Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00355-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00355-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00355-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
27 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00355-00
Accionante: YECIR FERNANDO REYES URRIOLA
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA–SALA SEXTA DE
DECISIÓN ORAL
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Yecir Fernando Reyes Urriola contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia–Sala Sexta de Decisión Oral 1 , que confirmó la
sentencia de primera instancia del Juzgado Veintidós Administrativo Oral del Circuito de
Medellín, y negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho 2 del accionante contra la Nación–Ministerio de Defensa Nacional–Ejército
Nacional.
ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
1 Proceso identificado con número de radicación: 05001-33-33-022-2018-00090-02.
2 Proceso identificado con número de radicación: 05001-33-33-022-2018-00090-02.
2
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Accionante: Yecir Fernando Reyes Urriola
Acción de tutela–Primera instancia
El 21 de enero de 2026, Yecir Fernando Reyes Urriola, en nombre propio, formuló acción
de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso judicial, igualdad, no discriminación por salud/discapacidad, trabajo y estabilidad
laboral reforzada; que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia–
Sala Sexta de Decisión Oral, al haber proferido la sentencia del 18 de julio de 2025, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la Nación–
Ministerio de Defensa Nacional–Ejército Nacional, mediante la cual se confirmó la
sentencia de primera instancia del Juzgado Veintidós Administrativo Oral del Circuito de
Medellín que negó las pretensiones de la demanda orientadas a declarar la nulidad de la
Orden Administrativa de Personal No. 2294 del 13 de octubre de 2017 y el consecuente
reintegro con pago de salarios y prestaciones del señor Yecir Fernando Reyes Urriola.
En virtud del amparo, el accionante solicitó textualmente:
«PRIMERO: TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso judicial,
igualdad y no discriminación por salud/discapacidad, y trabajo -estabilidad laboral
reforzada.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia No. 160 del 18 de julio de 2025
del Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Decisión Oral, dentro del
radicado 05001333302220180009002.
TERCERO: Que, como consecuencia de lo anterior, SE ORDENE Tribunal
Administrativo de Antioquia proferir una nueva decisión, en la que:
• Aplique integralmente el estándar citado por la propia providencia: retiro solo si
(i) reubicación no favorable y (ii) las capacidades no puedan ser aprovechadas
en actividades administrativas, docentes o de instrucción.
• Realice un control material, no meramente formal, de la reubicación y de la
posibilidad real de aprovechamiento de capacidades residuales, con respuesta
suficiente a los cargos constitucionalmente relevantes.
CUARTO: Las demás que se considere pertinentes para la protección y amparo
de mis derechos fundamentales.»
2. Hechos relevantes
El señor Yecir Fernando Reyes Uriolla, señaló que se vinculó al Ejército Nacional como
soldado profesional el 20 de julio de 2013, en óptimo estado de salud, cumpliendo los
requisitos mínimos establecidos para el ingreso, en especial los relacionados con la
aptitud psicofísica conforme a las disposiciones legales vigentes, por lo que al momento
de su incorporación contaba con condiciones de salud física y mental adecuadas para el
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Accionante: Yecir Fernando Reyes Urriola
Acción de tutela–Primera instancia
servicio. Durante su permanencia en la institución prestó servicio en distintos lugares del
país, entre ellos Puerto Libertador, Tarazá, Puerto Valdivia, La Granja, El Aro e Ituango,
destacándose por su compañerismo, entrega y compromiso con la misión, hasta que,
estando en servicio en Ituango, el 28 de diciembre de 2014 sufrió una caída que le
ocasionó una afectación lumbar, con dolores persistentes en la columna, dificultades para
caminar y limitaciones para realizar movimientos, pese a lo cual, luego de su
recuperación, se reincorporó a sus labores y continuó prestando servicio, incluyendo
patrullajes y puestos de guardia, desempeñando funciones de seguridad y apoyo logístico
acordes con sus condiciones de salud.
A raíz de dichas afectaciones, las cuales fueron calificadas como enfermedad común, fue
valorado en la Junta Médica Laboral No. 93207 del 14 de marzo de 2017, en la que se
consignaron diagnósticos como hipertensión arterial en tratamiento farmacológico y
lumbalgia mecánica con secuela de lumbalgia crónica, determinándose una disminución
de su capacidad laboral del 19.9% y concluyéndose que no era apto para la actividad
militar, razón por la cual, mediante Orden Administrativa de Personal No. 2294 del 13 de
octubre de 2017, fue retirado del servicio con la causal de disminución de la capacidad
psicofísica, decisión que, en su criterio, no tuvo en cuenta que contaba con capacidades
laborales residuales que le permitían desempeñar funciones administrativas y de apoyo
dentro de la institución.
