Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00282-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00282-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00282-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
23 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00282-01
Accionante: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO
Temas: Tutela contra autoridad judicial. Auto que declaró desierto el recurso de
apelación en el marco de proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Requisito de subsidiariedad cuando no se agota de manera
oportuna el medio idóneo
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, quien actúa a
través de apoderado judicial, contra la sentencia de 27 de febrero de 2026 dictada
por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró
improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 19 de enero de 2026, la parte demandante solicitó al juez constitucional la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad,
supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: Que se declaré (sic) que la sentencia de segunda instancia del 21
de octubre de 2025(sic) , notificada personalmente el 29 de octubre de la misma
anualidad, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE PUTUMAYO, se
pronuncie a favor de la entidad Policía Nacional, POR LA VIOLACIÓN AL
DERECHO FUNDAMENTAL, AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO DE
LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL,
teniendo en cuenta que se pronunció declarando desierto los alegatos de
conclusión, donde se detalla la hoja de vida del señor JESUS ALBEIRO
VERGARA WALIIS. Al momento de proferir sentencia de segunda instancia
dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, radicado bajo
número 860013333001-2022-0018301, demandante: JESÚS ALBEIRO
VERGARA WALLIS, demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - POLICIA NACIONAL, por las razones expuestas en el presente
escrito.
SEGUNDA: Se ordene, al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE PUTUMAYO,
emitir nuevo fallo en el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho,
radicado bajo número 860013333001-2022-0018301, demandante: JESUS
ALBEIRO VERGARA WALIIS, demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE
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Accionante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL, donde se plasmen los parámetros
que establezca la decisión de la presente sentencia, en protección de los
derechos de la entidad ACCIONANTE y que represento”.
2. Hechos1
La entidad accionante relató que el señor Jesús Albeiro Vergara Wallis ingresó a la
Policía Nacional el 1º de julio de 2008 como patrullero del nivel ejecutivo. Durante
su carrera prestó sus servicios en diferentes unidades, entre ellas, el Departamento
de Policía de Urabá, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el Departamento
de Policía Putumayo y las estaciones de Policía de Aranjuez, Barbosa, El Tigre,
Piamonte y Mocoa.
Señaló que mientras prestó sus servicios en la estación de Policía de Piamonte
recibió presuntas propuestas irregulares por parte del entonces alcalde del
municipio para que permitiera actividades relacionadas con el tráfico de
estupefacientes. Afirmó que informó verbalmente esa situación al comandante del
Departamento de Policía de Putumayo y que, posteriormente, el 1º de septiembre
de 2020 rindió declaración ante la Fiscalía General de la Nación sobre los presuntos
vínculos del alcalde con un grupo delincuencial.
Indicó que después de esa declaración, el comandante del Departamento de Policía
de Putumayo adoptó distintas decisiones que, a su juicio, constituyeron actos de
represalia, entre ellas, cambios en sus funciones, limitaciones para el ejercicio de
sus labores, modificaciones en la asignación del servicio y tratos irrespetuosos.
Asimismo, manifestó que el 16 de septiembre de 2020 fue incapacitado por
complicaciones derivadas del Covid-19 y que, una vez finalizó la incapacidad, fue
asignado a prestar servicios en una dependencia distinta a aquella a la que se
encontraba adscrito. Finalmente, expuso que mediante la Resolución no. 000014
de 8 de febrero de 2021 fue retirado del servicio activo de la Policía Nacional,
decisión que consideró contraria a derecho.
En virtud de lo anterior, manifestó que a través de apoderado judicial, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con
la pretensión de que se declarara la nulidad de la Resolución no. 000014 de 8 de
febrero de 2021, mediante la cual fue retirado del servicio activo de la Policía
Nacional. Y a título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara su
reintegro en el mismo cargo que desempeñaba, así como el pago de los sueldos y
prestaciones sociales dejadas de percibir.
