Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00284-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00284-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00284-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00284-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JUAN DARÍO VELÁSQUEZ CRUZ
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA, POR NO
CUMPLIRSE EL REQUISITO GENERAL DE LA INMEDIATEZ.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la
sentencia de 23 de febrero de 2026, mediante la cual la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
declaró improcedente la solicitud de amparo.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor JUAN DARÍO VELÁSQUEZ CRUZ, actuando a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
1
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.
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Actor: JUAN DARÍO VELÁSQUEZ CRUZ
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales estima vulnerados por la
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE
ESTADO2 al haber proferido la sentencia de 28 de febrero de 2020,
dentro de la acción de reparación directa identificada con el número
de radicación 25000-23-26-000-2007-00214-01.
I.2.- Hechos
Indicó que él y la señora GIMENA PATRICIA LEMAITRE
SOLEIMAN presentaron demanda, de forma separada, en ejercicio
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de
obtener la nulidad de las resoluciones núms. 0463 y 0519 del 2005,
expedidas por el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE3, las cuales fueron acumuladas y correspondiéndole
en primera instancia a la SECCIÓN PRIMERA -SUBSECCIÓN “A”-
DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA que,
mediante sentencia de 25 de abril de 2024, denegó las súplicas
incoadas, decisión que fue confirmada por la SECCIÓN PRIMERA
DEL CONSEJO DE ESTADO4 a través de fallo de 8 de mayo de 2025.
2
En adelante SECCIÓN TERCERA.
3
En adelante MINISTERIO.
4
En adelante SECCIÓN PRIMERA.
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Actor: JUAN DARÍO VELÁSQUEZ CRUZ
Señaló que, igualmente, junto con la señora GIMENA PATRICIA
LEMAITRE SOLEIMAN presentaron demanda de reparación contra
el MINISTERIO, el DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ5 y la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA6,
con el fin de obtener el resarcimiento del daño antijurídico
ocasionado con la expedición de las citadas resoluciones dada la
imposibilidad de construcción en un bien inmueble de su propiedad
pese a la confianza legítima generada por el Decreto 190 de 2004 y,
en consecuencia, el reconocimiento de los perjuicios causados por
concepto de daño emergente y lucro cesante.
Sostuvo que el citado proceso fue identificado con el número único
de radicación 2007-00214-01 y le correspondió por reparto a la
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B” DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA que, mediante sentencia
de 31 de enero de 2013, aceptó la cesión de derechos litigiosos
realizada por la señora GIMENA PATRICIA LEMAITRE SOLEIMAN
a su favor, declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda
por indebida escogencia de la acción, dispuso la liquidación de gastos
y no condenó en costas.
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En adelante DISTRITO.
6
En adelante CAR.
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Manifestó que interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, el cual fue resuelto por la SECCIÓN TERCERA que,
mediante sentencia de 28 de febrero de 2020, modificó la decisión
del a quo en cuanto a la condena en costas y confirmó en todo lo
demás, por considerar que el daño antijurídico cuya reparación se
pretendía conllevaba controvertir los actos administrativos
mencionados, de manera que la acción procedente era la nulidad y
restablecimiento del derecho.
Adujo que promovió incidente de nulidad parcial contra la sentencia
de segunda instancia respecto de la condena en costas, el cual fue
declarado improcedente mediante auto de 7 de abril de 2021,
confirmado a través de proveído de 1o. de noviembre de 2023, al
resolverse el recurso de súplica.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en
violación directa de la Constitución, pues desconoció las
particularidades del régimen procesal vigente bajo el Código
Contencioso Administrativo y lo dejó sin mecanismo judicial idóneo
para perseguir la indemnización de perjuicios causados con la
imposibilidad de desarrollar urbanísticamente su predio.
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Recalcó que la SECCIÓN TERCERA también incurrió en
desconocimiento del precedente judicial, por cuanto no tuvo en
cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado según la cual no era
viable la acumulación de pretensiones en los términos establecidos
en la Ley 1437 de 2011 y la sentencia de 5 de noviembre de 2013
(expediente núm. 2005-00662), sobre la imposibilidad de obtener
licencias, permisos o autorizaciones en zona de recuperación
ambiental.
Por último, frente al requisito de la inmediatez sostuvo que: “[…] En
este caso, se cumple con la exigencia de inmediatez, puesto que, a
pesar de que la decisión adoptada por el Consejo de Estado, en el
marco del proceso de reparación directa con radicado No. 2007-214,
fue del 01 de noviembre de 2023, solo se pudo advertir sobre los
defectos cometidos por el Consejo de Estado hasta dos años después,
con la notificación de la Resolución DJUR No. 50247000242 del 05 de
julio de 202410 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición y
se toman otras determinaciones”, expedida por la CAR y, en especial,
con la sentencia proferida en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificada con radicado No. 2005-
891, la cual fue notificada por edicto del 19 de mayo de 2025, que
permaneció fijado hasta el 21 de mayo de la misma anualidad […]”.
