Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00367-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00367-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00367-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
27 de febrero de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00367-00
Accionantes: Rodrigo Larios Álvarez y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00367-00
Accionantes: Rodrigo Larios Álvarez y otros
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B
Referencia: Acción de tutela
Temas: Tutela contra providencia judicial – carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Improcedencia por
falta Inmediatez.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por Rodrigo Larios Álvarez y otros
contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Rodrigo Larios Álvarez, Michael Andrés Larios García, Denis Larios Calvo, Lucy
Álvarez de Arco, Elvis de Jesús Larios Álvarez, Edier de Jesús Larios Álvarez,
Glenis Vanesa Larios Álvarez, Lucy Esthela Larios Álvarez, Candelaria Larios
Álvarez, Mónica Sharit Larios Álvarez, Pabla Calvo Santana, Estella de Arcos
Sampayo, Lilianis María García Gallego, Omar Eliecer Pérez Chávez, Liliana del
Carmen Pérez Chávez, Inés María Pérez Chávez , Libardo Rafael Chávez Troya,
Librada Pérez Chávez, Milena del Carmen Pérez Chávez, Oscar Daniel Pérez
Chavéz y Emilsa del Carmen Padilla Cueto, por conducto de apoderado judicial1,
promovieron acción de tutela en la que solicitaron el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la no discriminación y a las
garantías judiciales, los cuales consideraron vulnerados por el Consejo de Estado-
Sección Tercera-Subsección B, con ocasión de la sentencia proferida el 1° de julio
de 2022, en el trámite del medio de control de reparación directa identificado con el
radicado número 70001-23-31-000-2012-00160-00/01.
1Índice
00002 aplicativo SAMAI, con certificado núm. 4BE7213F83F10C48 64E95444129A988D
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Accionantes: Rodrigo Larios Álvarez y otros
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica 2:
2.1. El 22 de marzo de 2007 los señores Rodrigo Larios Álvarez y Omar Eliécer
Pérez Chávez se desplazaban en una motocicleta desde el municipio de Magangué-
Bolívar hacía el municipio de Sincé-Sucre. No obstante, fueron interceptados por
militares que les solicitaron sus documentos y los de la motocicleta.
Al efectuar la revisión, advirtieron que el seguro obligatorio estaba vencido, no
obstante, los uniformados les informaron que permitirían su paso a cambio de que
embarcaran al camión militar unas “pimpinas”, a lo cual los civiles accedieron.
2.2. Durante el proceso de cargue, una camioneta con personal de la SIJIN de la
Policía Nacional arribó al sitio, por lo que fueron conducidos a la estación por haber
sido sorprendidos presuntamente perforando de manera fraudulenta el Oleoducto
Caño Limón Coveñas para extraer gasolina NAFTA.
2.3. Como consecuencia de lo anterior, los detenidos fueron puestos a disposición
de la Fiscalía Segunda delegada ante los jueces penales del circuito especializado
de Sincelejo, por la comisión del delito de hurto de hidrocarburos o sus derivados.
Posteriormente, la Fiscalía General de la Nación profirió resolución de acusación en
su contra, por lo que se les impuso medida de aseguramiento intramural, la cual fue
sustituida por el subrogado penal de detención domiciliaria.
2.4. En sentencia del 30 de diciembre de 2009 el Juzgado Penal del Circuito
Especializado de Sincelejo absolvió a los investigados por atipicidad de la conducta,
en la medida que no se acreditaron los elementos objetivos del tipo penal atribuido.
2.5. Como consecuencia de estos hechos los señores Larios Álvarez y Pérez
Chávez promovieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, la Nación-
Rama Judicial-Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación,
con la pretensión de declarar su responsabilidad y el consecuente resarcimiento de
los perjuicios de orden material e inmaterial causados.
2.6. El Tribunal Administrativo de Sucre avocó el conocimiento del proceso en
primera instancia bajo el radicado número 70001-23-31-000-2012-00160-00. En
sentencia del 30 de octubre de 2015 accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
2.7. Mediante providencia del 18 de abril de 2016 el Tribunal Administrativo de Sucre
tuvo por no presentado el recurso de apelación de la Fiscalía General de la Nación
2 Ibídem. / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=70001233100020120016001110
0103
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y dispuso remitir el expediente al superior para que se surtiera el grado jurisdiccional
de consulta.
