Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00319-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00319-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00319-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
9 de abril de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00319-00
Demandante: Luis Hernán Murillo Hernández
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D.C., 9 de abril de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00319-00
Demandante: LUIS HERNÁN MURILLO HERNÁNDEZ
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO
Temas: Contra providencias judiciales dictadas en proceso disciplinario.
Defecto fáctico y sustantivo. Improcedencia de la acción de tutela.
Relevancia Constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Hernán Murillo Hernández
contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 20 de enero de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el señor
Luis Hernán Murillo Hernández pidió la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la libre
escogencia de la profesión u oficio, al trabajo y al mínimo vital.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Tutelar los derechos fundamentales de Debido Proceso, Acceso a la Administración Justicia, Igualdad
ante la Ley, Libre Escogencia de Profesión u Oficio y Trabajo en Condiciones Dignas y Mínimo Vital, y
como consecuencia:
2. Dejar sin valor y efecto las providencias sentencias proferidas el 5 de diciembre de 2024 en primera
instancia por la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE BOGOTÁ y la sentencia de
segunda instancia proferida el 10 de septiembre de 2025 por la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL con auto aclaratorio del 15 de diciembre de 2025, fecha está última que concretiza el
quebrantamiento de mis derechos objeto de amparo.
3.Ordenar a las accionadas COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL y la COMISIÓN
SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE BOGOTÁ que en término perentorio e improrrogable de
cuarenta y ocho (48) horas, adopte las medidas necesarias y urgentes para que hagan cesar todo efecto
jurídico de cualquier providencia o decisión que ser haya emitido en cumplimiento de sus sentencias.
4. Ordenar a las accionadas COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE BOGOTÁ y la
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, se abstengan de ejecutar actos que violen o pongan
en peligro mis derechos fundamentales.
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
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Demandante: Luis Hernán Murillo Hernández
El 7 de diciembre de 2022, durante una diligencia, la inspectora de Policía 8 Distrital de
Policía de Kennedy ordenó que se remitieran copias a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá para que investigara la conducta del abogado Luis Hernán Murillo
Hernández, en el marco del proceso policivo 17375-2012, pues la tutelante,
aparentemente, dilató la diligencia de entrega a través de la presentación de solicitudes
no ajustadas a derecho los días 11 de febrero de 2022, 12 de agosto de 2022 y 7 de
diciembre de 2022.
El 31 de julio de 2023, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, luego de
acreditar la condición de abogado del disciplinable, ordenó la apertura de la investigación
y, en sesiones de 28 de noviembre de 2023, 6 de marzo, 17 de abril y 29 de julio de 2024,
se escuchó en versión libre al abogado, se decretaron y practicaron pruebas y se
formularon cargos en su contra.
Luego, el 5 de diciembre de 2024, la mencionada comisión seccional declaró
disciplinariamente responsable, a título de dolo, al hoy tutelante, por la infracción prevista
en el numeral 8 del artículo 33 de la Ley 1123 de 20071 y lo sancionó con suspensión por
el término de seis meses en el ejercicio de la profesión.
Señaló que quedó demostrado que, con la proposición de incidentes, interposición de
recursos, formulación de oposiciones que buscaron dilatar el proceso policivo 17375-
2012 que adelantó la Inspección 8 Distrital de Policía de Kennedy, el Disciplinado infringió
su deber de colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y
los fines del Estado.
Destacó que las acciones del profesional del derecho son relevantes socialmente dado
que implicaron un desgaste en los funcionarios públicos de la Inspección 8D Distrital de
Policía de Kennedy y trajeron perjuicios a los querellantes, quienes no pudieron recuperar
con prontitud la tenencia de los bienes ubicados en la DG 38 sur No. 81C-06 y TV 81D
No. 34A – 92 sur.
Inconforme, el sancionado apeló, solicitó revocar la decisión de primera instancia y en el
hipotético caso de no acceder a la petición de revocatoria, modificar la sanción de
suspensión de la profesión por el lapso mínimo (sic) de dos (2) meses prevista en el inciso
primero del artículo 43 de la Ley 1123 de 2007; además, adujo que el juez de primera
instancia violó el marco superior legal que proscribe toda forma de responsabilidad
objetiva, basado única y exclusivamente en criterios subjetivos de interpretación de
normas.
En providencia del 10 de septiembre de 2025, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
confirmó la decisión apelada, al considerar que la sanción impuesta había sido
proporcional, razonable y necesaria.
Señaló que fue clara la incursión del investigado en la conducta endilgada al haber
interpuesto numerosos recursos, nulidades, oposiciones y recusaciones para impedir el
desarrollo moral del proceso policivo de entrega, siendo evidente que todas las
solicitudes que elevó solo buscaban evitar que se procediera con la entrega del bien en
disputa del cual, su cliente se estaba beneficiando con la tenencia, y destacó que no se
presentó ninguna incongruencia en la imputación fáctica reprochada.
En cuanto a la graduación de la sanción impuesta, señaló que el criterio de trascendencia
social de la conducta fue debidamente sustentado en la medida en que el comportamiento
del profesional impactó el proceso policivo e implicó un desgaste para la administración;
que también se acreditó el perjuicio a los querellantes porque el hecho de conservar el
1 Artículo 33. Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:
8. Proponer incidentes, interponer recursos, formular oposiciones o excepciones, manifiestamente encaminados a
entorpecer o demorar el normal desarrollo de los procesos y de las tramitaciones legales y, en general, el abuso de las
vías de derecho o su empleo en forma contraria a su finalidad.
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inmueble generó ganancias económicas por los días en que mantuvo indebidamente la
tenencia y que el criterio de la modalidad dolosa de la conducta también estaba bien
adecuado.
Destacó que no fue acertada la consideración de la primera instancia respecto de la
carencia de antecedentes disciplinarios del accionante, teniendo en cuenta que, según la
jurisprudencia, ello no constituye, per se, un criterio de graduación de la sanción, sino un
condicionante de la procedencia de atenuantes de la misma; sin embargo, no había lugar
a modificar la sanción impuesta dada la modalidad de la conducta y el perjuicio causado.
