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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00361-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00361-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. NEGAR las pretensiones formuladas por la señora Pilar Monzón Landaeta como agente oficiosa de su madre la señora Águeda Petra Landaeta Rodríguez, dadas las razones expuestas en la motivación precedente. 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00361-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-00361-00
Demandante ÁGUEDA PETRA LANDAETA RODRÍGUEZ (AGENTE OFICIOSA
PILAR MONZÓN LANDAETA)
Demandada TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
Temas Acción de tutela. Mora judicial. Tardanza en proferir sentencia de
segunda instancia en medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. Pensión de sobrevivientes.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir en primera instancia
la acción de tutela instaurada por la señora Pilar Monzón Landaeta, de conformidad
con lo dispuesto por el Decreto 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 21 de enero de 2026, Pilar Monzón Landaeta interpuso acción de tutela como
agente oficiosa de su madre la señora Águeda Petra Landaeta Rodríguez contra el
Tribunal Administrativo del Meta y la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social UGPP (en adelante UGPP) por considerar
vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y mínimo vital.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. Que se amparen y protejan los derechos fundamentales de mi señora madre Águeda
Petra Landaeta Rodríguez al debido proceso, al derecho a la pensión, a la administración
de justicia y al mínimo vital, consagrados en los artículos 29, 48 y 228 de la Constitución
Política de Colombia.
2. Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo del Meta
resolver de fondo el proceso judicial relacionado con el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, dentro de un término perentorio, razonable y acorde con los principios de
celeridad y eficacia de la administración de justicia.
3. Que se ordene a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP
cesar las actuaciones dilatorias y adoptar las medidas necesarias para garantizar el
reconocimiento y pago efectivo de la pensión de sobrevivientes a favor de mi señora
madre, una vez se profiera la decisión definitiva».

2. Hechos
Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes:
2.1. El 11 de junio de 20191, la señora Águeda Petra Landaeta Rodríguez interpuso
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP,
en la que solicitó la declaratoria de nulidad de los actos administrativos

1
Información obtenida de Samai, bajo el radicado 50001-33-33-007-2019-00220-00, correspondiente al trámite surtido en
primera instancia ante el Juzgado Séptimo Administrativo de Villavicencio.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00361-00
Demandante: Águeda Petra Landaeta Rodríguez
(Agente oficiosa Pilar Monzón Landaeta)

mediante los cuales se negó la pensión de sobrevivientes, solicitada tras el
fallecimiento de su compañero permanente.

2.2. En sentencia de 30 de abril de 2021, el Juzgado Séptimo Administrativo de
Villavicencio (radicado 50001-33-33-007-2019-00220-00) declaró la nulidad de
los actos administrativos demandados. En consecuencia, ordenó el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de la señora
Águeda Petra Landaeta Rodríguez, correspondiente en el cincuenta por ciento
(50%) de la prestación, desde el 5 de febrero de 2019.

2.3. La UGPP interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia.

2.4. El 26 de mayo de 2022 el asunto fue repartido en segunda instancia al
despacho de la magistrada Claudia Patricia Alonso Pérez del Tribunal
Administrativo del Meta quien, el 9 de junio de 2022 profirió auto que admitió
el recurso de apelación interpuesto y el 29 de septiembre de 2022 el
expediente ingresó al despacho ponente.

2.5. El 8 de febrero de 2023 la señora Águeda Petra Landaeta Rodríguez presentó
solicitud de información sobre el estado del expediente, quien adujo que el
asunto «lleva varios meses en el despacho y no he tenido información de el (sic)».

En correo electrónico de 10 de marzo de 2023, se le informó a la peticionaria
lo siguiente:
«En atención a la solicitud radicada el No. 29 8 de febrero 2023, en el proceso con radicado
50001333300720190022001, me permito indicarle que el mismo fue ingresado al despacho
para sentencia el de septiembre de 2022.
Asimismo, se informa que hay procesos con ingresos anteriores al de la referencia, y en
atención a los procesos recibidos por este despacho en virtud del Acuerdo No. CSJMEA21-
42 del 25 de marzo de 2021, aquellos que fueron ingresados en los despachos de origen con
anterioridad al 17 de enero de 2020 (entrada para fallo más antigua de este despacho que a甃Ān
no ha culminado de evacuarse), serán tramitados en primera medida, pero teniendo en cuenta
la antigüedad en las fechas de ingreso.
Si bien se han realizado salidas efectivas sin el turno por fecha de ingreso para fallo, deriva
de la prelación frente a los demás procesos dada la naturaleza de los asuntos y la reiterada
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre esas materias, tal como lo establece el artículo 18
de la Ley 446 de 1998 y 63A de la Ley 270 de 1996.
Como consecuencia de lo explicado, se le informa que se dar愃Ā el trámite al radicado solicitado,
en el momento correspondiente».

2.6. En OFICIO SGTAM 26-0156 de 16 de febrero de 2026, el despacho ponente
requirió a la UGPP a fin de que remitiera nuevamente copia del expediente
administrativo de la señora Águeda Petra Landaeta Rodríguez, aportado como
prueba dentro de la contestación de la demanda.

Lo anterior en consideración a que tal expediente fue «allegado en medio
magnético con contraseña para poder acceder a los mismos y a la fecha la misma
indica que esta es incorrecta».

El 17 de febrero de 2026, la UGPP aportó la documentación solicitada.

3. Fundamentos de la acción

La tutelante reprochó que el Tribunal Administrativo del Meta aún no ha proferido
sentencia. Sostuvo que desde la fecha en que culminó la primera instancia han
transcurrido más de tres años sin que hasta el momento exista pronunciamiento
alguno por parte de la autoridad accionada; y que su madre lleva seis años

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Demandante: Águeda Petra Landaeta Rodríguez
(Agente oficiosa Pilar Monzón Landaeta)

esperando el reconocimiento y pago de una pensión que constituye su único medio
de subsistencia.

