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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00326-00

Fecha
27 de febrero de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00326-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por José Horacio Nandar Yaluzán contra el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto y el Tribunal Administrativo de Nariño-Sala Segunda de Decisión, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 23 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019. 24 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008. 16 0000 Radicado: 11001-03-15-000-2026-00326-00 Accionante: José Horacio Nandar Yaluzán TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00326-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

27 de febrero de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00326-00
Accionante: José Horacio Nandar Yaluzán

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00326-00
Accionante: José Horacio Nandar Yaluzán
Accionados: Tribunal Administrativo de Nariño-Sala Segunda de
Decisión y Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de Pasto
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de Relevancia constitucional
y Subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada por José Horacio Nandar Yaluzán en
contra del Tribunal Administrativo de Nariño-Sala Segunda de Decisión y del
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pasto.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

José Horacio Nandar Yaluzán, en nombre propio, promovió acción de tutela con el
fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia 1, los cuales consideró vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Nariño-Sala Segunda de Decisión, con ocasión del auto
del 31 de octubre de 2025, mediante el cual confirmó, en sede de súplica, la
providencia del 9 de septiembre de 2025 proferida por esa misma corporación en
Sala Unitaria, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado núm. 52001-33-33-002-2024-00104-00/01/02.

Adicionalmente, atribuyó la vulneración de sus garantías fundamentales al auto
proferido el 27 de febrero de 2025 por el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Pasto, mediante el cual se negó el decreto de una prueba pericial dentro
del referido proceso contencioso administrativo.

1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado F0CAB55E92ECBC58 26A41DCD0F841CFA
BE27011EA19AAFBA 509EAC6A102D75E2.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00326-00
Accionante: José Horacio Nandar Yaluzán

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:

2.1. El señor José Horacio Nandar Yaluzán, por intermedio de apoderado judicial,
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el Departamento de Nariño, con el propósito que se declarara la
nulidad de las Resoluciones núms. 759 de 13 de febrero de 2024 y 1613 de 2 de
febrero de 2024. Mediante dichos actos administrativos se dispuso su traslado
desde el Centro Educativo La Rosa, del municipio de Imués, a la Institución
Educativa María Luz de esa misma localidad, y se confirmó esa determinación al
resolver el recurso de reposición, respectivamente.

En la demanda solicitó, además, que se declarara el fuero de reunificación familiar
a su favor; que se ordenara la reparación integral de los perjuicios causados con
ocasión de los actos administrativos demandados; y que se condenara a la entidad
accionada al pago de las siguientes sumas: (i) $78.000.000 por concepto de daño
emergente; (ii) $15.514.754 por lucro cesante consolidado; (iii) $37.235.410 por
lucro cesante; y (iv) $78.000.000 por perjuicios morales. Igualmente, pidió la
actualización de las sumas objeto de reconocimiento y la imposición de condena en
costas y agencias en derecho.

2.2. El expediente le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Pasto bajo el radicado número 52001-33-33-002-2024-00104-00.

2.3. Adelantadas las respectivas actuaciones, en el curso de la audiencia inicial,
realizada el 27 de febrero de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de Pasto dispuso lo siguiente respecto al dictamen pericial solicitado por la parte
actora:

“Solicita la parte demandante un dictamen pericial sobre el señor José Horacio
Nandar Yaluzan. Sostiene que el perito evaluador Iván Darío Rodríguez
Cabrera puede ser requerido en su correo electrónico
ivanreyespsicologo@gmail.com. Textualmente, impetra:

Revisada la solicitud, sin embargo, se determina que no ha precisado el objeto
de la prueba. Adicionalmente, el dictamen no reúne con los requisitos totales
previstos en el 226 del CGP, toda vez que no se allegaron los documentos que
fundamentan el dictamen pericial, tampoco aquellos que acreditan la idoneidad
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Accionante: José Horacio Nandar Yaluzán

y experiencia del perito. Por lo tanto, únicamente se lo tendrá presente como
prueba documental.

(…)

Así entonces, dentro de audiencia y mediante auto el Juez toma la siguiente
decisión.
AUTO. 1. DECRÉTASE e INCORPÓRASE la prueba documental señalada en
esta fase de la audiencia. 2. DENIÉGASE la prueba pericial presentada por la
parte accionante con el escrito de la demanda 3. TÉNGASE como prueba
documental el dictamen presentado por la parte accionante con el escrito de
demanda, con el fin de preservar al máximo el carácter probatorio de ese
documento. 4. CONTINÚASE con el trámite de la Audiencia inicial. La decisión
se notifica por estrados. (Minuto 00:16:45)” 2.