Ante ello, el accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación–Ministerio de Defensa Nacional–Ejército Nacional, con el fin de obtener
la nulidad del acto de retiro y su reintegro a la entidad con el pago de los emolumentos
dejados de percibir.
El proceso fue conocido por el Juzgado Veintidós Administrativo Oral del Circuito de
Medellín, que mediante sentencia de primera instancia del 23 de agosto de 2018, negó
las pretensiones de la demanda y argumentó que la Junta Médica hizo consideración de
la reubicación laboral del actor, conceptuando de modo negativo la procedibilidad de esta
en razón del padecimiento de origen osteomuscular fuente de la incapacidad declarada,
conforme al Acta suscrita por dicha autoridad médico-laboral, en la que se indicó que la
sugerencia de reubicación se daba en forma negativa, ya que el soldado profesional
presentaba patología de origen osteomuscular que, de continuar expuesto a factores
ocupacionales propios de la actividad militar, podían llegar a exacerbarse, poniendo en
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Accionante: Yecir Fernando Reyes Urriola
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riesgo su salud, bienestar y rehabilitación integral. Por lo anterior, estimó que la decisión
de no sugerir la reubicación obedecía a un factor de mayor peso relacionado con el
bienestar del retirado, en tanto el riesgo se evidenciaba en las condiciones en que se
desarrolla la prestación del servicio militar, concluyendo que se trató de una medida de
protección adoptada por profesionales evaluadores médicos y que no se acreditó
desviación de poder, pues los actos administrativos fueron emitidos ajenos a cualquier
interés ilegítimo, venganza personal, motivación política o interés de un tercero o del
propio funcionario.
Posteriormente, el accionante presentó recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, en el que argumentó que la decisión no se ajustó a lo dispuesto en el
artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –CPACA- y que no se tuvieron en cuenta los artículos 18 y 26 de la Ley
361 de 1997, relativos a la prohibición de que las limitaciones de la persona sean motivo
para obstaculizar su vinculación laboral y a la protección de las personas en condición de
discapacidad. Asimismo, sostuvo que se desconoció el artículo 8 de la Ley 776 de 2002,
referente a la reubicación del trabajador incapacitado, señalando que el Ejército Nacional
estaba obligado a reubicarlo en un cargo acorde con sus capacidades y limitaciones, y
que la jurisprudencia constitucional ha indicado que el retiro del servicio por disminución
de la capacidad psicofísica solo procede cuando el concepto de la Junta Médico Laboral
sobre reubicación no sea favorable y las capacidades del servidor no puedan ser
aprovechadas en actividades administrativas, docentes o de instrucción, por lo que la
desvinculación únicamente sería viable cuando el funcionario no pueda desempeñar
ningún cargo dentro de la entidad, máxime tratándose de una persona con limitaciones
en su estado de salud.
La segunda instancia correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia–Sala Sexta de
Decisión Oral, que mediante sentencia del 18 de julio de 2025 confirmó la decisión
adoptada en primera instancia y consideró que el retiro del servicio activo por disminución
de la capacidad psicofísica se ajustó a las exigencias normativas y jurisprudenciales
aplicables. La Sala sostuvo que la sentencia de primera instancia cumplía con las
exigencias del artículo 187 del CPACA y, en cuanto al fondo del asunto, reiteró que el
régimen del Decreto Ley 1793 de 2000 permite el retiro del soldado profesional cuando
no reúne las condiciones de capacidad y aptitud psicofísica determinadas por las
disposiciones legales vigentes, previa valoración por las autoridades médico-laborales.
