Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00358-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00358-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00358-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
13 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00358-00
Accionante: ELISEO RODRÍGUEZ RINCÓN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Improcedencia porque no se reúnen
los requisitos de inmediatez y subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela instaurada por el señor Eliseo Rodríguez
Rincón, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 20211.
ANTECEDENTES
La demanda
1. El 20 de enero de 2026, el señor Eliseo Rodríguez Rincón presentó demanda de
tutela en la que solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la seguridad social,
los que considera vulnerados por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales -
UGPP, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- y el Tribunal
Administrativo del Meta.
Hechos relevantes
2. El señor Eliseo Rodríguez Rincón laboró durante 29 años en el INPEC, por
lo que la Caja Nacional de Previsión Social EICE le reconoció pensión de vejez,
mediante Resolución PAP-012866 de 9 de septiembre de 2010.
3. El interesado solicitó la reliquidación de la pensión, lo que la UGPP negó
inicialmente, mediante Resolución RDP 022552 de 3 de junio de 2015; sin embargo,
en sede de reposición, se accedió a lo pretendido, en Resolución RDP 042669 de
16 de octubre de 2015. Se ordenó reliquidar la pensión con base en el 75% del IBL
conformado por los salarios sobre los cuales se hicieron cotizaciones en el período
comprendido entre el 1º de enero y el 30 de diciembre de 2013, tomando como
factores salariales los enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978. Esa
decisión se aclaró en Resolución RDP 01137 de 10 de marzo de 2016.
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El asunto ingresó al despacho el 3 de febrero de 2026. Índice 15 de Samai.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00358-00
Accionante: Eliseo Rodríguez Rincón
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otros
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
4. El señor Eliseo Rodríguez Rincón presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra las anteriores resoluciones, y solicitó que se
accediera a la reliquidación de la pensión con el 75% de todo lo devengado en el
último año de servicio, incluyendo la prima de clima y el subsidio de unidad familiar,
según la extensión que el Consejo de Estado hizo en cuanto al tratamiento
pensional de los detectives del DAS y a los guardianes del INPEC, en sentencia de
7 de mayo de 2015, proferida en el proceso con radicado 11001-03-15-000-2015-
00729-00. En esa ocasión señaló que se vulneraron los artículos 102 del CPACA,
45 del Decreto 1045 de 1978, y 13, 29 y 53 de la Constitución Política.
5. El Juzgado Cuarto Administrativo de Villavicencio, en sentencia de 21 de
agosto de 2019 negó las pretensiones de la demanda. Consideró que no era viable
aplicar la providencia de 7 de mayo de 2015, por cuanto el Consejo de Estado en
sentencia de 25 de abril de 2016 advirtió que en dicha anterior decisión abordó el
estudio del régimen especial de los empleados del DAS, el cual era distinto a la
regulación para los miembros del INPEC, que se funda en la Ley 32 de 1986 y en
los Decretos 407 de 1994 y 1045 de 1978. En esa medida, señaló que los factores
pretendidos por el accionante no tienen carácter salarial, ni se encuentran incluidos
en la norma aplicable. Refirió que «este Despacho varía su postura de aplicar la Ley
100 de 1993 a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia vinculados con
anterioridad al 25 de julio de 2003».
6. Inconforme con lo resuelto, el demandante interpuso recurso de apelación e
insistió en la inclusión de los factores de prima de clima, riesgo y subsidio familiar.
Como soporte, puso de presente la sentencia de 27 de abril de 2019, proferida por
la Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso con radicado 11001-03-
25-000-2016-00759-00 que excluyó la prima de riesgo, pero ordenó incluir la prima
de clima y subsidio familiar, en un caso similar. Además, consideró que no resultaba
aplicable la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, según el
entendimiento efectuado por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el proceso
15001-33-33-001-2016-00043-01. Agregó que según lo dispuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia T-099 de 22 de febrero de 2016, EL hecho de que el
empleador no realice los aportes que le correspondían por ley, no implica que se
deban excluir dichos factores de la pensión.
7. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Meta confirmó el fallo de
primera instancia. Explicó que el demandante no era beneficiario del régimen de
transición de la Ley 32 de 1986, pues, aunque cumplía el tiempo de servicio previsto
en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 y en el Decreto 2090 de 2003 (500
semanas de cotización especial), no cumplía los requisitos de edad o tiempo de
servicios del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que cuando entró a regir
esa normativa tenía 36 años de edad. Consideró, así, que no se debía aplicar la Ley
32 de 1986, sino los artículos 3 y 4 del Decreto 2090 de 2003, y como este no
estableció los factores a tener en cuenta, era menester remitirse a lo señalado en el
Decreto 1158 de 1994, en el que no se enlistaron los factores pretendidos por el
actor.
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Accionante: Eliseo Rodríguez Rincón
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otros
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
8. Para arribar a esa decisión, puso de presente la sentencia de unificación del
Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, que señaló que solo hay lugar a incluir
en la liquidación de las pensiones los factores salariales sobre los que se realizaron
aportes al sistema de Seguridad Social en Pensión y que, además, se encuentren
previstos en la norma aplicable al caso. Precisó que, en todo caso, la prima de
riesgo, creada a través del Decreto 446 de 1994, no tenía carácter salarial según
dispuso expresamente ese acto. Por último, indicó que no resultaba aplicable la
sentencia de unificación del 1º de agosto de 2013, proferida por la Sección Segunda
del Consejo de Estado, la que se centró en el régimen especial de los funcionarios
del DAS, el cual era distinto al que correspondía a los trabajadores del INPEC.
9. El señor Eliseo Rodríguez Rincón solicitó nuevamente la reliquidación de su
pensión, esta vez con fundamento en «el cambio de jurisprudencia del Tribunal
Administrativo del Meta y la nueva forma de liquidación de las pensiones para el
personal del CCVPCN de seguridad del INPEC».
10. La UGPP negó la solicitud de reliquidación, en Resolución RDP 001583 de 6
de marzo de 2025, confirmada en Resolución RDP 009997 del 12 de agosto de
2025.
Pretensiones
11. El accionante solicita lo siguiente (transcripción literal):
1. Tutelar los Derechos Fundamentales a la i)Dignidad Humana, a la ii)igualdad,
al iii)Debido Proceso, por violación al Principio de Seguridad Jurídica, de
legalidad, vulnerado por las Vías de Hecho del Estado, iv)a la Seguridad Social,
v)al Acceso a la Administración de Justicia; por desconocimiento del Orden
Jurídico, de los Principios Generales del Derecho, a los Derechos Humanos de
los diferentes Tratados de Derecho Internacional en materia laboral ratificados
por el Gobierno Colombiano y en especial por el Desconocimiento de la
Constitución Política de Colombia, la Primacía de la Constitución del Art. 4, por
configurándose un FALSO POSITIVO JUDICIAL ADMINISTRATIVO por la
sistemática violación de derechos fundamentales y por el desconocimiento del
Precedente Constitucional de la reciente Sentencia T-012/22 de la Corte
Constitucional, del Sr RODRIGUEZ RINCON ELISEO, en consecuencia,
2. Que se respete el Status Pensional del Sr RODRIGUEZ RINCON ELISEO el
cual data del 3/10/2004, toda vez que su ingreso a la institución fue mucho
antes de la entrada en vigencia del Dto. 2090/03, y del acto legislativo 01/05,
por ende, le corresponde una liquidación con régimen especial y nomas
especiales, no de Ley 100/93.
3. Que se ordene la Reliquidación de la Pensión del Sr RODRIGUEZ RINCON
ELISEO a la luz de la Nueva Jurisprudencia de la Corte Constitucional
Sentencia T-012/2022 y de la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta,
al configurase un Defecto Material Sustantivo, por desconocimiento de los
Principios Generales del Derecho, el Ordenamiento Jurídico, lo ordenado por
la Propia Constitución en el inciso 7 y Parág 5 del Art. 48, por Primacía de la
Constitución en virtud del Art. 4 y por desconocimiento del Precedente
Constitucional de la Sentencia T-012/22 de la Corte Constitucional y la Sala
Plena del Tribunal Administrativo del Meta Radicados 50 001 33 33 005 2021 -
00015 01 del 30/11/2023 y 50 001 33 33 007 2018 – 00277 01 del 28/09/2023,
al prevalecer el principio de favorabilidad y no haber cosa juzgada de cara al
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Accionante: Eliseo Rodríguez Rincón
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otros
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
derecho irrenunciable a la seguridad social y por la sistemática violación de
derecho fundamentales.
