Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00390-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00390-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00390-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
20 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
20 de marzo de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00390-00
Demandante: Clara Patricia Zambrano Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección F
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia de segunda instancia, mediante la
cual, se confirmó el rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por
haber operado la caducidad y no ser susceptible de control judicial.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Clara Patricia
Zambrano Pérez contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 22 de enero de 2026, Clara Patricia Zambrano Pérez a través de
apoderado, presentó una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital,
seguridad social, vida digna, favorabilidad, estabilidad ocupacional
reforzada y acceso a la administración de justicia, con ocasión del Auto de
23 de septiembre de 2025, proferido por la entidad accionada en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-
33-35-012-2024-00423-01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“PRIMERO: Sírvase TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO
PROCESO,MINIMO VITAL, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA,
SEGURIDAD SOCIAL, VIDA DIGNA, FAVORABILIDAD, ESTABILIDAD OCUPACIONAL
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00390-00
Demandante: Clara Patricia Zambrano Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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REFORZADA, DISMINUIDOS FÍSICOS, SENSORIALES Y PSÍQUICOS y demás derechos
que resulten conculcados
SEGUNDO: Conforme a lo anterior se sirva Dejar sin efectos el auto de 23 de
septiembre de 2025, proferido por la Sección Segunda, Subsección “F” del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del expediente 11001-33-35-
012-2024-00423-01.
TERCERO: Ordenar a dicha Corporación que profiera una nueva decisión en la
cual:
• (i) reevalúe la caducidad del medio de control frente a la Resolución 3967 de
2023, a la luz de la especial protección constitucional de la actora y de la
necesidad de garantizar su acceso efectivo a la justicia; y
• (ii) reconozca la demandabilidad de la Resolución 1191 de 6 de junio de 2024,
por exceder el ámbito propio de un acto de ejecución y crear una situación
jurídica nueva que incide directamente en la estabilidad laboral reforzada de
la accionante.
Con ello se restablecería el derecho de la señora Clara Patricia Zambrano Pérez
a obtener un pronunciamiento de fondo por parte del juez natural, acorde con
su condición de sujeto de especial protección y con el alcance de los fallos de
tutela que ampararon sus derechos fundamentales.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
extraen los siguientes:
4. 1) El 25 de febrero de 2015, se expidió la Resolución No. 1451, mediante
la cual Clara patricia Zambrano Pérez fue vinculada a la Secretaría de
Educación del Distrito de Bogotá como docente en provisionalidad. Dicha
vinculación se renovó sucesivamente hasta el 1 de noviembre de 2023,
fecha en la cual, se le notificó a la accionante la Resolución No. 3967 de la
misma fecha, por medio de la cual se dio por terminada su vinculación, toda
vez que su vacante había sido asignada a otro docente que ganó el
concurso de mérito en el año 2022. No obstante, se le informó que
continuaría ocupando la vacante hasta que el nuevo docente tomara
posesión del cargo, hecho que ocurrió el 14 de enero de 2024.
5. 2) Clara Patricia Zambrano Pérez tras considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la salud, a la vida en condiciones dignas, a la
seguridad social, mínimo vital, trabajo, dignidad humana y estabilidad
laboral reforzada, instauró acción de tutela contra la Secretaría Distrital de
Educación de Bogotá. Dicha acción fue resuelta, en primera instancia, por
el Juzgado 71 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Bogotá, el cual, mediante Sentencia de 23 de mayo de 2024, amparó los
derechos fundamentales invocados y ordenó a la accionada vincular,
como mecanismo transitorio y por el termino de 4 meses, a la señora
Zambrano Pérez en la vacante que ocupaba o en un cargo similar que
cumpliera las mismas condiciones.
6. 3) En cumplimiento del fallo de tutela, la entidad accionada expidió
la Resolución No. 1191 de 6 de junio de 2024, mediante la cual acató lo
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Demandante: Clara Patricia Zambrano Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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resuelto y dispuso vincular a Clara Patricia Zambrano Pérez a un cargo de
igual rango y remuneración al que desempeñaba.
