Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00391-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00391-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00391-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00391-00
Demandante: WILSON ALBERTO OSORIO GUARIN
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS.
Tema: Presunta vulneración del derecho fundamental de habeas data y
de petición.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Wilson Alberto Osorio Guarín, actuando en nombre propio, instauró acción
de tutela1 contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Penal, el Tribunal Superior de Bogotá D.C., Sala Penal, la Oficina
de Apoyo Judicial de Popayán, el Centro de Servicios Administrativos para los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, el Juzgado
Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, el Centro de
Servicios Administrativos para los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá D.C., el Juzgado Catorce de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Bogotá D.C., el Juzgado Primero Penal Especializado del Circuito
Judicial de Popayán, el Juzgado Primero Penal del Circuito Judicial de Popayán, el
Juzgado Segundo Penal del Circuito Judicial de Popayán, el Juzgado Cuarto Penal
del Circuito Judicial de Popayán, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Popayán, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de
Popayán, la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Seccional de Fiscalías de
Cauca, la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá D.C., la Policía Nacional, la
Dirección de Investigación Criminal e Interpol, y las plataformas de bases de datos
Lojudicial.com, Datajurtirica.com, Tusdatos.com e Inspektor, a efectos de que le sea
amparado su derecho fundamental de habeas data o a la autodeterminación
informática, el «derecho a la caducidad del dato negativo» en conexidad sustancial
1 La cual fue radicada el 22 de enero de 2026 con secuencia: 549– índice 01 del aplicativo Samai.
Demandante: Wilson Alberto Osorio Guarín
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con los derechos de «acceso a un trabajo laboral digno y remunerado» y al «crédito
público».
Las anteriores garantías las estimó trasgredidas, toda vez que, para la fecha de
presentación del mecanismo constitucional de la referencia, no se había eliminado
de sus respectivas páginas web y demás motores de búsqueda, aquella información
negativa reportada, que permiten a cualquier persona consultar sus datos
personales con relación a las diferentes investigaciones penales que en su
momento fueron adelantadas en su contra, circunstancias por las que, según su
criterio, ha sido discriminado constantemente de manera social y laboral.
1.2. Pretensión
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…] SEGUNDO: ORDENAR a los accionados, QUE DE INMEDIATO ELIMINEN u
OCULTEN de sus respectivas bases de datos judiciales, administrativas y de policía,
QUE NO REGISTRO Y NO TENGO ANTECEDENTES PENALES […]2.
1.3. Hechos
El escrito de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
De acuerdo con lo señalado por el señor Wilson Alberto Osorio Guarín, hace
algunos años se adelantaron en su contra diferentes investigaciones penales, las
que se declararon extinguidas, entre otras causas, por haber operado el fenómeno
de la prescripción.
No obstante, según el criterio del actor, las autoridades accionadas omitieron
actualizar, eliminar, u ocultar de sus respectivas páginas web y demás motores de
búsqueda, la información de datos negativos generados que permiten que cualquier
persona pueda consultar con sus datos personales su pasado judicial.
Señaló que, como consecuencia de la anterior situación, ha sido discriminado tanto
social como laboralmente, ya que no ha podido obtener un trabajo digno, ni solicitar
créditos bancarios, como tampoco salir del país; pues al ingresar a la página de la
rama judicial denominada [consulta de procesos judiciales unificación nacional de
procesos], aparecen registrados 16 procesos en su contra, con la información
correspondiente a sus antecedentes penales.
Afirmó que, conforme a lo expuesto, ha solicitado de manera reiterada ante las
autoridades accionadas la eliminación de los datos negativos y el ocultamiento de
2 Transcripción literal con posibles errores.
2
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estos de sus respectivas bases de datos, teniendo como fundamento la
jurisprudencia de la Corte Constitucional que versa sobre el particular.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora trajo a colación los pronunciamientos de la Corte Constitucional en
las sentencias T-125 de 2025, T-729 de 2002, SU-458 de 2012 y T-277 de 2105
[sic]; al igual que la sentencia No. 20889 del 19 de agosto de 2015 de la Corte
Suprema de Justicia, con ponencia de la magistrada Patricia Salazar Cuéllar, en las
que se ha determinado la procedencia de la acción de tutela en aras de proteger los
derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, cuando resultan afectados
por la publicación de información en medios masivos de comunicación; haciendo
referencia, además, al deber que les asiste a las autoridades de actualizar la
información relacionada con los procesos o investigaciones penales, en especial,
cuando el trámite haya culminado a favor del inculpado, por cualquiera de las formas
de terminación.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante providencia del 30 de enero de 2026, la magistrada ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar como accionados al Consejo Superior de la
Judicatura3, a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal4, al Tribunal
Superior de Bogotá D.C., Sala Penal5, a la Oficina de Apoyo Judicial de Popayán6,
al Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Popayán7, al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Popayán8, al Centro de Servicios Administrativos para los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá D.C. 9, al
Juzgado Catorce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá D.C.10,
al Juzgado Primero Penal Especializado del Circuito Judicial de Popayán 11, al
Juzgado Primero Penal del Circuito Judicial de Popayán12, al Juzgado Segundo
Penal del Circuito Judicial de Popayán13, al Juzgado Cuarto Penal del Circuito
Judicial de Popayán14, al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Popayán15, al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Popayán16, a
la Fiscalía General de la Nación17, a la Dirección Seccional de Fiscalías de Cauca18,
3 presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co
4 notitutelapenal@cortesuprema.gov.co secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co
notificasecpenal@cortesuprema.gov.co
5 secsptribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co tsbtsgen@cendoj.ramajudicial.gov.co
6 ofjudpop@cendoj.ramajudicial.gov.co
7cserjupepayan@cendoj.ramajudicial.gov.co
8 j03ejpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co
9 cserjesbt@cendoj.ramajudicial.gov.co
10 j14ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
11 j01pcebt@cendoj.ramajudicial.gov.co
12
j01pcpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co j01pespayan@cendoj.ramajudicial.gov.co
13 j02pespayan@cendoj.ramajudicial.gov.co j02pcpayan@cendoj.ramajudicial.gov.
