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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00389-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00389-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. CONFIRMAR la decisión de primera instancia proferida el 26 de febrero de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Quinta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 6 Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 2021. 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-00389-01 Demandante: Adalberto Benito Caraballo Arroyo 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00389-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-00389-01
Demandante ADALBERTO BENITO CARABALLO ARROYO
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SALA DE
DECISIÓN ORAL SECCIÓN B Y OTRO
Temas Acción de tutela. Tutela contra providencia judicial. Defecto fáctico.
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Retiro del
servicio por facultad discrecional. Requisitos generales de
procedibilidad: relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Adalberto Benito Caraballo Arroyo
contra el fallo del 26 de febrero de 2026, proferido por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, que dispuso: «PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada
por el señor Adalberto Benito Caraballo Arroyo».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 21 de enero de 20261, el señor Adalberto Benito Caraballo Arroyo, quien actúa
por conducto de apoderado, presentó acción de tutela contra el Juzgado Catorce
Administrativo de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
Decisión Oral Sección B, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia con las sentencias del 5
de febrero de 2025 y del 21 de marzo de 2025, proferidas en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho 08001-33-33-014-2023-00113-00-01.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. Declárese el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia del accionante, los cuales fueron vulnerados por el fallo de
primera instancia de fecha 5 de febrero de 2025, proferido por el juzgado catorce
administrativo de Barranquilla, y fallo de segunda instancia de fecha 21 de marzo de 2025,
proferido por el tribunal administrativo del atlántico, en el proceso que se llevó a cabo por
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, mediante el cual se negó
la pretensión de nulidad de la resolución No. 0206 del 24 de octubre de 2022, a través de
la cual se aplicó el retiro del accionante por la facultad discrecional de retiro por voluntad
de la dirección general de la policía nacional.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, dejar sin efectos jurídicos la sentencia de
primera instancia de fecha 5 de febrero de 2025, proferido por el juzgado catorce
administrativo de Barranquilla, y de segunda instancia de fecha 21 de marzo de 2025,
proferido por el tribunal administrativo del atlántico.
3. Como consecuencia de la anterior declaración, ordenar al juzgado catorce administrativo
de Barranquilla proferir una sentencia de remplazo donde se realice la valoración
adecuada de los medios de prueba aportados en la demanda y su contestación, acorde
a las consideraciones del fallo de tutela que aquí se profiera».

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Escrito de tutela radicado a través de la secretaría On Line del aplicativo SAMAI.

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Demandante: Adalberto Benito Caraballo Arroyo

2. Hechos

Del escrito de tutela, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El 1º de diciembre de 2012, el señor Adalberto Benito Caraballo Arroyo ingresó
a la Policía Nacional como patrullero del nivel ejecutivo.

Posteriormente, el 30 de septiembre de 2022 fue ascendido al grado de
subintendente.

2.2. Mediante la resolución 0206 del 24 de octubre de 2022 la Dirección General
de la Policía Nacional retiró del servicio por facultad discrecional al actor,
previo concepto de la Junta de Evaluación y Clasificación para el personal del
nivel ejecutivo, suboficiales, agentes y patrulleros de la institución.

2.3. Por lo anterior, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, el señor Adalberto Benito Caraballo Arroyo y la señora Trinidad
Patricia Mercado Díaz (en nombre propio y en representación de la menor JCM),
demandaron a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional con el fin de
que se declarara la nulidad del acto administrativo por el que el señor Caraballo
Arroyo fue retirado del servicio.

A título de restablecimiento del derecho pidieron que el actor fuera reintegrado
al nivel en el que se encontraba en la institución, o a uno de superior jerarquía,
junto con el pago de los salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados
de percibir desde su retiro hasta su reintegro efectivo.

2.4. En primera instancia, el Juzgado Catorce Administrativo de Barranquilla
(expediente 08001-33-33-014-2023-00113-00/01) mediante sentencia del 5 de
febrero de 2025 negó las pretensiones de la demanda.

Concluyó que, de acuerdo con el análisis de los elementos de prueba
aportados al expediente, se evidenciaban investigaciones disciplinarias y
anotaciones realizadas en el folio de vida del demandante relacionadas con
hechos propios del ejercicio de la actividad que desarrollaba, lo que
demostraba que el retiro, tal como lo indicó el nominador, se hizo en aras del
mejoramiento del servicio.

