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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00262-01

Fecha
8 de mayo de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00262-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de febrero de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que negó la solicitud de tutela de Miguel Ángel Revelo Bolaños contra la Sección Primera del Consejo de Estado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00262-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

8 de mayo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00262-01
Accionante: Miguel Ángel Revelo Bolaños

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00262-01
Accionante: Miguel Ángel Revelo Bolaños
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de tutela. Mora judicial. Niega amparo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que presentó la parte actora en contra de la
sentencia del 19 de febrero de 2026 proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado que negó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Miguel Ángel Revelo Bolaños, actuando en nombre propio, interpuso acción de
tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, al trabajo, al buen
nombre, a la dignidad humana y al plazo razonable en la adopción de medidas
judiciales, los cuales consideró vulnerados por la Sección Primera del Consejo de
Estado, con ocasión de la mora en el trámite del recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado núm. 52001-23-33-000-2018-00353-00/01.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica 1:

2.1. El señor Miguel Ángel Revelo Bolaños fue vinculado a un proceso de
responsabilidad fiscal adelantado por la Contraloría General de la República, dentro
del cual se profirieron actos administrativos que culminaron con la declaratoria de
su responsabilidad fiscal. Como consecuencia de dicha declaratoria, se le

1 Actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001031500020260026201110
0103

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00262-01
Accionante: Miguel Ángel Revelo Bolaños

impusieron inhabilidades legales que le han impedido contratar y participar en
procesos de contratación estatal.

2.2. En ese contexto, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Contraloría General de la
República, la cual fue repartida al Tribunal Administrativo de Nariño bajo el radicada
núm. 52001-23-33-000-2018-00353-00.

2.3. Mediante sentencia de 11 de agosto de 2021, el tribunal accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad de los actos administrativos
demandados.

2.4. Inconforme con esa decisión, la Contraloría General de la República interpuso
recurso de apelación, el cual fue remitido al Consejo de Estado y repartido a la
Sección Primera, bajo la ponencia del magistrado Carlos Fernando Mantilla
Navarro, donde se encuentra en trámite.

2.5. El 7 de marzo de 2025, el actor elevó derecho de petición ante la Sección
Primera del Consejo de Estado, con el fin de conocer el estado del proceso y el
tiempo estimado para la decisión del recurso de apelación.

2.6. Mediante respuesta de 1 de septiembre de 2025, la autoridad judicial informó
que el proceso se encontraba pendiente de fallo, ubicado en el turno núm. 192, sin
indicar fecha aproximada de decisión.

2.7. El actor señaló que, para la fecha de presentación de la acción de tutela, esto
es, 15 de enero de 2026, habían transcurrido cerca de cuatro (4) años desde la
interposición del recurso de apelación sin que se hubiera proferido decisión de
segunda instancia, circunstancia que, a ju icio del actor, configura una mora
injustificada.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

La parte accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y al plazo razonable, con ocasión
de la mora en la resolución del recurso de apelación dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 52001-23-33-000-
2018-00353-00/01. Sostuvo que la ausencia de una decisión de segunda instancia,
durante un término prolongado, ha impedido la definición de su situación jurídica.

Adicionalmente, afirmó que dicha demora ha afectado sus derechos al trabajo, al
buen nombre y a la dignidad humana, en la medida en que prolonga los efectos de
la declaratoria de responsabilidad fiscal que le impide contratar con el Estado, lo
cual ha generado consecuencias negativas en su actividad profesional y en sus
condiciones de subsistencia. Indicó que la falta de decisión ha producido una
situación de incertidumbre jurídica que impacta de manera continua sus derechos
fundamentales.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00262-01
Accionante: Miguel Ángel Revelo Bolaños

En consecuencia, solicitó ordenar a la Sección Primera del Consejo de Estado, en
particular, al despacho del magistrado ponente Carlos Fernando Mantilla Navarro,
que profiera la sentencia de segunda instancia dentro de un término perentorio y
razonable. Asimismo, pidió, como medida provisional, la suspensión de los efectos
derivados de la declaratoria de responsabilidad fiscal, en especial aquellos que le
impiden contratar con el Estado, con el fin de evitar la configuración de un perjuicio
irremediable.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 30 de enero de 20262, la Sección Quinta del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela, negó la medida provisional solicitada y requirió
al Tribunal Administrativo de Nariño y a la Sección Primera del Consejo de Estado
para que, allegaran copia del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado núm. 52001-23-33-000-2018-00353-00/01.

Surtido el trámite de notificación, se recibieron las siguientes intervenciones:

4.2. El Tribunal Administrativo de Nariño3, remitió el expediente digital del
proceso ordinario; sin embargo, no se pronunció sobre los hechos y las pretensiones
de la acción de tutela.

