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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00315-00

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00315-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00315-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

12 de marzo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00315-00
Demandante: Fabián Alfonso Herrera López

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 12 de marzo de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00315-00
Demandante: FABIÁN ALFONSO HERRERA LÓPEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B.

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Sanción disciplinaria. Caducidad del
medio de control. Defecto fáctico, procedimental absoluto, sustantivo
y por desconocimiento del precedente. Improcedencia de la acción de
tutela. Requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Fabián Alfonso Herrera López
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 20 de enero de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el señor
Fabián Alfonso Herrera López pidió la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, de defensa, a la igualdad, a la libertad sindical y de acceso a la
administración de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión del auto del 16 de mayo
de 2025, dictado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que
confirmó la decisión de primera instancia de rechazar la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho 05001-23-33-000-2025-00007-00/01, por encontrar que
había operado el fenómeno jurídico de la caducidad.

2. Pretensiones

La parte actora formuló la siguiente pretensión:

1. Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad, libertad sindical y acceso
a la justicia.
2. Solicito respetuosamente que se declare cumplido el principio de inmediatez en la presente acción
de tutela. Si bien la providencia atacada fue notificada el 17 de octubre de 2025, el tiempo transcurrido
hasta la fecha de radicación es razonable y proporcional, y se justifica en dos circunstancias de fuerza
mayor que impidieron una actuación más célere:
• Barrera de acceso a la defensa técnica: Debido a mi precaria situación económica, me fue imposible
costear los honorarios de un abogado profesional. Esto me obligó a asumir mi propia defensa (actuación
en causa propia), lo cual requirió un tiempo prudencial para el estudio y comprensión del mecanismo de
tutela contra providencia judicial, garantizando así una sustentación adecuada.
• Actividad probatoria diligente: El tiempo transcurrido fue necesario para recolectar el material
probatorio indispensable para sustentar esta acción, específicamente el trámite y respuesta del Derecho
de Petición elevado ante el INPEC relacionado con el contrato de la empresa 4-72, prueba que resulta
fundamental para demostrar la vulneración de mis derechos.
3. Por lo tanto, la interposición de esta acción no obedece a negligencia, sino a la diligencia necesaria
para presentar un caso sólido y fundamentado.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00315-00
Demandante: Fabián Alfonso Herrera López

4. Dejar sin efecto la sentencia del 16 de mayo de 2025 proferida por el Consejo de Estado - Sección
Segunda, Subsección B, dentro del proceso 05001-23-33-000-2025-00007-01 (0943-2025).
5. Ordenar al Consejo de Estado dictar una nueva decisión, valorando integralmente las pruebas y
aplicando las normas sobre notificación efectiva, protección sindical y cómputo de caducidad desde la
conducta concluyente del 23 de febrero de 2024.
6. Como medida provisional, suspender los efectos de la Resolución No. 9282 del 4 de octubre de 2023,
hasta que se decida esta tutela.
7. Impugno formalmente la firma y los caracteres que aparecen en la guía de mensajería de ENVIA por
no ser de mi autoría. Para probarlo, me pongo a disposición del juzgado para someterme a un peritaje
grafológico en la fecha y hora que se disponga. Asumo la responsabilidad jurídica y las consecuencias
penales pertinentes en caso de que el dictamen pericial resulte contrario a lo aquí manifestado.
8. Sea aceptada esta tutela excepcional ya que fue notificada el 17 de octubre 2025, y la razón por la
cual me demore este tiempo es que no tuve los recursos económicos para contratar un abogado por lo
que me toco a mí mismo estudiar este mecanismo y además para recolectar pruebas como fue el
derecho de petición realizado al INPEC sobre el contrato con la empresa 4-72.

3. Hechos

Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1. Actuación administrativa

Manifestó el actor que desde el 18 de enero de 2008 se desempeñó como dragoneante
4114, grado 11, para el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC.

Que en su contra se adelantó el proceso disciplinario 074-2016, por presuntamente
realizar un negocio con la madre de uno de los internos y recibir dinero para dejar al
recluso en el EPMSC Barranquilla y no trasladarlo al EPAMSCAS Valledupar.

A través de la Resolución 222 del 23 de marzo de 2021, se declaró disciplinariamente
responsable al señor Herrera López, por la falta descrita en el literal d, del parágrafo 4,
del artículo 48 de la Ley 734 de 20021. En consecuencia, se dispuso su destitución e
inhabilidad general por el término de 10 años.