4. Que se declare la Nulidad por defecto sustantivo o material de los Actos
Administrativos PAP 012866 del 08 SEP 2010 (concede Pensión), RDP 042669
del 16 OCT 2015, (resuelve reposición), RDP 043122 del 20 OCT 2015
(resuelve apelación), RDP 009273 del 27 MAY 2024 (niega reliquidación), RDP
001583 del 06 MAR 2025 (niega reliquidación) y RDP 009997 del 12 AGO 2025
(resuelve apelación) todas de la UGPP, especialmente en lo que tiene que ver
con la forma de liquidación de la Pensión, por falsa motivación al ser contrarias
a Derecho, por desconocer los Principios Generales del Derecho en especial
los estudiados en la Sentencia T-012/22 de la Corte Constitucional, los
Derechos Fundamentales y los DDHH, por la inobservancia del Orden Jurídico
y del inciso 7 y del Parág. 5 del Art. 48 de la Constitución Política de Colombia,
la cual es Norma de Normas y prevalece sobre cualquier norma o tipo de norma
jurídica en virtud del Art. 4 ibídem, en consecuencia,
5. Que se ordene al Tribunal Administrativo de Meta revocar el fallo de fecha
5/08/2021 en los mismos términos y en la misma forma, por ser casos idénticos
en fondo, forma y materia, al caso estudiado por la Corte Constitucional en
Sentencia T-012/22 de la Sra. Cristina, al estar en las mismas condiciones de
derecho y situación laboral e idéntica problemática pensional y de liquidación y
se conceda la reliquidación al Sr RODRIGUEZ RINCON ELISEO, conforme a
derecho con todos los factores salariales de que trata el Art. 45 del Dto. 1045/78
inclusive.
6. Que se Ordene a la UGPP reliquidar la pensión de vejez del Sr RODRIGUEZ
RINCON ELISEO en derecho es decir con el 75% sobre el promedio de lo
cotizado (o sobre lo cual debió cotizar el INPEC) en el último año de servicio,
esto es del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, los cuales son:
sueldo, subsidio de alimentación, subsidio de transporte y doceavas partes de
la bonificación por servicios, la prima de servicio, la prima de navidad y la prima
de vacaciones, se incluirá igualmente, el sobresueldo, la prima de riesgo y la
prima de coordinación, prima de clima, viáticos, es decir con todos los factores
del Art. 45 del Dto. 1045/78.
7. Que se ordene a la UGPP la reliquidación, el pago y la cancelación del
correspondiente retroactivo, con ocasión a la nueva reliquidación, nivelación o
reajuste de la mesada pensional, por el tiempo de causación de la misma.
8. Que ordene a la UGPP hacer el correspondiente recobro al INPEC por no
haber hecho las cotizaciones correspondientes a la pensión, una vez entró en
vigencia el Acto Legislativo 01/05, para todos aquellos funcionarios que
ingresaron antes de la entrada en vigencia del Dto. 2090/03 y por continuar
cotizando a un mismo fondo común y no hacer la separación correspondiente
para los funcionarios de régimen especial, que se le cobre este bono pensional
pues esta era una responsabilidad del Empleador INPEC no del Sr
RODRIGUEZ RINCON ELISEO, al menos por el año 2013 último año de
servicio.
Fundamentos de la demanda de tutela
12. El accionante estima que no se le ha respetado el estatus pensional que
adquirió el 4 de octubre de 2004, cuando cumplió los 20 años de servicio al Estado,
pues no se le ha reliquidado su pensión conforme a la ley especial aplicable al
personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional -
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Accionante: Eliseo Rodríguez Rincón
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otros
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
CCVPCN- (Ley 32 de 1986), tal como lo hizo la Corte Constitucional en la sentencia
T-012 de 21 de enero de 2022, en un caso con la misma situación laboral que la
suya. Señaló que su pensión se ha visto disminuida injustamente respecto de la que
devengan otras personas con iguales condiciones, pues en su caso, se aplicó una
ley general, pese a que ingresó a trabajar antes de la entrada en vigencia del Decreto
2090 de 2003, por lo que tenía derecho a la aplicación de la ley especial, según lo
dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política.
