Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00328-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00328-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00328-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00328-00
Accionante: JUAN DAVID RODRÍGUEZ MESA
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Derecho fundamental de
petición. Solicitud de información sobre procesos civiles y penales
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Juan David Rodríguez Mesa, quien actúa por intermedio de
apoderada judicial contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General
de la Nación y el Juzgado Tercero Penal Especializado de Medellín.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 20 de enero de 2026, la parte accionante instauró acción de tutela por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso, a la
presunción de inocencia, a la honra, al buen nombre, a la libertad personal y al
habeas data.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. Que se ordene a la señora Juez Tercera Penal del Circuito Especializada, se
verifique los nombres plasmados en la Sentencia Condenatoria No. 073, dentro del
proceso con número de noticia criminal 050016000000202100455, a fin de
establecer quien es la persona procesada JUAN DAVID MESA RODRIGUEZ o
JUAN DAVID RODRIGUEZ MESA e identifique en la rama judicial la identidad con
el número de cédula y una vez se establezca, la sentencia registre la cedula del
condenado. CORRECCIÓN que es necesaria para que se informe de forma clara
quien es el autor de esos hechos JUAN DAVID MESA RODRIGUEZ, identificado con
la cédula de ciudadanía número 1.020.427.XXX o el tutelante JUAN DAVID
RODRIGUEZ MESA, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.018.XXX.
2. Que la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, expida constancia en cuanto a los
procesos penales que se adelanta o adelantaron en contra de mi mandante.
3. Se hagan las correcciones necesarias en las páginas del Consejo Superior de la
Judicatura donde quede claro mis nombres y cedula, ya que en esta página registro
por nombre la vinculación a varios procesos penales y civiles.
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Demandante: Juan David Rodríguez Mesa
5. Se disponga las correcciones necesarias a fin de corregir estas anotaciones que
vienen afectando mi vida tanto laboral, como familiar y ante la sociedad”.
2. Hechos
La parte accionante sostuvo que el 9 de diciembre de 2025, solicitó a la Fiscalía
General de la Nación la expedición de una constancia en la que se indicara si, en
su contra, se había adelantado procesos penales.
Señaló que, en esa misma oportunidad, pidió al Consejo Superior de la Judicatura
que le suministrara información sobre los procesos iniciados en su contra y sobre
los despachos judiciales que conocían de los mismos. Lo anterior, debido a que
tenía conocimiento de la existencia de un proceso ejecutivo promovido por la
Cooperativa Financiera John F. Kennedy contra el señor Juan David Mesa
Rodríguez, el cual cursó en el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Medellín, se
identificó con el radicado n.° 05001-40-03-021-2015-01269-00 y fue retirado el 25
de enero de 2016.
Indicó que tuvo conocimiento de la sentencia n.° 073 del 17 de noviembre de 2021,
proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado con Función de
Conocimiento de Medellín, dentro del proceso con NUNC n.° 05001-60-000-00-
2021-00455, en la que se condenó al señor Juan David Rodríguez Mesa por los
delitos de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes,
extorsión y homicidio.
Refirió que conforme al certificado de antecedentes n.° 287669842 del 5 de enero
de 2026, expedido por la Procuraduría General de la Nación, no presenta sanciones
ni inhabilidades vigentes.
3. Fundamentos de la acción
La parte accionante mencionó que es empresario dedicado al sector de la
construcción hotelera y que se ha visto afectado por la información que reposa en
las bases de datos de acceso público del Consejo Superior de la Judicatura, en las
cuales se registran procesos judiciales civiles y penales en su contra.
Aludió que, debido a la negativa en el otorgamiento de créditos bancarios y a la
afectación de sus actividades económicas, presentó solicitudes ante la Fiscalía
General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio del derecho
fundamental de petición.
Expuso que, a la fecha de presentación de la presente acción, la Fiscalía General
de la Nación no ha dado respuesta a lo solicitado y se advierten varios procesos en
contra del señor Juan David Mesa Rodríguez, así como otros en los que figura su
nombre.
Trajo a consideración los artículos 13, 15, 21 y 29 de la Constitución Política; las
sentencias T‑123 de 2018 y T‑475 de 2019 de la Corte Constitucional; así como los
artículos 140 y 145 del Código General del Proceso, relacionados con la nulidad por
error en la identificación de la persona.
