Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00287-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00287-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00287-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
15 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 15 de abril de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00287-00
Demandante: María Ruth Guerrero de Reyes
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y
otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional
Síntesis del caso: La parte actora enjuició las providencias de primera y segunda instancia,
proferidas dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. La primera
negó una pensión de sobrevivientes y la segunda reconoció, de manera compartida, la
prestación reclamada.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por María Ruth Guerrero
de Reyes contra el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 19 de enero de 2026, María Ruth Guerrero de Reyes presentó una
acción de tutela, mediante apoderada judicial, contra el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca y la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración
de justicia, con ocasión de las Sentencias de 12 de abril de 2024 y 20 de
noviembre de 2025, proferidas, respectivamente, por las autoridades
judiciales accionadas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 76001-23-33-004-2017-01587-00/01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe)
“PRMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a LA PROTECCIÓN EFECTIVA DE
LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, AL
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00287-00
Demandante: María Ruth Guerrero de Reyes
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Decisión: Declara improcedente
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ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de la señora María Ruth Guerrero
de Reyes, actualmente con de 86 años y vulnerados por la sala Jurisdiccional
de Decisión Oral No. 4 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en
sentencia del 12 de abril de 2024 que negó el reconocimiento de la sustitución
pensional y contra la sentencia del 20 de noviembre de 2025 proferida por la
Sección Segunda, Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, que resolvió compartir la pensión solicitada.
SEGUNDO: QUE SE DEJE sin efectos totalmente la sentencia proferida por la sala
Jurisdiccional de Decisión Oral No. 4 del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca en sentencia del 12 de abril de 2024 y se deje sin efectos parcialmente
la sentencia del 20 de noviembre de 2025 proferida por la Sección Segunda,
Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
respecto de la decisión de reconocer un porcentaje de la sustitución pensional
del señor Julio Edgar Reyes, a la señora Emerita Ramírez Moncada en calidad
de compañera permanente.
TERCERO: ORDENAR a la Sección Segunda, Subsección B de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que, en el término de esta
providencia, profiera una nueva sentencia dentro del proceso administrativo
promovido y teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la ley y la
jurisprudencia que versa sobre la presente Litis.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:
4. 1) Julio Édgar Reyes y María Ruth Guerrero de Reyes contrajeron
matrimonio el 9 de octubre de 1957 y tuvieron 6 hijos: Claudia, Rosa Hider,
Isabel Cristina, Silvia del Carmen, Luis Alberto y Margarita María Reyes
Guerrero.
5. 2) En 1972, María Ruth Guerrero de Reyes viajó a Estados Unidos para
trabajar y apoyar económicamente a su familia, mientras su esposo
permaneció en Colombia al cuidado de sus hijos.
6. 3) En ausencia de la señora Guerrero de Reyes, Julio Édgar Reyes inició
una relación con Emérita Ramírez Moncada, con quien tuvo 2 hijas, Diana
Mercedes y Ginna Paola Reyes Ramírez.
7. 4) El señor Reyes laboró para el departamento de Valle del Cauca
desde el 2 de septiembre de 1981 hasta el 27 de junio de 1995 y adquirió el
estatus de pensionado a través de la Resolución No. 1211 de 2 de agosto de
1995.
8. 5) El 25 de agosto de 1995, Julio Édgar Reyes le otorgó poder a Emérita
Ramírez Moncada para cobrar su pensión durante su ausencia, con el fin de
viajar a los Estados Unidos.
9. 6) Julio Édgar Reyes se radicó en dicho país, junto con María Ruth
Guerrero de Reyes, quien ya residía en ese lugar.
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10. 7) En julio de 2012, por problemas de salud de María Ruth Guerrero de
Reyes, su hija Isabel Cristina asumió su representación legal y la trasladó a su
residencia, para brindarle cuidados especiales. Por tal razón, Julio Édgar
Reyes se radicó en la residencia de su hija Margarita María Reyes Guerrero
ubicada en Florida.
11. 8) El 2 de enero de 2013, María Ruth Guerrero de Reyes fue internada
en un centro especializado en razón a que padecía Alzheimer, hipertensión
y depresión.
12. 9) El 29 de abril de 2014, Julio Édgar Reyes viajó a Colombia por
negocios y se quedó cerca de 2 meses; al regresar a Estados Unidos, fue
hospitalizado por problemas de salud y falleció el 27 de septiembre de 2014,
momento en el cual su vínculo matrimonial con María Ruth seguía vigente.