En el curso se la audiencia, el apoderado de la parte demandante con fundamento
en los artículos 242 y 243-7 formuló recurso de reposición y subsidio apelación por
la negativa al decreto de la prueba pericial. Sostuvo que el argumento presentado
por la autoridad judicial omitía que los peritazgos aportados por las partes en un
proceso eran susceptibles de ser presentados con el escrito de demanda o
contestación de demanda, y que en los eventos en los que la parte no pudiera
aportarlo de forma íntegra, contaba con el derecho a aportarlo dentro del término
igual a diez días hábiles, contados a partir de la fecha en la que fuera requerido,
según el artículo 227 de la Ley 1564 de 2012. Por lo tanto, indicó que, ante la falta
de requerimiento por parte del juez, se sanearon las posibles falencias encontradas.

2.4. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pasto, en el trámite de la
referida audiencia, resolvió no reponer la decisión impugnada, en los siguientes
términos:

“Muy bien, se han escuchado los argumentos del apoderado a quien se le negó
la prueba pericial del apoderado de la parte demandante, y también se escuchó
al apoderado de la parte demandada. Coincide el despacho en el sentido.
Primero, reitera los argumentos con los cuales negó la prueba pericial solicitada,
es decir, básicamente que no se cumple con lo establecido en el 226, que ese
sí es un artículo aplicable por ausencia de regulación en la Ley 1437, dado que
estamos en la jurisdicción contenciosa. El apoderado de la parte demandante
invoca algunas sentencias que tienen la naturaleza o la finalidad de explicar qué
medios de prueba son los válidos para hacer valer los derechos dentro de los
procesos judiciales. Habla específicamente, ambas sentencias, tanto de la
Corte Constitucional como del Consejo de Estado, de la libertad probatoria y la
imposibilidad de limitar pruebas, salvo las que por ley se generen única y
específicamente en determinadas pruebas de naturaleza documental, por
ejemplo, como es el estado civil. Luego invoca el artículo 227, pero a
consideración de este despacho, en una forma errada. El artículo 227 dice
textualmente lo siguiente: “la parte que pretenda valerse de un dictamen pericial
deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas…” en este
caso es la presentación de la demanda “…Cuando el término previsto sea
insuficiente para aportar el dictamen…” es decir, la presentación de la demanda,
“…la parte interesada podrá anunciarlo en el escrito respectivo”. Eso debió
anunciarse en el escrito de la demanda: que usted no podía presentar el

2 Índice 00036 del expediente digital del proceso radicado 52001 -33-33-002-2024-00104-00 en el aplicativo

SAMAI, 49090E9774F28226 F181AC39C325FEA3 34B0F29FD435BDB0 A4B462BCE72FF72A
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Accionante: José Horacio Nandar Yaluzán

dictamen pericial en la forma en que el 226 lo exige. Ello hará que deba
generarse una respuesta por parte de la Judicatura. Es decir, la siguiente parte
lo que establece es que el juez deberá conceder un término para que la parte
aporte el dictamen pericial, y establece una limitante: que no podrá ser inferior
a 10 días calendario en este evento, el juez hará los requerimientos pertinentes
a las partes, para que terceros que deban colaborar con la práctica de la prueba.
Si se entiende bien entonces el artículo, hay una obligación inicial, que es la
expresión de la imposibilidad del aporte y las razones por las cuales se
imposibilita dicho aporte en el momento de solicitar la prueba. Se insiste que
para este caso sería la presentación de la demanda. En el escrito de la demanda
no se observa ninguna solicitud como la que expresa la ley, por lo tanto,
tampoco hubo respuesta por parte de la Judicatura en el sentido de dar un
término para el aporte de dicha prueba. Simplemente se solicita, y hay una
falencia supremamente grave a consideración de este despacho, y que no
necesita un término mayor para hacer la solicitud y es el objeto de la prueba
pericial. Para eso ni siquiera se necesitaría un tiempo adicional, porque desde
el inicio debe tenerse claro qué es lo que se pretende, al menos con el objeto
de la prueba, o con la prueba pericial en cuanto a su objeto. Ya otras
situaciones, como la designación del perito, la dificultad para conocer o
encontrar un profesional de determinada ciencia, hace posible la solicitud de un
término mayor”3.

En consecuencia, concedió el recurso de apelación en efecto devolutivo y ordenó
remitir el expediente al superior.

