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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00273-01

Desacato en acción de tutela: falta de relevancia constitucional

Fecha
26 de junio de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00273-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de febrero de 2026 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00273-01

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

26 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00273-01
Accionante: LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZÓN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / INCIDENTE DE
DESACATO EN ACCIÓN DE TUTELA – Falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. Se confirmará la improcedencia de la acción de tutela, por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, porque los argumentos expuestos evidencian
que se pretende utilizar este mecanismo constitucional como una instancia
adicional.

II. ANTECEDENTES

La demanda

2. El 19 de enero de 2026, el señor Luis Hernando Sandoval Pinzón, actuando
en nombre propio, presentó acción de tutela para la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
igualdad, al mínimo vital, al buen nombre y a la vida digna.

3. Atribuyó la vulneración a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C por no inaplicar la sanción por desacato impuesta
el 9 de diciembre de 2024 en la acción de tutela con radicado 25000-23-42-000-
2016-05189-00.

Hechos relevantes

4. En sentencia del 15 de noviembre de 2016, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en el proceso de tutela con
radicado 25000-23-42-000-2016-05189-00 amparó el derecho fundamental de
petición de la señora Lud Rozo Valbuena y le ordenó al director de sanidad del
Ejército Nacional que respondiera de fondo la solicitud del 4 de octubre de 2016.
Asimismo, le ordenó a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional que le
practicaran los exámenes médicos de retiro a la señora Rozo Valbuena para que, a
partir de esos resultados, se convoque a junta médico laboral.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00273-01
Accionante: Luis Hernando Sandoval Pinzón

5. El 14 de febrero de 2023, la señora Lud Rozo Valbuena solicitó la apertura
de incidente de desacato por el incumplimiento del fallo de tutela. En providencia
del 27 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C sancionó al director de sanidad del Ejército Nacional con
multa de 1 salario mínimo legal mensual vigente, decisión confirmada en sede de
consulta a través de auto del 27 de septiembre de 2023.

6. El 15 de noviembre de 2024, la señora Rozo Valbuena solicitó nuevamente
la apertura del trámite incidental porque no le practicaron los exámenes remitidos
por concepto de neurología por temblor y alteración del equilibrio, así como la falta
de actualización de la orden del concepto de neurología y la asignación de la cita
médica.

7. En providencia del 9 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C sancionó al señor Luis Hernando
Sandoval Pinzón en calidad de director general de Sanidad Militar con multa de 1
SMLMV. En sede de consulta, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante
auto del 30 de enero de 2025, aumentó la sanción a 5 SMLMV.

8. El 19 de febrero de 2025, la Oficina de Gestión Jurídica de la Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional informó al Tribunal que se encontraban pendientes
por la práctica de los siguientes conceptos médicos: «Neurología X temblor,
Alteración del equilibrio, Endocrinología Dx obesidad, Cardiología Dx insuficiencia
cardiaca congestiva». Por lo anterior, renovó las órdenes de conceptos médicos.

9. Gestionó la autorización de procedimientos y agendamiento de citas médicas
para la práctica de los siguientes conceptos: «cardiología dx insuficiencia cardiaca
congestiva para el 25 de febrero de 2025, neurología x temblor para el 3 de marzo
de 2025, y endocrinología dx obesidad para el 9 de abril de 2025».

10. Por lo anterior, solicitó que se declarara el cumplimiento del fallo de tutela, el
cierre del incidente de desacato y la inaplicación de las sanciones impuestas dentro
del trámite incidental. En auto del 3 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C no accedió a lo peticionado. En
memorial del 6 de marzo siguiente, solicitó nuevamente la inaplicación de las
sanciones.

11. En auto del 16 de junio de 2025, el Tribunal ordenó estarse a lo resuelto en
el auto del 3 de marzo de 2025.

12. En el memorial del 28 de julio de 2025, la Dirección de Sanidad Militar solicitó
nuevamente el cumplimiento de la sentencia y la suspensión de la ejecución de las
sanciones impuestas. En providencia del 12 de agosto de 2025, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C declaró el
cumplimiento del fallo de tutela, archivó el trámite incidental y negó la suspensión
de la ejecución de la sanción impuesta al señor Luis Hernando Sandoval Pinzón.

