del señor Manjarrés, siendo esta la
verdadera motivación de la decisión de desvinculación laboral.
20.
Seguidamente, sobre el desconocimiento del precedente precisó que este se
configuró por no aplicar el criterio constitucional según el cual, en casos como el
suyo, se exige a los jueces más rigurosidad en el análisis probatorio, así como
también, la aplicación del principio pro homine. Citó lo dispuesto en la sentencia T-
262 de 2025.
21.
Respecto a este último argumento, se considera que el actor volvió a incurrir en
la misma falencia argumentativa, pues no indicó las reglas jurisprudenciales
específicas que el Tribunal accionado debió aplicar en su caso concreto, y tampoco
refirió los fallos que las contienen. Si bien expuso lo decidido por la Corte
Constitucional en la sentencia T-262 de 2025, no hizo el comparativo de los hechos,
pretensiones y causa entre ambos procesos a fin de denotar que dicha decisión
judicial sí constituyó precedente aplicable.
22.
En relación con el defecto fáctico en su dimensión positiva, el asunto carece de
relevancia constitucional, pues se sustentó en la forma en que el demandante
considera debió valorarse el dicho del juez promiscuo de Vegachí respecto al
momento en que conoció la queja por acoso laboral y en el que declaró la
insubsistencia del demandante. Es decir, la argumentación del actor se dirigió a
cuestionar el análisis probatorio efectuado por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, respecto a uno de los argumentos sobre los cuales sustentó el cargo de
desviación de poder alegado contra los actos administrativos demandados, como si
la acción de tutela pudiera utilizarse a fin de surtir una tercera instancia respecto del
proceso ordinario. Por ende, tampoco se considera procedente el amparo por este
alegato.
23.
Ahora, en lo referente al defecto fáctico en su dimensión negativa, el accionante
planteó de manera concreta en qué consistió la omisión del Tribunal y cuál fue la
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prueba que no se valoró, lo que amerita un estudio de fondo sobre su posible
configuración.
24.
La Sala aclara que los argumentos expuestos por el accionante en el escrito de
impugnación sobre este yerro judicial, no constituyen un nuevo alegato de censura
contra el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, sino que precisan
el defecto fáctico inicialmente alegado en el escrito de tutela, lo que hace procedente
su estudio en esta instancia. En efecto, lo alegado por el demandante se orientó a
explicar que la prueba no valorada y que -a juicio del actor- sustenta su dicho
respecto a la ilegalidad de los actos administrativos por posible desviación de poder,
es el acta de no conciliación proferida el 10 de mayo de 2019, allegada al expediente
con el escrito mediante el cual se descorrió traslado de la excepción propuesta por
la parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
25.
El demandante refiere que en el texto del fallo cuestionado se concluyó que no se
allegaron elementos probatorios con los cuales se demostrara que el 11 de abril de
2019, en horas de la mañana, el juez demandado fue notificado de la queja por acoso
laboral, luego de lo cual decidió declarar su insubsistencia, como acto de retaliación.
La autoridad accionada concluyó que solo se contaba con el dicho de las partes
sobre ese reproche y el acta de la entrevista individual efectuada al demandante
sobre los hechos constitutivos de acoso laboral, en la que nada se mencionó
respecto a la fecha y hora de notificación de la queja. Lo anterior, en desconocimiento
absoluto del contenido del acta de no conciliación, en la que quedó demostrado que
el juez de Vegachí admitió haber conocido la denuncia del actor en su contra, previo
a la expedición de los actos administrativos demandados.
26.
En la sentencia del 24 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia
indicó que sobre la afirmación del actor referente a que la queja de acoso laboral fue
informada o notificada al juez promiscuo de Vegachí en horas de la mañana del 11
de abril de 2019 y que seguido de ello ese funcionario emitió el acto administrativo
de insubsistencia, solo se contaba con las “meras aseveraciones de los sujetos
involucrados” y que lo único que se aportó al plenario fue un documento emanado
del Comité de Convivencia Laboral, consistente en la entrevista individual efectuada
al actor sobre los hechos de acoso, en la que no se hizo mención a la comunicación
del proceso al denunciado.
27.
