Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00259-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00259-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00259-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00259-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: ALBA ISIDORA RODRÍGUEZ.
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
CARECER DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.
ASUNTO MERAMENTE ECONÓMICO. SANCIÓN MORATORIA PAGO TARDÍO DE
CESANTÍAS. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA E
IGUALDAD.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora
contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO1.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La señora ALBA ISIDORA RODRÍGUEZ, actuando a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
1
En adelante Tribunal.
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Actora: ALBA ISIDORA RODRÍGUEZ
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, a la igualdad
y a los principios de legalidad y seguridad jurídica, los cuales estima
vulnerados por el TRIBUNAL, al haber proferido la providencia de
17 de julio de 2025 dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2021-00050-01.
I.2.- Hechos
Indicó que desde el 10 de abril de 1978 labora como auxiliar de
servicios generales en las dependencias de la SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO2.
Señaló que le solicitó a dicho ente territorial el reconocimiento y pago
de las cesantías parciales con destino a reparación de vivienda,
requerimiento que fue resuelto mediante Resolución núm. 0716 de
19 de febrero de 2019, a través del cual se ordenó el pago por un
monto de $23.532.455, decisión que fue notificada el 26 de febrero
de ese año.
2
En adelante Putumayo.
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Actora: ALBA ISIDORA RODRÍGUEZ
Sostuvo que dicho pago se hizo efectivo el 23 de mayo de 2019,
superando el plazo previsto en Ley 1071 de 31 de julio de 20063, por
lo que el 8 de junio de 2020, solicitó al DEPARTAMENTO el pago de
la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías parciales,
petición que fue resuelta de manera desfavorable mediante Oficio
núm. PUT2020EE018529 de 23 de julio de esta última anualidad.
Aseguró que contra la anterior decisión interpuso recursos de
reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos
mediante Resolución núm. 2364 de 30 de septiembre de 2020, que
confirmó la decisión inicial y negó por improcedente el recurso de
apelación.
Relató que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el DEPARTAMENTO, el cual le fue asignado el
número único de radicación 2021-00050-00 y le correspondió en
primera instancia al JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE MOCOA4 que, mediante sentencia de 30 de
septiembre de 2022, accedió a las súplicas de la demanda y condenó
3
“Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías
definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su
cancelación”.
4
En adelante el Juzgado.
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al DEPARTAMENTO al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria causada desde el 8 de febrero de 2016 hasta el 23 de mayo
de 2019.
Adujo que, inconforme con la anterior decisión, el DEPARTAMENTO
interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por el
TRIBUNAL que, mediante providencia de 18 de julio de 2025,
revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones
de la demanda.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Manifestó que la decisión judicial cuestionada incurrió en defecto
material o sustantivo, por cuanto se fundamentó en una norma y
jurisprudencia que no son aplicables al caso concreto.
Aseguró que la decisión proferida por el TRIBUNAL aplicó una
sentencia que resuelve el tema de la sanción moratoria por la no
consignación de las cesantías en fondo privado en virtud de la Ley 50
de 19905, la cual no es aplicable en su caso particular, mientras que
“[…] desechó por completo lo indicado por la Ley 244 de 1995,
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“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.”
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modificada por la Ley 1071 de 2006, ya sea porque no los percibieron
o, de hecho, advirtiéndolos, no los tuvieron en cuenta para soportar
el sentido de la decisión, quedando demostrado que el Juzgador de
alzada adoptaron la decisión, desconociendo de forma evidente y
manifiesta al marco jurídico aplicado […]”.
Adujo que también incurrió en desconocimiento del precedente
jurisprudencial establecido en la sentencia de unificación de 18 de
julio de 20186 proferida por esta Corporación, la cual, a su juicio, le
es aplicable ya que, frente al pago de las cesantías parciales y
definitivas, está amparada la garantía frente a la sanción moratoria.
Resaltó que la decisión del TRIBUNAL pasó por alto la sentencia de
unificación SUJ-032-CE-S2-2023 de 11 de octubre de 20237,
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado que precisa
que “[…] la sanción por mora en el pago de las cesantías se predica
sin importar el régimen al cual pertenezca el empleado (anualizado
o retroactivo), toda vez que dicha figura se constituye como garantía
a favor de beneficiario […]”.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
de 18 de julio de 2018, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número único de radicación 73001-23-33-000-
2014-00580-01(4961-15) CE-SUJ2-01218.
