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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00327-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00327-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 5 de marzo de 2026 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción de tutela sub examine, por las razones indicadas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00327-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00327-01
Accionante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA – SALA SEGUNDA
DE DECISIÓN

Temas: Relación laboral encubierta. Cobertura de pólizas de
responsabilidad contractual. Tutela contra providencia judicial.
Confirma improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la impugnación presentada
por la parte actora en contra del fallo de 5 de marzo de 2026, proferido por la Sección
Primera del Consejo de Estado. Ello, de conformidad con lo dispuesto en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y
799 de 2025, así como en el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena de esta
corporación.

Por auto del 26 de enero de 20262, el a quo admitió la acción, y mediante la
providencia del 6 de marzo del presente año concedió el recurso.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. La compañía Seguros del Estado S.A., actuando por medio de apoderada
judicial, presentó acción de tutela en contra de la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo del Cauca3. Con la solicitud de amparo pretende la
protección de su derechos fundamental al debido proceso.

2. La empresa accionante le atribuyó la vulneración de sus garantías
fundamentales a la sentencia de 3 de julio de 2025 dictada, en segunda instancia,

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 En esta providencia, se admitió la demanda en contra del Tribunal Administrativo del Cauca - Sala

Segunda de Decisión. Asimismo, se ordenó la vinculación del Juzgado 08 Administrativo del Circuito
de Popayán, la señora Maribel Viviana Chamorro Cruz, al Hospital Susana López de Valencia E.S.E.,
la Aseguradora Solidaria de Colombia y al Sindicato Sintrasalud.
3 La acción de tutela fue presentada el 20 de enero de 2026.

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Accionante: Seguros del Estado S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca – Sala Segunda de
Decisión
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en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado
núm. 19001-33-33-008-2015-00474-014. En dicha providencia, la autoridad judicial
accionada confirmó el fallo de 26 de mayo de 2020, en el que el Juzgado 08
Administrativo del Circuito de Popayán accedió a las pretensiones relacionadas con
el reconocimiento de la existencia de una relación laboral y, asimismo, condenó a
las llamadas a en garantía, entre ellas a Seguros del Estado S.A., a «restituir» al
Hospital Susana López de Valencia E.S.E. la suma que esta llegase a pagar en
cumplimiento de la sentencia.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de Seguros del
Estado S.A.
2. Dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia, en lo que respecta a
la condena impuesta a Seguros del Estado S.A.
3. Ordenar al Tribunal Administrativo del Cauca que profiera una nueva
sentencia, en la cual:
▪ El objeto del amparo de salarios y prestaciones sociales.
▪ La inexistencia de riesgo asegurable cuando la entidad actúa como
empleador directo.
▪ Los límites del llamamiento en garantía en pólizas de cumplimiento5.

1.2. Hechos

4. La Señora Maribel Viviana Chamorro Cruz, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó al Hospital Susana López de
Valencia E.S.E., con el fin de que se declarase la nulidad del acto administrativo
que negó el reconocimiento de una relación laboral. En consecuencia, también,
pidió el pago de «salarios, prestaciones sociales, bonificaciones, pagos a la
seguridad social y demás emolumentos laborales»6.

5. El proceso correspondió, en primera instancia, al Juzgado 08 Administrativo
del Circuito de Popayán, que, por auto de 18 de enero de 2016, admitió la demanda.
Luego, mediante el proveído de 25 de octubre de 2016, aceptó los llamamientos en
garantía realizados por el Hospital Susana López de Valencia contra Seguros del
Estado S.A., Aseguradora Solidaria de Colombia y el Sindicato Departamental de
Trabajadores de la Salud del Cauca (Sintrasalud).

