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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00284-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00284-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00284-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00284-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JUAN DARÍO VELÁSQUEZ CRUZ

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA, POR NO
CUMPLIRSE EL REQUISITO GENERAL DE LA INMEDIATEZ.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la

sentencia de 23 de febrero de 2026, mediante la cual la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

declaró improcedente la solicitud de amparo.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor JUAN DARÍO VELÁSQUEZ CRUZ, actuando a través de

apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

1
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00284-01
Actor: JUAN DARÍO VELÁSQUEZ CRUZ

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia, los cuales estima vulnerados por la

SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE

ESTADO2 al haber proferido la sentencia de 28 de febrero de 2020,

dentro de la acción de reparación directa identificada con el número

de radicación 25000-23-26-000-2007-00214-01.

I.2.- Hechos

Indicó que él y la señora GIMENA PATRICIA LEMAITRE

SOLEIMAN presentaron demanda, de forma separada, en ejercicio

de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de

obtener la nulidad de las resoluciones núms. 0463 y 0519 del 2005,

expedidas por el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO

SOSTENIBLE3, las cuales fueron acumuladas y correspondiéndole

en primera instancia a la SECCIÓN PRIMERA -SUBSECCIÓN “A”-

DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA que,

mediante sentencia de 25 de abril de 2024, denegó las súplicas

incoadas, decisión que fue confirmada por la SECCIÓN PRIMERA

DEL CONSEJO DE ESTADO4 a través de fallo de 8 de mayo de 2025.

2
En adelante SECCIÓN TERCERA.
3
En adelante MINISTERIO.
4
En adelante SECCIÓN PRIMERA.

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Actor: JUAN DARÍO VELÁSQUEZ CRUZ

Señaló que, igualmente, junto con la señora GIMENA PATRICIA

LEMAITRE SOLEIMAN presentaron demanda de reparación contra

el MINISTERIO, el DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ5 y la

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA6,

con el fin de obtener el resarcimiento del daño antijurídico

ocasionado con la expedición de las citadas resoluciones dada la

imposibilidad de construcción en un bien inmueble de su propiedad

pese a la confianza legítima generada por el Decreto 190 de 2004 y,

en consecuencia, el reconocimiento de los perjuicios causados por

concepto de daño emergente y lucro cesante.

Sostuvo que el citado proceso fue identificado con el número único

de radicación 2007-00214-01 y le correspondió por reparto a la

SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B” DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA que, mediante sentencia

de 31 de enero de 2013, aceptó la cesión de derechos litigiosos

realizada por la señora GIMENA PATRICIA LEMAITRE SOLEIMAN

a su favor, declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda

por indebida escogencia de la acción, dispuso la liquidación de gastos

y no condenó en costas.

5
En adelante DISTRITO.
6
En adelante CAR.

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Actor: JUAN DARÍO VELÁSQUEZ CRUZ

Manifestó que interpuso recurso de apelación contra la anterior

decisión, el cual fue resuelto por la SECCIÓN TERCERA que,

mediante sentencia de 28 de febrero de 2020, modificó la decisión

del a quo en cuanto a la condena en costas y confirmó en todo lo

demás, por considerar que el daño antijurídico cuya reparación se

pretendía conllevaba controvertir los actos administrativos

mencionados, de manera que la acción procedente era la nulidad y

restablecimiento del derecho.

Adujo que promovió incidente de nulidad parcial contra la sentencia

de segunda instancia respecto de la condena en costas, el cual fue

declarado improcedente mediante auto de 7 de abril de 2021,

confirmado a través de proveído de 1o. de noviembre de 2023, al

resolverse el recurso de súplica.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en

violación directa de la Constitución, pues desconoció las

particularidades del régimen procesal vigente bajo el Código

Contencioso Administrativo y lo dejó sin mecanismo judicial idóneo

para perseguir la indemnización de perjuicios causados con la

imposibilidad de desarrollar urbanísticamente su predio.

