RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00366-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00366-01

Fecha
6 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00366-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 27 de febrero de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. En su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de Carlos Felipe Castrillón Muñoz en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00366-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

6 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., seis (6) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00366-01
Demandante: Carlos Felipe Castrillón Muñoz
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y Restablecimiento del
Derecho / Retiro del servicio por cumplimiento de la edad de retiro
forzoso / Defecto Sustantivo

Decisión: Revocar la decisión del a quo y negar el amparo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación interpuesta por Carlos Felipe Castrillón Muñoz, en
contra de la sentencia proferida el 27 de febrero de 2026 por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C mediante la cual declaró improcedente la solicitud de
amparo.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1

1. Carlos Felipe Castrillón Muñoz promovió solicitud de tutela con el fin de que
se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
providencia proferida el 23 de octubre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 25000-23-42-000-2017-04904-02 (1943-2025).

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho, la
Superintendencia de Notariado y Registro, el Consejo Superior de la Carrera Notarial
y Natalia Perry Turbay2, con la finalidad de cuestionar la legalidad del Decreto 1964
del 2015, mediante el cual fue retirado del cargo de notario 70 del Círculo Notarial de
Bogotá por haber alcanzado la edad de retiro forzoso; del artículo 1º del Decreto 840

1 Ver índice 2 de Samai.
2 Vinculada como litisconsorte necesaria.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00366-01
Demandante: Carlos Felipe Castrillón Muñoz

del 2016, por el cual se nombró en propiedad a Natalia Perry Turbay en ese cargo; y
en contra de los autos 219 y 243 del 2017, expedidos por la Superintendencia de
Notariado y Registro. Como restablecimiento del derecho solicitó su reintegro al cargo
y el pago de los emolumentos dejados de percibir.

2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
en sentencia del 28 de mayo de 2025, negó las suplicas de la demanda, «por cuanto
no se desvirtuó la legalidad de los actos administrativos demandados, por el contrario, se
determinó que la edad de retiro forzoso de 65 años era aplicable al demandante para su
momento de separación del cargo año 2015». En contra de esta decisión interpuso
recurso de apelación.

2.3. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en providencia del 23
de octubre de 2025 confirmó la decisión del a quo al considerar que la situación
jurídica del demandante se había consolidado antes de la entrada en vigencia de la
Ley 1821 de 2016 y que la permanencia en el ejercicio del cargo hasta la posesión
de su reemplazo no hacía aplicable el nuevo régimen de edad de retiro forzoso ni
implicaba la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo que ordenó su retiro.

2.4. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en defecto sustantivo porque aplicó las normas que fijaban la edad de retiro
forzoso en 65 años, sin tener en cuenta que el Decreto 1964 del 2015 condicionó el
retiro efectivo del cargo a la posesión de quien debía reemplazarlo, circunstancia que
solo ocurrió el 8 de marzo de 2017. Por esta razón, sostuvo que continuó en ejercicio
del cargo cuando entró en vigencia la Ley 1821 de 2016, por lo que esta resultaba
aplicable a su situación jurídica.

2.5. La Ley 1821 de 2016 reconocía el derecho de quienes ejercían funciones
públicas al momento de su entrada en vigor a permanecer voluntariamente en el
cargo hasta los 70 años, siempre que manifestaran esa voluntad. Afirmó que cumplió
esos requisitos y que, en consecuencia, su situación jurídica no se había consolidado
bajo el régimen anterior, por lo que el Decreto 1964 de 2015 perdió fuerza ejecutoria.

2.6. Finalmente, sostuvo que la autoridad judicial interpretó de manera errónea el
artículo 150 del Decreto Ley 960 de 1970 al concluir que no era aplicable a los retiros
por edad, pese a que esa disposición le impedía separarse del cargo antes de la
posesión de su reemplazo.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] PRIMERO: Tutelar, de manera inmediata mis derechos constitucionales
fundamentales ya enunciados y los que el juez constitucional encuentre vulnerados por el
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN A, Consejero ponente: LUIS EDUARDO MESA NIEVES,
por haber proferido la sentencia del 23 de octubre de 2025, notificada el 26 de noviembre
de 2025, que decidió “CONFIRMAR la sentencia de fecha 28 de mayo de 2025, proferida

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00366-01
Demandante: Carlos Felipe Castrillón Muñoz

por la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda”.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, proteger mis derechos fundamentales
dejando sin efectos la sentencia atacada por vulneración del debido proceso al violar
directamente el estatuto notarial y la Ley 1821 de 2016. Incurriendo también en fraude a
la ley. […]» [sic]

1.1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca3 solicitó que se declarara
improcedente la petición por no acreditar los requisitos de la solicitud de tutela contra
providencias judiciales. En esencia, señaló que lo que se pretendía era utilizar el
amparo como una tercera instancia.

