Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00334-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00334-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00334-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
24 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Veinticuatro (24) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-00334-001
Accionante : Isabelina Cortés de Valentierra
Accionado : Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de
Decisión
Vinculados : Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y
Juzgado Primero (1°) Administrativo de Tumaco
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, reliquidación pensión de
vejez, caducidad (aplicación del artículo 86 de Ley 2381 de
2024)
Decisión : Sentencia de primera instancia
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por Isabelina Cortés de Valentierra contra el Tribunal Administrativo de
Nariño, Sala Segunda de Decisión, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la actora frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
2. La señora Isabelina Cortés de Valentierra, quien actúa por medio de apoderada
judicial, interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia e igualdad, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de
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Expediente digital disponible en Samai.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00334-00
Accionante: Isabelina Cortés de Valentierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión
Nariño, Sala Segunda de Decisión.
3. Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos la sentencia del 28 de marzo de 2025,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión
revocó la providencia de 22 de febrero del 2024, en la que el Juzgado Primero (1°)
Administrativo de Tumaco negó las pretensiones formuladas en la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones) [52835-33-33-001-2023-00071-01], para
declarar probada de oficio la excepción de caducidad. En su lugar, pidió que se
ordene a la autoridad accionada emitir un nuevo fallo en el que « […] se analicen todos
los medios de prueba debidamente solicitados, decretados y practicados dentro del proceso
conforme a la ley vigente en el momento en que se inició el proceso […]».
1.3 Hechos2.
4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por
la accionante, se puede evidenciar que, mediante Resolución 0510 del 20 de
marzo de 2012, el entonces Instituto de Seguros Sociales le reconoció pensión
de vejez «[…] en cuantía de $1.193.931 […], teniendo en cuenta el 75% del salario promedio
del último año de servicio de conformidad con la Ley 33 de 1985, considerando que […] es
beneficiaria del régimen de transición », supeditada al retiro definitivo del servicio.
5. Que, una vez se desvinculó, con Resolución GNR 210098 del 21 de agosto de
2013, Colpensiones le otorgó dicha prestación, pero, por cuantía de $692.043, la
cual fue reliquidada por medio de Resolución GNR 193600 del 29 de mayo de
2014, por un valor de $1.035.815, al que se le aplicó un porcentaje del 79,35% de
acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la ley 100 de 1993, modificado por
el artículo 10 de la ley 797 de 2003.
6. No obstante, el 26 de noviembre de 2019 solicitó un nuevo reajuste, « […] teniendo
en cuenta un ingreso base de liquidación de $1.631.994, determinado de acuerdo a los ingresos
base de cotización […] durante los últimos diez (10) años que se reflejan en la Certificación
Electrónica de Tiempos Laborados - CETIL expedida por el HOSPITAL SAN ANDRES ESE y una
tasa de reemplazo del 80% determinada de acuerdo al artículo 34 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003 », lo que le fue negado a través de las
Resoluciones SUB-332666 del 4 de diciembre de 2019 y SUB-453 del 2 de enero
y DPE 2779 del 17 de febrero de 2020.
2
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00334-00
Accionante: Isabelina Cortés de Valentierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión
7. Por lo anterior, el 29 de julio de 2020 instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones) [52835-33-33-001-2023-00071-01], encaminada a obtener la
anulación de los mencionados actos administrativos y lo deprecado en sede
administrativa.
8. De ese asunto ordinario conoció el Juzgado Primero (1°) Administrativo de
Tumaco que, el 15 de marzo de 2018 negó las súplicas, al considerar que, «[…] para
el año 2019 (un año antes de la presentación de la demanda) la señora Isabelina Cort[é]s de
Valentierra devengaba una mesada pensional equivalente a un millón trescientos cincuenta y nueve
mil seiscientos noventa y seis pesos ($1.359.696), misma que, con el paso de los años ha sido
actualizada conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 100 de 1993 incrementando su valor.
Por tanto, l[a suma] pretendid[a] […] ($1.305.595 liquidad[a] como el 80% del IBL para el año 2020,
fecha en que fue radicada la demanda) claramente [es] inferi[or] a lo que […] percibe mensualmente
y, por ende, su reconocimiento en sede judicial supondría una clara desmejora […], afectando de
igual manera [su] mínimo vital».