7. 4) No obstante lo anterior, la entidad accionada impugnó el fallo de
primera instancia y, mediante providencia de 4 de julio de 2024, el Juzgado
53 penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá modificó
parcialmente la decisión del impugnada y dispuso que la vinculación de la
accionante debía ser por el término de 4 meses en provisionalidad, pues la
decisión de desvincularla tuvo origen en una causal objetiva de retiro, esto
es, el nombramiento del ganador del concurso de mérito para su cargo.
8. 5) El 22 de noviembre de 2024, Clara Patricia Zambrano Pérez presentó
demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, contra las resoluciones No. 3967 de 2023 y 1191 de 2024
expedidas por la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá.
9. 6) Mediante Auto de 17 de marzo de 2025, la Sección Segunda del
Juzgado 12 Administrativo de Bogotá rechazó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho por haber operado la caducidad respecto de
la primera resolución y considerar que la segunda no era susceptible de
control judicial. Señaló que la Resolución No. 3967 de 2023 había sido
notificada el 1 de noviembre de la misma anualidad, por lo cual, según lo
dispuesto en el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, la
demandante contaba con un término de 4 meses para ejercer su derecho
de acción, el cual feneció el 1 de marzo de 2024. Como la demanda se
presentó el 22 de noviembre del mismo año, se configuró el fenómeno de la
caducidad.
10. Por otro lado, indicó que la Resolución No. 1191 de 2024 correspondía
a un acto de ejecución derivado del fallo de tutela que amparó los
derechos fundamentales de Clara Patricia Zambrano Pérez y, en
consecuencia, no era susceptible de control judicial.
11. 7) Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso
de apelación y argumentó que el juzgado había realizado una
interpretación errónea respecto de la caducidad del medio de control y la
naturaleza de los actos administrativos demandados, al desconocer que
estos afectaban directamente la situación laboral de la señora Zambrano
Pérez. Asimismo, indicó que la demandante se encontraba en un estado de
debilidad manifiesta y contaba con estabilidad laboral reforzada.
12. Adicionalmente, sostuvo que, al tratarse de actos administrativos que
resolvían el reconocimiento de prestaciones periódicas no resultaba
aplicable la regla de caducidad utilizada en primera instancia, sino la
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Demandante: Clara Patricia Zambrano Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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prevista en el literal c) del numeral 1 del artículo 164 del CPACA2. En
consecuencia, afirmó que la acción no había caducado.
13. Igualmente indicó que la Resolución No. 1191 de 2024 sí era
susceptible de control judicial, en la medida en que dicho acto desconoció
el fallo de tutela al que debía dar cumplimiento y, además, creó situaciones
jurídicas nuevas o distintas a las planteadas por el juez constitucional.
14. 8) Mediante Auto de 23 de septiembre de 2025, la Subsección F de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la
decisión de primera instancia. Indicó que la regla de caducidad aplicable
al caso en estudio era la prevista en el literal d) del numeral 2 del artículo 164
del CPACA, tal como lo había argumentado el a quo y, en la medida en
que se pretendía la nulidad y el restablecimiento del derecho de la
Resolución No. 3967 de 2023, la cual había sido notificada el 1 de noviembre
de 2023, el término para presentar la demanda transcurrió desde el 2 de
noviembre de 2023 hasta el 1 de marzo de 2024.
15. Igualmente, manifestó que, si bien se había interpuesto una acción de
tutela con anterioridad a la presentación de la demanda, dicha acción se
radicó el 8 de mayo de 2024, fecha en la cual ya había operado la
caducidad. Añadió que, en todo caso, “la acción de tutela no está
concebida como un mecanismo para sustituir o extender los términos
procesales propios de la jurisdicción ordinaria”. Pues la determinación de la
caducidad correspondía de manera exclusiva al juez natural de la causa.
