Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00333-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00333-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00333-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
12 de febrero de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00333-00
Demandantes: Jhorman Rafael Saavedra Echavarría y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión N. 03
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., doce [12] de febrero de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00333-00
Demandantes: JHORMAN RAFAEL SAAVEDRA ECHAVARRÍA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, SALA DE
DECISIÓN N. 03
Temas: Tutela contra providencia judicial – reparación directa por
privación injusta de la libertad – declara la improcedencia por
falta de relevancia constitucional y de agotamiento de todos los
medios de defensa judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la presente acción de tutela de conformidad con los Decretos 2591
de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena de esta Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
El 20 de enero de 2026, el señor Jhorman Rafael Saavedra Echavarría y otros1, por
intermedio de apoderado, presentaron acción de tutela con el fin de que se les
amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la presunción de
inocencia, al «Juez Natural, Cosa Juzgada, seguridad jurídica y confianza legitima».
Las mencionadas garantías las estimaron vulneradas por el Tribunal Administrativo
de Bolívar, Sala de Decisión N. 03 al proferir la providencia de 26 de junio de
«2024», que revocó la decisión de 6 de agosto de 2021 del Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, que había accedido parcialmente
a las pretensiones de la demanda de reparación directa identificada con el radicado
13001-33-33-005-2018-00171-00/01, para en su lugar negarlas.
1.2. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
1
Carol Liseth Enamorado García, en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad
ASE; Fernando José Espinosa Castillo; Nancy Paola Mejía Montes; José Ángel Saavedra
Enamorado; Wendy Johana Saavedra Echavarría; Rafael Augusto Saavedra Echavarría; Yarith
Rafael Saavedra Echavarría; Rafael Augusto Saavedra Rojas; Martha Arelis Echavarria Velásquez;
Seydis Mendoza Suarez; Cristian José Espinosa Mendoza; Mayda Alexandra Espinosa Castillo;
Jacquelin Marcela Espinosa Castillo; Anyi Paola Espinosa Castillo; Diana Luz Castillo Acosta, y Luis
Omar Espinosa García.
1
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Demandantes: Jhorman Rafael Saavedra Echavarría y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión N. 03
● El señor Jhorman Rafael Saavedra Echavarría y otros2 presentaron demanda de
reparación directa contra la Nación, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
[en adelante Rama Judicial] y la Fiscalía General de la Nación, por la presunta
privación injusta de la libertad que padecieron los señores Jhorman Saavedra
Echavarría y Fernando José Espinosa Castillo, con ocasión de un proceso penal
adelantado por delito de hurto calificado agravado.
● El 6 de agosto de 2021, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Cartagena accedió parcialmente a las pretensiones del medio de control al
considerar que «no se realizó una labor adecuada de individualización e
identificación de autores del hecho punible, y una investigación al respecto más
profunda y no solo basada en el dicho de las víctimas, al menos depurando sus
contradicciones».
● Esta decisión fue objeto de apelación por la parte desfavorecida.
● El 26 de junio de «2024», el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión
N. 03, luego de hacer alusión de la sentencia SU-072 de 2018, y de advertir que
implementaría el régimen subjetivo, revocó el fallo del a quo al exponer que la
medida preventiva fue razonable, proporcional y en cumplimiento de los
presupuestos legales para el efecto.
● Para llegar a esa conclusión el tribunal señaló que se acreditaron los
presupuestos del artículo 308 de la Ley 906 de 2004, al existir elementos materiales
probatorios que permitían inferir razonablemente que los imputados «pudieron ser
autores o partícipes de la conducta delictiva investigada, siendo la medida necesaria
para evitar que los imputados obstruyan el debido ejercicio de la justicia y porque
los imputados constituían peligro para la seguridad de la sociedad o de las
víctimas3».
● Precisó que «las declaraciones de las víctimas y el reconocimiento fotográfico
eran suficientes para deducir que aquellos pudieron ser autores o partícipes de la
conducta delictiva investigada, no pudiéndosele pedir al Juez de Control de
Garantías tomar una decisión diferente a la de la medida provisional, siéndole ajeno
el debate probatorio y las dudas originadas ante el Juez de Conocimiento».