4.3. La Sección Primera del Consejo de Estado 4, sostuvo que la mora alegada
no se encuentra acreditada, en tanto esta solo se configura cuando es producto de
la falta de diligencia, arbitrariedad u omisión en el cumplimiento de las funciones del
juez, circunstancia que no se evidencia en el presente caso.

Explicó que el expediente ingresó al despacho para fallo el 28 de febrero de 2022;
sin embargo, con posterioridad, el actor solicitó en dos oportunidades el decreto de
medidas cautelares, lo que implicó resolver dichas solicitudes antes de adoptar la
decisión de fondo. Indicó que, mediante auto del 26 de enero de 2024, se negó la
primera solicitud, presentada el 22 de agosto de 2023, y la segunda, radicada el 7
de marzo de 2025, se encuentra pendiente de resolución.

Asimismo, precisó que el proceso se encuentra en turno para fallo y que existen
solicitudes de medidas cautelares anteriores que deben resolverse conforme al
orden de ingreso. Añadió que el despacho tiene a su cargo un alto volumen de
procesos, lo cual incide en los tiempos de decisión.

2 Índice 00004 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia, con certificado núm.
57FF845E52C8EEF2 12AE699F51532ECC 54CE1956FFB8B8E2 FBED6EA366DBC042 .
3 Índice 00012 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia con certificado núm.

BD97B9A7D441F147 757E7CD784268CDA 482A58776A8EC478 B14EBAE273F3FEAD .
4 Índice 00014 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia , con certificado núm.

9AB097438533DEF2 291021A70BC53EDF AF0D8011B20B3B9A E6FD05EA68CDB115 .

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Accionante: Miguel Ángel Revelo Bolaños

5. La sentencia de primera instancia

La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia del 19 de febrero de
20265 negó el amparo solicitado. En su análisis, advirtió que, conforme al informe
rendido por la autoridad judicial accionada, el magistrado ponente ha dado trámite
a las solicitudes elevadas por el actor, tanto las relacionadas con el estado del
proceso como aquellas dirigidas a obtener el decreto de medidas cautelares, las
cuales han sido resueltas con prioridad. Asimismo, indicó que el proceso se
encuentra en turno para fallo y actualmente ocupa el puesto 153.

Precisó, además, que el despacho registra una alta carga laboral, con un número
significativo de procesos a su cargo, lo que incide en los tiempos de decisión. En
ese contexto, recordó que la mora judicial que vulnera derechos fundamentales se
configura únicamente cuando existe incumplimiento de los términos legales,
omisión en el trámite de los procesos o ausencia de una justificación razonable,
supuestos que no se evidencian en el caso concreto.

De la revisión del expediente, la Sala constató que el proceso ha tenido impulso, en
tanto se admitió el recurso de apelación, se resolvieron solicitudes de medida
cautelar y se atendieron las peticiones del actor. Igualmente, observó que el
expediente ha avanzado en el turno de decisión, lo que evidencia actividad del
despacho.

Finalmente, concluyó que no se acreditó la existencia de una mora injustificada ni
de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez constitucional, por
lo que negó el amparo invocado.

6. Impugnación

La parte actora presentó escrito de impugnación6, contra la decisión de primera
instancia, en el que sostuvo que el fallo impugnado centró su análisis en la
congestión estructural del Consejo de Estado y en el sistema de turnos, sin aplicar
el test de plazo razonable desarrollado por la Corte Constitucion al.

Indicó que dicho análisis exige valorar la complejidad del asunto, la actividad
procesal del interesado y la conducta de las autoridades, elementos que, a su juicio,
no fueron examinados de manera material. En cuanto a la complejidad, afirmó que
se trata de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que ya cuenta con
sentencia de primera instancia, sin que se evidencie una dificultad extraordinaria
que justifique la demora en segunda instancia.

Respecto de la actividad procesal, señaló que ha actuado con diligencia y no ha
incurrido en conductas dilatorias. En relación con la conducta de la autoridad

5 Índice 00017 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia , con certificado núm.
7BA7E69C4D3848A9 2E556502233E0613 96CC5CE83B0B49ED A3472B683529EBFD .
6 Índice 00022 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia , con certificado núm.

C184C017BA0003F5 40BFBE4A257A7447 EA76D71FCAFF4BFA 4314B1C9420C8283.

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Accionante: Miguel Ángel Revelo Bolaños

judicial, sostuvo que, si bien se acreditó congestión, esta no justifica la ausencia de
decisión durante más de cuatro años desde la interposición del recurso de
apelación, ni desvirtúa la afectación del derecho al plazo razonable.

Adicionalmente, afirmó que la demora no es neutra, en tanto mantiene vigentes los
efectos de la declaratoria de responsabilidad fiscal, lo que le impide contratar con el
Estado y afecta su derecho al trabajo. Indicó que dicha situación le ha generado
perjuicios económicos concretos, derivados de la imposibilidad de ejecutar
contratos y desarrollar su actividad profesional.