Lo anterior permite tener por cumplido el requisito de relevancia constitucional,
pues lo alegado por el señor Manuel Alejandro Manjarrés pareciera poner en
evidencia una suerte de omisión por parte del Tribunal demandado en lo que tiene
que ver con la valoración de una prueba que reposa en el expediente y que -a juicio
del accionante- podría modificar el sentido de la decisión adoptada. Por ende, el
asunto llama al juez constitucional a verificar que no se hayan pretermitido las
garantías fundamentales del debido proceso y defensa del demandante.
28. De cara a lo anterior,
se evidencia que la acción de tutela supera los presupuestos
generales para estudiar de fondo del defecto fáctico en su dimensión negativa, en la
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medida en que (i) los planteamientos de la solicitud de amparo y el escrito de
impugnación, tienen relevancia constitucional en lo referente a dicho yerro judicial,
pues tal como se explicó, versan sobre una posible afectación a los derechos al
debido proceso, defensa, contradicción e igualdad del accionante, (ii) no existe otro
mecanismo judicial para decidir sobre dicho reproche, (iii) se cumple el requisito de
inmediatez, pues la acción constitucional se ejerció dentro del término de seis meses
desde que se notificó la providencia objeto de tutela, esto es, el 26 de junio de 2025,
(iv) el accionante identifica de manera razonable, tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos, y (v) no se controvierte una sentencia de tutela.
Defecto fáctico
29.
La revisión del expediente contentivo del proceso ordinario lleva a la Sala a
concluir que no se acreditó la configuración del defecto fáctico alegado por varias
razones. La primera de ella es que el acta de no conciliación no fue incorporada
formalmente al proceso ordinario como prueba.
30.
En los hechos 2° y 3° de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
presentada por el accionante, expuso que el 11 de abril de 2019, en horas de la
mañana, se notificó al Juez Promiscuo Municipal de Vegachí de la queja por acoso
laboral que el señor Manuel Manjarrés había instaurado en su contra el 22 de marzo
de ese mismo año ante el Comité de Convivencia Laboral de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Antioquia. Luego, siendo las 16:54 p.m. del
mismo día, dicho operador judicial notificó al demandante de las Resoluciones 027 y
021 de 2019, mediante las cuales declaró su insubsistencia. Según la parte
demandante, al tenor del artículo 11 de la Ley 1010 de 2006, ello constituyó un acto
de represalia o retaliación en su contra, y en todo caso, debía declararse nulo pues
dicha normatividad previó una prohibición expresa de ser despedido durante los seis
meses siguientes a la interposición de una queja por acoso laboral.
31.
Para probar su dicho, el accionante aportó múltiples documentos, pero -sin
justificación alguna- omitió aportar el acta de no conciliación con fecha del 10 de
mayo de 2019; actuar que contradice lo afirmado en la tutela respecto a la relevancia
probatoria de dicha pieza documental para demostrar su teoría del caso.
32.
Solo hasta el 3 de agosto de 2020, en el escrito mediante el cual se pronunció
sobre el traslado de la excepción propuesta por la parte demandada, presentó el acta
de no conciliación y solicitó su incorporación como prueba en el proceso ordinario.
Lo anterior porque -a su juicio- permitía denotar que los actos administrativos que
contienen la decisión de insubsistencia son ilegales, pues fueron expedidos con
posterioridad a la queja de acoso laboral, en un periodo de tiempo en el que estaba
amparado por la protección especial de no despido, que evita ser víctima de actos
de retaliación.
33.
Si bien no corresponde al juez constitucional definir qué documentos se
incorporan al material probatorio, de cara a al estudio del defecto fáctico alegado no
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se puede pasar por alto que dicho escrito fue presentado fuera del término de
traslado de las excepciones propuestas por la demandada. Consta en el expediente
que: (i) el 2 de julio de 2020 la Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura
presentó su contestación respecto a la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, proponiendo la excepción titulada “presunción de legalidad de los actos
administrativos”; (ii) acorde a lo dispuesto en los artículos 175, parágrafo 2 del
CPACA3 y 110 del CGP, se corrió traslado de dicha contestación por el término de
tres días, acorde a la constancia secretarial fijada el 10 de julio de 2020 y con
vencimiento del 15 de julio siguiente, por lo que en principio el demandante tuvo
hasta el 21 de julio de 2020 para emitir pronunciamiento; (iii) no obstante, en auto
que reprogramó la audiencia inicial virtual, se dejó constancia que, en consideración
a la contingencia por el Covid-19, mediante Acuerdo CSJANTA20-80 del 12 de julio
de 2020, el Consejo Seccional de la Judicatura dispuso el cierre transitorio de los
despachos judiciales ubicados en la Comuna 10 – La Candelaria de Medellín,
ordenando además la suspensión de términos entre el 13 y 26 de julio de 2020,
ambas fechas inclusive; (iv) en aplicación a este Acuerdo, el término para
pronunciarse sobre las excepciones corrió del 27 al 29 de julio de 2020; (v) a pesar
de ello, el demandante presentó el respectivo escrito hasta el 3 de agosto de ese
mismo año, es decir, extemporáneamente.
