Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00302-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00302-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00302-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00302-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: ERICK LLOREDA CABRERA Y OTROS.
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR FALTA
DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA. LOS ACTORES NO SE HICIERON
PARTE COMO SUCESORES PROCESALES DENTRO DEL MEDIO DE CONTROL DE
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO EN EL QUE SE PROFIRIÓ LA
PROVIDENCIA CUESTIONADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por los
actores contra la SALA SÉPTIMA DE ORALIDAD DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA1.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
Los señores ERICK LLOREDA CABRERA, YILIBETH VALENCIA
1
En adelante el TRIBUNAL.
2
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CABRERA, YARLEDIS, SARLIN y YENNY MENA CABRERA,
actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de
tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron
la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y
los principios pro homine y de prevalencia del derecho sustancial de
su madre, la señora SAIDA CABRERA MOSQUERA (q.e.p.d.), los
que estiman vulnerados por el TRIBUNAL al haber proferido la
sentencia de 16 de julio de 2025 dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de
radicación 2023-00055-01.
I.2. Hechos
Señalaron que su madre, la señora SAIDA CABRERA MOSQUERA
(q.e.p.d.), el 13 de septiembre de 2021 diligenció y radicó el
formulario para la reclamación de sus cesantías parciales ante el
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA2 que, mediante Resolución núm.
2021060095469 de 14 de octubre de ese año, atendió la solicitud de
manera favorable y realizó el desembolso de los recursos solo hasta
el 27 de enero de 2022.
2
En adelante DEPARTAMENTO.
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Aseguraron que la citada señora presentó ante la NACIÓN -
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO3 y la
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO, el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de
sus cesantías parciales, no obstante, no dieron respuesta a su
requerimiento, por lo que se configuró un acto ficto negativo.
Manifestaron que, como consecuencia de lo anterior, la señora
SAIDA CABRERA MOSQUERA (q.e.p.d.) promovió demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, el
FOMAG y el DEPARTAMENTO, con el fin de que se declarara la
existencia y la nulidad del acto ficto negativo.
Señalaron que al mencionado proceso le fue asignado el número
único de radicación 2023-00055-01 y le correspondió en primera
instancia al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE TURBO4 que, mediante sentencia de 9 de mayo de
2025, accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia,
condenó a la entidad territorial accionada, a título de sanción
3
En adelante FOMAG.
4
En adelante JUZGADO.
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moratoria, reconocer un día de salario por cada día de mora en el
pago de las cesantías parciales por el período comprendido entre el
25 de diciembre de 2021 y el 26 de enero de 2022, para un total de
33 días.
Indicaron que inconforme con la anterior decisión, el
DEPARTAMENTO interpuso recurso de apelación, el cual fue
desatado por el TRIBUNAL que, mediante providencia de 16 de julio
de 2025, modificó el numeral segundo de la decisión del a quo y, en
su lugar, dispuso: “[…] A título de restablecimiento del derecho,
condenar al Departamento de Antioquia, a reconocer y pagar a favor
de la señora Saida Cabrera Mosquera, a título de sanción moratoria,
un día de salario por cada día de mora en el pago de las cesantías
parciales por el periodo comprendido entre el 25 de enero de 2022
y el 26 de enero de 2022, para un total de 2 días que serán
liquidados con el sueldo básico devengado por la accionante en el
año 2021 fecha en que se causó la sanción reclamada […]”.
I.3 Fundamentos de la solicitud
A juicio de los actores, la providencia judicial cuestionada vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial
efectiva de la señora SAIDA CABRERA MOSQUERA (q.e.p.d.), en
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la medida en que decidió separarse por completo de los hechos
debidamente probados en el proceso y resolvió a su arbitrio la
controversia formulada en sede judicial.