Inconforme, el tutelante apeló; sin embargo, por medio de la Resolución 2724 del 27 de
marzo de 2023 se confirmó la sanción disciplinaria que le había sido impuesta el 23 de
marzo de 2021.

El 4 de octubre de 2023, el director general del INPEC expidió la resolución 9282, <<por
la cual se hace efectiva una sanción de destitución e inhabilidad general al señor FABIÁN
ALFONSO HERRERA LÓPEZ, en cumplimiento de fallo disciplinario>>.

3.2. Actuación judicial

El señor Fabián Alfonso Herrera López2 promovió demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, para que se
declarara la nulidad de las Resoluciones 222 del 23 de marzo de 2021 y 2724 del 27 de
marzo de 2023, que lo sancionaron con destitución e inhabilidad general por 10 años, así
como de la Resolución 9282 del 4 de octubre de 2023 con la que se ejecutó la sanción
que le fue impuesta. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se le restituyera
al cargo que desempeñaba hasta antes de que se hiciera efectiva la destitución y el pago
de los salarios y demás emolumentos dejados de percibir.

Respecto al término de caducidad, adujo que la notificación de la Resolución 9282 del 4
de octubre de 2023 había sido irregular y que entre el 23 de febrero de 2024 y el 21 de
1 Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:

(…)
Parágrafo 4°. También serán faltas gravísimas para los servidores públicos que ejerzan dirección, administración,
control y vigilancia sobre las instituciones penitenciarias y carcelarias:
(…)
d) Contraer deudas o efectuar negocios de cualquier índole con los reclusos o con sus familiares;
2 el 5 de septiembre de 2024.

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Demandante: Fabián Alfonso Herrera López

mayo de ese mismo año se había suspendido el término por el trámite de conciliación
prejudicial, que, en consecuencia, la demanda había sido presentada dentro del término.

La demanda se adelantó bajo el radicado 05001-23-33-000-2025-00007-00 y
correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia que, por auto del 12 de marzo de
2025, la rechazó, al estimar que había operado el fenómeno jurídico de la caducidad.

Explicó que las Resoluciones 222 del 23 de marzo de 2021 y 2724 del 27 de marzo de
2023, habían sido notificadas el 25 de marzo de 2021 y el 18 de abril de 2023,
respectivamente. Que el actor había radicado solicitud de conciliación prejudicial el 23 de
febrero de 2024 y la demanda el 4 de septiembre de ese mismo año, cuando se habían
superado los 4 meses dispuestos en el numeral 2, literal d) del artículo 164 de la Ley
1437 de 2011.

Que la Resolución 9282 del 4 de octubre de 2023 era un acto de ejecución, no susceptible
de control judicial.

Inconforme, el demandante apeló y manifestó que cuando el acto administrativo definitivo
requería de un acto de ejecución para materializar sus efectos, el término de caducidad
debía contabilizarse a partir del día siguiente a la notificación de este último, de acuerdo
con la sentencia del 4 de abril de 2019 dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, en el expediente 0527-12.

Que la Resolución 9282 del 4 de octubre de 2023, como acto de ejecución requerido para
la materialización de las sanciones disciplinarias que le fueron impuestas, había sido
notificada por conducta concluyente el 23 de febrero de 2024 y, en ese orden, su
demanda sí había sido presentada dentro del término fijado para el efecto.

Por auto del 16 de mayo de 2025, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, confirmó la decisión apelada.

Señaló que el término de caducidad debía computarse desde la ejecución de la sanción
disciplinaria y no desde la notificación del acto administrativo definitivo que la impuso.

Que la sanción de destitución o inhabilidad impuesta al actor había sido ejecutada
mediante Resolución 9282 de 4 de octubre de 2023 y comunicada a través de envío de
mensajería efectuado el 24 de octubre siguiente, debido a que al interesado se le había
concedido permiso sindical durante los días 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20,
23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 de octubre de 2023.

Que, pese a que no obraba evidencia del día hasta el cual el actor prestó servicio en el
INPEC, de la Resolución 9282 se podía extraer que la destitución había sido efectiva
después de que se culminó el permiso sindical, el 1 de noviembre de 2023.

Que, en consecuencia, el término para presentar la demanda se extendía hasta el 1 de
marzo de 2024, pero que, no obstante, la solicitud de conciliación prejudicial había sido
radicada el 23 de febrero de 2024, cuando restaban 8 días calendario.