2.5. El Tribunal Administrativo de Nariño-Sala Segunda de Decisión, mediante auto
de ponente del 9 de septiembre de 2025, declaró desierta la apelación interpuesta
contra el auto del 27 de febrero de 2025.

Señaló que el juez de primera instancia negó la prueba pericial solicitada por el
demandante debido a que no se delimitó su objeto y a que el informe allegado no
cumplía los requisitos del artículo 226 del Código General del Proceso, al no
acompañarse los documentos que lo sustentaran ni aquellos que acreditaran la
idoneidad y experiencia del perito.

Indicó que el recurso de apelación carecía de una sustentación adecuada, pues se
limitó a citar providencias de la Corte Constitucional que no guardaban relación con
la decisión impugnada, incluso hizo referencia a una sentencia inexistente en la
relatoría de dicha corporación (C-811 de 2011). Asimismo, precisó que los apartes
transcritos no controvertían los fundamentos expuestos por la primera instancia.

Agregó que el apelante mencionó de forma genérica la vulneración de varias
disposiciones del CGP y del CPACA, sin explicar de qué manera se habría
configurado dicha transgresión en el caso concreto, ni refutar los motivos
específicos por los cuales se negó la práctica del peritaje.

Concluyó que, aun en aplicación de una interpretación amplia y favorable del
recurso, no era posible identificar argumentos claros, concretos y precisos dirigidos
a controvertir la decisión apelada, por lo que procedía declarar desierto el recurso,

3 Ibid.

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Accionante: José Horacio Nandar Yaluzán

exhortando a las partes a ejercer adecuadamente los medios de impugnación
previstos en la ley. Finalmente, advirtió que decidir en los términos propuestos por
el apelante implicaría asumir indebidamente la carga de sustentación que le
corresponde.

2.6. Contra la anterior decisión la parte actora interpuso el recurso de súplica, el
cual fue resuelto por el resto de integrantes de la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo de Nariño, a través de auto del 31 de octubre de 2026, que
confirmó la decisión impugnada. Esto bajo el argumento de que, tal como se indicó
en el auto objeto de súplica, la sustentación de la parte demandante se limitó a citar
apartes de providencias que no guardaban relación con la práctica de la prueba
pericial, así como a mencionar de forma genérica las normas que regulan su
admisión y decreto, sin explicar de qué manera habrían sido vulneradas por la
decisión de primera instancia. De este modo, afirmó que el apelante incumplió la
carga de precisar claramente los motivos de su desacuerdo con la providencia
apelada, a pesar de que son dichos planteamientos los que delimitan el ámbito de
control del juez de segunda instancia.

La anterior decisión se notificó a las partes por estado electrónico el 16 de diciembre
de 2025.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y pidió:

Segundo: Con fundamento en la evidencia y el análisis de las secciones 1, 2 y
3 del presente escrito de tutela, de forma consecuencial le solicito a su señoría:
Ordene, a la corporacion judicial: Juzgado 2 administrativo del circuito de san
juan de Pasto, Nariño, revocar la decisión judicial denominada: Auto, rechazo
de prueba pericial de 27 de febrero de 2025. Y en consecuencia, requerir a:
Jose Horacio Nandar Yaluzan, para que aporte los anexos y explique la técnica
aplicada en el dictamen pericial que aporta como elemento probatorio, en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
52001333300220240010400, de conformidad con el artículo 227 de la ley 1564
de 2012.

Tercero: Con fundamento en la evidencia y el análisis de las secciones 1, 2 y 3
del presente escrito de tutela, de forma consecuencial le solicito a su señoría:
Ordene, a la corporacion judicial: Juzgado 2 administrativo del circuito de san
juan de Pasto, Nariño, registrar el correo electrónico:
chaconezzmanzz99@hotmail.com Como medio de notificación habilitado de:
Jose Horacio Nandar Yaluzan y enviar la notificación electrónica de la decisión
judicial descrita en la pretensión del numeral segundo, de la presente acción
constitucional, evitando pronunciamientos irrespetuosos, farragosos o
innecesarios, el envío de documentos ilegibles, el requerimiento de documentos
de identificación sin una causa objetiva, el cifrado electrónico de documentos o
archivos con claves irreconocibles o desconocidas, dentro de las 48 horas
calendario contadas a partir del día siguiente a la notificación de la sentencia
emitida por parte de su señoría en el presente proceso tuitivo, con fundamento
en el artículo 23 del decreto ley 2591 de 1991 y el principio de la austeridad y/o
economía administrativa, regulado en el artículo 5 del decreto ley 019 de 2012.
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Accionante: José Horacio Nandar Yaluzán