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Demandante: Juan David Rodríguez Mesa
4. Trámite procesal
Por auto de 26 de enero de 2026, se requirió al accionante para que allegara copia
de las solicitudes que adujo haber presentado ante la Fiscalía General de la Nación
y el Consejo Superior de la Judicatura, con su respectiva constancia de radicación
e indicara si únicamente requería la corrección en el proceso penal NUNC –
050016000000202100455, o si existen otros procesos en los que fue incluido
equivocadamente su nombre.
Por medio de memorial presentado el 29 de enero de 2026, la parte accionante
atendió el requerimiento en el sentido de indicar los procesos judiciales en los cuales
se encuentra vinculado.
Por auto de 13 de febrero de 2026, el despacho del magistrado sustanciador admitió
la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar a la parte accionante
y a las autoridades accionadas -Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General
de la Nación y Juzgado Tercero Penal Especializado de Medellín-. De igual modo,
se dispuso a vincular al trámite a los Juzgados 008, 021, 024 Civiles Municipales de
Medellín; a los Juzgados 003 Penal Municipal de Medellín, 005 Penal del Circuito
Especializado de Medellín y al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Antioquia -
Sala Penal, en calidad de accionadas. Así como a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del Código General
del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas n.º
26863 a 26873 de 17 de febrero de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida
decisión.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura
Solicitó la desvinculación del trámite constitucional argumentando falta de
legitimación en la causa por pasiva. Explicó que, aunque el CENDOJ administra el
portal web de la Rama Judicial y debe garantizar el espacio para publicar
información administrativa y judicial según el Acuerdo PSAA11-9109 de 2011, la
Consulta Nacional Unificada de Procesos contiene información proveniente del
sistema Justicia XXI, el cual es administrado por la Unidad de Transformación Digital
e Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, conforme a los
Acuerdos 1591 de 2002 y PSAA14-10215.
También indicó que la información disponible en el área de consulta de procesos
del sistema Justicia Siglo XXI constituye un “registro de actuaciones judiciales”
destinado a dar publicidad y facilitar la consulta, conforme al artículo 228 de la
Constitución y a los artículos 2 y 7 de la Ley 1712 de 2014. Aclaró que esta
información no es un registro de antecedentes penales y que las decisiones sobre
ocultamiento o modificación de datos corresponden exclusivamente a los
despachos y corporaciones judiciales, como propietarios de la información que se
encuentra en los aplicativos de consulta.
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5.2. Respuesta de la Fiscalía Setenta y Una Especializada DECOC Medellín
Señaló que, tras revisar el inventario del despacho, se evidenció que el accionante,
identificado con la cédula de ciudadanía n.° 80.018.XX, no se encuentra vinculado
a ningún proceso asignado a esa fiscalía, ni participó en el proceso identificado con
el número 05001-60-00-000-2021-00455.
5.3. Respuesta del Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Garantías
de Medellín
Mencionó que, al realizar la búsqueda en el sistema de gestión, se encontró el CUI
0500160002062020-04927, en el cual figura como indiciado el señor Juan David
Rodríguez Mesa, identificado con la cédula de ciudadanía n.° 1.000.567.XXX, por
el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Indicó que en dicho
proceso se llevó a cabo audiencia de legalización de captura el 29 de febrero de
2020, en la que se concedió la libertad al procesado, toda vez que el ente fiscal
desistió de las solicitudes de formulación de imputación y medida de aseguramiento.
En consecuencia, sostuvo que el proceso adelantado no fue dirigido en contra del
accionante.
5.4. Respuesta del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado con
Funciones de Conocimiento de Medellín
Aludió que el actor, por intermedio de apoderada judicial, el 23 de julio de 2024
presentó una solicitud en la que pidió copia de la sentencia proferida en el proceso
05001-60-00-000-2021-00455, la cual fue remitida al día siguiente.
5.5. Respuesta del Juzgado Octavo Civil Municipal de Medellín
Expuso que por reparto, le correspondió el proceso ejecutivo identificado con el
radicado n.° 05001-40-03-008-2015-01497-00, promovido por la Cooperativa
Financiera John F. Kennedy contra Juan David Rodríguez Mesa y Salvador Omar
Castro Pasos, el cual culminó con el retiro de la demanda sin que se realizara un
estudio de fondo. Agregó que verificado el sistema de gestión de justicia Siglo XXI,
no se encontró proceso judicial en curso en ese juzgado en el que haga parte el
actor, por lo que solicitó su desvinculación del trámite constitucional.