14 j04pcpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co j04ctopeitipop@cendoj.ramajudicial.gov.co
15 J01admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co
16 j07admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co
17 juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co
18 dirsec.cauca@fiscalia.gov.co
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a la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá D.C.19, a la Policía Nacional20, a la
Dirección de Investigación Criminal e Interpol21, y a las plataformas de bases de
datos Lojudicial.com22, Datajurtirica.com23, Tusdatos.com24 e Inspektor25.
Por último, mediante auto del 26 de febrero de 2026, se ordenó devolver el
expediente a la Secretaría de esta Corporación, para que notificara en debida forma
el auto admisorio de la tutela, al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Popayán26.
De igual forma, en el mencionado proveído, se ordenó vincular como terceros con
interés al Juzgado Promiscuo Municipal de Rosas, Cauca27; a la Fiscalía
Especializada Unidad Especializada 1 de Popayán, Cauca28, a la Fiscalía Delegada
ante los Juzgados Penales del Circuito 7 de Pasto, Nariño29, y a la Fiscalía
Seccional Unidad Tercera Fe Pública y Patrimonio Económico 79 de Cali, Valle del
Cauca30.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá D.C.
Manifestó que, consultado el sistema de gestión documental Orfeo, y el correo de
dicha Dirección, así como contrastado con la documentación allegada por el
accionante, no existe petición alguna presentada por este ante dicha autoridad, ni
mucho menos una que solicite el ocultamiento o eliminación de los registros
existentes.
No obstante, en la Dirección Seccional Bogotá, se encontró la noticia criminal No.
110016000013201515140 [SIC], que se encuentra inactiva y actualmente hace
parte de la carga de la Fiscalía 106 Seccional adscrita a la Unidad Mixta Transitoria,
por lo que, en aplicación a lo previsto en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011
sustituida por la Ley 1755 de 2015, corrió traslado de la misma a la respectiva
19 dirsec.bogota@fiscalia.gov.co
20 segen.consejo@policia.gov.co notificacion.tutelas@policia.gov.co
21 segen.consejo@policia.gov.co notificacion.tutelas@policia.gov.co
22 Notificación efectuada mediante aviso del 30 de enero de 2026, publicado en la página web de esta
Corporación.
23 Notificación efectuada mediante aviso del 30 de enero de 2026, publicado en la página web de esta
Corporación
24 info@tusdatos.co
25
info@inspektor.com
26 j03ejpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co
27 j01prmrosas@cendoj.ramajudicial.gov.co
28 jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co
29 jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co
dirsec.narino@fiscalia.gov.co
30 jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co
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autoridad por ser la competente para emitir una eventual orden frente al
ocultamiento o eliminación de los registros de la noticia criminal aludida.
Por lo expuesto, y al no evidenciarse radicación previa ante dicha entidad solicitando
lo pretendido mediante la presente acción, pidió que se declare la improcedencia de
la presente acción, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
1.6.2. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal
El magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito allegó escrito en el que manifestó
que el actor presentó ante dicha entidad una petición en la que solicitó que se
depurara, eliminara u ocultara de manera definitiva los datos informáticos
sistematizados que manejan sobre indagaciones, investigaciones y sentencias
penales en su contra, que por cualquiera de las causales de ley hubiere culminado.
Frente a lo anterior, precisó que actualmente lo peticionado por el actor se encuentra
en estudio, cuyo proyecto sería repartido para aprobación de la Sala de Decisión
No. 1 en la sesión del 10 de febrero del presente año, y una vez aprobada sería
debidamente notificada al accionante.
Por lo expuesto, y ante la inexistencia de un hecho que pueda ser reprochado
solicitó que se declare improcedente el amparo requerido por el señor Wilson
Alberto Osorio Guarín.
Por su parte, el magistrado Hugo Quintero Bernate manifestó que, de acuerdo con
el sistema ESAV, en el cual se registran las actuaciones adelantadas en los
procesos y asuntos de competencia de dicha Sala, se advierte que el 22 de enero
de 2026 el señor Wilson Alberto Osorio Guarín presentó petición de anonimización
dentro del expediente constitucional No. 11001020400020230196100, la cual
ingresó al despacho el 30 de enero de 2026.
Frente a lo anterior señaló que, actualmente dicha petición se encuentra en estudio
y en elaboración del proyecto de decisión. En consecuencia, una vez se adopte la
determinación que en derecho corresponda, se comunicará de ello al promotor de
la acción.