Por auto del 15 de diciembre de 2025, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, denegó
la solicitud de adición elevada por el abogado Luis Hernán Murillo Hernández, referente
a que no se evacuaron todos los argumentos de apelación en la medida en que no se
resolvió el argumento referente a la falta de análisis del material probatorio, el
cuestionamiento hecho sobre la interpretación de la normatividad en que se fundamentó
la decisión de primera instancia;además, se reprochó el hecho de haberse mantenido la
graduación de la sanción y no observar la ambigüedad de la formulación de cargos.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, el accionante, de forma separada, presentó
cargos contra las sentencias de primera y segunda instancia.
Frente a la sentencia de segunda instancia, el accionante afirmó que incurrió en los
siguientes vicios de fondo:
Defecto sustantivo porque la Comisión Nacional de Disciplina judicial no abordó el
análisis de los aspectos puntuales que fincaron el recurso de apelación y << se limitó>> a
efectuar una nueva valoración objetiva de los supuestos disciplinables <<en estimativos
subjetivos quebrantando la aplicación normativa en virtud de la cual en el proceso disciplinario
queda erradicada la forma de responsabilidad objetiva>>
Afirmó que constituyó una vía de hecho la conclusión a la que llegó el ad quem respecto
a la normatividad que le correspondía aplicar a la autoridad en el proceso policivo cuando,
precisamente, según lo que se planteó en esa impugnación, con fundamento en esa
normativa, su intervención ante la autoridad administrativa fue legítima.
Adujo que tal como lo prevé la sentencia SU – 635 de 2015, la motivación insuficiente de
una sentencia al no abordar la integridad de análisis de los puntos en los que se fundó el
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia configura la causal
específica por defecto sustantivo y en esa medida, la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial incurrió en flagrante y palpable vía de hecho, pues, a pesar de que en el recurso
de apelación se cuestionó la graduación de la sanción, la autoridad accionada omitió
pronunciarse sobre los presupuestos normativos aplicables y concluyó que debía
mantenerla, contrariando su propia jurisprudencia para la graduación de la sanción.
Que además, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no expuso las razones para
calificar que las actuaciones del abogado transgredieron la esfera de la relación abogado
– cliente, cuando del material probatorio se infirió que su actuar fue correcto, no solo en
procura de los intereses de su cliente, sino encaminado a la recta administración de
justicia.
Defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio dado que su omisión en
la valoración probatoria, la llevó a sostener que <<Esta Sala, al hacer una revisión de estas
actuaciones, encuentra que la presentación, per se, no demuestra que se tratara de actuaciones
con la intención de dilatar>>, por lo que el accionante no entiende cómo pudo concluir
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responsabilidad de una actuación legítima y válida sin intención de dilatar la actuación
administrativa ante la inspección policiva.
De otra parte, frente a la sentencia de primera instancia dictada por la Comisión Seccional
de Disciplina de Bogotá, pese a que el accionante afirma que incurrió en los defectos
orgánico, fáctico y sustantivo, de los argumentos expuestos, la Sala observa que el
accionante se refirió a los siguientes vicios de fondo:
Defecto sustantivo porque la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá violó
de forma flagrante la ley al no precisar de forma clara, precisa y oportuna las supuestas
faltas objeto de investigación, pues en el pliego de cargos, de forma <<vaga, confusa y
desacertada>> se limitó a señalar que el abogado cometió unos presuntos actos sin
identificar de forma clara las presuntas faltas que orientan la acción disciplinaria.
Destacó que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, endilgó al
disciplinado como actos dilatorios los incidentes de recusación cuando estos aspectos no
corresponden a los endilgados en la providencia que dispuso la apertura del proceso
disciplinario, contrariando así su derecho fundamental del debido proceso, por cuanto la
investigación y la sanción debían guardar armonía y ceñirse a las faltas imputadas en el
auto de apertura y, en su caso, las actuaciones anómalas que originaron las compulsas
de copias, no fueron sustento de la misma, por lo que fueron conocidas ni controvertidas
por el disciplinado, quebrantando así su derecho fundamental de contradicción y defensa.
Defecto fáctico, por cuanto la sentencia de primera instancia fundamentó su decisión
única y exclusivamente en estimativos subjetivos sobre la aplicación normativa sin mediar
prueba alguna y omitiendo que en el proceso disciplinario está erradicada toda forma de
responsabilidad objetiva.
Destacó que la interpretación que aplicó como abogado dentro del trámite policivo era
jurídicamente razonable y aceptable, sin que se pueda calificar que su argumentación
jurídica tuviese un propósito <<torcidero>> o fuera contraria a la ley y mucho menos,
concluir que estaba entorpeciendo o demorando el desarrollo de los procesos.
Adujo que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá no sopesó el material
probatorio, pues de haberlo hecho, la interpretación no podía ser otra que, su intervención
en la diligencia administrativa ante la Inspección de Policía se encontraba ajustada a
derecho, pues como abogado del querellado, siendo su obligación hacerlo, hizo uso de
los mecanismos, herramientas e instrumentos legítimos y válidos para controvertir las
decisiones de la inspectora, por ser contrarias al ordenamiento jurídico.
Afirmó que la interpretación a la que arribó infundadamente la Comisión Seccional de
Disciplina judicial de Bogotá es una ostensible vía de hecho dado que viola su principio
de buena fe y la in dubio pro disciplinado previsto en el artículo 5 de la Ley 1123 de 2007.
De otra parte, señaló que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá incurrió
en una vía de hecho a imponerle una sanción a título de dolo de suspensión en el ejercicio
profesional por seis (6) meses, dado que no cuenta con antecedentes disciplinarios y no
existen criterios de agravación.
Llamó la atención frente a la omisión valorativa frente al auto proferido el 28 de junio de
2024, por el Juzgado 16 de Familia de Bogotá dentro del proceso de sucesión, y que
incorporó para demostrar la infundada compulsa de copias y su interés legítimo de
oponerse a la diligencia administrativa de entrega.
