Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00341-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00341-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00341-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
29 de abril de 2026
11001-03-15-000-2026-00341-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00341-01
Accionante: Sandra María Mazuera Escobar
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, y otros
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Nulidad y
restablecimiento del derecho. Recurso extraordinario de
unificación. MODIFICAR LA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación instaurada por la accionante en contra de la
sentencia del 27 de febrero de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, que declaró improcedente la acción respecto a la
providencia del 8 de octubre de 2025 y negó el amparo solicitado en relación con
las sentencias del 22 de enero y 9 de julio de igual anualidad.
ANTECEDENTES
La señora Sandra María Mazuera Escobar, en nombre propio, pretende que se
amparen sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la seguridad social,
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que considera
vulnerados por el Juzgado Veintiuno Administrativo Oral del Circuito de Cali y el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con las sentencias del 22 de enero y 9
de julio de 2025, y por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, con
el auto del 8 de octubre de 2025, proferidos dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y el recurso extraordinario de revisión con radicado
76001-33-33-021-2022-00271-00/01.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
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La accionante instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, con el propósito de obtener
la nulidad del Oficio núm. 0320-254092022 del 18 de abril de 2022, mediante el cual
se le negó el reconocimiento de una relación laboral y el pago de las
correspondientes prestaciones sociales. El proceso fue asignado al Juzgado
Veintiuno Administrativo del Circuito de Cali, que, a través de sentencia del 22 de
enero de 2025, negó las pretensiones.
Contra dicha decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fue
resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante providencia del
9 de julio de 2025, en la que confirmó la decisión de primera instancia.
La accionante interpuso recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, el
cual fue resuelto por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante providencia del 8 de octubre de 2025, en el sentido de rechazar el recurso.
La actora considera que las sentencias proferidas por las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en los siguientes defectos:
i) Fáctico porque exigieron pruebas imposibles de aportar, como órdenes formales y
control rígido de horario, e ignoraron indicios de subordinación tales como tareas
asignadas, seguimiento y entrega de resultados.
Que además se realizó una valoración irrazonable de los testimonios, al descartarse
la subordinación porque los testigos no podían certificar su presencia
ininterrumpida, imponiendo así una «prueba diabólica» que desconoce la dinámica
real del trabajo. Indicó que se le trasladó una carga probatoria excesiva, obligándola
a demostrar órdenes formales, lo cual considera contrario a los principios laborales
de favorabilidad e igualdad material.
Que el testimonio de la supervisora evidenciaba la subordinación mediante tareas
asignadas, seguimiento y entrega de resultados, pero se redujeron dichas
actividades a una simple coordinación contractual, imponiendo un estándar
probatorio irrazonable y desconociendo que la subordinación laboral suele
acreditarse por indicios prácticos y no únicamente por órdenes formales;
ii) desconocimiento del precedente judicial, pues no se tuvieron en cuenta la
sentencia de unificación CE-SUJ2-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso 05001-23-
33-000-2013-01143-01 y las sentencias SU-448 de 2016 y T-366 de 2023 proferidas
por la Corte Constitucional; y
iii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, por privilegiarse el contenido
formal de los contratos sobre la realidad material acreditada en el proceso,
imponiendo exigencias probatorias incompatibles con la naturaleza del contrato de
prestación de servicios en el sector público y desconociendo lo establecido en la
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Sentencia CE-SUJ-025-2021 del Consejo de Estado, según la cual la subordinación
puede demostrarse mediante indicios. Además, señaló el uso sistemático de
contratos de prestación de servicios en la CVC como una práctica de precarización
laboral y conformación de nómina paralela, pues desempeñaba funciones
permanentes que se encubrían bajo contratos temporales.
PRETENSIONES
La accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales vulnerados; se
dejen sin efectos las providencias discutidas y, en consecuencia, se ordene a las
autoridades judiciales accionadas proferir una nueva sentencia donde valoren
integralmente las pruebas, apliquen el precedente constitucional sobre contrato
realidad en el sector público, respeten principios laborales y no exijan pruebas
incompatibles con la naturaleza «indiciaria» de la subordinación.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 22 de enero de 2026, se admitió la acción de tutela; se vinculó a la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca, al Ministerio Público y a los demás
intervinientes dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado núm. 76001-33-33-021-2022-00271-00/01, en calidad de terceros con
interés en las resultas del proceso; y se corrió el traslado respectivo.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Juzgado Veintiuno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali adujo
que se remitía a los argumentos expuestos en la sentencia de primera instancia,
pues allí quedaron consignadas las razones de hecho y de derecho por las que
adoptó la decisión que ahora se cuestiona.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca señaló que realizó una revisión
integral del acervo probatorio, lo que le permitió concluir que la demandante acreditó
la prestación personal del servicio y la remuneración, pero no logró probar la
subordinación como elemento esencial del contrato realidad, acorde con el
precedente de unificación del Consejo de Estado y la normativa citada en la
sentencia.