Tercero: Con fundamento en la evidencia y el análisis de las secciones 1, 2 y 3
del presente escrito de tutela, de forma consecuencial le solicito a su señoría:
Ordene, a la corporacion judicial: Tribunal administrativo de Nariño, revocar las
decisiones judiciales denominadas: D003.358.2025 de 10 de septiembre de
2025 y 52001333300220240010402 (15721) de 16 de diciembre de 2025, por
omisión de los artículos 226 y 227 de la ley 1564 de 2012 y el principio
denominado: Flexibilización de la carga probatoria, en función de la prevalencia
de la realidad material, sobre la formalidad jurídica, analizado en la sentencia
SU.204 de 28 de mayo de 2025, de la corte constitucional de Colombia
(Magistrada de la causa: Paola Andrea Meneses Mosquera).

Cuarto: Con fundamento en el artículo 27 del decreto ley 2591 de 1991, le
solicito a su señoría: Ordene, a la parte accionada enviar un informe explicando
los actos relacionados con el cumplimiento de las instrucciones dictadas por su
señoría en la sentencia del presente proceso, dentro de los 10 días calendario,
contados a partir del día siguiente a la notificación de la sentencia, evitando
pronunciamientos irrespetuosos, requerimientos farragosos, innecesarios o la
presentación de documentos ilegibles, el requerimiento de documentos de
identificación sin una causa objetiva, el cifrado electrónico de documentos o
archivos, con claves irreconocibles o desconocidas” 4. (se transcribe con
errores).

Como fundamento a sus pretensiones señaló que la autoridad judicial accionada
incurrió en una irregularidad procesal al omitir decretar y/o requerir de oficio los
anexos que hacían falta del dictamen pericial, de conformidad con el artículo 227
del CGP.

Sostuvo que, “de encontrarse probada, esta omisión tendría un efecto decisivo
porque el juzgado 2 administrativo del circuito de san juan de Pasto, Nariño y con
posterioridad el tribunal administrativo de Nariño, consideran que el dictamen
pericial aportado por la parte demandante, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 52001333300220240010400, es irrelevante y
adicionalmente, carece de varios anexos y/o requisitos, regulados en el artículo 226
de la ley 1564 de 2012, aspecto que omite que las corporaciones judiciales de
conocimiento y de instancia ostentan el deber de decretar pruebas de oficio y/o se
encontraban obligadas a requerir a la parte demandante, para que aporte los anexos
faltantes en el dictamen pericial y/o aclare la técnica aplicada al dictamen”5.

Advirtió que, en virtud del artículo 13 del CGP, la aplicación de la norma procesal es
de obligatorio cumplimiento para los operadores judiciales y los servidores judiciales
o administrativos, razón por la que omitir su aplicación de forma parcial o aplicarla
de forma seccionada, implicaría la vulneración de este principio y de los derechos
fundamentales enunciados, porque ocasionaría la perdida de las garantías
procesales.

Adujo que no aplicó el principio de flexibilización de la carga probatoria en función
de la realidad materia sobre la formalidad jurídica, contenido en la SU-204 de 2025
emitida por la Corte Constitucional.

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Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado F0CAB55E92ECBC58 26A41DCD0F841CFA
BE27011EA19AAFBA 509EAC6A102D75E2.
5 Ibid.

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Accionante: José Horacio Nandar Yaluzán

Finalmente expuso que la autoridad judicial accionada omitió “establecer las
razones de hecho y de derecho que explican porque el dictamen pericial aportado
por: Jose Horacio Nandar Yaluzan, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 52001333300220240010400, no es susceptible de ser
aportado de forma íntegra dentro del periodo procesal, regulado en el artículo 227
de la ley 1564 de 2012, sin un argumento que justifique la omisión y/o exclusión”.

4. Trámite de tutela e intervenciones

El Despacho de la magistrada ponente, con auto del 21 de enero de 20266, admitió
la acción de tutela; vinculó como tercero con interés al departamento de Nariño;
además, pidió a las autoridades judiciales accionadas que aportaran el expediente
de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de amparo; ordenó la notificación
a las partes y suspendió los términos.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.1. El departamento de Nariño 7 manifestó que la acción de tutela resultaba
improcedente en la medida en que el accionante pretende reabrir un debate jurídico
que ya fue resuelto de fondo tanto por el Juez Segundo Administrativo del Circuito
de Pasto como por el Tribunal Administrativo de Nariño, lo que desconoce que la
solicitud de amparo no puede erigirse como una tercera instancia, ni como un
mecanismo alternativo para controvertir decisiones judiciales desfavorables.