5.6. Respuesta del Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Medellín
Refirió que en el juzgado se tramitó el proceso con radicado n.° 05001-40-03-021-
2015-01269-00, promovido por la Cooperativa Financiera John F. Kennedy contra
Juan David Rodríguez Mesa y Salvador Omar Castro Pasos, del cual se retiró la
demanda el 19 de noviembre de 2015. En esa medida, consideró que carece de
legitimación en la causa por pasiva para atender las pretensiones de la acción de
tutela.
5.7. Respuesta del Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Medellín
Solicitó negar la acción de tutela. Indicó que en el juzgado se tramitó el proceso con
radicado n.° 05001-40-03-024-2016-00076-00, el cual culminó con el pago total de
la obligación y en el que figuraba como parte demandada el señor Juan David Mesa
Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía n.° 1.020.427.XXX. Por tal
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motivo, se expidió certificación en la que se precisó que el accionante no hizo parte
de dicho proceso.
5.8. La Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Quinto Penal del Circuito
Especializado de Medellín y el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Antioquia - Sala Penal, no rindieron informe.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Cuestión preliminar
En el escrito de contestación, el Consejo Superior de la Judicatura, el Juzgado
Octavo Civil Municipal de Medellín y el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de
Medellín manifestaron carecer de legitimación en la causa por pasiva y solicitaron
su desvinculación del trámite constitucional.
Al respecto, la Sala advierte que negará dichas solicitudes, dado que se constató
que el actor alega la vulneración del derecho fundamental de petición,
presuntamente presentado ante el Consejo Superior de la Judicatura. Asimismo, se
observa que las autoridades judiciales fueron vinculadas con fundamento en lo
expuesto en el escrito de tutela, en el cual se indicó que ante estas se tramitaron
procesos en su contra.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si la parte accionada vulneró los derechos
fundamentales del accionante al no responder la solicitud presentada el 9 de
diciembre de 2025, relacionada con la expedición de una constancia en la que
figuren los procesos civiles y penales adelantados en su contra, así como la
identificación de las autoridades judiciales que conocen de los mismos.
4. El derecho fundamental de petición
El artículo 23 de la Constitución Política establece que “Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.
En lo atinente al núcleo esencial del derecho de petición, la Corte Constitucional ha
precisado que:
“(…) el derecho de petición se satisface cuando concurren los siguientes
elementos que constituyen su núcleo esencial: (i) la posibilidad cierta y
efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
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(ii) la respuesta debe ser pronta y oportuna, es decir, la respuesta debe
producirse dentro de un plazo razonable, que debe ser lo más corto posible, así
como clara, precisa y de fondo o material, que supone que la autoridad
competente se pronuncie sobre la materia propia de la solicitud y de manera
completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno de
los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido al
peticionario, independiente de que la respuesta sea favorable o no, pues no
necesariamente se debe acceder a lo pedido.
Respecto del último punto, la Corte ha sido enfática en señalar que la
satisfacción de este derecho no sólo se materializa mediante una respuesta
clara, precisa y de fondo o material dentro del término previsto en la ley:
‘Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos
sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor
que conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite
de la petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que,
en principio, examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la
respuesta, cuyo significado supera la simple adopción de una decisión para
llevarla a conocimiento directo e informado del solicitante.
De este segundo momento, emerge para la administración un mandato
explícito de notificación, que implica el agotamiento de los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia
de ello.
Por lo anterior es dable afirmar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte,
el derecho de petición se concreta con la respuesta clara, concisa y de
fondo a lo solicitado y cuando se cumple con la obligación de notificar al
particular sobre la respuesta adoptada por la entidad”1. (destacado fuera de
texto)
Por su parte, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de
la Ley 1755 de 2015, establece los términos en los que deben resolverse las
peticiones, incluyendo una posibilidad excepcional de resolver por fuera del mismo,
en cuyo caso, tal circunstancia debe ser informada por la autoridad, antes del
vencimiento del término, señalando expresamente los motivos de la demora así
como el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá
exceder del doble del inicialmente previsto. La citada disposición establece:
“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones.
Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición
deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.
Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de
los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado
respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la
respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no
podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
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Sentencia T-527 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en
relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30)
días siguientes a su recepción.
Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los
plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al
interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los
motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá
o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.
En definitiva, la garantía del derecho fundamental de petición conlleva el deber
constitucional y legal de dar respuesta a las peticiones de fondo, en forma clara,
precisa y congruente con lo solicitado, dentro de los términos establecidos por la
ley, siendo así que su inobservancia, hace procedente la protección por el juez
constitucional, a través de la acción de la tutela. Empero, la autoridad respectiva, en
caso de no ser competente para atender la solicitud, tiene el imperativo legal de
remitirla a quien sí lo sea, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley
1437 de 20112.
4. Estudio y solución del caso concreto
El señor Juan David Rodríguez Mesa, quien actúa en nombre propio, presentó
acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de
la Nación y el Juzgado Tercero Penal Especializado de Medellín, al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso, a la
presunción de inocencia, a la honra, al buen nombre, a la libertad personal y al
habeas data, en razón a la falta de respuesta de la solicitud presentada el 9 de
diciembre de 2025, en la que pidió que se expidiera una constancia sobre los
procesos civiles y penales iniciados en su contra, así como la identificación de las
autoridades judiciales que conocen de los mismos.
De conformidad con las pruebas que reposan en el expediente de tutela, la Sala
evidencia que el 9 de diciembre de 2025, el accionante presentó una solicitud en
ejercicio del derecho de petición dirigida a la Fiscalía General de la Nación, la cual
fue recibida por la Oficina de Correspondencia de Medellín bajo el radicado n.º
20250370202862, en la que pidió lo siguiente:
“Solicito que la Fiscalía General de la Nación, de manera urgente, expida un
certificado a mi nombre, donde se indique que, a la fecha, yo, JUAN DAVID
RODRÍGUEZ MESA, identificado con la cédula de ciudadanía número
80.018.XXX de Bogotá, no registré, ni registro con procesos, ni tengo
investigaciones ante ninguna entidad, ni como denunciado, ni como
denunciante y menos que cuento Sentencias Condenatorias, ni absolutorias.
Igualmente, pido se me informe qué otros procesos son llevados con mi
nombre, a fin de solicitar a los despachos respectivos, las constancias penales
2
La disposición en cita establece: “ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado
por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a quien se dirige la
petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de
los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la
petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario
competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a
la recepción de la Petición por la autoridad competente”.
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Demandante: Juan David Rodríguez Mesa
que den cuenta que pese a estar vinculado mi nombre al proceso, no
corresponden mi cupo numérico.
Lo anterior lo requiero de manera URGENTE, ya que estas anotaciones están
afectando mi vida comercial, crediticia, personal y mi buen nombre consagrado
en el art. 15 de la Constitución Política establece que: (…)”.
En la misma fecha el accionante solicitó al Consejo Superior de la Judicatura, a
través de correo electrónico enviado a la dirección:
info@cendoj.ramajudicial.gov.co, lo siguiente:
“Requiero que se emita constancia en donde cada despacho tenga registro en
contra de JUAN DAVID RODRÍGUEZ MESA, en la jurisdicción penal y civil,
aclarando que no tiene que ver con el peticionario que aparece ante la
Registraduría Nacional del Estado Civil, el cupo numérico # 80.018.XXX; o si
tienen relación en la vía civil, se especifique la calidad y la decisión.
O si mi nombre y apellidos aparecen vinculados a procesos penales, se detalle
que a la fecha mi cupo numérico no está relacionado con procesos abiertos en
calidad de demandado, denunciado, indiciado, imputado o sentenciado”.
Al respecto, la oficina de Soporte de Consulta de Procesos de la Rama Judicial
rindió respuesta el mismo 9 de diciembre de 2025, en la que le informó al
demandante lo siguiente:
“Atentamente le comunico que el Centro de Documentación Judicial – CENDOJ,
del Consejo Superior de la Judicatura, funge como administrador funcional del
portal Web www.ramajudicial.gov.co de la Rama Judicial y tiene la
responsabilidad de garantizar el espacio para la publicación de la información
administrativa y judicial producida por las diferente dependencias de la Rama
Judicial y tiene la responsabilidad de garantizar el espacio para la publicación de
la información administrativa y judicial producida por las diferentes dependencias
de la Rama Judicial, de conformidad con el Acuerdo PSAA11-9109 de 2011.