Aseguraron que el TRIBUNAL incurrió en defecto fáctico, toda vez
que desconoció las reglas de la sana crítica al no apreciar los medios
de convicción bajo un criterio objetivo, imparcial y racional,
adoptándose así una decisión apartada de los hechos debidamente
probados en el proceso ordinario y, con ello, se sacrificó la verdad y
la prevalencia del derecho sustancial al privilegiar una respuesta
meramente formal.
Finalmente, precisaron que presentan la acción de tutela de la
referencia, debido a que si bien la decisión del TRIBUNAL accionado
negó una prestación económica cuya titular era la señora SAIDA
CABRERA MOSQUERA (q.e.p.d.), la misma tiene efectos
patrimoniales que se trasladan a sus herederos, pues la vulneración
no desaparece con su fallecimiento sino que continúa afectándolos
directamente como hijos, por lo que solo cuentan con el presente
mecanismo de amparo para corregir una afectación actual, concreta
y grave a sus derechos como sucesores.
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I.4. Pretensiones
Por lo anterior, los actores solicitan lo siguiente:
“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA en la sentencia del 16 de julio de 2025 emitida dentro
del proceso identificado con No. 05837-33-33-004-2023-00055-01
transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA, PRINCIPIO PRO HOMINE de la parte
actora, al haber adoptado una decisión que se aparta de los
principios de la sana crítica que rigen la valoración probatoria y del
marco normativo vigente aplicable al caso concreto.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA dejar sin efectos
la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una
nueva decisión judicial que garantice (i) un análisis integral de los
medios de convicción, con lo cual el fin de lograr el esclarecimiento
de la situación fáctica de la parte accionante y, (ii) aplicando en
debida forma la normatividad que reglamenta las competencias en
el procedimiento administrativo definido para la gestión de las
solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías en favor de
los docentes del Fomag y, el régimen de condena en costas vigente.
[…]”
I.5. Defensa
I.5.1.- El JUZGADO se limitó a realizar un recuento de los hechos y
remitió el expediente digital contentivo del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho objeto de análisis, sin realizar
pronunciamiento alguno frente al fondo del asunto.
I.5.2.- El MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL solicitó ser
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desvinculado de la presente acción de tutela por falta de legitimación
en la causa por pasiva, por cuanto sus acciones se orientan al
desarrollo equitativo de las capacidades y oportunidades educativas
a nivel Nación, competencias u objetivos que bajo ningún aspecto
vulneran los derechos fundamentales invocados como vulnerados por
la parte actora.
I.5.3.- El DEPARTAMENTO afirmó que no existe vínculo fáctico ni
jurídico entre el ente territorial y la presunta vulneración de derechos
fundamentales alegada por los accionantes, razón por la que solicitó
declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva.
I.5.4.- El TRIBUNAL y la FIDUPREVISORA S.A., esta última
vinculada como tercera con interés directo en las resultas del
proceso, pese a ser notificados en debida forma, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
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11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
Cuestión previa
La Sala advierte que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
y el DEPARTAMENTO solicitaron su desvinculación en la presente
acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
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dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).
Comoquiera que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y el
DEPARTAMENTO fungieron como parte demandada dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto
del presente estudio, sus vinculaciones en el presente trámite
constitucional se dieron como terceros con interés directo en las
resultas del proceso, razón por la que la Sala denegará sus solicitudes
de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
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La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, Actor : Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
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de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina
fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una
grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes
de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
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decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución. […]”. (Destacado fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que los actores pretenden
que se deje sin efecto la sentencia de 16 de julio de 2025,
proferida por el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2023-00055-01.
A la citada providencia los actores le atribuyen la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y los principios
pro homine y de prevalencia del derecho sustancial de su madre, la
señora SAIDA CABRERA MOSQUERA (q.e.p.d.), transgresión que,
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a su juicio, se traslada a ellos como herederos.