5. Natalia Perry Turbay4 expuso que la sentencia atacada no vulneró el derecho
al trabajo, a la seguridad social, al acceso a la administración de justicia y al debido
proceso del demandante, pues aplicó las normas pertinentes para el caso concreto,
por lo que no se configuró defecto sustantivo alguno. Por todo lo anterior, pidió
declarar como improcedente la solicitud de tutela por inexistencia de vulneración de
los derechos fundamentales invocados.

6. La Superintendencia de Notariado y Registro5 requirió que se declarara la
improcedencia de la solicitud de amparo, por el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad y la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales. Sostuvo
que no se cumplía el requisito de subsidiariedad porque se pretendía reabrir una
controversia ya resuelta por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y que la
providencia cuestionada no incurrió en el defecto sustantivo alegado.

7. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A6 señaló que la
providencia cuestionada, lejos de vulnerar los derechos fundamentales invocados, se
ajustó a los parámetros legales y jurisprudenciales vigentes que eran aplicables al
caso concreto. En efecto, sostuvo que «la sentencia censurada fue clara al exponer las
razones de hecho y derecho que la llevaron a concluir el por qué, a pesar de que la entrada
en vigor de la Ley 1821 de 2016, al actor aún seguía prestando el servicio como notario, sus
disposiciones no le eran aplicables ni mucho menos provocaron el decaimiento del acto
administrativo que, con anterioridad, había ordenado retirarlo del servicio». En
consecuencia, reiteró que el único objetivo de la solicitud de tutela era rebatir los
argumentos jurídicos expuestos en la sentencia.

8. Los demás terceros con interés guardaron silencio.

3 Ver Samai índice 11 del expediente de primera instancia. Archivo denominado:
«RECIBEPRUEBAS_Memorial_RESPUESTATUTELARAD20 (.pdf) NroActua11».
4 Ver Samai indice 12 del expediente de primera instancia. Archivo denominado
«15_MemorialWeb_OtroREF110010315000202(.pdf) NroActua12 ».
5 Ver Samai indice 13 del expediente de primera instancia. Archivo denominado
«19RECIBEMEMORIAL_SNR2026EE0203911 (.pdf) NroActua13».
6Ver indice 13 del expediente de primera instancia. Archivo denominado:
«25RECIBEMEMORIAL_Memorial_INFORMEDETUTELACARLO (.pdf) NroActua13».

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00366-01
Demandante: Carlos Felipe Castrillón Muñoz

1.1.3. Sentencia de primera instancia7

9. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en sentencia del 27 de
febrero del 2026, declaró improcedente la solicitud de tutela, pues consideró que no
se acreditó el requisito de relevancia constitucional. En esencia, argumentó que la
parte demandante tenía como propósito utilizar el mecanismo constitucional como
una instancia adicional, pues los reproches contenidos en el escrito, lo que buscaban
era reabrir el debate que tuvo lugar en el proceso ordinario.

1.1.4. Escrito de impugnación8

10. Carlos Felipe Castrillón Muñoz impugnó la decisión del a quo, para lo cual,
además de reiterar los argumentos expuestos en el escrito de amparo, sostuvo que
el asunto si tiene relevancia constitucional. Al respecto, señaló que la tutela no
pretendía reabrir el debate ordinario, sino evidenciar la vulneración de los derechos
fundamentales alegados, como consecuencia del defecto sustantivo en que incurrió
la providencia cuestionada por la indebida aplicación de las normas sobre retiro
forzoso. Asimismo, indicó que la decisión omitió pronunciarse sobre los cargos
planteados de fondo.

2. Consideraciones

11. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y de las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en
el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

12. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
el Decreto 1382 de 20009 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201910, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

13. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado11 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas

7 Ver índice 28 del expediente de primera instancia. Archivo denominado: «35Sentencia_20260036600

(.pdf) NroActua28»
8Ver índice 32 del expediente de primera instancia Archivo denominado:
«37_MemorialWeb_RecursoimpuganacionCarlos (.pdf) NroActua 32».
9 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
10 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00366-01
Demandante: Carlos Felipe Castrillón Muñoz

que en su interior se habían desarrollado sobre el tema12. Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

14. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

15. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo13, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

16. Ahora bien, la Corte Constitucional14 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

17. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos15,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea

12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.:

11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios.
Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de

2005.
15 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00366-01
Demandante: Carlos Felipe Castrillón Muñoz

de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales16.