13. Indicó que su pensión debería corresponder al 75% del promedio de lo
devengado en el último año de servicio. Agregó que «mientras persista la vulneración
de derechos, de derechos fundamentales, mientras no se ajuste el caso a derecho,
al nuevo precedente constitucional, a los derechos humanos, al ordenamiento
jurídico, no puede hablarse de cosa juzgada».
Trámite en primera instancia
14. Mediante auto de 23 de enero de 2026 se admitió la solicitud de amparo, se
ordenó notificar la decisión a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo
del Meta, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC), como autoridades accionadas.
15. También se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y se tuvieron como prueba los documentos aportados con la demanda.
Intervenciones
16. El Tribunal Administrativo del Meta se remitió a los argumentos que
motivaron la sentencia censurada del 5 de agosto de 2021, y solicitó que se declare
la improcedencia de la acción, por falta del requisito de inmediatez.
17. Asimismo, consideró que la tutela no satisface la exigencia de relevancia
constitucional, si se considera que, con los argumentos invocados, la parte actora
pretende reabrir el debate surtido en sede ordinaria y convertir este mecanismo en
una tercera instancia.
18. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, mediante apoderada,
manifestó que la acción de tutela es improcedente, por cuanto la entidad no ha
vulnerado derecho fundamental alguno y, además, el señor Eliseo Rodríguez Rincón
se encuentra actualmente incluido en nómina, percibiendo su mesada pensional, por
lo que no se avizora un perjuicio irremediable.
19. Sostuvo que la inconformidad del accionante gira en torno a la reliquidación
de su pensión, controversia que debe ventilar ante el juez natural de la causa,
escenario en el que podrá discutir la legalidad de los actos administrativos que estima
contrarios a sus intereses. Por lo que la acción de tutela deviene improcedente.
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20. Agregó que, conforme a la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela no
es adecuada para reclamar el pago de prestaciones económicas de carácter
pensional, más aún si se advierte la existencia de mecanismos ordinarios para tales
fines, pues ello, desvirtúa el cumplimiento de la exigencia de subsidiariedad.
21. La coordinadora del grupo de tutelas del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario adujo que carece de legitimidad en la causa por pasiva, toda vez que no
tiene competencia para atender las pretensiones de la demanda.
22. En su concepto, es claro que el accionante manifiesta su inconformidad frente
a las decisiones de la UGPP, por lo tanto, es a esa autoridad a quien le corresponde
adelantar las gestiones necesarias para garantizar los derechos fundamentales, en
caso de comprobar su vulneración o amenaza.
23. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se le desvincule de la presente
acción de tutela.
24. También intervino la subdirectora de Talento Humano del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, para señalar que el señor Eliseo Rodríguez Rincón
estuvo vinculado al INPEC desde el 3 de octubre de 1984 hasta el 31 de diciembre
de 2013, tiempo durante el cual la entidad realizó los aportes a seguridad social en
forma cumplida y efectiva, como se extrae de la certificación electrónica de tiempos
laborados, que anexó.
25. En ese orden, sostuvo que el INPEC cumplió sus obligaciones como
empleador y no ha vulnerado derecho fundamental alguno, por lo que solicitó la
desvinculación del trámite de la referencia.
26. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en esta
ocasión.
CONSIDERACIONES
Competencia
27. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 29 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.
Legitimación en la causa
28. El artículo 86 de la Constitución Política prevé que «toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces (…) la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública».
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29. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, por su parte, establece que la acción
de tutela «podrá ser ejercida en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales».
30. En el caso concreto, el señor Eliseo Rodríguez Rincón se encuentra
legitimado en la causa por activa toda vez que es titular de los derechos
fundamentales que estima vulnerados, en su condición de accionante en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la sentencia
cuestionada, y como beneficiario de la pensión de vejez sobre la cual se negó la
solicitud de reliquidación, a través de los actos administrativos acusados.
31. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
el Tribunal Administrativo del Meta fue la autoridad judicial que profirió la sentencia
a la que se le atribuye la vulneración de derechos fundamentales; y la UGPP es la
entidad que expidió los actos administrativos de los cuales se pretende derivar el
desconocimiento de las garantías constitucionales invocadas.