5. Trámite procesal
Por auto del 23 de enero de 2026, el Despacho, sustanciador admitió la demanda y, entre
otras cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados de la Comisión
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Nacional de Disciplina Judicial y de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bogotá.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 2 de febrero de
2026.
6. Intervenciones
La magistrada de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, ponente de la decisión
controvertida, pidió que se denegaran las pretensiones de la acción de tutela. Indicó que
la acción de tutela resulta improcedente en la medida en que el escrito de tutela se
fundamentó exactamente en los mismos argumentos utilizados al interponer el recurso
de apelación en contra de la sentencia de primera de instancia, a los que dio trámite en
sede de segunda instancia sin haber dejado de lado algún argumento expuesto, pues
mediante auto de 15 de diciembre se resolvió la solicitud de adición elevada por el
accionante.
Por lo anterior, afirmó que el accionante pretende reabrir un debate ya zanjado por estar
en desacuerdo con la valoración efectuada por esa instancia y pretendió revivir el trámite
de instancia, trayendo aspectos que fueron objeto de revisión en sede de apelación.
Destacó que el accionante no demostró la configuración de ninguno de los requisitos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y que no existe
vulneración alguna a los derechos deprecados, pues en el proceso que se surtió en contra
del abogado se aplicaron las normas y línea jurisprudencial sobre la vulneración al deber
de colaborar leal y legalmente con la recta y cumplida impartición de justicia y los fines
del Estado y las faltas contra el mismo, previstas por la Ley 1123 de 2007.
La magistrada de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, ponente
de la decisión de primera instancia, solicitó que se declarara la improcedencia de la
acción de tutela ante la inexistencia de presupuestos fácticos y jurídicos que avalen su
procedencia.
Hizo un recuento de las actuaciones surtidas dentro del proceso disciplinario No. 11001-
25-02-000-2023-03317-01 para desvirtuar los argumentos expuestos por el accionante.
Afirmó que, la grabación de la audiencia del 29 de julio de 2024 reveló que se identificó
con precisión el periodo, las actuaciones y decisiones específicamente relacionadas con
la intervención del disciplinado, que no existió ninguna incongruencia entre el acto de
apertura de la investigación y el fallo disciplinario y que el juez disciplinario puede
delimitar la investigación más allá de lo advertido en el informe disciplinario delimitando
la investigación en la formulación de cargos, como se hizo en este caso.
Por último, afirmó que, contrario a lo manifestado por el accionante, la providencia del 28
de junio de 2024, dictada por el Juzgado 16 de Familia de Bogotá dentro del proceso de
sucesión del causante Rafael Lozano, fue debidamente decretada, recibida y valorada
de manera integral con los demás medios de convicción, conforme a las reglas de la sana
crítica.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
Luis Hernán Murillo Hernández para dejar sin efectos las providencias del 5 de diciembre
de 2024 y 10 de septiembre de 2025, dictadas, respectivamente, por la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
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en el proceso disciplinario con radicado 11001-25-02-000-2023-03317-00/01, ésta última,
que confirmó la decisión de primera instancia que lo sancionó disciplinariamente con
suspensión de 6 meses en el ejercicio de la profesión.
La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela porque no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional. La parte actora la utiliza como una
instancia adicional del proceso disciplinario e insiste en argumentos que ya fueron
resueltos por el juez natural.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iii)
analizará el caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y, por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-004, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
En cuanto al cuarto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela para proponer
nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario, la Sala ha explicado
que la acción de tutela no está concebida como un mecanismo que permita a las partes
adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse
ante el juez natural.
Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que, por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
4 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
4. Análisis del caso concreto
La Sala empieza por precisar que, si bien la parte actora cuestiona las providencias del
5 de diciembre de 2024 y 10 de septiembre de 2025, dictadas, respectivamente, por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial en el proceso disciplinario con radicado 11001-25-02-000-2023-03317-00/01, el
análisis se centrará en la última providencia por ser la que confirmó la decisión de primera
instancia y decidió de manera definitiva sobre el proceso disciplinario que se adelantó en
contra del accionante.
Ahora bien, del examen de la solicitud de amparo se observa que el demandante insiste
en los argumentos expuestos en el proceso disciplinario. En efecto, aunque el accionante
alega la configuración de los defectos fáctico y sustantivo, lo cierto es que lo hace para
insistir en que su actuación dentro del trámite policivo adelantado ante la Inspección 8
Distrital de Policía de Kennedy estuvo acorde a sus deberes profesionales sin haber
incurrido en ninguna falta disciplinaria y que las providencias cuestionadas violaron la ley
al endilgarle actos que no fueron expuestos en la apertura del proceso disciplinario y
fundamentar la decisión en estimativos subjetivos sin tener en cuenta las pruebas que
obraban en el proceso, vulnerando sus principios de buena fe e indubio pro disciplinado
y sin tener en cuenta la normatividad aplicable para la graduación de la sanción.
En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la providencia
del 5 de diciembre de 2024, dictada por la Comisión Seccional de Disciplina judicial de
Bogotá, se lee lo siguiente:
«En la providencia que se confuta en alzada, resalta la ausencia o inobservancia de acatamiento de
esos normativos de imperioso cumplimiento, considerando que el juez disciplinario de primera instancia,
sin mediar justificación alguna, basa su decisión escatimando los medios suasorios oportunamente
allegados al proceso, fundándola única y exclusivamente en estimativos subjetivos sobre la
interpretación normativa que considera aplicable, desechando de paso la aplicación normativa en virtud
de la cual en el proceso disciplinario “Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva”, prevista
en el artículo 5 de la misma Obra.
6. Aunque la situación acontecida y descrita por el disciplinado en el trámite de la diligencia de entrega
adelantada por la Inspección 8D de Policía es suficiente para indemostrar el acometimiento de la falta
que se le endilga, pues de ella da cuenta la prueba documental y los medios de convicción evacuados
que no sopesó el juez disciplinario de primera instancia, además, incurre en yerros que no pueden pasar
inadvertidos precisamente porque sobre ellos edificó su apreciación subjetiva del acaecimiento de la
falta y responsabilidad del disciplinado, lo que de por si enrostra la facultad en cabeza de los togados
de interpretar válidamente las normas en procura de satisfacer los intereses legítimos que sustentan la
causa, la cual tiene respaldo normativo en las diferentes formas interpretativas de la ley.
