Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00398-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00398-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00398-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-00398-00
Demandante MANUEL ALEJANDRO MARTÍNEZ CÁRDENAS
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de
reparación directa. Caducidad de la acción en eventos que
involucran crímenes de lesa humanidad. Aplicación de la sentencia
de unificación del 29 de enero de 2020.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por Manuel Alejandro Martínez Cárdenas,
de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 22 de enero de 20261, el señor Manuel Alejandro Martínez Cárdenas interpuso
acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad
y de acceso a la administración de justicia con la sentencia del 14 de julio de 2025
proferida en segunda instancia en el medio de control de reparación directa 25000-
23-36-000-2018-00067-00/01.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones2:
«Primero-. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso establecido en el artículo
29 de la Constitución Política de Colombia.
Segundo-. DECLARAR que la providencia dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, violó los artículos 229 y 29 de la Constitución Política de Colombia.
Tercero-. ORDENAR la revisión de la decisión proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, el 14 de julio de 2025, a fin de que se garantice el debido proceso y
la igualdad.
Cuarto-. ORDENAR al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C que revoque la
sentencia por medio del cual confirmó la decisión que declaró probada la excepción de
caducidad.».
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El 23 de enero de 2018, los señores Huberlaide Gordillo Niño, Edward Senid
Bejarano Medina, Manuel Alejandro Martínez Cárdenas, Orlando León Ovalle
y Darwin Romeo López Cervera, junto con sus respectivos grupos familiares,
promovieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa
contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional para que se le
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Samai, índice 2.
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Página 28 de la acción de tutela. SAMAI, índice 2.
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declarara patrimonialmente responsable por el secuestro y las lesiones
personales padecidas a manos de grupos ilegales. Lo anterior, en hechos
ocurridos el 9 de diciembre de 1999 en la estación de Policía de Curillo,
Caquetá.
En la demanda se explicó que, aunque los uniformados fueron liberados el 28
de junio de 2001, cierto es que, posteriormente, sufrieron secuelas derivadas
del cautiverio como estrés postraumático que condujo a la disminución de su
capacidad laboral.
2.2. En primera instancia, conoció del asunto el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B; autoridad que mediante
sentencia del 13 de febrero de 2019, declaró probada la excepción de
caducidad de la acción propuesta por la Policía Nacional y la falta de
legitimación en la causa por activa de algunos de los demandantes. Asimismo,
condenó en costas a la parte actora.
2.3. Esta decisión fue apelada por los demandantes.
Argumentaron que el hecho dañoso que se reclama deriva del secuestro que
es catalogado como un crimen de lesa humanidad, por lo que no es posible
predicar en el caso particular la configuración del fenómeno procesal de la
caducidad de la acción.
Respecto de la falta de legitimación en la causa de algunos accionantes,
afirmaron que se probó el parentesco con una de las víctimas directas de
quienes fueron retirados del litigio.
2.4. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia
del 14 de julio de 2025 modificó la decisión de primera instancia en el sentido
de declarar la caducidad del medio de control y condenar en costas y agencias
en derecho a los demandantes.
La sentencia fue notificada a través de mensaje de datos remitido a los
buzones de notificación de los sujetos procesales el 1° de agosto de 20253.
3. Fundamentos de la acción
El actor considera que las sentencias que declararon la caducidad de la acción
vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia. Reprocha que en la actualidad los autores de
su secuestro ejerzan cargos públicos mientras que a él se le niega la reparación a
la que estima tiene derecho después de un secuestro del que derivó un trauma
psicológico permanente.
Argumentó que en el caso particular se debió aplicar la excepción de
inconstitucionalidad del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (en adelante, CPACA) y proceder con el estudio de
fondo, debido a que el hecho dañoso refirió a un delito de lesa humanidad. Además,
recordó que, en un caso similar, la Corte Constitucional inaplicó el término de
caducidad de la acción debido a que los tratos crueles a los que fueron sometidos
los agentes del Estado violaron las normas del Derecho Internacional Humanitario
(en adelante DIH). Por ello, solicitó que se garantice su derecho a la igualdad de cara
a la sentencia T-352 de 2016 y a la sentencia del 31 de julio de 2019 (rad. 2018-
00109-01), proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado con ponencia del magistrado Alberto Montaña Plata.
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Samai proceso 25000233600020180006701, índice 19.