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que
incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate
que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

18. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A vulneró los derechos
fundamentales de Carlos Felipe Castrillón Muñoz con ocasión de la providencia del
23 de octubre de 2025, mediante la cual, en segunda instancia, negó la solicitud de
reintegro con ocasión de su retiro por haber alcanzado la edad de retiro forzoso, con
la que incurrió, presuntamente, en defecto sustantivo?
2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

19. En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo
señalado por el a quo, se entiende superado, toda vez que los defectos alegados
pueden llevar consigo una violación de derechos fundamentales, los cuales
constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados.

20. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela, y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio de fondo del asunto planteado

2.4.2 Defecto sustantivo

21. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte
Constitucional17 ha señalado que este se presenta cuando el juez adopta una
decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha
resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces
gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas
jurídicas, esta no es una facultad absoluta, para lo cual precisó que los límites se
encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

22. El alto tribunal de lo constitucional ha identificado una serie de situaciones en
las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en
una norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,

16 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-118 a de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00366-01
Demandante: Carlos Felipe Castrillón Muñoz

es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan
definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se toma regresiva
o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistemática de la
norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.

23. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación
en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal
entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales

2.4.3. Sobre el caso concreto

24. Carlos Felipe Castrillón Muñoz acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la
sentencia proferida el 23 de octubre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, mediante la cual, en segunda instancia, negó el reintegro
solicitado con ocasión de su retiro por haber alcanzado la edad de retiro forzoso,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

25. Lo anterior, al considerar que se incurrió en defecto sustantivo porque aplicó
las normas que fijaban la edad de retiro forzoso en 65 años, sin tener en cuenta que
el Decreto 1964 del 2015 condicionó el retiro efectivo del cargo a la posesión de quien
debía reemplazarlo, circunstancia que solo ocurrió el 8 de marzo de 2017. Por esta
razón, consideró que seguía en el cargo cuando entró en vigencia la Ley 1821 de
2016 que regulaba su situación jurídica.

26. La Ley 1821 de 2016 reconocía el derecho de quienes ejercían funciones
públicas al momento de su entrada en vigencia a permanecer voluntariamente en el
cargo hasta los 70 años, siempre que manifestaran esa voluntad. Afirmó que cumplió
esos requisitos y que, en consecuencia, su situación jurídica no se había consolidado
bajo el régimen anterior, por lo que el Decreto 1964 de 2015 perdió fuerza ejecutoria
al desaparecer su fundamento legal.

27. Finalmente, sostuvo que la autoridad judicial interpretó de manera errónea el
artículo 150 del Decreto Ley 960 de 1970 al concluir que no era aplicable a los retiros
por edad, pese a que esa disposición le impedía separarse del cargo antes de la
posesión de su reemplazo.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00366-01
Demandante: Carlos Felipe Castrillón Muñoz

28. En este punto, para mayor claridad del asunto, la Sala recuerda el análisis
efectuado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, respecto de
la negativa para efectuar el reintegro por cumplimiento de la edad de retiro forzoso,
al respecto:

«[…] 71. En ese contexto, aunque el demandante afirma que para la fecha de entrada en
vigencia de la Ley 1821 de 2016 aún fungía como notario y por lo tanto le resulta aplicable
la nueva norma, considera la sala que no le asiste razón, ya que, para el 30 de diciembre
de 2016, su situación jurídica se había consolidado a la luz del régimen jurídico anterior.

72. Y es que el invocar una «situación jurídica consolidada» implica, en este asunto, la
concreción de las condiciones que conllevaron a ordenar la desvinculación del servicio,
esto el, el cumplimiento de los 65 años de edad previstos en el artículo 1.° del Decreto
3047 de 1989.

73. Concluir, como lo pretende el apelante, que la situación jurídica se consolide con la
separación material del cargo, es atribuir a la norma un alcance que no tiene. En efecto,
el artículo en referencia contiene un mandato imperativo según el cual, al cumplimiento
de los 65 años de edad, el notario debe ser retirado del servicio, sea por solicitud propia
y/o por petición del ministerio público, de la Superintendencia de Notariado y Registro o
de oficio por quien funge como su nominador.

74. Es decir, al llegar a ese límite inmediatamente se activa la causal de retiro forzoso,
independientemente de que la norma en comento establezca que la orden de
desvinculación deba ser ejecutada dentro del mes siguiente a la ocurrencia de ese hecho.

75. Por tanto, la regla consignada en el acto demandado, según la cual el señor Carlos
Felipe Castrillón Muñoz no podía separarse del desempeño de sus funciones mientras no
se haya hecho cargo de ellas quien deba reemplazarlo, no es más que el cumplimiento
de lo ordenado en el artículo 150 del Decreto Ley 960 de 1970 que, ante todo, persigue la
continuidad y permanencia de la función notarial, más no la perpetuidad en el empleo de
a quien ya se le ordenó el retiro del mismo.

