Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00276-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00276-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00276-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
19 de febrero de 2026
Demandante: Ilse María Sánchez Ramírez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00276-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00276-00
Demandante: ILSE MARÍA SÁNCHEZ RAMÍREZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no
superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo1
La señora Ilse María Sánchez Ramírez, actuando a través de apoderado judicial2,
instauró acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social, al mínimo vital, a la dignidad humana y de
acceso a la administración de justicia.
La parte actora consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la providencia del 29 de octubre de 2025 en la que la autoridad judicial
accionada revocó la decisión de primera instancia que había declarado de oficio la
excepción de cosa juzgada y, en su lugar, negó las pretensiones del medio de
1
Acción de tutela radicada a través del aplicativo Samai el 17 de diciembre de 2025 a la que se le
asignó la secuencia interna 13056.
2
Índice 002 de Samai. El poder fue conferido al abogado Carlos Manuel Freyle Sánchez por medio
de mensaje de datos.
1
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Demandante: Ilse María Sánchez Ramírez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00276-00
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 44001-23-40-000-
2022-00126-00/02.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
SEGUNDA: DECLARAR LA NULIDAD y DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la
sentencia proferida el 29 de octubre de 2025 (Radicado 0976-2024) por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso
de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovido contra la Gobernación de
La Guajira, por haber incurrido en Violación Directa de la Constitución, Defecto
Sustantivo, Defecto Fáctico y Desconocimiento del Precedente.
TERCERA: ORDENAR a la corporación accionada que, en un término no mayor a
quince (15) días hábiles, profiera una nueva sentencia de reemplazo en la que se
observen los siguientes parámetros de unificación de la Corte Constitucional:
A) Aplicación de la Perspectiva de Género: Se valore el acervo probatorio
(testimonios de Laudith Núñez y Cristóbal Cotes) bajo un estándar de
flexibilización, reconociendo las dificultades de la mujer adulta mayor para
reconstruir pruebas de hechos ocurridos hace 30 años.
B) Eficacia de la Excepción por Procreación: Se reconozca que la existencia
del hijo común, CARLOS MANUEL FREYLE SÁNCHEZ, activa de pleno
derecho la salvedad legal del Artículo 47 de la Ley 100 de 1993 (texto
original), relevando a la accionante de la exigencia de un tiempo mínimo de
convivencia.
C) Aplicación del Principio de Favorabilidad: Se otorgue prevalencia a la
norma y la interpretación más beneficiosa para la pensionada,
reconociendo que la convivencia de 14 años y la procreación consolidaron
un derecho irrenunciable.
CUARTA: (Pretensión Subsidiaria de Restablecimiento Directo): En virtud de la
avanzada edad de la accionante (79 años) y el riesgo inminente de que el amparo
se torne inocuo, solicito que, si el Despacho lo considera procedente, asuma el
dictado de una sentencia definitiva de fondo reconociendo directamente la
Sustitución Pensional a favor de la señora ILSE MARÍA SÁNCHEZ RAMÍREZ,
ordenando a la Gobernación de La Guajira la inclusión en nómina y el pago de
retroactivos, para evitar la prolongación injustificada del perjuicio irremediable.
QUINTA: ORDENAR a las autoridades accionadas y vinculadas el cumplimiento
inmediato del fallo de tutela, advirtiéndoles sobre las sanciones legales por
desacato.
SEXTO: ORDENAR al Consejo de Estado que profiera una nueva sentencia en la
que aplique el estándar de flexibilización probatoria definido en la Sentencia SU-
2
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Demandante: Ilse María Sánchez Ramírez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
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471 de 2023, valorando de forma integral las declaraciones extraproceso y el
hecho de la procreación, eliminando cualquier exigencia de prueba 'quirúrgica' o
rigorismo formalista que impida el reconocimiento del derecho pensional de la
accionante3.
1.3. Hechos
La señora Ilse María Sánchez Ramírez promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para que se declararan nulos: (i) la Resolución 1845
de 20114, proferida por el Fondo Territorial de Pensionados de la gobernación de
la Guajira, mediante la cual se reconoció la sustitución pensional de jubilación que
en vida5 devengó el señor Manuel Antonio Freyle Amaya6 a favor de la señora
María de Jesús Méndez de Ortega; (ii) el oficio 20200850 del 4 de mayo de 2020
en el que negó el reconocimiento y pago de la pensión de sustitución pensional a
favor de la demandante.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que, en su calidad de presunta
compañera permanente, se le reconociera el 100 o, en su defecto, el 50% de la
referida prestación, junto con el pago del retroactivo pensional, los intereses
moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 19937 y se condenara en
costas al extremo pasivo.
