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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00266-00

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00266-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Denegar las solicitudes de desvinculación propuestas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ), la Unión Temporal Formación Judicial 2019 y el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de la Carrera Judicial. SEGUNDO: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Miyer Rodríguez Lasso. TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00266-00

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

12 de febrero de 2026

Demandante: Miyer Rodríguez Lasso
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura -
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00266-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00266-00
Demandante: MIYER RODRÍGUEZ LASSO
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - ESCUELA
JUDICIAL “RODRIGO LARA BONILLA” Y OTRO

Temas: Tutela contra acto administrativo. Requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio de
la acción constitucional prevista en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Miyer Rodríguez Lasso, en nombre propio, presentó acción de tutela1
contra el Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla” y la Unión Temporal Formación Judicial 2019, al considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a
cargos públicos, junto con los principios de legalidad, de buena fe y a la confianza
legítima.

Esto, con ocasión del examen realizado el 19 de mayo de 2024 en el marco de la
Convocatoria 27 de la Rama Judicial, pues las fallas técnicas que allí se
presentaron originaron que no obtuviera el puntaje requerido para continuar en el
proceso de selección, según lo dispuesto en las resoluciones EJR24-298 de 21 de
junio de 2024 y EJR24-754 de 31 de octubre del mismo año.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el accionante elevó las siguientes súplicas:

Primera: Solicito respetuosamente que se admita la presente acción de tutela como
mecanismo definitivo y, en consecuencia, se tutelen mis derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, al acceso a cargos públicos, a la confianza legítima,

1
Con escrito radicado el 14 de enero de 2026.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Miyer Rodríguez Lasso
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura -
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00266-00

así como los demás derechos fundamentales que resulten vulnerados conforme a
los hechos y valoraciones efectuadas por la entidad accionada.

Segunda: Que se ordene a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla repetir el
examen practicado el 19 de mayo de 2024, teniendo en cuenta los ejes temáticos
evaluados en dicha jornada, los cuales se encuentran debidamente identificados y
desarrollados en el acápite de hechos de esta acción constitucional. Así mismo, que
se le ordene a la entidad accionada fijar una nueva fecha con un término prudencial,
que permita preparar adecuadamente los temas objeto de evaluación.

Tercera: Que se ordene a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla que, en el evento
en que con la repetición del examen obtenga el puntaje mínimo requerido para
avanzar a la fase especializada, proceda a permitir mi ingreso y a dictarme el curso
de la fase especializada correspondiente al Noveno Curso de Formación Judicial –
Convocatoria 27.

Pretensión subsidiaria: De manera subsidiaria, en caso de que no se considere
viable la repetición del examen, solicito que se ordene excluir de la evaluación las
preguntas que no pudieron ser contestadas como consecuencia del tiempo perdido
por las fallas tecnológicas atribuibles a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla,
relacionadas con la aplicación utilizada para la presentación del examen. En
concreto, se solicita que se eliminen las preguntas comprendidas entre la número 53
y la 84, correspondientes a la jornada de la tarde del 19 de mayo de 2024, y que, en
consecuencia, se emita una nueva calificación excluyendo dichas preguntas, o, en
su defecto, que estas se den por acertadas, procediendo a realizar una nueva
valoración del puntaje obtenido.2

1.3. Hechos

En el escrito de la tutela se hizo mención a los siguientes supuestos fácticos:

El señor Rodríguez Lasso adujo que participó en el concurso de méritos
convocado para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial
(Convocatoria 27 de 2018) como aspirante al cargo de juez promiscuo, en el que
aprobó el examen de conocimientos y fue admitido en el IX Curso de Formación
Judicial Inicial.

Explicó que en el Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 20193 se
estableció que el curso comprende dos subfases: una general y una
especializada, y cada una se superaba con un puntaje mínimo de 800 puntos, en
una escala de 1 a 1.000.

Relató que el 21 de abril del 2024 fue convocado para efectuar un ensayo en la
aplicación Klarway, dispuesta por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”4, con
el propósito de conocer su funcionamiento. Sin embargo, la plataforma presentó
varias fallas técnicas.

Narró que dicha entidad canceló la evaluación inicialmente programada para los
días 4 y 5 de mayo de 2024. En su lugar, se reprogramó el examen para el 19 de
mayo y 2 de junio de 2024. Además, se dispuso la realización de un nuevo
simulacro para el 5 de mayo de ese año.

2
Trascripción literal del original con posibles errores.
3
«Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial
Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las
especialidades, Promoción 2020-2021».
4
Unidad adscrita al Consejo Superior de la Judicatura.