34.
Se destaca que al descorrer traslado de las excepciones, el señor Manjarrés
manifestó que no había recibido el traslado de la contestación de la demanda,
excepciones y anexos de manera íntegra, pues las pruebas que la Rama Judicial
mencionó se iban a aportar, no le fueron remitidas, por lo que solicitó se las enviaran
a su correo electrónico. Ello no puede considerarse una justificación para haberse
pronunciado tardíamente sobre el medio exceptivo propuesto por la entidad
accionada y, consecuentemente, remitir el acta de no conciliación, pues el
demandante debió alegar cualquier tipo de irregularidad procesal dentro del proceso
ordinario, mediante la interposición de recursos o incluso, solicitar la apertura de un
incidente de nulidad.
35.
Además, llama la atención de la Sala que en el acta de audiencia inicial celebrada
el 24 de agosto de 20204, la parte actora no alegó ninguna irregularidad procesal que
ameritara la adopción de medidas de saneamiento, tampoco hizo pronunciamiento
al momento de resolverse lo referente a las excepciones previas; y lo más
importante, no recurrió la decisión del juez de decretar como pruebas documentales
sólo aquellas allegadas con el escrito de demanda.
36.
Con todo lo expuesto, el accionante omitió presentar como prueba desde la
interposición del medio de control -sin razones para ello-, el acta de no conciliación
del 10 de mayo de 2019, error que intentó subsanar al descorrer traslado de la
3 Sin la modificación introducida en el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021.
4 La Sala deja constancia que, dentro de las pruebas allegadas por la parte actora, así como, en la copia digital
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, no consta la grabación de la audiencia inicial celebrada
el 24 de agosto de 2020, por lo que, la afirmación referente a lo allí decidido, se supedita a lo expresamente
consignado en la acta de dicha diligencia.
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excepción propuesta por la accionada, no obstante, lo hizo extemporáneamente.
Sumado a que, en la audiencia inicial, respecto al decreto probatorio del juez, no
interpuso recurso alguno. Este actuar del accionante denota las razones por las
cuales se considera que esa constancia no fue incorporada como prueba al plenario,
lo que permite entender por qué el Tribunal accionado no tenía la obligación de
valorarla al proferir decisión de segunda instancia y, en consecuencia, que no se
configuró el defecto fáctico en su dimensión negativa.
37.
En ese contexto, lo que configuraría un defecto fáctico sería que el Tribunal
hubiese considerado en su decisión un elemento de convicción que no se incorporó
como prueba al proceso.
38.
A todo lo anterior se suma que no se demostró la potencialidad del documento
para tornar irrazonable la argumentación del Tribunal accionado o modificar el
sentido de la decisión cuestionada.
39.
En el acta de fecha 10 de mayo de 2019, únicamente consta que en razón a la
queja por acoso laboral promovida por el accionante contra el juez promiscuo
municipal de Vegachí se citó a las partes para discutir sobre posibles fórmulas de
conciliación. Entre los temas tratados, quedó consignado que la señora Carolina
Tabares, presidente del Comité de Convivencia Laboral de la Seccional Antioquia,
cuestionó al operador judicial por qué dejó pasar tanto tiempo sin realizar ninguna
acción contra el accionante, teniendo en cuenta que había presentado sendos
requerimientos sobre el desarrollo de sus labores como escribiente, y solo hasta que
se presentó la queja, procedió a declararlo insubsistente. A esto, el juez indicó que
“no conocía la queja cuando profirió el acto administrativo de insubsistencia puesto
que no es un trámite que se saque de un día para otro, ya venía realizándose con
anterioridad. Indica que solo hasta el 22 de abril le fue notificada la queja y que, si
bien aparece que esta fue enviada al correo del despacho desde el 11 de abril, la
Secretaria a quien se le encargó la revisión del correo solo la observó el 22 de abril
y lo que sí recibió fue una llamada pero en razón a las audiencias y todos los trámites
que tuvo ese día no conoció de la misma y por todas las ocupaciones solo logró
notificar la Resolución de insubsistencia al finalizar la jornada, pero ya la tenía desde
tiempo atrás”.
