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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00325-00

Fecha
4 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00325-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional presentada por Óscar Rodrigo Villa Clavijo y Juan Carlos Gallego Jaramillo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00325-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

4 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000- 2026-00325-001
Accionante : Óscar Rodrigo Villa Clavijo y Juan Carlos Gallego Jaramillo
Accionado : Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga
Vinculados : Wilson Manuel Benavidez Narváez
Acción : Tutela
Tema : Nombramiento en provisionalidad de juez por licencia de la
titular
Decisión : Sentencia de primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por los señores Óscar Rodrigo Villa Clavijo y Juan Carlos Gallego Jaramillo
contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, por la presunta vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la carrera
administrativa.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

1.De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por la actora contra el acto administrativo objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo
pertinente respecto de las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

2.Los señores Óscar Rodrigo Villa Clavijo y Juan Carlos Gallego Jaramillo, quienes

actúan a nombre propio, interponen el presente recurso de amparo con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y a la carrera administrativa, presuntamente vulnerados por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Buga.

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Expediente digital disponible en SAMAI.

Acción de tutela: 11001-03-15-000- 2026-00325-00
Demandante: Óscar Rodrigo Villa Clavijo y Juan Carlos Gallego Jaramillo
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga

3.Por consiguiente, solicitan «[…] [se deje sin efecto legal] la Resolución No.003 de enero 16

de 2026, dimanada de la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga […]» y en

consecuencia «[s]e Ordene (sic) [al] [Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga - Valle] que
proceda a emitir un nuevo acto administrativo, de nombramiento en encargo, en el cargo de Juez
Primero Civil del Circuito de Cartago Valle».

1.3 Hechos2.

4.Desde el 1° de abril de 2005, Óscar Rodrigo Villa Clavijo inició labores en la Rama

Judicial y actualmente se desempeña como secretario en propiedad del Juzgado
Primero Civil del Circuito de Cartago, Valle del Cauca. En esa misma fecha, Juan
Carlos Gallego Jaramillo también ingresó a la institución y ocupa el cargo de citador
en propiedad en el mencionado despacho. Ambos accionantes están inscritos en
el escalafón de carrera administrativa.

5.Ante la solicitud de licencia no remunerada presentada por la titular del Juzgado

Primero Civil del Circuito de Cartago, correspondiente al período del 19 de enero al
16 de febrero de 2026, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga llevó a cabo
una convocatoria para proveer dicha vacante temporal. El aviso comunicó que se
otorgaría prelación a los empleados de carrera del mismo despacho, de acuerdo
con la normativa vigente.

6.Así las cosas, los accionantes remitieron oportunamente sus hojas de vida y

acreditaron el cumplimiento de los requisitos legales para acceder al encargo de
la dignidad de Juez del Circuito. No obstante, mediante la Resolución núm. 003
del 16 de enero de 2026, la Sala Plena del Tribunal accionado designó a un tercero
ajeno al juzgado para cubrir la vacante temporal.

7.La corporación judicial justificó la decisión en la necesidad de realizar una
valoración integral del mérito y de la idoneidad funcional, al considerar que, el
perfil del profesional nombrado superaba los filtros requeridos para el cargo. Al
respecto, los accionantes sostuvieron que dicha determinación desconoció el
mandato legal que ordena optar preferentemente por un empleado de carrera del
despacho respectivo en caso de vacancia temporal.

8.Los accionantes exponen que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga

desconoce la prelación legal establecida en el artículo 132 de la Ley 270 de 1996 y

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Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
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Acción de tutela: 11001-03-15-000- 2026-00325-00
Demandante: Óscar Rodrigo Villa Clavijo y Juan Carlos Gallego Jaramillo
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga

el precedente fijado en la sentencia C-134 de 2023, normas que obligan a la
autoridad nominadora a optar preferencialmente por los empleados de carrera del
mismo despacho que acrediten los requisitos para el cargo, a fin de suplir la vacante
temporal.

II. TRÁMITE PROCESAL

9.Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, mediante auto del 7 de

abril de 2026, admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Tribunal Superior del
Distrito de Buga y vincular como tercero con interés al señor Wilson Manuel
Benavidez Narváez.

2.1 Contestaciones de la acción

2.1.1 El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga3 solicitó declarar la
improcedencia de la presente acción de tutela o, subsidiariamente, que se nieguen
las pretensiones. Expuso que el acto administrativo goza de presunción de
legalidad y que el ordenamiento jurídico prevé la jurisdicción contencioso-
administrativa para plantear su controversia a través del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, en el que cuenta con la posibilidad de solicitar
medidas cautelares de urgencia.

