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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00343-00

Fecha
6 de marzo de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00343-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: AMPARAR los derechos a la vida y a la seguridad por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ORDENAR a la UNP que, en el término de un (1) mes contado a partir de la notificación de esta providencia, concluya el estudio técnico en curso con el fin de verificar adecuadamente el riesgo en que se encuentra Manuel Adolfo Rincón Barreiro y determine las medidas de seguridad que considere necesarias. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a la vinculada por el medio más expedito. CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00343-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

6 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., seis (06) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00343-00
Accionante: Manuel Adolfo Rincón Barreiro
Accionados: Unidad Nacional de Protección y otro
Asunto: Acción de tutela – Primera instancia

Tema: Acción de tutela en contra de autoridades administrativas. Subtema 1: Procedibilidad de
la acción de tutela. Subtema 2: Derechos a la vida y a la seguridad. Decisión: Se concede la
solicitud de amparo.

La Sala decide la acción de tutela presentada por Manuel Adolfo Rincón Barreiro en
contra de la Unidad Nacional de Protección –UNP– y del Consejo Superior de la
Judicatura.

I.- ANTECEDENTES

1.- La solicitud de amparo

El 20 de enero de 20261 Rincón Barreiro interpuso acción de tutela2 en procura de la
protección de sus derechos a la vida, al debido proceso, a la integridad física y a la
seguridad personal, los que estima vulnerados, porque, en su condición de juez 2º penal
del Circuito Especializado de Neiva, se encuentra bajo un riesgo extraordinario y, a pesar
de ello, la Oficina de Seguridad del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial han omitido responder de fondo a múltiples
solicitudes de protección elevadas desde enero de 2023 o han adoptado medidas
insuficientes, tales como la asignación de un vehículo con obsolescencia técnica y sin
conductor. Igualmente, cuestiona la dilación de la UNP frente a la asignación de un
esquema de seguridad acorde con la gravedad de las amenazas.

1 Obra correo electrónico en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 7CCD5C3857E639BE

1661879A6B036B03 6874E8792608AF91 8C102049D096CB1E.
2 Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado DE9677E6FA980A6A

08E9F59695C9CB59 204A853D02B16903 9D07918B99DB55AE.

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Asunto: Acción de tutela – Primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00343-00
Accionante: Manuel Adolfo Rincón Barreiro
Accionados: Unidad Nacional de Protección y otro

2.- Hechos

2.1.- El actor, quien se desempeña como juez 2º penal del Circuito Especializado de
Neiva, manifestó que desde el 1º de septiembre de 2012 ha sido objeto de amenazas
graves, ciertas y directas contra su vida e integridad personal, situación documentada
por la Fiscalía el 23 de abril de 2025, que determinó la existencia de un riesgo grave
derivado de sus funciones en procesos contra grupos al margen de la ley. Indicó que,
pese a la activación de la ruta de protección y la solicitud de valoración de riesgo ante la
Oficina de Seguridad del Consejo Superior de la Judicatura para implementar medidas
de emergencia, estas no se han otorgado3.

2.2.- Rincón Barreiro precisó que radicó múltiples solicitudes ante la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial en enero, marzo y abril de 2023 para el restablecimiento del
servicio de conductor escolta y vehículo blindado, sin obtener respuesta favorable.
Añadió que el 11 de junio de 2025 fue entrevistado por un evaluador de la Unidad
Nacional de Protección, pero a la fecha no se ha proferido ni notificado decisión alguna
sobre la adopción de medidas. Relató que una dirección ejecutiva seccional retiró el
servicio de acompañamiento inicial y le asignó, junto con otros dos jueces, un vehículo
con más de 14 años de antigüedad y sin conductor4.

2.3.- Asimismo, el convocante informó que el 21 de agosto de 2025 el jefe de seguridad
de la Rama Judicial le comunicó que el CERREM calificó su riesgo como extraordinario
de manera preliminar y remitió el caso al CTAR de la Unidad Nacional de Protección para
una nueva valoración, cuyos resultados definitivos desconoce. Finalmente, resaltó que
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva es la única entidad que ha brindado
apoyo mediante el otorgamiento de trabajo en casa como medida de mitigación 5.