2.8. El Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B dictó sentencia el 1° de
julio de 2022 en la que modificó la decisión de primera instancia, en el sentido de
disminuir el quantum reconocido por lucro cesante y revocar la suma reconocida a
favor de los hermanos de las víctimas directas.
2.9. Finalmente, en desacuerdo con la decisión adoptada, la parte demandante
interpuso recurso extraordinario de revisión, cuyo conocimiento correspondió a la
Sala Primera Especial de Decisión del Consejo de Estado, bajo el radicado núm.
11001-03-15-000-2023-03004-00. Mediante providencia del 28 de noviembre de
2025, dicho recurso fue declarado infundado.
3. Pretensiones y argumentos de la tutela
3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la no discriminación y a las
garantías judiciales. Como consecuencia de ello pidió:
“Tutelar los derechos fundamentales al efectivo acceso a la administración de
justicia, igualdad, debido proceso y reparación integral de los accionantes,
declarando que la providencia judicial del 01 de julio de 2022 emitida por el LA
SECCION TERCERA – SUBSECCION B DEL CONSEJO DE ESTADO, incurrió
en defecto material o sustancial y violación directa de la constitución al haber
aplicado la nueva tesis de unificación jurisprudencial, sin permitir a la parte
interesada pedir las pruebas necesarias para acreditar la causación de un
perjuicio que, para la fecha de interposición de la demanda, se presumía con la
acreditación del parentesco. y, por disminuir los montos reconocidos
estableciendo solo el tiempo en que la entidad condenada intervino directamente
en la privación, desconociendo así el concepto de Nación colombiana y con ello,
generando injusticia y desigualdad para la víctimas por no indemnizar el tiempo
total de privación”.
3.2. Como fundamento de la acción de tutela la parte actora adujo que, pese a
haberse acreditado la existencia de un daño antijurídico originado en una actuación
penal que culminó con sentencia absolutoria por atipicidad, la decisión atacada
desconoció parámetros constitucionales y jurisprudenciales al modificar
sustancialmente la condena reconocida en primera instancia. En particular,
cuestionaron la reducción desproporcionada de la indemnización y la exclusión de
varios beneficiarios, lo cual, en su criterio, comportó un trato desigual frente a
situaciones fácticas análogas resueltas por la misma jurisdicción.
3.3. Consideró que la autoridad judicial incurrió en un defecto sustantivo, al aplicar
de manera retroactiva criterios fijados en una sentencia de unificación posterior al
momento en que se surtió el debate probatorio, por ende, alteró las reglas de
valoración de perjuicios morales. Afirmó que tal proceder desconoció el precedente
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vigente y afectó la confianza legítima, en tanto impuso exigencias probatorias más
gravosas que no eran exigibles al momento de estructurar la demanda.
Adicionalmente, señaló que la decisión cuestionada fragmentó indebidamente la
imputación del daño, lo que conllevó a limitar la responsabilidad de la Fiscalía
General de la Nación a periodos específicos, pese a que la privación de la libertad
se extendió durante un lapso continuo bajo la intervención de distintas autoridades,
lo cual derivó en una indemnización irrisoria frente a la magnitud del perjuicio
causado.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 22 de enero de 20263 se admitió la acción de tutela, se
dispuso la vinculación como terceros con interés del Tribunal Administrativo de
Sucre, de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, de la Fiscalía General
de la Nación y de la Nación-Rama Judicial; asimismo, se ofició al Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B y al Tribunal Administrativo de Sucre para
que remitieran al trámite constitucional el expediente identificado bajo el radicado
núm. 70001-23-31-000-2012-00160-00/01 y se le reconoció personería al abogado
José Luis Viveros Abisambra como apoderado de la parte accionante.
4.2. La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional4 indicó que no se
configuró vulneración alguna de derechos fundamentales, por cuanto las decisiones
cuestionadas fueron adoptadas conforme al ordenamiento jurídico vigente y con
plena observancia de las garantías procesales.
Sostuvo que la providencia judicial atacada se sustentó en una valoración integral
del material probatorio y en la aplicación razonada de las normas y precedentes
pertinentes, sin que se advierta arbitrariedad, capricho o desconocimiento del marco
jurídico aplicable. En ese sentido, afirmó que la parte accionante pretende reabrir
un debate propio de la jurisdicción contencioso administrativa mediante el uso
impropio de la acción de tutela.