Resaltó que durante los 30 años de relación su madre dependió económicamente
de su padre y que desde el fallecimiento de aquel no cuenta con ingresos que le
permitan sostenerse dignamente. Informó que actualmente es una persona de 67
años, cuya vida estuvo dedicada al hogar y a su familia, lo que hace que la demora
en la decisión judicial le genere una grave afectación económica y emocional.

De otra parte, aseguró que su madre presenta múltiples afecciones de salud, las
cuales han sido valoradas y tratadas por diferentes especialidades médicas, lo cual
evidencia un deterioro progresivo de su estado físico que limita su autonomía y
refuerza su condición de persona en situación de especial vulnerabilidad.

En consulta de medicina general del 22 de agosto de 2022 fue atendida por
presentar dolor en el reborde costal derecho y se le encontraron cifras tensionales
elevadas, motivo por el cual se inició manejo para el control de la hipertensión
arterial. Posteriormente, en consulta del 15 de noviembre de 2022 se valoró por
dolor abdominal y episodios de reflujo, en virtud del cual se encontró un quiste
hepático simple, esteatosis hepática y ateromatosis, así como dislipidemia mixta
leve. Adicionalmente, se identificó un quiste epidérmico en región preauricular
izquierda.

En marzo de 2023 fue valorada por cirugía general, concluyéndose que presentaba
un cuadro compatible con síndrome de intestino irritable (SII), sin patología
quirúrgica abdominal. En noviembre de 2023, continuó en manejo por
gastroenterología por persistencia de alteraciones gastrointestinales crónicas, con
pobre respuesta al tratamiento inicial. En esa misma valoración refirió caída con
traumatismo en tobillo derecho, así como dolor lumbosacro con parestesias en
miembros inferiores.

En consulta de fisiatría del 20 de marzo de 2024, se diagnosticó dolor lumbar crónico
inespecífico asociado a escoliosis lumbar grado I–II, artrosis facetaria lumbar baja y
alteraciones posturales, condición de larga data que afecta su movilidad y genera
dolor persistente.

Manifestó que el conjunto de estas patologías evidencia que su madre es una
persona con múltiples enfermedades crónicas que requiere tratamiento médico
continuo, seguimiento especializado y estabilidad económica para garantizar su
mínimo vital, salud y dignidad humana.

Sostuvo que actualmente es la responsable económica de su madre; sin embargo,
sus ingresos (los de la señora Pilar Monzón Landaeta) se limitan a un salario
mínimo. Agregó que trabaja en el municipio de Guamal, mientras que su madre
reside en Villavicencio, en la vivienda que le dejó su padre. Aseguró que debido a
su condición de salud le resulta imposible trasladarse para vivir en un municipio
distinto, lo que agrava aún más su situación de dependencia económica y
vulnerabilidad, al no contar con un ingreso propio que le garantice una subsistencia
digna.

Finalmente, afirmó que se han realizado múltiples solicitudes de impulso procesal
ante el Tribunal Administrativo, sin que hasta la fecha se haya emitido respuesta
alguna ni se haya producido cambio en el estado del proceso. Si bien se comprende
que el despacho judicial tiene a su cargo un alto volumen de procesos, la situación
particular de su madre reviste carácter urgente, pues se trata de una persona adulta
mayor, que carece de medios económicos para su sostenimiento.

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En consecuencia, la prolongación injustificada del trámite afecta de manera grave
su mínimo vital, vida digna y derecho a la seguridad social, lo que hace imperativa
una pronta decisión de fondo.

4. Trámite e intervenciones

4.1. En providencia de 23 de enero de 2026, se requirió a la parte accionante para
que aportara un breve escrito en donde la señora Águeda Petra Landaeta
Rodríguez manifieste que está de acuerdo con las actuaciones que la señora
Pilar Monzón Landaeta Rodríguez está adelantando respecto de sus derechos
fundamentales.

4.2. La señora Pilar Monzón Landaeta allegó memorial en el que indicó que la
acción de tutela fue presentada a su nombre en calidad de agente oficiosa de
su madre, debido a que para el momento de su interposición aquella se
encontraba hospitalizada.

4.3. En auto de 9 de febrero de 2026, se admitió la acción de tutela interpuesta por
la señora Pilar Monzón Landaeta, en calidad de agente oficiosa de la señora
Águeda Petra Landaeta Rodríguez, contra el Tribunal Administrativo del Meta,
despacho de la magistrada Claudia Patricia Alonso Pérez; se ordenó notificar
como terceros con interés en el asunto a la señora Cecilia Cristina Echeverri,
quien actúa en calidad de tercero con interés en el medio de control, a la
UGPP, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio
Público y al Juzgado Séptimo Administrativo de Villavicencio.

4.4. El Juzgado Séptimo Administrativo de Villavicencio remitió la notificación de la
señora Cecilia Cristina Echeverri, quien actúa en calidad de tercero con interés
en el medio de control.

4.5. La magistrada Claudia Patricia Alonso Pérez perteneciente al Tribunal
Administrativo del Meta, además de referirse a las actuaciones surtidas en
segunda instancia, informó que el 8 de febrero de 2023 la parte actora allegó
solicitud de información sobre el expediente porque «lleva varios meses en el
despacho y no he tenido información de el (sic)». Aseguró que el 10 de marzo de 2023
se le informó a la peticionaria que el asunto ingresó para sentencia el 29 de
septiembre de 2022, que para ese momento aún existían expedientes que
antecedían su caso por haber ingresado anteriormente al despacho, que la
fecha más antigua de entrada fue el 17 de enero de 2020 y que en virtud del
Acuerdo CSJMEA21-42 del 25 de marzo de 2021 se recibieron procesos de
otros despachos de la misma corporación que por tener entradas más antiguas
debían ser evacuados con antelación a su caso.