3.- Fundamentos de la acción de tutela

El tutelante sostiene que se vulneraron sus derechos fundamentales, pues las
autoridades convocadas han incurrido en una omisión prolongada frente a la adopción
de medidas de protección efectivas, pese a la existencia de un riesgo calificado como

3 A folios 1-3 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado DE9677E6FA980A6A
08E9F59695C9CB59 204A853D02B16903 9D07918B99DB55AE.
4 Ibidem.
5 Ibidem.

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extraordinario, lo que constituye un incumplimiento del deber reforzado de garantía a
cargo del Estado. Sostiene que existe una dilación injustificada y una falta de respuesta
oportuna a las múltiples solicitudes de seguridad elevadas ante la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y ante la Unidad Nacional de Protección, sumadas a la ausencia
de una decisión definitiva sobre el esquema de protección requerido. Asimismo,
cuestiona el retiro del acompañamiento inicialmente otorgado y la asignación de
elementos de seguridad precarios, específicamente un vehículo obsoleto de 14 años de
antigüedad y sin conductor, lo cual califica como una respuesta institucional meramente
formal o simbólica que carece de idoneidad, suficiencia y proporcionalidad. Alega que la
falta de coordinación interinstitucional para materializar medidas de emergencia
transgrede su derecho a la seguridad personal, al obligarlo a soportar una carga pública
desproporcionada derivada del ejercicio de sus funciones judiciales.

4.- Pretensiones de la acción de tutela

En el escrito introductorio se solicitó (i) amparar los derechos fundamentales cuya
trasgresión se alega; (ii) ordenar a la UNP que adopte y ejecute, de manera inmediata,
un esquema integral de protección acorde con el nivel de riesgo extraordinario
determinado; (iii) ordenar a la citada entidad que emita y notifique formalmente la
decisión definitiva y motivada sobre la evaluación del nivel de riesgo; (iv) ordenar la
coordinación interinstitucional necesaria para garantizar la continuidad y eficacia de las
medidas; y (v) prevenir a la UNP para que se abstenga de incurrir nuevamente en
conductas omisivas que comprometan los derechos de servidores judiciales expuestos
a riesgos excepcionales.

5.- Trámite de la acción de tutela

5.1.- Por auto del 23 de enero de 2026, el Despacho Ponente admitió la acción de tutela
y vinculó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. También ordenó notificar a
los accionados y a la vinculada.

5.2.- La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial adujo que carece de legitimación
en la causa por pasiva, al considerar que es un órgano técnico y administrativo cuyas
funciones, según la Ley 270 de 1996, no incluyen la realización de análisis de seguridad
ni la implementación de esquemas de protección, competencias que radican legalmente

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en la UNP. Indicó que ha actuado de manera diligente y articulada con la Oficina de
Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional de
Neiva, al punto que logró la asignación transitoria de un vehículo blindado modelo 2011,
previa adecuación mecánica y cambio de vidrios, como medida de mitigación mientras
la UNP define el nivel de riesgo. Precisó que, mediante diversos oficios remitidos en
2023, 2024 y 2025, se ha instado reiteradamente a la UNP para que adelante el estudio
de seguridad con carácter de urgencia, en consideración a que la Rama Judicial no
cuenta con partidas presupuestales para suscribir convenios interadministrativos que
asuman recursos físicos de protección. Desvirtuó la existencia de peticiones de
seguridad sin responder en sus canales oficiales; señaló que los registros de 2025
corresponden únicamente a solicitudes de certificados laborales y reiteró que la
protección definitiva de servidores en riesgo extraordinario debe ser asumida por la UNP
una vez se agoten los mecanismos internos, los cuales ya fueron atendidos según su
disponibilidad de recursos.