40.
Acto seguido, se mencionó que en el expediente aparecía constancia de
notificación de la queja desde el 11 de abril de 2019, reenviado el 22 de abril
siguiente, e incluso, la secretaria del Comité, Eliana García, afirmó que tuvo
comunicación con el juez en la mañana del 11 de abril de 2019, indicándole la
existencia de la queja.
41.
Se cuestionó a su vez al actor por no denunciar antes y, posteriormente, al no
advertirse ánimo conciliatorio y mediar muchas diferencias personales entre las
partes, se ordenó seguir adelante con el proceso a fin de que las entidades
competentes definieran personalidades personales.
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42.
Acorde a su contenido, se considera que el referido documento no es contundente
respecto a lo alegado por el accionante. Dicha acta fue proferida en el marco del
trámite de la queja por acoso laboral promovida por el demandante y en esta solo
constan las afirmaciones de las partes sobre dicho tema, sobre lo cual se observa
que el juez es insistente en que sólo conoció de la queja en forma posterior a la
declaratoria de insubsistencia.
43.
Ahora bien, se considera que acorde a lo que quedó consignado en el acta, las
pruebas que tendrían la potencialidad de modificar la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, serían, entre otras, el correo electrónico de
notificación de la queja de acoso laboral y los testimonios de la presidente y
secretaria del Comité de Convivencia Laboral que participaron en la audiencia de
conciliación, pues dichas funcionarias conocían de primera mano las gestiones
adelantadas para notificar al operador judicial de la denuncia del demandante. No
obstante, el actor no pidió ni aportó dichas piezas procesales e, incluso, pasó por
alto solicitar copia completa del trámite de su queja, proceso en el que podrían
contarse con más documentos sobre sus afirmaciones.
44.
En consecuencia, se reitera que el acta de no conciliación puede considerarse
como una prueba que hubiera dado lugar a ampliar la discusión sobre la
temporalidad en el conocimiento de la queja y la expedición de la declaratoria de
insubsistencia, pues indirectamente versa sobre el tema, pero no genera certeza
absoluta sobre el dicho del actor, pues esta solo contiene la discusión de las partes
sobre el tema, no se declaró nada de forma expresa.
45.
Por demás, es necesario mencionar que la legalidad de los actos administrativos
de insubsistencia se sustentó en otras razones que el Tribunal encontró acreditadas
en el expediente y que demuestran que la motivación real del juez demandado no
fue otra que el incumplimiento reiterado de las funciones por parte del señor
Manjarrés.
46.
El Tribunal concluyó que debía confirmar la decisión de negar las pretensiones
ordinarias, en razón a que la parte demandante no logró demostrar que su retiro del
servicio fuese a modo de retaliación o consecuencia por la queja de acoso laboral
instaurada en contra del Juez Promiscuo Municipal de Vegachí y, por el contrario, en
el plenario quedó acreditado que su finalidad fue el mejoramiento del servicio, pues
se pudo observar cómo generó que múltiples procesos constitucionales que se
adelantaban en dicho Juzgado, fueran tramitados por fuera del término que el
legislador estableció para ello, sumado a un atraso considerable en la conformación
de expedientes y remisión de los mismos, todo lo cual, ocurrió en forma reiterada a
pesar de los distintos llamados de atención y requerimientos realizados al respecto.
47.
Acorde a lo hasta aquí expuesto, la Sala negará el amparo respecto al defecto
fáctico en su dimensión negativa, y declarará la improcedencia por falta de relevancia
10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00258-01
Accionante: Manuel Alejandro Manjarrés Correa
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad
constitucional sobre los demás cargos propuestos en el escrito de tutela y la
impugnación.
48.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR el fallo proferido el 12 de febrero 2026 por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, y en su lugar: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de
amparo en relación con los defectos sustantivo, fáctico en su dimensión positiva,
violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente, por las
razones previamente expuestas. De otro lado, NEGAR el amparo por la no
configuración del defecto fáctico en su dimensión negativa.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE5
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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