● Destacó que la «inocencia que se mantuvo incólume en la decisión de absolución
por duda razonable del Juez de Conocimiento de Magangué no constituye un
emplazamiento indemnizatorio automático, ya que, según ha sido señalado por el
Consejo de Estado, el juez contencioso debe verificar si la decisión que privó de la
libertad se apartó o no de los criterios que gobiernan la imposición de medidas
preventivas, análisis que resulta ajeno a la responsabilidad penal».
● Resaltó que «no surg[ió] la falla del servicio, por cuanto no se observan en el
plenario los elementos que permitan deducir que la parte demandada no realizó
adecuadamente su labor investigativa y judicial al imponer la medida de
2
Ídem referencia 1.
3
«Además, el delito por el que fueron investigados los actores, esto es, hurto calificado agravado
previsto en los artículos 23928, numeral 3 del artículo 24029 y numeral 10 del artículo 24130 del
Código Penal, era investigable de oficio y la pena mínima prevista superaba los cuatro (4) años
exigidos por el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal para la procedencia de la detención
preventiva».
2
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aseguramiento privativa de la libertad, con fundamento en elementos materiales
probatorios y evidencia física, o que no ponderó adecuadamente los elementos que
constituían soporte de la imposición de la medida privativa, de tal manera que los
mismos no podían ser descartados porque se mostraban en ese momento como
razonables».
● La providencia de segunda instancia fue notificada el 19 de diciembre de 2025 y
la acción de tutela de la referencia fue radicada el 20 de enero de 2026.
1.3. Pretensiones
Lo requerido en la demanda de tutela es lo siguiente:
1. El amparo a los derechos fundamentales al Debido proceso, Presunción de
inocencia, Juez Natural, Cosa Juzgada, seguridad jurídica y confianza legitima de
Jhorman Rafael Saavedra Echavarría, Fernando José Espinosa Castillo, Nancy Paola
Mejía Montes, José Ángel Saavedra Enamorado, Wendy Johana Saavedra
Echavarría, Rafael Augusto Saavedra Echavarría, Yarith Rafael Saavedra
Echavarría, Rafael Augusto Saavedra Rojas, Marta Arelis Echavarria Velásquez,
Seydis Mendoza Suarez, Cristian José Espinosa Mendoza, Mayda Alexandra
Espinosa Castillo, Jacquelin Marcela Espinosa Castillo, Anyi Paola Espinosa Castillo,
Diana Luz Castillo Acosta y Luis Omar Espinosa García, establecidos en el artículo
29 de la Constitución Política vulnerados por El Tribunal Administrativo De Bolívar -
Sala De Decisión No 03 con la sentencia de N° 56 de 2024, de fecha 26 de junio de
2024, notificada mediante estado el día 19 de diciembre de 2025, proferida en
segunda instancia al interior del medio de control de reparación directa, radicado bajo
el número 13001-33-33-005-2018-00171-01 mediante la cual se revocó el fallo
dictado en primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda, para en
su lugar negarlas.
2. Como consecuencia de lo anterior, solicito dejar sin efectos la sentencia de la
sentencia N° 56 de 2024, de fecha 26 de junio de 2024, notificada mediante estado
el día 19 de diciembre de 2025, proferida en segunda instancia al interior del medio
de control de reparación directa, radicado bajo el número 13001-33-33-005-2018-
00171-01.
3. Ordenar al El Tribunal Administrativo De Bolívar - Sala De Decisión No 03 dictar
sentencia de reemplazo con base en los parámetros a bien tenga a señalar el Juez
de Tutela.
1.4. Fundamentos de la solicitud
Los tutelantes consideraron que la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos: desconocimiento del precedente, fáctico y decisión sin motivación.
En primer lugar, precisaron que el tribunal no tuvo en cuenta que el juez de control
de garantías no estudió, en debida forma, los requisitos para imponer medida de
aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, ya que no era
posible para los testigos identificar a las personas que presuntamente cometieron
el punible, dada la escasa iluminación en donde se produjeron los hechos.
Advirtieron que no se ponderó que, al momento de imponer la medida restrictiva, el
juez del trámite penal no justificó: (i) la necesidad de la medida de aseguramiento,
(ii) la posibilidad de obstrucción de la justicia, (iii) la peligrosidad de los imputados
para la seguridad de la sociedad, (iv) la posibilidad de que de la víctima no
compareciera, (vi) o la proporcionalidad de la medida, máxime cuando la fiscalía no
contaba con pruebas, diferentes a los testimonios de las víctimas, para demostrar
3
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con claridad la participación e identificación de los procesados en el hecho que se
investigaba.