4.2. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pasto 8 aportó copia
digital del expediente ordinario, realizó un recuento de las actuaciones surtidas en
el proceso ordinario y solicitó que se declarara la improcedencia de la acción .

Advirtió que, respecto de los argumentos expuestos por el actor, no consideró que
la prueba aportada con la demanda fuera irrelevante, como se manifestó en la tutela,
sino que no reunía los requisitos establecidos en el artículo 226 del CGP para
considerarse como un dictamen pericial.

Estimó que a la parte demandante no le era imposible haber cumplido con la carga
que establece el artículo 226, pues no se acreditó una condición de vulnerabilidad
o indefensión o alguna otra justificación razonable que le impidiera allegar la prueba
con las formalidades que la ley establece. Y, en todo caso informó que, con el fin de
salvaguardar la utilidad probatoria, la decisión fue tenerla como prueba documental.

En cuanto a la supuesta omisión de aplicar el principio de la carga probatoria
analizado en la SU-204 de 2025 de la Corte Constitucional, preciso que: (i) dicho

6 Índice 00005 del aplicativo SAMAI, certificado 703139A40E218CA7 FB8CC3085921AA38
7AB280818AE0CBA5 138A466AD65F6D3B.
7 Índice 00008 del aplicativo SAMAI, certificado 18F5B762B099BFF4 FC32E4AE8D3DBD62
D780EEB43CDE6F82 7343337181E4E8C0.
8 Índice 00009 del aplicativo SAMAI, certificado 352F82C0BC4F2E23 5DD6934A58BB8F53
8102D7809C9B2F48 3DA61D54FEF2F6CB.
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Accionante: José Horacio Nandar Yaluzán

argumento no fue señalado en la audiencia ni en la interposición de los recursos; (ii)
la SU-2024 de 2025 fue proferida el 28 de mayo de 2025, es decir, luego de la
celebración de la audiencia en la que se emitió la decisión cuestionada (27 de
febrero de 2025); y (iii) las reglas de decisión de la sentencia de unificación se
refieren a la carga de la prueba de la legitimación material por activa en los procesos
de reparación directa, particularmente en relación con la prueba del estado civil y
parentesco, cuestión diferente a la que se debatió en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

4.3. El Tribunal Administrativo de Nariño-Sala Segunda de decisión 9, a través
de la magistrada ponente de la decisión cuestionada, se opuso a las pretensiones
de amparo, porque se garantizaron los derechos fundamentales a las partes.

Sostuvo que la parte actora no presentó reparos contra la conclusión del auto
emitido por el tribunal, en relación con que existió una imposibilidad de resolver de
fondo por ausencia de reparos concretos, sentencias sin relación, generalidades y
desorientación del recurso. Así como tampoco se ocupó de sustentar un vicio
concreto que habilite resolver de forma favorable el amparo.

Adicionalmente puso de presente que la acción de tutela no superaba el requisito
subsidiariedad, porque (i) el actor pretende complementar los reparos presentados
en sede ordinaria y no sustenta con claridad algún defecto; (ii) el accionante no
cuestiona el hecho de que la decisión emitida por el tribunal declaró desierto el
recurso de apelación por ausencia de sustento; y (iii) no se agotó el recurso de
apelación en debida forma.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
José Horacio Nandar Yaluzán es el titular de las garantías constitucionales que
afirma fueron vulneradas en su condición de demandante dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado núm. 52001-33-33-
002-2024-00104-00/01/02.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Pasto y del Tribunal Administrativo de

9 Índice 00013 del aplicativo SAMAI, certificado 6876AF4313BC90C1 6F9EBBC10AB38386
EC37BF26C9167B3B 272767B8625090D1.
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Accionante: José Horacio Nandar Yaluzán

Nariño-Sala Segunda de Decisión, pues fueron las autoridades que profirieron las
decisiones que, según el tutelante, vulneraron sus derechos fundamentales.

2.3. Antes de continuar con el análisis de los defectos invocados, la Sala pone de
presente que, aunque la parte actora cuestionó las decisiones proferidas tanto en
primera, como en segunda instancia, circunscribirá su análisis al auto del 31 de
octubre de 2025 dictado por el Tribunal Administrativo de Nariño, por cuanto fue la
providencia que resolvió el recurso de súplica y puso fin a la actuación.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200510 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela 11 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto12.

