Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00333-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00333-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00333-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00333-01
Accionante: Jhorman Rafael Saavedra Echavarría y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión núm. 03.
Tema: Tutela contra providencias judiciales. Reparación directa. Privación injusta
de la libertad. REVOCA SENTENCIA-NIEGA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por los accionantes en contra de la
sentencia del 12 de febrero de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, a través de la cual declaró improcedente la acción.
ANTECEDENTES
Los señores Carol Liseth Enamorado García, en nombre propio y en representación
de su hijo menor de edad ASE; Fernando José Espinosa Castillo; Nancy Paola Mejía
Montes; José Ángel Saavedra Enamorado; Wendy Johana Saavedra Echavarría;
Rafael Augusto Saavedra Echavarría; Yarith Rafael Saavedra Echavarría; Rafael
Augusto Saavedra Rojas; Martha Arelis Echavarria Velásquez; Seydis Mendoza
Suarez; Cristian José Espinosa Mendoza; Mayda Alexandra Espinosa Castillo;
Jacquelin Marcela Espinosa Castillo; Anyi Paola Espinosa Castillo; Diana Luz
Castillo Acosta, y Luis Omar Espinosa García pretenden que se protejan su derecho
fundamental al debido proceso y los principios de presunción de inocencia, juez
natural, cosa juzgada, seguridad jurídica y confianza legítima, los cuales considera
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión núm. 03, con
la expedición de la sentencia del 26 de junio de 2024 en el medio de control de
reparación directa, al que se le asignó el radicado 13001-33-33-005-2018-00171-
01.
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HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Los accionantes narraron que el 21 de enero de 2016, los señores Jhorman Rafael
Saavedra Echavarría y Fernando José Espinosa Castillo fueron capturados por el
delito de hurto calificado agravado, en cumplimiento de la orden expedida por el
juez Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías del municipio
de Magangué, y el 22 de ese mes y año, el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal
de Magangué les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en
establecimiento de reclusión.
Que el 12 de diciembre de 2016, se celebró la audiencia de juicio oral, durante la
cual se demostró la ausencia de participación de los sindicados en los hechos
investigados, por lo cual instauraron demanda de reparación directa en contra de la
Nación-Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, para lograr la declaratoria
de responsabilidad por privación injusta de la libertad.
Que el 6 de agosto de 2021, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Cartagena profirió sentencia, en la que accedió parcialmente a las pretensiones, al
considerar que las pruebas indiciarias que fundamentaron la imposición de la
medida de aseguramiento no permitían inferir razonablemente la participación de
los detenidos en la conducta investigada.
Que las entidades demandadas interpusieron recurso de apelación y el 26 de junio
de 2024, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca revocó la sentencia recurrida
y, en su lugar, negó las pretensiones porque determinó que se cumplieron los
requisitos legales para la restricción de la libertad.
Consideran que la autoridad judicial de segunda instancia incurrió en las siguientes
causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela en contra de
providencias judiciales:
i) defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial porque no tuvo en
cuenta los precedentes contenidos en las sentencias SU-122/22 y SU-072/18 de la
Corte Constitucional y del 15 de agosto de 2018 (rad. 46.947), del 17 de octubre de
2013 (rad. 23.354), y del 6 de mayo de 2024 (rad. 11001-03-15-000-2023-05020-
01) del Consejo de Estado, acorde con las cuales el juez debe analizar si la decisión
privativa de la libertad se enmarcó en los criterios de razonabilidad, proporcionalidad
y legalidad y se cumplieron los fines de la medida de aseguramiento previstos en la
ley.