Refirió que el proceso le correspondió por reparto al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Mocoa2, que mediante sentencia de 29 de agosto de
2025 declaró la nulidad de la Resolución no. 000014 de 8 de febrero de 2021,
mediante la cual el señor Jesús Albeiro Vergara Wallis fue retirado del servicio
activo de la Policía Nacional y, en consecuencia, ordenó a la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional el reintegro del demandante a la institución en
el cargo que desempeñaba al momento de su desvinculación, así como el
reconocimiento y pago de las acreencias laborales dejadas de percibir desde la
fecha de su retiro hasta la fecha en que se hiciera efectivo el pago.
Lo anterior, al considerar que aunque el retiro discrecional cumplió formalmente con
el requisito de contar con la recomendación previa de la Junta de Evaluación y
1
Los hechos se desprenden del proceso ordinario y del escrito de tutela.
2 Radicado no. 86001-33-33-001-2022-00183-00.
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Clasificación, la entidad no realizó una valoración integral de la hoja de vida del
demandante. En particular, estimó que la decisión otorgó un peso
desproporcionado a las anotaciones desfavorables y desconoció su trayectoria
institucional reflejada en numerosas condecoraciones, felicitaciones y registros de
buen desempeño. Asimismo, concluyó que las pruebas testimoniales y
documentales acreditaron la existencia de una persecución laboral por parte del
comandante del Departamento de Policía de Putumayo, circunstancia que incidió
en las anotaciones negativas utilizadas para recomendar el retiro. En ese contexto,
estimó demostrados los cargos de falsa motivación y desviación de poder, al
considerar que la facultad discrecional fue ejercida con fundamento en una
valoración parcial de la hoja de vida y con fines distintos al interés general, por lo
que accedió a las pretensiones de la demanda.
Manifestó que frente a la anterior determinación, la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional presentó recurso de apelación, al considerar que la
Resolución no. 000014 del 8 de febrero de 2021 fue expedida por una autoridad
competente, con observancia del régimen especial aplicable al retiro discrecional
del personal de la institución y previo concepto favorable de la Junta de Evaluación
y Clasificación. Indicó que la decisión se ajustó a los requisitos fijados por la
normativa y la jurisprudencia constitucional, en particular a la sentencia SU-053 de
2015, pues estuvo sustentada en razones objetivas, orientadas al mejoramiento del
servicio y soportadas en la trayectoria institucional del demandante, sus anotaciones
negativas y la pérdida de confianza institucional. Asimismo, afirmó que el buen
desempeño y las condecoraciones no generaban un fuero de estabilidad y que no
se configuraban los vicios de falsa motivación ni desviación de poder.
El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa mediante auto de 7 de
octubre de 2025 concedió el recurso de apelación presentado por la parte actora,
no obstante, precisó que “deja claridad, que, dentro del análisis realizado al recurso
presentado por el apoderado judicial, se observó que en el acápite (V) de petición
especial, el recurso se presenta contra una sentencia de fecha diferente a la dictada
para el caso en concreto (…) Frente a lo anterior, es importante resaltar que, si bien
existe esta inconsistencia en el escrito, se tiene que el recurso se encuentra dirigido
contra la sentencia emitida el día Veintinueve (29) de Agosto de Dos Mil Veinticinco
(2025), toda vez que la identificación de las partes, radicado y contenido,
corresponden a este proceso”.
Finalmente, sostuvo que el Tribunal Administrativo del Putumayo por auto de 28 de
octubre de 2025 declaró desierto el recurso de apelación presentado por la Nación
– Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional contra la sentencia de 29 de
agosto de 2025, al estimar que si bien el recurso se presentó oportunamente, no
contenía reparos concretos contra los fundamentos de la decisión apelada, pues la
entidad se limitó a reproducir los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda, sin controvertir las razones fácticas y jurídicas del fallo ni aportar nuevos
fundamentos. En ese sentido, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de
Estado y en el artículo 322 del Código General del Proceso, concluyó que la
apelación carecía de una sustentación material suficiente.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora manifestó que se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. En cuanto al requisito de
relevancia constitucional, sostuvo que la sentencia cuestionada vulneró el
derecho fundamental al debido proceso de la Policía Nacional y generó
consecuencias para la protección del patrimonio público al declarar la nulidad de un
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acto administrativo cuya presunción de legalidad, en su criterio, no fue desvirtuada.