7. Es menester entonces recabar que, si es legítimo interpretar la ley por así́ permitirlo el mismo
ordenamiento jurídico, y la interpretación aplicada resulta jurídicamente razonable y aceptable, al
plantearse una contraria para refutar aquella bajo los mismos criterios de razonabilidad jurídica, saliendo
está última avante, no por ello se puede calificar que la primera tuvo un propósito torticero para endilgar
tal proceder, contrario a la recta y, cumplida realización de la justicia y por ende concluir que se está
entorpeciendo o demorando el normal desarrollo de los proceso.
Tal acontecer sin mayores reparos, conllevaría a concluir que lo así considerado constituye una clara
violación del principio Superior de Buena Fe regulado en el artículo 83 de la Carta Política, que se
materializa en el proceso disciplinario en el principio in dubio pro disciplinado, consagrado en el artículo
5 de la Ley 1123 de 2007, el cual es categórico en consagrar que “toda duda razonable se resolverá a
favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla”, que es la situación clarísima que se aviene
aplicable al caso. (…).
9.3. En ese acontecer, mal puede entonces el juez disciplinario de primera instancia aducir que las
actuaciones del disciplinado “es contrario a los postulados de la buena fe”, cuando por mandato Superior
como lo consagra el artículo 83 de la Constitución Política la buena fe se presume, y para predicar lo
contrario, deberá fundarse en plena prueba que lo confute, y tal análisis brilla por su ausencia, pues en
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los considerandos ninguna mención se hace del acervo probatorio para calificarlas contrarias al deber
que impone el ordenamiento a los profesionales del derecho y materializar el acometimiento de una
falta, máxime cuando como lo consagra el artículo 8 de la Ley 1123 de 2007, el disciplinado goza del
principio de PRESUNCIÓN DE INOCENCIA en virtud del cual “Durante la actuación toda duda
razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla”. (…).
11.2.2. Situación acontecida que no estimó el juez disciplinario de primera instancia, porque en contravía
de la normativa que rige su intervención, desestimó los medios suasorios oportunamente incorporados
al presente trámite procesal.
12. Adujo finalmente el juez disciplinario de primera instancia para endilgar al disciplinado actos
dilatorios, los incidentes de recusación propuestos, aspectos estos que no corresponden a los
endilgados en la providencia auto del 31 de julio de 2023 que dispuso la apertura del presente proceso
disciplinario, contraviniendo la legalidad de la actuación en este aspecto puntual, y con ello el derecho
fundamental Superior del Debido Proceso, por cuanto la investigación y la sanción deben guardar
armonía y ceñirse a las faltas imputadas en el auto de apertura. (…).
13. El juez disciplinario de primera instancia sin motivación concluye culpabilidad del disciplinado a título
de dolo, quebrantando de esa manera el postulado de motivación de las decisiones judiciales previsto
en el artículo 54 de la Ley 1123 de 2007 que establece que “Toda decisión de fondo deberá motivarse
adecuadamente”. (…).
13.1. Así, sin argumentación concluyó el juez disciplinario de primera instancia la imposición de sanción
a título de dolo, la suspensión del ejercicio profesional por seis (6) meses, al parecer porque el
disciplinado no cuenta con antecedentes disciplinarios ni sobre su conducta recaen otros criterios de
agravación, de tal manera que bajo ese raciocinio lo jurídicamente admisible hubiese sido la misma
sanción de suspensión por el lapso mínimo de DOS (2) MESES que establece el inciso primero del
artículo 43 de la Ley 1123 de 2007, ya que se trata de una actuación surtida en un trámite administrativo,
mientras que la sanción mínima de seis (6) meses consagrada en el parágrafo del mentado artículo,
sólo es aplicable “cuando los hechos que originen la imposición de la sanción tengan lugar en
actuaciones judiciales del abogado que se desempeñe o se haya desempeñado como apoderado o
contraparte de una entidad pública”, como ya se indicó, aspectos ajenos en resalto que no se aplican a
la causa, pues el disciplinado, se itera, actúa en un trámite administrativo, y en procura o representación
de una persona natural. (…).
4. El juez disciplinario de primera instancia violando el principio rector de la actuación disciplinaria de
necesidad de la prueba, baso su decisión desconociéndola.
5. El juez disciplinario de primera instancia violando el marco Superior y legal que proscribe toda forma
de responsabilidad objetividad, basado única y exclusivamente en criterios subjetivos de interpretación
de normas concluyó la existencia de la falta y culpabilidad del disciplinado. (…)>> (sic para toda la cita)
Por su parte, en la acción de tutela, el actor argumenta lo siguiente:
<<25. Lo primero y más importante a considerar, es la flagrante y ostensible VÍA DE HECHO, palpable
a simple vista pues raya la retina, en que incurre la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá,
ya que VIOLA FLAGRANTEMENTE LA LEY, considerando que contraviniendo la ley y con ello el
derecho fundamental Superior del Debido Proceso, ya que la investigación y la sanción deben guardar
armonía y ceñirse a las faltas imputadas en el auto de apertura. (…).
27. Advertida así la fuente legítima que orienta y fundamenta el adelantamiento de la investigación
disciplinaria, su inobservancia, con apego al mandato Superior de sometimiento de los jueces al imperio
de la ley en sus decisiones, trae como lógica consecuencia su incompetencia para proferir una decisión
de fondo, pues se adviene entonces, una flagrante y ostensible VÍA DE HECHO, por quebrantamiento
de los derechos de contradicción y defensa y con ellos el fundamental del debido, igualdad ante la ley
y de acceso a la administración de justicia en igualdad de condiciones, emergiendo palpable, que, “la
mayor precisión que le exige el legislador a la autoridad disciplinaria tiene como objetivo garantizar el
derecho de defensa del abogado investigado, quien al verse enfrentado a una imputación fáctica
precisa podrá enfilar su estrategia defensiva para desvirtuar la no entrega de determinados documentos
tanto en la fase probatoria, como de juzgamiento y en sede de apelación. Por el contrario, una
imputación fáctica abstracta le impide al encartado derruir el pliego de cargos por la sencilla razón que
no sabe cuáles son los actos que según la autoridad disciplinaria serían dilatorios.” (…).
36. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá como juez disciplinario de primera instancia
sin mediar justificación alguna, no sólo no sopesó el material suasorio, sino, además, incurre en yerros
que no pueden pasar inadvertidos precisamente porque sobre ellos edificó su apreciación subjetiva del
acaecimiento de la falta y responsabilidad del disciplinado, lo que de por si enrostra la facultad en
cabeza de los togados de interpretar válidamente las normas en procura de satisfacer los intereses
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legítimos que sustentan la causa, la cual tiene respaldo normativo en las diferentes formas
interpretativas de la ley. (…).
39. Tal interpretación a la que arribó infundadamente la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bogotá como juez disciplinario de primera instancia, constituye una vez más, una flagrante y ostensible
VÍA DE HECHO, considerando que viola mi principio Superior de Buena Fe regulado en el artículo 83
de la Carta Política, que se materializa en el proceso disciplinario en el principio in dubio pro
disciplinado, consagrado en el artículo 5 de la Ley 1123 de 2007, el cual es categórico en consagrar
que “toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla”,
que es la situación clarísima que se aviene aplicable al caso. (…).
41. Como sí lo acontecido no fuera suficiente, nuevamente la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de Bogotá como juez disciplinario de primera instancia sin mediar justificación alguna, incurre en
flagrante y ostensible VÍA DE HECHO, ya que, sin argumentación me impuso sanción a título de dolo,
suspensión del ejercicio profesional por seis (6) meses, ya que no cuento con antecedentes
disciplinarios y no ni existen criterios de agravación.
42. De tal suerte, bajo ese raciocinio, tampoco era admisible la sanción de suspensión por el lapso
mínimo de DOS (2) MESES que establece el inciso primero del artículo 43 de la Ley 1123 de 2007, ya
que se trata de una actuación surtida en un trámite administrativo, mientras que la sanción mínima de
seis (6) meses consagrada en el parágrafo del mentado artículo, sólo es aplicable “cuando los hechos
que originen la imposición de la sanción tengan lugar en actuaciones judiciales del abogado que se
desempeñe o se haya desempeñado como apoderado o contraparte de una entidad pública”, como ya
se indicó́ , aspectos ajenos en resalto que no se aplican a la causa, pues el disciplinado, se itera, actúa
en un trámite administrativo, y en procura o representación de una persona natural. (…).
54. Así de clara, flagrante y palpable VÍA DE HECHO por parte de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá como juez disciplinario de primera instancia, pues en contravía de lo que deja en
evidencia el material suasorio, bajo apreciaciones subjetivas, en contravía del ordenamiento jurídico
legal y Superior que proscribe toda forma de responsabilidad objetividad, concluyó la existencia de la
falta única y exclusivamente de lo afirmado en el informe de la funcionaria administrativa y sobre esa
estimación me atribuye culpabilidad a título de dolo, sin mediar argumentación probatoria que lo
respalde quebrantando de esa manera principios que orientan la actuación disciplinaria, erigidos a favor
del disciplinado.
55. Como si la omisión valorativa del has probatorio ya reseñado no fuera suficiente para pregonar la
flagrante y palpable VÍA DE HECHO cometida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bogotá como juez disciplinario de primera instancia, resulta de especial relevancia la INOBSERVANCIA
de la providencia auto proferida por el Juzgado Dieciséis de Familia de Bogotá el 28 de junio de 2024
dentro del proceso de sucesión, la cual incorpore al proceso con el propósito de demostrar la infundada
compulsa de copias y mi interés legítimo para oponerme a la diligencia administrativa de entrega. (…).
59. No obstante lo anterior, La Comisión Nacional de Disciplina Judicial Como Juez Disciplinario ad
quem, en abierta rebeldía, configurativa de VÍA DE HECHO, en su sentencia de segunda instancia, no
abordó el análisis de los aspectos puntuales que fincaron el recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, claramente
enunciados y desarrollados en la sustentación, sobre cada uno de los presupuestos en que el aquo
disciplinario sustentó la sentencia. (…).
64. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial Como Juez Disciplinario ad quem, incurrió en flagrante
y palpable VÍA DE HECHO, pues a pesar de haber cuestionado en impugnación la graduación de la
sanción, el colegiado omite pronunciarse sobre los presupuestos normativos aplicables, concluyendo
mantenerla, contrariando su propia jurisprudencia para la graduación de la sanción.
65. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial como Juez Disciplinario ad quem, incurrió en flagrante
y palpable VÍA DE HECHO, pues injustificadamente siendo su obligación constitucional y legal, no
expuso razonada e idóneamente las razones para calificar que las actuaciones del togado transgredió
la esfera de la relación abogado-cliente, cuando por el contrario como lo deja en evidencia el material
suasorio, su actuar fue recto y probó, no sólo en procura de los intereses legítimos de su cliente si no
de la recta administración de justicia que orienta toda actuación judicial o administrativa. (…)>>.
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
en sentencia dictada el 10 de septiembre de 2025, en la que se consideró:
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«Entonces, para esta Sala, se hace palmaria la intención dilatoria del abogado con la interposición de
estos recursos, no solo por cuanto estos eran improcedentes, sino, porque no guardaban coherencia
con la tesis defensiva del abogado respecto de la materialización de la entrega. (…).
De acuerdo con todo lo anterior, se acredita que el abogado presentó numerosas actuaciones en el
curso del trámite policivo de entrega, con lo que se encuentra cumplido el primer presupuesto de la
norma, y deberá procederse con el estudio del ingrediente de carácter subjetivo en este tipo
disciplinario, que particularmente estipula la intención del profesional de entorpecer o demorar el normal
desarrollo del proceso, esto, en virtud de lo expuesto en el recurso de apelación, en cuanto que su
intención no era dilatar.