Que en el caso al momento de imponer la detención preventiva no existía claridad
sobre la identificación plena de los autores, debido a las contradicciones de los
denunciantes y la falta de iluminación en el lugar donde ocurrieron los hechos, y no
existían elementos probatorios que permitieran evidenciar la peligrosidad, el riesgo
de no comparecencia o la necesidad de evitar la obstrucción de la justicia, en los
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términos señalados en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, que justificaran la
restricción de la libertad;
ii) defecto fáctico, pues se omitió un análisis probatorio sobre la ausencia de
elementos objetivos, idóneos y suficientes que permitieran evidenciar que se
cumplían los fines de la medida de aseguramiento, y acerca de las contradicciones
relevantes de las víctimas en la identificación de los indiciados, lo que impedía una
inferencia razonable de su autoría o participación en los hechos; y
iii) «decisión sin motivación suficiente», pues no examinó de manera crítica la
actuación de la Fiscalía General de la Nación y del juez de control de garantías, al
momento de imponer la medida de aseguramiento; omitió pronunciarse sobre la
falta de claridad de la identificación plena de los autores y la falta de cumplimiento
de los fines de la detención; se limitó a acoger la postura adoptada en sede penal;
y fundamentó su decisión en conjeturas que carecían de sustento probatorio y
vulneraron los principios de presunción de inocencia, buen nombre, legalidad, entre
otros.
PRETENSIONES
Solicitó que se deje sin efectos la sentencia del 26 de junio de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión núm. 03, y ordenar a esa
autoridad judicial que profiera una decisión de reemplazo.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 26 de enero de 2026, se admitió la acción; se vinculó al Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Cartagena, a la Nación-Fiscalía General de la Nación
y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las demás personas y/o
entidades que hubieran participado en el proceso de reparación directa, como
terceros con interés; y se corrió el respectivo traslado.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión núm. 03, guardó
silencio.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
La Fiscalía General de la Nación y la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial adujeron que carecen de legitimación en la causa por pasiva, debido a que
la actuación cuestionada no está relacionada con sus funciones, y señalaron que
los accionantes no sustentaron debidamente sus desacuerdos y, en cambio,
pretenden utilizar la tutela como una instancia adicional, a pesar de la ausencia de
vulneración de derechos fundamentales, por lo cual solicitaron declarar
improcedente la acción o negar el amparo.
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SENTENCIA IMPUGNADA
El 12 de febrero de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó las
solicitudes de desvinculación de la Fiscalía General de la Nación y la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, pues su vinculación se efectuó ante el interés
que tenían en las resultas de la acción, por haber integrado la parte pasiva del
proceso ordinario, y declaró improcedente la acción porque consideró que no se
cumplieron los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.
En relación con la determinación de fondo, advirtió que el argumento sobre la
indebida valoración probatoria, que fundamentó tanto el defecto fáctico como el
desconocimiento del precedente judicial, no contó con la carga argumentativa
necesaria para su estudio, pues, además de tratarse de una reiteración de lo
expuesto en sede ordinaria, no se desvirtuó prima facie el análisis realizado por el
Tribunal accionado, lo que demostraba la intención de los solicitantes del amparo
de reabrir el debate legal, a pesar de que la discusión no estaba ligada a la
satisfacción de garantías constitucionales.
También señaló que la falta de motivación podía ser alegada a través del recurso
extraordinario de revisión, con base en la causal 5 del artículo 250 de la Ley 1437
de 2011, máxime cuando no era posible establecer que los actores estuvieran en
una situación de debilidad manifiesta que exigiera la adopción de medidas
impostergables para la protección de sus derechos.
IMPUGNACIÓN
La accionante impugnó la sentencia, al considerar que el asunto goza de relevancia
constitucional, pues se vulneraron su derecho fundamental al debido proceso y los
principios de presunción de inocencia, juez natural, cosa juzgada, seguridad jurídica
y confianza legítima, debido a que el Tribunal no realizó un estudio autónomo y
riguroso de la prueba para determinar la legalidad, necesidad, razonabilidad y
proporcionalidad de la medida de aseguramiento impuesta, con lo que desconoció
el precedente judicial, y se basó en conjeturas, lo que constituye un defecto fáctico
y una ausencia de motivación suficiente.
Manifestó su desacuerdo con la conclusión frente al requisito de subsidiariedad,
pues su inconformidad no radica en la ausencia de motivación, sino en una falta de
justificación suficiente en relación con el precedente desconocido, el cual constituye
un defecto que puede ser conocido a través de la acción de tutela.