76. Particular importancia reviste la aludida cláusula pues, a juicio de esta subsección,
dicha prohibición no es aplicable a los casos en los que la desvinculación del servicio se
produce por el cumplimiento de la edad de retiro forzoso.

77. En efecto, para esta sala de decisión es vital la garantía consignada en el artículo 147
del Decreto Ley 960 de 1970, según la cual la estabilidad en el empleo como notario podrá
extenderse hasta el cumplimiento de la edad de retiro forzoso; prescripción que se
compagina con los deberes previstos en los artículos 181 y 182 ejusdem., que obligan a
esos servidores a desvincularse del servicio cuando alcancen el límite etario y, además,
informar tal situación a su nominador. De ahí que, el inciso final del último dispositivo en
cita autorice que el retiro con base en esta causal se produzca «[…] a solicitud del
interesado, del Ministerio Público, o de la Vigilancia Notarial, o de oficio, dentro del mes
siguiente a la ocurrencia de la causal.»

78. Adicionalmente, se tiene presente que, según lo establecido en el artículo 2.2.6.1.5.3.6
del Decreto Reglamentario 1069 de 2015, el nombramiento en interinidad de un notario
se produce ante las faltas absolutas que se configuren en torno a su titular, faltas dentro
de las que se encuentra el alcanzar la edad de retiro forzoso -artículo 2.2.6.1.5.3.9
ejusdem-

79. En este contexto, la falta absoluta que se pregona frente al notario que ha alcanzado
el límite etario previsto en la ley para el cumplimiento de esa función, impide que continúe
ejerciendo esa labor y, por demás, permite: i) que la primera autoridad política del lugar
designe un encargado, mientras el nominador provea el empleo en interinidad y/o en
propiedad29 y; ii) que el nominador nombre en interinidad o encargo a otra persona, de

8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00366-01
Demandante: Carlos Felipe Castrillón Muñoz

acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.5.3.6. del Decreto Reglamentario 1069
de 2015.

80. Así pues, se reitera, la regla contenida en el artículo 150 del Decreto Ley 960 de 1970
no es aplicable en los eventos en los que la desvinculación se produce con base en la
causal de cumplimiento de la edad de retiro forzoso. Considerar lo contrario implica,
cuando menos, concebir una excepción que la ley no contempla y, por demás, impedir la
renovación generacional en la función pública y el debido ejercicio del derecho que todo
ciudadano tiene de «[a]cceder al desempeño de funciones y cargos públicos […]».

81. Las anteriores consideraciones, antes que desconocer que la legalidad de esa
determinación -contenida en el parágrafo del Decreto 1964 de 5 de octubre de 2015- no
fue reprochada en la demanda, pretenden hacer notar que el hecho de que al demandante
se le haya permitido continuar en el ejercicio de su labor notarial hasta la fecha en que su
reemplazo tomó posesión del cargo, no lo hace destinatario de las reglas contenidas en
la Ley 1821 de 2016 y, por tanto, no es beneficiario del nuevo límite etario allí dispuesto.

82. En este sentido, se destaca, tal como lo hizo el tribunal de primera instancia, que la
Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación, a través del concepto de 8 de febrero
de 201732 , concluyó que los notarios que llegaron a los 65 años de edad antes de la
entrada en vigor de la Ley 1821 de 2016 no podían seguir en sus cargos hasta el
cumplimiento de los 70 años de edad. En los apartados de ese documento se puede leer:

«Dado que la vigencia de la Ley 1821 de 2016 se rige por el "efecto general inmediato"
(no es retroactiva) y que el artículo 2° de la misma no regula el supuesto fáctico que se
describe en la pregunta, no pueden permanecer en sus cargos, hasta cumplir los 70
años de edad, las personas que antes de la entrada en vigencia de la Ley 1821 de
2016 (es decir, hasta el 30 de diciembre de ese año) cumplieron la edad de retiro
forzoso a la que estaban sujetos, pero que continúan, por cualquier motivo, en el
ejercicio de funciones públicas, independientemente de que su situación laboral o
administrativa haya sido declarada (no constituida) o no mediante un acto administrativo
en firme.

Dichas personas deben retirarse efectivamente de sus cargos y/o cesar en el ejercicio de
las funciones públicas dentro del plazo y en las condiciones que establecían (o establecen)
las normas legales y reglamentarias anteriores a la Ley 1821 que les sean aplicables, sin
desconocer, en todo caso, lo previsto en la jurisprudencia constitucional para amparar los
derechos fundamentales de las personas de la tercera edad y otras que requieren
protección en condiciones especiales.» (Negrilla de la sala)

[…]

86. Frente a los efectos de la aplicación de la Ley 1821 de 2016 en el caso particular de
los notarios, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación, en el concepto del 8
de febrero de 201734 , consideró:

«El efecto general inmediato de la Ley 1821 de 2016. Su irretroactividad.