Que el término de caducidad estuvo suspendido hasta el 21 de mayo de 2024, cuando
se expidió la constancia de no conciliación y que, por lo anterior, el término se había
reanudado al día siguiente y vencía el 30 de mayo de 2024, pero que la demanda había
sido presentada el 5 de septiembre de ese mismo año, cuando se había configurado la
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte actora nada dijo sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En cuanto al fondo del

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asunto, alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en los siguientes vicios de
fondo:

Defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas que daban cuenta de que la
notificación de la Resolución 9282 de 4 de octubre de 2023 había sido de manera
irregular, tales como:

i) La constancia de recibido de la comunicación de la Resolución 9282 de 4 de octubre
de 2023, que se realizó a través de una empresa de mensajería, debido a que no había
sido firmada por el accionante.

ii) Que el pago del envío de esa comunicación había sido realizado personalmente por el
director de la entidad demandada en el proceso ordinario.

iii) Que la empresa de mensajería no tenía convenio con el INPEC.

iv) Que se encontraba por fuera de su residencia cuando se efectuó la comunicación, con
ocasión de un permiso sindical.

Defecto procedimental absoluto porque la autoridad judicial demandada avaló la
notificación de la Resolución 9282 sin constancia de verificación de entrega personal y
sin que se hubiere acudido a la empresa de mensajería 4-72 que era la que tenía
convenido con el INPEC.

Defecto sustantivo porque se desconoció la protección reforzada de los derechos
sindicales prevista en el artículo 39 de la Constitución y en los convenios 87 y 98 de la
OIT, al ignorar que la notificación de la Resolución 9282 de 4 de octubre de 2023 se
produjo durante un permiso sindical.

Argumentó que la notificación de la Resolución 9282 se dio el 23 de febrero de 2024 por
conducta concluyente, cuando radicó la solicitud de conciliación ante la Procuraduría
General de la Nación, debido a que con esa actuación fue que puso en conocimiento del
INPEC que conocía las resoluciones demandadas.

Desconocimiento del precedente fijado, por un lado, en las siguientes sentencias
dictadas por la Corte Constitucional:

i) T-290 de 2013, debido a que no se le garantizó el conocimiento real y efectivo de la
resolución que los destituyó.

ii) T-186 de 2021 porque << la notificación de mi resolución de destitución me impidió ejercer
mi derecho de defensa>>, puesto que fue enviada por una empresa de mensajería que no
tenía convenio con el INPEC y pagada con los recursos personales del director de esa
entidad. Que, además, la constancia de recibido no había sido firmada por él.

iii) C-299 de 2016, por cuanto se desconoció su protección sindical reforzada.

Por otro lado, en el auto del 5 de febrero de 2016 proferido por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, en el expediente 1493-2012, que ordenaba que el término de
caducidad debía contabilizarse a partir del acto de ejecución de la sanción disciplinaria.

5. Trámite procesal

Por auto del 28 de enero de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda y, entre
otras cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados del Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y en calidad de terceros con interés, a los
magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia.

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Adicionalmente, denegó la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de la
Resolución 9282 del 4 de octubre de 2023, pretendida por la parte actora.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 3 de febrero de
2026.

6. Intervenciones

El magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia, ponente de la decisión del 12
de marzo de 2025, solicitó que se denegaran las pretensiones de la parte actora, al
estimar que no vulneró los derechos fundamentales invocados.

Hizo un recuento de las providencias dictadas en el proceso ordinario y de su
correspondiente análisis, para señalar que las providencias de rechazo se ajustaron al
ordenamiento jurídico y se dictaron conforme con los principios de legalidad,
razonabilidad y competencia.

Los magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, no se
pronunciaron, pese a que, como se vio, fueron debidamente notificados.

El 4 de febrero de 2026, la parte actora allegó memorial en el que informó que no
pretendía controvertir la legalidad de la Resolución 9282 de 2023, sino la providencia del
16 de mayo de 2025 dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
Además, allegó varias documentales con las que pretendía sustentar los argumentos del
escrito de tutela.

El 13 de febrero de 2026, el señor Fabián Alfonso Herrera López aportó otro memorial
que calificó de réplica a la contestación allegada, en el que básicamente reiteró los
fundamentos de la solicitud de amparo.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
Fabián Alfonso Herrera López para dejar sin efectos el auto del 16 de mayo de 2025,
dictado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que confirmó la
decisión de primera instancia de rechazar la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho 05001-23-33-000-2025-00007-00/01, por encontrar que había operado el
fenómeno jurídico de la caducidad.