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Accionante: Yecir Fernando Reyes Urriola
Acción de tutela–Primera instancia
Asimismo, destacó que la jurisprudencia constitucional ha señalado que el retiro por
disminución psicofísica solo procede cuando se evalúa la posibilidad de reubicación
conforme a las condiciones de salud y que, en el caso concreto, la Junta Médica Laboral
sí se pronunció sobre la reubicación de manera negativa, al considerar que, dada la
patología osteomuscular del demandante, la continuidad en la actividad militar podía
poner en riesgo su salud, bienestar y rehabilitación integral. En consecuencia, concluyó
que el retiro se adoptó como una medida de protección fundada en criterios médicos y
en el marco del régimen especial aplicable a los soldados profesionales, por lo que no se
evidenciaba motivo para revocar la decisión del a quo ni vulneración del ordenamiento
jurídico que permitiera acceder a las pretensiones de la demanda.
La providencia de segunda instancia dio lugar a la interposición de la presente acción de
tutela por parte del señor Reyes Urriola.
3. Fundamentos de la acción
La parte accionante sostuvo que la providencia cuestionada incurrió en un defecto
sustantivo, al considerar que la sentencia de segunda instancia aplicó de manera
incompleta el estándar constitucional que rige el retiro del servicio por disminución de la
capacidad psicofísica y la obligación de evaluar la reubicación laboral de las personas
con limitaciones en su estado de salud.
En su criterio, el Tribunal asumió como suficiente la referencia negativa sobre la
reubicación contenida en el acta de la Junta Médico Laboral, sin realizar un control
material acerca de si sus capacidades residuales podían ser aprovechadas en
actividades administrativas, de apoyo, docentes o de instrucción, pese a que su pérdida
de capacidad laboral fue inferior al 50%.
Afirma además que la providencia reemplazó el análisis judicial material por una
validación meramente formal del dictamen médico laboral, con lo cual convalidó el retiro
como una consecuencia prácticamente automática de la no recomendación de
reubicación, sin verificar la imposibilidad real de desempeñar funciones compatibles con
su condición de salud, lo que, a su juicio, desconoce la estabilidad laboral reforzada y la
protección reforzada de las personas con limitaciones.
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Accionante: Yecir Fernando Reyes Urriola
Acción de tutela–Primera instancia
Finalmente, la parte accionante menciona que el Ejército Nacional contaba con funciones
administrativas y de apoyo en las que podía desempeñarse, por lo que debían
privilegiarse medidas de reubicación laboral antes que la desvinculación del servicio
activo.
4. Trámite procesal
El 30 de enero de 2026, se admitió la acción de tutela3 y se ordenó su notificación al
accionante y a la autoridad judicial accionada, así como al Juzgado Veintidós
Administrativo Oral de Medellín, Tribunal Administrativo de Antioquia y la Nación-
Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, como terceros interesados. Igualmente, se
solicitó al Juzgado Veintidós Administrativo Oral de Medellín y al Tribunal Administrativo
de Antioquia enviar copia digital del expediente del medio de control.
La Nación–Ministerio de Defensa–Ejército Nacional, por intermedio de apoderada judicial,
contestó la demanda de tutela 4 y solicitó mantener la providencia cuestionada, al
considerar que no se vulneró derecho fundamental alguno del accionante y que la tutela
pretende reabrir un debate ya decidido por la jurisdicción contencioso administrativa.
Indicó que el Tribunal Administrativo de Antioquia realizó una valoración normativa y
probatoria integral, especialmente del acta de la Junta Médica Laboral que conceptuó
negativamente la reubicación por el riesgo para la salud del actor, y sostuvo que los
argumentos de la tutela son apreciaciones subjetivas y que el amparo no puede
convertirse en una tercera instancia ni en un mecanismo para controvertir decisiones
judiciales.
En su escrito de contestación5, el Tribunal Administrativo de Antioquia manifestó que la
acción de tutela no tiene vocación de prosperidad, por cuanto el asunto no reviste
relevancia constitucional y la parte accionante pretende utilizar el amparo como una
instancia adicional para reabrir el debate jurídico ya decidido por el juez natural. Indicó
que la providencia cuestionada se encuentra debidamente motivada, fundada en un
análisis legal, probatorio y jurisprudencial del caso, y que la tutela contra providencias
3 SAMAI, índice 5.
4 SAMAI, índice 12.
5 SAMAI, índice 13.
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Accionante: Yecir Fernando Reyes Urriola
Acción de tutela–Primera instancia
judiciales tiene carácter excepcional, por lo que no puede emplearse para controvertir
interpretaciones jurídicas ni valoraciones probatorias previamente resueltas.