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También relacionó como precedente desconocido, la sentencia de tutela emitida por
la Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso 11001-03-15-000-2020-
00688-01, en el que se ampararon los derechos fundamentales de la mamá de un
militar secuestrado en una toma guerrillera frente a la providencia judicial que
declaró la caducidad de la acción.
Considera que existe un precedente pacífico del Consejo de Estado en el sentido
de señalar que en los casos relacionados con una posible vulneración al DIH no es
posible aplicar la figura procesal de la caducidad de la acción en prevalencia y
garantía de la justicia material. Esto, porque la obligación de reparar integralmente
a las víctimas y el carácter imprescriptible de estos crímenes deben prevalecer
sobre barreras y formalismos que enerven la acción judicial.
Dijo que la postura que privilegia el acceso a la administración de justicia en casos
de graves violaciones a los derechos humanos también encuentra fundamento en
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la
sentencia Almonacid Arellano y otros vs. Chile y Órdenes Guerra vs. Chile. En todo
caso, destacó que «la no prescriptibilidad de la acción judicial para el juzgamiento de los
crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio es una norma del ius cogens de
obligatorio cumplimiento para los Estados (…)».
En ese contexto, sostuvo que los crímenes de lesa humanidad, de guerra y
genocidio constituyen graves violaciones a los derechos humanos frente a los
cuales no opera la garantía de imprescriptibilidad, derivada de normas de ius cogens
y de los estándares internacionales de protección de derechos humanos. Por ello,
en estos casos debe inaplicarse la caducidad de la acción para garantizar el acceso
efectivo de las víctimas a la administración de justicia. Expuso que, aunque la
caducidad es una figura procesal diferente a la prescripción, esta debe interpretarse
en armonía con el derecho internacional y la jurisprudencia de la Corte
Interamericana, de modo que el paso del tiempo no impida reclamar la reparación
de los daños derivados de tales conductas.
Asimismo, adujo, refiriéndose a la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020,
que el precedente judicial tiene una fuerza vinculante relativa, pero no puede
aplicarse retroactivamente cuando ello desconoce el debido proceso, la seguridad
jurídica o la confianza legítima. En consecuencia, cuando una sentencia de
unificación no modula sus efectos, su aplicación es prospectiva (ex nunc), por lo que
consideró que la sentencia de unificación no era aplicable a su caso debido a que
no se había proferido cuando se radicó la demanda de reparación directa.
Bajo estas premisas, indicó que, si el daño alegado proviene de hechos que pueden
constituir crímenes de lesa humanidad o de guerra, no resulta exigible el término de
caducidad del medio de control de reparación directa, pues lo contrario vulneraría
el derecho de las víctimas a la reparación integral. En todo caso, señaló que no se
trataba en realidad de una sentencia de unificación porque solo cuatro magistrados
la aceptaron en integridad, los demás, aclararon o salvaron su voto.
Con fundamento en lo anterior, el actor emitió la siguiente conclusión:
«Así las cosas, la Sección Tercera del Consejo de Estado, vulneró mis derechos fundamentales por
un defecto procedimental, pues impuso un exceso ritual manifiesto, toda vez que obstaculizó el goce
efectivo de mis derechos por un motivo formal, dado que pese a que en el proceso de reparación
directa se demostró que efectivamente fui secuestrado y torturado por los bandidos de las FARC, es
decir que existieron unos crímenes de guerra, se impuso el procedimiento sobre el derecho
sustancial, situación que a todas luces es violatoria de mis derechos. En efecto, el Magistrado
Ponente en el proceso de reparación directa, por un apego extremo y una aplicación mecánica de
las formas, renunció conscientemente a la verdad jurídica objetiva patente en los hechos,
derivándose de su actuar una inaplicación de la justicia material y del principio de la prevalencia del
derecho sustancial.»
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4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 27 de enero de 2026, el despacho ponente requirió a la parte
accionante para que identifique cómo se configuran los defectos especiales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales en el caso
particular. Además. para que individualice a cada uno de los sujetos
procesales en el proceso ordinario de reparación directa 25000-23-36-000-2018-
00067-00/01 y aporte sus direcciones de notificación.
4.2. En el memorial de subsanación, el actor indicó que la sentencia acusada
incurrió en desconocimiento del precedente judicial y en violación directa a la
Constitución. En relación con el primer defecto, acusó el desconocimiento de
la sentencia T-352 de 2016. En lo demás, reiteró los argumentos que ya fueron
expuestos en el acápite de fundamentos de la acción.