13. 10) El 19 de febrero de 2015, Emérita Ramírez Moncada presentó una
solicitud ante la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional
de la Gobernación de Valle del Cauca, para obtener el reconocimiento de
la sustitución pensional.
14. 11) El 26 de febrero de 2015, María Ruth Guerrero de Reyes solicitó el
reconocimiento de la sustitución pensional ante el departamento del Valle
del Cauca.
15. 12) Mediante la Resolución No. 1595 de 21 de septiembre de 2015,
dicha entidad le negó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, y
a través de la Resolución No. 2109 de 24 de noviembre de 2015, se resolvió
de forma desfavorable el recurso de reposición interpuesto en contra del
anterior acto administrativo.
16. 13) El 18 de octubre de 2017, Emérita Ramírez Moncada presentó, por
medio de apoderado judicial, una demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el departamento de Valle del Cauca, con el fin de que
se declarara la nulidad de las anteriores resoluciones.
17. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que, a título de
restablecimiento del derecho, se ordenara a la entidad demandada
reconocer y pagar a su favor una pensión de sobreviviente a partir de 28 de
septiembre de 2014, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 y 47
de la Ley 100 de 1993, en cuantía equivalente al 100% de las mesadas
pensionales que en vida percibía el causante, incluidas las adicionales de
junio y diciembre. Finalmente, solicitó que se condenara en costas a la
demandada.
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18. 14) El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca admitió el asunto,
vinculó a María Ruth Guerrero de Reyes en calidad de litisconsorte necesaria
y, mediante Sentencia de 12 de abril de 2024, negó las pretensiones de la
demanda, tras establecer que, si bien se acreditó que Emérita Ramírez
Moncada convivió con el causante como su compañera permanente,
exclusivamente, desde 1979 hasta 1995, no se probó el requisito de
convivencia real y efectiva mínimo de 5 años inmediatamente anteriores al
deceso de este, quien falleció en el año 2014, razón por la cual no tenía
derecho a la prestación solicitada.
19. En relación con la señora Guerrero de Reyes, determinó que aun
cuando demostró ser la cónyuge de Julio Édgar Reyes hasta el momento en
que este falleció, no acreditó una convivencia real y efectiva por un mínimo
de 5 años en cualquier tiempo y tal circunstancia no podía presumirse por
la mera existencia del vínculo matrimonial que existía entre ambos, lo que
llevaba a concluir que tampoco le asistía el derecho pensional reclamado.
20. 15) Contra esa decisión, Emérita Ramírez Moncada presentó recurso
de apelación en el que señaló que la sustitución pensional tenía como
finalidad suplir las necesidades económicas que el pensionado cubría en
vida para garantizar el sustento de su núcleo familiar y que, en este caso, se
demostró que ella dependía económicamente del causante, quien le
otorgó poder para el cobro de la mesada pensional.
21. Agregó que María Ruth Guerrero de Reyes, llamada al proceso, no
demostró con prueba válida la convivencia simultánea y que el tribunal
valoró indebidamente las pruebas testimoniales y el interrogatorio sobre su
convivencia con el causante, pues desconoció que este viajaba
constantemente de Colombia a Estados Unidos para conservar su visa, sin
que ello implicara ruptura de la relación con la demandante. Precisó, por
tanto, que esa fue la forma en que decidieron mantener su vínculo y negarle
el derecho con base en la falta de cohabitación vulneraba la libertad
personal, el derecho al mínimo vital y a la seguridad social.
22. Por su parte, María Ruth Guerrero de Reyes presentó recurso de
apelación en el que sostuvo que el tribunal incurrió en una inadecuada
valoración probatoria, pues concluyó erróneamente que no se acreditó una
convivencia real y efectiva con el causante, en desconocimiento de las
pruebas allegadas al proceso que demostraban lo contrario.
23. Añadió que la sentencia apelada desconoció que entre ella y el
causante existió una comunidad de vida afectiva y económica desde el 9
de octubre de 1957, fecha en que contrajeron matrimonio, hasta 1969, es
decir, por un lapso de 12 años, periodo que superó los 5 años de convivencia
en cualquier época con el causante afiliado o pensionado; de conformidad
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con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de
Estado. De manera que sí se demostró la convivencia mínima legal y la
vigencia del vínculo matrimonial hasta el momento de la muerte del
causante.