Agregó que el Tribunal efectuó una indebida valoración probatoria y normativa del
caso al interpretar equivocadamente las normas que regulan el retiro discrecional
del personal de la Policía Nacional.
Mencionó que se cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que la
providencia cuestionada correspondía a una sentencia de segunda instancia frente
a la cual únicamente procedía el recurso extraordinario de revisión, mecanismo que
consideró improcedente para cuestionar los defectos invocados en la acción de
tutela, por lo que estimó que no contaba con otro medio de defensa judicial.
Asimismo, afirmó que existía un perjuicio irremediable que hacía necesaria la
intervención del juez constitucional.
En relación con el requisito de inmediatez, señaló que el auto cuestionado fue
proferida el 28 de octubre de 2025 y notificada el 29 del mismo mes y año, por lo
que estimó que la acción de tutela fue promovida dentro de un término razonable.
Por último, precisó que se identificaron de manera razonable los hechos y derechos
que consideraba vulnerados, y no se trata de sentencia de tutela comoquiera que la
decisión cuestionada se profirió en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
En cuanto a las causales especiales de procedibilidad, afirmó que la providencia
cuestionada incurrió en violación directa de la Constitución y en defecto fáctico.
Respecto de la violación directa de la Constitución, sostuvo que la decisión
vulneró el derecho fundamental al debido proceso al declarar desierto el recurso de
apelación sin realizar una adecuada verificación del marco normativo aplicable.
Afirmó que el Tribunal desconoció las disposiciones contenidas en el Decreto Ley
1791 de 2000, la Ley 857 de 2003 y la Resolución 01445 de 2014, que regulan la
facultad discrecional para el retiro del personal de la Policía Nacional, así como la
jurisprudencia constitucional que avala dicha facultad. Asimismo, señaló que el acto
administrativo de retiro fue expedido con fundamento en las razones del servicio,
previa recomendación de la Junta de Evaluación y Clasificación, por lo que
consideró improcedente concluir que estaba afectado por falsa motivación o
desviación de poder. Agregó que la decisión desconoció el derecho a la igualdad y
generó inseguridad jurídica al no valorar en conjunto las pruebas aportadas al
proceso.
Para terminar, en relación con el defecto fáctico manifestó que el Tribunal identificó
la normativa aplicable, pero le otorgó una interpretación equivocada,
particularmente al artículo 62 del Decreto Ley 1791 de 2000 y a las disposiciones
que regulan el retiro discrecional de los miembros de la Policía Nacional. Afirmó que
la decisión de segunda instancia declaró desierto el recurso de apelación de manera
desproporcionada y sin considerar la posibilidad de subsanar la irregularidad
alegada. Igualmente, sostuvo que la providencia incurrió en una indebida valoración
probatoria, pues no apreció integralmente las pruebas obrantes en el expediente,
adoptó conclusiones que, en su criterio, no tenían respaldo probatorio y desconoció
la jurisprudencia constitucional sobre el defecto fáctico. Finalmente, afirmó que no
existía prueba que acreditara el supuesto acoso o persecución laboral alegados
dentro del proceso ordinario y sostuvo que las afirmaciones realizadas sobre ese
aspecto carecían de soporte probatorio, razón por la cual consideró que el Tribunal
no aplicó correctamente la normativa al declarar desierto el recurso de apelación.
4. Oposición
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4.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Putumayo
El magistrado ponente rindió informe en el que solicitó negar el amparo, al
considerar que la acción de tutela era improcedente por incumplir el requisito de
subsidiariedad. Explicó que, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa accedió a las
pretensiones de la demanda y la Policía Nacional interpuso recurso de apelación.
Sin embargo, el Tribunal declaró desierto dicho recurso al verificar que su
sustentación reproducía los mismos argumentos expuestos en la contestación de la
demanda, sin formular reparos concretos contra la sentencia de primera instancia.
Agregó que contra esa decisión procedía el recurso de súplica, el cual no fue
interpuesto por la entidad accionante, ni se acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable que justificara la procedencia excepcional de la tutela.