1.6.3. Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Popayán
Precisó que dicho Despacho no tiene acceso a la base de datos correspondiente
para realizar lo peticionado por el actor, aunado a que solo se encuentra autorizado
para ocultar la información respectiva en el distrito judicial del Cauca, es decir, que
si el accionante ha tenido los mismos procesos u otros en ejecución de penas de
otros distritos judiciales tendrá que dirigirse a esos distritos a peticionar que se
anonimice u oculte del proceso la información al público de estos.
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Respecto al Juzgado de Ejecución de Penas de Popayán, informó que con la cédula
y el nombre del accionante no aparecen procesos, por lo que ya fueron
anonimizados en debida forma, ocultándose su vista al público.
Precisó que el ocultamiento de la información de los procesos en la página web de
la Rama Judicial, se realiza en cumplimiento de una orden proferida por cada uno
de los despachos judiciales, sin que dicha actuación se realice de manera
autónoma.
1.6.4. Tribunal Superior de Bogotá D.C., Sala Penal
Refirió que, mediante auto del 26 de enero de 2026 se negó la solicitud de
ocultamiento de los datos del procedimiento adelantado bajo la acción de tutela con
radicado 11001220400020220440900, formulada por el accionante, toda vez que
no se evidencia de qué manera tal registro pueda ser vulneratorio de los derechos
fundamentales del peticionario. Decisión que le fue comunicada al actor el 27 de
enero de 2026, al correo electrónico debancofi@gmail.com.
1.6.5. Sociedad Tusdatos.co
Precisó que dicha entidad no hace parte de la Rama Judicial, no administra
procesos penales, no tiene acceso a expedientes judiciales físicos y no ha sido
vinculada a ninguno de los procesos que el accionante menciona en su libelo.
Afirmó que Data Factum S.A.S. es una empresa privada dedicada al desarrollo de
software y prestación de servicios de consultoría tecnológica completamente ajena
a la administración de justicia y a los procesos judiciales adelantados contra el señor
Osorio Guarín, o cualquier otra persona, ya que su misión es prestar servicios de
consultoría y desarrollo de sistemas informáticos como intermediario o facilitador
para brindar acceso y direccionamiento automatizado a diferentes fuentes de
información públicas a través de su aplicativo tecnológico.
Refirió que en el presente asunto no se cumple con el requisito de subsidiaridad,
toda vez que el accionante interpuso de manera directa la acción de tutela, sin haber
intentado adelantar ante dicha entidad siquiera el trámite previo, pues el artículo 15
de la Ley 1581 de 2012 determina que el interesado deberá peticionar ante el
responsable del tratamiento la eliminación, rectificación, actualización, supresión u
ocultamiento de la información; además de no acreditarse la existencia de un
perjuicio irremediable que ubique al accionante en una situación de urgencia
extrema que requiera la intervención inmediata del juez constitucional sin agotar el
trámite previo.
1.6.6. Fiscalía 106 Seccional, jefe de Unidad Mixta Transitoria Bogotá D.C.
Precisó que, consultada la página correspondiente al sistema penal oral acusatorio
se evidenció que el señor Wilson Alberto Osorio Guarín registra un proceso en
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estado inactivo, sin que sea procedente acceder a la eliminación de las anotaciones
existentes en los sistemas misionales, conforme a lo señalado por la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Penal, mediante sentencia STP4323-2017 del 23 de
marzo de 2017.
Por lo anterior, manifestó que la negativa en restringir la información no constituye
un desconocimiento de los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y al
habeas data, por tratarse de un hecho histórico sobre el cual el Estado tuvo
intervención y, por ende, debe conservar su registro; máxime cuando se trata de
una información procesal veraz, completa y actualizada, sin que exista el
denominado «derecho al olvido».
Conforme a lo analizado, solicitó que se disponga su desvinculación del presente
trámite, al no evidenciarse vulneración alguna de los derechos fundamentales del
accionante atribuible a dicho despacho; aunado a que la eliminación del registro en
el sistema misional SPOA no es jurídicamente viable, dado que dicho registro
corresponde a información de consulta interna, necesaria para la conservación del
histórico procesal y para fines de análisis institucional de la Fiscalía General de la
Nación, sin que ello afecte derecho fundamental alguno del accionante.
1.6.7. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Popayán
Manifestó que, mediante correo electrónico del 21 de enero de 2026 el accionante
elevó una petición dirigida ante dicho Despacho requiriendo el ocultamiento o
eliminación de la información negativa que reposa en los motores de búsqueda;
requerimiento que fue resuelto dentro del término de Ley, a través de correo
electrónico del 3 de febrero del año en curso.
De igual forma, y con relación a las pretensiones del actor, precisó que en dicho
estrado judicial no se ha tramitado proceso alguno en el que figure el señor Wilson
Alberto Osorio Guarín como demandante o demandado, pues consultado el
aplicativo SAMAI, se observa que en el mismo se registra un proceso de reparación
directa en contra del Instituto Nacional Penitenciario, el cual fue conocido por el
Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Popayán, y no por dicho
Juzgado.