En primera instancia, el proceso se asignó al Tribunal Administrativo de La
Guajira8, con el radicado 44001-23-40-000-2022-00126-00. En sentencia del 23 de
noviembre de 2023, esa corporación declaró probada de oficio la excepción de
cosa juzgada, al considerar que entre la presente demanda y la promovida
anteriormente por la actora, identificada con el radicado 44-001-23-40-000-2021-
00138-00, existía identidad de partes, objeto y causa, pues en ambas se pretendió
el control de legalidad de los actos administrativos que negaron la pensión de
sobreviviente con ocasión de la muerte del señor Manuel Antonio Freyle Sánchez.
3
Transcripción literal que puede contener errores.
4
Este acto administrativo fue proferido por una orden judicial dictada el 2 de diciembre de 2011 por
el Tribunal Superior de Riohacha, Sala de Decisión Laboral en una acción constitucional. En la
referida sentencia, el juez de tutela ordenó al Fondo Territorial de Pensionados de la Gobernación
de La Guajira restablecer el derecho a la pensión de sobrevivientes de la señora María de Jesús
Méndez de Ortega; el cual se le había otorgado a través de la Resolución 17 de 1996, pero que
posteriormente se le había suspendido de manera permanente mediante la Resolución 18 del 29
de agosto de 1997 porque la beneficiaria inició su vida marital con un tercero.
5
El pensionado falleció el 17 de septiembre de 1995.
6
Mediante la Resolución 17 del 1° de abril de 1983 la Caja de Previsión Social del departamento
de la Guajira reconoció en favor del señor Manuel Antonio Freyle Amaya, la pensión de jubilación.
7
«ARTÍCULO 141. INTERESES DE MORA. A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en
el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá
y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa
máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectué el pago».
8
La providencia se suscribió por las magistradas Carmen Cecilia Plata Jiménez, María del Pilar
Veloza Parra y Hirina del Rosario Meza Rhénals.
3
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Demandante: Ilse María Sánchez Ramírez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00276-00
El tribunal aclaró que si bien en el proceso identificado con el radicado 2021-00138
no se dictó sentencia de fondo, lo cierto es que, se aceptó el desistimiento de la
demanda cuyos efectos «son idénticos, y hacen tránsito a cosa juzgada».
Inconforme con la decisión anterior, la demandante interpuso recurso de apelación
que fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B9, que
mediante sentencia del 29 de octubre de 2025 revocó la decisión del a quo, y, en
su lugar, negó las pretensiones.
En primer lugar, señaló que, aunque la cosa juzgada produce efectos tanto frente
a la sentencia de fondo como al auto que acepta el desistimiento de las
pretensiones, en este caso debía realizarse una interpretación diferente por 2
razones: (i) la demandante, de 79 años, es sujeto de especial protección
constitucional y acudió a la administración de justicia para que se resolviera su
situación pensional, y; (ii) el memorial de desistimiento se radicó antes de la
admisión de la anterior demanda, por lo que «debió ser adecuado al trámite del retiro
de la demanda […]», máxime atendiendo al carácter irrenunciable del derecho
pensional y a que las pruebas aportadas no habían sido valoradas.
En consecuencia, estudió de fondo el asunto y concluyó que, de los medios
probatorios arribados al plenario, esto es, las fotografías y las declaraciones
extrajuicio, no se logró probar «la afectividad de la pareja, la vocación de
permanencia de la relación, la ayuda mutua, el apoyo y el acompañamiento»,
porque «carecen de detalles o información que lleven a la Sala al convencimiento
de la titularidad del derecho que se discute».
El anterior proveído se notificó a las partes de manera personal por correo
electrónico el 16 de diciembre de 202510.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora señaló que las providencias cuestionadas adolecen de los
siguientes defectos:
I. Violación directa de la Constitución Política: por trasgredir los derechos
fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida
digna de una persona de 79 años, quién es sujeto de especial protección
constitucional, cuya subsistencia depende de la prestación reclamada.