Por consiguiente, sostuvo que no es cierta la afirmación de la parte actora
respecto a que se han realizado múltiples solicitudes de impulso procesal ante
el Tribunal Administrativo, las cuales no han sido resueltas.

Aseguró que según la Corte Constitucional el derecho al acceso a la
administración de justicia se vulnera por parte de las autoridades judiciales
cuando existe una tardanza en la resolución de las controversias ante el
incumplimiento de los términos legalmente establecidos. Sin embargo, dicho
tribunal reconoce que la dilación puede ser justificada, debido a la complejidad
del asunto, problemas estructurales en la administración de justicia y la
existencia de circunstancias imprevisibles o ineludibles; casos en los que no
prospera el amparo constitucional.

Teniendo en cuenta tales circunstancias, manifestó que no se ha vulnerado
derecho fundamental alguno de la señora Águeda Petra Landaeta Rodríguez,

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porque existen varias razones por las cuales ha sido imposible registrar el
proyecto para fallo.

En primer lugar, los artículos 18 de la Ley 446 de 1998 y 63A de la Ley 270 de
1996, que versan sobre el sistema de turnos, establecen que el registro de los
proyectos de sentencia debe respetar la fecha de ingreso al despacho para
fallo. Precisó que tal regla tiene varias excepciones, consagradas en dichas
normas, tales como en sentencias anticipadas, asuntos con prelación legal,
por la naturaleza del asunto, importancia jurídica o trascendencia social, por
razones de seguridad nacional, prevenir la afectación grave del patrimonio
nacional, versar sobre graves violaciones de los derechos humanos o
crímenes de lesa humanidad o que revistan especial trascendencia económica
o social, se trate de asuntos relacionados con hechos de corrupción de
servidores públicos o la decisión concierna a niños, niñas y adolescentes.

Sostuvo que el caso de la tutelante no encuadra en ninguna de las
excepciones a la regla general de sometimiento al turno, y en todo caso la
apoderada de la demandante no ha justificado lo contrario. Aseguró que ni
siquiera por agrupación temática se puede alterar el turno, pues las
consideraciones en disputas similares no podrían ser reiteradas, en la medida
que la valoración probatoria en esta clase de litigios es absolutamente singular
y en la mayoría de los casos dispendiosa por las contradicciones entre los
diferentes testigos e interrogados.

Resaltó que la apelante única, esto es la entidad demandada, alegó en el
recurso de apelación que las pruebas no lograron acreditar la convivencia de
ninguna de las compañeras durante los últimos 5 años de vida del causante.
Por lo tanto, para resolver la disputa entre dos compañeras permanentes por
el 50% de la sustitución pensional es imprescindible hacer un análisis
minucioso de varias horas de grabación en las que se recogen los
interrogatorios de parte de ambas reclamantes del derecho, las declaraciones
de ocho testigos y toda la prueba documental allegada al expediente, a fin de
tomar una decisión en segunda instancia que consulte la realidad de los
hechos.

En segundo lugar, informó que para el 29 de septiembre de 2022, fecha en
que ingresó el proceso al despacho, existían 163 procesos orales y 6 procesos
escriturales en turno, para un total de 169. Esto último sin contar con tutelas,
impugnaciones de tutelas, acciones de cumplimiento, habeas corpus, pérdida
de investidura, electorales, recursos de insistencia y demás acciones
constitucionales y especiales que no se registran en la relación de turnos, pues
apenas ingresan para fallo inicia su análisis y proyección de la decisión
correspondiente dada su prelación legal.

También informó que el 29 de septiembre de 2022 ingresaron junto con el
asunto de la señora Águeda Petra Landaeta Rodríguez un total de 31 procesos
para fallo. Justamente, son estos los que en este momento están en turno de
evacuación, de los cuales quedan 18.

Adicionalmente, manifestó que en las entradas posteriores existen procesos
que sí se encuentran contemplados en las excepciones para alterar el turno,
incluidos casos por agrupación temática y procesos escriturales
pertenecientes al sistema anterior a la Ley 1437 de 2011.

En tercer lugar, indicó que junto con el despacho 002 del Tribunal son los
únicos que además de recibir procesos de la Ley 1437 de 2011 y la Ley 2080
de 2021, también se les reparten procesos escriturales que, si bien no son
significativos en número, su complejidad es aún mayor.

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Manifestó que durante varios años se han realizado esfuerzos para terminar
los procesos regidos por el Decreto 1 de 1984 y simultáneamente evitar la
acumulación de los asuntos que se rigen por las leyes orales, tanto así que «en
un momento durante el trimestre julio-septiembre del año pasado, tuviésemos un (1) solo
proceso escritural». Sin embargo, antes de finalizar el año se recibieron procesos
por impedimentos del magistrado titular del despacho 002, devolución del
Consejo de Estado para dictar nuevamente sentencia al revocar la proferida
por una Sala Transitoria y algunos de segunda instancia por reparto. De ahí
que la carga de escriturales se incrementó, asuntos a los cuales se les da
prioridad en la evacuación a pesar de sus complejidades.

En cuarto lugar, se refirió a las estadísticas del despacho. Sostuvo que para el
1º de octubre de 2022 este contaba con 311 procesos, «durante el mismo se
recibieron 1.078 sin decisión definitiva, y 270 con trámite posterior (1.348 ingresos en total);
hubo un egreso de 1.068 de los recibidos sin decisión definitiva, y de 266 de los procesos con
trámite posterior (1.334 egresos totales), y proferí un total de 2.488 providencias (autos y
sentencias). Asimismo, indicó que asistió a un total de 1.743 salas jurisdiccionales y
administrativas (ordinarias y extraordinarias)». También se revisaron un total de 2.089
proyectos con sus expedientes de los demás despachos, en su condición de
miembro de sala.