Que se demostró que el vínculo contractual se prolongó por ocho años, pero no fue
constante e ininterrumpido y cada contrato tuvo un objeto y necesidad específicos,
lo que evidenciaba la coordinación de actividades contractuales y no el
cumplimiento de un horario fijo.
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado adujo que en
el auto cuestionado no se resolvió el fondo del litigio ni se realizó una valoración
probatoria, sino que se limitó a verificar el cumplimiento de los requisitos formales
de admisibilidad del recurso, lo que la llevó a concluir que las sentencias invocadas
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no contenían reglas de unificación aplicables, especialmente en relación con el
elemento de subordinación.
Que no se configuran los defectos fáctico, sustantivo ni desconocimiento del
precedente alegados por la accionante, pues actuó dentro de sus competencias
legales y con motivación suficiente.
Indicó que la tutela es improcedente por falta de subsidiariedad, ya que la parte
accionante no interpuso el recurso de súplica, medio idóneo para controvertir el auto
cuestionado, y que la actora pretende reabrir el debate jurídico y probatorio ya
resuelto, lo cual resulta contrario a la naturaleza excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales. En consecuencia, pidió que la tutela sea declarada
improcedente o, en su defecto, se niegue el amparo solicitado.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca solicitó que (i) se
nieguen las pretensiones, por cuanto no se cumplen con los requisitos de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, y (ii) se le desvincule del
trámite por no haberse acreditado ninguna conducta que le sea atribuible y que se
pueda constituir como una amenaza o violación de los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.
SENTENCIA IMPUGNADA
El 27 de febrero de 2026, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado negó el amparo solicitado respecto a las sentencias del 22 de enero y 9 de
julio de 2025 proferidas por el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito Judicial
de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y declaró improcedente la
acción contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, frente
a la providencia del 8 de octubre de 2025.
En relación con las decisiones adoptadas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho por el Juzgado y el Tribunal, consideró que no se
incurrió en los defectos invocados, pues se aplicaron las subreglas de interpretación
derivadas de la providencia de unificación del 9 de septiembre de 2021; se analizó
el material probatorio y las decisiones se fundamentaron en la normativa vigente
sobre el contrato realidad y la jurisprudencia aplicable.
En cuanto al auto proferido en el recurso extraordinario de unificación, determinó
que no se cumplieron los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad,
ya que la actora no indicó ni desarrolló alguna causal específica de procedibilidad
en la que hubiera incurrido la Subsección accionada y no interpuso el recurso de
súplica en contra del proveído cuestionado.
IMPUGNACIÓN
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La señora Sandra María Mazuera Escobar impugnó la sentencia, al considerar que
la discusión no versa sobre una discrepancia con la valoración probatoria efectuada
por el juez natural, sino que constituye un problema constitucional relacionado con
los estándares de prueba rígidos exigidos para acreditar el elemento de la
subordinación, por el desconocimiento del principio de primacía de la realidad sobre
las formas; la indebida valoración probatoria frente a los elementos que permitían
inferir la existencia de una subordinación laboral y el testimonio de la señora Norelba
Álvarez Gutiérrez; y el desconocimiento del precedente del Consejo de Estado y la
Corte Constitucional sobre la acreditación de la subordinación dentro de una
relación laboral.
Que la única interrupción significativa en el vínculo laboral en los años 2015 y 2016
ocurrió con ocasión de su embarazo, lo cual demuestra un indicio de la falta de
protección reforzada, una vulneración de la perspectiva de género y de justicia
material y evidenciaba que su labor era constante.
Que en la sentencia de tutela se incurrió en una contradicción interna, ya que se
determinó que se presentó una gestión de coordinación de las actividades
contractuales, a pesar de que se demostró la subordinación.
En consecuencia, solicitó revocar la decisión de primera instancia, pues no se
efectuó un análisis de los defectos, lo que implica una restricción injustificada al
acceso a la justicia, y pidió que examine si las providencias discutidas incurrieron
en los defectos invocados.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales; y iii) caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
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providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales 1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C-590/052
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU-128/21,
se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones (…)
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable (…)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración (…)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013
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M.P. Jaime Córdoba Triviño
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legitimidad de su órbita funcional (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:
«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada4
(:..) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5 Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, […]. Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite
la intervención urgente del juez de tutela.6»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Caso concreto
• Análisis del auto del 8 de octubre de 2025 proferido por la Subsección B de
la Sección Segunda dentro del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia.
A esta Subsección corresponde definir si se encuentran cumplidos los requisitos
generales de procedencia, especialmente el de relevancia constitucional y el de
subsidiariedad, respecto al auto del 8 de octubre de 2025 proferido por la
3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño
4
Sentencia SU-074 de 2022.
5
Sentencia SU-074 de 2022.
6
Sentencia SU-072 de 2018.
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Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que no se encontraron
satisfechos en primera instancia de esta acción, pues solo en ese caso, habría lugar
al estudio de los disensos de la accionante.
Al respecto, se advierte que no se encuentran cumplidas las exigencias generales
mencionadas, pues para discutir el auto a través del cual se rechazó el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia la accionante contaba con el recurso
de súplica, acorde con el artículo 246 de la Ley 1437 de 2011, el cual no interpuso,
sin justificación alguna.