5.3.- El accionante, en memorial posterior, informó que el 3 de febrero de 2026 recibió
un correo electrónico de la UNP en el que se le comunicó el inicio de una evaluación de
su situación de riesgo y la realización de un nuevo trabajo de campo para conocer las
novedades del caso. Ante esto, manifestó su oposición al considerar agobiante la
incertidumbre personal y familiar, por lo que solicitó que el análisis se efectúe con la
información ya recaudada. Censuró que hayan transcurrido más de 10 meses desde que
se tuvo noticia del peligro que corre su vida sin que la UNP o el Consejo Superior de la
Judicatura adopten medidas definitivas, a pesar de que el riesgo surge del ejercicio de
sus funciones. Reiteró que se encuentra en un estado de confinamiento en su hogar por
el temor latente y la grave situación de orden público en Neiva; además, resaltó como
hecho reciente el atentado contra el director de la cárcel de dicha ciudad, en el que
falleció el hijo de este y resultó herido el subdirector de la institución.

5.4.- La UNP solicitó una prórroga de 2 días adicionales para dar respuesta a la acción
de tutela, por estar en un proceso técnico de cierre y apertura de vigencia que restringe
el acceso a los sistemas de información y bases de datos. Señaló que el significativo y
atípico volumen de requerimientos judiciales y administrativos de inicio de año,
provenientes de organismos de control y del Congreso de la República, ha generado una
saturación en las dependencias encargadas de suministrar los insumos técnicos
necesarios. Adicionalmente, precisó que resulta indispensable coordinar con las áreas

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competentes para consolidar una respuesta idónea y completa sobre las gestiones
administrativas realizadas en el caso de Rincón Barreiro.

5.5.- Seguidamente, la UNP solicitó declarar la improcedencia de la acción por su
naturaleza, para lo cual argumentó que el actor pretende sustituir el trámite administrativo
ordinario de valoración de riesgo previsto en el Decreto 1066 de 2015. Sostuvo que no
ha vulnerado derecho fundamental alguno, pues ha desplegado una actuación diligente
mediante la Orden de Trabajo No. 711410, la cual se encuentra en fase de evaluación
técnica y fue priorizada el 6 de febrero de 2026 para ser presentada ante el Comité de
Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas o CERREM. Precisó que el estudio
de nivel de riesgo es un procedimiento técnico especializado que requiere labores de
campo y análisis de contexto por parte del Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo o
CTAR, por lo que acelerar indebidamente estos términos podría conducir a medidas
inadecuadas. Asimismo, indicó que el accionante otorgó su consentimiento para el
estudio el 7 de octubre de 2025 y que la entidad se encuentra dentro de los términos
razonables para su culminación, sin que se configure un retardo injustificado. Informó
sobre la disponibilidad de mecanismos preventivos como la "Línea Vida 103" para
atender emergencias en tiempo real y solicitó que, de realizarse un estudio de fondo, se
niegue el amparo por encontrarse el caso en trámite regular de decisión administrativa.

II.- CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por Manuel
Adolfo Rincón Barreiro en contra de la Unidad Nacional de Protección –UNP– y del
Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con lo establecido en los artículos 86
de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.

2.- Problema jurídico

Corresponde a esta Sala determinar si se vulneraron los derechos fundamentales cuya
omisión denuncia la parte actora. Para esto, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la

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naturaleza de la acción de tutela y su procedibilidad; (ii) las generalidades de los
derechos a la vida y a la seguridad; y (iii) el caso concreto.

3.- Naturaleza de la acción de tutela

3.1.- La acción de tutela, contemplada en el artículo 86 constitucional, faculta a toda
persona para reclamar ante cualquier juez, mediante un procedimiento preferente y
sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, y es un mecanismo
subsidiario que solo procede cuando el afectado no tenga otro medio de defensa judicial
para la protección de sus derechos fundamentales.