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Accionante: Luis Hernando Sandoval Pinzón

13. En el memorial del “2 de septiembre de 2025”, la Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional le solicitó al Tribunal que declarara el cumplimiento del fallo y
suspendiera la ejecución de las sanciones impuestas. El 24 del mismo mes y año,
y el “28 de octubre de 2025”, reiteró la solicitud ante el Tribunal.

14. En auto del 21 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C negó las solicitudes de
inaplicación de la sanción porque la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional no
estaba legitimada en la causa y, además, porque el sancionado fue negligente en
cumplir los requerimientos realizados por el despacho sustanciador.

15. En memorial del 1 de diciembre de 2025, el brigadier general Edilberto Cortés
Moncada solicitó la inaplicación de la sanción impuesta en el año 2023. El 9 de
diciembre siguiente, el señor Luis Hernando Sandoval Pinzón solicitó
personalmente la inaplicación del auto sancionatorio del 9 de diciembre de 2024.

16. En auto del 11 de diciembre de 20251, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las solicitudes presentadas.

Pretensiones

17. El accionante solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados,
que se deje sin efectos los autos del 21 de noviembre y 11 de diciembre de 2025
que negaron la inaplicación de la sanción por desacato y se ordene al Tribunal
accionado dicte una decisión de reemplazo en la que resuelva nuevamente la
solicitud de levantamiento de la sanción conforme a la sentencia SU-034 de 2018.

Fundamentos de la demanda de tutela

18. Para el accionante, el Tribunal accionado incurrió en desconocimiento del
precedente judicial porque establece que la sanción debe ser levantada cuando se
acredita el cumplimiento de la orden impartida por el despacho judicial. Si no se
suspende la sanción se vulneran sus derechos al debido proceso, a la igualdad y al
principio de seguridad jurídica.

19. Citó como desconocidas la sentencia SU-034 de 2018 y T-527 de 2012
proferidas por la Corte Constitucional, y las del 14 de febrero de 2019 (expediente
2018-04506-00), del 10 de junio de 2021 (expediente 2020-04759-01), proferidas
por el Consejo de Estado.

Trámite en primera instancia

20. Por auto del 21 de enero de 2026, el magistrado sustanciador de primera
instancia admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, como parte demandada, y vinculó como tercero con interés a la

1 Notificada el 15 de diciembre de 2025. Índice 135 de Samai del proceso con radicado
25000234200020160518900.

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Accionante: Luis Hernando Sandoval Pinzón

Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, al señor Edilberto Cortés Moncada y a
la señora Lud Rozo Valbuena, como terceros con interés.

Intervenciones

21. El señor Edilberto Cortés Moncada sostuvo que lo sancionaron el 27 de
junio de 2023. El 22 de diciembre de ese mismo año, no ostentaba la calidad de
director de sanidad del Ejército Nacional, porque fue designado como comandante
de la Vigésima Sexta Brigada de Selva en Leticia.

22. El 1 de diciembre de 2025, solicitó ante el Tribunal la inaplicación de la
sanción la cual fue negada. Precisó que era cierto que se incurrió en una falla
administrativa respecto a la actualización en las órdenes de conceptos médicos
emitidas a la señora Lud Rozo Valbuena para la fecha en que se impuso la sanción,
el director de sanidad no cuenta con competencias legales ni funcionales para
expedir la documentación relacionada y, en estricto sentido, dicho asunto le
correspondía al área de medicina laboral.

23. Expuso que lo resuelto por el Tribunal desconoce lo dispuesto a nivel
normativo y jurisprudencial sobre el incidente de desacato porque la finalidad de
este es lograr el cumplimiento de la orden de tutela y pidió que se tutelaran sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia y se ordene al Tribunal inaplicar la sanción impuesta en su contra. Por lo
anterior, indicó que coadyuvaba las pretensiones del señor Luis Hernando Pinzón
Sandoval.

24. La magistrada sustanciadora del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca pidió que se negaran los derechos fundamentales del accionante
porque no se incurrió en vulneración alguna, sino que se hizo un análisis juicioso de
las pruebas y arribó a la conclusión de que las pretensiones no estaban llamadas a
prosperar. Además, no hubo una actuación arbitraria ni mucho menos que
desconociera la ley o el precedente jurisprudencial.

25. La Dirección de Sanidad del Ejército Nacional pidió que se tutelaran los
derechos fundamentales de los señores Edilberto Cortés Moncada y Luis Hernando
Sandoval Pinzón y, como consecuencia, se dejara sin efectos la sanción por
desacato conforme el precedente jurisprudencial vigente.