Además, la actora no expuso algún desacuerdo puntual en relación con dicha
providencia, a la luz de los defectos que habilitan la procedencia de la tutela para
discutir providencias judiciales, lo que evidencia que la pretensión es convertir la
acción en una instancia adicional al proceso y desconocer la autonomía e
independencia del juez natural, finalidades para las que no está previsto este
mecanismo de protección de derechos fundamentales.
En consecuencia, se mantendrá la decisión de la Subsección A de la Sección
Tercera de esta Corporación, respecto a la improcedencia de la acción en relación
con el auto aquí analizado.
• Análisis de la sentencia del 9 de julio de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho
Esta Subsección, en iguales términos a los establecidos en primera instancia,
encuentra cumplidos los requisitos generales de procedencia, con excepción del
argumento de la accionante en relación con el desconocimiento de la Sentencia CE-
SUJ-025-CE-S2-2021 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Lo anterior porque la accionante como fundamento del recurso extraordinario de
unificación invocó la Sentencia previamente señalada, por lo cual si pretendía un
análisis sobre el particular debió hacer uso del recurso de súplica con el que contaba
para discutir el auto de rechazo, como se expuso en el acápite previo, por lo que no
resulta procedente que ahora pretenda desconocer dicha situación para lograr un
nuevo examen.
Aclarado lo anterior, se procederá al estudio del fondo del asunto respecto a los
demás desacuerdos expuestos respecto a la sentencia del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca por ser la que puso fin al proceso; sin embargo, previo a ello,
se precisa que en el recurso de impugnación la actora expuso argumentos
relacionados con su estado de embarazo y la perspectiva de género, que no planteó
en el escrito de tutela, por lo cual no pueden ser objeto de análisis en esta sede,
pues de lo contrario se desconocería el derecho de defensa de la autoridad judicial.
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En la sentencia discutida, el Tribunal aquí accionado concluyó que la demandante
demostró los elementos de la prestación personal del servicio y la remuneración,
pero no de la subordinación.
Sobre este último, analizó si estaban demostrados los indicios que permitían
entender acreditada su configuración; sin embargo, consideró que no estaban
probados, pues i) aunque la accionante tuvo un vínculo contractual con la entidad
que duró 8 años, este no fue constante e ininterrumpido; ii) los contratos tuvieron
objetos distintos, lo que evidenciaba que las actividades contratadas no eran
permanentes, sino que cambiaban, según la necesidad, acorde con el testimonio de
la señora Norelba Álvarez Gutiérrez, en su condición de supervisora del contrato;
iii) no existía prueba de un horario de trabajo igual al de los empleados de la planta,
conforme a los testimonios rendidos; y iv) existió una gestión de coordinación entre
la actora y la supervisora.
El análisis efectuado por la autoridad judicial permite establecer que valoró las
pruebas documentales y testimoniales, especialmente, el testimonio al que alude la
actora en esta acción, acorde con las reglas de la sana crítica, la autonomía e
independencia judicial y la jurisprudencia sobre la materia, y sin efectuar una
exigencia rígida para demostrar los elementos de la relación laboral; distinto es que
el análisis efectuado no le haya brindado la certeza necesaria de la existencia de
dicha relación.
Además, esta Subsección no observa que el Tribunal haya privilegiado el contenido
formal de los contratos sobre la realidad, como lo alega la actora, pues realizó un
estudio de las particularidades del asunto y de lo demostrado en el proceso, lo cual
no daba cuenta de la subordinación, sino de una gestión de coordinación.
En esa medida, lo que se observa es que la parte actora no está de acuerdo con el
estudio efectuado por no ser favorable a sus intereses, pero esa situación no habilita
un nuevo examen probatorio general del asunto decidido por el juez natural.
Ahora, en cuanto al desconocimiento de las sentencias SU-448 de 2016 y T-366 de
2023 proferidas por la Corte Constitucional, se advierte que no se trata de los
mismos supuestos fácticos, lo que cobra especial relevancia si se tiene en cuenta
que la decisión en casos como el presente se encuentra directamente relacionada
con la demostración por parte de la demandante de los elementos de la relación
laboral. En todo caso, se precisa que la autoridad judicial accionada no se limitó al
contenido de los contratos, sino que analizó los indicios respecto a la subordinación,
pero no los encontró demostrados.
En ese orden de ideas, se modificará la sentencia del 27 de febrero de 2026
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el
sentido de declarar la improcedencia de la acción respecto a la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, este último en relación con el desconocimiento de la Sentencia CE-SUJ-
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025-CE-S2-2021 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, y se
negará el amparo solicitado en lo demás.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. MODIFICAR la sentencia del 27 de febrero de 2026 proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el sentido de
DECLARAR IMPROCEDENTE la acción respecto a la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
este último en relación con el desconocimiento de la Sentencia CE-SUJ-025-CE-
S2-2021 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, y NEGAR el
amparo solicitado en lo demás, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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