3.2.- Tal situación, en todo caso, se rige bajo el presupuesto general de que
excepcionalmente procede la solicitud de amparo si el mecanismo disponible no
salvaguarda de manera eficaz 6 el derecho fundamental o este no es idóneo, por no
ofrecer una solución integral y no resolver el conflicto en toda su dimensión7. Así también,
cuando el tutelante se encuentra ante la presencia de un perjuicio irremediable8, caso en
el cual la tutela funge como mecanismo transitorio.

4.- Procedibilidad de la acción de tutela

4.1.- En relación con la legitimación en la causa por activa9, se destaca que la presente
acción se sustenta en la presunta omisión estatal de asignar un esquema de seguridad
adecuado para salvaguardar la vida e integridad del peticionario, lo cual, según se alega,
ha conllevado la trasgresión y puesta en riesgo de sus garantías de rango constitucional.
Por tanto, se encuentra acreditado el requisito en mención frente al tutelante.

6 El Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, establece:

“Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aqu[e]lla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto
a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante.
Se entiende por irremediable el perjuicio que s[o]lo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización.
(…)”.
7 Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
8 Se tiene como perjuicio irremediable, aquel que reúne los presupuestos de gravedad, inminencia e impostergabilidad

de la medida para proteger el derecho. Corte Constitucional, sentencia T-1062 de 2010.
9 La legitimación en la causa se refiere, de una parte, a la titularidad del derecho o interés que fundamenta las

pretensiones (legitimación por activa) y, de otra, al sujeto frente a quien se dirigen las reclamaciones (legitimación por
pasiva). Si el demandante carece de legitimación, no puede obtener satisfacción de sus pretensiones, pues no es
acreedor del derecho invocado. De igual manera, si el demandado no está legitimado, no puede ser obligado a cumplir
una prestación que corresponde a otra persona. En materia de tutela, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece
que la acción debe ser promovida por el titular del derecho vulnerado, aunque también puede ser ejercida por su
representante legal, su apoderado judicial, su agente oficioso, el defensor del pueblo o el personero municipal.

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Ahora bien, se debe indicar que la UNP cuenta con legitimación en la causa por pasiva,
toda vez que, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1066 de 2015, es la entidad
encargada de realizar los estudios y evaluaciones de las personas en situación de riesgo
extraordinario o extremo. En tal virtud, recae sobre ella la competencia para recibir,
analizar y tramitar las solicitudes de protección, así como para adoptar e implementar las
medidas necesarias.

De igual manera, el Consejo Superior de la Judicatura y la DEAJ se encuentran
legitimados en la causa por pasiva. Lo anterior, por cuanto el artículo 85 de la Ley 270 de
1996, modificado por la Ley 2430 de 2024, asigna al consejo aludido la función de
coadyuvar en la protección y seguridad de los servidores judiciales. Por su parte, la DEAJ,
según el artículo 99 de la citada ley, tiene a su cargo la administración de los bienes y
recursos destinados al funcionamiento de la Rama Judicial, lo que la faculta para
gestionar los medios físicos y administrativos necesarios para la operatividad de las
medidas de seguridad internas.

4.2.- Frente al requisito de subsidiariedad, en jurisprudencia reiterada, la Corte
Constitucional ha sido enfática en sostener “que la acción de tutela es procedente para
invocar la protección de los derechos a la vida, a la seguridad personal, a la integridad
física y al debido proceso administrativo frente a decisiones adoptadas por la UNP”10.

Al respecto, si bien el ordenamiento jurídico prevé unos medios de control para
controvertir las actuaciones de la Unidad Nacional de Protección y de las autoridades de
la Rama Judicial, tales mecanismos carecen de idoneidad y eficacia frente a la urgencia
que suscita el caso concreto. La prolongada duración de un proceso ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo resultaría ineficaz para salvaguardar derechos de
especial relevancia constitucional, cuya vulneración o amenaza exige una protección
inmediata y efectiva que no admite dilaciones procesales ordinarias.