Además, argumentó que el derecho pensional no se puede negar con base
9
La sentencia fue suscrita por los consejeros, Juan Enrique Bedoya Escobar, Elizabeth Becerra
Cornejo y Jorge Edison Portocarrero Banguera.
10
Índice 040 de Samai del proceso 44001234000020220012602.
4
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en criterios que discriminen el origen del vínculo familiar solo por el hecho
de que no se probó la convivencia, pues ello desconoce que la Carta
Política, la cual protege a la familia como institución básica de la sociedad.
II. Fáctico: señaló que se configura en su dimensión negativa, porque ignoró
la prueba reina para acreditar la convivencia, esto es, el registro civil de
nacimiento del hijo que procrearon como pareja la actora y el pensionado.
Además, no tuvo en cuenta ni los testimonios ni la prueba documental; las
que demostraban la relación sentimental que la accionante sostuvo con el
señor Manuel Antonio Freyle Amaya por más de 14 años.
Agregó que, el ad quem omitió decidir con perspectiva de género en materia
de seguridad social, al exigir a la demandante que probara la convivencia
con el señor Freyle Amaya con una prueba distinta a la existencia de un hijo
en común. A su juicio, esto le impone una carga desproporcionada que
rompe con la igualdad de trato, máxime porque no se puede exigir «pruebas
quirúrgicas» sobre hechos ocurridos hace décadas.
III. Sustantivo: por exceso ritual manifiesto, porque la autoridad judicial aplicó
indebidamente el artículo 47 de la Ley 100 de 199311 dado que ignoró que
la actora y el causante procrearon un hijo, lo que la relegaba de acreditar la
convivencia.
IV. Desconocimiento del precedente: citó las sentencias: SU-056 de 2025
sobre el principio de favorabilidad en material pensional; SU-471 de 2023
que se refiere al mandato de flexibilización probatoria; SU-444 de 2023 que
señala que procede la tutela cuando el juzgador desconoce el artículo 42
de la Carta Política; y T-301 de 2010 que establece la protección
constitucional de los adultos mayores.
11
ARTÍCULO 47. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES.
<Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.Son beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad.
En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la
compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital
con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años
continuos con anterioridad a su muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho
beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya
procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una
duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener
su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad
anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a)
y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de
convivencia con el fallecido.
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Además, alegó que se configura un perjuicio irremediable, porque el fallador
desconoció el principio de favorabilidad por pretender que «una mujer de
casi 80 años aporte detalles milimétricos de su vida privada de hace tres
décadas, ignorando la existencia de un hijo común como prueba reina».
Como lo indica la Corte Constitucional en la sentencia T-301 de 2010.
1.5. Admisión de la tutela
Por medio de auto del 27 de enero de 202612, la Magistrada Ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a la accionante13, y como parte accionada a los
magistrados integrantes del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B14.
Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, al Fondo Territorial de Pensionados de la Gobernación de
La Guajira15 [parte demandada en el proceso ordinario], a la señora María de Jesús
Méndez de Ortega16 [vinculada en el medio de control] y al Tribunal Administrativo de
La Guajira17 [juez de primera instancia].
Además, negó la medida cautelar solicitada por la parte actora porque no se
encontraron acreditados los presupuestos para su decreto.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Fondo Territorial de Pensionados de la Gobernación de La Guajira18
El jefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación de La Guajira pidió ser
desvinculado del presente trámite por carecer de legitimación en la causa por
pasiva, porque las pretensiones están dirigidas contra una decisión del Consejo
12
Índice 004 de Samai.
13
Índice 007 de Samai. La notificación se efectuó a los correos: ilse.sanchezramirez@gmail.com y
AbogadoCarlosFreyle@gmail.com.
14
Índice 008 de Samia. La notificación se efectuó al buzón: notifjbedoya@consejodeestado.gov.co;
tutelasportocarrero@consejodeestado.gov.co; javilas@consejodeestado.gov.co;
sjaimesv@consejodeestado.gov.co; ihernandezb@consejodeestado.gov.co;
dcogolloj@consejodeestado.gov.co
nperezp@consejodeestado.gov.co; ces2secr@consejodeestado.gov.co.
15
Índice 007 de Samai. La notificación se envió al correo: contactenos@laguajira.gov.co.
16
Índice 017 de Samai. La notificación se envió al correo: difreile@gmail.com.