El disenso de los actores radica en que la providencia cuestionada
incurrió en defecto fáctico, por cuanto el TRIBUNAL desconoció
las reglas de la sana crítica al no apreciar los medios de convicción
bajo un criterio objetivo y adoptó una decisión apartada de los hechos
debidamente probados en el proceso ordinario.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)
establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados e incurrió en el defecto invocado.
Antes de abordar los parámetros planteados en líneas anteriores, la
Sala examinará si los actores están legitimados en la causa por activa
para promover la acción de tutela de la referencia.
La legitimación en la causa por activa en las acciones de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona
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podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante
apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos
fundamentales.
En relación con la legitimación en la causa por activa, el artículo 10°
del Decreto 2591 de 19915 preceptúa:
“[…] Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de
los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en
la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales […]”.
De la norma transcrita, se desprende que quien promueve acción de
tutela puede hacerlo i) en nombre propio, actuando por sí mismo o
mediante apoderado, o ii) a través de la figura de la agencia oficiosa,
caso en el cual se debe manifestar expresamente tal circunstancia,
además de demostrar las razones por las cuales el agenciado no está
en capacidad de ejercer su propia defensa.
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“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa
por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la
medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto
del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela, de modo
que el derecho cuya protección se persigue debe ser propio del
demandante y no de otra persona6.
Ahora bien, conforme con las piezas procesales del expediente digital
que se encuentra en el aplicativo de consulta Samai7, así como del
escrito de tutela y las pruebas obrantes en el plenario, se observa
que la madre de los actores, la señora SAIDA CABRERA
MOSQUERA (q.e.p.d.) presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, el FOMAG y el
DEPARTAMENTO, con el fin de que se declarara la existencia y la
nulidad del acto ficto negativo y se ordenara el pago y reconocimiento
de la sanción moratoria por el pago oportuno de sus cesantías.
Así las cosas, se tiene que, en principio, la legitimada en la causa
para promover la presente acción de tutela era la señora SAIDA
6
Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Caljub.
7
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=058373333004202300
055010500123
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CABRERA MOSQUERA (q.e.p.d.), el MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL, el FOMAG y el DEPARTAMENTO, por
cuanto fungieron como parte demandante y demandada,
respectivamente.
Sin embargo, la solicitud de amparo de la referencia fue promovida
por los señores ERICK LLOREDA CABRERA, YILIBETH VALENCIA
CABRERA, YARLEDIS, SARLIN y YENNY MENA CABRERA, en
calidad de herederos de la señora SAIDA CABRERA MOSQUERA
(q.e.p.d.), quienes no figuran como partes o sucesores procesales de
la accionante dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2023-00055-01.
Al respecto, se advierte que esta Sala ha considerado que la
legitimación en la causa por activa de quienes promueven acción de
tutela contra providencia judicial y alegan la vulneración de sus
derechos fundamentales, está determinada por la participación
en el proceso judicial cuya revisión depreca en ejercicio del
amparo constitucional.
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Así lo sostuvo esta Sala en la sentencia de 27 de abril de 20178, en la
que se indicó:
“[…] En ese orden de ideas, la controversia gira en torno a
establecer si la mencionada autoridad judicial quebrantó los
referidos derechos fundamentales del accionante, con la
providencia cuestionada.
Ahora bien, antes de entrar a examinar el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, de acuerdo con la jurisprudencia
trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, resulta necesario determinar
la legitimación en la causa por activa, en tanto que uno de
los derechos alegados como vulnerados es el del debido
proceso.
Sobre el particular, la Sala ha sido del criterio según el cual,
quien promueva una acción de tutela con el propósito de buscar
la protección del derecho fundamental al debido proceso,
presuntamente vulnerado con ocasión de las providencias o
actuaciones que se surtan en el trámite de un proceso judicial,
debe acreditar que es o fue parte en el mismo [9].