La alta corporación constitucional ha sido enfática 11 en señalar que los mecanismos
ordinarios conllevan un tiempo prolongado, lapso en el cual se puede consumar el riesgo,

10 Corte Constitucional, sentencias SU-020 de 2022, T-469 de 2020, T-123 de 2019, T-473 de 2018, T-411 de 2018 y

T-349 de 2018. El alto tribunal constitucional también concluyó, en algunas ocasiones, que el requisito de
subsidiariedad se cumplía para evitar un perjuicio irremediable.
11 Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2019.

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por lo que se desconoce la urgencia con que se requiere que el asunto sea resuelto,
debido a los derechos involucrados.

En ese sentido, en el caso concreto se considera satisfecho el requisito de subsidiariedad,
toda vez que Rincón Barreiro se halla en una situación que justifica la flexibilización de
dicho presupuesto.

4.3.- Por otra parte, es preciso señalar que los hechos en los que se funda esta petición
constitucional son de carácter continuo y sucesivo, pues se relacionan con el
incumplimiento persistente frente a la asignación de un esquema de seguridad eficaz.
Esta circunstancia dilucida que la vulneración alegada se mantiene en el tiempo, lo cual
sustenta la procedencia actual del mecanismo de amparo.

4.4.- En atención a lo anterior, se evidencia que esta solicitud de amparo cumple los
requisitos de procedibilidad y se continuará con el estudio de los derechos a la vida y a
la seguridad, así como con el análisis del caso concreto.

5.- Generalidades de los derechos a la vida y a la seguridad

5.1.- El artículo 2 de la Constitución Política establece, dentro de los fines esenciales del
Estado, asegurar la convivencia pacífica y dispone que las autoridades están instituidas
para: i) proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias y demás derechos y libertades, y ii) asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares. Por su parte, el artículo 11 ejusdem señala que
el derecho a la vida es inviolable, y el artículo 12 siguiente consagra que nadie será
sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.

5.2.- Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional desde sus primeros
pronunciamientos12 reconoció que el derecho a la vida es un presupuesto para el goce y
disfrute de los demás derechos constitucionales y resaltó que tiene “sentido y alcance en

12 Corte Constitucional, sentencias T-596 de 1992, C-133 de 1994, T-427 de 1998, T-645 de 1998, T-524 de 2007 y C-

327 de 2016. Esa corporación aseguró que el derecho a la vida es el sustrato ontológico de la existencia de los restantes
derechos.

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cuanto manifiesta una voluntad nacional de crear las condiciones necesarias para que la
violencia deje de ser empleada como medio de solución de conflictos”13.

Luego, en la sentencia C-331 de 2017, se indicó que era un mandato superior de
obligatorio cumplimiento para todas las autoridades del Estado la realización de
actividades tendientes a lograr las condiciones para la continuidad y el desarrollo efectivo
de la vida de las personas que residen en Colombia14.

En consecuencia, la Corte Constitucional advirtió que existen dos ámbitos de protección
vinculantes para el Estado:

“i) los deberes de respeto y ii) las obligaciones de protección. Los deberes de respeto se traducen
en que las autoridades deben abstenerse de vulnerar la vida e integridad personal de los
ciudadanos, tanto como han de evitar que terceras personas los afecten. En relación con el deber
de protección, se materializa por medio de acciones o medidas de carácter positivo, una vez
determinado el riesgo al que está sometida una persona como consecuencia de amenazas
concretas sobre su vida e integridad personal, el Estado tiene la obligación de definir, de manera
oportuna, los medios de protección específicos, adecuados y suficientes para evitar la
consumación de un daño”15.

5.3.- A su vez, el derecho a la seguridad no aparece expresamente denominado como
fundamental en la Constitución Política, sino que ese estatus se deriva de una
interpretación sistemática del bloque de constitucionalidad, pues está íntimamente ligado
a la vida16.