Además, manifestó que la designación cuestionada ya agotó sus efectos
temporales. En relación con el fondo del asunto, la autoridad accionada precisó que
el artículo 132 de la Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 2430 de 2024, no
consagra un derecho automático y absoluto a favor de los empleados del despacho.
Por consiguiente, ante la ausencia de un registro de elegibles vigente, la colegiatura
interpretó la citada norma como un criterio orientador que debió armonizarse con la
evaluación objetiva de los perfiles disponibles para garantizar la adecuada
prestación del servicio de justicia.

2.1.2 Wilson Manuel Benavides Narváez4 solicitó la declaratoria de
improcedencia de la acción o, en su defecto, la denegación del amparo, para lo que
argumentó que, los demandantes omitieron agotar los recursos de ley contra la
Resolución núm. 003 del 16 de enero de 2026, con lo que no se cumple el requisito
de subsidiariedad. Finalmente, sostuvo que él también pertenecía a la carrera

3
Índice 24 en el expediente judicial de primera instancia en SAMAI.
4
Índice 25 en el expediente judicial de primera instancia en SAMAI.
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Acción de tutela: 11001-03-15-000- 2026-00325-00
Demandante: Óscar Rodrigo Villa Clavijo y Juan Carlos Gallego Jaramillo
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga

judicial como Juez Civil Municipal en propiedad; por lo tanto, el ente nominador
actuó conforme a derecho al seleccionarlo, tras una valoración integral de sus
calidades y de su trayectoria profesional.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia

10.Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en

virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.

3.2 La acción

11.La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada

por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333
de 2021, fue establecida como un mecanismo directo y expedito para la protección
de los derechos constitucionales fundamentales. Dicha acción de amparo permite
a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos
fundamentales cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción
o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que, no
se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un
daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico

12.Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela promovida por los
accionantes satisface los requisitos de procedibilidad. En el evento de superarse
este análisis, se deberá establecer si el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Buga vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la carrera
administrativa de los accionantes al designar en encargo a un funcionario ajeno al
despacho para cubrir una vacancia temporal, puesto que, con dicha decisión, se
habría desconocido la prelación legal exigida para los empleados de carrera
adscritos a esa misma célula judicial.

3.4 Subsidiariedad de la acción de tutela

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Acción de tutela: 11001-03-15-000- 2026-00325-00
Demandante: Óscar Rodrigo Villa Clavijo y Juan Carlos Gallego Jaramillo
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga

13.El principio de subsidiaridad está consagrado en el inciso 4º del artículo 86 de la

Constitución, que establece «[…] esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable». En este orden de ideas, si existen otros mecanismos de

defensa judicial más eficaces para la protección reclamada, debe recurrirse a ellos
antes de solicitar el amparo por vía de tutela. Con dicha regla, el constituyente
buscó que esta acción no desplazara los mecanismos específicos de defensa
previstos en la regulación común aplicable5.

14.Por tanto, cuando una persona acude a la administración de justicia en busca de

la protección de sus derechos, no puede desconocer las acciones administrativas
o judiciales previstas en el ordenamiento jurídico aplicable al caso específico.6 Esto
se debe a que la tutela no es un mecanismo alternativo que reemplace los
mecanismos ordinarios de defensa ni permita adoptar decisiones paralelas a las
del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado en su competencia.7

15.En consecuencia, ha manifestado la Corte Constitucional que «[…] de perderse de

vista el carácter subsidiario de la tutela, el juez constitucional, en este ámbito, no circunscribiría su
obrar a la protección de los derechos fundamentales, sino que se convertiría en una instancia de
decisión de conflictos legales. Nótese cómo de desconocerse el carácter subsidiario de la acción
de tutela se distorsionaría la índole que le asignó el constituyente y se deslegitimaría la función del
juez de amparo».8

16.No obstante, aun si existe un mecanismo ordinario de protección de los derechos

del afectado, la tutela procederá si en el caso concreto se acredita (i) que aquel no
es idóneo o (ii) que al ser apto para conseguir la protección, en razón a, la
inminencia de un perjuicio irremediable pierde su idoneidad para garantizar la
eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual, la Carta prevé la
procedencia excepcional de la tutela.