4.2. Respuesta del señor Jesús Albeiro Vergara Wallis
El apoderado de la parte actora del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho rindió informe en el que solicitó que se declarara improcedente la acción
de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, al considerar que la
Policía Nacional no agotó los medios ordinarios de defensa judicial, pues no
interpuso recurso contra el auto que declaró desierto el recurso de apelación, pese
a que contaba con mecanismos idóneos para controvertir esa decisión. Agregó que
la tutela no podía utilizarse para suplir la inactividad procesal de la entidad
accionante.
Asimismo, sostuvo que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, por
cuanto el presunto daño alegado correspondía a consecuencias económicas
derivadas del cumplimiento de una sentencia judicial, las cuales no comprometían
derechos fundamentales ni justificaban la intervención excepcional del juez
constitucional.
Finalmente, afirmó que la providencia cuestionada no vulneró el derecho al debido
proceso, dado que el Tribunal Administrativo del Putumayo declaró desierto el
recurso de apelación al constatar que su sustentación carecía de argumentos
concretos dirigidos a controvertir la sentencia de primera instancia, en aplicación de
las normas procesales.
5. Sentencia de tutela impugnada
La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia
de 27 de febrero de 2026, declaró improcedente la acción de tutela, y resolvió lo
siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela del Ministerio de
Defensa–-Policía Nacional contra el Tribunal Administrativo del Putumayo, por
no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible”.
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El juzgador de primera instancia indicó que la acción de tutela era improcedente por
incumplir el requisito de subsidiariedad. Al respecto, constató que el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia de 29 de agosto de 2025 proferida por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa, fue declarado desierto
mediante auto de 28 de octubre de 2025 y que contra esa providencia procedía el
recurso de súplica, de conformidad con el artículo 246 de la Ley 1437 de 2011. Sin
embargo, el accionante no hizo uso de ese mecanismo de defensa judicial.
En ese contexto, consideró que la inconformidad planteada en la tutela debió
exponerse oportunamente mediante el recurso de súplica, escenario procesal en el
que el juez natural habría podido pronunciarse sobre los cuestionamientos
relacionados con la declaratoria de deserción del recurso de apelación. En
consecuencia, concluyó que el accionante omitió agotar los medios ordinarios de
defensa judicial que tenía a su disposición, por lo que no podía acudir a la acción
de tutela para subsanar su propia inactividad procesal.
De igual forma, señaló que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable
que justificara la procedencia excepcional del amparo como mecanismo transitorio,
toda vez que el Ministerio de Defensa Nacional dispuso de los instrumentos
procesales previstos en el ordenamiento jurídico para controvertir la decisión
cuestionada y no demostró una afectación grave, actual e inminente de sus
derechos fundamentales.
Finalmente, precisó que no se evidenció una actuación arbitraria o caprichosa por
parte de la autoridad judicial accionada que habilitara la intervención del juez
constitucional, pues la acción de tutela no constituye una instancia adicional para
reabrir debates propios del proceso ordinario ni para sustituir los recursos previstos
por el legislador.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la entidad
accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara la
decisión de primera instancia, al considerar que interpretó de manera restrictiva el
requisito de subsidiariedad. Sostuvo que, aunque contra el auto que declaró desierto
el recurso de apelación procedía el recurso de súplica, dicho mecanismo no
resultaba idóneo ni eficaz para proteger los derechos fundamentales invocados,
pues la declaratoria de desierto del recurso produjo de manera inmediata la pérdida
del acceso a la segunda instancia y consolidó los efectos de la sentencia de primera
instancia.
Afirmó que el juez de tutela omitió analizar la eficacia material del recurso de súplica
y se limitó a verificar su existencia formal, en contravía de la jurisprudencia
constitucional sobre el requisito de subsidiariedad y, en particular, de lo expuesto
por la Corte Constitucional en las sentencias C-590 de 2005 y SU-062 de 2018.