En ese contexto, sostuvo que la prolongación del proceso configura una afectación
actual y continua de sus derechos fundamentales, que se agrava con el paso del
tiempo, máxime cuando existe una decisión favorable en primera instancia.
Finalmente, advirtió que su condición de adulto mayor impone un análisis reforzado
del plazo razonable, el cual no fue realizado por el juez de tutela.

La magistrada ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de
auto del 3 de marzo de 20267, concedió la impugnación interpuesta por la parte
accionante.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación que presentó la parte
actora, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política
y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Miguel
Ángel Revelo Bolaños al ser el titular de los derechos que afirma fueron vulnerados,
dado que actúa como demandante en el trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho adelantado bajo el radicado núm. 52001-23-33-000-
2018-00353-00/01.

2.2. Por otro lado, está probada la legitimación en la causa por pasiva de la
Sección Primera del Consejo de Estado, pues tiene a su cargo el proceso
mencionado y fue su omisión en el impulso de este a la que la parte accionante le
atribuyó la vulneración de su garantía constitucional.

7 Índice 00027 del expediente digital de primera instancia, certificado A16EC29BCDEBA4DC
3CC8682742A2CCCE 1EB001FC0A68275E 5951C8DE9AB3378A.

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Accionante: Miguel Ángel Revelo Bolaños

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de
impugnación tienen la entidad suficiente para revocar el fallo de primera instancia
que negó el amparo, al no encontrar acreditada la existencia de una mora
injustificada en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

4. Mora judicial

El artículo 29 de la Constitución establece el derecho al debido proceso “sin
dilaciones injustificadas” que tiene toda persona. De igual forma, el artículo 228
ibídem dispone que “[l]os términos procesales se observarán con diligencia y su
incumplimiento será sancionado (…)”. Así mismo, según el artículo 4 de la Ley 270
de 1996, “[l]a administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos
procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los
funcionarios judiciales. Su violación constituye causal de mala conducta, sin
perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar”.

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha dispuesto que “un elemento
fundamental del derecho al debido proceso es la garantía de obtener una decisión
de fondo sin dilaciones injustificadas y dentro de plazos razonables” 8 y que cuando
los jueces no cumplen los términos establecidos en la ley para resolver los
requerimientos de las partes, incurren en mora judicial, conducta que puede
comportar una eventual vulneración del derecho al debido proceso ante la omisión
de proferir una determinada providencia.

No obstante, el alto Tribunal Constitucional también ha indicado que “no todo retardo
en la adopción de una decisión judicial genera per se una infracción a la
Constitución, [p]ara que esto ocurra debe probarse que la dilación injustificada tuvo
origen en la falta de diligencia del funcionario judicial en el cumplimiento de sus
deberes o que el plazo del proceso sea irrazonable” 9. Por esta razón, la
jurisprudencia constitucional ha reconocido que la mora judicial puede darse por
negligencia o arbitrariedad de los funcionarios judiciales encargados de proferir las
providencias —caso en el cual la mora es injustificada—; o por la sobrecarga y el
represamiento de trabajo que impide el cumplimiento de los términos procesales,
caso en el que la mora es justificada y no vulnera los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia 10.

Adicional, la jurisprudencia constitucional11 ha identificado eventos en los que se
genera mora judicial a pesar de la diligencia del funcionario, dentro de los que se
encuentra i) la complejidad del asunto impide sujetarse estrictamente al término
previsto por el legislador; ii) existen problemas estructurales que generan
congestión y excesiva carga laboral; o iii) se acreditan otras circunstancias

8 Corte Constitucional, sentencia SU-333 de 2020.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Sentencias T-565 de 2016, T-441 de 2015, T-1227 de 2001, T-1226 de 2001 y T 286 de 2020.

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imprevisibles o ineludibles que impiden adelantar las actuaciones judiciales con
sujeción a los términos.

En ese sentido, resulta necesario examinar, en cada caso concreto, las condiciones
particulares del asunto sometido estudio, con el fin de evaluar y determinar si existe
una justificación debidamente acreditada que explique la mora 12. Lo anterior implica
que, aun cuando se superen los términos procesales para que el juez adopte una
determinación, dicha circunstancia no constituye, por sí sola, una vulneración del
derecho a obtener una decisión de fondo sin dilaciones injustificadas y dentro de un
plazo razonable, cuando se advierte la existencia de un motivo válido que justifique
el retraso, conforme al concepto jurisprudencial de “mora judicial justificada” 13.

5. Caso concreto

La Sala confirmará la decisión de primera instancia, por cuanto no se acreditó la
existencia de una mora judicial injustificada atribuible a la Sección Primera del
Consejo de Estado, conforme a las razones que se exponen a continuación.