4.3. El 9 de febrero de 2026, el despacho ponente admitió la acción de tutela
presentada por el señor Manuel Alejandro Martínez Cárdenas, quien actúa en
nombre propio, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
Además, vinculó, en calidad de terceros con interés, a los sujetos procesales
que participaron en el medio de control de reparación directa 25000-23-36-000-
2018-00067-00/01, así:
(i) por su condición de demandantes en el proceso a Huberlaide Gordillo Niño y su
grupo familiar, Edward Senid Bejarano Medina y su grupo familiar, Orlando León
Ovalle y su grupo familiar, Darwin Romeo López Cervera y su grupo familiar y al
grupo familiar el accionante;
(ii) por su calidad de demandado en el proceso, a la Nación, Ministerio de Defensa,
Policía Nacional;
(iii) en calidad de vinculados, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado; y
(iv) por su condición de autoridad judicial que dictó la sentencia de primera instancia,
a la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
También se ofició al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que
notifique a las personas mencionadas en el párrafo anterior la existencia de
esta acción de tutela y para que autorice el acceso al expediente del proceso.
Finalmente, se ofició a la Secretaría General y a la Oficina de Sistemas del
Consejo de Estado para que publicaran aviso en el que informaran a los
sujetos procesales del medio de control de reparación directa analizado, la
existencia de esta tutela.
4.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, por
conducto de la secretaria de la Sección, informó que surtió la notificación
encomendada, según los datos de notificación que obraban en el expediente
de reparación directa. Agregó que remitió oficio al apoderado de los
demandantes, el abogado Roberto Nicolás Quintero, en el que solicitó que
replicara la información a las personas que representó en el proceso para
completar la gestión de notificación.
4.5. El consejero ponente de la sentencia acusada, Nicolás Yepes Corrales,
solicitó que se declare la improcedencia de la acción de amparo porque no
satisface el presupuesto de relevancia constitucional, pues el actor pretende
utilizar la tutela como una tercera instancia. Y en caso de que se estime
superado el examen general de procedibilidad, que se nieguen las
pretensiones de la tutela porque no se acreditó la concreción de defecto alguno
que dé cuenta de la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
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Argumentó que los fundamentos del escrito de tutela se dirigen a cuestionar
premisas fácticas y jurídicas que ya fueron debatidas en el trámite del proceso
ordinario frente a la concreción de la caducidad de la acción.
Así, evidenció que el defecto procedimental se fundamentó en los siguientes
argumentos: (i) la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad; (ii) la
inaplicación al caso concreto de la sentencia del 29 de enero de 2020 y (iii) la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha
señalado que la regla de imprescriptibilidad de la acción penal en casos de
graves violaciones a los derechos humanos es extensible a otras causas con
el propósito de privilegiar el derecho a la reparación integral. Lo anterior,
conforme a su interpretación sobre el alcance del marco jurídico aplicable
cuando formuló la demanda ordinaria.
Dijo que todos estos aspectos fueron debidamente analizados en la sentencia
del 14 de julio de 2025. Por lo que la acción de tutela da cuenta de que su
propósito es discutir nuevamente los aspectos jurídicos y probatorios
analizados en sede ordinaria, para que el juez de tutela propicie un escenario
en el que se exponga una valoración que beneficie los intereses del
demandante.
Respecto del fondo, advirtió que el caso se decidió al tenor de la jurisprudencia
del Consejo de Estado vigente y pertinente para los eventos en que se discuta
la operancia de la caducidad de la acción en casos relacionados con graves
violaciones a los derechos humanos, esto es: la sentencia de unificación del
20 de enero de 2020.
Sostuvo que la declaratoria de caducidad de la acción en el caso particular no
obedeció a un formalismo irreflexivo ni a una interpretación restrictiva del
acceso a la justicia, sino a la aplicación de un presupuesto procesal de orden
público cuya observancia es obligatoria para el juez. A ese respecto, destacó
que la decisión no derivó de una aplicación rigurosa de la ley procesal, sino
que, por el contrario, examinó el caso de acuerdo con las particularidades
fácticas, fechas relevantes, existencia de circunstancias que justificaran
inactividad procesal y el precedente aplicable.