26. La señora Lud Rozo Valbuena manifestó que transcurrieron casi 10 años
desde la sentencia de tutela hasta que la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional
remitió la notificación relacionada con la Junta Médico Laboral, que ocurrió el 27 de
octubre de 2025.

27. Solicitó que se negara por improcedente la tutela porque se encuentra
acreditado que las peticiones han sido canalizadas indebidamente a través de la
representación jurídica institucional. También pidió que se declarara la indebida
utilización de recursos públicos para la defensa del interés particular del señor
Sandoval Pinzón.

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Accionante: Luis Hernando Sandoval Pinzón

Sentencia impugnada

28. El 27 de febrero de 2026, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional. Lo anterior, porque la parte accionante
pretende utilizar la tutela como una instancia adicional.

29. La autoridad judicial demandada analizó con detenimiento los aspectos
concretos del caso, así como las condiciones que dieron lugar a imponer la sanción
criticada y determinó que no era procedente levantar la medida pecuniaria.

30. Las quejas elevadas por el accionante se limitaban a criticar lo resuelto en el
desacato con el fin de desconocer la tesis del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

Impugnación

31. En la impugnación, el accionante sostiene que no se trata de una simple
inconformidad, sino que se pretende adelantar un juicio de validez constitucional
que tiene como fin la protección de sus derechos fundamentales.

32. En lo demás, reiteró los argumentos expuestos en la solicitud de amparo.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

33. Esta Subsección es competente para proferir sentencia de tutela de segunda
instancia, en virtud de lo establecido en los artículos 86 de la Constitución y 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991, concordantes con los artículos 13, 17 y 25 del
reglamento interno de esta corporación, contenido en el Acuerdo 80 de 2019.

Cuestión previa: de las solicitudes de coadyuvancia

34. Tal como lo consideró el juez de tutela de primera instancia, la Sala tendrá como
coadyuvantes de la parte demandante al señor Edilberto Cortés Moncada y a la
Dirección de Sanidad del Ejército Nacional; sin embargo, en relación con las
pretensiones formuladas por ellos, no se emitirá pronunciamiento alguno, toda vez
que no se permite la formulación de solicitud propias, cuando se acude en esa
calidad al proceso2.

Problema jurídico

2 La Corte Constitucional en la sentencia T-602 de 2010 consideró que «la coadyuvancia surge en
los procesos de tutela, como la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso
que manifiesta compartir reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin
que ello suponga que éste pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias
que difieran de las hechas por el demandante».

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Accionante: Luis Hernando Sandoval Pinzón

35. Corresponde a la Sala determinar si resulta acertada la decisión de primera
instancia que rechazó por improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito de relevancia constitucional. En caso contrario, se analizarán los defectos
alegados por el accionante respecto de las providencias del 21 de noviembre y 11
de diciembre de 2025 que negaron la solicitud de inaplicación de la sanción por
desacato.

Cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias expedidas en incidentes de desacato

36. En la sentencia de unificación 627 de 2015, la Corte Constitucional contempló
la procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener la protección de
derechos fundamentales que resulten vulnerados en el trámite de un incidente de
desacato3.

37. Esa posición fue reiterada en la sentencia de unificación 034 de 2018 4, en la
cual, además, se estableció lo siguiente:

(…) [P]ara enervar mediante acción de tutela la providencia que resuelve un
incidente de desacato, es preciso que se reúnan los siguientes requisitos:

i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es
decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado
el trámite -incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso-.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la
configuración [de] una de las causales específicas (defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser
consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de
manera que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de
expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas
que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía
que practicar de oficio.

Caso concreto

38. De entrada, la Sala anticipa que se confirmará la sentencia de primera instancia
porque no se acreditó el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional. En
efecto, los argumentos planteados por el accionante pretenden revivir el debate que
se surtió en el trámite incidental de desacato en el cual resultó sancionado.

39. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la providencia del 11 de
diciembre de 2025, al resolver la solicitud de inaplicación presentada por el señor
Sandoval Pinzón sostuvo que fue negligente en atención a los requerimientos
efectuados por el despacho sustanciador en el trámite del desacato.

3 Textualmente, la Corte afirmó que «(…) si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción
de tutela puede proceder de manera excepcional».
4 Reiterada, a su vez, en las sentencias T-170 de 2023 y T-029 de 2025.