Adujo que el inventario final a 31 de diciembre de 2025 fue de 332 expedientes.
Resaltó que durante el 2025 los magistrados de este tribunal percibieron un
incremento inusitado en tutelas, pérdidas de investidura, acciones de validez,
procesos de primera y de segunda instancia, en comparación con el año
anterior.

Señaló que al tiempo que se ocupa en la resolución de los asuntos, debe
adicionarse la dedicación a contestar de manera frecuente solicitudes de
impulso, acciones de tutela, vigilancias administrativas, quejas disciplinarias y
hasta denuncias penales, como consecuencia de que los usuarios de la
administración de justicia trasladan «a los funcionarios judiciales la carga de los
problemas estructurales que aquejan históricamente a la Rama Judicial, sin atención a la
capacidad humana de los servidores».

La magistrada consideró que lo expuesto justifica su gestión frente al reproche
de la accionante. Sin embargo, aseveró que en el evento que estos se
consideren insuficientes era necesario informar que la excesiva carga laboral
ha tenido consecuencias negativas en su salud, debido a la cantidad de horas
de dedicación para descongestionar el despacho que recibió hace casi diez
años y tratar de mantenerlo con una carga lo más razonable posible.

Por tal motivo, en marzo de 2022 fue incapacitada por un lapso de 15 días,
con un diagnóstico y tratamiento terapéutico que se mantienen hasta el día de
hoy. Calificó tal evento como excepcional en su historia laboral de más de 30
años. En virtud de lo anterior, el médico tratante le ordenó no laborar más de
ocho horas al día, lo cual no es posible cumplir de manera estricta a fin de
mantener, en lo humanamente posible, el resultado del esfuerzo de los años
anteriores y evitar requerimientos por baja productividad, tutelas por mora, etc.

Agregó que esa restricción frente a la jornada laboral se mantiene vigente,
según el último control médico anual realizado el 19 de mayo de 2025. De ello
tiene conocimiento la ARL y se ha dado a conocer, en las visitas del factor
organización, al Consejo Seccional de la Judicatura del Meta.

4.6. La Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción por
considerar que «la decisión tomada por los despachos demandados, fueron acertadas, por
cuanto no se incurrió en defecto material o sustantivo»; la acción de tutela no puede

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emplearse como una instancia adicional para revisar las decisiones adoptadas
por el juez competente de la causa; no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, puesto que no se probó que la parte actora haya acudido al
recurso extraordinario de revisión y tampoco la existencia de un perjuicio
irremediable; y que «existe cosa juzgada, la cual está siendo desconocida por la parte
tutelante».

Asimismo, solicitó negar el amparo a los derechos fundamentales invocados
por la parte accionante por no configurarse vulneración alguna.

4.7. La señora Águeda Petra Landaeta Rodríguez presentó memorial en el cual
manifestó su «acuerdo a las actuaciones realizadas por la señora Pilar Monzón
Landaeta». Añadió que se encuentra enferma y que recientemente fue
hospitalizada.

4.8. La señora Cecilia Cristina Echeverri, quien actúa en calidad de tercero con
interés en el medio de control, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, el Ministerio Público guardaron silencio en el curso de la presente
acción de tutela2.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer si el
Tribunal Administrativo del Meta, despacho de la magistrada Claudia Patricia Alonso
Pérez incurrió en mora judicial injustificada, debido a que aún no ha proferido
sentencia de segunda instancia, en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho 50001-33-33-007-2019-00220-01.

3. La mora judicial injustificada

3.1. Como lo establece el artículo 29 de la Constitución, el derecho fundamental al
debido proceso se aplica a todas las actuaciones judiciales y administrativas,
y al momento de determinar su alcance, la norma señala que toda persona
tiene derecho a «un debido proceso público sin dilaciones injustificadas».

La Corte Constitucional ha indicado que la vulneración de este elemento del
derecho al debido proceso, trátese de un proceso judicial o administrativo, se
configura cuando: «(i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar
alguna actuación por parte del funcionario competente; (ii) que la mora desborde el concepto

2
A índice 13 en Samai obra la notificación del auto admisorio a las partes. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y el Ministerio Público fueron notificados a los siguientes buzones electrónicos:
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co y procesosjudiciales@procuraduria.gov.co. Asimismo, en índice 17 obra
la notificación de la señora Cecilia Cristina Echeverri, quien fue notificada a través de los buzones electrónicos
saramonzon946@gmail.com y cristinaecheverryecheverry@gmail.com
3
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

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de plazo razonable que involucra análisis sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal
del interesado, la conducta de la autoridad competente y el análisis global de procedimiento;
(iii) la falta de motivo o justificación razonable en la demora» 4.

Con base en lo anterior, se puede afirmar que el solo incumplimiento de un
término establecido en la ley no basta para considerar vulnerado el derecho al
debido proceso, sino que debe comprobarse que tal dilación es injustificada.

3.2. Frente a la mora judicial, esta Sala ha reconocido que quien interpone una
acción judicial o algún recurso dentro de un proceso judicial tiene derecho a
que se le resuelva dentro de los términos establecidos en la ley. Sin embargo,
se ha insistido en que dadas las condiciones que producen congestión y
lentitud en los despachos judiciales, no toda dilación en la decisión equivale a
negligencia5.

Debe decirse, entonces, que la mora judicial corresponde al incumplimiento
injustificado de los plazos legales por parte de los funcionarios judiciales para
la tramitación o decisión de los procesos a su cargo.

Por lo anterior, al juez de tutela le corresponde valorar en cada caso si la
conducta del funcionario o corporación judicial es injustificada y negligente,
pues existen causas imprevisibles y externas; esto es, circunstancias objetivas
que impiden que los jueces cumplan con los plazos para decidir o para dictar
alguna decisión, como lo son la excesiva carga laboral o la falta de una
infraestructura básica en los despachos judiciales, que impiden que los
funcionarios judiciales adopten decisiones oportunas. Circunstancias que no
pueden ser atribuibles a los funcionarios judiciales.