Agregó que en la sentencia también se resolvió el cargo de la apelación,
reiterado en la tutela, de que la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020 no era aplicable al caso particular y fue desestimado. En la providencia
se explicó que los efectos de la sentencia de unificación son retrospectivos y
se extienden a los asuntos pendientes de decisión, por lo que sí era vinculante
para resolver el asunto y por eso se le tomó como parámetro de decisión.
4.6. La Jurisdicción Especial para la Paz, por conducto del director de Asuntos
Jurídicos, indicó que no evidencia en el auto admisorio una vinculación o
requerimiento formal dirigido a esa entidad, por lo que anunció que se
abstendría de pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la tutela, pero
manifestó que estaría atenta a cualquier requerimiento.
4.7. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por conducto de
asesora del Sector Defensa de la Secretaría General, solicitó que se
denieguen las pretensiones de la acción de tutela ante la inexistencia de
vulneración de los derechos fundamentales invocados. En su criterio, la parte
actora no acudió a la jurisdicción dentro de los términos legales, pues la
liberación ocurrió el 28 de junio de 2001 y la demanda se radicó el 23 de enero
de 2018. Además, no demostraron una imposibilidad material para interponer
oportunamente la demanda.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5
y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
Ahora bien, cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida
por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la
acción de amparo es más restrictiva debido a que estas corporaciones son las
encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que
los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia.
Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional
para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada
debe contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa
con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional. Es importante tener en cuenta
que, en la sentencia, SU573 de 2017 7 , la Corte Constitucional analizó el tercer
elemento en el acápite de relevancia constitucional.
3. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con lo anterior y por tratarse de una acción de tutela contra una
providencia judicial, la Sala deberá determinar, en primer lugar, si la acción de tutela
supera el examen general de procedibilidad.
4
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
5
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
6
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
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Con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo.
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En caso de superar dicho examen, el problema jurídico se concentrará en establecer
si la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en defecto
procedimental, en desconocimiento del precedente y en violación directa a la
Constitución al proferir la sentencia del 14 de julio de 2025 en el proceso ordinario
de reparación directa 25000-23-36-000-2018-00067-01 (63700).
4. Análisis sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela interpuesta cumple con los requisitos generales de
procedibilidad, dado que: (i) versa sobre la posible vulneración de los derechos
fundamentales de la parte actora, quien fue víctima de secuestro, al debido proceso,
a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, con ocasión a la emisión
de la sentencia que en la segunda instancia del proceso confirmó la caducidad de
la acción; (ii) el actor agotó todos los medios ordinarios de defensa judicial y frente
a los cargos presentados por los accionantes no proceden los recursos
extraordinarios; (iii) cumplió con el requisito de inmediatez, ya que la acción se
interpuso dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia
cuestionada 8 ; (iv) se identificaron razonablemente los hechos que generaron la
vulneración y los derechos afectados; y (v) no se trata de una tutela contra sentencia
de tutela.
Es pertinente agregar que la Sala tiene por acreditado el requisito de relevancia
constitucional, en la medida en que los hechos y pretensiones de la acción de tutela
exigen examinar la posible vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de derecho al acceso a la justicia de una víctima del delito
de secuestro que pretende la indemnización de los perjuicios derivados de ese
hecho dañoso.
En ese contexto, resulta necesario establecer si, en el caso particular, la autoridad
judicial incurrió en error en el cómputo de la oportunidad de la acción, ya sea por
haber aplicado de manera inflexible e irrazonable la figura de la caducidad, o por
haber desconocido el precedente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en asuntos
relacionados con graves violaciones de los derechos humanos.
5. Defecto procedimental y desconocimiento del precedente judicial. De la
aplicación e interpretación del marco jurídico que regula la caducidad de
la pretensión de reparación directa en casos relacionados con crímenes
de lesa humanidad
5.1. Los cargos de defecto procedimental y desconocimiento del precedente
judicial serán estudiados de manera conjunta, porque refieren a la aplicación
e interpretación de la figura procesal de la caducidad en casos de
responsabilidad extracontractual del estado relacionados con crímenes de lesa
humanidad y a la jurisprudencia que le ha dado alcance. Es decir, que los
cargos tienen un elemento común: discuten la interpretación y aplicación del
marco jurídico que fundamentó la sentencia 14 de julio de 2025, en relación
con la oportunidad de la acción.
Así las cosas, la Sala procederá a establecer el alcance de los defectos
invocados con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y
posteriormente determinará si se concretaron en la sentencia acusada.