6. En lo que respecta a Seguros del Estado S.A., el llamamiento en garantía se
formuló en virtud de las pólizas de cumplimientos núm. 40-44-101021253 y 40-44-

4 Proceso promovido por la señora Maribel Viviana Chamorro Cruz contra la E.S.E. Hospital Susana

López de Valencia.
5 Transcripción del escrito de tutela.
6 La accionante alegó que existió una verdadera relación laboral, pues trabajó como auxiliar

administrativa en la E.S.E. demandada, en condiciones de subordinación y dependencia, desde el
24 de abril de 2009 hasta el 2 de enero de 2013, sin interrupciones. También adujo que su vinculación
se efectuó a través de la figura de tercerización laboral, primero, mediante cooperativas de trabajo
asociado y, luego, mediante un contrato colectivo sindical de prestación de servicios con el Sindicato
Departamental de Trabajadores de la Salud del Cauca.

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101022386, las cuales fueron suscritas por Sintrasalud en favor del hospital
demandado para amparar el «pago de salarios y prestaciones sociales» derivados
de los contratos «001 de 2012» y «064 de 1 de abril de 2012», respectivamente 7.

7. El 26 de mayo de 2020, el juzgado accedió a las pretensiones de la demanda,
tras constatar que, en este caso, se demostró la concurrencia de los elementos
propios de la relación laboral existente entre el Hospital y la señora Chamorro Cruz,
entre el 24 de abril 2009 y el 31 de diciembre 2012.

8. Igualmente, el a quo refirió que, si bien las empresas sociales del Estado
pueden contratar bajo la modalidad del contrato sindical, ello corresponde a una
modalidad excepcional de vinculación, la cual, en todo caso, se predica de
actividades ocasionales o que, si bien forman parte del giro ordinario de las labores
de la entidad, no pueden ejecutarse con empleados de planta o requieren de
conocimientos especializados. En este caso, se acreditó que las labores de la
demandante eran de carácter permanente y misional.

9. En lo que concierne a los llamamientos en garantía, el juzgado de primera
instancia se pronunció frente al contenido de cada una de las pólizas aportadas al
proceso. En particular, en lo que concierne a Seguros del Estado S.A., indicó que
las pólizas estaban vigentes para el momento de los hechos, en tanto todas iniciaron
su vigencia en 2012. Del mismo modo, indicó que, entre los riesgos asegurables,
se encontraba el «cumplimiento de todas las obligaciones contraídas y el pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal empleados»,
derivados del contrato de prestación de apoyo administrativo al Hospital Susana
López de Valencia E.S.E.8.

10. Con todo, precisó que la responsabilidad de las aseguradoras se
circunscribiría a la concurrencia de la suma asegurada y que ella no podría «superar
el límite máximo del valor asegurado, y para el cual se tendrá en cuenta el deducible
convenido»9.

11. Finalmente, negó el llamamiento frente a Sintrasalud. Esto, porque, según la
jurisprudencia del Consejo de Estado, entre la entidad estatal y el tercero

7 La demandada también aportó, junto con el llamamiento en garantía, la póliza 40-40-101003816

de «Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de cumplimiento», cuyo objeto es: «amparar la
responsabilidad civil extracontractual por la cual resultare legalmente responsable el contratista,
derivada de la ejecución del contrato colectivo sindical de prestación de servicios No. 064 de abril 01
de 2012, cuyo objeto es: prestar el servicio de apoyo administrativo dentro del macroproceso de
apoyo del Hospital Susana López de Valencia E.S.E.».
8 El juzgado también citó las exclusiones de la póliza, entre las que se encuentra la siguiente: «este

amparo en ningún evento, cubre al personal vinculado por el contratista garantizado bajo
modalidades diferentes a las de un contrato de trabajo».
9 En concreto, en la sentencia se resolvió: «QUINTO.- CONDENAR a SEGUROS DEL ESTADO S.A.

y a la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, a restituir al
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., la suma que ésta última cancele a la parte
demandante por concepto de condena aquí señalada, reembolso que no podrá superar el límite
máximo de responsabilidad pactado y para el cual se tendrá en cuenta el deducible convenido, según
se expuso en esta providencia».

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intermediario existe solidaridad, la cual no habilita al demandado a «vincular a
terceros no demandados por la vía del llamamiento»10.

12. La sentencia fue apelada por el Hospital11, Seguros del Estado S.A.12 y la
Aseguradora Solidaria de Colombia13.

13. Mediante el fallo de 3 de julio de 202514, la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo del Cauca confirmó la providencia de primera instancia.
Luego de reafirmar las conclusiones del a quo en lo concerniente a la existencia de
la relación laboral encubierta, se pronunció respecto a la afectación de las pólizas.