Como se mencionó, el artículo 4º de la Ley 1821 dispone que “la presente ley rige a partir
de su publicación”.

Esta simple fórmula genera importantes consecuencias, pues al acoger el legislador al
denominado “efecto general inmediato” de las leyes, que constituye en esta materia la
regla general, descartó que la Ley 1821 pudiese tener efectos retroactivos o ultractivos.

En armonía con lo anterior, debe observarse que el Congreso de la República no
estableció un régimen de transición en parte alguna de la Ley 1821 de 2016, como hubiera
podido hacerlo, ni para disponer que las personas que estuvieran cerca de cumplir la edad
de retiro forzoso anterior (65 años) quedaran por fuera del incremento en dicha edad

9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00366-01
Demandante: Carlos Felipe Castrillón Muñoz

efectuado por la Ley 1821, ni para permitir, por el contrario, que quienes hubiesen
cumplido 65 años en un determinado lapso anterior a la publicación de la ley, pudieran
acogerse a la nueva edad de retiro forzoso.

Lo anterior implica, a juicio de la Sala, que la aplicación de la Ley 1821 de 2016
corresponde, en forma simple, al “efecto general inmediato” de las leyes, esto es, que no
regula situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad a su entrada en vigencia, sino
solamente situaciones jurídicas que no hayan nacido en ese momento y situaciones
jurídicas que se iniciaron con la legislación anterior pero que no se habían consolidado
(efecto retrospectivo).

[…]

Dado que la vigencia de la Ley 1821 de 2016 se rige por el “efecto general inmediato”
(no es retroactiva) y que el artículo 2º de la misma no regula el supuesto fáctico que de
describe en la pregunta, no pueden permanecer en su cargos, hasta cumplir los 70 años
de edad, las personas que antes de la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016 (es
decir, hasta el 30 de diciembre de ese año) cumplieron la edad de retiro forzoso a la que
estaban sujetos, pero que continúan, por cualquier motivo, en el ejercicio de funciones
públicas, independientemente de que su situación laboral o administrativa haya sido
declarada (no constituida) o no mediante un acto administrativo en firme.

Dichas personas deben retirarse efectivamente de sus cargos y/o cesar en el ejercicio de
las funciones públicas dentro del plazo y en las condiciones que establecían (o establecen)
las normas legales y reglamentarias anteriores a la Ley 1821 que les sean aplicables, sin
desconocer, en todo caso, lo previsto en la jurisprudencia constitucional para amparar los
derechos fundamentales de las personas de la tercera edad y otras que requieren
protección en condiciones especiales.»

87. Del concepto antedicho, se resalta un aspecto crucial, relacionado con que la norma
no estableció disposiciones transitorias específicas para quienes ya tenían 65 o más años
de edad al momento de entrar en vigor. Por el contrario, la ley se limitó a expresar que
regía desde su publicación (efecto general inmediato), esto quiere decir que la
interpretación de su aplicación en el tiempo quedó sujeta a los principios generales,
especialmente el de irretroactividad.

88. Cabe resaltar que esta subsección se ha pronunciado sobre la aplicación de la Ley
1821 de 2016 y ha concluido, respecto del alcance del artículo 2.° de dicha norma, que
este no resulta aplicable para aquellas personas que habían cumplido la edad de retiro
forzoso (65 años de edad) antes del 30 de diciembre de 2016, y se encuentren en ejercicio
de funciones públicas a la entrada en vigencia de la citada norma. Al respecto, se dijo:
«Igualmente, la mencionada preceptiva no estableció una aplicación retroactiva de la
Ley 1821 de 2016, ni algún régimen de transición frente a las disposiciones derogadas,
pues simplemente consagró su aplicación inmediata al señalar que dicha disposición
regiría a partir de su publicación, no antes, es decir, desde el 30 de diciembre de 2016 y
comoquiera que el actor adquirió la edad pensional el 11 de diciembre de dicha anualidad,
su situación jurídica se rige por el artículo 1º del Decreto 3047 de 1989 «Por el cual se
reglamenta el Decreto-ley 960 de 1970» que estatuye la edad de retiro en 65 años.»
(Negrilla de la Sala)

89. Por último y no por eso menos importante, es necesario destacar que en el informe de
conciliación al proyecto de ley número 131 de 2016 Senado, 110 de 2015 Cámara «por
medio de la cual se modifica la edad máxima para el retiro forzoso de las personas que
desempeñan funciones públicas», publicada en la gaceta 1129 del 14 de diciembre de
201636, los congresistas dejaron claro la aprobación del proyecto, con las siguientes
anotaciones:

«Con el fin de dar cumplimiento a la designación, después de un análisis, hemos
concluido que el texto aprobado por el Honorable Senado recoge en su integridad lo

10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00366-01
Demandante: Carlos Felipe Castrillón Muñoz

aprobado en la Cámara de Representantes e incorpora algunas disposiciones aprobadas
por las diferentes bancadas. Por lo anterior, hemos decidido acoger en su totalidad el texto
aprobado en Segundo Debate por la Plenaria del Senado, así como el título aprobado por
esta. El texto aprobado por la Plenaria del Senado, respecto al texto aprobado por la
Cámara tiene los siguientes cambios significativos: 1. Aclara la población a la que va
dirigida, enunciando que es para todo trabajador que desempeñe funciones públicas.

2. Se aclara que la aplicación de la ley no cobijará a quienes hayan cumplido los 65
años antes de entrar en vigencia la norma.

3. En concordancia con los cambios señalados, se ajustan las normas sujetas de
derogatoria expresa.» (Negrilla de la sala).

90. En consecuencia, se reitera que con la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016,
el acto administrativo que ordenó el retiro del servicio del actor no perdió su fuerza
ejecutoria, pues con su expedición concretó el mandato imperativo vertido en el Decreto
3047 de 1989, según el cual, al cumplimiento de la edad allí prevista, debía producirse el
retiro del servicio del actor, con independencia de que, la dejación definitiva del cargo se
produjera en fecha posterior, a la espera de quien fuera designado en su reemplazo
asumiera el cargo.

91. Sobre la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo, cuando desaparecen sus
fundamentos de hecho o de derecho, esta corporación ha considerado lo siguiente

«La pérdida de fuerza ejecutoria comúnmente se ha denominado decaimiento cuando se
configura en virtud de la segunda causal, es decir, cuando desaparecen los fundamentos
de hecho o de derecho que dan lugar al acto administrativo. Este supone que, cuando se
configura el presupuesto normativo, el acto no puede surtir efectos hacia el futuro. Sin
embargo, esto no implica que no pueda realizarse un examen de legalidad del mismo,
pues un asunto es el juicio de validez o nulidad del acto y otra muy diferente es el examen
de ejecutoriedad»

92. En segundo lugar, este órgano ha establecido que no puede confundirse la ocurrencia
de la pérdida de fuerza de ejecutoria del acto administrativo con sus causales de nulidad.
El texto es el siguiente:

«Las causales de nulidad se encuentran previstas en el artículo 84 del Código
Contencioso Administrativo [art. 137, CPACA] y se dan desde la misma formación o
expedición del acto, bien sea porque se aparta de las normas en que debía fundarse, o
porque fue expedido por funcionario u organismo incompetente o en forma irregular, o con
desconocimiento del derecho de defensa o mediante falsa motivación o desviación de
poder.

“La pérdida de fuerza ejecutoria es un fenómeno jurídico distinto (…) dicha figura está
referida específicamente a uno de los atributos o características del acto administrativo,
cual es la de la ejecutividad del mismo, es decir, la obligación que en él hay implícita de
su cumplimiento y obedecimiento, tanto por parte de la Administración como de los
administrados en lo que a cada uno corresponda, consagrada en el primer inciso del
precitado artículo 66, al disponer que “salvo norma en contrario, los actos administrativos
serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en
lo contencioso pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos…”.

Dentro de las cinco circunstancias o causas de pérdida de fuerza ejecutoria del acto
administrativo, está (…) la desaparición de sus fundamentos de derecho (numeral 2,
artículo 66 cit.), cuya ocurrencia para nada afecta la validez del acto, en cuanto deja
incólume la presunción de legalidad que lo acompaña, precisamente el atributo de éste
que es el objeto de la acción de nulidad. Por lo mismo, tales causales de pérdida de
ejecutoria vienen a ser situaciones posteriores al nacimiento del acto de que se trate, y no
tienen la virtud de provocar su anulación.”

11

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00366-01
Demandante: Carlos Felipe Castrillón Muñoz

En relación con la segunda causal de pérdida de fuerza ejecutoria, que la doctrina ha
llamado decaimiento del acto (cuando desaparecen sus fundamentos de hecho o de
derecho), ésta se produce “cuando ya no existen las circunstancias de modo, tiempo y
lugar que le sirvieron de base” o por cuanto se ha presentado: “a) la derogación o
modificación de la norma legal en que se fundó el acto administrativo; b) la declaratoria
de inexequibilidad de la norma constitucional o legal hecha por el juez que ejerce el control
de constitucionalidad, en los países donde existe; c) la declaratoria de nulidad del acto
administrativo de carácter general en que se fundamenta la decisión de contenido
individual o particular…» (Subrayado fuera del texto)