Precisó que contrario a lo manifestado por el demandante, el uso de la facultad
discrecional no constituye una sanción, sino que propende por la protección
de principios éticos y morales y atiende a la necesidad y proporcionalidad de
la medida. Agregó que por el hecho de que los uniformados demuestren
excelentes calidades y cualidades en el desempeño de sus funciones, o que
ejecuten el cargo de forma sobresaliente, su permanencia en la institución no
se convierte en un derecho adquirido, ya que la eficiencia debe concebirse
como el normal cumplimiento de los mandatos constitucionales como
servidores del Estado.

2.5. La decisión fue apelada por la parte demandante.

En segunda instancia el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión
Oral Sección B, mediante sentencia del 21 de marzo de 2025 (notificada por
correo electrónico el 21 de julio de 2025), confirmó la decisión del juzgado.

Consideró que la existencia de anotaciones de felicitación en sus funciones en
la hoja de vida del actor, no otorgaba inamovilidad en el cargo público; y
además dijo que no se advertían anotaciones sobre la realización de actos que
por su inmediatez con la decisión de retiro del servicio eventualmente

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permitieran inferir que la administración actuó con desviación del poder en la
expedición del acto con detrimento en el mejoramiento del servicio.

Agregó que el acta de la junta de evaluación y calificación era un acto de
trámite y que en realidad el acto discrecional de retiro del servicio no
necesitaba ser motivado.

3. Fundamentos de la acción

El accionante consideró que al proferir las sentencias del 5 de febrero y del 21 de
marzo, ambas de 2025, el Juzgado Catorce Administrativo de Barranquilla y el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral Sección B,
respectivamente, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
08001-33-33-014-2023-00113-00-01, incurrieron en defecto fáctico, por lo siguiente:

Consideró que se incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria
al restarle importancia las autoridades judiciales accionadas al acta 007 ADEHU –
GRUAS – 2.25 del 20 de septiembre de 2022 mediante la cual la junta de evaluación
y clasificación había evaluado su trayectoria institucional y había sido el soporte
para otorgarle el ascenso al grado de subintendente.

Dijo que, por el contrario, se le dio mayor valor probatorio al acta 0987 del 21 de
octubre de 2022 emitida por la misma junta de evaluación y clasificación un mes
después, en la que se decidió recomendar su retiro del servicio lo que implicaba una
desviación de poder al no tenerse como propósito el mejoramiento del servicio.

En relación con la existencia de antecedentes disciplinarios precisó que, el primer
proceso disciplinario se encontraba archivado para el momento en que se adoptó la
decisión de retirarlo del servicio y, el segundo, si bien venía tramitándose y al
momento de la evaluación de su trayectoria institucional se encontraba vigente,
posteriormente el 11 de noviembre de 2023 había proferido decisión de archivo.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 26 de enero de 2026 el despacho ponente: (i) admitió la acción
de tutela interpuesta por el señor Adalberto Benito Caraballo Arroyo contra el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral Sección B y el
Juzgado Catorce Administrativo de Barranquilla; (ii) ordenó la notificación de
las partes y, (iii) como terceros con interés vinculó a la Nación, Ministerio de
Defensa, Policía Nacional (parte demandada en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho) y a la señora Trinidad Patricia Mercado Díaz y a la
menor de edad JCM. (quienes también fueron parte demandante en el medio de
control).

4.2. La Policía Nacional quien actuó por conducto de apoderada judicial indicó
que no se advertía la transgresión de derechos fundamentales.

Agregó que el acto administrativo de retiro del servicio gozaba de presunción
de legalidad luego de haber sido estudiado por las autoridades judiciales y
haberlo encontrado ajustado a derecho y que, no se advertía la existencia de
un perjuicio irremediable que hiciera procedente la presente acción al menos
de forma transitoria.

4.3. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral Sección B, el
Juzgado Catorce Administrativo de Barranquilla y las señoras Trinidad Patricia
Mercado Díaz y J.C.M., no se pronunciaron en relación con el fondo del asunto
pese haber sido notificados de la existencia de la presente acción.

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5. Providencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Quinta mediante sentencia del 26 de febrero de 2026
declaró improcedente la acción de tutela, por considerar que no cumplía con el
requisito de la relevancia constitucional al no contar la tutela con la carga
argumentativa necesaria que diera cuenta de las razones por las que el caso tenía
una trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos constitucionales.