Finalmente, el Tribunal Administrativo de Antioquia–Sala Sexta de Decisión Oral y el
Juzgado Veintidós Administrativo Oral del Circuito de Medellín, enviaron copia digital del
expediente del proceso ordinario6.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la sentencia del
18 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Sexta de
Decisión Oral, que confirmó la sentencia de primera instancia del Juzgado Veintidós
Administrativo Oral del Circuito de Medellín y negó las pretensiones formuladas en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho7, promovido por el accionante contra
la Nación–Ministerio de Defensa Nacional–Ejército Nacional.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental 8 . De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se
configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se
6 SAMAI, índice 14 y 15.
7 Proceso identificado con número de radicación: 05001-33-33-022-2018-00090-02.
8 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Accionante: Yecir Fernando Reyes Urriola
Acción de tutela–Primera instancia
trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que
la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela9.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.
Relevancia constitucional
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha indicado, desde
2014, los siguientes elementos para determinar si una acción de tutela cumple con el
requisito de relevancia constitucional10: i) que el actor cumpla una carga argumentativa
suficiente, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales,
sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de
desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; ii)
Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.
Adicionalmente, en sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los
elementos antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de
relevancia constitucional. Sostuvo que «la tutela contra providencias judiciales implica un
juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen
a la controversia judicial». Precisó que el requisito de relevancia constitucional es
consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los
9 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. C.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9
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Accionante: Yecir Fernando Reyes Urriola
Acción de tutela–Primera instancia
jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además de
lo anterior, la Corte indicó que:
«[…] la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal.»
Caso concreto
El señor Yecir Fernando Reyes Urriola promovió acción de tutela contra la sentencia del
18 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia–Sala Sexta de
Decisión Oral, al considerar que dicha providencia vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso judicial, igualdad, no discriminación por salud/discapacidad, trabajo y
estabilidad laboral reforzada.
La Sala advierte que, la tutela promovida por el señor Reyes Urriola será declarada
improcedente, toda vez que no cumple con el requisito de relevancia constitucional. Esto,
pues la Sala observa que lo que pretende la accionante es reabrir el debate que quedó
zanjado ante el juez de conocimiento.
Se observa que, como fundamento principal de la acción de tutela, el accionante sostiene
que existió un defecto sustantivo, debido a que el Tribunal Administrativo de Antioquia
aplicó de manera incompleta el estándar constitucional sobre retiro por disminución de la
capacidad psicofísica, al validar formalmente la no reubicación sin realizar un análisis
material acerca de si sus capacidades residuales podían ser aprovechadas en
actividades administrativas, de apoyo, docentes o de instrucción, pese a que su pérdida
de capacidad laboral fue inferior al 50%.
Aunque la parte accionante argumenta que no se ha hecho un análisis material frente a
la posibilidad de su reubicación laboral, se advierte que, del Acta de Junta Médico Laboral
no. 93207 se desprende lo siguiente:
10
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Accionante: Yecir Fernando Reyes Urriola
Acción de tutela–Primera instancia
«MOTIVACION: EN CUANTO A SUGERENCIA DE REUBICACION LABORAL SE
DA EN FORMA NEGATIVA YA QUE EL SLP PRESENTA PATOLOGIA DE
ORIGEN OSTEOMUSCULAR QUE DE CONTINUAR EXPUESTO A FACTORES
OCUPACIONALES PROPIOS DE LA ACITVIDAD MILITAR PUEDEN LLEGAR A
EXARCERBARSE PONIENDO EN RIESGO SU SALUD, BIENESTAR Y/O
REHABILITACION NTEGRAL POR TAL MOTIVO SE DA ENFORMA NEGATIVA
BASADO EN EL DECRETO 094 DE 1989 ARTICULO 68 LITERAL A Y B.»11
El adquem en la sentencia, señala:
«3.2 En relación con el retiro del servicio activo de las Fuerzas Militares del Ejército
Nacional por disminución de la capacidad psicofísica, contenido en la Corte
Constitucional en la sentencia C- 063 de 2018, “Demanda de inconstitucionalidad
contra los artículos 4°, 8° y 10° (parciales) del Decreto Ley 1793 de 2000 “Por el
cual se expide el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados
Profesionales de las Fuerzas Militares”:
“44. De lo expuesto se puede concluir que la jurisprudencia de esta Corporación
ha reconocido, pacífica y reiteradamente, que los derechos a la igualdad y a la
estabilidad laboral reforzada son vulnerados cuando se retira del servicio a un
soldado profesional, como consecuencia de la disminución psicofísica y no se
evalúa la posibilidad de reubicarlo de conformidad con sus condiciones de salud.