16. De otro lado, en lo correspondiente a la Resolución No. 1191 de 2024,
advirtió que, si bien la jurisprudencia ha señalado que los actos de ejecución
pueden ser susceptibles de control judicial cuando la decisión adoptada
por la administración, al dar cumplimiento a los mandatos judiciales, excede
total o parcialmente lo dispuesto en las providencias, tal situación no se
evidenciaba en el caso concreto, pues la decisión administrativa
no desbordó los lineamientos establecidos en los fallos de tutela. En
consecuencia, concluyó que dicho acto no era susceptible de control
judicial.
17. Como fundamento de la vulneración, la accionante indicó que la
entidad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo, un
desconocimiento del precedente judicial y una violación directa a la
Constitución.
2 “Articulo 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser presentada:
1. En cualquier tiempo cuando:
(…)
c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no
habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe;”
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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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18. La accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F había aplicado de manera
rígida y sin considerar su situación de debilidad manifiesta el término de la
caducidad del medio de control y que, al no ponderar el impacto de
impedir el acceso a la administración de justicia con el rechazo de plano la
demanda, afectó sus derechos a la estabilidad laboral reforzada y a la
salud, pues utilizó la caducidad como un obstáculo sin tener en cuenta las
particularidades del caso concreto.
19. Además, manifestó que se desconoció el precedente judicial y
constitucional3 al no tener en cuenta su estado de indefensión, su
estabilidad laboral reforzada y la existencia de un despido injustificado por
parte del empleador bajo estos argumentos. Igualmente, señaló que se
incurrió en desconocimiento del precedente al considerar que la resolución
No. 1191 de 2024 constituía un simple acto de ejecución, a pesar de que,
según su criterio, dicho acto había fijado condiciones nuevas que
afectaban su situación jurídica y, por tanto, debía ser susceptible de control
judicial.
20. Finalmente, la accionante argumentó que la decisión de rechazar de
plano la demanda vació el efecto útil de los fallos de tutela que habían
amparado sus derechos fundamentales y habían reconocido su condición
como sujeto de especial protección, así como su derecho a la estabilidad
laboral reforzada. A su juicio, al impedir el control judicial de los actos
administrativos se limitó la protección a una vinculación temporal ya
vencida, sin que existiera una posibilidad real de obtener un
restablecimiento efectivo de sus derechos laborales y de seguridad social.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados4
21. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F5 indicó que la providencia accionada no era arbitraria ni
infundada, sino que había obedecido a un análisis razonado del acervo
probatorio y de las disposición jurídicas aplicables al caso, sin desconocer
los principios de acceso a la administración de justicia y proporcionalidad.
Señaló que, en lo concerniente a la Resolución No. 3967 de 2023, para la
fecha de presentación de la demanda ya había operado el fenómeno de
3 la parte accionante citó como providencias presuntamente desconocidas las siguientes: Sentencia C-531 de
2000 proferida por la Corte Constitucional; Sentencia SL 1141 de 2017 proferida por la Corte Suprema de Justicia;
Sentencia CSJ SL 28 Rad. 39207; Sentencia CSJ SL10538-2016; Sentencia CSJ SL5163-2017; Sentencia SU 049 de 2018;
Sentencia C-824 de 2011 proferida por la Corte Constitucional; Sentencia T-317 de 2017 proferida por la Corte
Constitucional; Sentencia SU 213 de 2024 proferida por la Corte Constitucional; Sentencia SL 1360 de 2018 proferida
por la Corte Suprema de Justicia; Sentencia SL 1152 de 2023; y la Sentencia SL 3432 de 2024 proferida por la Corte
Suprema de Justicia.
4 Mediante Auto de 27 de enero de 2026, el despacho ponente resolvió (1) admitir la solicitud de amparo, (2) tener
como accionado a la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y (3)
vinculó al Juzgado 12 Administrativo de Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Educación Distrital
de Bogotá, como terceros con interés en el asunto.
5 Índice 14 de SAMAI.
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Demandante: Clara Patricia Zambrano Pérez
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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la caducidad, el cual es de orden público y no admite reactivación ni
modificación en su cómputo por vía interpretativa. Asimismo, indicó que no
se había invocado ninguna situación de caso fortuito o fuerza mayor que
justificara la presentación extemporánea de la demanda.