En efecto, sostuvo que si bien el actor planteó la configuración del defecto fáctico lo
cierto era que el debate planteado se reducía a un desacuerdo con la valoración
probatoria al indicar que el Tribunal realizó un indebido análisis de las actas de 20
de septiembre de 2022 y de 21 de octubre de 2022 de la Junta de Evaluación y
Clasificación para Suboficiales de la Policía Nacional que propusieron el ascenso
del señor Caraballo Arroyo al grado de Subintendente y el retiro del servicio por
voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional, respectivamente, lo que en
sentir del actor daba cuenta de una contradicción y con ello de la configuración de
la causal de nulidad por desviación de poder del acto demandado, pero sin un
fundamento ni relevancia desde el punto de vista constitucional.

Dijo que el escrito de tutela carecía de una línea conceptual constitucional que
permitiera desarrollar, interpretar o aplicar la Carta Política respecto al caso
concreto y que no se advertían motivos de disenso que llevaran a concluir que se
vulneraban derechos fundamentales ya que solo se hicieron reparos en relación con
la forma como la autoridad judicial debió hacer el análisis respectivo.

6. Impugnación

El accionante impugnó la decisión de primera instancia. Manifestó que los
argumentos que presentó en el escrito de tutela se habían propuesto en el recurso
de apelación contra la decisión del juzgado en primera instancia y, en ese orden,
existían argumentos que implicaban que el asunto fuera relevante
constitucionalmente y por tanto fuera procedente su estudio de fondo.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3

2
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);

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y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Es por tal razón que la procedencia de la acción contra providencias
judiciales exige una fundamentación reforzada del vicio que se le atribuye a la
sentencia judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos
debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en
el proceso.

3. Delimitación y planteamiento del problema jurídico

3.1. Si bien la parte actora cuestiona las decisiones de primera y segunda instancia
proferidas por el Juzgado Catorce Administrativo de Barranquilla y el Tribunal
Administrativo del Atlántico, el estudio debe hacerse en relación con la
decisión de cierre, ya que respecto de la sentencia del juzgado la parte actora
tuvo la oportunidad de interponer recurso de apelación como en efecto ocurrió.

3.2. Precisado lo anterior, corresponde a la Sala determinar si asistió razón al
Consejo de Estado, Sección Quinta en declarar improcedente la presente
acción por no estar acreditado el requisito de la relevancia constitucional por
falta de carga argumentativa.

De encontrarse acreditado el mencionado requisito y los demás requisitos de
procedencia, corresponderá a la Sala determinar si al emitir la providencia del
21 de marzo de 2025 en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho 08001-33-33-014-2023-00113-00-01, el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral Sección B incurrió en defecto fáctico en los
términos propuestos por la parte actora.

4. Alcance del requisito de la relevancia constitucional

La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional.
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito,
esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de
Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte
Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos criterios
orientadores:

iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
5
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

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(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por
las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos
fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en
los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos
por los jueces competentes.

En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al juez
verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia adicional al
proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal propósito, le
corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en que se profirió la
providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela son iguales; y si
estos fueron resueltos integralmente por el juez natural.

5. Análisis del caso concreto

5.1. La Sala anticipa que deberá confirmarse la decisión de primera instancia al no
estar acreditado el requisito de la relevancia constitucional pero no por falta de
carga argumentativa como se sostuvo en providencia impugnada sino por
entender la tutela como una instancia adicional pues la parte actora busca que
esta acción se convierta en un mecanismo adicional para prolongar la
discusión que ya fue conocida y resuelta por el juez natural.

5.2. Disiente la Sala del argumento expuesto en la sentencia de tutela impugnada
en el que se justificó la falta de relevancia por falta de carga argumentativa,
pues en realidad sí se advierte por parte del tutelante un esfuerzo en la
fundamentación de un presunto defecto fáctico en relación con la indebida
valoración probatoria de las actas de la Junta de Evaluación y Clasificación de
la institución policial, sumado al valor probatorio que se dio a los procesos
disciplinarios que se adelantaron en su contra siendo que uno de ellos estaba
archivado al momento de ser retirado del servicio por facultad discrecional.

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En ese orden de ideas, con independencia de la prosperidad o no del defecto
que se propone, considera la Sala que existió una argumentación al menos
sucinta de su inconformidad frente a la decisión judicial relacionada con el
análisis probatorio hecho a las pruebas documentales que obraban en el
expediente y que soportaron la decisión de retiro del servicio, razón por la que
pasará a estudiarse la relevancia constitucional no por la falta de carga
argumentativa sino por entenderse la tutela como una instancia adicional.