14. En concreto, indicó que las pólizas 40-44-101021253 y 40-44-101022386,
expedidas por Seguros del Estado S.A., incluyen una cláusula que cubre el pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a que se encuentre
obligado el contratista «[…] y que por la solidaridad laboral se vea obligada a asumir
la entidad estatal asegurada […]». Entonces, concluyó que la solidaridad se predica
de la entidad contratante, por lo que el hecho de que no se haya condenado también
al sindicato contratista «no afecta la validez de los riesgos amparados». De allí que
también fuese adecuada la condena impuesta por el juzgado, que distribuyó la
responsabilidad de las aseguradoras a prorrata de los periodos que estuvieron
amparados por los distintos contratos de seguro.

1.3. Sustento de la vulneración

15. La aseguradora accionante expuso que la providencia dictada por el Tribunal
Administrativo del Cauca, Sala Segunda de Decisión, vulneró su derecho al debido
proceso, comoquiera que incurrió en los defectos sustantivo y por violación directa
de la Constitución, los cuales justificó así:

(i) Defecto sustantivo: el tribunal demandado desconoció el principio de
congruencia contenido en el artículo 281 del Código General del Proceso.
Esto, pues, le impuso una condena a Seguros del Estado S.A. por una causa

10 Al respecto, el juzgado citó la siguiente sentencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 29 de agosto de 2012. Radicado núm.
21863.
11 Reprochó, principalmente, la valoración de los elementos probatorio y la conclusión de la

existencia de la relación laboral.
12 Los fundamentos del recurso pueden resumirse así: (i) inadecuada valoración de la cobertura de

la póliza a la luz del artículo 1073 del Código de Comercio, comoquiera que la relación laboral habría
iniciado antes de la vigencia de las pólizas de cumplimiento en cuestión; (ii) las pólizas no cubren
obligaciones laborales directas del hospital demandando; (iii) el litigio versa sobre la existencia de
una relación laboral con la E.S.E., y no acerca del incumplimiento del contratista asegurado; y (iv)
inexistencia de la relación laboral entre el demandado y la señora Chamorro Cruz.
13 El recurso se fundó en que: (i) no se demostró la existencia de la relación laboral entre el Hospital

y la demandante; (ii) la legalidad del contrato sindical celebrado con Sintrasalud; (iii) la póliza excluye
las obligaciones derivadas del derecho laboral o reclamaciones realizadas en virtud del art. 216 del
Código Sustantivo del Trabajo; (iv) la póliza solo habría podido afectarse si se declaraba la
solidaridad patronal, lo que no ocurre en este caso, porque se negó el llamamiento de garantía del
sindicato; (v) se creó una solidaridad inexistente en el contrato de seguros.
14 Notificado el 1 de agosto de 2025.

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jurídica que no fue objeto del debate procesal ni corresponde al riesgo
asegurado, en tanto la controversia giró sobre la existencia de una relación
laboral con el Hospital, y no sobre el incumplimiento de obligaciones laborales
del contratista tomador de la póliza.

(ii) Violación directa de la Constitución: la sentencia omitió el estudio de «un
argumento sustancial y determinante» propuesto en el recurso de apelación,
a saber: la «imposibilidad jurídica» de afectar pólizas de cumplimiento cuando
la condena se funda en la existencia de una relación laboral directa entre el
Hospital y la demandante del proceso ordinario. Para la tutelante, dicho
reproche fue desarrollado en el recurso con «claridad, extensión y relevancia»;
sin embargo, la Sala Segunda de Revisión del Tribunal Administrativo del
Cauca guardó silencio, lo que, a su juicio, desconoce el deber constitucional
de motivar las providencias judiciales.

1.4. Intervenciones

16. Tribunal Administrativo del Cauca, Sala Segunda de Decisión. Tras
realizar un recuento del análisis efectuado en la decisión sub examine, solicitó que
se declare la improcedencia de este mecanismo, puesto que la accionante pretende
reabrir un debate jurídico ya zanjado por las autoridades judiciales competentes.