De hecho, la jurisprudencia de altas cortes, como el Consejo de Estado y la
Corte Constitucional, ha reconocido que la razón principal por la que se
incumplen los términos judiciales no se debe al actuar de los funcionarios, sino
a las dificultades prácticas que debe afrontar la Rama Judicial. Por lo tanto, en
el evento en que exista una justificación que explique la tardanza o cuando
esta no sea imputable al actuar del juez no existirá mora judicial injustificada y
en consecuencia no se habrán vulnerado los derechos fundamentales de
quien acudió a la justicia6.

Sobre el particular, en la sentencia T-366 de 2005, la Corte Constitucional
señaló que «la dilación injustificada de los procesos constituye una grave y seria vulneración
de los derechos fundamentales mencionados. No obstante, esa dilación ha de ser injustificada,
como lo dispone la propia Carta Política, pues, si la mora judicial obedece a circunstancias
objetivas y razonables, ajenas a la voluntad del fallador, mal podría la Corte Constitucional
acceder a las pretensiones de una tutela en ese sentido, sin analizar con sumo cuidado las
razones de la mora judicial que se alega».

En cambio, habrá mora judicial injustificada si el afectado con la dilación del
proceso comprueba que el juez u órgano judicial excedió
desproporcionadamente el plazo razonable para pronunciarse sobre el asunto,
sin que exista motivación para justificar la demora en que incurrió. Es decir,
que al juez de tutela le corresponde realizar una valoración de los aspectos
objetivos y subjetivos que rodean la tardanza.

En la sentencia SU-394 de 2016, la Corte Constitucional precisó que la mora
judicial injustificada, se presenta cuando (i) existe un incumplimiento objetivo
del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que justifique la dilación y

4
Sentencia T-297 de 2006 proferida por la Corte Constitucional.
5
Consejo de Estado. Sentencia de 4 de septiembre de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez R. Radicado:
11001-03-15-000-2014-01444-00.
6
Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013.

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Demandante: Águeda Petra Landaeta Rodríguez
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(iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión sistemática de
los deberes del funcionario judicial.

Y para identificar la ocurrencia de un plazo irrazonable, la alta corte señaló que
se deben tener en cuenta: (i) las circunstancias generales del caso concreto;
(ii) la complejidad del caso; (iii) la conducta procesal de las partes; (iv) la
valoración global del procedimiento; y (v) los intereses que se debaten en el
trámite.

3.3. Por otro lado, se ha reiterado que, aunque exista demora en la resolución de
los casos, el turno en el que los expedientes pasaron al despacho para fallo
debe ser respetado. Esta posición es reflejo del artículo 18 de la Ley 446 de
19987 que prevé lo siguiente:
«Artículo 18. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo
orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda
alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal».

Esta regla, entonces, busca impedir que el juez adelante procesos según su
arbitrio sobre otros que estaban antes en el despacho. De no ser así, se
vulneraría el derecho que tienen los ciudadanos de acceder a la administración
de justicia en condiciones de igualdad.

A pesar de lo anterior, la propia Corte Constitucional ha admitido que
excepcionalmente se varíe dicho orden de decisión y se dé prelación a ciertos
procesos, en situaciones particulares8: básicamente cuando la mora judicial
justificada pueda poner en grave riesgo los derechos fundamentales de los
usuarios de la administración de justicia y siempre que exista una relación
directa entre las condiciones particulares del afectado y la resolución que
espera de la administración de justicia9.

Así pues, en los casos de mora judicial justificada excepcionalmente hay lugar
a alterar el sistema de turnos establecido al interior de cada despacho judicial.
Posibilidad que, además de resultar extraordinaria, se restringe al
cumplimiento de las condiciones dispuestas por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.

4. Análisis del caso

4.1. Como se indicó en los antecedentes, se encuentra que el 26 de mayo de 2022
el asunto fue repartido en segunda instancia, el 9 de junio de 2022 se profirió
auto que admitió el recurso de apelación interpuesto y el 29 de septiembre de
2022 el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente.

Asimismo, el 8 de febrero de 2023 la señora Águeda Petra Landaeta
Rodríguez presentó solicitud de información sobre el estado del expediente,
quien adujo que el asunto «lleva varios meses en el despacho y no he tenido información
de el (sic)».

En correo electrónico de 10 de marzo de 2023, se le informó a la peticionaria
lo siguiente:
«En atención a la solicitud radicada el No. 29 8 de febrero 2023, en el proceso con radicado
50001333300720190022001, me permito indicarle que el mismo fue ingresado al despacho
para sentencia el de septiembre de 2022.
Asimismo, se informa que hay procesos con ingresos anteriores al de la referencia, y en
atención a los procesos recibidos por este despacho en virtud del Acuerdo No. CSJMEA21-

7
En concordancia con el artículo 63A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009.
8
Corte Constitucional. Sentencias T-708 de 2006, T-1069 de 2012, T-315 de 2017 y T-320 de 2017.
9
Corte Constitucional. Sentencia T-945A de 2008.

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42 del 25 de marzo de 2021, aquellos que fueron ingresados en los despachos de origen con
anterioridad al 17 de enero de 2020 (entrada para fallo más antigua de este despacho que aún
no ha culminado de evacuarse), serán tramitados en primera medida, pero teniendo en cuenta
la antigüedad en las fechas de ingreso.
Si bien se han realizado salidas efectivas sin el turno por fecha de ingreso para fallo, deriva
de la prelación frente a los demás procesos dada la naturaleza de los asuntos y la reiterada
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre esas materias, tal como lo establece el artículo 18
de la Ley 446 de 1998 y 63A de la Ley 270 de 1996.
Como consecuencia de lo explicado, se le informa que se dará el trámite al radicado solicitado,
en el momento correspondiente».