Asimismo, señaló que existía un perjuicio irremediable, ya que la declaratoria de
desierto impidió la revisión de una sentencia que declaró la nulidad del acto
administrativo de retiro y ordenó el reintegro del demandante con el reconocimiento
de salarios y prestaciones, circunstancia que afectó de manera grave el derecho de
defensa y produjo consecuencias jurídicas, económicas e institucionales de difícil
reparación.
De otra parte, insistió en que el Tribunal Administrativo del Putumayo incurrió en un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al exigir una sustentación del
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recurso de apelación superior a la prevista en el artículo 322 del Código General del
Proceso. Explicó que la ley únicamente exige expresar las razones de
inconformidad con la providencia apelada y no la formulación de argumentos nuevos
o una crítica técnica frente a cada fundamento de la sentencia.
En ese sentido, sostuvo que el recurso de apelación sí contenía una sustentación
suficiente, pues desarrolló argumentos relacionados con la legalidad del acto
administrativo de retiro, la facultad discrecional de la Policía Nacional, la inexistencia
de falsa motivación y de desviación de poder, los cuales permitían identificar
claramente la inconformidad con la decisión de primera instancia. Por ello, consideró
que la circunstancia de reiterar los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda no desvirtuaba la sustentación del recurso ni justificaba su declaratoria de
desierto.
Finalmente, manifestó que la decisión cuestionada vulneró el derecho al debido
proceso y de defensa, al impedir que el juez de segunda instancia efectuara un
estudio de fondo de los argumentos planteados contra la sentencia de primera
instancia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
debe revocar la sentencia de 27 de febrero de 2026, mediante la cual la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de
amparo por incumplir el requisito de subsidiariedad y, en su lugar, acceder a la
protección constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad, porque el Tribunal Administrativo del Putumayo incurrió en los defectos
fáctico y violación directa de la Constitución.
3. El requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela cuando se cuestionan
providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.
Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción solo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.
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A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela
es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en los
siguientes términos:
“(..) La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre
el solicitante”.
Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o si, por el contrario, existen otros mecanismos
jurídicos que permitan satisfacer los derechos fundamentales del actor.
En relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
3
en particular del requisito de la subsidiaridad, en la sentencia T-016 de 2022 , la
Corte Constitucional recordó que este mecanismo no puede ser utilizado de manera
alternativa, adicional o complementaria a los procesos ordinarios o especiales, por
cuanto no es prima facie “el instrumento judicial adecuado para solicitar la
protección de los derechos que sean lesionados en un proceso judicial, “pues el
ordenamiento jurídico ha diseñado para este efecto la estructura de órganos de la
rama judicial, estableciendo un modelo jerárquico cuyo movimiento se activa a partir
de la utilización de una serie de mecanismos judiciales que buscan garantizar la
4
corrección de las providencias judiciales” .
Con base en ese marco de referencia, la jurisprudencia constitucional ha precisado
tres eventos en los que es improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, a saber: i) el asunto está en trámite; ii) el actor no ha agotado los medios
de defensa judicial ordinarios y extraordinarios para oponerse al proceso judicial; y,
iii) la persona recurre al recurso de amparo constitucional para revivir etapas
procesales en donde dejó de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
5
jurídico .
En relación con el primer supuesto, ha indicado que “si el proceso judicial que el
accionante pretende cuestionar está en curso, en principio, la intervención del juez
constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un
mecanismo alternativo o paralelo para resolver asuntos que deben analizarse al
interior del trámite ordinario. En definitiva, no es admisible que el afectado alegue la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no ha solicitado el
6
amparo de dichas garantías dentro del proceso .
Respecto del segundo ha precisado que “si el proceso judicial ya ha concluido y el
ciudadano desea controvertir la decisión correspondiente, está en la obligación de
acudir de manera preferente a los mecanismos ordinarios y extraordinarios para
ello. Esta exigencia asegura que la acción de tutela no se torne en una instancia
adicional en el trámite procesal, ni en un mecanismo de defensa que reemplace
7
aquellos diseñados por el Legislador” .