Por lo expuesto, pidió que se declare la improcedencia de la acción constitucional
respecto de dicha autoridad, por cuanto, no se encuentra demostrada actuación,
omisión o inactividad que le sea atribuible y que pueda configurar vulneración de los
derechos fundamentales invocados.
1.6.8. Juzgado Primero Penal del Circuito Judicial de Popayán
Sostuvo que, ante dicho Despacho no se elevó de manera previa solicitud de
ocultamiento respecto de lo peticionado por el actor, por lo cual, no se había
adelantado alguna acción al respecto. Sin embargo, en virtud de la presente acción
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procedió a realizar el respectivo ocultamiento del proceso penal con radicado
19001310400320050018700 para que no sea objeto de consulta pública en la
página web de la Rama judicial como se evidencia a continuación:
1.6.9. Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Popayán
La titular del Despacho manifestó que, el 21 de enero de 2026, la asistente
administrativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de la
ciudad de Popayán remitió petición elevada por el señor Wilson Alberto Osorio
Guarín, en la que requirió el ocultamiento o eliminación de datos negativos; frente a
lo cual, dio respuesta mediante correo del 23 de enero de 2026 el que fue dirigido
al correo suministrado por el señor Wilson Alberto Osorio, con copia a la entidad
remitente.
De igual forma, manifestó que, teniendo en cuenta que lo pretendido por el actor,
es la eliminación de datos generados por investigaciones penales que en su
momento fueron adelantadas en su contra; y el proceso adelantado ante dicho
Despacho, corresponde a un proceso ejecutivo promovido por el señor Wilson
Alberto en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, por lo que
resulta evidente que debido a la competencia que le fue asignada en materia de lo
contencioso administrativo, dicha juzgado no adelantó investigación o proceso
penal alguno en contra del accionante, por lo que solicitó que, se denieguen las
pretensiones formuladas por el actor al no evidenciarse la vulneración de los
derechos fundamentales invocados.
1.6.10. Consejo Superior de la Judicatura
Manifestó que, conforme a la sentencia proferida el 6 de agosto de 2025 por la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, bajo el radicado STC12103-2025, las
anotaciones en el portal web de la Rama Judicial demuestran que dicha corporación
enmarca la publicación de datos procesales no como una actividad de reporte de
conducta, sino como una herramienta de gestión y transparencia esencial a la
administración de justicia, diferenciándola categóricamente de las bases de datos
crediticias o de antecedentes.
Precisó que, al contrastar tal finalidad con el derecho al habeas data, la Corte
determina que la información expuesta como, las partes de un proceso, el tipo de
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acción y el estado de las actuaciones, en principio, no califica como «datos
sensibles», postura que reafirma la legitimidad de la publicidad judicial.
Aseveró que la anonimización y/o modificación de información corresponde
efectuarla exclusivamente a los despachos y corporaciones judiciales, siendo la
Unidad de Transformación Digital e Informática de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial como administradora del Sistema de Información de
Procesos Justicia XXI, la encargada de indicar el procedimiento técnico, por lo que,
una vez analizado el requerimiento efectuado por el peticionario, cada Despacho
Judicial deberá adoptar la decisión de acceder a lo requerido conforme a la
normativa vigente.
Por lo expuesto, dicha autoridad no cuenta con usuario, permisos, facultades ni
competencia para registrar, diligenciar o modificar información en el sistema de
gestión procesal en la Consulta de Procesos Nacional Unificada, lo que reafirma la
ausencia de intervención directa en el caso mencionado, y por ende, resulta
evidente que dicha entidad no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados
por el accionante.
1.6.11. Oficina de Apoyo Judicial de Popayán
Precisó que, una vez revisado el correo oficial de la entidad, se encontró la
recepción de una petición elevada por el actor en la que pidió que se realizara el
ocultamiento y protección de la información correspondiente a sus datos judiciales.
No obstante, atendiendo el objeto de la solicitud, la comunicación fue direccionada
a los Centros de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Popayán, así como al Centro de Servicios Judiciales
Penas de Popayán, por ser las dependencias que, conforme a su naturaleza,
pueden adelantar las actuaciones que correspondan frente a este tipo de
requerimientos.
1.6.12. Juzgado Primero Penal Especializado del Circuito Judicial de Popayán
Adujo que, una vez constatada la culminación de las investigaciones penales
adelantadas contra el actor, y que se tramitaron bajo los radicados 19001-31-07-
001-2004-00002-00 y 19001-31-07001-2009-00055-00, se procedió a eliminar la
información correspondiente de la página web del Consejo Superior de la
Judicatura, sin que actualmente se encuentren registros por su nombre o número
de proceso.
Por lo anterior, consideró que en el caso sub examine, existe una carencia actual
de objeto por hecho superado, toda vez que, lo perseguido por la parte tutelante se
materializó en el trascurso de la acción.
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1.6.13. Juzgado Catorce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá D.C.
Refirió que, en sentencia proferida el 17 de junio de 2009 por el Juzgado 1° Penal
del Circuito Especializado de Popayán, se condenó al señor Wilson Alberto Osorio
Guarín a la pena principal de 128 meses de prisión, multa de 1.333.33 S.M.L.M.V.,
además a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas por el mismo lapso de principal. Lo anterior debido a su
participación como coautor en el delito de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes agravado.