Resaltaron que los presupuestos de la sentencia SU-072 de 2018 fueron
desatendidos porque era evidente que, al momento de imponer la detención
preventiva, no existía claridad sobre la identificación plena de los autores y no había
elementos probatorios que permitieran inferir la participación en el hecho punible,
en términos del artículo 308 de la Ley 906 de 2004, por lo que no procedía la
limitación de la locomoción de los señores Jhorman Rafael Saavedra Echavarría y
Fernando José Espinosa Castillo.
En resumen, señalaron que se trasgredieron sus garantías constitucionales, porque:
1. Desconocimiento del precedente4 y defecto sustantivo: la regla de la SU-072/18
exige un examen que supere el mero juicio de causalidad y que confronte la detención
preventiva con los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad,
incorporando la valoración real de los fines del artículo 308 de la Ley 906/04. Sin
embargo, la motivación reseñada por el Tribunal se estructura como aceptación del
razonamiento del juez de control de garantías y como validación de la medida por la
gravedad del delito, sin construir el “examen propio y crítico” que la jurisprudencia
impone, omitiendo además confrontar la falta de claridad en la identificación y la
ausencia de elementos que soporten los fines habilitantes de la medida. En estas
condiciones, la providencia se aparta del precedente sin satisfacer la carga de
identificación y justificación exigida para ello.
2. Defecto fáctico por omisión de valoración de material decisivo: Dentro del penal
afloraron controversias relevantes sobre identificación y sobre la inexistencia de
elementos objetivos para inferir los fines del artículo 308, esos datos eran
determinantes para juzgar si la detención desbordó los límites constitucionales. La
omisión de un análisis probatorio propio —y la decisión de ignorar tales aspectos—
encaja en la dimensión negativa del defecto fáctico (no valoración de pruebas
relevantes u omisión de valoración determinante), en cuanto priva de soporte
probatorio suficiente la conclusión exoneratoria. Aunado a lo anterior, El Tribunal
arriba a una conclusión que a todas luces es arbitraria por sustentarla sobre la bese
argumentos conjeturales, especulativos y prejuiciosos por carecer de evidencia
concreta que sostenga, con estándar verificable, la configuración real de los riesgos
alegados. En consecuencia, la valoración probatoria se torna irrazonable, y la
providencia queda privada de soporte fáctico suficiente en el punto determinante del
litigio.
3. Insuficiencia de motivación5 en el punto decisivo y afectación del debido proceso:
4
También se hizo alusión de las siguientes providencias: «SU-122/22 y SU-072 de 2018 de la Corte
Constitucional, en las Sentencia de unificación 15 de agosto de 2018 (Exp. 46.947), Sentencia de
unificación 17 de octubre de 2013 (Exp. 23.354) del Consejo de Estado, Sentencia de fecha 6 de
mayo de 2024 emitida dentro del radicado 11001-03-15-000-2023-05020-01 por la Sección tercera,
Subsección A del Consejo de Estado», así como de la C-581 de 2001.
Referente a la sentencia SU-122/22, destacó «que la detención preventiva intramural es una medida
excepcional, de carácter cautelar y no punitivo, sujeta siempre a estrictos requisitos de necesidad»;
frente a la Sentencia C-581 de 2001, «precisó que cualquier restricción a la libertad debe estar
justificada en fines necesarios para la protección de bienes constitucionales y ser notoriamente útil
e indispensable», respeto de la sentencia proferida al interior del expediente 2023-05020-01, sostuvo
que «el juez no puede citar una sentencia penal absolutoria y, simultáneamente, omitir un análisis
detallado y puntual de su contenido, porque esa desconexión de las particularidades del caso resulta
constitucionalmente inadmisible y se relaciona con el desconocimiento del precedente».