Posteriormente, el 16 de febrero de 2026 el despacho ponente requirió a la
UGPP a fin de que remitiera nuevamente copia del expediente administrativo
de la señora Águeda Petra Landaeta Rodríguez, aportado como prueba dentro
de la contestación de la demanda. Lo anterior en consideración a que tal
expediente fue «allegado en medio magnético con contraseña para poder acceder a los
mismos y a la fecha la misma indica que esta es incorrecta».

El anterior recuento denota que el trámite se ha efectuado dentro de tiempos
razonables, si se considera la carga laboral expuesta por la autoridad judicial
accionada. Como esta última manifestó, mediante Acuerdo CSJMEA21-42 de
25 de marzo de 2021 se dispuso la homologación y redistribución de procesos
en el Tribunal Administrativo del Meta, lo cual supuso el ingreso, en ese
momento, de 166 expedientes para el despacho de la magistrada accionada.
Asimismo, se allegaron las estadísticas de los asuntos tramitados que dan
cuenta del rendimiento del despacho y el número de providencias proferidas
anualmente.

También se aportó la información de los turnos asignados a los asuntos de
conocimiento del despacho. De allí se corroboró la existencia de 246 procesos
ordinarios que a la fecha se encuentran al despacho, dentro de los cuales el
asunto de la accionante está dentro del grupo de procesos a los que se les
asignó el turno 6. Este conjunto está compuesto por 18 casos incluyendo el de
la tutelante, todos los cuales ingresaron a despacho para fallo el 29 de
septiembre de 2022.

Así las cosas, se considera que la carga del despacho judicial explica la razón
por la cual el asunto de la señora Águeda Petra Landaeta Rodríguez aún no
ha sido resuelto de fondo, pese a que ingresó al despacho hace más de tres
años.

Como se explicó previamente, la situación de congestión judicial por regla
general no es imputable a los funcionarios judiciales, sino a las dificultades
prácticas que debe afrontar la Rama Judicial y a condiciones exógenas a los
jueces, como el alto número de demandas que diariamente se presentan, a la
complejidad de los asuntos que allí se deciden y al número servidores
judiciales, entre otros factores. Justamente estos factores son los que se
advierte se presentan en el caso analizado.

De hecho, en la sentencia de unificación SU-179 de 2021 la Corte
Constitucional aseveró que «El incumplimiento de términos previstos en normas
procesales a causa de la congestión judicial, en tanto se basa en una situación estructural
y objetiva, no comporta una violación al derecho al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia».

Por lo tanto, teniendo en cuenta el contexto específico expuesto por la
autoridad judicial accionada y el fenómeno de congestión judicial, la Sala
considera que en el asunto no existió dilación injustificada. Incluso, se resalta
que en comparación con los demás casos que están pendientes de fallo en el
despacho, el asunto de la tutelante se encuentra próximo a ser resuelto pues

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(i) está dentro del grupo de asuntos con turno de fallo 6 y (ii) en oficio de 16 de
febrero de 2026 el despacho ponente requirió a la UGPP a fin de que remitiera
nuevamente copia del expediente administrativo, documentación que ya fue
remitida.

Así las cosas, hasta aquí se concluye que en el caso concreto no existe
dilación injustificada, pues al asunto se le ha dado trámite conforme a las
posibilidades del juez natural y no se advierte un retardo deliberado de parte
de quienes han tramitado el asunto en la segunda instancia.

4.2. Sin embargo, la Sala no pasa por alto las circunstancias mencionadas por la
tutelante, esto es que la accionante tiene 67 años, que padece de ciertas
afecciones físicas y que no goza de ningún ingreso económico propio que le
permita costear los gastos mínimos de subsistencia.

Al respecto, la Corte Constitucional ha explicado que las personas de la tercera
edad gozan de una protección preferencial. Justamente, dado el trato
diferenciado que merecen ciertos grupos poblacionales, en el artículo 46 de la
Constitución Política se dispuso que es deber del Estado, la sociedad y la
familia proteger y asistir a las personas de la tercera edad. Siendo «el Estado
(…) el principal responsable de la construcción y dirección de este trabajo mancomunado,
que debe tener como fin último el avance progresivo de los derechos de la población
mayor»10. Por ende, en cabeza de este último recaen deberes de protección,
asistenciales y prestacionales dirigidos a la población de tercera edad.

En armonía con lo anterior, la Corte Constitucional ha puntualizado que las
distintas autoridades estatales tienen el deber de prestar especial atención a
los casos que involucren personas de la tercera edad, a fin de determinar si
procede una atención preferente:
«las autoridades y el juez constitucional deben obrar con especial diligencia cuando se trate
de adultos mayores, dadas sus condiciones de debilidad manifiesta, interpretando el alcance
de sus propias funciones con un criterio eminentemente protectivo, de forma que se
materialice la intención del Constituyente y se garantice el goce de los derechos
constitucionales. Corresponde a ellas detener la reproducción de prácticas cotidianas que
producen opresión, haciendo especial control a los comportamientos institucionales que
puedan traer consigo consecuencias colectivas a un grupo especialmente protegido, como los
adultos mayores»11 (Negrillas propias).

Tratándose de casos que involucran a personas de la tercera edad, el juez de
tutela debe tener en mente que aquellos gozan de un socorro preferente, dada
su condición de sujetos de especial protección constitucional.

Si bien la Sala reconoce que, en aplicación del artículo 18 de la Ley 446 de
1998, los procesos se deben fallar en estricto orden de ingreso al despacho,
lo cierto es que existen circunstancias particulares que permiten la alteración
del turno para fallo, tal como sucede cuando se está en presencia de un sujeto
de especial protección constitucional12. Sobre este tema, la Corte
Constitucional ha precisado que, aunque las providencias deben emitirse en
estricto cumplimiento del orden de turno, es posible alterar el turno para fallo
de manera excepcional «cuando se esté en presencia de: i) un sujeto de especial
protección constitucional o ii) cuando la demora en la resolución del asunto supere los
plazos razonables en contraste con las condiciones de espera particulares del
afectado»13.