Por tanto, la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo no hace infructuoso el
análisis de legalidad del acto, en la medida en que el juicio de legalidad requiere la
confrontación del acto con las normas superiores a que debía someterse el mismo, a fin
de determinar su adecuación al ordenamiento, lo cual es independiente de su validez. Por
otra parte, si un acto viciado de nulidad produce o produjo efectos jurídicos, hay lugar a
pronunciarse sobre su legalidad como consecuencia del ejercicio del medio

93. En tercer lugar, esta misma corporación precisó que «[e]n los términos del artículo 92
ibídem, los afectados pueden oponerse a la ejecución de un acto administrativo a través
de la excepción de pérdida de ejecutoriedad, lo cual debe realizarse antes de su
ejecución, o dentro del término establecido por la Ley para atacar los actos en sede
judicial, siempre y cuando la situación particular no se encuentre consolidada, de lo
contrario no son afectados por la decisión anulada». (Énfasis de la sala)

94. Dicho lo anterior, reitera la sala que la situación particular del demandante se consolidó
antes de la entrada en vigencia de la presente ley. Véase que el actor arribó a la edad de
65 años el 11 de septiembre de 2015, por lo tanto, su situación jurídica se rige por el
artículo 2.2.6.1.5.3.13 del Decreto 1069 de 2015.

95. Para la subsección, el hecho de que el notario haya continuado en el servicio más allá
de los 65 años no revive el vínculo legal ni modifica la causal objetiva de retiro. El ejercicio
de esas funciones se mantuvo por la indebida interpretación de la regla consignada en el
artículo 150 del Decreto Ley 960 de 1970, tal y como quedó dicho con anterioridad.

96. Finalmente, se pone de presente que, si bien el actor manifestó la voluntad de
acogerse a la Ley 1821 de 2016, tal tesis no es de recibo, pues de conformidad con el
concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil mencionado anteriormente, dicha
situación no se refiere a las personas que hubiesen cumplido la edad de retiro forzoso
antes de la entrada en vigencia de la norma en mención. Véase:

«Uno de los problemas jurídicos principales que se plantean en la consulta es el de la
aplicación de la Ley 1821 a las personas que cumplan funciones públicas (servidores
públicos o particulares) y que, a la fecha promulgación de la misma (30 de diciembre de
2016), habían cumplido ya la edad de retiro forzoso prevista en el régimen anterior (65
años), pero que, por diversas razones, seguían ejerciendo sus funciones. La duda se
plantea especialmente en relación con el artículo 2º de la citada ley, que dispone:

[…]

Ahora bien, luego de efectuar una interpretación gramatical, sistemática, histórica y
finalista del artículo 21 de la Ley 1821, la Sala puede sostener claramente que tal
disposición no se refiere a las personas que hubiesen cumplido la edad de retiro forzoso
(estando sujetas a esta) antes de la entrada en vigencia de la Ley 1821, por lo que lo
preceptuado en dicha norma y, en general, en la Ley 1821 de 2016, no los afecta.

[…]

12

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00366-01
Demandante: Carlos Felipe Castrillón Muñoz

En este sentido, la “opción voluntaria de permanecer en el cargo”, a que se refiere el
artículo 2º de la Ley 1821 de 2016, no es otra que la posibilidad de mantenerse en el
empleo o en el ejercicio de las funciones públicas que se ejerzan hasta cumplir la edad de
retiro forzoso, a pesar de haber completado los requisitos para pensionarse, en lugar de
retirarse para disfrutar de la pensión de jubilación. Así quedó consignado, además, en los
antecedentes legislativos de la norma, tal como se explicó en el aparte B) de este
concepto.

Las consideraciones anteriores permiten entender claramente que el artículo 2º de la Ley
1821 se reduce a establecer dos reglas de derecho, a saber:

(i) Que dicha ley no modifica los requisitos previstos en las normas vigentes para adquirir
el derecho a la pensión de jubilación; y

(ii) Que las personas que ejerzan funciones públicas no están obligadas, a partir de la
vigencia de la citada ley, a retirarse de sus cargos al cumplir los requisitos para
pensionarse, sino que pueden seguir ejerciendo sus funciones hasta cumplir la edad de
retiro forzoso (70 años).

Así entendida la norma, se aprecia con claridad que la misma no se refiere de ninguna
forma y en ningún sentido (favorable o desfavorable) a quienes hubieran cumplido
la edad de retiro forzoso prevista en la legislación anterior (65 años) antes de la
entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016 y que, por cualquier motivo, sigan
ejerciendo funciones públicas. (Énfasis de la sala).» […]» [sic]. [Resaltado por la
sala].