5.3. Verificados los argumentos propuestos por el accionante en la demanda de
tutela se advierte que guardan gran similitud con el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia, e incluso, el mismo
accionante manifiesta en el escrito de impugnación que la tutela cumplió con
la carga argumentativa, porque justamente estos mismos argumentos los
propuso en el recurso de alzada ante el juez natural.

5.4. Se advierte que los planteamientos propuestos por el actor en el recurso de
apelación interpuesto contra la decisión del Juzgado Catorce Administrativo de
Barranquilla fueron los siguientes:
(i) Sostuvo que no se tuvo en cuenta que un mes antes de su retiro se
expidió el acta 007 ADEHU–GRUAS–2.25 del 20 de septiembre de 2022
mediante la cual la junta de evaluación y clasificación había evaluado su
trayectoria institucional y había sido soporte para su ascenso al grado de
subintendente dadas sus altas calidades, sino que por el contrario se
atendió al acta 0987 por la que la misma junta de evaluación y
clasificación recomendó su retiro de la institución pese a la evaluación de
su hoja de vida 1 mes y 4 días antes, lo que constituía una desviación de
poder.
(ii) Dijo que no existían anotaciones de contrainteligencia ni había sido
investigado por hechos de corrupción y que al momento de su retiro del
servicio no había sido sancionado disciplinariamente ni había sido
condenado por conductas punibles.
5.5. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral Sección B en la
sentencia de segunda instancia del 21 de marzo de 2025 resolvió el problema
jurídico con los siguientes argumentos:
«Habida cuenta de que el retiro del servicio del hoy demandante estuvo respaldado en el
concepto de la Junta de Evaluación y Clasificación del Departamento del Policía del Atlántico,
única formalidad establecida en el artículo 62 del Decreto Ley 1791 de 2000 y el artículo 4 de
la Ley 857 de 2003, esta último respecto de la cual la Corte Constitucional declaró su
exequibilidad, sin condición alguna, a través de la sentencia C-179 de 2006, no es dable
sostener que la Policía Nacional obró en desconocimiento al derecho al debido proceso del
hoy actor.
Es así que, de conformidad con lo señalado en las disposiciones legales que regulan el retiro
discrecional para oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, normas declaradas exequibles
por la Corte Constitucional, en este caso específico la entidad demandada no tenía la
obligación de motivar en forma expresa la resolución acusada, en razón de haber sido
proferida en virtud del ejercicio de una facultad discrecional.
Por otra parte, dado que el retiro del actor se produjo como consecuencia de la recomendación
del Comité de Evaluación y Calificación del Departamento de Policía del Atlántico, y que se
presume la legalidad del acto administrativo que lo ordenó, correspondía a la parte actora la
carga probatoria. Es así que no bastaba manifestar que el acto acusado no tuvo como fin el
buen servicio, en razón del buen desempeño del actor durante su permanencia en la
institución, por cuanto, en tratándose de decisiones discrecionales, como la acusada, la
idoneidad y buen desempeño no generan por sí solos fuero alguno de estabilidad, ni tampoco
pueden limitar la potestad de remoción que la ley le ha conferido a los nominadores.

(…)

7

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Demandante: Adalberto Benito Caraballo Arroyo

Dado que la parte actora no demostró la existencia de desviación de poder en el acto
administrativo acusado ni que se haya expedido de forma irregular o con violación al debido
proceso, se concluye que el mismo, por tratarse de una decisión administrativa de carácter
discrecional, y de conformidad con las disposiciones legales que lo fundamentan, se expidió
por razones del buen servicio.
Es preciso anotar que el acta de la Junta de Evaluación y Calificación es un acto de trámite,
que finalmente se notifica en el momento en que se pone en conocimiento del afectado el acto
administrativo definitivo, que en este caso es la Resolución 206 de 24 de octubre de 2022, la
cual le fue notificada personalmente al accionante el 26 de octubre de esa misma anualidad.
Ahora, visto que el acto acusado es de carácter discrecional fundado en razones del buen
servicio, la administración no tenía por qué señalar los motivos del retiro, toda vez que las
disposiciones legales en que se fundamentó la accionada para expedir el acto administrativo
acusado no exigen su motivación; sin embargo, lo hizo tal y como se anotó precedentemente».