9. Inconforme con esa decisión la actora interpuso recurso de apelación, desatado
el 28 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de
Decisión3, en el sentido de revocarla y, en su lugar, declarar de oficio la excepción
de caducidad, con fundamento en que, como «[…] el reconocimiento de su pensión de
vejez se efectuó a través de la Resolución 0510 del 20 de marzo de 2012, […] tenía hasta el 20 de
marzo de 2017 para formular la demanda respectiva, no obstante, la misma fue radicada el 13 de
febrero de 2020, esto es, con posterioridad al límite de los 5 años que señala la Ley 2381 de 2024»
y, aun cuando se «[…] realiza[ra] el cómputo […] desde la fecha de emisión de la Resolución
GNR 210098 del 21 de agosto de 2013, [en que] se efectuó el reconocimiento pensional ya
habiéndose producido el retiro del servicio […], la respectiva demanda debía formularse hasta el 21
de agosto de 2018».
10. Sobre la precedente situación, la tutelante aduce que la providencia objeto de
censura incurre en defecto procedimental absoluto y defecto sustantivo, por
cuanto, «[…] aplic[ó] de manera indebida y desmedida una norma que a la fecha se encuentra
en control constitucional por la Corte Constitucional, generando esto violación a los principios de
legalidad y vigencia normativa », además, que, «[…] la misma [L]ey 2381 de 2024, [en] el
artículo 94, establece taxativamente [...] [que] entrará en vigor el 01 de julio de 2025 », razones,
a su juicio, suficientes para concluir que la autoridad accionada « […] se extralimit[ó al]
utiliza[r] […] [esa] norma […] para resolver un litigio que […] [se] rig[e] bajo la vigencia de la ley 797 de
3
Cabe precisar que la magistrada Ana Beel Bastidas Pantoja presentó aclaración de voto, en el sentido de indicar la
necesidad de examinar cuáles serían los asuntos pasibles de regularse a partir de la promulgación de la Ley 2381 de 2024
(artículo 86), teniendo en cuenta, puntualmente al sujeto que interviene como llamado por activa.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00334-00
Accionante: Isabelina Cortés de Valentierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión
2003».
II. TRÁMITE PROCESAL
11. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 13
de febrero de 2026, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i)
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión; y,
(ii) dispuso vincular a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
y al Juzgado Primero (1°) Administrativo de Tumaco, en los términos del artículo 13
del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
12. 2.1.1 El Juzgado Primero (1°) Administrativo de Tumaco4 solo aportó el
enlace digital del proceso ordinario con radicado 52835-33-33-001-2023-00071-01,
pero, no emitió pronunciamiento alguno frente a los hechos y pretensiones
expuestos en esta acción de tutela.
13. 2.1.2 La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) 5 solicitó
negar el amparo deprecado, puesto que, «[…] debe tenerse en cuenta que decidir de fondo
las pretensiones [de la] accionante y acceder a las mismas, invade la órbita del juez ordinario y su
autodominio, pero, además, excede las competencias del juez constitucional, en la medida que no
se probó vulneración a derechos fundamentales».
14. 2.1.3 El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión6
guardó silencio en la oportunidad prevista para el efecto.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
15. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en
virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.
3.2 La acción.
4
Índice 00016 de Samai.
5
Índices 00017 y 00018 de Samai.
6
Índice 00013 de Samai.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00334-00
Accionante: Isabelina Cortés de Valentierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión
16. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política
y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Problema jurídico.
17. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 28
de marzo de 2025, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala
Segunda de Decisión revocó la providencia de 22 de febrero del 2024, en la que el
Juzgado Primero (1°) Administrativo de Tumaco negó las pretensiones formuladas
en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) [52835-33-33-001-2023-
00071-01], para declarar probada de oficio la excepción de caducidad; y, en caso
afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso, acceso
a la administración de justicia e igualdad invocadas en la solicitud de amparo.
3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.
18. La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando
se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)
defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en
una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando
resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder
a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico,
se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del
proceso establecido.
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Accionante: Isabelina Cortés de Valentierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión
19. Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela,
vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos
fundamentales.
20. Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales, deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se
profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
21. Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
22. Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga
indudable relevancia constitucional resulta procedente.
23. Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
6
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00334-00
Accionante: Isabelina Cortés de Valentierra
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funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que, si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.
24. Por otra parte, se destaca que, la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales7, rectificó su posición
mediante sentencia de 31 de julio de 20128, en el sentido de disponer que, la acción
constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos
fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente,
así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que,
esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes
expuestos9.