10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
12 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en

los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial
se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A
saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental,
que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional;
g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
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Accionante: José Horacio Nandar Yaluzán

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”13.

4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que
el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga
una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el
juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la
vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 14.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a
demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;

derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
12 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
14 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

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Accionante: José Horacio Nandar Yaluzán

iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez
constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes
y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad
y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que
ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la
causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los
defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto15.

4.2. Subsidiariedad

El carácter subsidiario de la acción de tutela está definido expresamente en el
artículo 86 Superior como presupuesto general de procedencia de esta, al
establecer que “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo
6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991.

Estas disposiciones son claras al establecer que la acción de tutela no es un
mecanismo principal de defensa de los derechos fundamentales, por lo tanto, se
debe acudir a los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa que resulten
idóneos y eficaces para su amparo, con el fin de: i) prevenir la intromisión indebida
de una autoridad distinta a la que adelanta el proceso ordinario; ii) que no se alteren
o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el
Legislador; y iii) que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión
de sus asuntos, pues no es esta la forma de enmendar deficiencias, errores o
descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso
judicial 16.

15 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
16 Ver sentencia de la Corte Constitucional T-017 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.

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Accionante: José Horacio Nandar Yaluzán

Sobre el particular, en la sentencia T – 053 de 2020, la Corte Constitucional precisó
los siguientes tres eventos que hacen improcedente la tutela contra providencia
judicial por no superar el requisito de subsidiariedad:

“[...] (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento en que no se han
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) si se
usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los
recursos previstos en el ordenamiento jurídico” (La Sala subraya).

Por lo anterior, la Corte Constitucional precisa que la tutela no se puede emplear
para “obtener un pronunciamiento más rápido sin el agotamiento de las instancias
ordinarias de la respectiva jurisdicción”17, los tutelantes no pueden pretender que el
juez constitucional invada las competencias del juez ordinario para resolver el
conflicto.

En atención al carácter exceptivo de la acción de tutela, la Corte Constitucional en
Sentencia T-396 de 2014, advierte que el amparo constitucional resulta
improcedente cuando se pretende emplear para reabrir un asunto litigioso que, por
negligencia, descuido o distracción de las partes, se encuentra debidamente
resuelto. En tal sentido, desde los primeros pronunciamientos de la corporación
constitucional se ha indicado:

“Si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además,
pudiendo evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá más tarde apelar a
la acción de tutela para exigir el reconocimiento o respeto de un derecho suyo.
En este caso, tampoco la acción de tutela podría hacerse valer como mecanismo
transitorio, pues esta modalidad procesal se subordina a un medio judicial
ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesión
constitucional.”18

Con fundamento en lo anterior, se reitera la posición de la Corte Constitucional, pues
la acción de tutela no puede usarse como un mecanismo accesorio para reabrir
términos de caducidad vencidos, pues con esto se vulneraría la seguridad jurídica
y desvirtuaría su propósito. Quien alegue la vulneración de sus derechos
fundamentales debe haber agotado previamente los mecanismos de defensa
previstos en la ley. Esto responde al principio de subsidiariedad, que impide que la
tutela se convierta en una instancia adicional del proceso judicial o en un medio para
corregir omisiones y errores de las partes.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con los requisitos
de relevancia constitucional y subsidiariedad, por las razones que se exponen a
continuación:

17 Corte Constitucional, Sentencia SU-599 de 1999, reiterada en la Sentencia T-610 de 2015.
18 sentencia SU-111 de 1997, reiterado, entre otras, en las sentencias T-1588 de 2000, T-983 de 2001, T-1217

de 2003, T-1140 de 2005, T-1009 de 2006, T-373 de 2007, T-472 de 2008, T-175 de 2011 y T-882 de 2009.
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5.1. Al analizar el escrito de tutela se advierte que la parte actora, en esencia,
cuestiona que el Tribunal Administrativo de Nariño incurrió en una irregularidad
procesal al omitir decretar y/o requerir de oficio los anexos que hacían falta del
dictamen pericial, de conformidad con el artículo 227 del CGP. Adicionalmente,
adujo que no aplicó el principio de flexibilización de la carga probatoria en función
de la realidad materia sobre la formalidad jurídica, contenido en la SU-204 de 2025
emitida por la Corte Constitucional.