Al respecto, el recurrente alegó que la Seccional había realizado una indebida apreciación probatoria,
pues de lo actuado en el proceso policivo, no se podía extraer prueba alguna que permitiera tener
certeza de la intención de dilatar el asunto de parte del disciplinado y, sin ser ello suficiente, la Seccional
había sustentado tal ingrediente subjetivo en la mera presentación de las nulidades, recursos y
recusaciones que le concede la ley para una mejor gestión de los intereses de su cliente, el debido
derecho de contradicción y defensa, y con absoluta legitimación, lo cual es realmente su misión
respecto del encargo encomendado y que el hecho de que hubieran sido negados, per se, no probaba
una intención de dilatar. (…).
Ahora, haciendo un análisis de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentaron los
actos que la primera instancia consideró dilatorios, debe esta Sala anticipar que se avizora que existió
una intención de dilatar el procedimiento de parte del disciplinado, pues en efecto, gracias a estos no
solo generó una dilación y un retardo injustificado en el trámite policivo, sino que también, truncó la
diligencia de entrega en más de tres ocasiones, pues todos los recursos, nulidades, oposiciones y
recusaciones fueron declarados improcedentes por la autoridad de conocimiento, considerándolos
como injustificados, entorpecedores y abiertamente dilatorios, que sólo ocasionaban un desgaste a la
autoridad policiva, tanto así que se procedió a compulsar copias en contra del jurista por dicha razón,
continuando el encartado, pese a las solicitudes de la inspectora de policía, dilatando el proceso. (…).
Esta Superioridad debe resaltar que el argumento defensa de haber actuado en cumplimiento de su
deber de ejercer una óptima defensa a favor de su cliente, y en ese sentido agotar los mecanismos que
consideraba necesarios para salvaguardar sus intereses, no logra derruir la responsabilidad que le
fuera endilgada al mismo, pues es evidente que todas las solicitudes elevadas solo buscaban evitar
que se procediera con la entrega del bien en disputa, del cual su cliente se estaba beneficiando con la
tenencia. Además, debe resaltarse que el legislador otorga unas herramientas para el ejercicio del
derecho de defensa, y el uso desproporcionado o inadecuado de estos, pese al conocimiento de ello,
evidencia una intención del abogado, máxime, se insiste, cuando la dilación del proceso genera un
beneficio en los intereses de su poderdante.
De acuerdo lo expuesto, para esta Sala, es clara la incursión del investigado en la conducta típica
enrostrada, al haber interpuesto numerosos recursos, nulidades, oposiciones y recusaciones para
impedir el normal desarrollo del proceso policivo de entrega. (…).
El abogado alegó una incongruencia entre el auto de apertura de investigación y el fallo sancionatorio,
fundamentando que no podían agregarse hechos nuevos o posteriores a la fecha del auto referido,
pues ello atentaba contra su derecho al debido proceso. Agregó, respecto de las recusaciones
presentadas, que estas no fueron objeto de compulsa de copias y, por tanto, no podían haberse incluido
en la imputación fáctica elevada, pues sobre estos aspectos no pudo ejercer su derecho de
contradicción y defensa.
Esta Corporación no coincide con lo sostenido por el abogado, pues no se avizora incongruencia alguna
por parte de la Seccional, pues en el auto de apertura de investigación no se delimitaron los hechos
objeto de investigación, además, el juez disciplinario, en uso de su deber de investigar integralmente
las conductas, puede ir más allá de lo manifestado en la compulsa de copias, delimitando dicha
investigación en la formulación de cargos y en todo caso, allí se estableció un límite temporal entre
febrero de 2022 y febrero de 2024, marco temporal sobre el que el abogado ejerció́ efectivamente su
defensa, presentó pruebas y alegó de conclusión.
De lo evidenciado en el plenario no se presentó́ incongruencia en la imputación fáctica reprochada,
razón por la que se descartará el cargo alegado. (…).
Alegó el abogado que la sanción no guardaba proporcionalidad con lo dispuesto en el parágrafo del
artículo 43 de CDA, ya que en el proceso policivo que dio origen a la investigación disciplinaria no era
contra una entidad pública y la sanción impuesta resultaba demasiado drástica frente a lo endilgado.
Para resolver este argumento, se destaca al abogado que al momento de graduar la sanción la primera
instancia no tuvo en cuenta lo dispuesto en el parágrafo del artículo 43 del CDA y, por tanto, este
argumento carece de todo sustento.
En cuanto a la trascendencia social de la conducta, la primera instancia consideró que dicho criterio se
configuró en razón al desgate a los funcionarios públicos de la Inspección de Policía 8D Distrital, criterio
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que encuentra esta Sala efectivamente sustentado en la medida en que el comportamiento del
profesional impactó el proceso policivo e implicó un desgaste para la administración.
Por su parte, se encuentra también acreditado el perjuicio a los querellantes, porque al conservar la
posesión del inmueble, generó ganancias económicas por los días en que mantuvo indebidamente la
tenencia, tal y como los consideró acertadamente la primera instancia. Finalmente, el criterio de la
modalidad dolosa de la conducta también deberá mantenerse.
No pasa igual con lo considerado por la primera instancia respecto de la carecía de antecedentes
disciplinarios del profesional en la medida en que, como ha quedado sentado por numerosa
jurisprudencia de esta Corporación, ello no constituye, per se, un criterio de graduación de la sanción,
sino que se constituye normativamente como un condicionamiento para la procedencia de atenuantes
de la sanción, por lo que será descartado.
No obstante, esta Corporación considera que no hay lugar a modificar la sanción impuesta en primera
instancia en vista de la modalidad de la conducta y el perjuicio causado. Por lo anterior, se considera
que la sanción impuesta es proporcional, razonable y necesaria por lo que será confirmada. (…)>>.
De otra parte, en la solicitud de adición de la sentencia de segunda instancia, el
accionante señaló:
<<La sentencia de segunda instancia no abordó el análisis de los aspectos puntuales que fincaron el
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia proferida por la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá, claramente enunciados y desarrollados en la sustentación, sobre cada
uno de los presupuestos en que el aquo disciplinario sustentó la sentencia.