29. A partir de una lectura de la totalidad de la sentencia, la Sala considera que no
se configura el defecto sustantivo alegado. En efecto, la providencia cuestionada
examinó expresamente el alcance de las normas que regulaban el retiro forzoso de
los notarios y la incidencia de la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016, sobre
la situación particular. A partir de ese análisis, concluyó que dicha normatividad no
resulta aplicable al caso porque la situación jurídica se había consolidado con
anterioridad a su entrada en vigor.

30. En primer lugar, la Sala considera que no prospera el argumento según el cual
la providencia cuestionada desconoció el alcance del Decreto 1964 de 2015. Por el
contrario, advierte que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
analizó la circunstancia de que el retiro efectivo del cargo quedaba condicionado a la
posesión de quien debía reemplazar al notario y concluyó que esa circunstancia
obedecía al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150 del Decreto Ley 960 de
1970. En ese sentido, explicó que la permanencia en el ejercicio de las funciones
tenía como finalidad garantizar la continuidad del servicio. Bajo esa premisa, precisó
que el hecho de continuar en ejercicio de las funciones hasta la posesión del
reemplazo no convertía al notario en destinatario de las reglas previstas en la Ley
1821 de 2016 ni permitía acceder al nuevo límite de edad allí establecido.

31. En consecuencia, la Sala considera que la autoridad judicial demandada no
omitió aplicar el Decreto 1964 de 2015 o ni desconoció su contenido. Así, el
desacuerdo radica en el alcance jurídico que atribuyó a dicha disposición, aspecto
que corresponde al ejercicio de interpretación propio del juez natural y que, por sí
solo, no configura un defecto sustantivo.

13

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00366-01
Demandante: Carlos Felipe Castrillón Muñoz

32. En segundo lugar, tampoco prospera la argumentación según la cual la
providencia enjuiciada dejó de aplicar la Ley 1821 de 2016 o desconoció sus efectos.
Por el contrario, dicha normativa sí fue objeto de análisis por parte de la autoridad
judicial, que examinó su ámbito de aplicación temporal y determinó si le era aplicable
a la situación jurídica concreta del demandante. Para ello, analizó el concepto de la
Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación, los antecedentes legislativos
de la ley y la jurisprudencia emitida por la propia Sección Segunda.

33. Con fundamento en ese análisis, concluyó que la Ley 1821 de 2016 no
resultaba aplicable porque la situación jurídica se había consolidado antes de su
entrada en vigencia, pese a que el retiro efectivo del cargo se produjo con
posterioridad, con el fin de garantizar la continuidad del servicio notarial. Así, la
decisión cuestionada no desconoció dicha normativa, sino que adoptó una
interpretación sobre su alcance y aplicación temporal frente al caso concreto, aspecto
que corresponde al ámbito de autonomía e independencia del juez ordinario.

34. Por último, tampoco prospera para la Sala el argumento de una indebida
interpretación del artículo 150 del Decreto Ley 960 de 1970. Del examen de la
providencia cuestionada se advierte que dicha disposición si fue estudiada
razonablemente. En particular, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A explicó que la obligación de permanecer en el cargo hasta la posesión de quien
debía reemplazarlo tenía como finalidad garantizar la continuidad del servicio notarial
y no prolongar la permanencia en el empleo de quien ya había sido retirado por haber
alcanzado la edad de retiro forzoso.

35. Con fundamento en esa interpretación, concluyó que el artículo 150 del
Decreto Ley 960 de 1970 no podía entenderse en el sentido de que el retiro por edad
solo se producía cuando se posesionara la nueva persona en el cargo. Además,
precisó que el hecho de haber continuado en el ejercicio de las funciones hasta la
posesión del reemplazo no alteraba o modificaba la configuración de la causal
objetiva de retiro, en este caso, el cumplimiento de la edad de retiro forzoso. En ese
escenario, la Sala observa que la providencia cuestionada no omitió analizar la norma
invocada ni lo hizo irrazonablemente, sino que expuso las razones por las cuales
consideró que esta no producía los efectos que se le pretenden atribuir en la solicitud
de tutela.

36. En esas condiciones, lo que existe es una inconformidad con el resultado de
la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, lo cual impone negar
la solicitud de amparo constitucional, pues, se reitera, este mecanismo no puede
convertirse en una tercera instancia.

37. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró́ probado.

14

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00366-01
Demandante: Carlos Felipe Castrillón Muñoz

3. Conclusión

38. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma en que la Sala revocará la
decisión del a quo para, en su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales
de Carlos Felipe Castrillón Muñoz, en la solicitud de tutela presentada contra el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

39. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 27 de febrero de 2026 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C. En su lugar, negar el amparo de los
derechos fundamentales de Carlos Felipe Castrillón Muñoz en la solicitud de tutela
presentada contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CJE/LVLQ

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

15

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.