La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela, por cuanto no satisface
el requisito de relevancia constitucional. La parte actora no cumplió con la carga mínima
de argumentación respecto a las razones por las que la discusión que plantea reviste una
clara, marcada e indiscutible relevancia constitucional.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) la relevancia constitucional y (iii) el análisis del caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian

3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de

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de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos4 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-005, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

El segundo criterio (carga argumentativa) está previsto para restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos
fundamentales.

En lo que aquí interesa, el Decreto 2591 de 1991 no exige que, cuando la solicitud de
amparo se dirija contra providencias judiciales, se deba identificar y sustentar alguna de
las causales específicas de procedencia de la acción de tutela que ha desarrollado la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y que han sido acogidas por el Consejo de
Estado, cuando actúa como juez de tutela. Lo que sí se exige es que el interesado
exponga de manera clara las razones por las que considere que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

La propia Corte Constitucional, en sentencia C-590 de 2005, estableció que el interesado
tiene el deber de identificar los hechos de la amenaza o vulneración y que tal exigencia
«es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales
contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga
claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial,
que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos».

Posteriormente, en sentencia C-483 de 2008, la Corte Constitucional insistió en que el
interesado en ejercer la acción de tutela debe cumplir con la carga mínima «de diligencia
que se traduce en la presentación de los elementos básicos de la situación de hecho que motivó
la solicitud de protección».

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de
agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), determinó que «es
importante que el actor cumpla con la carga de identificar razonablemente los hechos que dieron
origen a la vulneración de los derechos fundamentales y de argumentar por qué el asunto reviste
relevancia constitucional».

Lo anterior no implica limitar el ejercicio de la acción de tutela. Todo lo contrario, se trata
simplemente de que el interesado cumpla el deber mínimo de argumentación para ilustrar
al juez de tutela sobre los hechos que motivan la solicitud de amparo y así poder tomar
decisiones de fondo que protejan los derechos fundamentales vulnerados.

tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
5 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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4. Análisis del caso concreto

La parte actora adujo que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, de defensa, a la igualdad, a la libertad sindical y de
acceso a la administración de justicia al proferir el auto del 16 de mayo de 2025, que
confirmó la decisión de primera instancia de rechazar la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho 05001-23-33-000-2025-00007-00/01, por encontrar que
había operado el fenómeno jurídico de la caducidad.

En síntesis, la parte actora alega que hubo una indebida notificación de la Resolución
9282 de 4 de octubre de 2023 y que, en consecuencia, el término de caducidad debía
contabilizarse desde el 23 de febrero de 2024, cuando radicó la solicitud de conciliación
ante la Procuraduría General de la Nación, porque fue cuando puso en conocimiento del
INPEC que conocía de las resoluciones demandadas y, a su parecer, esa actuación
generó una notificación por conducta concluyente.

A partir de los argumentos presentados por la parte actora y conforme con lo expuesto
en el capítulo anterior, la Sala advierte que la acción de tutela de la referencia no cumple
el requisito de relevancia constitucional, por cuanto el demandante no cumplió con la
carga mínima de argumentación, respecto a por qué la discusión que plantea reviste una
clara, marcada e indiscutible relevancia constitucional.

Para la Sala, la parte actora no cumplió con la carga argumentativa de explicar por qué
su solicitud de amparo trasciende las inconformidades que percibe de la decisión
adoptada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el proceso
ordinario.

Los argumentos presentados por el tutelante no están dirigidos a controvertir el análisis
realizado en la providencia acusada, puesto que, por el contrario a lo afirmado por el
actor, el conteo del término de caducidad que efectuó la autoridad judicial demandada se
inició a partir de la fecha en la que se encontró probado en el expediente ordinario que
se ejecutó la sanción de destitución e inhabilidad del accionante, es decir, cuando se
materializó el retiro definitivo del señor Herrera López del INPEC.