Señaló que, mediante auto del 25 de octubre de 2022 se resolvió la petición de
ocultamiento del proceso elevada por el accionante, la cual le fue remitida al correo
electrónico aportado y ocultado el proceso con radicado 9807-60-00-000-2009-
00004-00, tal y como se denota a continuación:
De acuerdo con lo anterior, solicitó que se deniegue la presente acción
constitucional.
1.6.14. Policía Nacional
El Comandante de la Policía Metropolitana de Popayán refirió que, conforme a la
información suministrada por el subjefe Seccional de Investigación Criminal SIJIN-
MEPOY, en el Sistema de Información Operativo de Antecedentes [SIOPER],
registran dos anotaciones a nombre del señor Wilson Alberto Osorio Guarín, en
virtud de las sentencias condenatorias emitidas en su contra.
Frente a lo anterior, precisó que, la extinción de las investigaciones relacionadas
con los delitos de falsedad personal, hurto calificado y agravado, tráfico, fabricación
o porte de estupefacientes, extorsión y receptación, fue notificada por parte de la
autoridad judicial que había ordenado su inscripción; encontrándose registros
vigentes con relación a los delitos de cohecho por dar u ofrecer, fabricación y tráfico
de armas de fuego o municiones, extorsión, hurto de vehículos y falsedad en
documento público, cuya extinción o cancelación aun no le ha sido notificada por
parte de la autoridad que ordenó su registro.
Por lo expuesto, refirió que, hasta tanto no se allegue el documento correspondiente
en el que se aclare la situación que se presenta, no es posible realizar
modificaciones o correcciones en la base de datos, conforme a lo preceptuado en
el artículo 2º del Decreto 233 del 1º de febrero de 2012.
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Por último, pidió que se denieguen las pretensiones invocadas por el actor y se
ordene su desvinculación del presente trámite.
1.6.15. Juzgado Cuarto Penal del Circuito Judicial de Popayán
Refirió que, como consecuencia de una acción de tutela formulada de manera previa
por el actor mediante apoderada judicial, y en la que solicitó el ocultamiento del
acceso y conocimiento de la información personal de carácter judicial que existiera
a su nombre; en particular en los procesos penales culminados, el 13 de septiembre
de 2022 dio respuesta a lo peticionado, la cual le fue remitida al correo electrónico
suministrado por éste, para efectos de notificaciones, esto es:
debancofi@gmail.com.
1.6.16. Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Popayán
Indicó que, en el año 2024 el actor elevó petición tendiente a que se realizara el
ocultamiento del asunto tramitado ante dicho Despacho, por lo que pidió al ingeniero
de sistemas del Centro de Servicios que procediera a la realización del mismo,
mediante correo electrónico del 26 de abril de 2024.
Refirió que, con ocasión a lo anterior, al realizar la búsqueda del accionante en la
página de la Rama Judicial, ya sea por su nombre o número de identificación no le
figura anotación alguna.
Conforme a lo anterior, solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela,
por considerar que de su parte no se le generó vulneración alguna al actor, debido
a que en la base de datos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Popayán no aparece anotación alguna a nombre del señor Wilson
Alberto Osorio Guarín.
1.6.17. Juzgado Promiscuo Municipal de Rosas, Cauca
Afirmó que, del escrito de tutela no se extrae un hecho cierto, concreto y verificable
atribuible a dicha autoridad, como tampoco se suministran datos mínimos de
identificación, tales como radicados, fechas, clase de actuación, autoridad
instructora o providencias específicas que permitan individualizar un proceso o
actuación judicial tramitada ante dicha célula judicial, o establecer una relación
objetiva con el accionante.
Manifestó que, en particular, el actor alude de forma genérica a la existencia de
varios procesos asociados a su nombre en los portales de consulta de la Rama
Judicial, pero no precisa cuáles de ellos corresponderían a actuaciones del aludido
Despacho, ni aporta elementos que permitan ubicar un expediente específico para
su contraste.
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Con fundamento en las consideraciones precedentes, solicitó que se declare la falta
de legitimación en la causa por pasiva, al no evidenciarse actuación u omisión
alguna que le sea atribuible con relación a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales alegados por el actor.
1.6.18. Fiscalía General de la Nación
Precisó que, entre la situación fáctica narrada por el actor en el escrito de amparo,
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, y la vinculación a la
actuación de dicha entidad, no existe un nexo causal, toda vez que, la actualización
y administración de las anotaciones en la página web de la rama judicial no son de
su resorte.
Conforme a lo anterior, consideró que al no existir por parte de dicho ente acusador
una vulneración de los derechos fundamentales del accionante, se declare su falta
de legitimación en la causa por pasiva, y de manera consecuente, se disponga su
desvinculación de la presente acción; máxime cuando la misma no se encuentra
dirigida a cuestionar actuaciones propias de la Fiscalía, ni a solicitar
específicamente la modificación de información contenida en los sistemas
misionales de dicha entidad, incluido el SPOA, sino que busca que se ordene a los
despachos judiciales que dispusieron la extinción de la acción penal, que de manera
inmediata eliminen u oculten de sus respectivas bases de datos judiciales las
anotaciones correspondientes.