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Expediente número 2022-00016-01.
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Actora: ALBA ISIDORA RODRÍGUEZ
I.4.- Pretensiones
La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] se sirva dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia
del 17 de julio de 2025 proferida por el H. TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, con radicación 2021-
00050.
TERCERA.- En consecuencia de lo anterior, ORDENAR al
H.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO a proferir
sentencia de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, con radicación 2021-00050,
mismo que se ajuste a derecho y respete la normatividad y
jurisprudencia aplicable al caso, tal como se expone en el
presente escrito de tutela […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL pese a ser debidamente notificado del presente
trámite constitucional, guardó silencio.
I.5.2.- El JUZGADO se limitó a remitir el expediente digital del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de
análisis, sin realizar pronunciamiento alguno frente al fondo del
asunto.
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Actora: ALBA ISIDORA RODRÍGUEZ
I.5.3.- El DEPARTAMENTO vinculado en calidad de tercero con
interés directo en las resultas del proceso, señaló que no ha
vulnerado derecho fundamental alguno; asimismo, que la acción de
tutela no está siento utilizada como mecanismo transitorio y
subsidiario, requisitos indispensables para su procedencia.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
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Actora: ALBA ISIDORA RODRÍGUEZ
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
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a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
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e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
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condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se
deje sin efecto la providencia de 17 de julio de 2025, proferida por
el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2021-00050-01.
A la citada providencia la actora le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, a la igualdad
y a los principios de legalidad y seguridad jurídica.
Los disensos de la actora radican en que la decisión judicial
cuestionada incurrió en el desconocimiento del precedente
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jurisprudencial establecido en las sentencias de unificación
dictadas por esta Corporación el 18 de julio de 2018, la cual, a su
juicio, le es aplicable al ser beneficiaria del régimen de cesantías
retroactivas; y la SUJ-032-CE-S2-2023 de 11 de octubre de 2023.
Resaltó que también incurrió en el defecto material o sustantivo,
por cuanto no se fundamentó en una normativa que disponga el pago
de la sanción moratoria a los empleados cobijados por el régimen de
cesantías retroactivas.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)
establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.
En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
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• De la relevancia constitucional
La Sala advierte que la finalidad de la actora con la solicitud de
amparo de la referencia es que se reconozca la sanción moratoria
solicitada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación 2021-
00050-01.
En este punto, la Sala resalta que sobre el incumplimiento del
requisito de la relevancia constitucional en los asuntos en que se
discuten providencias judiciales en las que se resolvió sobre la
procedencia de la sanción moratoria por no consignación
oportuna de las cesantías, la Corte Constitucional en la sentencia
SU-573 de 27 de noviembre de 20198, sostuvo lo siguiente:
“[…] 51. Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la
especial carga interpretativa que debe asumir el juez de tutela
cuando valora la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro
que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de
relevancia constitucional. Los accionantes consideran que, con
las sentencias proferidas en el marco de los procesos de nulidad
y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró
sus derechos fundamentales, por cuanto les fue negada
la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por no consignación oportuna de las
cesantías, prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley
50 de 1990 y la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto
8
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019. Referencia: Expedientes T-
7.457.373, T-7.457.923 y T-7.466.562. M.P. Carlos Bernal Pulido
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1582 de 1998. En esa medida, adujeron que las providencias
impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente, dado que la accionada no
interpretó las normas legales “con un enfoque constitucional” y
desconoció los pronunciamientos de la Corte Constitucional y
Consejo de Estado, según los cuales tenían derecho al pago de
la penalidad reclamada.
52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por
los actores no cumplen con esta exigencia jurisprudencial,
debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un
asunto meramente legal, con una connotación
patrimonial privada, (ii) que no tiene relación directa
con la presunta afectación de un derecho fundamental,
y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez
ordinario, por cuanto no se advierte prima facie una
actuación arbitraria o ilegítima de la autoridad judicial.