La alteración del sistema de turnos, entonces, procede en los casos en que
aunque la mora judicial sea justificada o no se advierta dilación, la tardanza en
10
Corte Constitucional. Sentencia T-252 de 2017.
11
Corte Constitucional. Sentencia T-252 de 2017.
12
Corte Constitucional. Sentencias T-708 de 2006, T-945A de 2008, T-099 de 2021 y T-355 de 2021.
13
Corte Constitucional. Sentencia T-355 de 2021.

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emitir la decisión genera una situación real, verídica, comprobada y grave que
hace inminente la necesidad de priorizar el fallo, en tanto pueden verse
comprometidos los derechos fundamentales de los usuarios de la
administración de justicia.

Así las cosas la Sala reconoce la innegable protección que existe a favor de
las personas de la tercera edad. Sin embargo, en el caso no se advierten
circunstancias que tornen imprescindible el amparo a los derechos
fundamentales invocados. Además de no observarse una mora injustificada
de parte de la autoridad judicial, en el caso no se encuentra que la parte actora
haya puesto de presente a la autoridad judicial accionada las razones por las
que era necesario darle prelación a su caso.

Como se advirtió, tan solo radicó memorial de 8 de febrero de 2023 presentado
directamente por la señora Águeda Petra Landaeta Rodríguez quien se limitó
a manifestar que el asunto «lleva varios meses en el despacho y no he tenido
información de el (sic)». Solicitud que fue resuelta en correo electrónico de 10 de
marzo de 2023, en el cual se le informó a la peticionaria que su caso se
atendería conforme al turno asignado, en consideración a que existían otros
asuntos que ingresaron antes del suyo.

Asimismo, no se advirtió una circunstancia médica de suma relevancia que
amerite la protección de los derechos fundamentales de la parte actora. De la
historia clínica aportada se encuentran las siguientes observaciones
realizadas por los profesionales de la salud:
(sic para toda la cita)
« INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES DEL PACIENTE ANTECEDENTES REGISTRADOS
PREVIAMENTE
• ANTECEDENTES MÉDICOS (21/03/2023) No Refiere Nuevos Antecedentes.
• ANTECEDENTES HOSPITALARIOS (21/03/2023) No Refiere Nuevos Antecedentes.
• ANTECEDENTES GINECOBSTÉTRICOS (21/03/2023) No Refiere Nuevos Antecedentes.
• ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS (21/03/2023) No Refiere Nuevos Antecedentes. (22/08/2022)
CESAREA SEGMENTARIA TRANSPERITONEAL (740001). (16/08/2022) Reseccion tumor
benigno de torax (reja costal y esternon) (776109).
• ANTECEDENTES FARMACOLÓGICOS (21/03/2023) No Refiere Nuevos Antecedentes.
• ANTECEDENTES NO FARMACOLÓGICOS (21/03/2023) No Refiere Nuevos Antecedentes.
• ALERGIAS A MEDICAMENTOS (21/03/2023) No Refiere Nuevos Antecedentes. (22/08/2022)
Acetaminofén + Pseudoefedrina + Astemizol; Observación registrada el 22/08/2022:
ACETAMINOFEN. (22/08/2022) Penicilina G benzatínica.
• OTRAS ALERGIAS (21/03/2023) No Refiere Nuevos Antecedentes.
• ANTECEDENTES TÓXICOS (21/03/2023) No Refiere Nuevos Antecedentes.
• ANTECEDENTES TRAUMÁTICOS (21/03/2023) No Refiere Nuevos Antecedentes.
• ANTECEDENTES TRANSFUSIONALES (21/03/2023) No Refiere Nuevos Antecedentes.
• ANTECEDENTES FAMILIARES (21/03/2023) No Refiere Nuevos Antecedentes.
• ANTECEDENTES INMUNOLÓGICOS (21/03/2023) No Refiere Nuevos Antecedentes.
13/01/2025 REVISIÓN POR SISTEMAS Síntomas Generales: No presenta. Neurológico: Sin síntomas.
Mental: Sin síntomas. Organos de los Sentidos: Sin síntomas. Respiratorio: Sin síntomas.
Cardiovascular: Sin síntomas. Gastrointestinal: Sin síntomas. Genitourinario: Sin síntomas.
Osteomusculoarticular: Sin síntomas. Mamas: Sin síntomas. Piel y Faneras: Sin síntomas. Hematológico
y Linfático: Sin síntomas. Endocrinológico: Sin síntomas.
EXAMEN FÍSICO - HALLAZGOS Cabeza: Normocéfalo. Organos de los Sentidos: Mucosa oral húmeda
y rosada, orofaringe no congestiva, sin placas ni exudados, ojo derecho e izquierdo sin alteraciones,
otoscopia derecha e izquierda sin alteraciones. Cuello: Sin masas ni adenopatías. Mama: No evaluada.
Cardiovascular: Ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos ni desdoblamientos. Pulmonar: Ruidos
respiratorios presentes en ambos campos pulmonares, sin agregados. Abdomen y pelvis: Blando,
depresible, no doloroso, sin signos de irritación peritoneal, ruidos intestinales presentes. Genitales: No
evaluados. Extremidades Superiores: Normales. Pulsos periféricos presentes, rítmicos y regulares.
Extremidades Inferiores: Normales. Pulsos periféricos presentes, rítmicos y regulares, sin edema.