2

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Demandante: Miyer Rodríguez Lasso
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura -
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00266-00

Expuso que el 19 de mayo de 2024 se presentó un inconveniente al momento de
iniciar el examen, debido a que la plataforma Klarway no le permitió ingresar a la
prueba a las 8:00 a.m., sino cinco minutos después. Circunstancia que se reiteró
en la jornada de la tarde, pues la evaluación comenzó a las 2:00 p.m., pero
accedió a la aplicación a las 2:40 p.m., motivo por el que no resolvió varias
preguntas.

Señaló que en la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024, la Escuela
Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” publicó los resultados de la subfase general del
curso, en la que obtuvo un puntaje de 673.330. Así que interpuso recurso de
reposición, el cual fue resuelto en la Resolución EJR24-754 de 31 de octubre del
mismo año, en el sentido ajustar la calificación en 687 puntos.

Puso de presente que el 6 de junio de 2025 promovió el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Rama Judicial5, con el
propósito de obtener la nulidad de los referidos actos administrativos, cuyo
conocimiento le correspondió al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial
de Popayán que, en auto de 9 de septiembre de 2025, se declaró impedido.

Aludió que el expediente fue remitido al Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito Judicial de Popayán, el cual también manifestó su impedimento para
tramitar el asunto, mediante providencia de 14 de octubre de 2025 y dispuso la
remisión del proceso al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de
Popayán, despacho que no ha emitido algún pronunciamiento respecto a la
admisión de la demanda.

1.4. Sustento de la vulneración

El accionante consideró que se transgredieron sus derechos fundamentales
invocados con las irregularidades técnicas que se presentaron en el examen
virtual realizado el 19 de mayo de 2024 dentro de la Convocatoria 27 de la Rama
Judicial, toda vez que el tiempo que perdió al momento de entrar a la plataforma
Klarway incidió directamente en su desempeño y en el resultado obtenido, razón
por la que no pudo continuar en el concurso de méritos.

Destacó que, si bien el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho es, en
principio, el mecanismo judicial idóneo para la protección de sus garantías
constitucionales vulneradas, lo cierto es que no resulta eficaz en este caso por la
demora propia de su trámite, pues cuando finalice la litis se habrá expedido la lista
de elegibles, así como realizado los nombramientos en los cargos vacantes, de
modo que se configuraría un perjuicio irremediable.

1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante auto de 21 de enero de 2026, se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar esta decisión al actor y como demandados al presidente del Consejo
Superior de la Judicatura, a la directora de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara

5
Proceso con radicado 19001-33-33-008-202-500270-00.

3

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Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00266-00

Bonilla” y al representante legal de la Unión Temporal Formación Judicial 20196.

Además, se vinculó a la directora de la Unidad de Administración de Carrera
Judicial, a la directora ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ), a los
representantes legales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
y la sociedad Edistribution S.A.S., así como al juez Octavo Administrativo del
Circuito Judicial de Popayán, en calidad de terceros con interés.

De igual forma, se ordenó a la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” comunicar la
existencia del presente asunto a los participantes de la Convocatoria 27 de 2018
en su página web7 y se dispuso que la Secretaría General publicara un aviso
sobre la existencia de esta acción, para efectos de vincular a eventuales
interesados en las resultas del proceso.8

Remitidas las respectivas comunicaciones9, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

Esta entidad solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, tras señalar que no es la competente para administrar la carrera judicial,
pues la función de administrar y reglamentar este tema recae en el Consejo
Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.

1.5.2. Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Popayán

El titular del despacho informó que el 15 de octubre de 2025 recibió por reparto la
demanda promovida por el señor Rodríguez Lasso, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual se identifica con el
radicado 19001-33-33-008-202-500270-00 y cuya admisión se encuentra
actualmente en estudio.

1.5.3. Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”

La directora de esta unidad solicitó que se declare improcedente la tutela por no
cumplir el requisito de subsidiariedad, teniendo en cuenta que la demanda
promovida por el actor se encuentra en trámite y este es el escenario idóneo para
que se ventile la controversia acá planteada, máxime cuando puede pedir medidas
cautelares para que se garantice la protección de sus derechos, así como el
impuso del proceso.