3 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
4 Sentencia SU-026 de 2012, M.P Humberto Antonio Sierra Porto.
5 A este respecto, ver las sentencias T-396 de 2014, M.P Jorge Iván Palacio Palacio; SU-115 de 2018, M.P Carlos Bernal
Pulido; T-016 de 2019, M.P Cristina Pardo Schlesinger, entre otras.
6 Sentencia C-543 de 1992, M.P José Gregorio Hernández Galindo.
7 Sentencia T-417 de 2010, M.P María Victoria Calle Correa.
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Finalmente, en lo que atañe con el tercer supuesto ha destacado que dado el
carácter exceptivo de la acción de tutela “resulta improcedente cuando el actor
pretende revivir etapas procesales que por negligencia, descuido o distracción, se
encuentran debidamente resueltos”.
En definitiva, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
punto del cumplimiento del requisito de la subsidiariedad se torna más exigente,
cuando no se han agotado los mecanismos de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, exigencia que “asegura que el
recurso de amparo no sea utilizado como una instancia más dentro del trámite
jurisdiccional, como un mecanismo que reemplace los demás diseñados por el
legislador o, como un instrumento para solucionar errores u omisiones de las partes
8
en los procesos ordinarios” .
4. Estudio y solución del caso concreto
El Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, quien actúa a través de
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Putumayo, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad, con la decisión de 28 de octubre de 2025 mediante la cual
se declaró desierto el recurso de apelación presentado por la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional contra la sentencia de 29 de agosto de 2025
proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no. 86001-33-33-001-2022-
00183-00.
En primera instancia, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
mediante sentencia de 27 de febrero de 2026, declaró la improcedencia de la acción
de tutela por incumplir el requisito general de subsidiariedad, al considerar que el
accionante disponía de otro mecanismo judicial idóneo dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, como el recurso de súplica, que permitía
que el juez natural habría podido pronunciarse sobre los cuestionamientos
relacionados con la declaratoria de deserción del recurso de apelación. Sin
embargo, advirtió que el accionante no hizo uso de ese mecanismo de defensa
judicial.
La entidad accionante impugnó la decisión al señalar que el juez de primera
instancia interpretó de manera restrictiva el requisito de subsidiariedad, al
considerar improcedente la tutela por no haber interpuesto el recurso de súplica
contra el auto que declaró desierto el recurso de apelación, sin analizar si dicho
mecanismo era realmente idóneo y eficaz para la protección de los derechos
fundamentales. Afirmó que esa decisión desconoció la jurisprudencia constitucional
y que la declaratoria de desierto produjo un perjuicio irremediable al privarla del
acceso a la segunda instancia. Asimismo, alegó que el Tribunal Administrativo del
Putumayo incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al exigir
una sustentación del recurso de apelación más rigurosa que la prevista en el artículo
322 del Código General del Proceso, pese a que el escrito contenía razones
suficientes de inconformidad con la sentencia de primera instancia.
Descendiendo al asunto bajo examen, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia que declaró la improcedencia porque la acción de tutela no cumple el
requisito de la subsidiariedad, como pasa a explicarse.
8 Ver T-016 de 2022, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
9
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De conformidad con las actuaciones que reposan en el expediente que contiene las
actuaciones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado no. 86001-33-33-001-2022-00183-00, la Sala observa que el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Mocoa, mediante sentencia de 29 de agosto
de 20259, declaró la nulidad del acto que dispuso el retiro del señor Jesús Albeiro
Vergara Wallis de la Policía Nacional y ordenó su reintegro, junto con el
reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir, al
considerar que el juzgado concluyó que, aunque el retiro discrecional cumplió
formalmente con los requisitos legales, la entidad no realizó una valoración integral
de la hoja de vida del demandante, pues privilegió las anotaciones desfavorables e
ignoró su trayectoria institucional. Además, consideró acreditada una persecución
laboral que incidió en dichas anotaciones, por lo que encontró configurados los
vicios de falsa motivación y desviación de poder.
Contra la anterior decisión, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional presentó recurso de apelación, al considerar que el acto de retiro fue
expedido por la autoridad competente, con observancia del régimen aplicable y
previo concepto favorable de la Junta de Evaluación y Clasificación. Además, afirmó
que la decisión se sustentó en razones objetivas relacionadas con el mejoramiento
del servicio, por lo que no se configuraban los vicios de falsa motivación ni de
desviación de poder.