17
Índice 007 de Samai. La notificación se efectuó al buzón: stcarioha@cendoj.ramajudicial.gov.co.
18
Índice 012 de Samai.
6
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de Estado, Sección Segunda, Subsección B, siendo esta la autoridad que detenta
la competencia para decidir sobre cualquier reclamación.
1.6.2. Tribunal Administrativo de La Guajira19
El despacho ponente de la sentencia de primera instancia dentro del proceso
ordinario hizo un breve recuento de las actuaciones surtidas en el trámite de primer
y segundo grado y advirtió que, como las pretensiones se dirigen a cuestionar la
decisión del ad quem, se abstiene de emitir pronunciamiento alguno sobre lo
pedido por la actora en esta acción.
Además, remitió el expediente electrónico del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho20.
1.6.3. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B21
El consejero ponente de la decisión cuestionada explicó que, los argumentos que
planteó la actora en el recurso de alzada dentro del proceso ordinario iban dirigidos
a atacar la decisión del primer grado por considerar que no se configuraba el
fenómeno de la cosa juzgada, alegando que su asunto debía revolverse de fondo
y con un enfoque especial en atención a su salud, edad y género.
En consecuencia, para estudiar de fondo el caso de la tutelante priorizó los
derechos de acceso a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva, así
como los principios de seguridad jurídica y primacía de la realidad sobre las
formas. No obstante, al examinar el material probatorio arribado concluyó que la
demandante no logró probar su calidad de compañera permanente del causante
durante un periodo mínimo de 5 años anteriores a su fallecimiento, y que la
procreación de un hijo no se previó como una causal autónoma para adquirir la
condición de beneficiaria de la sustitución pensional reclamada.
Por lo anterior pidió que se niegue el amparo.
1.6.4. La señora María de Jesús Méndez de Ortega guardó silencio, pese a que
fue debidamente notificada de la presente acción.
19
Índice 014 de Samai.
20
Índice 015 de Samai.
21
Índice 016 de Samai.
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por la señora Ilse María Sánchez Ramírez contra el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, de conformidad con lo establecido en
los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
2.2. Cuestión previa
El Fondo Territorial de Pensionados de la Gobernación de La Guajira solicitó ser
desvinculado de esta acción constitucional tras considerar que no le asiste
legitimación en la causa por pasiva.
Sobre el particular, la Sala encuentra necesario precisar que no se accederá a la
misma. Esto, en virtud de que su vinculación se hizo como tercero dado el eventual
interés que le puede representar el presente trámite, por ejemplo, ante una
decisión favorable a la actora.
2.3. Problema jurídico
Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y la intervención presentada, corresponde
a la Sala resolver:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:
• ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B vulneró las
garantías invocadas por la parte actora con ocasión de la providencia
proferida el 29 de octubre de 2025, dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 44001-23-40-000-2022-00126-
00/02?
Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva, y; (iii) el caso
concreto.
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2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201222
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema23 y declaró su
procedencia.24
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4.1. Relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202225 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
23
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
24
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
25
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal26
(Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico27; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional28.
[…]
26
Sentencia SU-573 de 2019.
27
Sentencia SU-103 de 2022.
28
Sentencia SU-103 de 2022.
10
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Demandante: Ilse María Sánchez Ramírez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00276-00
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal29”. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales30”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto31, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal32.
(Resaltado de la Sala)
2.5. Caso concreto
La parte actora cuestionó la sentencia proferida el 29 de octubre de 2025 por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B en la que revocó la decisión
de primera instancia dictada el 22 de noviembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de La Guajira que había declarado configurada la excepción de
cosa juzgada, y en su lugar, negó las pretensiones del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 44001-23-40-000-2022-00126-00/02.
Lo anterior, ya que, a juicio de la tutelante, en la providencia cuestionada se
incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, violación directa de la Constitución
Política y desconocimiento del precedente judicial, sin embargo, la Sala evidencia
que los argumentos planteados, pese a que hacen alusión a un lenguaje
constitucional, realmente denotan una inconformidad con la decisión proferida por
29
Sentencia SU-103 de 2022.
30
Sentencia SU-128 de 2021.
31
Sentencia SU-573 de 2019.
32
Ibid.
11
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el juez contencioso en segunda instancia, por lo que este mecanismo se torna
improcedente porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional, como
pasa a explicarse.