7
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016,
C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993,
AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-
03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
8
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
9
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-
01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-
00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00334-00
Accionante: Isabelina Cortés de Valentierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión
3.5 Caso concreto.
25. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que, (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, a juicio de la actora,
en una indebida valoración normativa relacionada con la presunta aplicación de una
ley no vigente para el momento en que radicó su demanda, lo cual, de
comprobarse, conllevaría a la vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad; (ii) contra la
decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los
hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores;
(iv) el requisito de inmediatez se satisface, teniendo en cuenta que la providencia
atacada quedó ejecutoriada el 7 de octubre de 202510 y la solicitud de amparo se
presentó el 20 de enero de 2026, es decir, dentro de los seis meses; y (v) el fallo
acusado no es de tutela.
26. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo la causal específica denominada defecto sustantivo, pues, pese a
que la accionante alegó también defecto procedimental absoluto, su inconformidad
se contrae a la supuesta indebida aplicación de la normativa vigente para la fecha
en que radicó su demanda ordinaria que conllevó a la declaración de caducidad, lo
cual será objeto de estudio en la mencionada causal, por lo que, en virtud del
principio de oficiosidad, que señala que el juez de tutela debe interpretar de manera
extensiva el escrito inicial11, resulta procedente analizar este trámite a la luz de
aquella.
3.6 Defecto sustantivo.
27. Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las
normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
10
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 30 de septiembre de 2025,
motivo por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 2 de octubre del mismo año, conforme al
artículo 205 (numeral 2) del CPACA.
11
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela,
esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los
derechos fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida
es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
8
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00334-00
Accionante: Isabelina Cortés de Valentierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión
28. La jurisprudencia constitucional12 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales 13.
29. En el asunto sub examine, la parte demandante aduce que la providencia
cuestionada incurrió en defecto sustantivo, porque, «[…] aplic[ó] de manera indebida y
desmedida una norma que a la fecha se encuentra en control constitucional por la Corte
Constitucional, generando esto violación a los principios de legalidad y vigencia normativa »,
además, que, «[…] la misma [L]ey 2381 de 2024, [en] el artículo 94, establece taxativamente
[...] [que] entrará en vigor el 01 de julio de 2025 », razones, a su juicio, suficientes para
concluir que la autoridad accionada « […] se extralimit[ó al] utiliza[r] […] [esa] norma […] para
resolver un litigio que […] [se] rig[e] bajo la vigencia de la ley 797 de 2003 ».
30. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada, en el fallo objeto de censura,
concluyó:
A efectos de verificar la ocurrencia de la caducidad del medio de control en el presente
asunto, la Sala recuerda que el hoy extinto Instituto de Seguro Social emitió la
Resolución 0510 del 20 de marzo de 2012, a través de la cual dispuso reconocer la
pensión de jubilación a favor de la señora Isabelina Cortés de Valentierra 14. En el
artículo 2º de dicho acto administrativo se dispuso que “el valor de la mesada pensional
se cancelará al (la) asegurado (a) señor (a) ISABELINA CORTÉS DE VALENTIERRA
(…) una vez acredite el retiro definitivo del servicio con el empleador”.
A su turno, Colpensiones emitió la Resolución GNR 210098 del 21 de agosto de 2013,
a través de la cual “se reconoce y ordena el pago de una pensión mensual vitalicia de
VEJEZ”15, teniendo en cuenta que la señora Isabelina Cortés ya había sido
desvinculada del servicio.
Lo anterior significa que en tanto el reconocimiento de su pensión de vejez se efectuó
a través de la Resolución 0510 del 20 de marzo de 2012, la parte demandante tenía
hasta el 20 de marzo de 2017 para formular la demanda respectiva, no obstante, la
12
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
13
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
14
Págs. 16 a 19 del pdf 02 contenido en el archivo zip 01 adjunto al índice 3 de Samai de primera instancia.
15
Págs. 21 a 26 del pdf 02 contenido en el archivo zip 01 adjunto al índice 3 de Samai de primera instancia.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00334-00
Accionante: Isabelina Cortés de Valentierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión
misma fue radicada el 13 de febrero de 2020 16, esto es, con posterioridad al límite de
los 5 años que señala la Ley 2381 de 2024.