En consecuencia, solicitó revocar la sentencia recurrida y acceder a las
pretensiones.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de
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tutela contra decisiones judiciales; y iii) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones. [...].
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius
fundamental irremediable. [...]
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción
de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. [...]
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse
que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. [...] »
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene
que haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:
1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
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M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. [...]
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima
de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. [...]
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.
[...] “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene
‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”5. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, [...] Si el juez
constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una
3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4
Sentencia SU-074 de 2022.
5
Sentencia SU-074 de 2022.
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entidad tal que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Caso concreto
A esta Subsección corresponde definir si se encuentran cumplidos los requisitos de
relevancia constitucional y subsidiariedad, que no se hallaron satisfechos en la
sentencia recurrida, pues solo de ser así, habría lugar a analizar las
inconformidades expuestas por la accionante.
En primer lugar, se considera que la acción sí supera la exigencia general de
relevancia constitucional, puesto que lo pretendido por la parte actora es lograr la
protección de su derecho fundamental al debido proceso, el cual consideran
vulnerado con la sentencia discutida, mas no plantear un asunto de mera legalidad,
desconocer la autonomía e independencia judicial del juez natural de la causa o
convertir esta acción en una instancia adicional al proceso ordinario.
En efecto, los solicitantes del amparo procuran demostrar la incursión en algunas
de las causales específicas establecidas por la Corte Constitucional que habilitan la
procedencia de la tutela cuando se discuten providencias judiciales, las cuales
sustentaron de forma que resultan comprensibles sus desacuerdos respecto a las
providencias controvertidas en esta sede.
En segundo lugar, se advierte que también se encuentra superado el requisito de
subsidiariedad, pues el recurso extraordinario de revisión con fundamento en la
causal de nulidad originada en la sentencia contemplada en el numeral 5 del artículo
250 de la Ley 1437 de 2011 no resulta procedente cuando lo que se discute es una
motivación insuficiente, sino cuando lo alegado es la falta absoluta de justificación
de la decisión, lo que no se invoca en esta acción. Además, no se observa que los
accionantes cuenten con otros mecanismos de defensa judicial.
En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos generales de procedencia, se
observa que i) la acción se presentó con inmediatez, en la medida que el 19 de
diciembre de 2025 se envió mensaje de datos para notificar la sentencia del 26 de
junio de 2024 discutida en esta sede y esta acción fue instaurada el 20 de enero de
2026; ii) se está invocando una irregularidad procesal que podría tener una
incidencia en la determinación adoptada; iii) se identificaron claramente los hechos
generadores de la vulneración y los derechos estimados como transgredidos; y iv)
no se trata de una sentencia de tutela.
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Sentencia SU-072 de 2018.
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Por lo anterior, se procederá al estudio del fondo del asunto. En la sentencia
discutida en esta sede, el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión núm.
03, concluyó que no se demostró que el daño consistente en la privación de la
libertad fuera imputable a las entidades demandadas y, en cambio, se probó que la
medida de aseguramiento de detención preventiva y domiciliaria impuesta desde el
22 de enero hasta el 13 de diciembre de 2016 fue legal, proporcional y razonable.
Para llegar a la anterior conclusión, inicialmente la autoridad judicial analizó el
régimen de imputación aplicable y determinó que debía analizarse el asunto bajo el
título de falla del servicio, conforme a la Sentencia SU-072/18 de la Corte
Constitucional y las decisiones posteriores del Consejo de Estado, pues la razón
para absolver de responsabilidad penal a los investigados no fue porque el hecho
no existió o la conducta era objetivamente atípica, sino porque existían dudas
manifiestas sobre la participación de estos en la conducta delictiva, esto es, en virtud
del principio in dubio pro reo.