A su vez, consideró que lo argumentado por el demandante no tiene vocación de
prosperidad, debido a que la prueba del 19 de mayo de 2024 realizada en el
marco del IX Curso de Formación Judicial Inicial se desarrolló con el correcto

6
Integrada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y la sociedad Edistribution
S.A.S.
7
Publicación realizada el 23 de enero de 2026.
8
Actuación que se surtió el 26 de enero de 2026.
9
Mediante oficios enviados el 23 de enero de la presente anualidad.

4

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funcionamiento de la plataforma tecnológica, lo que se encuentra debidamente
respaldado en el certificado expedido por la Unión Temporal Formación Judicial
2019.

1.5.4. Unión Temporal Formación Judicial 2019

En el informe rendido por el representante legal se puntualizó que la evaluación de
la subfase general del curso adelantado en la Convocatoria 27 de la Rama Judicial
se llevó a cabo en óptimas condiciones para todos los discentes, razón por la que
un total de 3.080 participantes lograron presentarla y superaron satisfactoriamente
los procesos de instalación y actualización del aplicativo Klarway, así como la
validación biométrica y del entorno de sus equipos.

En ese sentido, destacó que los concursantes respondieron las 168 preguntas
distribuidas entre la jornada de la mañana y la tarde. De modo que el 98% de las
personas que ingresaron al examen virtual lo completaron en su totalidad,
porcentaje que evidenciaba la adecuada disponibilidad y estabilidad del
ecosistema tecnológico dispuesto para su desarrollo.

Por lo anterior, se opuso al amparo deprecado por el tutelante y aclaró que la
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” es la única entidad con la facultad para
tramitar y resolver lo requerido por el accionante, así que solicitó ser apartada del
presente asunto por carecer de legitimación en la causa por pasiva.

1.5.5. Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de la
Carrera Judicial

Hizo referencia a que esa corporación no atentó contra alguno de los derechos
fundamentales del demandante, ni tiene competencia para pronunciarse sobre las
pretensiones formuladas en la tutela, pues ello implicaría exceder su órbita
funcional e invadir las funciones exclusivas de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”. Por lo anterior, pidió ser desvinculada de este asunto por falta de
legitimación en la causa por pasiva.

1.5.6. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

En criterio de la institución educativa, la tutela es improcedente por no superar el
presupuesto de la subsidiariedad pues el accionante acudió al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir los mismos hechos
expuestos en esta ocasión, asunto que está actualmente en curso ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, sin que evidenciara la existencia de
un perjuicio irremediable.

Igualmente, señaló que los impedimentos manifestados por los jueces a quienes
se repartió el proceso y la falta de pronunciamiento sobre la admisión de la
demanda, no constituyen una vulneración autónoma de los derechos
fundamentales del actor, ni alteran de manera sustancial la situación jurídica
debatida en dicho litigio, por cuanto se trata de circunstancias propias del trámite
judicial.

5

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ), la Unión Temporal
Formación Judicial 2019 y el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de la Carrera Judicial solicitaron su desvinculación por carecer de
legitimación en la causa por pasiva.

No obstante, tales peticiones serán denegadas por cuanto su vinculación obedeció
al posible interés que les asiste en las resultas del proceso, mas no como las
autoridades a las cuales el actor les atribuyó la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales.

Ello, en atención a que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
fue la entidad que contrató a la Unión Temporal Formación Judicial 2019 para
llevar a cabo el IX Curso de Formación Judicial Inicial y esta última, a su vez,
dispuso el software Klarway para realizar la evaluación de la subfase general.

Además, la Unidad de Administración de Carrera Judicial es una unidad
administrativa adscrita al Consejo Superior de la Judicatura que tiene a su cargo
asuntos relativos a la administración de la carrera judicial.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si la acción de tutela cumple el requisito de
subsidiariedad y, de superarse lo anterior, deberá analizar si el Consejo Superior
de la Judicatura - Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” y la Unión Temporal
Formación Judicial 2019 vulneraron los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a cargos públicos, junto con los principios de
legalidad, de buena fe y a la confianza legítima del accionante, en el marco de la
Convocatoria 27 de la Rama Judicial.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución prevé el precepto constitucional, según el cual,
toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la
protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los
particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es

6

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absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en
el artículo 6º ibidem., entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se
alega amenazado o vulnerado.

2.5. Requisito de subsidiaridad

Este presupuesto de procedibilidad está previsto en el inciso 3º del artículo 86 de
la Constitución, según el cual, «[e]sta acción solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».

La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad de la
tutela, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser
resueltos, en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de
manera que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas
no son idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta
admisible acudir a esta acción constitucional.

En consecuencia, el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la
obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los
cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de
los recursos legales deviene en la improcedencia de este mecanismo.