24. 16) Mediante Sentencia de 20 de noviembre de 2025, la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado revocó la decisión de primera
instancia y, en su lugar, declaró la nulidad de las Resoluciones No. 1595 de
21 de septiembre de 2015 y No. 2109 de 24 de noviembre de 2015. A título
de restablecimiento del derecho, condenó al departamento de Valle del
Cauca a reconocer y pagar a Emérita Ramírez Moncada y a María Ruth
Guerrero de Reyes, de manera indexada, los valores correspondientes al
100% de la pensión de jubilación que recibía Julio Édgar Reyes, a partir del
28 de septiembre de 2014, distribuida así: a María Ruth Guerrero de Reyes el
23.4 % de la pensión y a Emérita Ramírez Moncada el 76.6%.
25. El fundamento de la vulneración radicó, a juicio de la parte actora,
en que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos
fáctico, de desconocimiento de precedente y sustantivo.
26. En relación con el defecto fáctico, manifestó que se configuró porque
se apreciaron irrazonablemente los medios de prueba documentales
aportados, ya que no demostraron la convivencia exigida por la ley durante
los 5 años previos al fallecimiento, entre Emérita Ramírez Moncada y Julio
Édgar Reyes. Manifestó, además, que se le dio el valor probatorio que no
tenían a los testimonios aportados al proceso, puesto que fueron confusos y
contradictorios. Por último, señaló que no se valoró adecuadamente la
solicitud de sustitución pensional presentada por Emérita Ramírez Moncada,
el 19 de febrero de 2015.
27. Frente al desconocimiento del precedente, argumentó que se
ignoraron las Sentencias T-197 de 2010, T-324 de 2014, T-245 de 2017, T-392 de
2018, SU-108 de 2020 y SU 169-2024 de la Corte Constitucional, que indicaban
que la pareja podía no tener cohabitación física permanente, pero era
indispensable que se mantuvieran incólumes los vínculos afectivos, el apoyo
emocional, la solidaridad y el acompañamiento espiritual que consolidan la
vida en pareja. Sin embargo, se concluyó erróneamente, con base en el
material probatorio, que Emérita Ramírez Moncada mantuvo incólume su
convivencia con Julio Édgar Reyes, a pesar de los viajes que realizó a Estados
Unidos, y la relación se mantuvo estable, continua y socialmente
reconocida, con retornos periódicos al hogar, apoyo económico constante
y reconocimientos expresos de su condición de compañera permanente.
28. Finalmente, manifestó que se configuró un defecto sustantivo porque
Emérita Ramírez Moncada no acreditó haber convivido efectivamente con
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el causante durante los 5 años anteriores a su fallecimiento, lo que
desconoció lo previsto en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados2
29. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca3 remitió un escrito con las
instrucciones para acceder al expediente del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 76001-23-33-004-2017-01587-00/01, pero
no se pronunció sobre el objeto de la acción de tutela.
30. El departamento de Valle del Cauca4 indicó que las decisiones
judiciales enjuiciadas fueron respetuosas del debido proceso de la parte
actora y se adoptaron con base en la normatividad aplicable. Agregó que,
en todo caso, no tenía legitimación en la causa por pasiva porque la
presunta vulneración de derechos fundamentales no le era atribuible de
acuerdo con lo señalado en el escrito de tutela.
31. La Subsección B de la Sección Segunda del CE y Emérita Ramírez
Moncada, a pesar de haber sido notificadas en debida forma5, guardaron
silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Solicitud de desvinculación. 2.2. Identificación de la providencia objeto de
estudio. 2.3. Identificación de defectos y fijación de la controversia. 2.4. Procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial. 2.5. Conclusión.
2.1. Solicitud de desvinculación
32. La Sala despachará de forma desfavorable la solicitud de
desvinculación presentada por el departamento de Valle del Cauca,
comoquiera que su vinculación al trámite de tutela se dio en calidad de
tercero con interés en el asunto, por haber participado en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.
2.2. Identificación de la providencia objeto de estudio
33. La Sala se centrará en analizar los reparos expuestos por la parte
actora respecto de la Sentencia de segunda instancia, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 20 de
2 Mediante Auto de 23 de enero de 2026, el despacho ponente resolvió 1) admitir la acción de tutela, 2) tener
como demandada a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y 3) vincular al Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca, al departamento de Valle del Cauca y a Emérita Ramírez Moncada, como
terceros con interés en el asunto.
3 Índice 13 de SAMAI.
4 Índice 15 de SAMAI.
5 Índice 10 de SAMAI.