Por último, expuso que la autoridad judicial accionada omitió establecer las razones
de hecho y de derecho que explicaran por qué motivo el dictamen pericial no era
susceptible de ser aportado de forma íntegra dentro del periodo procesal.

5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados en la decisión cuestionada
dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño-Sala Segunda de Decisión, se
advierte que en el auto del 31 de octubre de 2025 19 se que arribó a las siguientes
conclusiones:

“Ahora bien, de regreso al caso concreto, la Sala advierte, en primer lugar, que
teniendo en cuenta que el recurso de súplica procede contra la decisión que
declaró desierta la apelación (art. 246 numeral 3º del CPACA), el apoderado
judicial de la parte demandante debía dirigir su recurso de súplica, justamente,
a esbozar concretamente los motivos por los cuales su recurso de apelación no
debió ser declarado como desierto, dicho de otra forma, a explicar por qué
motivo, a diferencia de lo que consideró el Despacho Sustanciador, sí cumplió
con la carga de sustentar en debida forma su apelación frente a la decisión del
Juzgado Segundo Administrativo de denegar la prueba pericial.

No obstante lo anterior, el recurso de súplica presentado por el abogado del
demandante no esgrime argumento alguno acerca de la adecuada sustentación
de la apelación, sino que se limita a señalar que el Despacho que preside la H.
Magistrada Sandra Lucía Ojeda no leyó el informe pericial y no hizo el cotejo
respectivo de su contenido con el art. 226 del CGP, se entiende, con la finalidad
de insistir en la procedencia de la prueba pericial solicitada como si el recurso
de súplica fuese una tercera instancia, lo cual es a todas luces desatinado y riñe
con la naturaleza del mismo.

Con todo y en gracia de discusión, la Sala estima que el argumento acerca de
que el informe pericial se elaboró a partir de una reunión entre el demandante
y el perito y que por tal motivo el dictamen es “susceptible de modificación, en
los eventos en los que las circunstancias analizadas fueran modificadas” no
controvierte la fundamentación para declarar desierto el recurso de apelación.

Y frente al hecho de que el Despacho Sustanciador omitió hacer un análisis
integral del peritaje y comparar su contenido con lo previsto en el art. 226 del
CGP, incurriendo así en una presunta trasgresión del principio de congruencia
dado que no se analizó el objeto del recurso de apelación en relación con la
decisión del Juzgado Segundo Administrativo de denegar la prueba pericial, la
Sala destaca que la omisión advertida por el abogado de la parte demandante
no existe, porque fue precisamente el incumplimiento de su deber de sustentar
adecuadamente el recurso de apelación lo que impidió efectuar el estudio que

19 Si bien el accionante cuestionó en el escrito de tutela el supuesto auto del 16 de diciembre de 2025, se

advierte que su inconformidad se dirigía realmente contra la providencia del 31 de octubre de 2025, pues el 16
de diciembre de ese año corresponde a la fecha de su notificación.
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Accionante: José Horacio Nandar Yaluzán

ahora echa de menos, habida cuenta que la parte apelante al plantear el recurso
de apelación no formuló ningún reparo o reproche específico y claro frente a las
razones que expuso el juez de primera instancia para negarse a decretar la
prueba pericial, tal como lo explicó el Despacho que preside la H. Magistrada
Sandra Lucía Ojeda en el auto del 9 de septiembre de los cursantes”20.

La autoridad judicial sostuvo que efectivamente, según se puntualizó en el auto
objeto de súplica, el despliegue argumentativo de la parte demandante se ciñó a
transcribir y citar apartes de sentencias que no guardan relación alguna con el tópico
materia de discusión (práctica de la prueba pericial), además hizo alusión somera y
general a las normas que rigen la admisión, decreto y práctica de la prueba pericial
sin señalar de qué forma estas resultaban quebrantadas a partir de la decisión de
primera instancia. Luego, con un ejercicio de sustentación como el anteriormente
descrito lo que hizo el apelante fue desatender la carga que tenía de precisar con
claridad, cuál era su desacuerdo frente a la providencia apelada, máxime, cuando
los planteamientos de la alzada son los que definen los temas objeto de control en
segunda instancia.