17.El primer evento se presenta cuando el medio judicial previsto para resolver la

controversia no resulta idóneo ni eficaz, por ejemplo, porque no permite resolver el
conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución pronta, por lo que

5
Ver sentencia T-680 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
6
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un
dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de
los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2
Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el
contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que
regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
7
Sentencia T-705 de 2012, M.P. Jorge Pretelt Chaljub.
8
Cfr. Sentencia T-406 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
5

Acción de tutela: 11001-03-15-000- 2026-00325-00
Demandante: Óscar Rodrigo Villa Clavijo y Juan Carlos Gallego Jaramillo
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga

la normativa admite que la acción de tutela proceda de manera excepcional. El
requisito de la idoneidad ha sido interpretado por la Corte a la luz del principio según
el cual el juez de tutela debe dar prioridad a la realización de los derechos sobre
las consideraciones de índole formal9.

18.La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso
concreto, considerando las características procesales del mecanismo, las
circunstancias del peticionario y el derecho fundamental involucrado. Esto significa
que, un medio judicial excluye la procedencia de la acción de tutela, cuando
salvaguarda de manera eficaz el derecho fundamental invocado10.

19.En relación con el segundo supuesto, la Corte Constitucional ha establecido que,

cuando la tutela se interpone como mecanismo transitorio, debido a que existe un
medio judicial ordinario, es preciso demostrar que, la intervención del juez
constitucional es necesaria para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Tal perjuicio irremediable se caracteriza «(i) Por ser inminente, es decir, que se trate de una
amenaza que está por suceder prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo
material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas
que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de
tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo
en toda su integridad»11.

3.5 Solución al caso concreto

20.El carácter subsidiario de la acción de tutela hace referencia a que solo procede

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial; sin embargo, no
debe perderse de vista que aunque el trámite de esta acción es preferente y
sumario, regido por los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial,
economía, celeridad y eficacia, su carácter es eminentemente residual y
subsidiario, es decir que únicamente procede en aquellos eventos en que no exista
un instrumento constitucional o legal diferente que permita solicitar ante los jueces
la protección de los derechos, salvo que se pretenda evitar que se cause de un
perjuicio irremediable.

21.De acuerdo con la sentencia SU-026 del 2021 de la Corte Constitucional12 y ante

9
Ver sentencias T-106 de 1993, MP. Antonio Barrera Carbonell y T-100 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
10
Ver sentencias T-441 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-594 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
11
Cfr. sentencia T-896 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
12
M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
6

Acción de tutela: 11001-03-15-000- 2026-00325-00
Demandante: Óscar Rodrigo Villa Clavijo y Juan Carlos Gallego Jaramillo
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga

la naturaleza eminentemente subsidiaria de la acción de tutela, es menester que
quien requiere el amparo de un derecho constitucional fundamental, «[…] [haya]
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable».

22.La jurisprudencia constitucional ha dicho que la acción de tutela no resulta
procedente cuando el marco jurídico ofrece otro mecanismo para la protección de
los derechos; sin embargo, si el sistema normativo dispone de otras herramientas
jurídicas para el amparo de los derechos, estas deben ser suficientemente eficaces
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable; de lo contrario, la acción de
tutela procede de manera transitoria13.

23.Los accionantes fundamentan su inconformidad en que, mediante la Resolución

núm.003 de 16 de enero de 2026, emitida por la Sala Plena del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Buga, se designó a Wilson Manuel Benavidez Narváez en el
cargo de Juez Primero Civil del Circuito de Cartago, Valle del Cauca, desde el 19
de enero hasta el 16 de febrero de 2026.

24. En este contexto, los accionantes podía acudir al medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA para cuestionar
la legalidad de dicho acto administrativo, proceso dentro del cual, pueden solicitar
el decreto el decreto de medidas provisionales, de considerarlo pertinente.

25.Si bien es cierto que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional 14, «las

normas procesales sirven como medio para hacer efectivo el derecho sustancial» , este principio

no autoriza el desconocimiento de las reglas del procedimiento; por el contrario, la
efectividad del derecho sustancial en el Estado Social de Derecho depende de que
los ciudadanos utilicen los canales legales establecidos para defender sus
derechos fundamentales.

26. En consecuencia, comoquiera que losl accionantes tienen a su alcance otros

mecanismos de defensa para controvertir la legalidad de la resolución que
cuestionan a través de la presente acción de tutela, esta resulta improcedente por
no acreditar el requisito de subsidiariedad, lo que impide analizar el fondo del
asunto.

13
Corte Constitucional, sentencia C 132 del 2018.
14
En concreto la Sentencia T 1306 de 2001.
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Acción de tutela: 11001-03-15-000- 2026-00325-00
Demandante: Óscar Rodrigo Villa Clavijo y Juan Carlos Gallego Jaramillo
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional
presentada por Óscar Rodrigo Villa Clavijo y Juan Carlos Gallego Jaramillo, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito,
en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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