Así mismo, que existen criterios de reubicación que deben ser evaluados por el
Ejército Nacional para evitar incurrir en conductas discriminatorias. Entonces, si
bien existen normas que permiten al Ejército válidamente retirar a sus miembros
cuando estos presentan tal disminución, también lo es que esta Corte ha decidido
aplicar la excepción de inconstitucionalidad respecto de los artículos que le
atribuyen dicha competencia, puesto que en algunos casos estas disposiciones
pueden acarrear la vulneración de los derechos fundamentales.
45. Para finalizar este acápite, es importante recordar que con la Sentencia C-381
de 2005[157], la Corte declaró la inexequibilidad del artículo 58[158] del Decreto
Ley 1791 de 2000[159] y la exequibilidad condicionada del numeral 3º del artículo
55[160] y del artículo 59[161] del mismo Decreto, "en el entendido que el retiro del
servicio por disminución de la capacidad psicofísica sólo procede cuando el
concepto de la Junta Médica Laboral sobre la reubicación no sea favorable y las
capacidades del policial no puedan ser aprovechadas en actividades
administrativas, docentes o de instrucción".
En dicha sentencia se abordó el tratamiento jurídico nacional e internacional de las
personas con discapacidad y, después de haber efectuado el test de igualdad a
las normas acusadas concluyó, en lo pertinente, que: (i) si bien es necesario que
los miembros de la Policía Nacional se encuentren en ciertas condiciones de
aptitud física y mental para desempeñar las funciones propias de la institución, (ii)
también lo es que existen tareas que contribuyen a dar cumplimiento a la misión,
11 Folios 27 a 28 del expediente.
11
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Accionante: Yecir Fernando Reyes Urriola
Acción de tutela–Primera instancia
a pesar de no ser estrictamente operativas, como la instrucción, la docencia o las
actividades de tipo administrativo. (iii) Tales funciones pueden ser desempeñadas
por persona que por motivos del servicio han disminuido su capacidad psicofísica
al punto que no pueden ejecutar labores ejecutivas, pero que gozan de otras
capacidades. (iv) Por ello, y teniendo en cuenta que la disminución de las
capacidades del personal puede ser de diverso tipo e intensidad, la Institución tiene
el deber constitucional de evaluar al individuo y de propiciar, en la medida de los
posible, su reubicación laboral.
La Corte indicó que debido a que las normas acusadas en esa ocasión no
apuntaban a cumplir los anteriores supuestos, las mismas debían ser armonizadas
para que su entendido y aplicación fueran constitucionales.
(…)
Con fundamento en lo expuesto, una persona con disminución de su capacidad
psicofísica (no superior al 50%) no podrá ser retirada del Ejército por ese sólo
motivo si se demuestra que se encuentra en condiciones de realizar alguna otra
labor administrativa, de mantenimiento o de instrucción, entre otras. Lo anterior no
implica que exista un derecho absoluto para los soldados profesionales, pues esta
Corte también ha indicado que cuando se desborda la capacidad del empleador la
medida de reubicación laboral no puede ser oponible a este. En efecto, la sentencia
T-1040 de 2001[, precisó que se trata de un derecho cuyo ejercicio se encuentra
condicionado por 3 aspectos relacionados entre sí: (i) el tipo de función que
desempeña el trabajador, (ii) la naturaleza jurídica del cargo y (iii) la capacidad del
empleador. Al respecto, esa providencia dijo:
“Si la reubicación desborda la capacidad del empleador, o si impide o dificulta
excesivamente el desarrollo de su actividad o la prestación del servicio a su cargo,
el derecho a ser reubicado debe ceder ante el interés legítimo del empleador. Sin
embargo, éste tiene la obligación de poner tal hecho en conocimiento del
trabajador, dándole además la oportunidad de proponer soluciones razonables a
la situación.”