5
Al respecto destacó que: «a) No examinó de manera crítica y valorativa el actuar de la Fiscalía
General de la Nación y del juez de control de garantías al momento de imponer la medida de
aseguramiento de detención preventiva.
b) Omitió pronunciarse con rigor sobre que, al momento de la imposición de la medida, no existía
claridad sobre la identificación plena de los autores y no había elementos probatorios que permitieran
inferir razonablemente que los procesados fueran un peligro para la sociedad o la víctima, que no
4
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el eje del debate no era la mera existencia formal de la medida, sino su procedencia
material a la luz de los fines constitucionales, y la correlativa evaluación de
antijuridicidad del daño. El propio documento concluye que la sentencia de segunda
instancia “no confronta la medida de detención con sus presupuestos normativos, no
valora críticamente la actuación de Fiscalía y juez, y no ofrece motivación suficiente
sobre el punto decisivo”, lo que frustra el derecho a una decisión de fondo
debidamente motivada y torna ilusorio el control contra la arbitrariedad.
1.5. Trámite procesal de la acción
El 26 de enero de 2026 el ponente de la decisión de primera instancia admitió la
acción y ordenó la notificación de los tutelantes y de la autoridad judicial accionada.
Además, requirió al abogado Carlos Felipe Rodríguez Vargas para que aportara el
poder que lo facultaba para representar a la totalidad de las personas que se
relacionan como demandantes, quien aclaró que las personas que restaban por
aportar poder eran menores de edad y se encontraban representadas por sus
padres al interior del trámite constitucional.
Por su parte vinculó como terceros con interés en las resultas del proceso al
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, a la Nación,
Fiscalía General de la Nación y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
[Rama Judicial], así como las demás partes, personas y/o entidades que hayan
participado en el proceso ordinario con radicado 13001-33-33-005-2018-00171-
00/01, para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en el presente trámite
tutelar.
El despacho sustanciador presentó proyecto de fallo, no obstante, el 10 de febrero
de 2026, el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez manifestó estar impedido para
conocer del asunto de la referencia con fundamento en la causal 1.º del artículo 56
del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, el 12 de febrero de 2026 la sala
lo declaró infundado.
1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
contestaciones:
La Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación solicitaron declarar su falta
de legitimación en la causa por pasiva. Agregaron que es evidente que la presente
acción constitucional se interpuso para revivir un debate que ya se agotó y para
obtener una opinión diversa a la que emitió la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
comparecerían al proceso, que no cumplirían una eventual sentencia, o que la medida fuese
necesaria para evitar la obstrucción de la justicia.
c) Se limitó a acoger la postura adoptada en sede penal, sin desarrollar un razonamiento propio
sobre la controversia sometida a su decisión.
d) Fundamentó su decisión en conjeturas, meras suposiciones y prejuicios sociales que, además de
carecer de sustento probatorio, vulneraron los principios de la presunción de inocencia, buen
nombre, legalidad, entre otros».
5
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Esta sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Jhorman Rafael Saavedra Echavarría y otros, de
conformidad con lo establecido en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y en
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa – solicitud de desvinculación
Se recuerda que la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación pidieron su
desvinculación, sin embargo, esta colegiatura no accederá a estos requerimientos,
comoquiera que sus vinculaciones obedecieron al interés que puede tener en las
resultas del proceso, en atención a que integraron la parte pasiva del proceso
ordinario.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por los accionantes, por parte
del Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión N. 03, como autoridad
judicial accionada, con ocasión de la sentencia proferida en segunda instancia el 26
de junio de «2024».
Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) el análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad,
y (iii) el caso en concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 6
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema7.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales8.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
6
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
7
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
8
Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
6
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Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 9, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en
cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este requisito, así:
[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].
Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en
la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 201410, que en concreto se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo está
instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal.
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia11.
9
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de
septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
11
Énfasis de la sala.
7
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Sobre el particular, se considera que este asunto no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.
En primera medida se recuerda que en el escrito de tutela se indicó que la
providencia controvertida valoró indebidamente el material probatorio aportado al
expediente, particularmente advirtió que el tribunal no tuvo en cuenta que el
funcionario del trámite penal no contaba con las pruebas que justificaran la medida
restrictiva.
Sobre el punto, se itera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le
está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los
jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente
en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la parte actora dentro
del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los argumentos de los
accionantes, sin el debido contraste de un indebido e irracional estudio por parte de
la autoridad judicial, se atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en
últimas, se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera instancia.