17. Sobre el particular, expuso que el tribunal llevó a cabo un estudio detallado
de las pólizas y de la responsabilidad solidaria de la entidad estatal contratante,
conclusión que, además de plausible, está debidamente motivada en la providencia.
Del mismo modo, manifestó que el análisis de las pruebas del proceso se efectuó
conforme a las reglas de la sana crítica, por lo que las divergencias con la
aseguradora son simples diferencias interpretativas con la autoridad judicial, sin que
ello constituya una vulneración del debido proceso.

18. En su criterio, aceptar que el juez constitucional intervenga en este tipo de
debates desnaturaliza esta acción, puesto que implica vaciar de contenido los
principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y autonomía judicial.

19. Juzgado 08 Administrativo del Circuito de Popayán. Pidió que se
desestimen las pretensiones de la parte actora, por cuanto no ha incurrido en «vía
de hecho» que justifique el amparo deprecado. Al respecto, indicó que el fallo de
primera instancia se ajustó a la ley y jurisprudencia aplicable al momento de los
hechos. En cuanto a la condena impuesta a la aseguradora tutelante, expuso que
esta se soportó en los contratos de seguros celebrados, en los que el hospital
demandado en el proceso ordinario era la entidad beneficiaria. Por lo demás,
recordó que la condena se limitó a la concurrencia de la suma asegurada, como lo
dispone el artículo 1079 del Código de Comercio.

20. Hospital Susana López de Valencia E.S.E. Se opuso a las peticiones de
amparo formuladas por la parte actora, al considerar que la afectación de las pólizas

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se ajustó a las normas aplicables. Esto, en la medida en que ellas: (i) estipularon
que el Hospital era la entidad estatal asegurada; (ii) el clausulado comprendía la
responsabilidad por el pago de salarios y prestaciones sociales; y (iii) existió
solidaridad entre la aseguradora y la institución de salud, por lo que debe
reconocerse la plena validez de los riesgos amparados bajo el contrato de seguros.

1.5. Sentencia de primera instancia

21. En el fallo de 5 de marzo de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró la improcedencia de la acción, por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad.

22. Para el a quo, la presunta vulneración del debido proceso de la empresa
accionante se estructura a partir de la pretendida falta de congruencia de la
providencia sub judice. En efecto, dado que todos los defectos aluden a que el
tribunal no se pronunció frente a todos los puntos de la apelación y resolvió un
problema jurídico distinto al expuesto en el recurso de alzada, en este caso, procede
el recurso extraordinario de revisión, en virtud de la causal prevista en el artículo
250.5 del CPACA15; máxime cuando, prima facie, no se advierte la configuración de
perjuicio irremediable que justifique la procedencia de la tutela como mecanismo
transitorio.

1.6. Impugnación

23. Seguros del Estado S.A. solicitó que se revoque la sentencia de primera
instancia, pues, a su juicio, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha limitado la
procedencia de la causal de revisión del artículo 250.5 del CPACA solo a los eventos
de nulidad que expresamente ha previsto el legislador en el artículo 133 del CGP.
Para ello, citó decisiones de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado16.

24. Por tanto, estimó que debe concederse el amparo, ante el desconocimiento
del principio de congruencia por parte del Tribunal Administrativo del Cauca.

II. CONSIDERACIONES

25. La Sala confirmará el fallo de 5 de marzo de 2026, proferido por la Sección
Primera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción,
comoquiera que no se acreditan los requisitos de subsidiariedad y relevancia
constitucional.

15 «ARTÍCULO 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797

de 2003, son causales de revisión: […]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación […]»
16 Sentencia de 26 de enero de 2023, radicado núm. 53332; y sentencia del 16 de agosto de 2022,

radicado núm. 47097.

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2.1. Caso concreto

La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de procedencia
de tutela contra providencias judiciales

26. El Consejo de Estado17 y la Corte Constitucional18, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al cumplimiento
de ciertos requisitos generales19 y a la configuración de algún defecto especial20 en
el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo a estudiar de fondo el
asunto y determinar si se configuran los defectos invocados, la Sala determinará si
se superan los presupuestos generales de procedencia.

27. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o
más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

28. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos de procedibilidad, como pasa a explicarse.

29. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en que
quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).

30. Seguros del Estado S.A. está legitimado en la causa por activa, comoquiera
que fue parte en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en
que se expidió la sentencia aquí reprochada, en calidad de llamado en garantía. Del
mismo modo, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Cauca
está legitimada en la causa por pasiva, por ser la autoridad judicial que adoptó el
fallo de 3 de julio de 2025, que cuestiona la parte actora.

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,

M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P.
Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
18 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
19 A saber: (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv)

inmediatez; (v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la
Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
20 Estos son: (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto

material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

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31. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de defensa.
En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que la acción
de tutela solo procede en dos casos excepcionales21: (i) como instrumento de
protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial
idóneo22 y eficaz23; y (ii) como mecanismo de protección transitorio, cuando se
advierta la configuración de un perjuicio irremediable.

32. En este caso, Seguros del Estado S.A. cuestionó la sentencia del 3 de julio
de 2025, mediante la cual la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo
del Cauca confirmó el fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones de
nulidad y restablecimiento del derecho proferida por el Juzgado 08 Administrativo
del Circuito de Popayán, que declaró la existencia de una relación laboral entre la
demandante y el Hospital Susana López de Valencia E.S.E. y, asimismo, condenó,
entre otras, a la actora al reembolso de la condena conforme a lo estipulado en las
pólizas de cumplimiento núm. 40-44-101021253 y 40-44-101022386.

33. Para la empresa tutelante, la providencia sub examine incurrió en los
defectos sustantivo y por violación directa de la Constitución. Esto, por cuanto la
autoridad judicial accionada no se pronunció frente a todos los puntos de la
apelación y resolvió un problema jurídico distinto al expuesto en el recurso de
alzada. En efecto, según Seguros del Estado S.A., en este caso, el proceso
ordinario giró en torno a determinar la existencia de una relación laboral entre el
Hospital y la señora Chamorro Cruz, sin que se discutiera el incumplimiento de las
obligaciones del contratista tomador de las pólizas. De allí que no fuese viable
afectar las pólizas de cumplimiento.

34. En tales términos, para la Sala, el presente asunto no supera el requisito de
subsidiariedad. Como lo determinó la Sección Primera de esta corporación, el
fundamento de los defectos alegados sí se enmarca en al menos una de las
causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión. En particular, la
contenida en el artículo 250.5 del CPACA: «Existir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».

35. Al respecto, el Consejo de Estado25 ha indicado que la vulneración del
principio de congruencia da lugar a la configuración de la referida causal, pues ello
constituye un «vicio grave o insanable que afect[a] [la] validez» de la sentencia. En
efecto:

[...] [la] nulidad originada en la sentencia, se configura, entre otras razones,
cuando al demandado se le condena por cantidad superior, o por objeto distinto
del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.

21 Corte Constitucional, Sentencia T-183 de 2024.
22 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para producir

el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de 2019.
23 La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está

diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.

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Circunstancia que también puede encuadrarse en la causal de falta de
competencia, en este caso, cuando el juez se pronuncia por fuera de los límites
impuestos en la causa petendi.

[…] la causal de revisión contenida en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA
[…] es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede configurar cuando el
fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna y/o la externa,
pues en uno y en otro caso, el fallador incurre en una clara violación del debido
proceso, artículo 29 constitucional, dado que la providencia proferida en esos
términos resulta contraria a las formas propias de cada juicio, en específico, la
falta de competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales no se
podía pronunciar24.

36. En tales términos, contrario a lo expuesto por la accionante, los reproches
formulados sí se encuadran en la causal previamente analizada. Esto, por cuanto,
con independencia de que la empresa haya alegado la configuración de los defectos
sustantivo y por violación directa de la Constitución, el fundamento de todos ellos
parte de la misma premisa: la incongruencia de la sentencia del 3 de julio de 2025.

37. Por tanto, corresponde a la aseguradora accionante acudir al recurso
extraordinario de revisión, por ser el medio judicial idóneo y eficaz para la protección
de los derechos invocados. Máxime cuando en este caso no se advierte la posible
configuración de un perjuicio irremediable.