El criterio de la Sala10 en torno a la procedencia de las acciones de tutela
presentadas con ocasión de los concursos de mérito, consiste en que dentro
estos «(...) se expiden actos definitivos y de trámite, siendo los primeros
demandables dada su naturaleza, como por ejemplo el acto que contiene la lista
de elegibles; por el contrario, los segundos no pueden ser enjuiciados, salvo que
siendo de trámite se tornen en definitivos11, como cuando impiden continuar la
actuación administrativa respecto de estos, como sería por ejemplo el acto que
contiene la lista de admitidos y rechazados».12

En otras palabras, las acciones de tutela presentadas con ocasión de los
concursos de mérito, por regla general, no son procedentes cuando los actos
proferidos en el marco de estos son susceptibles de ser demandados ante los

10
Sentencia de 2 de julio de 2020, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, radicado 2019-04731-00
(Principal). Tesis reiterada en la sentencia de 2 de diciembre de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio, radicado 11001-03-15-000-2021-05942-01.
11
La Corte Constitucional en la sentencia SU-617 de 2013 estableció que la tutela procede de
manera excepcional frente a un acto de trámite cuando este puede «definir una situación especial y
sustancial dentro de la actuación administrativa» y ha sido «fruto de una actuación abiertamente
irrazonable o desproporcionada del funcionario, con lo cual vulnera las garantías establecidas en la
Constitución».
12
«Ahora bien, es cierto que los únicos actos susceptibles de la acción contenciosa administrativa
son los actos definitivos, es decir, que se excluyen los de trámite, pues estos se controlan
jurisdiccionalmente como parte integrante del acto definitivo y conjuntamente con éste, es decir de
aquel que cierra la actuación administrativa. No obstante, el que un acto sea definitivo, no depende
siempre de hallarse situación en el final del trámite, pues puede ser que cierre un ciclo autónomo
de la actuación administrativa claramente definido y que como tal pueda ser impugnado mediante
la acción de nulidad». Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 8 de marzo de 2012.
Radicado 2010-00011-00-(0068-10), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

7

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jueces administrativos. No obstante, la Corte Constitucional identificó algunas
excepciones a la anterior regla, a saber:

i) El empleo ofertado en el proceso de selección cuenta con un periodo fijo
determinado por la Constitución o por la ley13; ii) se imponen trabas para nombrar
en el cargo a quien ocupó el primer lugar en la lista de elegibles14; iii) el caso
presenta elementos que podrían escapar del control del juez de lo contencioso
administrativo, por lo que tiene una marcada relevancia constitucional 15; y
finalmente, iv) cuando por las condiciones particulares del accionante (edad,
estado de salud, condición social, entre otras), al demandante le resulta
desproporcionado acudir al mecanismo judicial.

2.6. Caso concreto

En el asunto que ocupa a la Sala, el señor Rodríguez Lasso le atribuye la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados a las autoridades
accionadas, tras considerar que en el examen realizado el 19 de mayo de 2024
en la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial de la
Convocatoria 27 se presentaron fallas técnicas que afectaron el correcto
desarrollo de la prueba.

En consecuencia, en el anexo de la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de
202416 se indicó que obtuvo un puntaje final de 673.330, por lo que su estado fue
de «reprobado» y en la Resolución EJR24-754 de 31 de octubre de 202417 se
ajustó la calificación de la evaluación con 687 puntos, los cuales no fueron
suficientes para que pudiera continuar en el proceso de selección.

Bajo este contexto, se infiere que en realidad el debate propuesto en la solicitud
de tutela está dirigido a que se revoquen los actos administrativos por medio de
los cuales el actor fue excluido del aludido concurso de méritos, con el propósito
de que se le permita repetir el examen o que se excluyan las preguntas que,
según afirma, no logró contestar por falta de tiempo.

De hecho, el accionante puso de presente que radicó una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación - Rama Judicial, en la que
precisamente controvierte tales resoluciones. Sin embargo, consideró que el
medio de control no es eficaz ante la demora en su trámite, pues cuando finalice
el litigio se habrá expedido la lista de elegibles y realizado los respectivos
nombramientos en los cargos disponibles, situación que configura la existencia de
un perjuicio irremediable.