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noviembre de 2025, puesto que, pese a que también se enjuició la decisión
de 12 de abril de 2024 del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, fue la
sentencia de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
la que resolvió el litigio. Aunado a ello, ante un eventual fallo favorable, sería
la autoridad judicial de segunda instancia la llamada a cumplir con la
respectiva orden de tutela.
2.3. Identificación de defectos y fijación de la controversia
34. Se observa que, a pesar de que la parte actora manifestó en el escrito
de tutela que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
incurrió en los defectos fáctico, de desconocimiento de precedente y
sustantivo, por haberle reconocido el 23.4 % de la pensión y a Emérita
Ramírez Moncada el 76.6% de la pensión de sobrevivientes reclamada, lo
cierto es que los reparos tendientes a justificar esos defectos se encuadran
dentro de un defecto fáctico, ya que están relacionados con la
interpretación que, del material probatorio, hizo la autoridad judicial
accionada para acreditar la convivencia exigida por la ley para reconocer
el derecho pensional a Emérita Ramírez Moncada.
35. De esta forma, corresponde a la Sala determinar, una vez verificados
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, si la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado incurrió en un defecto fáctico al revocar la decisión de primera
instancia y, en su lugar, declarar la nulidad de las Resoluciones No. 1595 de
21 de septiembre de 2015 y No. 2109 de 24 de noviembre de 2015, expedidas
por el departamento de Valle del Cauca y ordenar un reconocimiento
pensional.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
36. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela al
evidenciar que no satisface el requisito de relevancia constitucional.
37. Para la Corte Constitucional, el requisito de relevancia constitucional
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
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asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional6.
38. Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, el estudio
debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige,
adicionalmente, que se demuestre una vulneración desproporcionada y/o
arbitraria de un derecho fundamental7.
39. Igualmente, en Sentencia SU-295 de 20238, estableció que la
relevancia constitucional se acredita a partir de tres criterios: (1) no tratarse
de asuntos legales o meramente económicos, (2) perseguir la protección de
derechos fundamentales y (3) no reabrir debates concluidos.
40. En sentido similar, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto9; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario10 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad11.
41. Con base en lo anterior, se tiene que la parte actora alegó que la
cuestión discutida tenía trascendencia constitucional porque su solicitud se
orientó a obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, los cuales
consideró trasgredidos por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado. Sin embargo, se limitó a manifestar que la autoridad
judicial accionada realizó una valoración probatoria irrazonable porque les
dio a los testimonios aportados al proceso un valor que no tenían y no evaluó
adecuadamente la solicitud de sustitución pensional presentada por
6 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
7 Ídem. También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
8 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
9 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer
elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
10 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
11 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
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Emérita Ramírez Moncada, quien, a su juicio no convivió real y
efectivamente con Julio Édgar Reyes durante los últimos 5 años de vida.
42. Para la Sala, los planteamientos formulados por la parte actora, aun
cuando se presentan bajo la invocación de defectos específicos,
evidencian meras diferencias o discrepancias frente a lo decidido en el
proceso ordinario, en donde la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en atención a los reproches de las señoras Guerrero de
Reyes y Ramírez Moncada y la valoración que efectuó de las pruebas,
concluyó (se trascribe):
“33. Las declaraciones de Luz Anyela García y Ofelia Caicedo de Coutin, junto
con el interrogatorio rendido por Emérita, evidencian con claridad que la
relación sentimental y la comunidad de vida entre ambos se consolidó a partir
de la época del nacimiento de su primera hija, Diana Mercedes, ocurrido el 23
de junio de 1979. (…) y durante varias décadas, Julio asumió funciones propias
de un compañero permanente, particularmente al proveer el sostenimiento
económico de Emérita y de las 2 hijas que tuvieron en común, lo que evidencia
la existencia de un vínculo afectivo y de apoyo mutuo. (…) demostrando que
su convivencia no dependía de un mismo techo permanente, sino de la
continuidad de una vida en pareja que resistió incluso sus ausencias temporales
en Estados Unidos.
(…)
39. En conjunto, estos dos actos, el poder notarial de agosto de 1995 y la
comunicación formal de abril de ese año, reafirman de manera contundente
que para esa época no solo existía una relación consolidada entre Julio y
Emérita, junto con sus hijas, sino que además esa unión era expresamente
reconocida por el propio causante (…). 40. Otro elemento particularmente
relevante dentro del expediente es que se acreditó documentalmente que
Julio afilió a Emérita al sistema de salud en calidad de beneficiaria, por lo menos
desde el 1° de agosto de 2008, (…).