5.2. El precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el
pasado y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos
8
La sentencia de segunda instancia fue notificada mediante correo electrónico remitido el 1° de agosto de 2025 y la acción
de tutela se radicó el 22 de enero de 2026. Óp. Cit. 1 y 5.
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semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el
juez al momento de decidir el nuevo caso. La Corte Constitucional ha sostenido
que la aplicación del precedente judicial implica que, «un caso pendiente de
decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los
hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos
de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los
supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla
jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica
que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación»9.
Para la Sala es posible plantear la transgresión del precedente si se
demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan
identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación
(existencia del precedente); (ii) que tales decisiones (precedentes) sean
vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente
vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente (vinculatoriedad); (iii)
que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela sea contraria al
precedente vinculante (contradicción con el precedente vinculante); (iv) que el
juez de instancia no presente una justificación razonable para apartarse del
precedente vinculante.
A partir de lo anterior, debe considerarse que, por regla general, los jueces de
lo contencioso administrativo deben guiarse en la solución de sus asuntos, por
la jurisprudencia vinculante. Este concepto cobija tanto el precedente vertical
como el horizontal. El segundo, refiere a las reglas de decisión fijadas por
autoridad judicial de igual jerarquía. El vertical, por su parte, atiende a los
lineamientos establecidos por instancias superiores, es decir, por los órganos
de cierre de cada jurisdicción o por la Corte Constitucional10.
En cuanto al alcance del defecto procedimental, la Corte Constitucional ha
indicado que encuentra fundamento en los artículos 29 y 228 de la Constitución
Política en los que se consagran los derechos al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia y el principio de prevalencia del derecho
sustancial.
Este defecto tiene dos modalidades: procedimental absoluto y procedimental
por exceso ritual manifiesto. La primera de estas se materializa cuando el
proceso se tramita sin respetar las formas propias de cada juicio.
La segunda modalidad, ocurre cuando el juez limita el derecho sustancial al
no aplicar correctamente la norma procesal correspondiente, o cuando
sobrepasa las formalidades procesales, haciendo nugatorio un derecho11. A
ese respecto, el Tribunal Constitucional aclara que, en tales situaciones, la
aplicación de los procedimientos por parte del juez actúa como un obstáculo
para la efectividad del derecho sustancial, lo que conlleva a una denegación
de justicia debido a la exigencia rigurosa e inflexible de requisitos formales o a
una excesiva severidad en la evaluación de las pruebas.
5.3. Establecido lo anterior y con miras a decidir los cargos de la tutela, la Sala
estima pertinente recordar el marco jurídico que fundamentó la decisión de
caducidad adoptada por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado en la sentencia del 14 de julio de 2025.
La autoridad judicial precisó que la figura de la caducidad tiene por propósito
garantizar la seguridad jurídica y evitar que las controversias permanezcan
9
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-1029 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto.
10
Cfr. Corte Constitucional de Colombia. SU113 de 2018; T-309 de 2015 y T-794 de 2011.
11
Corte Constitucional. Sentencias T-268 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-301 de 2010, M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, T-893 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Sentencias T-327 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; T-591 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-213 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
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indefinidas en el tiempo. En esa línea, recordó que es una institución de orden
público, irrenunciable y preclusiva, cuyo vencimiento extingue la posibilidad de
ejercer la acción judicial.
Dijo que, en materia de reparación directa, tanto el CPACA como el CCA
prevén, por regla general, un término de dos años para demandar, contados
desde el día siguiente del hecho dañoso o, en ciertos casos, desde cuando el
demandante conoció o debió conocer el daño.
Relativo a los daños derivados de los crímenes de lesa humanidad, crímenes
de guerra y otras graves violaciones a los DD HH, recordó que el Consejo de
Estado en la Sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, precisó que,
salvo en los casos de desaparición forzada, el término de caducidad debe
contarse desde el momento en que la víctima conoció o debió conocer la
posible participación del Estado en el hecho dañoso; sin embargo, señaló que
este término no es exigible cuando existan circunstancias objetivas que hayan
impedido materialmente el ejercicio oportuno de la acción o cuando el afectado
no tuvo la oportunidad de advertir la injerencia estatal en los hechos.