De la revisión del material probatorio obrante en el plenario se constató que, en

13
Corte Constitucional, sentencias T-509 de 2011, T-604 de 2013, T-748 de 2013, SU-553 de
2015, T-551 de 2017, T-610 de 2017 y T-059 de 2019.
14
Corte Constitucional, sentencias SU-136 de 1998, T-455 del 2000, T-102 de 2001, T-077 de
2005, T-521 de 2006, T-175 de 2009, T-556 de 2010 y T-156 de 2012.
15
Ver, entre otras, Corte Constitucional, sentencias T-785 de 2013 y T-160 de 2018.
16
«Por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de
Formación Judicial Inicial».
17
En la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por el señor Miyer Rodríguez Lasso
contra la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024.

8

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efecto, el aludido mecanismo judicial es conocido desde el 15 de octubre de 2025
por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Popayán bajo el
radicado 19001-33-33-008-202-500270-00, proceso en el cual se plantearon las
siguientes pretensiones:

1.- Que se declare la nulidad parcial de los siguientes actos administrativos:

1.1.- Resolución número EJR24-298 de 21 de junio de 2024 “Por medio de la cual
se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial
Inicial” y su Anexo; en lo que tiene que ver con el puntaje asignado al suscrito, en la
jornada del 19 de mayo de 2024

1.2 Resolución N.° EJR24-754 del 31 de octubre de 2024, por medio de la cual se
resuelvio el recurso de reposición de la Resolución número EJR24-298 de 21 de
junio de 2024, en lo que tiene que ver con el puntaje asignado a mi defendido, en la
jornada del 19 de mayo de 2024

2.- Pretensión principal Como restablecimiento del derecho, se solicita al despacho
judicial que ordene a la Rama Judicial, a través de la Escuela Judicial "Rodrigo Lara
Bonilla" y a la Unión Temporal Formación Judicial 2019, que procedan de manera
inmediata a repetir el examen practicado el día 19 de mayo de 2024,
correspondiente al IX Curso de Formación Judicial Inicial, dentro del marco de la
Convocatoria No. 27, garantizando condiciones técnicas, procedimentales y de
transparencia que aseguren la legalidad, igualdad y objetividad del proceso de
evaluación.

3.- Como pretensión subsidiaria Como restablecimiento del derecho, se solicita que
se ordene a la Rama Judicial, por conducto de la Escuela Judicial "Rodrigo Lara
Bonilla" y a la UNIÓN TEMPORAL FORMACIÓN JUDICIAL 2019, que procedan de
manera inmediata a recalificar la prueba presentada por el demandante el día 19 de
mayo de 2024, en el marco del IX Curso de Formación Judicial Inicial, jornada de la
tarde, dando como respuestas acertadas aquellas desde la pregunta número 53
hasta la pregunta número 84, atendiendo que no pudieron ser resueltas por el
tiempo que la plataforma hizo perder a mi defendido, con esto garantizando el
derecho a la igualdad, al debido proceso y a la legalidad en el proceso de
evaluación.

4.- Como pretensión subsidiaria Que se ordene a la Rama Judicial, por intermedio
de la Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla" y la UNIÓN TEMPORAL FORMACIÓN
JUDICIAL 2019, que procedan de manera inmediata a eliminar del proceso de
evaluación las preguntas comprendidas desde la número 53 hasta la número 84 del
examen correspondiente a la jornada de la tarde del día 19 de mayo de 2024,
realizado en el marco del IX Curso de Formación Judicial Inicial, y que, en
consecuencia, se efectúe una nueva calificación sin tener en cuenta dichas
preguntas, todo ello como medida de restablecimiento del derecho vulnerado (...). 18

De modo que, la discusión sugerida en esta acción constitucional gira en torno al
mismo asunto sometido a consideración del Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito Judicial de Popayán, teniendo en cuenta que ambos trámites están
relacionados con las presuntas irregularidades que se originaron en la evaluación
virtual realizada en la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial
de la Convocatoria 27.

En sede de tutela no se pueden proferir decisiones paralelas a las de la autoridad
judicial que conoce del asunto radicado bajo su competencia, aspecto que le
impone al señor Rodríguez Lasso la carga de esperar a que primero se resuelva
el proceso y, si bien es cierto que aún no se ha proferido alguna decisión en torno
18
Trascripción literal del original con posibles errores.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Miyer Rodríguez Lasso
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura -
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00266-00

a la admisión de la demanda, también lo es que este es un tema que actualmente
es objeto de análisis por parte del juez Octavo Administrativo del Circuito Judicial
de Popayán, según lo informado en su intervención.