Así mismo, es importante informarle que entre los sistemas de información
dispuestos por la Rama Judicial para consultar las actuaciones procesales de los
procesos judiciales registradas directamente por los despachos judiciales se
encuentra la Consulta de Procesos Nacional Unificada (CPNU), que integra
información de las versiones cliente servidor y web del sistema de información
judicial Justicia XXI, que es administrada por la Unidad de Transformación Digital
e Información de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de
conformidad con los Acuerdos 1591 del 2002, PSAA14-10215 y PCSJA23-
12130.
La información publicada en la herramienta de Consulta de Procesos Nacional
Unificada de la página web www.ramajudicial.gov.co es un reflejo de lo incluido
directamente por los despachos y corporaciones judiciales.
(…)
Por lo anterior se puede enviar su Derecho de Petición por competencia a los
Despachos que tienen los procesos, con el fin de que se brinde la respuesta
correspondiente, teniendo en cuenta que el despacho judicial que conoce del
asunto es quien tiene la potestad de verificar, modificar u ocultar la información
en el sistema de Consulta de Procesos Nacional Unificada.
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Para constancias y/o certificaciones de procesos judiciales debe dirigirse a los
despachos judiciales respectivos a través de los canales de atención al usuario
dispuestos por el Consejo Superior de la Judicatura Atención al usuario”.
En virtud de lo expuesto, se encuentra acreditado que el accionante presentó el 9
de diciembre de 2025, solicitudes ante la Fiscalía General de la Nación y el Consejo
Superior de la Judicatura, con el fin de obtener información sobre los procesos
penales y civiles que, según su consulta preliminar, habrían sido promovidos en su
contra, por lo que el estudio del caso se abordará de cara a la posible vulneración
al derecho fundamental de petición frente a esas autoridades.
Al respecto, se evidenció que el Consejo Superior de la Judicatura le brindó
respuesta en esa misma oportunidad, en la que indicó que el Centro de
Documentación funge como administrador del portal web de la Rama Judicial, en el
cual reposa la información reportada por las autoridades judiciales. Asimismo, le
informó que dichas autoridades, en su calidad de despachos conocedores de los
respectivos procesos, tienen la potestad de verificar, modificar u ocultar la
información registrada en el sistema de Consulta de Procesos Nacional Unificada,
sin que ello constituya una vulneración al derecho fundamental de petición, pues la
respuesta aclara la competencia asignada al Centro de Documentación y precisa
que su función se limita a administrar la información suministrada por los despachos
judiciales, sin facultad para realizar cambios directos por no ser el conductor del
proceso judicial en donde reposa la información.
En esos términos se tiene que, el Consejo Superior de la Judicatura no vulneró el
derecho fundamental de petición, pues, como se expuso anteriormente, emitió una
respuesta clara, congruente y ajustada a lo solicitado, la cual fue puesta en
conocimiento del interesado en tanto, desde el escrito de demanda, la parte actora
manifiesta conocer su contenido.
Ahora bien, en relación con lo pedido ante la Fiscalía General de la Nación se tiene
que por oficio de 29 de enero de 2026 -en el curso de la presente acción-, la
autoridad le dio respuesta que fue enviada a la dirección electrónica informada por
el actor en la que certificó lo siguiente:
“conforme a lo establecido en el artículo 3 parágrafo primero de la Resolución
No. 01194 del 11 de noviembre de 2020, consultados los sistemas misionales
SIJUF NACIONAL y SPOA, que se llevan en la Fiscalía General de la Nación y
con los parámetros de búsqueda suministrados por usted, NO se encontraron
registros o investigaciones a consulta realizada al número de cédula 80.018.XXX
del señor JUAN DAVID RODRÍGEZ MESA; pero no se descarta homonimia.
Estos son los registros que salen con el nombre:”.
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Demandante: Juan David Rodríguez Mesa
Así las cosas, la Fiscalía General de la Nación señaló que, al realizar la búsqueda
en sus sistemas con el número de identificación del actor, no registra procesos
activos. No obstante, indicó que, por coincidencia en el nombre, aparecen varias
investigaciones inactivas asociadas a otra persona denominada Juan David
Rodríguez Mesa, por lo cual precisó que no se descarta la existencia de una posible
homonimia.