Posteriormente, mediante auto de 7 de octubre de 2025, el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Mocoa concedió el recurso de apelación interpuesto
por la parte accionante. No obstante, advirtió que el escrito contenía una
inconsistencia en el acápite de pretensiones, pues hacía referencia a una sentencia
de fecha distinta a la proferida dentro del proceso. Sin embargo, concluyó que dicho
error correspondía a un lapsus formal, en tanto la identificación de las partes, el
número de radicado y el contenido del recurso evidenciaban que este se dirigía
contra la sentencia de 29 de agosto de 2025.
El Tribunal Administrativo del Putumayo mediante auto de 28 de octubre de 2025,
declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional, al considerar que, si bien el recurso fue
presentado oportunamente, no cumplía con la carga de sustentación prevista en el
artículo 322 del Código General del Proceso, pues la entidad se limitó a reproducir
los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, sin formular reparos
concretos frente a los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia de primera
instancia. Por ello, concluyó que la apelación carecía de una sustentación material
suficiente.
De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la acción de tutela incumple
el requisito de subsidiariedad, toda vez que el auto de 28 de octubre de 2025,
mediante el cual el Tribunal Administrativo del Putumayo declaró desierto el recurso
de apelación, la entidad accionante contaba con otro mecanismo de defensa judicial
idóneo, esto es, el recurso de súplica previsto en el artículo 246 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) 10. En
consecuencia, la inconformidad relacionada con la declaratoria de deserción del
recurso de apelación debió plantearse a través de ese medio de defensa, y no a
través de este mecanismo constitucional.
9
Notificada el 1° de septiembre de 2025.
10
“ARTÍCULO 246. Súplica. El recurso de súplica procede contra los siguientes autos dictados por el magistrado ponente:
3. Los que durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios, los rechace o declare desiertos”.
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Accionante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Al respecto, se anota que la acción de tutela no puede utilizarse para revivir etapas
que se dejaron precluir por inactividad de las partes interesadas ni es un medio de
defensa supletivo o paralelo a los instituidos como principales en el ordenamiento
jurídico.
Así las cosas, como la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
podía controvertir la decisión que declaró desierto el recurso de apelación mediante
el recurso de súplica y no hizo uso de ese mecanismo, no resulta admisible que
pretenda, a través de la acción de tutela, suplir la omisión en el ejercicio de los
recursos ordinarios establecidos por el legislador, mecanismo procesal
expresamente previsto para controvertir el auto que declaró desierto el recurso de
apelación, de manera que correspondía a la entidad accionante acudir a dicho
instrumento antes de promover el presente amparo constitucional.
Ahora bien, conforme ha sido decantado por la jurisprudencia constitucional, “la
acción de tutela solo resulta procedente cuando no existen o se han agotado todos
los mecanismos judiciales y administrativos que resultan efectivos para la protección
de los derechos fundamentales, a no ser que se demuestre la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio. Ello
con el fin de evitar que este mecanismo excepcional, se convierta en principal11”.
Así mismo, en sentencia T-140 de 202312, la Corte Constitucional reiteró que “el
examen del requisito de subsidiariedad debe ser más riguroso cuando se trata de
acciones de tutela interpuestas en contra de providencias judiciales; ii) las etapas,
el procedimiento y los recursos dispuestos en un proceso son el primer escenario
de protección de los derechos fundamentales, especialmente en lo que comporta la
garantía del debido proceso; (iii) el juez constitucional no puede convertirse en una
instancia adicional dentro del proceso ordinario o entrar a definir elementos que no
han sido planteados o resueltos en las instancias correspondientes; y (iv) su
actuación debe atender a los principios de cosa juzgada y de seguridad jurídica que
son relevantes en el Estado de derecho”..
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia impugnada que declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Confirmar la sentencia proferida el 27 de febrero de 2026 por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
11 Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2014.
1212 M.P. Alejandro Linares Cantillo
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Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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