Contrario a lo señalado por el accionante, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que estableció el legislador en el artículo 13819 de la
Ley 1437 de 2011 (CPACA) es el idóneo para debatir la legalidad de los actos
administrativos que le impidieron continuar en el concurso de méritos y, sí es
eficaz, pues para la protección inmediata de los derechos fundamentales que, en
su sentir, fueron transgredidos tiene la posibilidad de solicitar el decreto de
medidas cautelares de urgencia.

Es más, el actor pudo acudir a dicha herramienta desde la presentación de la
demanda y sin previa notificación a la otra parte, pues el juez «podrá adoptar una
medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie
que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo
anterior20», según lo previsto en el 234 de la misma norma.

Ahora, en lo concerniente a la existencia de un perjuicio irremediable es oportuno
indicar que la Corte Constitucional lo definió como «el riesgo de consumación de
un daño o afectación cierta, negativa, jurídica o fáctica, a los derechos
fundamentales, que debe ser invocada por el juez constitucional, dada la alta
probabilidad de su ocurrencia»21 y, en ese sentido, señaló lo siguiente para
determinar su existencia:

(i) [E]l perjuicio debe ser inminente, es decir, no basta con que exista una mera
posibilidad de que se produzca el daño; (ii) el perjuicio que
se cause sea grave, lo que implicaría, en consecuencia, un daño de gran intensidad
sobre la persona afectada; (iii) las medidas que se requieran para evitar la
configuración sean urgentes; y (iv) la acción es impostergable, es decir, en caso de
aplazarse la misma sea ineficaz por inoportuna.22

En el caso particular, no se evidencia alguna de estas situaciones que permitan
acceder al amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor
Rodríguez Lasso de manera urgente y desconocer el mecanismo idóneo que en
este momento se encuentra en curso para resolver la controversia acá planteada,
el cual se insiste le permitirá obtener una respuesta material y efectiva de la
justicia.

La razón de ello obedece a que no se advierte de la revisión del escrito de la tutela
y las pruebas obrantes en el expediente alguna circunstancia que amerite la
adopción de una medida transitoria, pues los documentos aportados tan solo

19
«ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se
crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se
declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas
causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior (...)».
20
«ARTÍCULO 233. PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS
CAUTELARES. La medida cautelar podrá ser solicitada desde la presentación de la demanda y en
cualquier estado del proceso (...)».
21
Corte Constitucional, sentencia T-190 de 2020, postura reiterada en la sentencia T-003 de 2022,
la cual se trae a colación como un criterio auxiliar de interpretación.
22
Corte Constitucional, sentencias SU-508 de 2020, T-190 de 2020 y T-235 de 2018.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00266-00

evidencian aspectos que justamente son objeto de controversia en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 19001-33-33-008-202-
500270-00, respecto de los cuales el juez a cargo del asunto eventualmente se
pronunciará.

En criterio de la Sala, no se configura la existencia de un perjuicio real y actual que
se le origine al accionante, en la medida que los cargos ofertados en la
Convocatoria 27 no son aquellos de periodo fijo determinado por la Constitución o
por la ley. Adicionalmente, la publicación de la lista de elegibles de este proceso
de selección se tiene prevista para que inicie su vigencia desde el 30 de abril de
2026, según la última actualización del cronograma:

Como se advierte, el actor sustentó la presunta configuración del perjuicio
irremediable a partir de hechos futuros e inciertos, pues no se tiene certeza de qué
sucederá, por ejemplo, si inicie primero la vigencia del registro de elegibles o se
profiera alguna decisión en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
que pueda variar su situación particular dentro del concurso de méritos objeto de
controversia.

De otro lado, en la acción de tutela no se propusieron circunstancias que puedan
escapar del control del juez de lo contencioso administrativo. Incluso, el
accionante no afirmó, ni mucho menos demostró, que tiene alguna condición de
especial protección para abordar el estudio del asunto desde una óptica diferente.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00266-00

Por lo tanto, el juez constitucional no puede inmiscuirse en la problemática
sugerida en la tutela de la referencia ante la existencia del proceso que promovió
el actor por los mismos hechos aquí relatados, dada la naturaleza subsidiaria y
residual de este mecanismo.

En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente esta acción por no cumplir
el requisito de subsidiariedad, debido a que este no es un mecanismo de
protección de los derechos fundamentales que se pueda emplear para abordar
asuntos propios del juez natural, máxime cuando no existe una causa justificable
para ello.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Denegar las solicitudes de desvinculación propuestas por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ), la Unión Temporal Formación Judicial
2019 y el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de la
Carrera Judicial.

SEGUNDO: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Miyer Rodríguez Lasso.

TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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