Lo anterior, atendiendo lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, artículo 10, que
determina que en la acción de tutela la legitimidad para actuar
está radicada en la persona vulnerada o amenazada en uno
de sus derechos fundamentales, quien ejercerá la acción,
directamente o a través de apoderado, debidamente
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P: doctor Roberto
Augusto Serrato Valdés. También se puede ver sentencia de 27 de abril de 2017, expediente 11001 03
15 000 2016 02676 00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
[9] Sobre el particular, la Sala se pronunció en ese sentido, reiterando dicho criterio en varias acciones
de tutela promovidas por los electores de la señora Johana Chaves García, que interpusieron numerosas
solicitudes de amparo, tendientes a controvertir las decisiones tomadas en el medio de control de
nulidad electoral, radicado con el número (acumulados) 2014-00057-00 y 2014-00083-00, demanda
promovida por el señor Yorgin Harvey Cely Ovalle y otro. Ver: Consejo de Estado. Sección Primera.
Sentencia de 12 de febrero de 2015. Radicado: 2014-03603-00. Actor: Daul Monroy Mendoza. C.P.:
Dra. María Elizabeth García González; Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 12 de febrero
de 2015. Radicado: 2014-03802-00. Actor: Carmen Cecilia Rodríguez Guerrero. C.P.: Dra. María
Elizabeth García González; Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 19 de febrero de 2015.
Radicado: 2014-04113-00. Actor: Julio Edgar Cuesta Areiza. C.P.: Dra. María Elizabeth García González;
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 19 de febrero de 2015. Radicado: 2014-03870-00.
Actor: Dora Silva Ordúz. C.P.: Dra. María Elizabeth García González; Consejo de Estado. Sección
Primera. Sentencia de 5 de marzo de 2015. Radicado: 2014-03803-00. Actor: Deryan Johan Monsalve
Barajas. M.P.: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.
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acreditado [10].
Lo anterior cobra relevancia en el sub lite, toda vez que el objeto
de la acción de amparo es el de controvertir y dejar sin efecto el
numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia del 3
de marzo de 2016, dictada en el medio de control de nulidad
electoral bajo el radicado (…); pues de ésta es que el actor deriva
la vulneración, en primer lugar, del derecho fundamental al
debido proceso, y, como consecuencia de ello, de los de buena
fe y de elegir y ser elegido; sin que él se hubiere constituido
como parte en el mismo.
En efecto, de la revisión del expediente contentivo del medio de
control de nulidad electoral (…), la Sala pudo determinar que el
actor no fue quien promovió tal acción ni realizó solicitud alguna
de coadyuvancia, razón por la que no puede ser considerado
como parte en ese proceso.
En ese orden de ideas, de conformidad con la jurisprudencia
arriba citada respecto de la legitimación en la causa y con base
en el criterio prohijado por la Sala, solo podrían promover una
acción de tutela por la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso con ocasión de las
decisiones que se profieran en el respectivo medio de
control, quienes ostenten la calidad de partes en el
mismo, […].
Así las cosas, en razón a que el actor no ostenta ninguna de esas
calidades, no se encuentra legitimado para promover la
presente acción de amparo, en tanto no es titular del
derecho fundamental al debido proceso cuya vulneración
depreca; por lo que se declarará la falta de legitimación
en la causa por activa […]” (Resaltado es del texto
original).
En el mismo sentido, esta Sala en providencia 29 de julio de 202111,
señaló:
[10] Respecto de la legitimación en la causa, la jurisprudencia constitucional explicó que la razón de
ser de la exigencia de acreditar el interés para demandar en tutela, obedece “al verdadero significado
que la Constitución de 1991 le ha dado al reconocimiento de la dignidad humana, en el sentido de que,
no obstante las buenas intenciones de terceros, quien decide si pone en marcha los mecanismos para
la defensa de sus propios intereses, es sólo la persona capaz para hacerlo” (Subrayado y negrilla fuera
de texto).
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P: doctor Hernando
Sánchez Sánchez. expediente 11001-03-15-000-2021-03712-00.