Y aún si se realiza el cómputo de caducidad desde la fecha de emisión de la Resolución
GNR 210098 del 21 de agosto de 2013, cuando se efectuó el reconocimiento pensional
ya habiéndose producido el retiro del servicio de la demandante, la Sala advierte que
la respectiva demanda debía formularse hasta el 21 de agosto de 2018, no obstante lo
cual, como la misma se radicó el 13 de febrero de 2020, es claro que se superó el plazo
de los 5 años contemplado en el art. 86 de la Ley 2381 de 2024.
Por lo anterior, la Sala precisa que, si bien el acto administrativo de reconocimiento de
la pensión no fue demandado, lo cierto es que la acción administrativa adelantada por
la parte demandante para lograr la reliquidación de su pensión y que dio lugar al acto
que ahora se demanda, se ejerció por fuera del término de los cinco (5) años
establecido en el art. 86 de la Ley 2381 de 2024, de ahí que se encuentra configurada
la caducidad del medio de control.
31. De lo expuesto se colige que, en efecto, la autoridad accionada hizo uso de lo
dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 y con base en él declaró de
oficio la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 52835-33-33-001-2023-00071-01.
32. Al respecto cabe anotar que la caducidad es una figura jurídico-procesal que
tiene como fin regular el tiempo con el que cuentan las personas para ejercer el
derecho de acción, es decir, para acudir ante la administración de justicia en aras
de dirimir controversias, con lo que se materializa el principio de seguridad jurídica,
porque evita que un conflicto permanezca sin solución indefinidamente. Esta se
configura cuando no se instauran los medios judiciales dentro del término otorgado
en la normativa, lo que imposibilita al juez decidir de fondo el asunto17.
33. Así las cosas, debe advertirse que, los términos para presentar oportunamente
las demandas ante esta Jurisdicción fueron consagrados inicialmente en el artículo
164 del CPACA, que, en el numeral 1° del literal c) dispuso que podía ser en
cualquier tiempo cuando «[s]e dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas […]».
34. No obstante, con posterioridad se expidió la Ley 2381 de 2024 18 -hoy suspendida
su aplicación según lo dispuesto por la Corte Constitucional en el auto 841 de 2025 19-, que
establecía una restricción temporal para el ejercicio de las acciones contencioso
16
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17
Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, sentencia de 21 de febrero de 2011, C. P. Olga Mélida Valle de De La
Hoz, expediente: 52001-23-31-000-2010-00214-01 (39360).
18
«Por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de
origen común, y se dictan otras disposiciones».
19
En el referido auto 841 de 2025 la Corte Constitucional decidió suspender la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024
y devolverla a la Cámara de Representantes para que subsane un vicio de procedimiento en el que se incurrió en el proceso
de discusión y votación, por ende, una vez la Cámara cumpla con lo ordenado por la Corte, esta se pronunciará
definitivamente de fondo sobre la constitucionalidad de dicha ley.
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administrativas relacionadas con pensiones, en el sentido de modificar el término
de caducidad, de la siguiente manera:
Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de
cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún
delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber
sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la
vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o
contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del
recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años
a partir de la vigencia de esta ley.
35. La citada disposición comportó una modificación del régimen de oportunidad con
vocación de aplicación inmediata, incluso para los procesos en los que se debatía
la legalidad de actos administrativos que reconocieron una pensión y se
encontraban en curso a 16 de julio de 2024, día de su promulgación.
36.Sin embargo, para esta Subsección, durante el tiempo en que aquella ley estuvo
en vigencia, el artículo en comento no podía ser aplicado de manera contraria a los
postulados esenciales que rigen la implementación de reglas concernientes a la
sustanciación y ritualidad de los juicios consagradas en el artículo 40 de la Ley 153
de 188720, pues, si bien es cierto que las normas de derecho procesal son de orden
público y «[…] prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir »,
también lo es que, «[…] los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes
cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o
diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse
las notificaciones».
37. En ese orden de ideas, no puede perderse de vista que, como en este caso la
demanda se presentó el 29 de julio de 2020, el presupuesto procesal de la
caducidad se debió analizar a la luz de la norma que se encontraba vigente en esa
fecha, esto es, el artículo 164 del CPACA, según el cual, como se indicó en
precedencia, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el
20 «Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887».
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que se pretenda la nulidad de los actos con los que se reconozcan prestaciones
periódicas podía presentarse en cualquier tiempo.
38. Conclusión que, además, propende por garantizar los principios de confianza
legítima y legalidad, el derecho fundamental al debido proceso consagrado en el
artículo 29 de la Constitución Política, y prerrogativas constitucionales que rigen los
derechos de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva.