Problema Jurídico y metodología de la decisión
32. La Subsección debe establecer si la acción de tutela satisface los requisitos
de procedibilidad formal, en especial, los de inmediatez y subsidiariedad. En este
punto deberá examinar si la acción de tutela contra la providencia judicial objeto de
reproche se interpuso en un término razonable, y si la parte actora contaba con algún
mecanismo ordinario para obtener el amparo solicitado ante la supuesta vulneración
de derechos por parte de la UGPP.
33. En caso de encontrar superados los requisitos generales de procedibilidad, se
analizará si las autoridades y entidades demandadas vulneraron los derechos
fundamentales del accionante, como se afirmó en la demanda.
34. El análisis se adelantará respecto de la sentencia de 5 de agosto de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, y las Resoluciones de reliquidación
expedidas por la UGPP, a las que se les atribuye la vulneración de derechos
fundamentales. La demanda
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
35. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20052, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una especifica.
36. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
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Corte Constitucional C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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debe verificar3; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela4, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que
la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados
en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es
que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su
alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 5 o
que los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para
evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo
que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente
legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta
tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error
no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
Análisis de la Sala
Inmediatez
37. La Corte Constitucional ha establecido que uno de los requisitos generales
para la procedencia de la acción de tutela es que se haya presentado en un plazo
razonable, esto es, justo y moderado. Esta exigencia encuentra su razón de ser en
la naturaleza de esta acción constitucional, creada para proteger eficazmente los
derechos fundamentales sin dilaciones injustificadas; además, como garantía de los
principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, y para evitar que se emplee como
una instancia adicional con el propósito de reabrir debates que podrían ventilarse a
través de otros mecanismos procesales6.
38. En sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017, la Corte resaltó que, aunque
la acción de tutela no tiene un término de caducidad legalmente establecido 7, debe
interponerse en un plazo oportuno, so pena de que se desnaturalice su carácter de
medio urgente y excepcional de protección constitucional.
3
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
4
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
5
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
6
Sentencias SU-961 de 1999, T-043 de 2016, T-016 de 2006, T-594 de 2008, T-1028 de 2010 y SU-
499 de 2016, entre otras.
7
En sentencia C-543 de 1992, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los artículos
11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. La razón principal de esa decisión fue «la oposición entre el
establecimiento de un término de caducidad para ejercer la acción y lo estatuido en el artículo 86 de
la Constitución cuando señala que ella puede intentarse en todo momento».
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00358-00
Accionante: Eliseo Rodríguez Rincón
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otros
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
39. La jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional8 como del Consejo de
Estado9, ha considerado que, en algunos casos, un plazo de seis meses desde la
ocurrencia de los hechos puede catalogarse como razonable; mientras que, en otros,
es menester estudiar las circunstancias concretas del asunto para determinar si se
cumplió o no el requisito. En esa medida, la razonabilidad dependerá de las
particularidades del caso concreto, correspondiéndole al juez valorar si existen
motivos válidos que justifiquen la demora en el ejercicio de la acción.
40. Para determinar si el término es razonable, se han identificado ciertos
criterios10: (i) la pertenencia del actor a un grupo vulnerable; (ii) las circunstancias
personales o coyunturales que hayan impedido acudir de forma inmediata al juez de
tutela; (iii) el aislamiento geográfico; (iv) la vulnerabilidad económica; (v) la eventual
afectación de derechos de terceros; (vi) la diligencia o negligencia del accionante, y
(vii) la posibilidad de que se genere una seria afectación a la seguridad jurídica.
41. Adicionalmente, se ha estimado que para valorar la admisibilidad de una
acción de tutela presentada después de un largo período desde la ocurrencia de la
violación o la amenaza de derechos, debe considerarse la vulneración permanente
en el tiempo, que continúa y es actual, y la situación especial del afectado que
convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir al juez, por
ejemplo, por encontrarse en estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría
de edad, incapacidad física, entre otros11.
42. En el caso que se analiza, no se reúne el requisito de inmediatez frente a la
sentencia de 5 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta,
toda vez que transcurrieron más de cuatro años desde que se profirió esa decisión
hasta que se interpuso la acción de tutela, plazo que no resulta razonable, en la
medida en la que no se advierte una razón objetiva para establecer que el accionante
estuvo en la imposibilidad de acudir con antelación al juez constitucional, o que
amerita una medida de protección inmediata para evitar un perjuicio irremediable.