3. La colegiatura disciplinaria como juez ad quem, se limitó a efectuar una nueva valoración objetiva de
los supuestos hechos disciplinables, exclusivamente en estimativos subjetivos quebrantando la
aplicación normativa en virtud de la cual en el proceso disciplinario “Queda erradicada toda forma de
responsabilidad objetiva”, prevista en el artículo 5 de la Ley 1123 de 2007.
4. La colegiatura disciplinaria como juez ad quem, no realizó análisis del material suasorio, aspecto que
precisamente fue controvertido en la alzada, pues es imperativo, dentro del marco de competencia al
que se encuentran sometidos los jueces disciplinarios, se exige que “el fallo disciplinario deben
fundarse en prueba legal y oportunamente allegada al proceso”, como lo consagra el artículo 84 de la
mentada Obra, en perfecta armonía con el artículo 29 de la Constitución Política, pues no de otra
manera se garantiza el derecho Superior erigido a fundamental del Debido Proceso, que enrostra a su
vez el ejercicio legítimo de los derechos de contradicción y defensa, pues solo a través de los medios
de convicción legítima y válidamente allegados a la actuación, podrá determinarse con aserto a quien
de los intervinientes le asiste razón, de ahí su NECESIDAD al proceso como lo consagra el texto
normativo en mención.
5. Por esa razón omisiva de valoración probatoria, la colegiatura sostiene contradictoriamente que,
“Esta Sala, al hacer una revisión de estas actuaciones, encuentra que la presentación, per se, no
demuestra que se tratara de actuaciones con la intención de dilatar.”
6. Así, de tal suerte, para afirmar que “No obstante, en este caso, del contenido de las nulidades
propuestas puede avizorarse que el investigado sabía que las mismas eran improcedentes, pues
estaba intentando revivir situaciones ya clausuradas que no podían ser resueltas para ese momento,
como el caso de la nulidad por no haberse integrado el contradictorio en el año 2013, tras casi 10 años
después de su ocurrencia.”, es absolutamente claro y necesario, que debía soportarse en el material
suasorio, lo cual brilla por su ausencia, ya que no se observa tal proceder, pese a la abundante prueba
que obra al interior de la causa, de la cual se evidencia sin reparo que, los instrumentos de defensa
empleados por el disciplinado en la diligencia administrativa, son i) oportunos cuando fueron
propuestos; ii) legítimos en su proposición; iii) debidamente sustentados; y, su motivación y
sustentación es jurídicamente razonable y aceptable.
7. De la misma manera, sin reparar en los aspectos de impugnación a los que se limita su competencia,
dejó de hacerlo, pues no abordó ningún análisis de la normativa cuestionada en la que el juez a quo
sustentó su sentencia. Concluyendo con desatino sucintamente que “Con respecto, a la normatividad
que le correspondía aplicar a la autoridad en el proceso policivo, debe indicarse que tales argumentos
debieron ser expuestos ante dicha autoridad, claro está, en el marco de las herramientas brindadas por
el legislador y el uso adecuado de estas para alegar tal cuestionamiento, pues no le es posible a esta
jurisdicción invadir la competencia y autonomía propia de la inspectora de policiva frente a la
normatividad aplicable.”, cuando precisamente como se expone y plantea en impugnación, fundado en
esa normativa, se realizó la intervención legítima ante la autoridad administrativa, y controvertida al a
quo disciplinaria, que le imprimió una interpretación contraria a lo que regula la norma, y la que se
encuentran sometidos los jueces por mandato del artículo 230 de la Constitución Política.
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8. Por la misma razón, a pesar de haber cuestionado en impugnación la graduación de la sanción, el
colegiado omite pronunciarse sobre los presupuestos normativos aplicables, concluyendo mantenerla,
contrariando su propia jurisprudencia para la graduación de la sanción.
9. Ahora, como todo juez, para proferir decisión de fondo, debe sopesar la no incursión de situaciones
anómalas o acéfalas que afecten al disciplinado, pues tal proceder constituye una afrenta al derecho
fundamental del debido proceso, obligación legal y constitucional que omitió realizar la colegiatura, pues
no observó la ambigüedad de la formulación de cargos endilgada al disciplinado.
10. Por esa razón, legítima y razonada la consideración que en tal sentido plantea el salvamento de
voto, pues “la lógica propia del juicio de tipicidad implica señalar en forma expresa, precisa e inequívoca
la falta objeto de investigación, de modo que la disciplinable sepa cuál es la conducta prohibida y pueda
defenderse únicamente respecto de ella, por una sola vez, vale decir, sujeto a reglas de juego claras,
justas e inmodificables. Ahora, en este caso, no existió una determinación clara de los respectivos
trámites adelantados por el investigado.”
11. De ahí como platea el salvamento, “el principio de congruencia en materia disciplinaria hace
referencia a la consonancia que debe existir entre la formulación de cargos —en el que se delimita la
pretensión procesal— y el fallo disciplinario, con el fin de que el disciplinado pueda ejercer, de manera
efectiva, el derecho a la defensa en relación con la formulación de cargos, la cual «deberá contener en
forma expresa y motivada la imputación fáctica y jurídica, así como la modalidad de la conducta», al
tenor de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 1123 de 2007.”.
12. A pesar de haberse cuestionado en impugnación la graduación de la sanción, el colegiado omite
pronunciarse sobre los presupuestos normativos aplicables, por lo misma razón como expone el
salvamento “se debió expresar con suficiencia por qué el comportamiento del abogado investigado
trascendió la esfera de la relación abogado-cliente, lo que no se evidenció en el caso concreto.”,
omitiendo, además, valorar el material suasorio que constituye el soporte de toda sentencia. (...).>>
Mediante auto dictado el 15 de diciembre de 2025, la magistrada ponente de la decisión
cuestionada, negó la solicitud de adición elevada por el abogado Luis Hernán Murillo
Hernández bajo las siguientes consideraciones:
El artículo 287 del CGP estableció́ que la adición de la sentencia sólo será viable cuando se dejen de
resolver aspectos planteados por las partes, o lo que es lo mismo, cuando el juez omita un
pronunciamiento integral sobre lo pedido.