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Accionante: Luis Hernando Sandoval Pinzón

40. Precisó que, en sede de consulta, la Sección Cuarta del Consejo de Estado se
comunicó con la hija de la señora Lud Rozo Valbuena «quien le informó que a su
madre no le habían programado la cita médica con la especialidad de neurología, y
no fue hasta el 18 de febrero de 2025 que la Dirección de Sanidad Militar allegó
memorial e informó que había realizado las gestiones pertinentes para programar
las citas con especialistas que requería la accionante, esto es, tres (03) meses
después de que la señora Lud Rozo Valbuena solicitara dar apertura al trámite de
desacato».

41. La Dirección de Sanidad del Ejército Nacional tuvo la oportunidad dentro del
trámite incidental para ordenar la práctica de los exámenes referentes al concepto
de neurología por temblor y alteración del equilibrio y no lo hizo. Indicó que no era
la primera sanción que se imponía a un director de Sanidad Militar por la conducta
omisiva de cumplir los fallos de tutela.

42. Consideró que el coronel Luis Hernando Sandoval Pinzón merecía la sanción
«la cual reviste la característica de cosa juzgada» que fue revisada por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, quien consideró que era evidente su actuar omisivo
y contrario al deber y obligación de cumplir fallos judiciales ejecutoriados, porque
demostraban la falta de voluntad e interés en garantizar los derechos fundamentales
de la señora Rozo Valbuena.

43. No era cierto que el levantamiento de la sanción procedía al acreditarse el
cumplimiento del fallo de tutela, pues eran dos figuras jurídicas diferentes, porque
«la primera es obligatoria, pues las personas deben acatar los fallos judiciales, y la
segunda es de carácter sancionatorio, que procede cuando se incumple las
sentencias de tutela». Fundamentó su decisión con la sentencia T-424 de 2020 de
la Corte Constitucional, pues la sanción responde a una finalidad disciplinaria
autónoma prevista por la ley.

44. En criterio de la Sala, la decisión cuestionada es razonable y no merece
reproche alguno desde el punto de vista constitucional. El Tribunal Administrativo
de Cundinamarca valoró las manifestaciones y documentos que acreditaban el
cumplimiento del fallo de tutela, pero, a pesar de ello, concluyó que debía
mantenerse la sanción en contra del señor Sandoval Pinzón.

45. En efecto, la sanción por desacato exige la concurrencia del requisito de
responsabilidad subjetiva en el incumplimiento de la orden judicial, lo cual implica la
demostración de una actitud negligente o contumaz del obligado frente al
cumplimiento de la orden judicial. En el presente asunto, como se ha expuesto
reiteradamente, el Tribunal consideró que ante la omisión prolongada y a la falta de
gestión por parte del señor Sandoval Pinzón, para dar cumplimiento al fallo de tutela
de 2016, constituía una clara manifestación de negligencia que justificaba la
imposición y el mantenimiento de la sanción.

46. La tutela es un valioso mecanismo de protección de derechos fundamentales,
mas no es una instancia adicional de los procesos judiciales resueltos por el juez de

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la causa. Las diferencias con el juez, respecto de la forma en que decide el conflicto
jurídico, son cuestiones propias del proceso ordinario, que es el escenario ideal para
zanjarlas. Pretender que la acción de tutela se convierta en la instancia adicional de
todos los procesos judiciales no solo le resta vigor a la acción, sino que termina por
desconocer los principios de autonomía judicial y del juez natural.

47. Los argumentos del accionante no logran acreditar los presupuestos
materiales exigidos para la procedencia del amparo constitucional, porque el juez
no basó sus argumentos en una interpretación abiertamente arbitraria, caprichosa
o irrazonable; por el contrario, tuvo de presente que el incidente de desacato opera
bajo el supuesto de que la inminencia de la sanción disciplinaria persuadirá a la
autoridad incumplida de adoptar las medidas que resulten necesarias para
materializar la orden que se le impartió y es en esa medida que se ha entendido que
su propósito es forzar el restablecimiento del derecho fundamental o la eliminación
de las conductas que lo ponen en peligro, sin perjuicio de que se impongan las
sanciones del caso, cuando el cumplimiento del fallo de tutela sea tardío.

48. Conforme a todo lo razonado, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de febrero de 2026 por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclara voto
VF

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Accionante: Luis Hernando Sandoval Pinzón

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
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