43. En efecto, no se adujo que el demandante esté en condición especial de
indefensión o vulnerabilidad; o en una situación apremiante para avalar el análisis de
un criterio netamente económico a través de esta acción constitucional. Más bien, de
la demanda se colige que percibe una pensión y, en realidad, el reproche central de
la demanda se funda en la expedición de una sentencia de tutela, proferida por la
Corte Constitucional, que efectuó un entendimiento acerca del derecho pensional de
otra persona del INPEC que le resulta favorable a sus intereses. Esa razón,
naturalmente, no justifica la dilación en el ejercicio de la acción de tutela.
44. Es así como el retraso injustificado en la radicación de la demanda permite
concluir que ni siquiera el accionante reconoce la condición de urgencia de su
8
SU-090 de 2018 y T-367 de 2024, entre otras.
9
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 11 de abril de 2019, rad. 11001-
03-15-000-2018-03905-01, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, entre muchas otras. En esa decisión
se consideró que el término debía contarse desde la notificación de la decisión cuestionada o, desde
la ejecutoria, cuando se hubieren realizado trámites adicionales que incidieron en su firmeza.
10
Sentencia T-069 de 2015.
11
Sentencias T-158 de 2006, T-590 de 2014, T-069 de 2015, T-025 de 2015, entre otras.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00358-00
Accionante: Eliseo Rodríguez Rincón
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otros
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
situación, lo cual desvirtúa la necesidad inaplazable de que el juez constitucional
intervenga y la naturaleza inmediata de la acción.
45. Cabe recalcar que la acción de tutela sólo procede excepcionalmente contra
providencias judiciales. Esto obedece a la necesidad de respetar los principios de
independencia y autonomía judicial, y para salvaguardar el principio de seguridad
jurídica, presentes en un Estado Social de Derecho como el colombiano. Es por esto
que se deben observar todas las exigencias para la procedencia de la acción de
tutela, entre estas, que la acción se ejerza en un plazo razonable, lo cual no se
observó en este caso.
46. En lo que concierne a los actos administrativos emanados de la UGPP, el
requisito de inmediatez resulta cumplido, únicamente, respecto a la Resolución RDP
009997 del 12 de agosto de 2025 que confirmó la negativa a la reliquidación de la
pensión del accionante. Esto por cuanto la acción de tutela se radicó el 20 de enero
de 2026, esto es, cinco meses después de la expedición de dicho acto, plazo que se
considera razonable. Con todo, es claro que la citada resolución resolvió en segunda
instancia la última petición de reliquidación del demandante, por lo que la supuesta
vulneración de derechos que persistiría en la actualidad se derivaría necesariamente
de esa decisión, y no de las que le antecedieron.
47. Por lo anterior, se declarará improcedente la acción de tutela en lo que
respecta a la sentencia de 5 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, y se continuará con el análisis del caso por el cargo elevado
contra la Resolución 009997 del 12 de agosto de 2025.
Subsidiariedad
48. El requisito de subsidiariedad, por su parte, exige que se hayan agotado todos
los medios disponibles para garantizar la protección de los derechos que se estiman
vulnerados, de modo que la tutela solo será procedente cuando el interesado no
disponga de otro medio de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de
protección debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado
o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe
perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.
49. La subsidiariedad busca impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e
idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
50. En el caso concreto, se tiene que el señor Eliseo Rodríguez Rincón ha
presentado dos solicitudes de reliquidación de su pensión ante la UGPP. Como
resultado de la primera petición, se expidieron la Resoluciones RDP 042669 de 16
de octubre de 2015, RDP 043122 de 20 de octubre de 2015 y RDP 011037 de 10 de
marzo de 2016, las cuales fueron objeto de demanda en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 50001-33-33-004-2016-00259-00, en el
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00358-00
Accionante: Eliseo Rodríguez Rincón
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otros
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
que se profirió la sentencia de 5 de agosto de 2021, a la que se aludió en acápite
anterior.