Destacó que no se configuró ninguno de los defectos alegados, dado que la decisión
se enmarcó dentro del margen de interpretación judicial legítimamente permitido,
atendiendo a las particularidades del caso concreto. Agregó que la mera
discrepancia con el criterio adoptado por el juez natural no constituye, por sí misma,
una vulneración de derechos fundamentales susceptible de ser corregida en sede
de tutela.
3 Índice 00005 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. FD2CA6986A9293D1 5F6D02A70665B974
B3FF44655285C996 BFBB6BE05D65F02A.
4 Índice 00013 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 2A678424AA3AB36E 852CF8C80E65F2E1
520555B35660499B ABE09829796088A6.
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Finalmente, concluyó que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable
que habilitara la intervención del juez constitucional, razón por la cual solicitó negar
el amparo invocado.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de
Rodrigo Larios Álvarez, Michael Andrés Larios García, Denis Larios Calvo, Lucy
Álvarez de Arco, Elvis de Jesús Larios Álvarez, Edier de Jesús Larios Álvarez,
Glenis Vanesa Larios Álvarez, Lucy Esthela Larios Álvarez, Candelaria Larios
Álvarez, Mónica Sharit Larios Álvarez, Pabla Calvo Santana, Estella de Arcos
Sampayo, Lilianis María García Gallego, Omar Eliecer Pérez Chávez, Liliana del
Carmen Pérez Chávez, Inés María Pérez Chávez , Libardo Rafael Chávez Troya,
Librada Pérez Chávez, Milena del Carmen Pérez Chávez, Oscar Daniel Pérez
Chavéz y Emilsa del Carmen Padilla Cueto al ser los titulares de los derechos que
afirman fueron vulnerados, dado que fungieron como demandantes en el trámite del
proceso de reparación directa adelantado bajo el radicado núm. 70001-23-31-000-
2012-00160-00/01.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, por cuanto actuó como juez dentro del
proceso mencionado y fue su actuación a la que la parte accionante atribuyó la
vulneración de su garantía constitucional.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
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defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20055 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela 6 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 7.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”8.
En ese orden de ideas, la Sala observa que los cuestionamientos de la parte
accionante se dirigen en contra de los efectos generados de la sentencia de
segunda instancia proferida en el proceso de reparación directa adelantado, por lo
que procederá a estudiar el proveído, para así, establecer el cumplimiento del
requisito de inmediatez.
4.1. Inmediatez
La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de inmediatez bajo la
premisa de que el objeto de la tutela no es otro que la protección inmediata de los
derechos fundamentales.
5 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
6 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
7 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que
ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento esta blecido; c) defecto fáctico, esto es,
cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto
material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexist entes
o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos
y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo
condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa l a legitimidad de su órbita funcional; g)
desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
8 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
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Así las cosas, lejos de establecer un plazo de caducidad, la inmediatez se comporta
como una garantía de la seguridad jurídica y de los intereses de terceros, que
implicaque la acción constitucional debe interponerse en un plazo razonable 9, según
las condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto. Sin embargo, tratándose
de acciones de tutela contra providencias judiciales, la garantía de los principios
quedirigen la administración de justicia exige mayor rigurosidad 10, al punto que la
Corte Constitucional ha definido la razonabilidad, prima facie, en un lapso de seis (6)
meses11.
El examen de los seis meses puede flexibilizarse cuando hay circunstancias fácticas
que lo admitan. Al respecto, la Corte Constitucional ha identificado las siguientes
variables de análisis, las cuales habilitan determinar cuándo se está ante una
situación excepcional que permite no ceñirse de forma estricta al término en
mención:
“…que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por
ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un
9 La sentencia SU-961de 1999 concretó el principio de inmediatez en términos de razonabilidad en el siguiente
sentido:
“Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término de
caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable.
La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalida d misma de la tutela, que debe ser ponderada
en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se
interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de talmodo que no se vulneren derechos de terceros. ||
Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera
afirmativa, el juez está en la obligación deverificar cuándo [e]sta no se ha interpuesto de manera razonable,
impidiendo que se convierta en factorde inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales
de terceros, o quedesnaturalice la acción (…)”. || La seguridad jurídica es un elemento determinante para la
realización de la justicia, por lo que este requisito debe ser más exigente. Así, cuando el objeto de la tutela es
unaprovidencia judicial precisó la sentencia T- 038 de 2017 “(…) si dicho requisito se abordara con laxitud, la
firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de una controversia constitucional”.