En este orden de ideas, para esta sala el argumento que se refiere a la indebida
valoración probatoria, que a su vez se cimentó en el defecto por desconocimiento
del precedente, no cuenta con la carga argumentativa para ser estudiado, en el
marco de la trasgresión de derechos fundamentales, porque además de ser una
reiteración de lo ya resuelto en sede ordinaria, no desvirtúa, prima facie, el análisis
realizado por el tribunal en el marco de una decisión desproporcionada o
irrazonable.
Al respecto se destaca que el tribunal sustentó la negativa de las pretensiones al
exponer que la medida preventiva fue razonable, proporcional y en cumplimiento de
los presupuestos legales para el efecto, comoquiera que, para el momento de la
restricción de la libertad, existían serios indicios frente al peligro que representaban
los sindicados para la comunidad y para la víctima, ya que se contaba con las
declaraciones de las víctimas y un reconocimiento fotográfico, lo que estimó
suficientes para deducir que aquellos podían ser autores o partícipes de la conducta
delictiva investigada, sin que se pudiera pedir al Juez de Control de Garantías tomar
una decisión diferente a la de la medida provisional, siéndole ajeno el debate
probatorio y las dudas originadas ante el juez de conocimiento.
Además, el tribunal destacó que la «inocencia[,] que se mantuvo incólume en la
decisión de absolución por duda razonable del Juez de Conocimiento de
Magangué[,] no constituye un emplazamiento indemnizatorio automático, ya que,
según ha sido señalado por el Consejo de Estado, el juez contencioso debe verificar
si la decisión que privó de la libertad se apartó o no de los criterios que gobiernan
la imposición de medidas preventivas, análisis que resulta ajeno a la
responsabilidad penal».
En este orden de ideas, se advierte que los tutelantes pretenden reabrir el debate
legal y buscan que el juez de tutela imponga una interpretación distinta a la que
asumió el juez natural de la causa, el cual estableció, bajo los criterios de la
sentencia SU-072 de 2018, que la limitación de la libertad fue razonable y con
sustento legal.
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Demandantes: Jhorman Rafael Saavedra Echavarría y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión N. 03
Al respecto, esta sala advierte que el juez natural de la causa se enfrenta a múltiples
posibilidades hermenéuticas en su labor de interpretación y aplicación de normas a
un caso en específico12, y no le corresponde al juez constitucional señalar cuál de
tales posibilidades es la «correcta», pues se vulneraría la independencia y
autonomía con la que cuenta el funcionario que conoce el trámite ordinario, donde
cabe destacar que, de hacerlo, esta sección se convertiría en una tercera instancia.
En consecuencia, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 para encontrar superado este
presupuesto, en atención a que no se justificó la presencia de una posible
trasgresión de las garantías constitucionales de los tutelantes, sino que, por el
contrario, se advierten argumentos con el fin de intentar acreditar el daño antijurídico
expuesto en la demanda por la presunta privación injusta de la libertad, así como
su prolongación, para a su vez, disentir del análisis probatorio y legal efectuado por
la autoridad judicial de segundo grado demandada.
De manera que, al aplicar las consideraciones expuestas ut supra a la controversia
planteada por los accionantes, la sala advierte que esta no se encuentra ligada a la
satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional, máxime cuando sus
argumentos fueron resueltos por el juez natural de la causa, lo que implica que la
tutela se torna improcedente.
En este sentido, para esta sección, resulta claro que este asunto se circunscribe a
una inconformidad de la parte tutelante, de modo que la situación descrita es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»13 y por ello, al funcionario constitucional
no le corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.
2.5.2. Además, la sala considera que tampoco se cumple el requisito de
agotamiento de todos los medios de defensa judicial, toda vez que la parte
actora cuenta con el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 de
la Ley 1437 de 2011, particularmente por la causal del numeral 5. ° del artículo 250
ibidem, esto es, «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación», como se pasará a explicar.
En efecto, se recuerda que uno de los fundamentos de la acción de tutela se
enmarca en que el tribunal incurrió en una falta de motivación al momento de decidir
la controversia.
Ahora bien, al margen de la razonabilidad de esa tesis, lo cierto es que esta sección,
investida como juez constitucional, no es competente para determinar si el proveído
bajo cuestionamiento adolece de motivación, circunstancia que, como se analizará
más adelante, se enmarca en la causal 5. ° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011,
ya que tal análisis le corresponde al juez natural del recurso extraordinario de
revisión.