1.6.19. El Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá D.C., el Juzgado Segundo Penal del
Circuito Judicial de Popayán, la Dirección Seccional de Fiscalías de Cauca, la
Dirección de Investigación Criminal e Interpol, la Fiscalía Especializada Unidad
Especializada 1 de Popayán, la Fiscalía delegada ante los Juzgados Penales del
Circuito 7 de Pasto, la Fiscalía Seccional Unidad Tercera Fe Pública y Patrimonio
Económico 79 de Cali, las plataformas de bases de datos Lojudicial.com,
Datajurtirica.com e Inspektor, pese a estar debidamente notificados de la existencia
del presente asunto, no se pronunciaron sobre la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la acción
de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la
Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, los artículos 2.2.3.1.2.4 y
2.2.3.1.2.1 numeral 8° del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del
Decreto 333 de 2021, por cuanto se dirige entre otras, contra el Consejo Superior
de la Judicatura.
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2.2. Cuestión previa
La Fiscalía 106 Seccional, jefe de Unidad Mixta Transitoria de Bogotá D.C., y el
Juzgado Promiscuo Municipal de Rosas, Cauca solicitaron su desvinculación del
presente trámite constitucional, al considerar que carecen de legitimación para
soportar las pretensiones invocadas por la parte actora, al no tener injerencia alguna
en la vulneración de los derechos fundamentales cuya protección se invoca.
Sin embargo, la Sala no accederá a lo peticionado toda vez que su vinculación se
realizó como terceros, en virtud del eventual interés que les puede representar el
presente trámite.
Así mismo, se negarán las solicitudes realizadas en igual sentido por la Policía
Nacional, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Popayán y la Fiscalía General de la Nación, comoquiera que su vinculación al
proceso obedeció a que la parte actora atribuyó a éstas de manera directa la
vulneración de sus derechos fundamentales.
2.3. Problema jurídico
En el asunto bajo estudio corresponde establecer en sí:
¿Las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales del
accionante, por no haber eliminado de sus respectivas páginas web y demás
motores de búsqueda, aquella información y datos negativos reportados, con
ocasión a las diferentes investigaciones penales que en su momento fueron
adelantadas en su contra?
Para dilucidar el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) las
generalidades de la acción de tutela; (ii) el derecho fundamental al hábeas data; (iii)
el carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia cuando existan otras
vías judiciales disponibles y eficaces; y (iv) el caso concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
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no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable31.
2.5. Derecho al habeas data
Respecto a la referida garantía constitucional, el artículo 15 superior prevé:
Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen
nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen
derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan
recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y
privadas.
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y
demás garantías consagradas en la Constitución. [Negrillas de la Sala]
A su turno, la Corte Constitucional mediante sentencia SU-139 del 14 de mayo de
2021 determinó que el habeas data es un derecho fundamental autónomo, que
busca proteger el dato personal, respecto a la información que tiene la posibilidad
de asociar un determinado contenido a una persona natural en concreto, cuyo
ámbito de acción es el proceso en virtud del cual un particular o una entidad
adquiere la potestad de captar, administrar y divulgar tales datos.
En igual sentido, la mencionada Corporación estableció que entre el titular de la
información y el dato personal existe un vínculo inquebrantable, del cual se deriva
la posibilidad de que el sujeto pueda solicitar al administrador de la base de datos
el acceso, rectificación, actualización, exclusión y certificación de la información; así
como la limitación en su divulgación, publicación o cesión, de conformidad con los
principios que rigen el proceso de administración de las pluricitadas bases32.
En lo concerniente a la corrección, actualización o supresión de la información
contenida en las bases de datos personales, el artículo 15 de la Ley Estatutaria 1581
de 201233, dispone:
Artículo 15. Reclamos. El Titular o sus causahabientes que consideren que la
información contenida en una base de datos debe ser objeto de corrección,
actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de
cualquiera de los deberes contenidos en esta ley, podrán presentar un reclamo ante
el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento el cual será
tramitado bajo las siguientes reglas […].
De ahí que, si los accionantes cuentan con la posibilidad de solicitar ante los entes
responsables el ocultamiento de la información, deben agotar esa instancia antes
de acudir a la acción de tutela. Mecanismo que, dada su naturaleza, procede de
manera excepcional.
31 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
32 Ver también sentencia T-729 de 2002.
33 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
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2.6. Del carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia cuando
existen otras vías judiciales disponibles y eficaces.
El inciso 3º del artículo 86 de la Carta Política contempla el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1. º del artículo 6.
º del Decreto Ley 2591 de 1991.34
La jurisprudencia estableció que, en razón al principio de subsidiariedad, los
conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos, en
principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de manera que
únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no resultan
idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable resulta admisible
recurrir a esta acción constitucional.
De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la obligación
de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento
jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe hacer
uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales
deviene en la improcedencia de este mecanismo35.
El carácter residual o supletorio obedece a la necesidad de preservar las
competencias atribuidas a las diferentes autoridades judiciales en desarrollo de la
independencia y autonomía de la actividad judicial, en los que igualmente se deben
salvaguardar derechos de rango convencional y constitucional, sin que esta acción
pueda convertirse en un mecanismo alternativo, paralelo o complementario de los
procedimientos judiciales «diluyéndose esta exigencia únicamente cuando el juez
constitucional encuentre que se configura un perjuicio irremediable que exige para
el restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de medidas
inmediatas, imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio
mientras la autoridad judicial competente decide de fondo la acción
correspondiente»36.