5.6. En el escrito de tutela, la parte actora insistió en los mismos argumentos al
amparo del defecto fáctico con los siguientes argumentos:

(i) Consideró que se restó importancia al acta 007 ADEHU – GRUAS – 2.25
del 20 de septiembre de 2022 mediante la cual la junta de evaluación y
clasificación había evaluado su trayectoria institucional y había sido el
soporte para otorgarle el ascenso al grado de subintendente y que por el
contrario, se le dio mayor valor probatorio al acta 0987 del 21 de octubre
de 2022 emitida por la misma junta de evaluación y clasificación un mes
después, en la que se decidió recomendar su retiro del servicio lo que
implicaba una desviación de poder al no tenerse como propósito el
mejoramiento del servicio.

(ii) Se refirió a la inexistencia de antecedentes disciplinarios al momento de
su retiro, pues dijo que el primer proceso en su contra se encontraba
archivado para el momento en que se adoptó la decisión de retirarlo del
servicio y, el segundo, si bien venía tramitándose al momento de la
evaluación de su trayectoria institucional posteriormente el 11 de
noviembre de 2023 se profirió decisión de archivo.

Según lo resuelto por el tribunal accionado en la decisión de cierre, de manera
concreta mencionó que la decisión de retiro del servicio obedecía al ejercicio
de una facultad discrecional y que las actas de la junta eran actos de trámite
y constituían una recomendación pero que correspondía a la parte actora
demostrar la desviación de poder o la expedición irregular del acto
administrativo de retiro del servicio que se presume fundado en el
mejoramiento del servicio. E indicó que la idoneidad en la prestación del
servicio no generaba un fuero de estabilidad ni limitaban la potestad de
remoción que asistía a los nominadores, pues el buen desempeño en las
funciones constituye un deber del servidor público.

En este orden de ideas, teniendo presente que se trató de una decisión que
explicó las razones por las que el retiro del servicio del señor Adalberto Benito
Caraballo Arroyo estuvo ajustado a la legalidad y sin que se advierta la
trasgresión de derechos fundamentales en la providencia cuestionada, es por
lo que la Sala encuentra que la acción de tutela analizada se está empleando
para insistir nuevamente en los planteamientos que ya fueron propuestos ante
el juez natural lo que no permite que se supere el requisito general de la
relevancia constitucional, pues los argumentos de esta acción buscan reabrir
el debate judicial una vez más y la tutela no tiene ese propósito.

Valga recordar que, en abundante jurisprudencia del máximo tribunal
constitucional ha enfatizado que la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates propuestos y resueltos por el juez natural de la

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00389-01
Demandante: Adalberto Benito Caraballo Arroyo

causa «la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios», pues la competencia del juez de tutela se
restringe «a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos fundamentales…»6.

5.7. La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela contra
providencias judiciales no se instituyó como un análisis de las mejores razones
entre las expuestas en la decisión atacada y la interpretación sostenida por el
tutelante, en tanto que no obedece a su naturaleza y propósito. De ahí que la
simple disparidad de criterio no constituye en sí misma una vulneración de
derechos fundamentales. Justamente, lo advertido en el caso es que la parte
actora presentó tutela por no estar de acuerdo con la decisión de las
autoridades accionadas. Sin embargo, tal discrepancia de criterios no implica
una vulneración real a su derecho al debido proceso.

De manera reiterada, se ha sostenido que cuando se controvierten decisiones
judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal
relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo
una vulneración grosera o de bulto; lo que no ocurre en este caso.

Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida
por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de cosa juzgada, independencia, autonomía funcional y juez natural.
Por consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar
una decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
incluyendo la relevancia constitucional.

En consecuencia, si los requisitos generales de procedibilidad no se cumplen,
no hay lugar a estudiar el asunto de fondo. Es condición imprescindible para
analizar los defectos propuestos por la parte actora que todos los presupuestos
generales se cumplan a cabalidad. Solo así será procedente, proseguir al
segundo estadio de análisis consistente en determinar si las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en los defectos planteados por el tutelante.
6. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que
declaró improcedente la presente acción, al no encontrarse satisfecho el requisito
de relevancia constitucional pero por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la decisión de primera instancia proferida el 26 de febrero de 2026
por el Consejo de Estado, Sección Quinta, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

6
Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 2021.

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Demandante: Adalberto Benito Caraballo Arroyo

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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