38. Ahora bien, no se pasa por alto que, en el escrito de impugnación, Seguros
del Estado S.A. insistió en la improcedencia del recurso extraordinario de revisión,
en tanto la incongruencia no es un supuesto de nulidad originada en el fallo, para lo
cual citó algunas decisiones de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado.

39. Sin embargo, esta Sala no comparte tales argumentos, en la medida en que
ellos no reflejan el criterio mayoritario adoptado por la Sección Segunda del Consejo
de Estado, autoridad competente para conocer del eventual recurso extraordinario
de revisión contra la providencia del tribunal, de conformidad con lo previsto en el
inciso segundo del artículo 249 del CPACA25. En efecto, dicha sección, ha
reconocido que la incongruencia sí es un supuesto que puede dar lugar a la
configuración de la causal de revisión contenida en el artículo 250.5 ibidem26.

40. En todo caso, aún si se tuviese por acreditado el requisito de subsidiariedad,
la acción de tutela tampoco supera el presupuesto de relevancia constitucional.
Esto, pues (i) la tutela carece de la carga requerida para propiciar un estudio de

24 Consejo de Estado, Sala 25 Especial de Decisión. Sentencia del 28 de junio de 2021. Radicado

núm.: 11001-03-15-000-2020-03697-00. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
25 «ARTÍCULO 249. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las

secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
26 Al respecto, pueden consultarse los radicados 11001-03-25-000-2019-00161-00, 11001-03-25-

000-2013-00838-00, entre otros.

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Accionante: Seguros del Estado S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca – Sala Segunda de
Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00327-01

fondo y porque (ii) los pocos argumentos formulados por la accionante reflejan una
mera inconformidad con la decisión del tribunal, sin que se evidencie una afectación
prima facie de sus derechos fundamentales, que amerite la intervención del juez
constitucional.

41. Toda la tutela alude a una presunta omisión del tribunal de analizar los
argumentos que la aseguradora propuso a lo largo del proceso —en la contestación
del llamamiento en garantía, el recurso de apelación y en los alegatos de segunda
instancia—, toda vez que, en su opinión, estos exponían de forma clara y detallada
la imposibilidad jurídica de afectar las pólizas de cumplimiento núm. 40-44-
101021253 y 40-44-101022386 en el proceso ordinario. Ello, comoquiera que en el
proceso no fue alegado ni discutido el incumplimiento de Sintrasalud, es decir, del
tomador.

42. No obstante, con independencia de la corrección del razonamiento de la Sala
Segunda de Revisión del Tribunal Administrativo del Cauca, lo cierto es que la
lectura de la sentencia sub judice da cuenta de que la autoridad judicial se refirió
expresamente a los fundamentos de la responsabilidad de las aseguradoras
llamadas en garantía, al contenido del clausulado de las pólizas y al hecho de que
en el proceso no se hubiese emitido condena alguna frente a Sintrasalud27.

43. Así las cosas, resulta evidente que los reproches de la accionante se centran
en tratar de desvirtuar la condena impuesta en su contra. De allí que estos tan solo
reflejen una mera inconformidad con lo decidido por el tribunal demandado. En tales
términos, para esta Sección, no hay duda de que la verdadera pretensión de
Seguros del Estado S.A. es convertir este trámite constitucional en una instancia
adicional, a fin de que se adopte una decisión favorable a sus pretensiones.

44. De allí que la tutela tampoco cumpla con el requisito de relevancia
constitucional. Esto, debido a que debido a que la competencia de este juez se
restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales, y no a resolver
problemas de carácter legal y/o económico, o a estudiar una mera inconformidad
con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.

2.2. Conclusión

45. La Sala confirmará el fallo del 5 de marzo de 2026 dictado por la Sección
Primera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la presente
solicitud de amparo, por las razones señaladas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

27 Ver fundamento 2.5.2.3 de la sentencia de 3 de julio de 2025.

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III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 5 de marzo de 2026 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción
de tutela sub examine, por las razones indicadas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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