5.4. De acuerdo con lo anterior y considerando las pruebas del proceso, la
autoridad judicial accionada concluyó que aunque los demandantes conocían
desde el 9 de diciembre de 1999 que el hecho era atribuible a las FARC y que
podía plantearse una eventual omisión estatal, el término de caducidad solo
podía empezar a contarse desde la recuperación de la libertad de los
secuestrados, ocurrida el 28 de junio de 2001, dada la evidente imposibilidad
material de acudir a la jurisdicción mientras estuvieran secuestrados. Sin
embargo, no se acreditó que, después de la liberación, existiera alguna
circunstancia objetiva que impidiera ejercer oportunamente la acción. Por ello,
la demanda debía presentarse a más tardar el 29 de junio de 2003, pero fue
radicada el 23 de enero de 2018, cuando ya había operado la caducidad.
Frente al hecho dañoso consistente en las lesiones derivadas del secuestro,
en la sentencia acusada se indicó que, en aplicación de los principios pro
actione y pro damnato, cuando aquellas se hacen evidentes después del
hecho que las causó, la caducidad se computa desde que se conocieron los
daños. En el caso del señor Manuel Alejandro Martínez Cárdenas, de
conformidad con las pruebas del proceso, se concluyó que conoció de sus
lesiones y secuelas el 19 de julio de 2012, de modo que podía ejercer la acción
hasta el 20 de julio de 2014, pero lo hizo hasta el 23 de enero de 2018.
5.5. Establecido lo anterior, empieza la Sala por pronunciarse sobre el reclamo de
inaplicación del cómputo de caducidad en el caso individual por tratarse de
hechos relacionados con posibles eventos de delitos de lesa humanidad y
crímenes de guerra. A ese respecto, se recuerda que la mencionada tesis fue
desestimada por la Sección Tercera del Consejo de Estado en Pleno, en su
calidad de órgano de cierre y especializado en la materia.
En sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 (rad. 61033), esa Sección
determinó que para estos eventos resulta aplicable el término para demandar
previsto por el Legislador (ya sea el contenido en el artículo 136 del Decreto 01 de
1984 o en el artículo 164.2 de la Ley 1437). En esa medida, no hay lugar a surtir de
nuevo la referida discusión, ahora en instancia de tutela, pues no le es
permitido al juez constitucional inmiscuirse en las competencias que la
Constitución y la Ley dispuso en los jueces de cada jurisdicción.
En la misma línea, se desestima el argumento según el cual la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 no tiene suficiente peso debido a que
presentó salvamentos y aclaraciones de voto de varios magistrados. Lo cierto
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es que dicha providencia contó con las mayorías establecidas por la ley12 para
erigirse como precedente de unificación vigente y aplicable a los casos de
caducidad de la acción en eventos de responsabilidad extracontractual del
Estado que tienen relación con graves violaciones a los derechos humanos.
En esa medida, se trata de un precedente que debe ser considerado por los
jueces ordinarios al momento de resolver los asuntos mencionados, sin
perjuicio de la posibilidad excepcional que les asiste de apartarse
motivadamente cumpliendo con las exigencias de transparencia y carga
argumentativa suficiente.
Así pues, es pertinente considerar que las sentencias de unificación
constituyen precedente horizontal o vertical, según el caso, respecto de los
jueces, magistrados de tribunales administrativos y los consejeros de esta
Corporación, por lo que, en principio, era deber de la accionada acoger las
reglas de unificación contenidas en la providencia de unificación en comento.
El deber de acatamiento del precedente se sustenta en la defensa del derecho
a la igualdad de los usuarios de la administración de justicia y del principio de
seguridad jurídica, de manera que su desconocimiento debe ser excepcional
y argumentado con suficiencia, so pena de incurrir en un ejercicio abusivo de
la autonomía judicial13.
En este contexto, lo que hizo la autoridad judicial accionada fue acoger y
aplicar el precedente jurisprudencial de unificación y analizar la caducidad de
la acción en el caso particular, a la luz de lo establecido en el marco procesal
aplicable y vigente.
Respecto de los efectos de la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020, esta Sala se permite precisar que, la Corte Constitucional en las
sentencias T-044 de 202214 y SU-406 de 201615, estableció que, salvo que
sean modulados en otro sentido por la autoridad que las profiere, son, por regla
general, retrospectivos. Esto significa que aplican a los casos que estén
pendientes por resolver, como lo era el asunto que nos ocupa, pues la
sentencia de unificación se emitió el 29 de enero de 2020 y en este caso la
providencia que se discute se profirió el 14 de julio de 2025, por lo que el
precedente de unificación aplicado era el vinculante y vigente.