12
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Osteomusculoarticular: Sin alteraciones. Examen Neurológico: Alerta, orientado, sin déficit aparente. Piel
y Faneras: Normal.
ANÁLISIS Y PLAN DE ATENCIÓN PACIENTE FEMENINA DE 66 AÑOS DE EDAD QUIEN REFIERE
CUADRO CLINICO DE DOLOR EN REGION LUMBAR, QUE SE IRRAIDA HACIA REGION SACRA,
REFIERE DOLOR DE TIPO URENTE. MOTIVO POR EL CUAL ACUDE, AL EXAMEN FISICO
PACENYE EN ADECUADO ESTADO GENERAL, HEMODINAMICAMEMTE ESTABLE, SIN SIGNOS
DE BAJO GASTO, NO SIGNOS DE DIDIFUCLTAD RESPIRASTORIA, CON IMC FUERA DE METAS
CON EVIDENCIA DE DESVIACION COLUMBAR LUMBAR. CON IRREGULARIDAD EN HOMBROS,
SE REVISA ULTIMA RX DE CLUMNA LUMBOSACRA (DIC/2023) QUE SE EVIDENCIA ARTROSIS
FACETERIA DE L4-L5 Y L5-S1, CURVA ROTOESCOLIOTICA LUMBAR DE CONVEXIDAD DERECHA
CON COMMPNENTE ROTACIONAL ASOCIADO. SE INDICA MANEJ OMEDICO SINTOMATICO, SE
INDICA VX POR FISIATRIA, SE SOLIICTAN APRACLICNISO DE EXTENSION SEGUN GRUPO
ETAREO SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR
06/05/2025 EXAMEN FÍSICO - HALLAZGOS Cabeza: Normocéfalo. Organos de los Sentidos: Mucosa
oral húmeda y rosada, orofaringe no congestiva, sin placas ni exudados, ojo derecho e izquierdo sin
alteraciones, otoscopia derecha e izquierda sin alteraciones. Cuello: Sin masas ni adenopatías. Mama:
No evaluada. Cardiovascular: Ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos ni desdoblamientos. Pulmonar:
Ruidos respiratorios presentes en ambos campos pulmonares, sin agregados. Abdomen y pelvis: Blando,
depresible, no doloroso, sin signos de irritación peritoneal, ruidos intestinales presentes. Genitales: No
evaluados. Extremidades Superiores: Normales. Pulsos periféricos presentes, rítmicos y regulares.
Extremidades Inferiores: Normales. Pulsos periféricos presentes, rítmicos y regulares, sin edema.
Osteomusculoarticular: Sin alteraciones. Examen Neurológico: Alerta, orientado, sin déficit aparente. Piel
y Faneras: Normal.
ANÁLISIS Y PLAN DE ATENCIÓN al examen fisico en buen estado de salud afebril hidratado con signo
vital estable, orofaringe normal pulmones ventilados sin agregados se dan recomendaciones y signos de
alarma, si estigma de sangrado, emesis rash cutaneo, dolor abdominal entre otros, Se dan
recomendaciones uso de toldillo, Reposo, Hidratación uso de acetaminofén según orden de médico, no
usar AINES como Aspirina, diclofenaco. Realizar lavado de tanques y vaciar sitios de recolección de
aguas lluvia. mareo astenia diaforesis cefalea global pulsatil, fotofobia se dan recomendaciones y signos
de alarma de indica ante cualquier signo de alarma acudir por urgencias
27/05/2025 ANÁLISIS Y PLAN DE ATENCIÓN Al examen fisico en buen estado de salud afebril
hidratado con signo vital estable, orofaringe normal pulmones ventilados sin agregados se da manejo
medico se dan signos de alarma, si rash cutaneo, dolor abdominal, estigma de sangrado entre otros
acudir de inmediato al servicio de urgencias se dan recomendaciones y signos de alarma de indica ante
cualquier signo de alarma acudir por urgencias».
«Fecha de Atención: 25/01/2026 MOTIVO DE CONSULTA: TENGO MALESTAR ENFERMEDAD
ACTUAL: PACIENTE FEMENINA DE 67 AÑOS, SIN ANTECEDENTES CONOCIDOS, QUIEN
INGRESA POR CUADRO CLINICO DE 2 DIA DE EVOLUCION CONSISTENTE EN PICOS FEBRILES,
CEFALEA, MIALGIAS, CON INFLAMACION, SUPURACION Y HEMATMA DE 1 DEDO DE MANO
IZQUEIRDA, Y DOLOR ADBOMINAL, POR LO CUAL ACUDE. AUTOMEDICADA CON CEFALEXINA
SIN MEJORIA».

Adicionalmente, con relación a la precariedad económica alegada por la parte
actora, no se encontró registro alguno de la señora Águeda Petra Landaeta
Rodríguez en la página web del Sisbén. Veamos:

Así como tampoco se allegaron demás soportes que acrediten la necesidad
económica inminente de parte de la señora Águeda Petra Landaeta
Rodríguez.

Así las cosas, la Sala reconoce que aunque los adultos mayores gozan una
protección preferencial, no se advierten circunstancias que ameriten el amparo
a los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

13
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5. Conclusión

Por las razones hasta aquí expuestas, la Sala concluye que en el caso concreto no
existe dilación injustificada, pues al asunto se le ha dado trámite conforme a las
posibilidades del juez natural y no se advierte un retardo deliberado de parte de
quienes han tramitado el asunto en la segunda instancia.

Tampoco se acreditó haberle informado al juez natural circunstancias graves que
ameritaran la prelación del caso, así como tampoco condiciones de salud se suma
gravedad ni de precariedad económica que tornen el amparo de tutela en inminente.
Por estas razones, la Sala negará el amparo solicitado por la parte actora.

La Sala destaca que la accionante cuenta con 67 años y que el asunto versa sobre
el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, por lo que sería de esperar
que la autoridad judicial accionada adopte las medidas necesarias para emitir de
manera ágil la sentencia que decida el recurso de apelación en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho propuesto por la accionante.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. NEGAR las pretensiones formuladas por la señora Pilar Monzón Landaeta
como agente oficiosa de su madre la señora Águeda Petra Landaeta
Rodríguez, dadas las razones expuestas en la motivación precedente.

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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