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Recalcó que la SECCIÓN TERCERA también incurrió en

desconocimiento del precedente judicial, por cuanto no tuvo en

cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado según la cual no era

viable la acumulación de pretensiones en los términos establecidos

en la Ley 1437 de 2011 y la sentencia de 5 de noviembre de 2013

(expediente núm. 2005-00662), sobre la imposibilidad de obtener

licencias, permisos o autorizaciones en zona de recuperación

ambiental.

Por último, frente al requisito de la inmediatez sostuvo que: “[…] En

este caso, se cumple con la exigencia de inmediatez, puesto que, a

pesar de que la decisión adoptada por el Consejo de Estado, en el

marco del proceso de reparación directa con radicado No. 2007-214,

fue del 01 de noviembre de 2023, solo se pudo advertir sobre los

defectos cometidos por el Consejo de Estado hasta dos años después,

con la notificación de la Resolución DJUR No. 50247000242 del 05 de

julio de 202410 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición y

se toman otras determinaciones”, expedida por la CAR y, en especial,

con la sentencia proferida en el marco del proceso de nulidad y

restablecimiento del derecho, identificada con radicado No. 2005-

891, la cual fue notificada por edicto del 19 de mayo de 2025, que

permaneció fijado hasta el 21 de mayo de la misma anualidad […]”.

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I.4.- Pretensiones

Del escrito de tutela se puede inferir que el actor pretende que se

amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso

a la administración de justicia y, en consecuencia, se deje sin efecto

la sentencia de 28 de febrero de 2020 proferida por la SECCIÓN

TERCERA y se le ordene a dicha autoridad judicial que emita una

nueva decisión dentro de la acción de reparación directa identificada

con el número de radicación 2007-00214-01.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El DISTRITO afirmó que no incurrió en acción u omisión

alguna que vulnere los derechos fundamentales del actor, razón por

la que solicitó ser desvinculado de la presente acción de tutela por

falta de legitimación en la causa por pasiva.

I.5.2.- La CAR solicitó ser desvinculada por falta de legitimación en

la causa por pasiva y, además, que se declare improcedente el

amparo por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad, toda vez

que existe un proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del

derecho en trámite respecto de las pretensiones que involucran su

gestión administrativa.

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Asimismo, resaltó que tampoco se cumple el requisito de la

inmediatez, toda vez que el último auto proferido dentro del proceso

cuestionado data de 1o. de noviembre de 2023.

I.5.3.- El TRIBUNAL se limitó a remitir el link contentivo del

expediente de reparación directa sin realizar pronunciamiento alguno

frente al fondo del asunto.

I.5.4.- El MINISTERIO solicitó declarar improcedente la acción de

tutela de la referencia por no cumplir los requisitos de procedibilidad

exigidos por la jurisprudencia constitucional y ser desvinculado por

falta de legitimación en la causa por pasiva.

I.5.5.- La SECCIÓN TERCERA solicitó declarar improcedente la

presente acción por no cumplir con el requisito de la inmediatez, por

cuanto la última decisión dentro del proceso de reparación directa,

aquí cuestionado, fue proferida el 1o. de noviembre de 2023 y

notificada el 28 de ese mes y año, mientras que la presente solicitud

de amparo se radicó el 19 de enero de 2026, por lo que se excedió

ampliamente el plazo de seis meses que la jurisprudencia ha

considerado razonable para interponer el mecanismo constitucional.

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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 23 de febrero de 2026, la SECCIÓN

SEGUNDA de una parte, denegó las solicitudes de desvinculación por

falta de legitimación en la causa por pasiva presentadas por el

DISTRITO, la CAR y el MINISTERIO y, de otra, declaró

improcedente la acción de tutela de la referencia por cumplir con el

requisito general de inmediatez.

Para el efecto, señaló que revisado el Sistema de Gestión Judicial -

SAMAI, la sentencia objeto de tutela se notificó a las partes e

intervinientes el 17 de septiembre de 2020 y el escrito de tutela fue

presentado por el accionante el 19 de noviembre de 2025, es decir,

transcurridos más de 5 años.