41. Por su parte, Emérita manifestó en su interrogatorio que nunca conformó otra
relación de pareja, lo que denota una voluntad continua y sostenida de
mantener su vínculo afectivo con Julio, y coincide plenamente con los
testimonios (…).
42. Con base en todos estos elementos, que no han sido tachados y tienen
pleno valor probatorio, la Sala encuentra acreditado que Julio Édgar Reyes
cumplió de manera constante y sostenida funciones propias de compañero
permanente, tales como residir con Emérita cuando se encontraba en el país,
aportar para el sostenimiento económico del hogar, garantizar su afiliación al
sistema de salud como beneficiaria, mantener comunicación diaria y ejercer un
rol activo en la vida familiar, incluso durante sus viajes prolongados al extranjero.
De igual forma, no se evidenció la existencia de un segundo núcleo familiar en
Colombia, y obra prueba de que las hijas de una relación anterior mantenían
trato con Emérita, lo cual reafirma la estabilidad y continuidad del vínculo. 43.
Finalmente, se estableció que Julio Édgar Reyes falleció el 27 de septiembre de
2014 en Estados Unidos según se indicó en el acto acusado, el cual goza de la
presunción de legalidad y frente a ese aspecto no se efectuó reproche alguno
por ninguna de las partes. Además, se acreditó que durante toda la
convivencia, incluidos los periodos previos a su muerte, Emérita dependió
económicamente de él, lo cual refuerza la existencia de una unión marital
prolongada, pública, estable y con vocación de permanencia. Las pruebas
permiten concluir que ni la falta de cohabitación física permanente ni los
desplazamientos de Julio al extranjero pueden interpretarse como ruptura o
cesación de la convivencia, pues obedecían a necesidades logísticas y
familiares, no a la terminación del vínculo.”
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43. De lo anterior se evidencia que, la autoridad accionada, luego de
efectuar una valoración integral y conjunta de las pruebas, concluyó que la
señora Ramírez Moncada también tenía derecho a la pensión de
sobrevivientes reclamada, y por ello la dividió a prorrata entre aquella
(76.6%) y la accionante (23.4%) por el tiempo de convivencia con el señor
Julio Edgar Reyes. De este modo, la parte actora buscó cuestionar,
mediante la acción de tutela, la forma en que se analizaron los medios de
prueba documentales y testimoniales para determinar que la convivencia
entre el causante y Emérita Ramírez Moncada sí se probó adecuadamente.
44. De manera que los reproches esbozados en la acción de tutela se
inscriben en el ámbito propio de un debate probatorio, en la medida que
intentan cuestionar la suficiencia, oportunidad y apreciación de los medios
de convicción, aspectos que corresponden al juez natural de la causa.
45. En ese sentido, más allá de un supuesto defecto fáctico, la acción de
tutela se utiliza como un mecanismo encaminado a reabrir una discusión ya
resuelta en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con el
propósito de obtener una nueva valoración del acervo probatorio o de la
estrategia procesal desplegada por las partes, lo cual resulta incompatible
con el carácter excepcional del amparo constitucional.
46. Por ello, se colige que la parte actora no explicó verdaderamente por
qué su litigio revestía trascendencia constitucional que hiciera necesaria la
intervención del juez constitucional, y, por el contrario, sus argumentos dan
cuenta de una inconformidad con la conclusión a la que llegó el juez
natural, a partir del análisis probatorio desplegado, y la pretensión de
sustituirla por otra que resulte más favorable a sus intereses.
47. Finalmente, se recuerda que las diferencias interpretativas que
existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez de lo contencioso administrativo. En otras palabras, la
presentación de las discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio
de quien enjuicia dicha decisión, en ejercicio de la acción de tutela, no da
por cumplido el requisito de relevancia constitucional. Más, si se trata de una
tutela contra providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional
de amparo de derechos fundamentales de carácter excepcional12.
2.5. Conclusión
48. Tras corroborar que no se superó el requisito de relevancia
constitucional, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre los demás
12 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00287-00
Demandante: María Ruth Guerrero de Reyes
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
requisitos de procedibilidad y declarará la improcedencia de la acción de
tutela.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada
por María Ruth Guerrero de Reyes, de conformidad con las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el
departamento de Valle del Cauca, de conformidad con las razones
expuestas en esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 13.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
13 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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