2.7. Caso concreto
Mediante el presente asunto, el señor Wilson Alberto Osorio Guarín pretende que
se ordene a las autoridades accionadas que eliminen de sus respectivas páginas
web y demás motores de búsqueda, aquella información y datos negativos
34 «ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá: 1.
Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante».
35Al respecto ver, entre otras, las sentencias de 21 de enero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad.
11001-03-15-000-2020-04371-01, 26 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad. 11001-03-15-000-2021-
04912-00 y 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad. 11001-03-15-000-2021-04731-00.
36 Ver, Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2009, T-130 del 2010, T-318 del 2017.
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reportados con ocasión a las diferentes investigaciones penales que en su momento
se adelantaron en su contra, circunstancias por las que, según su criterio, ha sido
discriminado de manera constante tanto en el ámbito laboral, como social.
Así las cosas, y teniendo en cuenta que conforme a lo preceptuado en el artículo 15
de la Ley 1581 de 2012, cuando se pretende obtener la corrección, actualización o
supresión de la información contenida en las bases de datos personales, se requiere
que de manera previa el interesado hubiere solicitado ante los entes responsables
el ocultamiento de la información correspondiente; conforme a la documentación
remitida por las diferentes autoridades, procederá la Sala a determinar, en primer
lugar, si previo a la interposición de la presente acción, la parte actora agotó dicho
requisito, de la siguiente manera:
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De acuerdo con lo analizado, se observa que el presupuesto aludido se encuentra
parcialmente acreditado. Ello es así, por cuanto de los elementos de convicción que
obran, se pudo evidenciar que respecto de la Dirección Seccional de Fiscalías de
Bogotá D.C., el Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, la Sociedad Tusdatos.co, la Fiscalía
106 Seccional, jefe de Unidad Mixta Transitoria Bogotá D.C., el Juzgado Primero
Penal del Circuito Judicial de Popayán, el Consejo Superior de la Judicatura, el
Juzgado Primero Penal Especializado del Circuito Judicial de Popayán, la Policía
Nacional, el Juzgado Promiscuo Municipal de Rosas, Cauca, la Fiscalía General de
la Nación, la Fiscalía Especializada Unidad Especializada 1 de Popayán, la Fiscalía
delegada ante los Juzgados Penales del Circuito 7 de Pasto, la Fiscalía Seccional
Unidad Tercera Fe Pública y Patrimonio Económico 79 de Cali, el Centro de
Servicios Administrativos para los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá D.C., el Juzgado Segundo Penal del Circuito Judicial de
Popayán, la Dirección Seccional de Fiscalías de Cauca, la Dirección de
Investigación Criminal e Interpol, y las plataformas de bases de datos
Lojudicial.com, Datajurtirica.com, e Inspektor, el actor no elevó la solicitud de
anonimización de las bases de datos correspondientes, y en dicho entendido, se
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declarará la improcedencia de la acción de tutela por no encontrarse
satisfecho el requisito de subsidiariedad respecto de tales autoridades.
Ahora bien, en lo concerniente a la vulneración de los derechos fundamentales que
se predica respecto a los Juzgados Cuarto Penal del Circuito Judicial de Popayán,
Catorce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá D.C., y Tercero
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán; se evidencia que por
parte de dichas entidades no se configuró la trasgresión aludida, por cuanto los días
13 de septiembre y 25 de octubre de 2022, y 26 de abril de 2024, esto es, con
anterioridad a la interposición de la presente acción, atendieron de manera
respectiva la solicitud que les fue elevada por el actor procediendo a ocultar la
información que respecto de él figuraba en sus bases de datos; respuestas que le
fueron remitidas al correo electrónico aportado para efectos de notificaciones,
conforme se ilustra a continuación:
Acorde con lo anterior, no habría lugar a amparar los derechos fundamentales
invocados por el tutelante con relación a los Juzgados Cuarto Penal del Circuito
Judicial de Popayán, Catorce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
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Bogotá D.C., y Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán,
ante la inexistencia de la vulneración que se predica.
Situación que, de igual forma ocurre en lo concerniente a la Oficina de Apoyo
Judicial de Popayán, toda vez que, según lo precisado en su escrito de intervención,
atendiendo el objeto de la solicitud presentada por el actor, y conforme a las
disposiciones previstas en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 la petición fue
direccionada a los Centros de Servicios Administrativos de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, así como al Centro de
Servicios Judiciales de Penas del mencionado Circuito, por ser las dependencias
que, conforme a su naturaleza, pueden adelantar las actuaciones que
correspondan, así:
Ahora bien, en lo que respecta a los Juzgados Primero y Séptimo Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Popayán, se evidencia que mediante correos
electrónicos del 3 de febrero y 23 de enero de 2026, de manera respectiva,
informaron al actor que, una vez consultado el aplicativo SAMAI se evidenció que a
su nombre figuraba información relacionada con los mecanismos de control de
reparación directa y el proceso ejecutivo, los cuales distan de los datos que
mediante el presente asunto pretenden ser eliminados u ocultados, ya que los
mismos corresponden a las posibles investigaciones penales que en su momento
fueron adelantadas en su contra, como se evidencia:
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Por su parte, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, informó que mediante auto
del 26 de enero de 2026, resolvió de manera negativa la solicitud de ocultamiento
formulada por el tutelante, al estimar que el respectivo registro no resultaba ser
vulneratorio de los derechos fundamentales del peticionario. Decisión que le fue
comunicada al señor Wilson Alberto al día siguiente, al correo electrónico
debancofi@gmail.com.