Destacó que si bien el incidente de nulidad resultó un medio

improcedente para controvertir la condena en costas impuesta en la

sentencia de 28 de febrero de 2020 y no tendría la posibilidad de

flexibilizar el requisito de inmediatez, aún desde el 28 de noviembre

de 2023, la solicitud de amparo superó el plazo razonable de seis

meses para acudir al juez de tutela.

Finalmente, frente a los argumentos expuestos por el actor relativos

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a la inmediatez, advirtió que los motivos de inconformidad de la

presente tutela contra la sentencia de 28 de febrero de 2020 no

tienen relación alguna con el contenido de la Resolución DJUR núm.

50247000242 de 5 de julio de 2024 ni la sentencia de 8 de mayo de

2025, proferida por la SECCIÓN PRIMERA, razón por la que no hay

lugar a flexibilizar dicho requisito en el caso concreto.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó

que se revoque y se amparen sus derechos fundamentales.

Afirmó que los hechos expuestos en la acción de tutela permiten

flexibilizar el cumplimiento del requisito de inmediatez como criterio

de procedencia de la acción, pues la vulneración alegada corresponde

a una situación que permanece en el tiempo y sigue produciendo

efectos sobre sus derechos.

Insistió en que las decisiones adoptadas por la CAR y la SECCIÓN

PRIMERA no introducen una controversia distinta a la planteada en

la presente acción de tutela y, por el contrario, ponen en evidencia

que la afectación derivada de la sentencia de 28 de febrero de 2020

proferida por la SECCIÓN TERCERA se ha mantenido en el tiempo,

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razón por la que, a su juicio, la vulneración de sus derechos al debido

proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia es

permanente y actual.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto núm. 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de

tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto núm. 333 de 6 de abril

de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

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asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y

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marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza

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y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

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h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la sentencia de 28 de febrero de 2020, proferida

por la SECCIÓN TERCERA dentro de la acción de reparación directa

identificada con el número único de radicación 2007-00214-01.

A la citada providencia la actora le atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia, habida cuenta que, a su juicio, la

autoridad judicial accionada incurrió en violación directa de la

Constitución, pues desconoció las particularidades del régimen

procesal vigente bajo el Código Contencioso Administrativo y lo dejó

sin mecanismo judicial idóneo para perseguir la indemnización de los

perjuicios causados con la imposibilidad de desarrollar

urbanísticamente su predio, y desconocimiento del precedente

judicial, por cuanto no tuvo en cuenta la jurisprudencia del Consejo

de Estado según la cual no es viable la acumulación de pretensiones

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y la imposibilidad de obtener licencias, permisos o autorizaciones en

zona de recuperación ambiental.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 23 de febrero de

2026, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el

requisito general de la inmediatez.

Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión proferida en

primera instancia afirmando que debía flexibilizarse el requisito de la

inmediatez, debido a que las decisiones adoptadas por la CAR y la

SECCIÓN PRIMERA no introducen una controversia distinta a la

planteada en la presente acción de tutela y, por el contrario, ponen

en evidencia que la afectación derivada de la sentencia de 28 de

febrero de 2020 dictada por la SECCIÓN TERCERA se ha mantenido

en el tiempo, razón por la que, a su juicio, la vulneración de sus

derechos al debido proceso y al acceso efectivo a la administración

de justicia es permanente y actual.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen con los presupuestos generales de

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procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de

ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los

derechos deprecados e incurrió en los defectos alegados.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la inmediatez.

Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha

sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida

como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de

los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que

aunque no tenga previsto un término de caducidad para su

presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de

un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso

injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y

la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del

mecanismo […]”7.

7
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.

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Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,

para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el

momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la

instauración de la tutela.

Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción

constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a

que exige un examen más riguroso en aras de preservar los

principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el

interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente

afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 8:

“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los

8
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.

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requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias

judiciales, sostuvo9:

“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.

[…]

De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.

Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela es más estricto cuando se interpone
contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta
claramente desproporcionado el control constitucional de una
providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo.