Lo expuesto permite establecer que la pretensión invocada, relacionada con la
expedición de una certificación de procesos penales por parte de la Fiscalía General
de la Nación, fue satisfecha en el curso de esta tutela. En consecuencia, cualquier
orden relativa a lo solicitado en la demanda no surtiría efecto alguno, pues lo
pretendido fue resuelto antes de emitirse la presente decisión. En esa medida, se
configura la carencia actual de objeto por hecho superado.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que con el escrito de subsanación al escrito
de tutela, el actor informó que su nombre y apellido se encuentran vinculados en los
siguientes procesos civiles:
Número de Radicación Despacho Sujetos Procesales
Demandante: COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F.
Juzgado 008 Civil Municipal De KENNEDY
05001400300820150149700-
Medellín (Antioquia) Demandado: JUAN DAVID
MESA RODRIGUEZ
Demandante: COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F.
Juzgado 021 Civil Municipal De KENNEDY
05001400302120150126900-
Medellín (Antioquia) Demandado: JUAN DAVID
MESA RODRIGUEZ
Demandante: COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F.
Juzgado 024 Civil Municipal De KENNEDY JFK
05001400302420160007600-
Medellín (Antioquia) Demandado: JUAN DAVID
MESA RODRIGUEZ
Demandante:
05001600000020210045500-
LA SEGURIDAD PUBLICA
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00328-00
Demandante: Juan David Rodríguez Mesa
Demandado:
SEBASTIAN PEREZ MONSALVE
Juzgado 003 Penal De Circuito
Demandado: JUAN DAVID
Especializado De Medellín
RODRIGUEZ MESA
(Antioquia)
Fiscalía: ANDRÉS MAURICIO CABRERA ORREGO
Número Interno: NUMERO INTERNO 241731
Despacho 000 - Tribunal Superior - Demandado: JUAN DAVID
05001600000020210045501-
Penal - Medellín * (Antioquia) RODRIGUEZ MESA
Demandante:
LA SALUD PUBLICA
Demandado: JUAN DAVID
Juzgado 003 Penal Municipal Con RODRIGUEZ MESA
05001600020620200492700- Función De Control De Garantías De
Fiscalía: HERNAN RUIZ CEBALLOS
Medellín (Antioquia)
Defensoría del Pueblo: EDUARDO DE JESUS
ERASO OVIEDO
Numero Interno: NUMERO INTERNO 230746
Juzgado 005 Penal De Circuito
05001609902920160002400- Especializado De Medellín --- [ PROCESO PRIVADO] ---
(Antioquia)
En esa medida, el accionante manifestó que requiere la certificación de no
vinculación y la corrección correspondiente de su nombre en el sistema de
búsqueda. Adicionalmente, solicitó que cada despacho judicial expida un certificado
en el que conste que no se encuentra vinculado a las distintas investigaciones
penales y/o procesos civiles.
Al respecto, es preciso señalar que, con el memorial mencionado, el accionante no
acreditó haber presentado las correspondientes solicitudes ante los despachos
judiciales para requerir la corrección de su nombre en el sistema de búsqueda, ni la
expedición de certificados que acrediten que no hace parte de los procesos
judiciales referidos. En consecuencia, no resulta posible efectuar un estudio relativo
a una eventual vulneración del derecho fundamental de petición frente a dichas
autoridades judiciales.
Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que a partir de los informes rendidos en este
trámite constitucional y de las documentales aportadas por las partes, el accionante
no figura como parte procesal en los siguientes procesos. En ellos, según se
observó, quien aparece relacionado es el señor Juan David Rodríguez Mesa,
identificado con la cédula de ciudadanía n.° 1.020.427.XXX, número distinto al del
accionante, como pasa a exponerse:
• Juzgado Octavo Civil Municipal de Medellín: Indicó y certificó que en el proceso
ejecutivo identificado con el radicado n.° 05001-40-03-008-2015-01497-00,
promovido por la Cooperativa Financiera John F. Kennedy, no participó el actor,
toda vez que el demandado era el señor Juan David Rodríguez Mesa, quien tiene
un número de identificación distinto.
• Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Medellín: Señaló que ante ese despacho
se tramitó el proceso con radicado n.° 05001-40-03-021-2015-01269-00,
promovido por la Cooperativa Financiera John F. Kennedy contra Juan David
Rodríguez Mesa y Salvador Omar Castro Pasos, del cual se retiró la demanda
el 19 de noviembre de 2015, sin que dicho proceso hubiese sido promovido
contra el accionante.
• Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Medellín: Indicó que tramitó el proceso
con radicado n.° 05001-40-03-024-2016-00076-00, el cual culminó con el pago
total de la obligación. En este proceso figuraba como parte demandada el señor
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Demandante: Juan David Rodríguez Mesa
Juan David Mesa Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía n.°
1.020.427.XXX.
• Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Garantías de Medellín:
Manifestó que, al realizar la búsqueda en el sistema de gestión, se encontró el
CUI 0500160002062020-04927, en el cual figura como indiciado el señor Juan
David Rodríguez Mesa, identificado con la cédula de ciudadanía n.°
1.000.567.XXX, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
• Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado con Función de
Conocimiento de Medellín: Señaló que el actor, por intermedio de apoderada
judicial, presentó el 23 de julio de 2024 una solicitud de copia de la sentencia
proferida en el proceso 05001-60-00-000-2021-00455, la cual fue remitida al día
siguiente. De dicha sentencia se destaca que el proceso fue adelantado en
contra del señor Juan David Rodríguez Mesa, identificado con la cédula de
ciudadanía n.° 1.000.567.XXX, de Bello, Antioquia.
Asimismo, la Fiscalía Setenta y Una Especializada DECOC Medellín informó que
el accionante, identificado con la cédula de ciudadanía n.° 80.018.XXX, no se
encuentra vinculado a ningún proceso asignado a esa fiscalía, ni participó en el
proceso identificado con el número 05001-60-00-000-2021-00455.
En ese orden de ideas, la Sala concluye que el Consejo Superior de la Judicatura
no vulneró el derecho fundamental de petición, pues otorgó una respuesta clara y
acorde con lo solicitado. En efecto, precisó que, en el marco de sus competencias
y a través del Centro de Gestión de Correspondencia, se limita a administrar la
información que reposa en la página web de la Rama Judicial, sin ser la entidad
responsable de reportarla, modificarla o verificarla, toda vez que dichas funciones
recaen exclusivamente en las autoridades judiciales que conocen de los respectivos
procesos.
Frente a la Fiscalía General de la Nación se configuró la carencia actual de objeto
por hecho superado, al constatarse que durante el curso de la acción de tutela, la
entidad expidió la certificación solicitada. En ella indicó que el número de
identificación del actor no arroja resultados en la búsqueda de investigaciones
penales, aunque advirtió que, por nombre, se presentan varias coincidencias, lo cual
podría obedecer a un caso de homonimia.
Respecto de las demás solicitudes del escrito de subsanación se evidenció que el
accionante no presentó peticiones ante los distintos despachos judiciales; sin
embargo, con la respuesta a la acción de tutela se certificó que bajo su número de
identificación no reposan procesos judiciales, situación que conlleva concluir que no
existe vulneración de derechos fundamentales, pues aun cuando enfrenta un caso
de homonimia, dado que existe otra persona con sus mismos nombres y apellidos,
se descartó por su número de cédula que estuviere vinculado en actuaciones
judiciales. Así las cosas, corresponde precisar al actor que en caso de requerir
constancias adicionales que den cuenta de su situación, puede si a bien lo tiene,
pedirlas directamente en los despachos judiciales.
Por lo expuesto, esto es, que no se observa la vulneración de derechos alegada, la
Sala negará las pretensiones de la acción de tutela incoada por el señor Juan David
Rodríguez Mesa, quien actúa por intermedio de apoderada judicial, y declarará la
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00328-00
Demandante: Juan David Rodríguez Mesa
carencia actual de objeto por hecho superado respecto de lo pretendido frente a la
Fiscalía General de la Nación.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
FALLA
Primero.- Negar la solicitud de desvinculación del Consejo Superior de la
Judicatura, el Juzgado Octavo Civil Municipal de Medellín y el Juzgado Veintiuno
Civil Municipal de Medellín.
Segundo.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor
Juan David Rodríguez Mesa, quien actúa por intermedio de apoderada judicial, por
las razones aquí expuestas.
Tercero.- Declarar la carencia actual de objeto por configurarse un hecho
superado respecto de lo pretendido frente a la Fiscalía General de la Nación.
Cuarto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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