22. Aunado a lo anterior, manifestó que, del análisis de la Resolución No.
1191 de 2024, se evidenció el estricto cumplimiento de la orden impartida
por el juez constitucional, la que consistía en efectuar el nombramiento
provisional por 4 meses, sin alterar, sustituir o reconfigurar la orden impartida,
razón por la cual no era susceptible de control judicial.
23. Además, señaló que la pretensión de demandar dicha resolución
constituía, en realidad, un intento de reabrir el debate sobre la legalidad de
la desvinculación, respecto del cual ya había operado la caducidad. Por lo
tanto, a su juicio, lo que buscaba la accionante era reactivar el cómputo
de los términos frente a una decisión definitiva adoptada por el juez natural.
Finalmente, concluyó que la providencia cuestionada preservaba la
coherencia del sistema procesal, aseguraba el carácter acotado de la
tutela como mecanismo transitorio y garantizaba la seguridad jurídica frente
a los términos de caducidad, y que la decisión de confirmar el rechazo de
la demanda se había ajustado a la normatividad aplicable al caso.
24. La Secretaría Distrital de Educación de Bogotá6 solicitó ser
desvinculada de la presente acción de tutela, al considerar que carecía de
legitimación pasiva en la causa, toda vez que las pretensiones se dirigían
contra una decisión adoptada por una autoridad judicial, en cuya
expedición dicha Secretaría no había tenido intervención alguna. Asimismo,
señaló que, en todo caso, las actuaciones adelantadas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F se habían
ajustado a derecho y a la normatividad aplicable.
25. El Juzgado 12 Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, pese a ser
notificado en debida forma7, guardó silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Solicitud de desvinculación. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Conclusión.
2.1. Solicitud de desvinculación
26. En relación con la solicitud de desvinculación de la Secretaría Distrital
de Educación de Bogotá, la Sala la negará, habida cuenta de que su
vinculación se realizó en calidad de tercero interesado en el proceso y la
6 Índices 12 y 13 de SAMAI.
7 Como se evidencia en el índice 7 del aplicativo SAMAI.
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eventual decisión de amparo de los derechos fundamentales que reclama
la parte actora podría llegar a tener incidencia en el proceso ordinario en el
que fungió como demandada.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
27. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, tras
evidenciar que no se satisfizo el requisito de relevancia constitucional.
28. Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional)
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional8.
29. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 20239,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.
30. Bajo este entendido, la Sala considera que la parte actora no
desplegó, en el escrito de tutela, la carga argumentativa suficiente para
explicar por qué esta controversia tiene una marcada trascendencia
constitucional que amerite la intervención del juez de tutela, y pretendió
revivir un debate propio del juez natural sobre una situación definida y
consolidada. Así, buscó que, a través de la acción de tutela, se estudiaran
nuevamente argumentos similares a los planteados en el recurso de
apelación presentado en el proceso ordinario, esto es, reabrir el debate
relativo a los términos de la caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho respecto de la Resolución No. 3967 de 2023.
Del mismo modo, pretendió reabrir la discusión ya resuelta acerca de si la
resolución No. 1191 de 2024 era o no susceptible de control judicial y, en ese
contexto, si la decisión de rechazar de plano la demanda se había ajustado
a los presupuestos legales y constitucionales.
31. Aunado a lo anterior, pese a que la parte demandante hizo referencia
a que sí existía una vulneración de sus garantías constitucionales, lo cierto es
8 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
9 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
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que los argumentos planteados no resultaron suficientes para que el juez
constitucional realizara algún tipo de pronunciamiento de fondo en la
presente controversia.
32. La Sala advirtió que la accionante reiteró argumentos similares a los
que había expuesto en el proceso ordinario, en particular, en el recurso de
apelación10. En efecto, sostuvó que el juez de primera instancia había
realizado una interpretación errónea al término de la caducidad, al
considerar que la regla aplicable al caso es la prevista en el litera c) del
numeral 1 del artículo 164 del CPACA, por lo que, a su juicio, no había
operado la caducidad.