5.6. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de las sentencias
proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente,
el caso Órdenes Guerra vs. Chile, debe indicar la Sala que tal cuestión fue
resuelta por la Sala Plena de la Sección Tercera en el acápite 3.2.3. de la
sentencia del 29 de enero de 2020 (61033), donde se indicó que en el
mencionado fallo la CORIDH no interpretó la Convención Americana de
Derechos Humanos a la luz de reglas con contenido material similar a las que
prevé nuestro Código Contencioso Administrativo y la Ley 1437 de 2011, por
lo que tal pronunciamiento no resulta vinculante para resolver el presente
asunto.
Se extracta el aparte pertinente de la sentencia de unificación del Consejo de
Estado:
«3.2.3. Sentencia de la CIDH en el caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile como
fundamento para no aplicar las reglas que rigen la regla de caducidad de la reparación
directa
12
Artículo 128 del CPACA.
13
Corte Constitucional. Sentencia T-044 de 2022.
14
Sala Quinta de Revisión. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
15
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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(…)
Pues bien, las sentencias de la CIDH resultan vinculantes en tanto interpreten las normas de
la Convención. El fallo analizado no contiene una interpretación del artículo 25 de la CADH –
acceso a la administración de justicia–, pues, se insiste, avala la aceptación de
responsabilidad de Chile, en cuanto a los efectos de sus normas de prescripción de las
acciones civiles frente a los delitos de lesa humanidad.
Adicionalmente, esta Sala precisa que el ordenamiento jurídico chileno contiene preceptos
distintos a las establecidos en el derecho colombiano, en cuanto no prevén la posibilidad de
contar el plazo pertinente a partir del conocimiento de la participación del Estado, lo cual, como
antes se explicó, es una regla que tiene los mismos efectos que la imprescriptibilidad en
materia penal.
En las condiciones analizadas, la Sala concluye que, como en el caso Órdenes Guerra y otros
vs. Chile no se interpretó la Convención Americana de Derechos Humanos a la luz de reglas
con contenido material similar a las que prevé nuestro Código Contencioso Administrativo y la
Ley 1437 de 2011, tal pronunciamiento no resulta vinculante para resolver el presente asunto.»
(Subraya la Sala)
De acuerdo con lo anterior, es posible indicar que el control de
convencionalidad en relación con los efectos del fallo Órdenes Guerra vs. Chile
sobre el ordenamiento jurídico colombiano ya fue realizado por la Sección
Tercera del Consejo de Estado, quien estimó que la mencionada providencia
no es vinculante para resolver el asunto de la caducidad de la acción en casos
como el que nos ocupa.
5.7. En conclusión, no es posible declarar la configuración de un defecto en la
sentencia cuestionada en razón a la decisión de la autoridad judicial accionada
de analizar la caducidad de la acción en aplicación de lo regulado en el artículo
136 del Código Contencioso Administrativo, debido a que tal determinación
derivó del acatamiento legítimo de las reglas de unificación que al respecto
estableció la Sección Tercera del Consejo de Estado (Exp.61033).
También se desestima el cargo en relación con el desconocimiento de las
siguientes providencias, debido a que son previas al precedente de unificación
invocado como fundamento de la sentencia cuestionada: el auto del 31 de julio
de 2019 (rad. 2018-00109-01), proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y la sentencia T-352 de 2016 de la Corte
Constitucional.
Finalmente, respecto de la sentencia de tutela del 12 de marzo de 2021,
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en
el proceso 11001-03-15-000-2020-00688-01, esta Sala advierte que no se
cumple el requisito de identidad necesario para que dicha decisión opere como
precedente.
En esa ocasión, el juez de tutela precisó que la sentencia ordinaria cuestionada
«fue proferida el 22 de agosto de 2019, es decir, cuando aún no estaba vigente la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, expedida por el pleno de la Sección
Tercera de esta Corporación, n.° 61033, mediante la cual se unificó la jurisprudencia
de la sección en punto a la materia.».
Esta circunstancia resulta determinante, pues la providencia que se cuestiona
en esta ocasión data del 14 de julio de 2025, cuando ya se encontraba vigente
la sentencia de unificación. En consecuencia, al caso sí resultaban aplicables
las reglas sobre la caducidad de la acción fijadas en dicha decisión, lo que
marca una diferencia sustancial respecto del marco jurídico bajo el cual deben
analizarse los dos casos.