39. Lo anterior, si se tiene en cuenta que, como lo señaló esta subsección en reciente
pronunciamiento21, «[…] la caducidad del medio de control se constituye en la extinción del
derecho sustancial de acceso a la administración de justicia, como consecuencia del actuar
negligente de quien se encuentra legitimado para accionar la jurisdicción, [por lo que] sería contrario
al principio de legalidad y a la Constitución aplicar esta consecuencia desfavorable a quien,
amparado en el ordenamiento jurídico acudió a demandar sus derechos dentro del término previsto
por el legislador, con sustento en una reforma normativa, puesto que, no se podría predicar tal
conducta […] frente a reglas que no existían en el momento de esta, es decir que se expidieron con
posterioridad».
40. Ahora bien, cabe aclarar que, aunque en la fecha en que se profirió la sentencia
reprochada (28 de marzo de 2025), la referida Ley 2381 de 2024 ya se había
promulgado, lo cierto es que, recientemente la Corte Constitucional, mediante Auto
841 de 17 de junio de 2025, dispuso suspender sus efectos y ordenó su devolución
a la Cámara de Representantes para que subsanara un vicio de procedimiento en
que se incurrió durante su trámite legislativo, por lo tanto, solo una vez se cumpla
con lo dispuesto, la Corte podrá emitir un pronunciamiento definitivo de fondo
respecto de su constitucionalidad.
41. Así las cosas, en este asunto, se considera que no debió emplearse las
disposiciones de la referida Ley 2381 de 2024, dado que ello conlleva a la
vulneración de los citados derechos, los cuales deben ser garantizados por los
operadores judiciales, máxime, cuando, como ya se indicó, la demanda ordinaria
se instauró en vigencia del artículo 164 del CPACA y al tratarse del reajuste de una
prestación periódica podía ser presentada en cualquier momento, aunado al hecho
que la aludida normativa, actualmente se encuentra suspendida por la Corte
Constitucional, por tanto, para la Sala se encuentra configurado el defecto
sustantivo alegado.
21
Sentencia de 5 de marzo de 2026, expediente 25000-23-42-000-2015-06095-02 (6845-2024), C. P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
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42. Al respecto, se precisa que la postura de la Sección Segunda de esta
Corporación ha sido unánime en cuanto a que no resulta procedente aplicar la
caducidad prevista en la Ley 2381 de 2024 cuando el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho se radica antes de su promulgación y en él se debate
la legalidad de actos administrativos que niegan el reconocimiento o reajuste de
una prestación periódica, como lo es la pensión de jubilación, para el efecto, aparte
de la ya citada providencia del 5 de marzo de 2026 con ponencia del consejero de
Estado Juan Enrique Bedoya Escobar, se mencionan las siguientes: (i) 7 de
noviembre de 2025, expediente 05001-23-33-000-2021-01206-02 (0739-2025), C.
P. Elizabeth Becerra Cornejo; y (ii) 26 de febrero de 2026, expediente 52001-23-
33-000-2017-00499-02 (3120-2025), C. P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
IV. DECISIÓN
43. Por los motivos expuestos, la Sala considera que en el presente asunto la
tutelante demostró que la sentencia de 28 de marzo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, incurrió en defecto
sustantivo, lo que impone acceder al amparo deprecado.
44. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad de la señora Isabelina Cortés de Valentierra,
por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS el fallo de 28 de marzo de 2025, por cuyo
conducto el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión resolvió,
en segunda instancia, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por la accionante contra la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones) [52835-33-33-001-2023-00071-01], en el sentido de revocar la
providencia del 22 de febrero del 2024, con la que el Juzgado Primero (1°)
Administrativo de Tumaco negó las pretensiones, para declarar probada de oficio
la excepción de caducidad, conforme a la motivación.
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Accionante: Isabelina Cortés de Valentierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión
TERCERO. En consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Nariño,
Sala Segunda de Decisión resolvió, en segunda instancia que, dentro del término
de diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, dicte un nuevo
fallo en el aludido asunto ordinario, teniendo en cuenta las razones planteadas en
esta decisión.
CUARTO. ADVERTIR a la autoridad indicada en el ordinal anterior, que el
incumplimiento de lo dispuesto en esta sentencia dará lugar a las sanciones
establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
SEXTO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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