5.1. El accionante sostuvo, tanto en el escrito de tutela como en el de impugnación,
que sus derechos fundamentales fueron vulnerados por la demora en la resolución
del recurso de apelación dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado núm. 52001-23-33-000-2018-00353-00/01.

5.2. Del análisis del expediente, la Sala advierte que no existe dilación atribuible a
la autoridad judicial accionada. En efecto, el 1 de febrero de 2022 se admitió el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 11 de agosto de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño.

Posteriormente, el actor solicitó el decreto de medidas cautelares, las cuales fueron
resueltas por la autoridad judicial. En particular, mediante auto del 26 de enero de
2024 se negó la solicitud de suspensión provisional de los actos administrativos
demandados. De igual forma, una nueva solicitud presentada el 7 de marzo de 2025
fue resuelta mediante auto del 24 de febrero de 2026, en el que se dispuso estarse
a lo resuelto en la providencia anterior.

Asimismo, se evidencia que el accionante ha presentado diversas solicitudes de
impulso procesal y peticiones relacionadas con el estado del proceso, las cuales
han sido atendidas por el despacho conforme al orden de ingreso.

12 SU-179 de 2021.
13 Las sentencias SU-333 y SU 453 de 2020, señalaron que “el estudio del derecho al debido proceso sin

dilaciones injustificadas y de la prestación del servicio público a la administración de justicia con la observancia
diligente de los términos procesales, so pena de sancionar su incumplimiento, ha determinado la construcción
de una línea jurisprudencial sobre la mora judicial producida, en últimas, por la necesidad de establecer si el
incumplimiento objetivo de los plazos o términos previstos por el legislador para adelantar una actuación es
razonable o no, y para ello ha acudido a varios criterios. Indicó que no toda mora judicial implica la vulneración
de los derechos fundamentales de una persona, pues el juez de tutela debe verificar si se incurre en un
desconocimiento de plazo razonable y la inexistencia de u n motivo válido que lo justifique. Este análisis se
adelanta teniendo en cuenta (i) la complejidad del caso, (ii) la conducta procesal de las partes, (iii) la valoración
global del procedimiento y (iv) los intereses que se debaten en el trámite.”

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Accionante: Miguel Ángel Revelo Bolaños

5.3. La Sección Primera del Consejo de Estado informó que el magistrado ponente
ha dado trámite a las solicitudes elevadas por el actor, tanto las relacionadas con el
estado del proceso como aquellas dirigidas a obtener el decreto de medidas
cautelares, las cuales han sido resueltas. Igualmente, indicó que el proceso se
encuentra en turno para fallo, actualmente en el puesto 153. Asimismo, precisó que
el despacho registra una alta carga laboral, circunstancia que incide en los tiempos
de decisión.

5.4. Al respecto, cabe precisar que la Corte Constitucional ha reconocido que la
congestión judicial y el volumen de trabajo constituyen razones objetivas que
explican el fenómeno de la mora judicial, “que se presenta como resultado de
acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los
funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos”14.

Con fundamento en lo anterior, la Sala advierte que, en el caso concreto, no se
configura una dilación atribuible a la autoridad judicial accionada. En efecto, se
evidencia que el despacho ha adelantado actuaciones orientadas al trámite del
proceso, en tanto ha resuelto las solicitudes elevadas por el actor, ha dado curso al
recurso de apelación y el expediente ha avanzado en el turno de decisión, lo que da
cuenta de una actividad jurisdiccional efectiva.

5.5. Adicionalmente, la Sala observa que la demora en la decisión se explica por la
carga laboral del despacho y por las actuaciones promovidas por el propio actor, sin
que se advierta una conducta negligente u omisiva por parte de la autoridad judicial.
En ese sentido, la valoración de la razonabilidad del plazo debe realizarse a partir
del momento en que el expediente ingresó al despacho para fallo, sin que el tiempo
transcurrido desde entonces pueda considerarse irrazonable en las circunstancias
del caso.

5.6. Finalmente, el simple incumplimiento de términos procesales no configura, por
sí mismo, una vulneración del debido proceso, salvo que se acredite la existencia
de un perjuicio irremediable, lo cual no ocurre en el presente asunto. En
consecuencia, la Sala no advierte la vulneración de los derechos fundamentales
invocados.

5.7. En ese orden de ideas, la Sala concluye que la actuación señalada por el
accionante como constitutiva de mora judicial y lesiva de sus derechos
fundamentales no se encuentra acreditada. En consecuencia, se confirmará la
decisión de primera instancia que negó el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

14 Corte Constitucional, sentencia T-052 de 2018.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00262-01
Accionante: Miguel Ángel Revelo Bolaños

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de febrero de 2026 por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, que negó la solicitud de tutela de Miguel
Ángel Revelo Bolaños contra la Sección Primera del Consejo de Estado, conforme
a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y Cúmplase,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
ECG

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