10 Tal criterio fue sistematizado en la sentencia T-246 de 2015, en estos términos:
“la Corte ha considerado en los asuntos referentes a acciones de tutela contra providencias judiciales, que el
análisis de inmediatez debe ser más estricto, con el fin de no trastocar principios de seguridad jurídica y cosa
juzgada, pues ´la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre
indefinidamente´. En otras palabras, ser laxo con la exigencia de inmediatez en estos casos significaría ´que la
firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de la controversia constitucional que, en
cualquier momento, sin límite de tiempo… En un escenario de esta naturaleza nadie podría estar seguro sobre
cuáles son sus derechos y cual el alcance de [e]stos, con locual se produciría una violación del derecho de
acceso a la administración de justicia – que incluye el derecho a la firmeza y ejecución de las decisiones
judiciales – y un clima de enorme inestabilidad jurídica´”. || Sobre este punto, ver también las sentencias T-315
de 2005, T-541 de 2006, T-1009 de 2006, T-594 de 2008, T-410 de 2013 y T-206 de 2014, entre otras.
11
Sobre este lapso de seis meses, ha habido una continua comunicación concordante entre lajurisprudencia
de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, quienes, como tribunales de cierre en sus jurisdicciones lo
han definido como razonable. Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional T-246 de 2015, se alude
a este criterio a partir de la sentencia proferida por la Sala Plena de esta Corporación, del 5 de agosto de 2014, en
la que, explícitamente, “(…) la Sala Plena,como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de
la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra
providencias judiciales se ejerce oportunamente”. (Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01). Léase también
en las sentencias T-269 de 2018 y T-079 de 2018. || Lo anterior, en todo caso, debe tomarse de manera flexible
a partir de las condiciones del caso concreto, pues, como lo deja claramente dicho la Corte Constitucional en la
ya mencionada sentencia T-246 de 2015, confirmando las sentencias T-328 de 2010, T-860 de 2011, T- 217 de
2013 y T-505 del mismo año, “el requisito de la inmediatez deberá ser abordado desde la discrecionalidad y
autonomía judicial, con el fin de que cada juez evalúe si la solicitud fue presentada dentro de un plazo
razonable y proporcional, toda vez que,“(…) en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes
para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría considerar
razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de las particularidades del caso”.
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nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los
derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración
es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy
antiguo respecto de la presentación de la tutela, lasituación desfavorable del
actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual”12
También precisó la jurisprudencia constitucional que, el requisito de inmediatez se
supera cuando “[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta
vulneración”13. Respecto a este punto, el Consejo de Estado ha sostenido sobre el
término razonableque define la inmediatez que es “[…] un plazo de seis meses,
contados a partir dela notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso,
para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente”14.
En este escenario, el examen de inmediatez en el trámite de tutela en contra de
providencias judiciales goza de cierta certidumbre para efectos de determinar el
hecho generador de la posible afectación iusfundamental. Esta certeza se deriva de
la misma seguridad jurídica que ofrecen las etapas y plazos procesales. La
jurisprudencia constitucional es diáfana al determinar que la afectación que surge de
una providenciaocurre cuando la parte lo conoce, lo que resulta identificable desde
el trámite de perfeccionarse su notificación y ejecutoria.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de
inmediatez, por las razones que se exponen a continuación:
5.1. Al examinar el escrito de tutela, se advierte que la parte actora cuestiona, en
esencia, que la sentencia proferida el 1.º de julio de 2022 por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, vulneró sus derechos fundamentales al modificar
la condena inicialmente impuesta, en tanto redujo el quantum indemnizatorio y
excluyó a varios beneficiarios, pese a que, según afirma, se encontraba acreditado
un daño antijurídico derivado de la absolución penal, lo cual habría generado un
trato desigual.
Adujo la configuración de un defecto sustantivo por la aplicación retroactiva de
criterios de unificación jurisprudencial, con desconocimiento del precedente y
afectación del principio de confianza legítima, al imponer mayores exigencias
probatorias que no eran previsibles al momento de estructurar la demanda.
12 Para efectos de este tipo de examen, pueden verse, por ejemplo, las siguientes sentencias proferidaspor la
Corte Constitucional: T-1229 de 2000; T-684 de 2003; T-016 de 2006; T-1044 de 2007; T-1110 de 2005; T-158
de 2006; T-166 de 2010; T-367 de 2010; T-246 de 2015, y T-038 de 2017.