Advierte la Sección que, los yerros que la tutelante refiere como fáctico y sustantivo
se dirigen a cuestionar la valoración probatoria que hizo el fallador de segunda
instancia, porque, en su sentir, no tuvo en cuenta pruebas que demostraban la
convivencia y la relación afectiva entre esta y el pensionado, tales como, el registro
civil de nacimiento del hijo procreado entre estos, las fotografías y las
declaraciones extrajuicio que acreditaban este hecho.
No obstante, se advierte que, frente a las pruebas que la accionante señaló como
inobservadas, juez del asunto señaló lo siguiente:
51. En cuanto al hijo procreado por la pareja debe decirse que dicha circunstancia
no ha sido prevista por sí misma como una causal para el reconocimiento del
derecho a la sustitución pensional, pues la norma y la jurisprudencia han dispuesto
este derecho para él o la cónyuge o el compañero o compañera permanente del
causante, en atención a su propósito, busca proteger al núcleo familiar ante la
contingencia de la muerte.
52. De ese modo, la existencia de hijos puede respaldar el hecho de que existió
una relación entre la pareja, pero resulta insuficiente para demostrar su
permanencia en el tiempo y la vigencia para la fecha en que se causó el derecho.»
Por otro lado, respecto del material fotográfico y las declaraciones extrajuicio, el
fallador de segunda instancia consideró que «[…] resultan insuficientes para otorgar
la sustitución pensional a Ilse María Sánchez, pues no ofrecen información sobre la
afectividad de la pareja, la vocación de permanencia de la relación, la ayuda mutua, el
apoyo y el acompañamiento».
En consecuencia, la Sala advierte que el material de evidencia que la actora alegó
como inobservado sí fue valorado por el ad quem, pero este concluyó que las
pruebas no acreditaban los extremos temporales de la convivencia efectiva con el
causante. Sin embargo, la accionante disiente de dicha valoración y pretende que,
a través de este mecanismo, se examinen nuevamente las pruebas obrantes en el
plenario. Por tanto, es claro que pretende usar la tutela como una instancia
adicional al proceso ordinario, finalidad para la cual no está instituida esta acción.
En cuanto al yerro por violación directa de la Constitución Política, la actora
sostuvo que, la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta su condición de
sujeto de especial protección constitucional, dado que tiene 79 años y carece de
medios de subsistencia. Asimismo, señaló que en la decisión que puso fin al
asunto no se aplicó una perspectiva de género que permitiera flexibilizar la
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valoración probatoria respecto de la acreditación de su calidad de compañera
permanente.
No obstante, la Sección advierte que las circunstancias de la demandante sí fueron
evaluadas por el juzgador, pues este planteamiento ya había sido expuesto en el
recurso de alzada, lo que llevó a que el ad quem le indicara:
Así, a pesar de las circunstancias especiales que argumentó tales como el género,
la edad avanzada, su estado de salud o la vulnerabilidad económica, debe decirse
que dichas circunstancias pueden permitirle al juez flexibilizar el análisis o la carga
probatoria, pero no permiten desconocerla por completo.
62. En otras palabras, la especial situación que alega la demandante no puede
obviar el cumplimiento de la carga probatoria ni suplirla toda vez que ello
desconocería los derechos procesales de la contra parte.
En consecuencia, los argumentos dirigidos a demostrar la situación de indefensión
de la actora ya fueron examinados por el juez, pues precisamente estos lo llevaron
a estudiar de fondo la demanda de la señora Ilse María Sánchez Ramírez, pese a
que anteriormente había presentado la misma reclamación y luego desistido de
ella. Así, se advierte que el fallador no desconoció su calidad de sujeto de especial
protección constitucional; no obstante, ello no era óbice para acceder a sus
pretensiones.
Por otra parte, en relación con el supuesto desconocimiento del precedente, se
advierte que, la tutelante sostiene que el juez de segunda instancia desatendió
providencias de la Corte Constitucional33, las cuales, a su juicio, resultan aplicables
a su caso, dado que, señalan la aplicación que debe darse a los principios de
favorabilidad en materia pensional y de flexibilización probatoria, así como lo
referente a la protección constitucional de los adultos mayores.
Ahora bien, pese a que la actora hace referencia a providencias dictadas por la
Corte Constitucional, lo cierto es que, no individualizó la regla de derecho
vinculante que estimaba aplicable a su situación, ni expuso la incidencia concreta
que tales providencias tendrían en la decisión adoptada por el fallador de segundo
grado. En consecuencia, no se satisface la carga argumentativa mínima que
habilitaría a la Sala a efectuar un análisis de fondo.