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“[…] En ese sentido, quienes ostentan la legitimación en la causa
por activa para cuestionar las providencias proferidas dentro del
trámite del incidente de desacato objeto de estudio son las
personas respecto de las cuales se tramitó el incidente de
desacato, que en este caso resultaron sancionadas y conminadas
a cumplir la orden de tutela, es decir, los señores i) Darío Antonio
Valen Trujillo, en calidad de Director del Establecimiento
Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta
Seguridad de Popayán – EPAMSCAS Popayán; ii) Mauricio Iregui
Tarquino, en calidad de Representante Legal del Consorcio
Fondo de Atención en Salud PPL 2019 – 2020; iii) Andrés Ernesto
Díaz Hernández, en calidad de Director de la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios – USPEC; y iv) Mariano De La Cruz
Botero Coy, en la calidad de Director del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario – INPEC, último frente al cual el
Tribunal Administrativo del Cauca resolvió revocar la sanción
impuesta.
Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia, T-1020 de 30
de octubre de 200312, manifestó que la acción de tutela es un
medio de defensa que se encuentra al alcance de todas las
personas y que la legitimidad para interponerla radica en la
persona afectada, quien podrá presentarla directamente o por
quien actúe en su nombre.
[…]
En ese orden de ideas, para la Sala no se advierte que la
USPEC tenga un interés directo y particular respecto al
amparo que se solicita ante el juez constitucional que
permita establecer que el derecho fundamental
presuntamente vulnerado sea propio del actor, razón por
la cual esta Sala no puede emitir un pronunciamiento de
fondo, para establecer si en el presente caso concreto
hubo o no la afectación de su derecho fundamental.
En ese sentido, se considera que, en el caso sub examine,
la USPEC carece de legitimación en la causa por activa
[…]” (Resaltado por la Sala).
De acuerdo a lo anterior, la Sala ha sido enfática en señalar que, para
acreditar el requisito de la legitimación en la causa por activa en las
acciones de tutela contra providencias judiciales, se requiere que los
12
Corte Constitucional, sentencia T-1020 de 30 de octubre de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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actores hayan sido parte del respectivo proceso judicial que
reprochan, con el fin de que, como inferencia lógica, puedan alegar
que se vulneraron sus derechos fundamentales.
Corolario a lo anterior, es claro que los actores en el presente asunto
carecen de legitimación en la causa por activa para formular
solicitud de amparo contra la providencia cuestionada, por cuanto no
demuestran que se hayan hecho parte dentro del proceso judicial en
el que fue proferida.
Ahora bien, la Sala destaca que el hecho de que la señora SAIDA
CABRERA MOSQUERA (q.e.p.d.) hubiese fallecido, no legitima de
manera automática a los actores para instaurar la presente acción
como eventuales beneficiarios y herederos de aquella, comoquiera
que estos deben solicitar su reconocimiento como parte dentro del
proceso objeto de amparo a través de la figura de sucesión procesal
prevista en el artículo 68 del Código General del Proceso, lo cual no
ha ocurrido.
En efecto, aun cuando los actores dentro del trámite de la acción de
tutela de la referencia aseguraron actuar en calidad de herederos de
la señora SAIDA CABRERA MOSQUERA (q.e.p.d.) no obra prueba
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dentro del expediente ni tampoco se advierte actuación alguna en el
aplicativo de consulta SAMAI en el que se evidencie que estos
solicitaron hacerse parte dentro del citado proceso, ni que el
TRIBUNAL les haya reconocido como sucesores procesales.