33. Además, indicó que, en lo correspondiente a la resolución No.1191 de
2024, dicho acto sí era susceptible de control judicial, pues, según afirmó, la
entidad accionada había transgredido los lineamientos del fallo al imponer
limitaciones que la decisión judicial no contempló, lo cual, en su criterio,
generó una situación jurídica nueva y, en consecuencia, hacía necesario un
pronunciamiento de fondo sobre el asunto. Debe precisarse que tales
argumentos fueron abordados y resueltos por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en los siguientes términos
(se trascribe):
“Rememora la Sala que, conforme a lo dispuesto en el literal d) del numeral 2º
del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, cuando se pretenda la nulidad y el
restablecimiento del derecho, la demanda debe presentarse dentro del
término de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente a la
comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo,
según el caso, salvo las excepciones previstas en otras disposiciones legales.
10 índice 6 del aplicativo SAMAI en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-33-35-012-2024-
00423-00 (se trascribe):
(…)
Respecto de la CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, es preciso manifestar que en relación con los actos
administrativos que resuelven el reconocimiento de prestaciones periódicas e fenómeno de la caducidad no
opera estos no opera, situación que es la que está en discusión en el asunto bajo estudio. Al respecto el artículo
146 de la Ley 1437 de 2011, preceptúa lo siguiente:
“ARTICULO 164. OPORTUNIDAD PARA PREENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser
presentada:
1. En cualquier tiempo, cuando:
(…)
c. Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo no
habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe;
(…)
En los anteriores términos se ha manifestado el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de Unificación
Jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016, C.P. Dr. Carmelo Perdomo Cueter.
(…)
Que verificado lo anterior y conforme las pruebas documentales que obran en el proceso se establece que la
demanda se impetro en los términos de ley y respecto del acto de ejecución es claro que es susceptible del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ya que este desconoció el alcance del fallo de tutela, al
ordenar el reintegro solo hasta el 27 de septiembre de 2024, situación que no fue la orden impartida, ya que el
fallo de tutela ordeno claramente la vinculación en provisionalidad en un cargo similar o equivalente al que venía
ocupando sin límite de tiempo, y en igual sentido ordenando la respectiva radicación de la demanda para
verificar si la finalización del vínculo se realizó garantizando el debido proceso y lo regulado en el artículo 26 de la
Ley 361 de 1997. De igual forma, verificada la resolución 1191 de 2024, creo situaciones jurídicas nuevas o distintas
y va en contra vía de la providencia ejecutada, para tal efecto basta con observar también lo argumentado por
el Consejo de Estado – Sección Quinta en sentencia 1300123330002019002640120190809, Ago. 9/19.”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00390-00
Demandante: Clara Patricia Zambrano Pérez
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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En el caso concreto, se tiene que el acto administrativo que dispuso la
terminación del nombramiento provisional de la docente Clara Patricia
Zambrano Pérez fue notificado el 1º de noviembre de 2023, por lo que el término
para presentar la demanda corrió desde el 2 de noviembre de 2023 hasta el 1º
de marzo de 2024, conforme lo analizó el a quo en la providencia apelada.
Ahora bien, se advierte que la accionante acudió al ejercicio de la acción de
tutela en momento en que ya había vencido el término legal para presentar la
demanda ordinaria.
Como se advierte de la decisión tutelar, es posible identificar que su ejercicio se
promovió luego del fenecimiento del término de caducidad, puesto que fue
admitida el 8 de mayo de 2024, pues la sentencia de primera instancia fue
dictada el 23 de mayo de 2024 por el Juzgado 71 Penal Municipal con función
de control de garantías de Bogotá.
Aunque los jueces constitucionales realizaron un análisis sobre la afectación de
los derechos fundamentales de la accionante, es claro que la acción de tutela
no está concebida como un mecanismo para sustituir o extender los términos
procesales propios de la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, el
nombramiento ordenado como medida transitoria no tenía la capacidad
jurídica de reactivar el término de caducidad, el cual ya había fenecido.