Sobre el desconocimiento del precedente es preciso advertir que esta Sección34
ha considerado que la parte que invoca este defecto debe cumplir con la carga
33
Se refirió a las sentencias: SU-056 de 2025; SU-471 de 2023; SU-444 de 2023 y T-301 de 2010.
34
Sobre este tema se pueden consultar las siguientes providencias de tutela proferidas por la
Sección Quinta: (i) Sentencia del 04 de diciembre de 2025, radicado: 11001-03-15-000-2025-
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mínima de identificar: (i) la decisión que considera desatendida; (ii) la ratio
aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la
analogía con la litis anterior y, (iii) la incidencia de esta en la decisión final que
adopte el fallador de instancia, lo que no se cumplió por la parte actora.
En ese sentido, es claro para la Sala que, los argumentos de la actora realmente
demuestran la discrepancia con la decisión del juez de segunda instancia, quién
después de examinar las pruebas arribadas al plenario advirtió que la demandante
no probó la calidad de compañera permanente del señor Manuel Antonio Freyle
durante los últimos 5 años anteriores al fallecimiento del pensionado, lo que se
requería para que se le adjudicara el derecho reclamado, por lo que es claro que
pretende usar este mecanismo como una instancia adicional y reabrir el debate
que ya fue zanjado por el juez natural de la causa.
Al respecto, cabe recordar que la carga argumentativa a la que hace alusión la
Corte Constitucional no se satisface simplemente con enunciar y transcribir
artículos de la Constitución Política para cumplir el mencionado ejercicio, aún más
cuando se trata de una providencia de una alta Corporación, tal como se indicó:
[…] el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales.
Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia
adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias
doctrinarias o interpretativas de corrección legal. Como las altas cortes son
tribunales de cierre, es a ellas a quienes corresponde “la unificación de
jurisprudencia como forma de precisar con autoridad y vocación de generalidad el
significado y alcance de las diferentes áreas del ordenamiento jurídico”.35
Por último y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
las decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales invocados, en los términos que indicó la Corte
Constitucional en la sentencia SU-353 de 2020, cuya carga argumentativa no se
satisface de manera plena por la parte actora.
En este punto resulta pertinente recordar que, si bien la tutela puede ser
procedente para controvertir decisiones de cualquier grado, sin excluir las de las
corporaciones de cierre, también es importante resaltar que la jurisprudencia de la
Corte Constitucional hace especial énfasis en la carga argumentativa que se debe
06707-00. C.P. Gloria María Gómez Montoya; (ii) sentencia del 30 de octubre de 2025, radicado:
11001-03-15-000-2025-05962-00. C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
35
Corte Constitucional, sentencia SU-0125 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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tener cuando se pretende dejar sin efectos una decisión de la Sección que la
Constitución Política36 y la ley37 determinaron como suprema autoridad en la
materia.
Por su parte, se recuerda que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia, circunstancia por la
que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones vía acción de tutela;
máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el debate planteado
por la accionante busca mutar el amparo constitucional en una instancia adicional,
tesis que, de avalarse conllevaría una deformación de la acción de tutela y la
desarticulación de la organización judicial, por lo que, en el presente caso, este
mecanismo de tutela se torna improcedente por no superar el requisito de
relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por el Fondo Territorial
de Pensionados de la Gobernación de La Guajira.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por la parte
actora contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
36
«Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de
tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley.
[…]» (Énfasis de la Sala).
37
Ver Ley 2430 de 2024, artículo 14 «INTEGRACIÓN Y COMPOSICIÓN. El Consejo de Estado es
el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno y
estará integrado por elegidos por la misma Corporación para los períodos individuales que
determina la Constitución Política, de listas de diez (10) candidatos enviados por el Consejo
Superior de la Judicatura, para cada vacante que se presente, elaboradas previa convocatoria
pública adelantada de conformidad con lo previsto en esta ley.
[…]».
El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo y estará integrado por treinta y un (31) magistrados, elegidos por la misma
Corporación para los períodos individuales que determina la Constitución Política, de listas
superiores a cinco (5) candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que
se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura».
(subrayado fuera de texto)
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CUARTO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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