Con fundamento en lo anterior, considera la Sala que, pese a que la petición del
accionante fue atendida de manera desfavorable, la respuesta emitida resulta ser
suficiente, ya que resuelve materialmente lo peticionado, sin perjuicio de que la
contestación sea negativa a sus pretensiones.
Sobre el particular, la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha precisado
que: «la satisfacción del derecho de petición no depende de la respuesta favorable
a lo solicitado, por lo que hay contestación incluso si la respuesta es en sentido
negativo y se explican los motivos que conducen a ello. De ahí que se diferencie el
derecho de petición del “derecho a lo pedido”, que se usa para destacar que “el
ámbito de protección constitucional de la petición se circunscribe al derecho a la
solicitud y a tener una contestación para la misma, y en ningún caso implica otorgar
la materia de la solicitud como tal […]»37
Así las cosas, y teniendo en cuenta que, encontrándose en curso el mecanismo
constitucional de la referencia38, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal39, y los
37 Sentencia T-051 del 8 de marzo de 2023. Ver entre otras, Sentencias C-007 de 2017 y T-424 de
2019.
38 El cual fue presentado el 22 de enero de 2026
39 26 de enero de 2026
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Juzgados Primero40 y Séptimo Administrativo41 Oral del Circuito Judicial de Popayán
dieron respuesta a la solicitud de anonimización que les fue elevada por el
accionante, se declarará la carencia actual de objeto superado, toda vez que
desapareció la circunstancia que podía originar algún quebranto
de los derechos fundamentales que se invocan, de ahí que cualquier orden que se
imparta por parte de esta Sala resultaría inane debido a que la posible vulneración
cesó con las actuaciones derivadas de las autoridades enjuiciadas.
Por último, y en lo concerniente a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, se advierte que no hay lugar a acceder al amparo solicitado, toda vez que en
el escrito de contestación a la tutela, la misma fue enfática en manifestar que la
petición tendiente a que se depurara, eliminara u ocultara de manera definitiva los
datos informáticos sistematizados que reposan ante dicha autoridad con relación a
las indagaciones, investigaciones y sentencias penales adelantadas en su contra,
fue radicada por el actor los días 22 y 26 de enero de la presente anualidad; lo que
significa que, para la fecha de radicación del presente mecanismo, esto es, 22 de
enero de 2026, aún no había fenecido el término consagrado en el artículo 14 de la
Ley 1755 de 2015 para dar respuesta a la solicitud, y en dicho entendido, no se
podría predicar la vulneración de los derechos fundamentales que se discute.
Finalmente, ese recuerda que los accionantes el ejercicio anticipado
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: NO ACCEDER a las solicitudes de desvinculación realizadas por la
Fiscalía 106 Seccional, jefe de Unidad Mixta Transitoria Bogotá D.C., la Policía
Nacional, el Juzgado Promiscuo Municipal de Rosas, Cauca, el Juzgado Tercero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán y la Fiscalía General de
la Nación, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa.
SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por el señor Wilson Alberto Osorio Guarín contra la Dirección Seccional de Fiscalías
de Bogotá D.C., el Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, la Sociedad Tusdatos.co,
la Fiscalía 106 Seccional, jefe de Unidad Mixta Transitoria Bogotá D.C., el Juzgado
Primero Penal del Circuito Judicial de Popayán, el Consejo Superior de la
Judicatura, el Juzgado Primero Penal Especializado del Circuito Judicial de
Popayán, la Policía Nacional, el Juzgado Promiscuo Municipal de Rosas, Cauca, la
40 3 de febrero de 2026.
41 23 de enero de 2026.
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Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía Especializada Unidad Especializada 1 de
Popayán, la Fiscalía delegada ante los Juzgados Penales del Circuito 7 de Pasto,
la Fiscalía Seccional Unidad Tercera Fe Pública y Patrimonio Económico 79 de Cali,
el Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá D.C., el Juzgado Segundo Penal del Circuito
Judicial de Popayán, la Dirección Seccional de Fiscalías de Cauca, la Dirección de
Investigación Criminal e Interpol, y las plataformas de bases de datos
Lojudicial.com, Datajurtirica.com, e Inspektor, por no satisfacer el requisito de
subsidiariedad.
TERCERO: NEGAR el amparo del derecho fundamental invocado por el actor, en
lo que respecta a los Juzgados Cuarto Penal del Circuito Judicial de Popayán,
Catorce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá D.C., Tercero
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, la Oficina de Apoyo
Judicial de Popayán, y la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
conforme a las razones expuestas en la parte considerativa.
CUARTO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado con
relación al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, y los Juzgados Primero y
Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Popayán, por lo expuesto en la
parte motiva.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
SEXTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Aclara voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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