En este punto, resulta pertinente recordar lo señalado por la Corte
Constitucional en la sentencia T-338 de 2018, en la que se indicó:
“Así, en virtud del principio nemo auditur propriam turpitudinem allegans -según
el cual nadie puede alegar a su favor su propia culpa-21, no puede acudirse a
la acción de tutela como una instancia adicional para revivir términos
procesales vencidos, ni para subsanar omisiones o errores cometidos al interior
del proceso (…).”
A partir de lo anterior, se colige que la accionante, una vez vencido el término
de caducidad, acudió al mecanismo constitucional con el propósito de
conjurar los efectos de la firmeza y ejecutividad adquirida por la decisión
administrativa que ordenó la terminación de su nombramiento provisional.
En consecuencia, se advierte que el cómputo realizado por la Juez de primera
instancia se ajusta a los postulados normativos aplicables, sin que en el caso
concreto se evidencie la existencia de una circunstancia excepcional que
ubicara a la actora en una situación extrema o de tal incapacidad que
justificara la omisión del ejercicio oportuno de la acción judicial ordinaria.
Finalmente, debe ser enfática la Sala en señalar que la competencia para
determinar el cómputo del término de caducidad radica exclusivamente en el
juez natural de la causa, esto es, el juez de lo contencioso administrativo, toda
vez que dentro de los límites competenciales asignados a esta jurisdicción que
debe valorarse la regla de oportunidad para la presentación de la acción, la
cual, en el presente asunto, corresponde a la prevista en el literal d) del numeral
2º del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
De la ausencia de aptitud de controlable del acto administrativo de ejecución
Como segundo eje de análisis, advierte la Sala que la parte accionante formuló
pretensión de nulidad respecto de la resolución mediante la cual se dio
cumplimiento a las sentencias que concedieron el amparo de sus derechos
fundamentales.
Sobre este punto, el Consejo de Estado ha sido enfático en señalar que los actos
administrativos de ejecución no son objeto de control judicial, salvo que la
decisión adoptada por la administración, en cumplimiento de los mandatos
judiciales, exceda total o parcialmente lo dispuesto en las providencias. En tales
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00390-00
Demandante: Clara Patricia Zambrano Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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casos, resulta procedente promover el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Al verificar el contenido de la sentencia de segunda instancia que resolvió de
manera definitiva el asunto, se observa que la orden de amparo comprendía la
protección de los derechos fundamentales a la salud, vida en condiciones
dignas, seguridad social, mínimo vital, trabajo, dignidad humana y estabilidad
laboral reforzada, como mecanismo transitorio por el término de cuatro (4)
meses. Para ello, la administración distrital debía vincular a la accionante en un
cargo similar o equivalente al que venía desempeñando en el Colegio
Naciones Unidas IED, toda vez que no era posible ordenar su reintegro, ni
remitirla a la jurisdicción contenciosa administrativa para buscar la nulidad del
acto que dispuso su desvinculación, en razón de la existencia de una causal
objetiva de retiro. No obstante, se indicó que la accionante podía reclamar el
pago de las prestaciones sociales y salarios dejados de percibir ante el proceso
ordinario correspondiente.
En cumplimiento de dicha orden, la Secretaría Distrital de Educación expidió la
Resolución núm. 1191 del 6 de junio de 2024, mediante la cual se dispuso la
vinculación de la docente Clara Patricia Zambrano Pérez en calidad de
provisional, de manera transitoria y por el término de cuatro (4) meses, en una
vacante temporal de la planta de personal docente del Distrito.
Aunque la sentencia de segunda instancia proferida en el trámite de la acción
de tutela no hizo mención expresa de la confirmación de los demás numerales
de la parte resolutiva de la decisión de primer grado, lo cierto es que dicha
orden se encontraba implícita – pues solo se ordenó la modificación del
numeral segundo –, razón por la cual no resulta atendible el argumento de la
parte accionante según el cual la providencia que resolvió la impugnación
ordenó su nombramiento indefinido en el tiempo.