Al respecto, en la providencia acusada, la autoridad judicial demandada señaló:

Conforme al análisis normativo efectuado, se tiene que, en casos como el presente, la caducidad del
medio de control debe computarse desde la ejecución de la sanción disciplinaria y no así desde la
notificación del acto administrativo definitivo que impuso la sanción.
(…)
Por tanto, pese a que no obra evidencia del día hasta el cual el actor prestó servicio, el vigor de la
aludida Resolución 9282 de 4 de octubre de 2023 permite concluir que la destitución solo fue efectiva
una vez concluido el lapso por el cual le fue concedido permiso, es decir, a partir del 1° de noviembre
de 2023.
(…)
Por lo tanto, el término de caducidad empezó a correr el 1° de noviembre de 2023 y se extendía hasta
el 1° de marzo de 2024; no obstante, el actor presentó solicitud de conciliación prejudicial ante el
Ministerio Público el 23 de febrero de 2024, cuando restaban 8 días calendario de aquel lapso.
El término de caducidad estuvo entonces suspendido hasta el 21 de mayo de 2024, cuando fue expedida
la respectiva constancia de conciliación fallida por la Procuraduría 17 Judicial Il para Asuntos
Administrativos de Valledupar, razón por la cual, se reanudó al día siguiente y venció el 30 de mayo de
2024.
La demanda fue radicada el 5 de septiembre de 202412 y, por ende, la Sala evidencia que en el asunto
se consumó el fenómeno de la caducidad del medio de control y, en consecuencia, se impone confirmar
la providencia recurrida, aunque por las razones expuestas en este auto.

Como se vio, el análisis del tutelante no guarda relación con los fundamentos de la
decisión cuestionada, pues, a su juicio, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, erró al contabilizar el término de caducidad desde la notificación de la
Resolución 9282 del 4 de octubre de 2023; sin embargo, el auto del 16 de mayo de 2025

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computó la caducidad desde la fecha en que se materializó la sanción disciplinaria que
le fue impuesta.

Ahora, el simple alegato de la vulneración de los derechos fundamentales no es suficiente
para tener por satisfecho el requisito de relevancia constitucional, puesto que es
necesario, se itera, que se ponga en evidencia la afectación desproporcionada de los
derechos fundamentales alegados, pues «la acreditación de esta exigencia, más allá de la
mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales,
supone justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a
un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel»6.

La acción de tutela es un valioso instrumento para proteger derechos fundamentales, que
no puede utilizarse para tratar de imponer una decisión distinta a la adoptada por las
autoridades jurisdiccionales de instancia.

En este punto, conviene resaltar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
determinado que la acción de tutela contra decisiones judiciales se concibe como un juicio
de validez, mas no de corrección7, y que, por lo tanto, este mecanismo no puede utilizarse
como una instancia para discutir asuntos de índole probatoria que dieron origen a los
procesos ordinarios.

En consecuencia, la Sala advierte que los argumentos de la acción de tutela se limitan a
presentar una simple inconformidad con el auto del 16 de mayo de 2025, proferido en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 05001-23-33-000-2025-00007-00/01,
por lo que no hay lugar a pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que los argumentos expuestos por el señor
Fabián Alfonso en su escrito de tutela también fueron resueltos por la autoridad judicial
demandada en el auto acusado, en el que se señaló:

En ese sentido, la Sala destaca que no resultan de recibo las alegaciones del actor en cuanto a la
indebida notificación de la Resolución 9282 de 4 de octubre de 2023, pues es claro que, la comunicación
fue enviada por servicio postal, dado que el interesado se encontraba en uso de permiso y, por tal
motivo, no resultaba factible efectuar la comunicación de manera personal.
Por tanto, no le asiste razón al actor al pretender que el presunto defecto en la notificación de la 9282
de 4 de octubre de 2023 lo autorice para beneficiarse de la figura de notificación por conducta
concluyente, pues es claro que el INPEC comunico (sic) la decisión de forma adecuada.

En consecuencia, para la Sala, las anteriores razones son suficientes para declarar
improcedente la solicitud de amparo.

Con mayor razón, si se tiene en cuenta que quien dictó la decisión cuestionada fue el
órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, evento en el que los
requisitos de procedibilidad son más estrictos. Así lo explicó la propia Corte
Constitucional, en la sentencia T-398 de 2017.

Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia o del
Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que los requisitos
de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los órganos de cierre de
la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar jurisprudencia.
Por ello, “la tutela contra providencias judiciales de las Altas Corporaciones es más restrictiva, en la
medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el
alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa
intervención del juez constitucional. En los demás eventos, los principios de autonomía e independencia
judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones,
exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener
una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.

6 Corte Constitucional, sentencia Su- 573 de 2019.
7 Ver, entre otras, las sentencias T.344 de 2015, SU-425 de 2016, y T-022 de 2019.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00315-00
Demandante: Fabián Alfonso Herrera López

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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