En esa medida, procedió a valorar las pruebas obrantes en el expediente,
especialmente los audios de las audiencias preliminares concentradas de
legalización de la captura, la formulación de imputación e imposición de la medida
de aseguramiento, y con fundamento en dichos elementos probatorios, coligió que
no existió vicio de legalidad, desproporcionalidad e irracionabilidad de la medida de
detención impuesta, en tanto se cumplieron los requisitos del artículo 308 de la Ley
906 de 2004, pues existían evidencias físicas que permitían inferir razonablemente
que los imputados pudieron ser autores o partícipes del delito, por lo que la medida
era necesaria para evitar que obstruyeran la justicia y constituían peligro para la
seguridad de la sociedad o de las víctimas, sumado a que la pena mínima prevista
para el delito superaba los 4 años exigidos en el artículo 313 del CPP para la
procedencia de la detención.
Además, aclaró que la sentencia recurrida se basó en la decisión penal que absolvió
a los sindicados, con fundamento en que los únicos elementos materiales que
sustentaron la decisión del decreto de la medida provisional fueron el
reconocimiento de los agentes delictivos a través de fotografías y afirmaciones
contradictorias de las partes, pero no se tuvo en cuenta que ese debate se dilucidó
y profundizó en el juicio oral, por lo que el juez de control de garantías no estaba
obligado a preverlo, debido a que las pruebas que obraban en esa instancia
procesal no fueron desvirtuadas probatoriamente por el abogado defensor y a que
el grado de conocimiento en esa etapa es menor al exigido al del juicio oral.
Efectuado el recuento de los razonamientos del Tribunal accionado, esta
Subsección advierte que esa autoridad judicial no desconoció el precedente de la
Corte Constitucional ni del Consejo de Estado sobre el deber del juez de analizar
los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de
aseguramiento, ni las finalidades para las que fue prevista, ya que analizó
minuciosamente las pruebas obrantes en el proceso, principalmente las
relacionadas con la imposición de la medida de detención preventiva, lo que le
permitió concluir que se cumplieron los requisitos legales exigidos para su decreto,
teniendo en cuenta tanto el delito investigado como los elementos probatorios
existentes en la etapa procesal respectiva.
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Además, se advierte que en la sentencia discutida en esta sede, se precisó la
diferencia entre el grado de certeza que debe existir en la etapa inicial de imposición
de la medida de aseguramiento y al momento de adoptar una decisión definitiva
sobre la responsabilidad penal, el cual difiere en cada una de ellas, siendo en un
primer momento menos exigente y sin que pueda controvertirse con base en un
análisis posterior realizado en el juicio oral.
Ahora, aunque los accionantes plantean la omisión de una debida valoración
probatoria, lo cierto es que esta se sustenta precisamente en contradicciones que
solo pudieron ser evidenciadas en una etapa posterior a la imposición de la medida,
con base en elementos probatorios allegados con posterioridad, como lo determinó
el Tribunal, por lo que no se observa que este haya dejado de analizar pruebas que
desvirtuaran esa conclusión, máxime cuando los solicitantes del amparo no
cuestionaron la línea argumentativa de la autoridad judicial en relación con el
estudio exigido para la imposición de la medida cautelar en contraste con el
requerido para la declaratoria de responsabilidad penal ni el argumento efectuado
en la sentencia discutida sobre el análisis de los hechos investigados en el juicio
oral con base en pruebas adicionales.
Por último, se aprecia que en la sentencia discutida se justificó debidamente la
postura asumida y se expusieron los argumentos fácticos y jurídicos por los cuales
no se acogió la tesis adoptada en primera instancia
En ese orden de ideas, lo que se aprecia es un desacuerdo de la parte actora con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada que no resulta suficiente
para habilitar la intervención del juez constitucional, al no demostrarse la
configuración de los defectos alegados, por lo cual se revocará la sentencia
recurrida y, en su lugar, se negará el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia del 12 de febrero de 2026 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Quinta, a través de la cual declaró improcedente la
acción y, en su lugar, NEGAR el amparo solicitado, de conformidad con la parte
motiva de esta providencia.
Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
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Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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