5.8. De otra parte, la Sala advierte que la decisión adoptada por los jueces de la
causa en el caso particular no obedeció a una comprensión o aplicación rígida
del término de caducidad del medio de control de reparación directa. Respecto
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del hecho dañoso del secuestro, se observa que no se computó desde la
ocurrencia del suceso ni desde que se tuvo conocimiento de la posible
responsabilidad del Estado por omisión, sino desde que los secuestrados
fueron liberados, pues es claro, y así se consignó en la sentencia acusada,
que el cautiverio representa una imposibilidad material para acceder a la
jurisdicción. Pero, aun así, el lapso transcurrido entre el momento de la
liberación (28 de junio de 2001) y la radicación de la demanda de reparación
directa (23 de enero de 2018), superó ampliamente el término legal establecido
en el marco procesal aplicable para accionar.
En relación con el hecho dañoso de las lesiones personales padecidas por el
señor Martínez Cárdenas, en la sentencia se tomó como parámetro de
cómputo de la caducidad, en aplicación de los principios pro actione y pro
damnato, el momento en que el demandante conoció las lesiones y sus
secuelas. Para este caso, el 19 de julio de 2012 cuando fue notificado del acta
del Tribunal Médico Laboral en el que se determinó que sufrió una disminución
de la capacidad laboral del 37.38% por lesiones y secuelas imputables al
servicio. Sin embargo, la conclusión también fue la extemporaneidad de la
demanda.
Entonces, no se evidencia en el análisis del caso particular la aplicación
inflexible ni rigurosa de la figura de la caducidad, por el contrario, atendiendo
a sus particularidades, se inició el cómputo de la oportunidad de la acción
atendiendo a las particularidades fácticas, las fechas relevantes, y a la
existencia de circunstancias objetivas que justificaran inactividad procesal.
5.9. En similar sentido debe descartarse la prosperidad del cargo por violación
directa a la Constitución pues, el acatamiento de una norma procesal y de la
jurisprudencia de unificación que le da alcance no comporta un
desconocimiento de los artículos 29 y 229 constitucionales.
5.10. Adicional a lo anterior, debe precisarse que la decisión que se adopta deriva
del estudio de las particularidades del caso concreto y de los alegatos de la
acción de tutela, pues el argumento central refiere a la inaplicación del
fenómeno de la caducidad de la acción en casos de graves violaciones a los
derechos humanos bajo la alegada concreción de los defectos procedimental,
de desconocimiento del precedente y de violación directa a la Constitución.
Al respecto, esta Sala ha indicado de manera pacífica que se trata de una
discusión que ya fue zanjada por el órgano de cierre de la jurisdicción sobre la
materia en ejercicio de la figura de unificación jurisprudencial.
Con todo, es del caso recordar que, en algunos eventos esta Sección ha
accedido al amparo ius fundamental cuando se ha alegado la imposibilidad de
acudir a la jurisdicción bajo los eventos de excepción y se ha acreditado la
indebida valoración u omisión probatoria; pero, en el caso particular ni se
invocó el defecto fáctico ni se alegó una situación de imposibilidad que hubiera
impedido promover en oportunidad la acción de tutela.
5.11. Finalmente, frente a la solicitud del actor de que el asunto sea analizado por
la Sala Plena del Consejo de Estado en atención a su relevancia ─caducidad de
la pretensión de reparación directa en asuntos relacionados con graves violaciones a los
derechos humanos (secuestro)─, la Sección precisa que esa materia ya fue objeto
de unificación ─ atendiendo a los criterios de importancia jurídica y necesidad de
fijar jurisprudencia─ por la Sección especializada del Consejo de Estado, en la
sentencia del 29 de enero de 2020 (rad. 61.033). Incluso, la aplicación de las
reglas fijadas en esta providencia, así como sus excepciones, han sido
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estudiadas en sede de tutela por la Corte Constitucional, entre otras, en la
sentencia SU-312 de 2020. En esa medida, no se advierte la necesidad de
remitir el asunto al conocimiento de la Sala Plena del Consejo de Estado, pues,
sin desconocer la trascendencia del escenario fáctico descrito, se trata de una
materia respecto de la cual ya se encuentra definido el marco jurídico para su
análisis en sede de tutela, el cual debe aplicarse de acuerdo con las
particularidades de cada caso.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. NEGAR la acción de tutela interpuesta por el señor Manuel Alejandro Martínez
Cárdenas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
Con aclaración de voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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