[…]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable.

[…]

[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.

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(Destacado fuera de texto).

En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición

de la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe

tener en cuenta los siguientes eventos:

(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso

fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor

para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de

un hecho nuevo e inesperado, entre otras10;

(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la

vulneración de los derechos fundamentales del interesado11;

(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los

derechos de terceros afectados con la decisión12;

(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de

acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales13;

(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad

10
Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
12
Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
13
Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

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manifiesta14.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que de acuerdo con las

constancias obrantes en el expediente del proceso origen de la

controversia visible en el aplicativo de consulta SAMAI 15, la

providencia de segunda instancia de 28 de febrero de 2020, aquí

cuestionada, fue notificada personalmente al actor, vía correo

electrónico, el 17 de septiembre de ese año16, por lo que en

aplicación del artículo 203 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201117,

se entiende debidamente notificada el 19 de ese mes y año.

Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la

referencia se presentó el 19 de noviembre de 202518, esto es,

transcurridos más de 5 años, superando así el término 6 meses

que ha sido estimado por la jurisprudencia como razonable para

impugnar por vía de tutela el contenido de una decisión judicial, sin

que se hubiesen presentado razones válidas para la inactividad de la

parte actora o que justifiquen la tardanza en la presentación de la

solicitud de amparo.

14
Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, Magistrado ponente: doctor
Humberto Antonio Sierra Porto.
15
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000200700
214011100103
16
Constancia de notificación visible a índice 70 del expediente digital del proceso 2007-00214-01
17
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
18
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202507
292001100103

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En este punto es del caso advertir que, si en gracia de discusión se

tuviera en cuenta para contar el término de inmediatez el proveído

proferido el 1o. de noviembre de 2023, mediante el cual se confirmó

en súplica el auto que rechazó por improcedente la solicitud de

nulidad, -escenario frente al cual la Sala ha sido clara en enfatizar

que para el estudio de dicho requisito frente a una decisión judicial,

no deben tenerse en cuenta los recursos allí interpuestos

abiertamente improcedentes-, la Sala advierte que el mismo fue

notificado por correo electrónico el 24 de ese mes y año y, se reitera,

la presente acción de tutela fue radicada el 19 de noviembre de 2025,

tiempo que supera con creces el término razonable de los seis meses.

Ahora bien, de los argumentos expuestos por el actor en el escrito

de impugnación, la Sala observa que el mismo insiste en que debe

flexibilizarse el conteo de la inmediatez, por cuanto las decisiones

contenidas en la Resolución DJUR núm. 50247000242 de 5 de julio

de 2024 expedida por la CAR y la sentencia de 8 de mayo de 2025

proferida por la SECCIÓN PRIMERA, pusieron en evidencia que la

afectación derivada de la sentencia de 28 de febrero de 2020 dictada

por la SECCIÓN TERCERA se ha mantenido en el tiempo, razón por

la que, a su juicio, la vulneración de sus derechos al debido proceso

y al acceso efectivo a la administración de justicia es permanente y

actual.

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Al respecto, la Sala destaca que le asistió razón al a quo al afirmar

que las inconformidades expuestas contra la sentencia cuestionada

no tienen relación alguna con las decisiones adoptadas por la CAR y

la SECCIÓN PRIMERA, por ser autónomas e independientes, por lo

que dicho argumento no justifica la inactividad o tardanza en la

presentación de la solicitud de amparo de la referencia, toda vez que

en tratándose de acciones de tutela contra providencia judicial, el

término con el que cuenta el interesado se determina por la fecha

en la que se surte debidamente la notificación de la decisión que, a

su juicio, vulneró los derechos fundamentales invocados.

Se destaca que, en la sentencia SU-354 de 201719, la Corte

Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de

inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para

resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses

establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las

particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el que

existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la

instauración de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se

observa en el presente caso.

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M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.

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Consecuente con lo anterior, se confirmará la decisión del a quo que

declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por la actora

por no cumplir el requisito general de la inmediatez, como en efecto

se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de abril de 2026.

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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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