De este modo, por un lado, una persona con disminución de su capacidad
psicofísica (no superior al 50%) no podrá ser retirada del Ejército por ese sólo
motivo si se demuestra que se encuentra en condiciones de realizar alguna otra
labor administrativa, de mantenimiento o de instrucción y de otro, los soldados
profesionales no tienen un derecho absoluto, pues cuando se desborda la
capacidad del empleador la medida de reubicación laboral no puede ser oponible
a este.
3.3 Así las cosas, es preciso que el empleador evalúe la posibilidad de reubicarlo
de conformidad con sus condiciones de salud, teniendo en cuenta que existen
criterios de reubicación que deben ser evaluados por el Ejército Nacional para
evitar incurrir en conductas discriminatorias.
Ahora bien, como lo indicó el Juez de primera instancia en el Acta de Junta Médica
Laboral N° 93207, registrada en la Dirección de Sanidad del Ejército dada en
Medellín el 14 de marzo de 2017, se refirió la Junta a la sugerencia de reubicación.
De manera que no omitió la entidad pronunciarse sobre el asunto, concluyendo
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Accionante: Yecir Fernando Reyes Urriola
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que dada la patología del demandante la actividad militar pondría en riesgo la
salud, el bienestar y la rehabilitación integral del demandante.
Estima el Tribunal que se ajusta el retiro demandado a las exigencias normativas
y jurisprudenciales, sin que se advierta motivo para revocar la decisión tomada por
el a quo.»
De lo anterior se desprende que el Tribunal Administrativo de Antioquia sí tuvo en cuenta
el estándar constitucional aplicable al retiro del servicio por disminución de la capacidad
psicofísica y, en particular, verificó que la Junta Médico Laboral se pronunció
expresamente sobre la reubicación laboral y al aprovechamiento de capacidades
residuales, concluyendo su improcedencia por razones médicas debidamente motivadas.
Se advierte que la parte accionante en sede de tutela reitera sustancialmente los mismos
argumentos que fueron expuestos en el recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, particularmente aquellos relacionados con la presunta aplicación
incompleta del estándar constitucional sobre reubicación laboral y estabilidad laboral
reforzada.
En ese sentido, no se evidencia la formulación de un cargo nuevo o autónomo que no
haya sido objeto de análisis por el juez de segunda instancia, por el contrario, se observa
la reiteración de inconformidades ya resueltas dentro del proceso ordinario, lo que
confirma que la acción de tutela pretende reabrir el debate jurídico y probatorio
previamente definido por el juez natural, desbordando su carácter excepcional. En
consecuencia, tampoco se satisface la carga argumentativa exigida para la procedencia
excepcional de la tutela contra providencias judiciales.
En ese contexto, observa la Sala que lo planteado por el accionante corresponde a un
mero desacuerdo con la sentencia de segunda instancia, en tanto pretende que el juez
constitucional imponga una determinada forma de analizar el retiro por disminución de la
capacidad psicofísica y la posibilidad de reubicación laboral, aun cuando la Junta Médico
Laboral, quien es la competente para tal valoración, ya se pronunció expresamente y
concluyó que no era procedente su reubicación debido a que, por su patología de origen
osteomuscular, la continuidad en actividades propias del servicio podía poner en riesgo
su salud, bienes y proceso de rehabilitación.
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Accionante: Yecir Fernando Reyes Urriola
Acción de tutela–Primera instancia
En consecuencia, la controversia planteada no evidencia una vulneración directa de
derechos fundamentales, sino una discrepancia del accionante con lo decidido por el juez
de conocimiento.
En suma, la Sala concluye que la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia–Sala
Sexta de Decisión Oral estuvo debidamente motivada, fue razonable, respetó los límites
de la autonomía judicial y aplicó correctamente el derecho sustancial. Los cargos
formulados por el accionante en sede de tutela se limitaron a reiterar su desacuerdo con
la interpretación adoptada y a intentar reabrir un debate judicial ya resuelto de manera
definitiva.
Dicho lo anterior, al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la
autoridad judicial accionada, resulta improcedente que el juez de tutela revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no es una
instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la autonomía e
independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las razones expuestas, la
acción de tutela no cumple con el requisito general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Yecir Fernando Reyes
Urriola contra el Tribunal Administrativo de Antioquia–Sala Sexta de Decisión Oral, por
no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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Radicación:11001-03-15-000-2026-00355-00
Accionante: Yecir Fernando Reyes Urriola
Acción de tutela–Primera instancia
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
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