Es del caso resaltar que dicha postura ha sido acogida por esta Sala
en otras oportunidades, en sentencia de 7 de septiembre de 202313,
por medio de la cual se declaró la falta de legitimación en la causa
por activa de la allí actora, quien pretendía cuestionar las
providencias proferidas dentro de un medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que no se había hecho parte, por
lo que a pesar de que podría ser la eventual beneficiaria de la pensión
del causante, objeto de debate, debía en primer término acudir a la
figura de la sucesión procesal dentro del proceso controvertido. En la
citada sentencia se precisó lo siguiente:
“[…] 1. Ahora bien, el hecho de que el señor José Vicente López
Sánchez hubiese fallecido durante el trámite del proceso
ordinario no legitima a la señora Norma Patricia Lara González
para interponer la presente acción como eventual beneficiaria
de la pensión del fenecido, como quiera que no se hizo parte
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento a través de la
figura de la sucesión procesal prevista en el artículo 68 del
Código General del Proceso.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. (E) Nubia Margoth
Peña Garzón, sentencia de 7 de septiembre de 2023 identificada con el número único de radicación
110010315000-2023-04321-00.
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2. Lo anterior, en razón a que el fallecimiento de su cónyuge
ocurrió el 30 de abril de 2021 y la providencia objeto de censura
por vía constitucional se profirió el 28 de febrero de 2023. Es
decir, contó con más de un año para intervenir dentro del
proceso ordinario y solicitar que fuera reconocida como
sucesora procesal del finado. Sin embargo, no lo hizo.
3. Por último, vale la pena resaltar que, mediante la sentencia
de 3 de octubre de 201914, esta Sala de Decisión estudió un
caso idéntico al presente y señaló lo siguiente:
«Así las cosas, en razón a que la señora Blanca Stella Cañón
de Aguas no ostenta ninguna de esas calidades, en tanto no es
titular del derecho fundamental al debido proceso cuya
vulneración depreca, debe la Sala declarar, sin lugar a dudas,
la falta de legitimación en la causa por activa.
Por ende, y ya que el extremo demandante no se hizo parte en
el respectivo medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación 81001-33-31-001-2016-00175-01
cuya decisión ataca vía tutela, forzoso resulta concluir que, en
definitiva, no se encuentra legitimado por activa en el sub
examine.
Ahora bien, el hecho de que el señor Wilbert Saúl Aguas Cañón
hubiese fallecido durante el trámite del proceso ordinario no
legitima a la señora Blanca Stella Cañón para interponer la
presente acción como eventual beneficiaria, como quiera que
no se hizo parte dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento a través de la figura de la sucesión procesal
prevista en el artículo 68 del Código General del Proceso.
Lo anterior en razón a que el fallecimiento de su hijo ocurrió el
20 de enero de 2018 y la providencia objeto de censura por vía
constitucional se profirió el 28 de marzo de 2019. Es decir,
contó con más de un año para intervenir dentro del proceso
ordinario y solicitar que fuera reconocida como sucesora
procesal del finado. Sin embargo, no lo hizo. Ello pone de
presente que en el asunto bajo estudio tampoco se satisface el
requisito de subsidiariedad, menos aun cuando el mismo
transcurso del tiempo sin hacerse parte del proceso descarta la
eventual ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Como consecuencia de ello, en el sub judice, al no encontrarse
acreditado el requisito exigido en el artículo 10º del Decreto
Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 , como tampoco el de
14
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 3 de
octubre de 2019. Exp. N°. 2019-01826-01(AC). C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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subsidiariedad, la Sala de Decisión revocará la sentencia de 3
de julio de 2019, proferida por la Sección Segunda, Subsección
B, del Consejo de Estado, impugnada por la señora Blanca
Stella Cañón de Aguas, y en su lugar declarará la
improcedencia de la acción de amparo promovida por la señora
Cañón de Aguas, en contra de la sentencia de 28 de marzo de
2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, por
los motivos señalados en la presente sentencia, como en efecto
se dispondrá en su parte resolutiva». [Subrayado de la Sala]
[…]”
En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo por no cumplir con el requisito previsto en el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991, pues no se acreditó el presupuesto de la
legitimación en la causa por activa de los actores, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas
por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y el
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo por
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falta de legitimación en la causa por activa, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de febrero de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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