Frente al punto, se advierte que, de acuerdo con la postura de la Sala Veintidós
12
Ver al respecto: Corte Constitucional sentencia T-192 de 2015.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573
de 2017 y C-590 de 2005.
9
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Especial de Decisión de esta Corporación14, la falta de motivación da lugar a la
nulidad originada en la sentencia, que es una de las causales que hacen procedente
el recurso extraordinario de revisión, en los términos del numeral 5° del artículo 250
de la Ley 1437 de 201115.
En efecto, esta Corporación ha considerado que la nulidad en mención ocurre al
«[p]retermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin motivación;
(ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como cuando se condena al
demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda
o por causa distinta a la invocada) o (iii) proferir sentencia condenatoria contra un
tercero que no fue vinculado al proceso.»16 (Destacado por la Sala)
En este mismo sentido, la Sala Catorce Especial de Decisión del Consejo de Estado,
precisó17:
“[…] la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de
derecho que le permiten arribar a una decisión, es motivo de revisión bajo la causal
quinta. De manera que es improcedente, con fundamento en dicha causal, alegar
situaciones relacionadas con deficiencias en la motivación […]”. [Destacado por la
Sala]
Ahora bien, se tiene que, la Corte Constitucional ha explicado que la acción de tutela
procede sólo excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de
los derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible
ocurrencia de un perjuicio irremediable y las circunstancias que invoca, se
acrediten al menos sumariamente.
Conforme a lo anterior, la única excepción a la regla de improcedencia de la acción
de tutela, cuando existen otros mecanismos de defensa para obtener la protección
de los derechos invocados, o ya se agotaron, es la existencia de un perjuicio
irremediable, el cual se configura a voces de la Corte Constitucional «[…] cuando el
peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta
con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas
impostergables que lo neutralicen […]18».
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de
Decisión. Providencia de dos (2) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 11001-
03-15-000-2015-02342-00(REV). Magistrado ponente: Alberto Yepes Barreiro.
15
«Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, son causales de revisión: […]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación.
[…]».
16
Sala Veintisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado, radicación: 11001-03-15-000-2017-
02091-00 (REV), actor: Carlos Ossa Escobar, demandado: Contraloría General de la República,
magistrada ponente Rocío Araújo Oñate, en la que se cita, a su vez, la decisión de la Sala Catorce
Especial de Decisión del Consejo de Estado, Radicación: 110010315000 2008 00320 00, Actor: José
Joaquín Palma Vengoechea, Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación, C.P. Danilo
Rojas Betancourth.
17
Ver Sala Catorce Especial de Decisión del Consejo de Estado, sentencia de 5 de abril de 2016,
Radicación: 110010315000 2008 00320 00, Actor: José Joaquín Palma Vengoechea, Demandado:
Nación-Procuraduría General de la Nación, C.P. Danilo Rojas Betancourt.
18
Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas
Hernández.
10
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De manera que, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además
ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables 19. Entonces,
corresponde a la sala estudiar si, en el caso concreto, la acción de tutela procede
de forma transitoria ante la configuración de un perjuicio irremediable que afecte de
manera directa los derechos fundamentales de la parte actora.
Al respecto se tiene que dicho perjuicio no se evidencia en este asunto porque del
análisis del acervo probatorio no es posible establecer que los demandantes se
encuentren en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales, ni los accionantes lo advierten.
2.6. Conclusión
Así las cosas, se declarará improcedente el mecanismo constitucional de la
referencia por falta de relevancia constitucional y de agotamiento de todos los
medios de defensa judicial.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
3. FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación que elevaron la Fiscalía
General de la Nación y la Rama Judicial.
SEGUNDO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por el señor Jhorman Rafael Saavedra Echavarría y otros.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
19
Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte
Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo
Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A
continuación, se reseña lo pertinente: «[…] son elementales para la comprensión de la figura del
perjuicio irremediable, […] A). El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder
prontamente"[…]. || B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han
de ser urgentes, […] || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que
equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona […] || D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable,
ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay
postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna […] Se trata del
sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de
las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos
para el equilibrio social».
11
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Demandantes: Jhorman Rafael Saavedra Echavarría y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión N. 03
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
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12
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