En ese orden, teniendo en cuenta el alcance de la adición de providencias judiciales, en el caso bajo
estudio, se advierte la improcedencia de la solicitud elevada por el disciplinado, pues, en primera
medida, acerca de la supuesta incongruencia que alega en la solicitud deprecada, debe advertirse
primeramente que esta no fue alegada por el disciplinable en su recurso de apelación, aspecto que se
hace necesario por cuanto esta Corporación está sometida por el principio de limitación que demarca
los aspectos sobre los que han de ser objeto de pronunciamiento en segunda instancia, salvo que
existan causales objetivas de improcedibilidad de acción disciplinaria o de invalidación de lo actuado
que deban decretarse de oficio, aspecto que no se presenta en el presente asunto, por cuanto a pesar
de lo reprochado, ahora, por el disciplinado, lo cierto es que no se advierte una incongruencia entre la
imputación fáctica y jurídica elevada en la formulación de cargos de 29 de julio de 2024 respecto del
reproche disciplinario endilgado en la sentencia de 5 de diciembre de 2024, recurrida.
Nótese que tal y como fue relacionado en la sentencia que resuelve la alzada, en audiencia de 29 de
julio de 2024, la primera instancia le formuló cargos al disciplinable por la posible infracción de los
deberes contenidos en el numeral 6 del artículo 28 del CDA, y por ende la posible incursión, a título de
dolo, en la falta contenida en el numeral 8° del artículo 33 de la misma norma, imputando fácticamente
que presuntamente propuso incidentes, interpuso recursos, formuló oposiciones, manifiestamente
encaminadas a demorar el normal desarrollo de los procesos y las tramitaciones legales y, en general,
abusó de las vías del derecho, dado que como apoderado del señor Rafael Lozano Hernández en el
proceso policivo 17375-2012 que se adelantaba la Inspección 8D Distrital de Policía de Kennedy entre
febrero de 2022 y febrero de 2024 solicitó nulidades, formuló oposiciones y otras actuaciones que
impidieron dar cumplimiento a la orden de entrega del inmueble.
De manera congruente, en el fallo de primera instancia, se le endilgó responsabilidad disciplinaria al
profesional por encontrar demostrada la incursión en la falta contenida en el numeral 8° del artículo 33
del CDA y la infracción al deber contenido en el numeral 6 del artículo 28 ibidem a título de dolo, por
cuanto se demostró que el profesional interpuso una serie de actuaciones encaminadas a entorpecer
el normal desarrollo de la diligencia, con la intención de prolongar la diligencia de entrega ordenada
contra su cliente, quien estaba obteniendo un lucro por el tiempo adicional que mantenía la posesión
del inmueble, específicamente, 2 nulidades, una oposición a la diligencia de entrega, 5 recursos de
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reposición, 2 recusaciones. Recuento que considera esta Magistratura suficiente para denegar la
solicitud de adición en este primer aspecto.
En segundo lugar, alegó el disciplinado que la Corporación debía haber tenido en cuenta la totalidad
de las pruebas, pues sus afirmaciones carecieron de sustento probatorio. Al respecto, este aspecto fue
resuelto en la sentencia aprobada en sala plena por esta Corporación, llevando a cabo un análisis
pormenorizado y especifico de todas y cada una de las pruebas obrantes en el plenario.
Sobre los argumentos relativos a los salvamentos de voto, debe expresarse que la sentencia de
segunda instancia proferida el pasado 10 de septiembre de 2025, fue aprobada en Sala Plena con una
votación mayoritaria aprobatoria, y si bien los magistrados de la Corporación cuentan con la facultad
legal de salvar el voto respecto de las sentencias aprobadas, ello no implica que sea vinculante, pues
la posición mayoritaria de la Sala plena es la que queda probada por la mayoría de sus miembros y,
por tanto, el análisis y argumentación que funda sus salvamentos no es vinculante para el disciplinado.
Algo también el disciplinado que la segunda instancia no se pronunció acerca del argumento de
apelación relativo a la indebida interpretación normativa hecha por la inspectora de policía y luego por
la primera instancia, lo que habría evidenciado que sus argumentos eran legítimos. Al respecto, como
el mismo disciplinado no refiere en su escrito de adición, este aspecto si fue objeto de pronunciamiento
en la sentencia de 10 de septiembre de 20205, proferida por esta Comisión.
Finalmente, respecto del argumento acerca de no haber tenido en cuenta su argumento de apelación
sobre la graduación de la sentencia, se evidencia que este argumento si fue resuelto y debidamente
sustentado porque debía mantenerse la sanción impuesta por la primera instancia.
En conclusión, no se advierte que la Comisión hubiera dejado de pronunciarse acerca de algún punto
sometido a su análisis en el recurso de apelación.
Como se ve, la discusión que propone el accionante ya fue resuelta por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial que concluyó que (i) fue clara la incursión del investigado
en la conducta endilgada al haber interpuesto numerosos recursos, nulidades,
oposiciones y recusaciones para impedir el desarrollo moral del proceso policivo de
entrega, siendo evidente que todas las solicitudes que elevó solo buscaban evitar que se
procediera con la entrega del bien en disputa, del cual, su cliente se estaba beneficiando
con la tenencia, (ii) que no se presentó ninguna incongruencia en la imputación fáctica
reprochada y, (iii) que no había lugar a modificar la sanción impuesta al accionante dado
que ésta fue proporcional, razonable y necesaria.
En el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades demandadas en el proceso
disciplinario con radicado 11001-25-02-000-2023-03317-00/01. Finalidad para la que no
está previsto este mecanismo constitucional.
En ese orden de ideas, se constata que los cargos formulados por el tutelante están
encaminados a extender en sede de tutela el debate jurídico zanjado por la providencia
cuestionada de segunda instancia dentro del aludido proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo que denota que la acción de tutela de la referencia no
colma el requisito de relevancia constitucional.
Las anteriores razones son suficientes para declarar improcedente la presente acción de
tutela, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
II. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
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2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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