La jurisprudencia constitucional ha señalado que un riesgo adquiere el carácter de
extraordinario cuando reúne ciertas características particulares que lo distinguen de uno
ordinario. En primer lugar, debe tratarse de un peligro individualizable, esto es, que afecte
de forma específica a una persona determinada y no se limite a una amenaza genérica.
Además, ha de ser concreto, sustentado en hechos manifiestos y verificables que
permitan identificar su existencia de manera objetiva. Igualmente, tiene que ser actual,
lo que significa que se trata de una amenaza presente y que no responde a un escenario
meramente hipotético o remoto. También debe ser significativo y serio, en el sentido de
que exista una probabilidad real de su materialización. No basta con que se observe una

13 Corte Constitucional, sentencia T-102 de 1993. MP Carlos Gaviria Díaz, en la que la Corte señaló que “el
reconocimiento del derecho humano a la vida en una norma de rango jurídico supremo (C.N. Artículo 11), deberá
asumirse por gobernantes y gobernados como un compromiso de restablecer las reglas que conforman el mínimo
exigido para el mantenimiento y desarrollo de la convivencia civilizada y el consenso social”.
14 SU-020 de 2022, pág. 122.
15 Corte Constitucional, SU-020 de 2022.
16 Corte Constitucional, T-002 de 2020.

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contingencia abstracta, sino que tiene que ser discernible y claramente identificable.
Finalmente, es menester que se califique como excepcional, es decir, que no
corresponda al tipo de exposición común que asume el ciudadano promedio en sus
actividades diarias17.

En punto de lo anterior, la Corte Constitucional ha precisado que la evaluación del nivel
de riesgo al que está expuesta una persona y la determinación de las medidas de
salvaguarda a implementar corresponde a la Unidad Nacional de Protección, entidad que
cuenta con los medios técnicos y administrativos idóneos para realizar dicha tarea. En
ese sentido, en la T-388 de 2019 se reiteraron las siguientes reglas jurisprudenciales:
primero, que la UNP es la autoridad competente y dotada de las herramientas necesarias
para establecer tanto el riesgo como las acciones protectoras viables; segundo, que por
regla general corresponde al juez constitucional ordenar a la UNP la realización del
estudio respectivo; tercero, que de forma excepcional en la tutela se puede ordenar la
continuidad de un esquema de protección si se advierte que existen pruebas claras e
inequívocas sobre una amenaza grave e inminente; y, cuarto, que la UNP debe tener en
cuenta no solo la situación individual del solicitante, sino también el contexto estructural
y colectivo en el que se inscribe su situación.

6.- Estudio del caso concreto

6.1.- En el sub examine, el actor interpuso acción de tutela, porque, con ocasión de su
calidad de juez 2º penal del Circuito Especializado de Neiva, enfrenta una amenaza
grave, cierta y directa contra su vida e integridad personal. Afirma que, pese a que el
riesgo ha sido calificado preliminarmente como extraordinario y se ha documentado la
necesidad de implementar medidas de emergencia, no se le ha brindado la protección
adecuada, necesaria y definitiva para salvaguardar sus derechos fundamentales.

6.2.- En primer lugar, se resalta que el tutelante es un sujeto de especial protección
estatal en virtud de su calidad de servidor de la Rama Judicial, cuyas funciones le
generan un riesgo extraordinario, inminente y grave derivado de los procesos que
adelanta contra grupos organizados al margen de la ley. En segundo lugar, se observa

17 Corte Constitucional, SU-020 de 2022.

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que su cargo impone al Estado un deber reforzado de seguridad, pues el peligro que
afronta es una consecuencia directa del ejercicio legítimo de la administración de justicia.

6.3.- Con base en lo anterior, se debe destacar que el artículo 2.4.1.2.40. del Decreto
1066 de 2015 prevé que el programa de protección comienza con la recepción de la
solicitud y el diligenciamiento del formulario de inscripción, tras lo cual se verifica la
pertenencia del solicitante a la población objeto del programa y el nexo causal entre el
riesgo y su actividad. Una vez establecida esta relación, el Cuerpo Técnico de Análisis
de Riesgo (CTAR) inicia formalmente la evaluación, y debe presentar los resultados ante
el CERREM en un plazo máximo de 30 días hábiles desde que el interesado otorgó su
consentimiento. Es preciso señalar que dicho consentimiento se entiende otorgado con
el trámite del formulario físico o en línea18.