13 Corte Constitucional SU-055 de 2018.Resaltado fuera del texto original.
14 Consejo de Estado, Sala Plena, radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ) del 5 de agosto de
2014.Resaltado fuera del texto original.
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Accionantes: Rodrigo Larios Álvarez y otros
Finalmente, sostuvo que la providencia cuestionada fragmentó la imputación del
daño y limitó indebidamente el alcance de la responsabilidad estatal, lo que condujo
a una reparación insuficiente frente a la privación injusta de la libertad de la cual
fueron víctimas los señores Larios Álvarez y Pérez Chávez.
5.2. Al respecto, la Sala advierte que contra la sentencia del 1.º de julio de 2022 la
parte accionante interpuso recurso extraordinario de revisión con fundamento en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA. No obstante, la Sala Primera Especial de
Decisión del Consejo de Estado, mediante providencia del 28 de noviembre de
2025, declaró infundado dicho recurso.
Con todo, resulta relevante precisar que los accionantes no formularon reparo
alguno en esta sede constitucional respecto de la decisión que resolvió el recurso
extraordinario de revisión. En consecuencia, el análisis del requisito de inmediatez
debe efectuarse tomando como punto de partida la ejecutoria de la sentencia
proferida el 1.º de julio de 2022.
5.3. Pues bien, del examen de las actuaciones surtidas al interior del proceso de
reparación directa objeto de la presente acción se advierte que la sentencia que
resolvió el grado jurisdiccional de consulta fue proferida el 1° de julio de 202215. Para
efectos de su notificación, se fijó edicto electrónico el 13 de octubre de 2022 16, el
cual se entendió surtido el 18 de octubre siguiente. En consecuencia, la referida
providencia quedó ejecutoriada el 22 de octubre de 2022.
5.4. En ese contexto, el término de seis (6) meses que la jurisprudencia
constitucional ha considerado, en principio, como razonable para la interposición de
la acción de tutela contra providencias judiciales venció el 23 de abril de 2023. No
obstante, la solicitud de amparo fue presentada el 21 de enero de 202617, esto es,
aproximadamente dos años y nueve meses después de expirado dicho plazo.
Tal circunstancia evidencia que el mecanismo constitucional fue promovido de
manera ostensiblemente tardía, sin que se advierta justificación alguna que permita
flexibilizar el análisis del requisito de inmediatez, razón por la cual este presupuesto
de procedencia no se encuentra satisfecho.
5.5. En este punto, resulta pertinente señalar que la parte accionante tampoco
expuso razones que encuadren en las circunstancias excepcionales que la
jurisprudencia constitucional ha previsto para flexibilizar el requisito de inmediatez,
ni acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera necesaria la
intervención urgente del juez constitucional. Tampoco ofreció justificación alguna
que explique su inactividad para interponer la acción de tutela de manera oportuna.
15 Índice 00071 del expediente radicado 70001-23-31-000-2012-00160-00/01, en el aplicativo SAMAI.
16 Índices 00073 y 00074 del expediente radicado 70001-23-31-000-2012-00160-00/01, en el aplicativo SAMAI.
17Índice 00002 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 2C42C8C97D3216A6 5B51EA37037C0176
35A7C9873251096E 62EF637A898DCED2.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00367-00
Accionantes: Rodrigo Larios Álvarez y otros
Tal omisión impide adelantar un estudio de fondo de los cuestionamientos
formulados en el escrito de amparo. Máxime cuando los reparos constitucionales se
dirigieron contra la sentencia proferida el 1.º de julio de 2022 y no contra la
providencia que resolvió el recurso extraordinario de revisión, lo cual refuerza la
conclusión acerca del incumplimiento del requisito de inmediatez.
5.6. En suma, la acción de tutela se presentó por fuera del plazo que la
jurisprudencia constitucional ha previsto como razonable y la parte accionante no
aportó a este trámite prueba alguna para acreditar la ocurrencia de una
circunstancia que hubiera permitido flexibilizar dicho término.
Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito de
inmediatez, por lo que declarará su improcedencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
Rodrigo Larios Álvarez y otros contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, por no superar el requisito de inmediatez, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
Notifíquese y Cúmplase,
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
LMMT
10
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