Atendiendo lo expuesto, se estima que el fallo de segunda instancia en la
acción de tutela otorgó un plazo de cuatro meses exclusivamente para que la
accionante pudiera reclamar sus derechos prestacionales. Esta habilitación
temporal no se extendió ni tuvo efectos sobre el acto administrativo de retiro, el
cual constituye la verdadera decisión de fondo que el accionante pretende
controvertir.
En consecuencia, al no haberse interpuesto la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho dentro del término legal previsto, resulta claro que
respecto de dicho acto operó la caducidad. Esta interpretación se ve reforzada
por el hecho de que el fallo de tutela no ordenó la revisión, ni la suspensión del
acto de retiro, sino que se limitó a permitir la reclamación de prestaciones
sociales, lo que confirma que la decisión sustancial ya había quedado en firme.
Por lo anterior, considera esta Sala que la decisión administrativa no desbordó
los lineamientos establecidos en las sentencias que concedieron el amparo
constitucional, razón por la cual se concluye que el acto de ejecución no es
pasible de control judicial, conforme a lo dispuesto en el numeral 3º del artículo
169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
En consecuencia, se encuentra ajustado a derecho el análisis realizado por el
Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, por lo que se
dispondrá la confirmación de la providencia apelada.”
34. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por el juez del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00390-00
Demandante: Clara Patricia Zambrano Pérez
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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el cual puso de presente las razones por las cuales consideró que debía
confirmar la decisión de primera instancia que rechazó la demanda.
35. Asimismo, si bien la accionante, en el escrito de tutela, manifestó que
se desconoció el “precedente contencioso sobre actos de ejecución y
defecto sustantivo respecto de la Resolución No. 1191 de 2024”, no indicó
cuál era la providencia que estimó desconocida y, por ende, no cumplió ni
desplegó la carga argumentativa para sustentar dicho defecto y permitir,
así, su estudio por parte de juez constitucional, simplemente citó
providencias para sustentar la existencia de un estado de indefensión, una
estabilidad laboral reforzada y un despido injustificado por parte del
empleador. No obstante, tales aspectos ya fueron analizados y amparados
por el juez constitucional mediante los fallos de 23 de mayo y 4 de julio de
202411.
36. En ese sentido, se advierte que la presente acción de tutela pretende
reabrir un debate que ya fue resuelto por el juez natural, a partir de los
mismos argumentos expuestos ante el juez constitucional, a saber, un asunto
de carácter estrictamente legal relacionado con la interpretación jurídica
realizada por el juez natural de la causa.
37. En efecto, la parte demandante cuestiona la interpretación realizada
por la autoridad judicial respecto del rechazo de plano de la demanda con
fundamento en el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, por
haberse configurado la caducidad, así como la consideración de que la
segunda resolución correspondía a un acto de ejecución no susceptible de
control judicial. Tales cuestiones fueron analizadas y resueltas por el juez
natural al decidir el recurso de apelación.
38. Aunado a lo anterior, se precisa que las diferencias interpretativas que
existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión, vía acción de tutela, no da por cumplido el requisito de
explicar por qué el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata
de una tutela contra providencia judicial, pues en este contexto, este es un
mecanismo constitucional de amparo de derechos fundamentales de
carácter excepcional12.
39. En consecuencia, se advierte que la inconformidad de la accionante
se origina en la interpretación normativa efectuada por el juez natural,
circunstancia que, por sí sola, no reviste relevancia constitucional ni habilita
11 véanse los numerales 5 y 7 del presente fallo.
12 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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la intervención del juez de tutela, máxime cuando se observa que la
autoridad judicial expuso las razones jurídicas que sustentaron su decisión.
2.3. Conclusión
40. Para la Sala, existen razones suficientes para tener por no cumplido el
requisito de relevancia constitucional y, en consecuencia, se abstendrá de
estudiar los demás requisitos y declarará la improcedencia de la tutela.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo promovida
por Clara Patricia Zambrano Pérez, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la
Secretaría Distrital de Educación de Bogotá, por las razones expuestas
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra esta deberán dirigirlo, dentro del término legal,
al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello13.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
13 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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