Posteriormente, el comité realiza el análisis y valoración para emitir la recomendación de
medidas, las cuales deben ser adoptadas por el director de la Unidad Nacional de
Protección mediante un acto administrativo motivado. Dicha decisión se comunica al
protegido para proceder con la implementación, momento en el cual se suscribe un acta
que deja constancia de la entrega e inicio de las medidas. El proceso concluye con el
seguimiento al uso de los esquemas y la reevaluación anual del nivel de riesgo, la cual
puede anticiparse si sobrevienen hechos nuevos que alteren la situación de seguridad.
Finalmente, el marco normativo establece que la evaluación técnica es un requisito sine
qua non para tramitar el caso y asignar cualquier medida de protección definitiva.

6.4.- En tal medida, se observa que el 29 de abril de 202519 Rincón Barreiro diligenció el
formulario de inscripción al programa de prevención y protección de la UNP, ruta
individual, aunado a que el 10 de junio siguiente se le realizó una entrevista 20 . De
conformidad con lo informado por la UNP, dicho trámite comenzó con una evaluación del
nivel de riesgo mediante la OT 711410, la cual dio inicio formalmente al proceso ante el
CERREM el día 23 de octubre de 2025. La entidad explicó que este proceso es la
herramienta técnica idónea para determinar el grado de vulnerabilidad y riesgo y que la
Dirección de Evaluación de Riesgo, por medio del Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo
(CTAR), adelanta labores de campo que incluyen entrevistas con el evaluado,

18 Parágrafo 4 del artículo 2.4.1.2.40. del Decreto 1066 de 2015.
19 A folio 11 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 85A5704FEFCD2831
4C93E0A68494BBCD 8BA92DEBC811048E 1216434C6553CD13.
20 A folio 28 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 85A5704FEFCD2831

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Asunto: Acción de tutela – Primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00343-00
Accionante: Manuel Adolfo Rincón Barreiro
Accionados: Unidad Nacional de Protección y otro

verificaciones y la recolección formal de insumos ante entidades de seguridad y
organismos de control. Posteriormente, los analistas diligencian una matriz de valoración
que integra enfoques de amenaza, riesgo y vulnerabilidad, para presentar el caso ante
el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) 21.

La UNP señaló también que este estudio especializado requiere un término mínimo de
30 días hábiles en la etapa del CTAR, debido a que depende del suministro de
información por parte de otras autoridades. Finalmente, la entidad manifestó que el
estudio se encuentra activo y el 6 de febrero de 2026 se solicitó formalmente la
priorización del caso ante los delegados del CERREM para agilizar la definición de la
situación de seguridad del peticionario.

6.5.- Teniendo en cuenta lo expuesto, esta Sala considera que, en el caso concreto, la
Unidad Nacional de Protección inobservó su deber constitucional de garantizar la
protección efectiva de los derechos fundamentales de Manuel Adolfo Rincón Barreiro. Si
bien no se advierte una actitud puramente pasiva, toda vez que existen gestiones en
curso, lo cierto es que la entidad ha incurrido en una dilación injustificada al superar los
plazos legales o razonables previstos para la adopción de medidas de protección. A la
fecha, es claro el incumplimiento frente a la obligación de concluir el estudio técnico de
nivel de riesgo y proferir el acto administrativo que defina la situación de seguridad del
accionante.

Dicha omisión técnica impide actualizar y verificar, bajo criterios objetivos, la idoneidad y
suficiencia de las medidas de mitigación transitorias asignadas. La falta de culminación
del trámite de evaluación, pese a la gravedad advertida y a los reiterados requerimientos
por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y del afectado, configura
una deficiencia institucional. En efecto, la tardanza injustificada imposibilita determinar la
exposición real a la que se encuentra sometido el servidor judicial.