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I.4.- Pretensiones
Del escrito de tutela se puede inferir que el actor pretende que se
amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia y, en consecuencia, se deje sin efecto
la sentencia de 28 de febrero de 2020 proferida por la SECCIÓN
TERCERA y se le ordene a dicha autoridad judicial que emita una
nueva decisión dentro de la acción de reparación directa identificada
con el número de radicación 2007-00214-01.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El DISTRITO afirmó que no incurrió en acción u omisión
alguna que vulnere los derechos fundamentales del actor, razón por
la que solicitó ser desvinculado de la presente acción de tutela por
falta de legitimación en la causa por pasiva.
I.5.2.- La CAR solicitó ser desvinculada por falta de legitimación en
la causa por pasiva y, además, que se declare improcedente el
amparo por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad, toda vez
que existe un proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del
derecho en trámite respecto de las pretensiones que involucran su
gestión administrativa.
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Asimismo, resaltó que tampoco se cumple el requisito de la
inmediatez, toda vez que el último auto proferido dentro del proceso
cuestionado data de 1o. de noviembre de 2023.
I.5.3.- El TRIBUNAL se limitó a remitir el link contentivo del
expediente de reparación directa sin realizar pronunciamiento alguno
frente al fondo del asunto.
I.5.4.- El MINISTERIO solicitó declarar improcedente la acción de
tutela de la referencia por no cumplir los requisitos de procedibilidad
exigidos por la jurisprudencia constitucional y ser desvinculado por
falta de legitimación en la causa por pasiva.
I.5.5.- La SECCIÓN TERCERA solicitó declarar improcedente la
presente acción por no cumplir con el requisito de la inmediatez, por
cuanto la última decisión dentro del proceso de reparación directa,
aquí cuestionado, fue proferida el 1o. de noviembre de 2023 y
notificada el 28 de ese mes y año, mientras que la presente solicitud
de amparo se radicó el 19 de enero de 2026, por lo que se excedió
ampliamente el plazo de seis meses que la jurisprudencia ha
considerado razonable para interponer el mecanismo constitucional.
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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 23 de febrero de 2026, la SECCIÓN
SEGUNDA de una parte, denegó las solicitudes de desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva presentadas por el
DISTRITO, la CAR y el MINISTERIO y, de otra, declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia por cumplir con el
requisito general de inmediatez.
Para el efecto, señaló que revisado el Sistema de Gestión Judicial -
SAMAI, la sentencia objeto de tutela se notificó a las partes e
intervinientes el 17 de septiembre de 2020 y el escrito de tutela fue
presentado por el accionante el 19 de noviembre de 2025, es decir,
transcurridos más de 5 años.
Destacó que si bien el incidente de nulidad resultó un medio
improcedente para controvertir la condena en costas impuesta en la
sentencia de 28 de febrero de 2020 y no tendría la posibilidad de
flexibilizar el requisito de inmediatez, aún desde el 28 de noviembre
de 2023, la solicitud de amparo superó el plazo razonable de seis
meses para acudir al juez de tutela.
Finalmente, frente a los argumentos expuestos por el actor relativos
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a la inmediatez, advirtió que los motivos de inconformidad de la
presente tutela contra la sentencia de 28 de febrero de 2020 no
tienen relación alguna con el contenido de la Resolución DJUR núm.
50247000242 de 5 de julio de 2024 ni la sentencia de 8 de mayo de
2025, proferida por la SECCIÓN PRIMERA, razón por la que no hay
lugar a flexibilizar dicho requisito en el caso concreto.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó
que se revoque y se amparen sus derechos fundamentales.
Afirmó que los hechos expuestos en la acción de tutela permiten
flexibilizar el cumplimiento del requisito de inmediatez como criterio
de procedencia de la acción, pues la vulneración alegada corresponde
a una situación que permanece en el tiempo y sigue produciendo
efectos sobre sus derechos.
Insistió en que las decisiones adoptadas por la CAR y la SECCIÓN
PRIMERA no introducen una controversia distinta a la planteada en
la presente acción de tutela y, por el contrario, ponen en evidencia
que la afectación derivada de la sentencia de 28 de febrero de 2020
proferida por la SECCIÓN TERCERA se ha mantenido en el tiempo,
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razón por la que, a su juicio, la vulneración de sus derechos al debido
proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia es
permanente y actual.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto núm. 2591
de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de
tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
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asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
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marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
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y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
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h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto la sentencia de 28 de febrero de 2020, proferida
por la SECCIÓN TERCERA dentro de la acción de reparación directa
identificada con el número único de radicación 2007-00214-01.
A la citada providencia la actora le atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, habida cuenta que, a su juicio, la
autoridad judicial accionada incurrió en violación directa de la
Constitución, pues desconoció las particularidades del régimen
procesal vigente bajo el Código Contencioso Administrativo y lo dejó
sin mecanismo judicial idóneo para perseguir la indemnización de los
perjuicios causados con la imposibilidad de desarrollar
urbanísticamente su predio, y desconocimiento del precedente
judicial, por cuanto no tuvo en cuenta la jurisprudencia del Consejo
de Estado según la cual no es viable la acumulación de pretensiones
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y la imposibilidad de obtener licencias, permisos o autorizaciones en
zona de recuperación ambiental.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 23 de febrero de
2026, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito general de la inmediatez.
Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión proferida en
primera instancia afirmando que debía flexibilizarse el requisito de la
inmediatez, debido a que las decisiones adoptadas por la CAR y la
SECCIÓN PRIMERA no introducen una controversia distinta a la
planteada en la presente acción de tutela y, por el contrario, ponen
en evidencia que la afectación derivada de la sentencia de 28 de
febrero de 2020 dictada por la SECCIÓN TERCERA se ha mantenido
en el tiempo, razón por la que, a su juicio, la vulneración de sus
derechos al debido proceso y al acceso efectivo a la administración
de justicia es permanente y actual.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen con los presupuestos generales de
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procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de
ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los
derechos deprecados e incurrió en los defectos alegados.
En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la inmediatez.
Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha
sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida
como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de
los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que
aunque no tenga previsto un término de caducidad para su
presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de
un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso
injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y
la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del
mecanismo […]”7.
7
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
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Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,
para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el
momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la
instauración de la tutela.
Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción
constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a
que exige un examen más riguroso en aras de preservar los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el
interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente
afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 8:
“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.
En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los
8
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
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requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, sostuvo9:
“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.
[…]
De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.
Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela es más estricto cuando se interpone
contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta
claramente desproporcionado el control constitucional de una
providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo.
[…]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable.
[…]
[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.
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(Destacado fuera de texto).
En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición
de la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe
tener en cuenta los siguientes eventos:
(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso
fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor
para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de
un hecho nuevo e inesperado, entre otras10;
(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado11;
(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión12;
(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales13;
(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad
10
Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
12
Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
13
Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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manifiesta14.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que de acuerdo con las
constancias obrantes en el expediente del proceso origen de la
controversia visible en el aplicativo de consulta SAMAI 15, la
providencia de segunda instancia de 28 de febrero de 2020, aquí
cuestionada, fue notificada personalmente al actor, vía correo
electrónico, el 17 de septiembre de ese año16, por lo que en
aplicación del artículo 203 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201117,
se entiende debidamente notificada el 19 de ese mes y año.
Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la
referencia se presentó el 19 de noviembre de 202518, esto es,
transcurridos más de 5 años, superando así el término 6 meses
que ha sido estimado por la jurisprudencia como razonable para
impugnar por vía de tutela el contenido de una decisión judicial, sin
que se hubiesen presentado razones válidas para la inactividad de la
parte actora o que justifiquen la tardanza en la presentación de la
solicitud de amparo.
14
Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, Magistrado ponente: doctor
Humberto Antonio Sierra Porto.
15
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000200700
214011100103
16
Constancia de notificación visible a índice 70 del expediente digital del proceso 2007-00214-01
17
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
18
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202507
292001100103
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En este punto es del caso advertir que, si en gracia de discusión se
tuviera en cuenta para contar el término de inmediatez el proveído
proferido el 1o. de noviembre de 2023, mediante el cual se confirmó
en súplica el auto que rechazó por improcedente la solicitud de
nulidad, -escenario frente al cual la Sala ha sido clara en enfatizar
que para el estudio de dicho requisito frente a una decisión judicial,
no deben tenerse en cuenta los recursos allí interpuestos
abiertamente improcedentes-, la Sala advierte que el mismo fue
notificado por correo electrónico el 24 de ese mes y año y, se reitera,
la presente acción de tutela fue radicada el 19 de noviembre de 2025,
tiempo que supera con creces el término razonable de los seis meses.
Ahora bien, de los argumentos expuestos por el actor en el escrito
de impugnación, la Sala observa que el mismo insiste en que debe
flexibilizarse el conteo de la inmediatez, por cuanto las decisiones
contenidas en la Resolución DJUR núm. 50247000242 de 5 de julio
de 2024 expedida por la CAR y la sentencia de 8 de mayo de 2025
proferida por la SECCIÓN PRIMERA, pusieron en evidencia que la
afectación derivada de la sentencia de 28 de febrero de 2020 dictada
por la SECCIÓN TERCERA se ha mantenido en el tiempo, razón por
la que, a su juicio, la vulneración de sus derechos al debido proceso
y al acceso efectivo a la administración de justicia es permanente y
actual.
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Al respecto, la Sala destaca que le asistió razón al a quo al afirmar
que las inconformidades expuestas contra la sentencia cuestionada
no tienen relación alguna con las decisiones adoptadas por la CAR y
la SECCIÓN PRIMERA, por ser autónomas e independientes, por lo
que dicho argumento no justifica la inactividad o tardanza en la
presentación de la solicitud de amparo de la referencia, toda vez que
en tratándose de acciones de tutela contra providencia judicial, el
término con el que cuenta el interesado se determina por la fecha
en la que se surte debidamente la notificación de la decisión que, a
su juicio, vulneró los derechos fundamentales invocados.
Se destaca que, en la sentencia SU-354 de 201719, la Corte
Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de
inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para
resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses
establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las
particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el que
existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la
instauración de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se
observa en el presente caso.
19
M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
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Consecuente con lo anterior, se confirmará la decisión del a quo que
declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por la actora
por no cumplir el requisito general de la inmediatez, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de abril de 2026.
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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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