51. Ahora, en relación con las Resoluciones RDP 001583 de 6 de marzo de 2025
y RDP 009997 del 12 de agosto de 2025, por medio de las cuales la UGPP resolvió
la última petición de reliquidación del accionante, la Sala observa que aún no han
sido sometidas a control de legalidad a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, pese a que es el mecanismo ordinario consagrado
para obtener la decisión de nulidad y reliquidación que se pretende, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 13812 del CPACA.
52. En efecto, al margen de que el demandante hubiera ejercido el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con anterioridad, lo cierto es que
en ese proceso se estudiaron otros actos administrativos, diferentes a los que expidió
la UGPP recientemente13, con ocasión de la nueva tesis que planteó el interesado
para conseguir la reliquidación de su pensión. Esto, desde luego, sin perjuicio del
análisis que eventualmente realice el juez natural frente a la institución de la cosa
juzgada.
53. Así las cosas, como el demandante tiene a su alcance un mecanismo
ordinario para cuestionar la Resolución RDP 009997 del 12 de agosto de 2025 que,
además, puede ser ejercido en cualquier tiempo por versar sobre un derecho con
naturaleza de prestación periódica14, conforme al artículo 164 del CPACA, se impone
concluir que el requisito de subsidiariedad no aparece satisfecho.
54. Cabe recordar, además, que el proceso contencioso administrativo prevé
mecanismos como las medidas cautelares, que permiten que el juez adopte las
decisiones pertinentes para que, por ejemplo, no se vulneren derechos
fundamentales. De modo que la parte actora, en el respectivo medio de control,
puede pedir la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto o actos
administrativos, medida cautelar que sí es un medio de defensa ágil y efectivo, en
cuanto permite proteger y garantizar, de manera provisional, el objeto del proceso y
la efectividad de la sentencia.
12
Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. «Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento
del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado
a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel».
13
Entre ellos, la Resolución RDP 009997 del 12 de agosto de 2025 que se estudia en esta acción
de tutela.
14
CPACA. Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda.
«La demanda deberá ser presentada:
1. En cualquier tiempo, cuando:
(…)
c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin
embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe».
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00358-00
Accionante: Eliseo Rodríguez Rincón
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otros
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
55. Sobre la eficacia de las medidas cautelares en los procesos ordinarios para la
protección de los derechos fundamentales, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación consideró:
En estos términos, se concluye que: i) lo que ahora se discute a través de la
acción de tutela se podrá discutir promoviendo el proceso de nulidad o nulidad
y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) que la suspensión
provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que
la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el proceso,
b) procede para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción
que se exige para suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la
exigencia del pasado: que sea ostensible; de hecho se puede hacer un estudio
complejo para concluirlo15.
56. Ahora bien, es cierto que puede flexibilizarse la regla de la subsidiariedad
cuando se advierte la existencia de un perjuicio irremediable o cuando la situación
amerite la intervención urgente del juez de tutela, caso en el cual procede la acción
como mecanismo transitorio. Sin embargo, en el caso particular no se advierte tal
afectación.
57. El perjuicio irremediable es un riesgo cierto y real de daños provenientes de
la amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de producirse no
tendría ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera
indemnización del perjuicio. Por ende, es necesaria la intervención urgente e
inmediata del juez de tutela, pero siempre que ese perjuicio se note sin justificación,
es decir, que provenga de acciones manifiestamente contrarias a la Constitución o
a la ley, al punto de ser atentados a los derechos fundamentales, situación que, a
simple vista, no se presenta en este caso.
58. Obsérvese que la reclamación del señor Eliseo Rodríguez Rincón se
encamina finalmente a obtener la reliquidación de su pensión, de lo que se infiere
que actualmente está incluido en la nómina de pensionados de la UGPP y disfruta
de su prestación mensualmente, con lo que se garantiza su congrua subsistencia.
Además, ello también le asegura el acceso al sistema de salud.
59. En consideración a todo lo razonado, se concluye que la acción de tutela es
improcedente, porque no reúne los requisitos de inmediatez y subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el
señor Eliseo Rodríguez Rincón, de conformidad con lo anotado en la parte motiva.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Providencia del 5 de marzo de
2014. Expediente con radicación núm. 25000-23-42-000-2013-06871-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00358-00
Accionante: Eliseo Rodríguez Rincón
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otros
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
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