En estas condiciones se encuentra que Rincón Barreiro probablemente permanece
expuesto a un riesgo y no ha obtenido una respuesta administrativa que permita su
mitigación o determinación técnica. Se configura, por tanto, una omisión
constitucionalmente relevante atribuible a la UNP, cuya ausencia de análisis técnico final

21A folios 3-5 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 16, con certificado 5D62F3A83F04AA3B
20658D8AD9D8C2A0 75602135C4768F6F 212138B837938348.

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Asunto: Acción de tutela – Primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00343-00
Accionante: Manuel Adolfo Rincón Barreiro
Accionados: Unidad Nacional de Protección y otro

impide definir de forma razonada las circunstancias de vulnerabilidad del actor, lo que
activa la intervención urgente del juez constitucional para prevenir la consumación de un
perjuicio irremediable.

No obstante, es preciso aclarar que la vulneración advertida no se deriva, per se, del
esquema de seguridad actualmente asignado ni de su supuesta insuficiencia, sino de la
extemporaneidad respecto de la evaluación definitiva. Esta demora impide establecer,
con el rigor requerido, si las condiciones de riesgo actuales exigen la adopción de
medidas complementarias. Se reitera que la decisión sobre la idoneidad y necesidad de
implementar o reforzar los esquemas de protección corresponde exclusivamente a la
UNP, como órgano especializado y competente, siempre que dicha determinación esté
precedida de una labor de campo y una valoración técnica oportuna.

6.6.- Por otra parte, en relación con la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el
Consejo Superior de la Judicatura, esta Sala considera que estas autoridades no han
incurrido en una omisión que vulnere los derechos fundamentales del actor, toda vez que
han desplegado de manera diligente y articulada las actividades administrativas que les
asigna la ley. Al respecto, conforme a los artículos 85 y 99 de la Ley 270 de 1996, la
naturaleza de la DEAJ es técnica y carece de competencia legal para realizar estudios
de seguridad o implementar esquemas de protección definitivos, responsabilidades que
radican en la UNP. No obstante, la administración judicial demostró una gestión
propositiva frente a la situación del accionante al instar formalmente a la UNP, mediante
múltiples oficios remitidos en 2023, 2024 y 2025, para que adelante la valoración con
carácter de urgencia. Asimismo, ante la gravedad de las circunstancias, ejecutó medidas
de mitigación transitorias consistentes en el mantenimiento, cambios técnicos y puesta
a disposición de un vehículo modelo 2011, el cual fue entregado formalmente para el uso
de algunos jueces especializados de Neiva. Por último, se desvirtuó la falta de respuesta
institucional, toda vez que no se acreditó que hubiese peticiones ignoradas o
desconocidas, lo que confirma que las actuaciones de protección se han canalizado
debidamente y, por ende, se estiman agotados los mecanismos internos de seguridad
según la disponibilidad de recursos físicos y presupuestales de la Rama Judicial.

7.- Así las cosas, la Sala concluye que la UNP desatendió sus obligaciones al no haber
realizado un estudio oportuno del nivel de riesgo que afronta el peticionario y, por
consiguiente: (i) se ampararán sus derechos a la vida y a la seguridad; y (ii) se ordenará

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Asunto: Acción de tutela – Primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00343-00
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Accionados: Unidad Nacional de Protección y otro

a la UNP que, en el término de un (1) mes22 contado a partir de la notificación de esta
providencia, concluya el estudio técnico en curso con el fin de verificar adecuadamente
el riesgo en que se encuentra Rincón Barreiro y determine las medidas de seguridad que
considere necesarias.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III.- RESUELVE

PRIMERO: AMPARAR los derechos a la vida y a la seguridad por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la UNP que, en el término de un (1) mes contado a partir de
la notificación de esta providencia, concluya el estudio técnico en curso con el fin de
verificar adecuadamente el riesgo en que se encuentra Manuel Adolfo Rincón Barreiro y
determine las medidas de seguridad que considere necesarias.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a la vinculada por el medio
más expedito.

CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no
ser impugnada.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

22 En uso del plazo establecido en el ordinal segundo de la sentencia T-388 de 2019.

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