[…]
55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación
oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental
ni está ligada a la satisfacción de una garantía de
naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta
Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las
cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya
finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente
sin trabajo”. Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado
sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se
advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del
derecho al mínimo vital y a la seguridad social del
trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional
que no corresponda a la finalidad misma de las
cesantías, sino a una penalidad para el empleador que
no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los
términos solicitados, es un reconocimiento de fuente
legal con carácter netamente patrimonial, que no
amerita la intervención del juez de tutela […]”.
De lo anterior se desprende que los argumentos relacionados con la
procedencia de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las
cesantías no pueden acreditar vulneración de derecho fundamental
alguno, sino que corresponden a inconformidades de mera legalidad,
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que versan sobre un reconocimiento patrimonial que no amerita la
intervención del juez de tutela.
Dicha posición fue reiterada por esta Sala que, mediante sentencia
de 15 de julio de 20219, declaró la improcedencia de la acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de la relevancia
constitucional, en un asunto en el que se pretendía dejar sin efectos
unas providencias judiciales que denegaron el reconocimiento de una
sanción moratoria por el no pago oportuno de unas cesantías.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso identificado con
el núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-01425-01. Actora: BOLIVIA MERCEDES PACHECO
GONZÁLEZ. M.P. Oswaldo Giraldo López
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00259-00
Actora: ALBA ISIDORA RODRÍGUEZ
esenciales, propias del debido proceso constitucional 10, de manera
tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».11
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación12, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [13]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
10
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
11
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[13] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
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“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [14].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [15].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [16].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
[14] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[15] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[16] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [17]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [18].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [19]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
[17] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[18] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[19] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal […]” (Destacado fuera de
texto).
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó
que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el
requisito de relevancia constitucional debía analizarse:
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“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción de
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia
y la independencia del juez ordinario.
Precisado lo anterior, la Sala constata que lo planteado en la presente
acción de tutela no se refiere a un asunto de relevancia
constitucional, -en los términos señalados en la jurisprudencia
constitucional aquí analizada-, que haga imperiosa la intervención del
juez de tutela, con miras a examinar la posible vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la actora.
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En este punto es del caso destacar que frente al defecto por
desconocimiento del precedente judicial tampoco se cumple con el
requisito general de la relevancia constitucional en la medida en que
en las sentencia invocadas como desconocidas, entre estas, la de 11
de octubre de 2023, el Consejo de Estado unificó el asunto de los
educadores afiliados y no afiliados al FOMAG, lo que evidencia que
dicho pronunciamiento no le es aplicable a la actora, comoquiera que
aquella labora como auxiliar de servicios generales en el
DEPARTAMENTO y no como docente.
En efecto, en la mencionada sentencia de unificación se estableció
que “[…] Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho
a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la
Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de
administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Sin
embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado
al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción
moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social en
favor del docente estatal […]”.
En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente
asunto no se invocó, ni acreditó la existencia de un perjuicio
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irremediable, que permita de manera excepcional proceder al análisis
de la acción constitucional, la Sala concluye que tales
inconformidades carecen del requisito general de la relevancia
constitucional.
Cabe señalar que, esta Sección20, al igual que las Secciones Tercera,
Cuarta y Quinta de esta Corporación21, ha venido reiterando, de
manera pacífica, que los conflictos en materia de tutela relacionados
con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria están asociados
a controversias de índole meramente legal y económica, por lo que
no cumplen con el citado requisito general de procedibilidad.
En consecuencia, se declarará improcedente la solicitud de amparo
presentada por la actora, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
20
Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 15 de julio de 2021 expediente número 11001-03-15-
000-2021-01425-01; de 5 de agosto de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-02676-01;
de 7 de abril de 2022 expediente número 11001-03-15-000-2022-01593-00.
21
Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 17 de marzo de 2022 expediente número 11001-03-
15-000-2022-01048-00; de 5 de agosto de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-01482-
01; de 8 de julio de 2021 expediente número 11001-03-15-2021-02351-00; de 20 de mayo de 2021
expediente número 11001-03-15-000-2021-01836-00.
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F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por
carecer del requisito general de la relevancia constitucional, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de febrero de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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