En línea con lo anterior, resaltó que el Consejo de Estado ha dicho que si bien el
ordenamiento jurídico nacional no adopta una metodología para plantear los
argumentos de disenso frente a una decisión judicial, en todo caso es imprescindible
cumplir con los presupuestos de claridad y con gruencia. Por lo tanto, explicó que:

“Así, fueron precisamente esos presupuestos de claridad y congruencia los que
la parte demandante incumplió al sustentar su recurso de apelación, tal y como
se expuso en el auto objeto de súplica, dado que la mención genérica de
sentencias de la Corte Constitucional, así como de los arts. 226 y 227 del CGP
sin explicar por qué razón dichas normas resultaban vulneradas con la decisión
del juez de primera instancia, no permiten identificar con nitidez la
inconformidad del apelante y la justificación de la misma (presupuesto de
claridad), y en tanto se trata de argumentos que no planteaban una relación con
los supuestos fácticos y jurídicos de la decisión censurada, sino de raciocinios
vagos a partir de los cuales no se inferían cuestionamientos concretos, queda
claro que tampoco se habría satisfecho el aludido presupuesto de congruencia
en la sustentación de la apelación”21.

5.3. Se advierte entonces que el Tribunal Administrativo de Nariño-Sala Segunda
de Decisión explicó los motivos por los cuales consideró que no procedía revocar
la providencia suplicada y, en consecuencia, declarar desierto el recurso de
apelación presentado en contra del auto del 27 de febrero de 2025, dado que el
accionante no cumplió con los requisitos de claridad y congruencia exigidos para
sustentar el recurso.

Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con
claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por
el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de
forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni

20
Índice 00016 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 52001 -33-33-002-2024-
00104-02, certificado 7E3821FB911E9390 9E04D48E18421A0B D1D911672C9FB716 4A3CDC6852048B82.
21 Ibid.

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Accionante: José Horacio Nandar Yaluzán

que se hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el
desarrollo del proceso ordinario.

5.4. Ahora bien, lo que sí se observa es que la parte actora se relevó de exponer
sus reparos constitucionales en función de los defectos, lo que a todas luces
demuestra que su discrepancia se limita a un asunto de mera legalidad, sin que
exista el menor esfuerzo en demostrar la vulneración de una garantía fundamental.
Esto en el entendido en que no presentó un solo argumento en contra de la decisión
que puso fin al trámite de la prueba pericial, sino que se limitó a exponer argumentos
relativos al por qué debía decretarse el dictamen.

Al punto, es pertinente recordar que en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender
como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitu cional,
se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su
carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes
que permitan al juez constitucional advertir tal vulneración 22.

A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte actora pretende imponer su
interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así
como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada en primera instancia y
continuar con el debate surtido en el trámite del proceso primigenio.

5.5. En cuanto al cargo relativo a que se omitió aplicar la SU-204 de 2025, se pone
de presente que a pesar de que el actor manifestó que en esta se había establecido
el principio de flexibilización de la prueba, no, explicó que relación tenía eso con el
auto que le declaró desierto el recurso por falta de sustentación.

En segundo lugar, el accionante no tuvo en cuenta que la autoridad judicial
cuestionada citó jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado
en su decisión y no presentó reparo alguno sobre la manera en que la interpretó,
situación que hace que el cargo carezca de relevancia constitucional en la medida
en que no es del resorte del juez de tutela inmiscuirse en asuntos que atañen a la
autonomía del juez del proceso ordinario, porque esto invadiría su órbita y
propendería al mal uso de esta acción constitucional.

5.6. Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada
está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite de instancia, toda
vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados en el marco
de esta, sin esbozar las razones concretas por las cuales el derecho fundamental
invocado fue vulnerado con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del
juez constitucional, toda vez que la decisión censurada se sustenta en el principio

22 Sentencia SU-215 de 2022.

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Accionante: José Horacio Nandar Yaluzán

de autonomía judicial.

Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un
nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 23, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o
de interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso
ordinario24.

5.7. Por último, esta judicatura denota que la intención del accionante era debatir
los argumentos expuestos por el juez de primera instancia, sin embargo, tal
oportunidad resultó agotada al interponer el recurso de apelación y al ser declarado
desierto, por falta de sustentación, cualquier argumento expuesto en sede de tutela
no supera el requisito de subsidiariedad, en la medida en que la acción
constitucional no es el escenario para rebatir decisiones que no se cuestionaron en
debida forma en la oportunidad procedente.

En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela
por no superar los requisitos de relevancia constitucional ni subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
José Horacio Nandar Yaluzán contra el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto
y el Tribunal Administrativo de Nariño-Sala Segunda de Decisión, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

23 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
24 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00326-00
Accionante: José Horacio Nandar Yaluzán

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada

SABF

17

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